Conflicto de intereses. La Asociación de Bibliotecólogos del Perú (ABP), a través de una carta remitida a la ministra de Cultura, Gisela Ortiz, denunció que el actual director de Desarrollo de Política Bibliotecarias de la Biblioteca Nacional del Perú (BNP), Álex Alejandro Vargas, habría utilizado los servicios del BNP para promocionar un evento particular, en colaboración con el Fondo de Cultura de México, donde participaría el funcionario como ponente.

“Hemos tomado conocimiento acerca de un presunto uso indebido del cargo, del funcionario, Señor Alex Winder Alejandro Vargas, designado director de la Dirección de Desarrollo de Políticas Bibliotecarias de la Biblioteca Nacional del Perú, mediante Resolución Jefatural Nº 073-2020-BNP. Sus funciones están señaladas en el ROF de la BNP, Ley del SNB y Reglamento del SNB”, se lee en la carta de fecha 21 de octubre del 2021.

Ellos denuncian que Alejandro Vargas viene promocionando cursos privados de la empresa Ciudad Librera, utilizando la cuenta oficial del Sistema Nacional de Bibliotecas, lo cual estaría generando un conflicto de intereses para beneficiar a una empresa privada.

Según la Asociación de Bibliotecólogos se estaría vulnerando lo estipulado en el artículo 6.3.2 de la Resolución Jefatural N° 051-2021-BNP, que indica la prohibición de obtener ventajas indebidas.

“Obtener o procurar beneficios o ventajas indebidas, para sí o para otros, mediante el uso de su cargo, autoridad, influencia o apariencia de influencia”, prescribe la norma.

Ante ese presunto uso indebido de funciones, la ABP exige a la ministra Ortiz investigar la relación y negocios de Alejandro Vargas con el Fondo de Cultura Económica del Gobierno de México; e investigar cuál es la relación que tiene la empresa Ciudad Librera con el funcionario de la Biblioteca Nacional del Perú designado por exjefe Ezio Neyra.

Continuando con la realización de la nueva estrategia de control con enfoque territorial en todas las regiones del país, la Contraloría General de la República dio inicio hoy al Megaoperativo de Control Ayacucho, con el cual se intervendrán 155 entidades públicas que tienen operaciones en la región y se supervisará la ejecución de S/ 524 millones por parte de las mismas.

El Megaoperativo de Control en Ayacucho se realiza en cumplimiento al compromiso asumido por el contralor general, Nelson Shack, durante la jornada de supervisión que realizó en la región en el mes de agosto del presente año. Ayacucho es la sexta región del 2021 donde se realiza el Megaoperativo de Control de la Contraloría luego de haberse efectuado en Ica, Piura, Huánuco, Loreto, La Libertad y proseguirá en otras regiones del Perú.

Durante la reunión de presentación del Megaoperativo de Control Ayacucho ante autoridades, congresistas y representantes de entidades públicas de la región, el vicecontralor de Servicios de Control Gubernamental, Martín Díaz, explicó que se desplegará un total de 156 auditores y especialistas de la Contraloría General, quienes reforzaran la capacidad operativa actual de la Gerencia Regional de Control Ayacucho.

“Durante tres a cuatro meses vamos a desarrollar este Megaoperativo de Control en Ayacucho para tratar de reducir el impacto de la corrupción y la inconducta funcional que afecta la ejecución de importantes obras que espera la población ayacuchana. Para esto, debemos realizar un trabajo coordinado que nos permita lograr este objetivo”, manifestó.

Como parte del Megaoperativo de Control Ayacucho, la Contraloría tiene programado realizar un total de 271 servicios de control, de los cuales nueve se ejecutarán bajo la modalidad de control simultáneo y 262 serán servicios de control posterior, con los cuales se podrán supervisar hechos con posibles irregularidades y se determinarán las presuntas responsabilidades administrativas, civiles o penales de funcionarios y servidores públicos.

Entre las entidades que serán intervenidas durante el Megaoperativo de Control Ayacucho figuran el Gobierno Regional de Ayacucho, la Dirección Regional de Educación, la Dirección Regional de Salud, la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones, Redes de Salud, Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL), así como las 11 municipalidades provinciales de la región, entre otras. 

