La Universidad Privada Peruano Alemana (UPAL) fue creada en el 2012, lleva ocho años sin funcionar, tiene apenas tres aulas en las que nunca se dictó ni una clase, carece de equipamiento, nadie sabe el nombre de su rector y, sin embargo, el ex jefe de la SUNEDU, Martín Benavides, le otorgó un veloz licenciamiento el año 2019.
Antes de la SUNEDU, la institución que otorgaba licenciamiento a las universidades era el Consejo Nacional para la Autorización de Funcionamiento de Universidades (CONAFU) y el 25 de julio de 2012, la CONAFU, mediante resolución 405-2012, le otorgó licencia de funcionamiento provisional a la Universidad Privada Peruano Alemana (UPAL) para brindar servicios educativos en cinco carreras profesionales: Derecho; Ingeniería Mecánica; Contabilidad y Finanzas: Ingeniería de Sistemas y Telemática; y Enfermería.
El dueño original de esta universidad fue Mario Gabriel Peláez Bardales, hermano del controvertido ex fiscal de la Nación José Peláez Bardales. En febrero de 2013, el Grupo El Comercio compró la licencia de funcionamiento que tenía Peláez y constituyó el 30 de julio de 2013 la Universidad Privada Peruano Alemana SAC (UPAL). En los documentos oficiales aparece como propietaria Proyectos Educativos Integrales del Perú, la empresa que el Grupo El Comercio tiene para sus negocios en el sector educación.
Finalmente, en junio del 2017 el Grupo El Comercio le vendió la UPAL —universidad que no operaba, era tan solo un papel— al fondo de inversión UCX Holding, el actual propietario en sociedad con la empresa SASIL.
El factor Benavides
Con estos antecedentes, los nuevos dueños de la UPAL se presentaron el 24 de julio de 2017 ante la SUNEDU para solicitar el codiciado Licenciamiento Institucional, es decir, el permiso para funcionar como universidad. Ese año no tuvieron suerte, pero todo cambió a favor de la UPAL cuando llegó Martín Benavides Abanto como jefe de la SUNEDU.
El 2 de febrero de 2019, la UPAL obtuvo el informe técnico de licenciamiento, el 3 de junio el informe de Asesoría Jurídica y el 5 de agosto la Resolución del Consejo Directivo Nº 105-2019-SUNEDU/CD que le otorgó la “Licencia Institucional a la Universidad Privada Peruano Alemana SAC (UPAL) para ofrecer el servicio educativo superior universitario”. Todo muy extraño como veremos a continuación.
Un asunto grave
¿Cómo logró tener licenciamiento una universidad como la UPAL que desde el año 2012 nunca había funcionado y solamente era un papel con logotipo? La propia SUNEDU admite que la UPAL “hasta ahora no ha ofertado el servicio educativo”, es decir, aceptó que se presente a solicitar un licenciamiento sin haber tenido nunca un alumno, ni un profesor ni haber dictado una sola clase; y con esos antecedentes le concedieron una licencia para operar.
Peor todavía, le permitieron reducir las carreras (jamás dictadas) porque su permiso original del año 2012 era para dictar cinco carreras y el 2019 la SUNEDU le aceptó “modificar totalmente la oferta académica” y le permitió desistir “de los cinco programas académicos para los que había sido autorizada inicialmente” y le aceptó que solamente dicte dos nuevos programas: Empresa y Tecnología e Ingeniería de Software. En otros casos, los cambios en los programas de enseñanza fueron causal de cierre, pero, para la fantasma UPAL fue fundamento para lograr un licenciamiento.
La universidad de tres salones
Cuando se revisa el expediente de la universidad fantasma UPAL, se encuentra un increíble informe que señala “El local cuenta con tres aulas en total: Aula 1, Aula 2 y Aula 3. Asimismo, cuenta con dos laboratorios que se pueden convertir en aulas por el tipo de equipamiento (lap tops)”.
Es decir, la UPAL es una “universidad” que tiene menos aulas que aquellas antiguas academias de preparación que una familia abría en una casa para preparar postulantes. Durante la tramitación, la propia SUNEDU fue consciente de que tres aulas constituyen una infraestructura ridícula y, por eso, su informe intenta una justificación insólita: se puede ampliar en dos aulas más si se retiran las lap tops del laboratorio. Es decir, los alumnos tendrían que desalojar los laboratorios para poder recibir clases y después devolver los equipos a los laboratorios. ¿Esto es lo que Benavides llama Condiciones Básicas de Calidad?