Asimismo, se llevarán a cabo servicios relacionados como evaluación de denuncias y recopilación de información, así como acciones de integridad y transversales como asistencia técnica, verificación de calidad de la información, charlas de sensibilización, jornadas de capacitación, control de obras paralizadas, veedurías escolares, entre otras.

El vicecontralor Diaz también explicó el nivel de avance del control gubernamental en la región Ayacucho, donde ya se emitieron 561 informes de control entre enero y octubre del presente año, de los cuales 293 se realizaron bajo la modalidad de  control simultáneo, dos de control previo y 266 informes de control posterior.

En la región también está en proceso un total de 487 servicios de control, de los cuales 474 son de control posterior y 13 en control simultáneo. A esta cifra se sumarán los 271 servicios de control programados en el Megaoperativo de Control Ayacucho.

Principales casos a investigar

Como parte de las intervenciones que se realizarán en la región Ayacucho figuran casos emblemáticos como la obra de “Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Quinua – San Francisco – Ayacucho” que ejecuta Provias Nacional y demanda una inversión de S/ 323.9 millones, y la contratación del servicio de alimentación para internos y personal de seguridad en el Establecimiento Penitenciario de Ayacucho, donde se destinaron S/ 5 millones por parte del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

A nivel de gobiernos locales, los auditores de la Contraloría supervisarán, entre muchos casos, la contratación de supervisión y ejecución del mejoramiento del servicio educativos en cuatro instituciones del nivel inicial, que ejecuta la Municipalidad Distrital de Vinchos con una inversión de S/ 5.5 millones; y la obra de mejoramiento de las redes de agua y desagüe del distrito de San Juan Bautista, donde la municipalidad distrital invierte 4.5 millones.

El 26 de junio del presente año el Cuarto Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia había declarado nula la venta de las empresas Epensa y ABS, propietarias de los diarios ‘Ojo’, ‘Correo’, ‘Ajá’ y ‘El Bocón’, al Grupo El Comercio para evitar una concentración de 80% de los medios de comunicación en un solo grupo empresarial. Tuvieron que pasar 8 años para que la demanda de amparo de 8 periodistas sea atendida por la justicia peruana.

El magistrado Juan Macedo Cuenca entendió que la adquisición sería contraria al artículo 61° de la Constitución Peruana que veta los monopolios, precisamente en el párrafo 2 indica que “La prensa, la radio, la televisión y los demás medios de expresión y comunicación social; y, en general, las empresas, los bienes y servicios relacionados con la libertad de expresión y de comunicación, no pueden ser objeto de exclusividad, monopolio ni acaparamiento, directa ni indirectamente, por parte del Estado ni de particulares”.

Sin embargo, La Cuarta Sala Civil de Lima, integrada por los jueces Rafael Jaeger Requejo, María del Carmen Rita Gallardo Neyra y Juana María Torreblanca Núñez, declararon nula la sentencia del juez constitucional Macedo Cuenca.

Según el argumento de los magistrados, se afectó el derecho de defensa de una de las demandas, la señora Olga Ana Rosa Banchero Rossi de Salazar, quien falleció el 13 de diciembre del 2019, antes de que se dictara sentencia; pero sus hijos y su representante legal recién informaron al juzgado el deceso de la señora Banchero, el 1 de julio del 2021.

Para esa fecha, ya se había emitido sentencia, pero los jueces superiores utilizaron esta situación para, sin pronunciarse sobre la concentración de medios en el Perú, declarar nulo todo y disponer que se emita nueva sentencia.

Finalmente, la Sala Civil dispone que el juez Juan Macedo vuelva a dictar sentencia en el plazo legal entendiendo que se trata de un proceso de Amparo que ya dura 8 años. Pero, las nuevas notificaciones, permitirán a todos los demandados y demandantes reiterar o presentar nuevas alegaciones, por lo que es de suponer que pueden pasar algunos años más antes de que se vuelva a dictar el nuevo veredicto.

Muchos nacieron y crecieron consumiendo los productos de la marca ‘Negrita’, y sin lugar a dudas ninguno en su momento llegó a pensar que el nombre del producto tendría alguna connotación racista o que al menos trate de desprestigiar la cultura afroperuana. Sin embargo, como bien se dice “los tiempos cambian”, y lo que antes era bien visto en la actualidad para muchos es solamente un pensamiento vetusto o fuera de contexto. La polémica está abierta.

La decisión del cambio de nombre tiene como correlato las protestas originadas por el asesinato del ciudadano afrodescendiente George Floyd el 25 de mayo del año pasado, en Estados Unidos, lo que ocasionó el movimiento antirracista “BlackLivesMatter”. En el Perú eso fue eco y la primera marca que optó por cambiar su nombre fue precisamente ‘Negrita’ de Alicorp, posicionada en el mercado local por más de 60 años.

En esa ocasión, a través de un comunicado publicado el lunes de 22 junio del año pasado, la empresa manifestó que “aquello que antes podía considerarse positivo, hoy resulta inapropiado, pues todos somos más que conscientes de que se consolidan estereotipos que buscamos superar”. En otras palabras, lo que la empresa trataba de explicar es que estaban combatiendo un ‘racismo normalizado’.

“La forma en que las sociedades abordan la diversidad y el racismo ha evolucionado en todo este tiempo. Como resultado de este proceso de cambio y avance, hoy vemos con otros ojos lo que simbolizan marcas e imágenes que llevan décadas de presencia en América Latina, incluida ‘Negrita’ en el Perú. Aquello que antes podía considerarse positivo, hoy resulta inapropiado, pues todos somos más conscientes de que se consolidan estereotipos que buscamos superar”, señaló en su momento.

Es por ello que la compañía Alicorp ha dado a conocer este último martes que la recordada marca ‘Negrita’ dejará de llamarse así, para bien o para mal, y ahora se le conocerá como ‘Umsha’.

¿Qué significa ‘Umsha’?

El nuevo nombre e identidad de la marca están inspirados en la humisha, la versión selvática de la conocida yunza, festividad que se celebra por carnavales en todo el territorio peruano.

Fue un proceso lleno de muchísimo aprendizaje. Escuchar las preocupaciones y sugerencias de los diferentes expertos nos ayudó a encontrar juntos una nueva marca que nos llena de orgullo y que representa todo lo que buscábamos para este cambio de nombre. Esperamos que esta marca siga inspirando nuevos momentos de celebración que fomenten la unión y cercanía entre los peruanos”, dijo Vanessa Montero, directora del Centro de Excelencia de Marketing de Alicorp.

Un pequeño paso, sí, pero insuficiente

Pero, ¿el solo hecho de cambiar de nombre a algo o alguien modificará el fondo del asunto? Es decir, ¿ayudaría en algo reducir el racismo en el Perú? La propuesta, en un principio, es bien vista, sin embargo, a largo plazo eso no alteraría la conducta de los usuarios si el racismo y la discriminación se manifiestan desde otros ámbitos, sea en el trabajo, la calle, o en el propio hogar. En efecto, la buena intención de la empresa es saludable, pero basta más que ‘pintar la fachada de una casa’ para que hayan cambios trascendentales en esta sociedad que está más que demostrada se encuentra polarizada.

Desde el otro punto de vista, el marketero, la compañía se ha tomado su tiempo de anunciar que modificará el nombre, no fue un cambio que se dé de un momento a otro, desconcertando aún más al consumidor, pero a pesar de eso, no cabe duda de que esto requerirá mucho más tiempo para que el consumidor se acostumbre a ese nuevo nombre. Como bien se escribió líneas arriba, los tiempos cambian y no a todos les gustan los cambios.

En el programa Encuentros, conducido por Luis Felipe Alpaca en Lima Gris TV, se mencionó el escozor que ha generado en los medios y en algunos analistas la designación de Ricardo Belmont como asesor del presidente Pedro Castillo, luego de que unos días atrás mencionara que el jefe de Estado podría terminar en la cárcel por sus vínculos con la clase “caviar”.

Belmont Cassinelli, “sacó al fresco” (esas fueron sus expresiones) a El Comercio por haber publicado que él es un misógino, machista, xenófobo y antivacunas.

Asimismo, les respondió a los comunicadores Augusto Álvarez Rodrich y Marco Sifuentes y prácticamente les dijo “Invertidos”.   

Posteriormente, Luis Felipe Alpaca mencionó que la reciente ley aprobada del “desarrollo constitucional que modifica e interpreta la cuestión de confianza” por insistencia por el Parlamento, es un claro despropósito que solo pretende asegurar la permanencia de los 130 congresistas durante el próximo quinquenio para acortar posibilidades al mandatario de pedir cuestiones de confianza en materia de iniciativas constitucionales.

Finalmente, el conductor hizo una crítica al Grupo La Resistencia que el ultimo lunes irrumpió en la presentación del libro de Francisco Sagasti en un patio de comidas en el distrito de Barranco y originó que ésta se cancele; sin embargo, Alpaca, añadió que la gente tiene el derecho de protestar contra un personaje como Sagasti, por haber sido lesivo para los intereses de todos los peruanos, mientras se desempeñó como encargado del gobierno. En ese sentido, cabe recordar que ese señor en noviembre de 2020, exhortó a la gente a salir a las calles para ejercer su derecho a la “protesta”; sin embargo, durante esos días, más allá de ejercer protestas pacíficas, hubo actos vandálicos que originaron que dos jóvenes terminaran muertos.

Además, Sagasti observó y emprendió demandas de inconstitucionalidad contra 4 leyes que eran reivindicativas para la clase trabajadora. Esas iniciativas legales son: La ley del retiro del 100% de las AFP; la Ley del retiro de una UIT para los aportantes de la ONP; la Ley de la usura bancaria; y la Ley de las devoluciones de fondos del Fonavi.

En suma, la indolente conducta del exencargado del Gobierno, Francisco Sagasti, desde que fue congresista en 2020 y que en bloque con su bancada Morada siempre votaron en contra de leyes que facultaban a los trabajadores desempleados, poder acceder a recuperar sus fondos previsionales, es su forma de ser y siempre fue “diseñado” para obtener trepamientos académicos y políticos.

Aquí el programa completo.

El distrito más poblado del Perú sufrió por más de una semana la falta de agua. Los miles de vecinos perjudicados en San Juan de Lurigancho reclamaron incansablemente a Sedapal. Gracias a un informe de Contraloría General de la República ahora se tiene conocimiento de nuevas deficiencias de Sedapal, una de las razones principales es que el sistema de bombeo de “emergencia” no es el adecuado para SJL.

El diario Expreso informó que en la página 8 del documento de Contraloría se lee: “El plan de contingencia sólo señala un caudal de 2.5 metros cúbicos por segundo. Estas nuevas condiciones presentadas muestran que el sistema de bombeo existente no tendría la capacidad para evacuar las aguas residuales del Colector de Canto Grande”.

Lo grave es que la adquisición de seis motobombas con capacidad de bombear hasta 3,150 libros por segundo, habría sido adquirida por más de seis millones de soles, mediante contratación directa con la empresa proveedora, Hidrostal.

Lo detectado por Contraloría señala que está compra resultó inservible, ya que las motobombas solo bombeaban 2,500 litros por segundo, por lo cual no pudieron evitar los nuevos aniegos en el distrito más poblado del Perú. “Lo que representa un riesgo a la salud de la población expuesta”, concluye el informe que se entregó a Francisco Dumler, presidente de directorio de la empresa estatal.

Expreso señala que dentro del esquema trabajado, los funcionarios responsables de las compras defectuosas son Pilar Alva Tafur, gerenta de Aguas Residuales, y Yuri Sánchez Merlo, jefe de equipo de Recolección Primaria.

Lo sorprendente

El informe de Contraloría también indica que Sedapal ha evidenciado fisuras y deflexiones en diversas tuberías, pero no realizarán ningún trabajo para mejorar o corregir dichos desperfectos, hasta que la empresa Cosapi culmine la reubicación del colector Canto Grande. Esto significaría la restricción del agua potable y la afectación de la población de San Juan de Lurigancho.

Mientras tanto, los vecinos de SJL siguen quejándose de los cortes de agua que se siguen dando sin previo aviso.

En el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP) están realizando una convocatoria CAS con 344 plazas para incorporar a cientos de trabajadores, entre ellos, a algunos recomendados de la Presidenta Ejecutiva interina, Rosa García More; no obstante, a pesar de las nuevas contrataciones, a partir de 2022 la institución estatal no contará con el presupuesto necesario y por lo tanto, enviará a sus casas a varios trabajadores temporales, que incluso prestan servicios desde hace varios años.  

Sin embargo, dentro del ambiente desalentador que se vive en el IRTP en cuestiones laborales, también ha surgido una buena noticia, porque acaban de publicar la Resolución de Gerencia General D000037-2021-IRTP-GG que aprueba la reposición de 13 trabajadores que, tras largos años de lucha en el Poder Judicial, han conseguido justicia y exigen plazas presupuestadas.

En el documento se lee que autorizan reincorporar a 13 servidores bajo el régimen laboral regulado por el Decreto Legislativo Nº 728 y bajo la modalidad de plazo indeterminado a partir de hoy 20 de octubre del presente año.

Los trabajadores que serán repuestos son:

Gotardo Taco Hinostroza.

Augusto Casio Mayor Quito.

Fabián Vilca Castillo.

Sonia Beatriz Mancilla Oscanoa.

Ismael Adolfo Centurión Herrera.

Soledad Mercedes Espinoza Bejarano.

Carlos Jesús Tejeda Manchego.

Carlos Alberto Martínez Polo.

Miriam Georgina Álvarez Rodríguez.

Alberto Quiroz Panduro.

Carlos Alfredo Castro Gao.

Ana María Meneses Mitma.

Eddy Lucen Leyva.

Lo cierto es que aquel logro de reivindicación es el resultado de la tenacidad de los propios trabajadores que desde hace muchos años emprendieron sus propias defensas legales y laborales; sin embargo, el IRTP se hace el autocherry aduciendo que esto se debe a sus últimas gestiones realizadas por ellos ante las instancias respectivas.

Más cambios en Cultura. Bajo la Resolución Ministerial N° 000289-2021-DM/MC, publicada ayer en el diario oficial El Peruano, se ha designado a la señora Rocío Del Pilar Chacón Aranda para que ocupe el cargo de Asesora II del despacho Ministerial de Cultura encabezado por Gisela Ortiz desde el 7 de octubre.

La señora Chacón ya tiene experiencia ocupando otros cargos similares, observándose en su hoja de vida que se desempeñó en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), en el Ministerio de Desarrollo e inclusión Social, así como en la Municipalidad Metropolitana de Lima; todo esto en el año 2019.

Precisamente en ese último cargo como funcionaria, una nota del diario Expreso de fecha 1 de junio de 2019, informaba que la señora Chacón Aranda iba a percibir un sueldo de 12 mil soles por conformar la Coordinación Parlamentaria; “una cantidad exorbitante, tomando en cuenta que el mismo cargo en un ministerio recibe la mitad de sueldo, promedio”, explica el periodista César Rojas que dicho pago, durante la gestión del actual alcalde Jorge Muñoz, no respetó el tope salarial.

En tanto, la Resolución Ministerial N° 000285 -2021-DM/MC oficializa el nombramiento de Francis Ayleem Pittman Villarreal también en el cargo de Asesor II para el ministerio de Cultura.

Según su hoja de vida, el nuevo asesor es administrador egresado de la PUCP, con amplia experiencia en Gestión Pública, Contrataciones con el Estado, Gestión Logística y en Derecho Administrativo. Su experiencia laboral va desde el sector público como privado, destacándose en el rubro gubernamental el cargo de consultor en el ministerio de Educación, y haber colaborado en el ministerio de Justicia y Derechos humanos del 24 de agosto de 2017 al 30 de enero del 2018.