Esas tres aulas, según la licencia de funcionamiento que la SUNEDU le dio a la UPAL, tienen la siguiente capacidad: “El aforo de cada aula es para veinte (20) estudiantes en las aulas 1 y 3, y para cuarenta (40) estudiantes en el aula 2. Los laboratorios tienen un aforo de veintiún (21) estudiantes cada uno”.
Es decir, las tres aulas pueden recibir 80 estudiantes en total. Si ya es muy extraño licenciar una universidad de apenas 80 estudiantes mientras se deja en la calle a casi 150 mil estudiantes. Lo que ingresa en el terreno de la sospecha es que la SUNEDU autoriza a esta universidad fantasma para convocar un proceso de admisión anual para las dos únicas carreras que dicta con vacantes de 100 para cada carrera, es decir, un total de 200 alumnos en su primera convocatoria de admisión.
¿Dónde van a ingresar esos 200 alumnos si las aulas sólo pueden tener capacidad para 80 alumnos? Incluso, si desarman los laboratorios todos los días llegan a una capacidad tope de 121. Lo que dice el informe de la SUNEDU ingresa al terreno de la sospecha por cuanto se esmera en apoyar a la UPAL: “En cuanto al número de aulas y laboratorios, la cantidad máxima de aforo de sus tres (3) aulas y dos (2) laboratorios es de ciento veintiún (121) personas, por lo que, si se dictan en turnos de mañana y noche (12 horas diarias) y si cada grupo de estudiantes usa los ambientes de dos (2) a tres (3) horas diarias, la Universidad garantiza contar con ambientes suficientes para brindar el servicio educativo”.
Si bien es imposible entender aquello de “turnos de 12 horas diarias con clases de tres horas diarias” lo concreto es que se trata de un caso flagrante de una universidad que no cumple con un mínimo de infraestructura, pero la SUNEDU sostiene que hay garantía de ambientes suficientes. ¿Por qué en este caso la SUNEDU pasó por alto las Condiciones Básicas de Calidad que exige con tanto rigor?
Benavides mandó cerrar universidades porque tenían un caño de agua en mal estado y se niega rotundamente a que algunas universidades —con amplia infraestructura— sean reorganizadas para que miles de estudiantes no se queden sin estudios. ¿Por qué el afán de cerrar universidades a como dé lugar y darles licencias a universidades en construcción (UTP) o fantasma como la UPAL?
Un aspecto que tendrá que ser sometido a necesaria investigación son los famosos Informes de Verificación Presencial de la SUNEDU. En el caso de la universidad fantasma UPAL señalan que verificaron de manera presencial los laboratorios y encontraron que existía un “mejoramiento de equipamiento en sus laboratorios con lo que se puede afirmar que la universidad dispone de infraestructura para el desarrollo de sus programas de estudio”. Una tremenda contradicción entre este informe y otro que señala que los dos laboratorios solo tienen lap tops y, por eso, pueden usarse como aulas.
Existe el siguiente hecho injustificable. La SUNEDU ha otorgado licenciamiento a una universidad que no funcionó nunca y que existía en un papel del año 2012. Por si no bastara le ha dado permiso a la universidad fantasma UPAL para operar recién a futuro y le ha pasado por alto el exigente requisito de calidad. La SUNEDU lo dice explícitamente: “El licenciamiento otorgado implica que la universidad podrá iniciar sus actividades académicas luego de haber demostrado que está en capacidad de cumplir con las Condiciones Básicas de Calidad (CBC) establecidas en la Ley Universitaria”.
Entonces, si la UPAL tiene pendiente demostrar “que está en capacidad de cumplir con las Condiciones Básicas de Calidad (CBC)” ¿por qué le otorgaron licencia cuando por esta misma razón se cerraron decenas de universidades?
El ex titular de la SUNEDU y hoy ministro de Educación, Martín Benavides Abanto, ha insistido en afirmar que muchas universidades se cerraron porque no cumplían con criterios de infraestructura y con un normal funcionamiento. En nombre de esa rigurosidad las cerró sin dar ninguna alternativa a decenas de miles de estudiantes que vieron truncado su futuro profesional y hasta hoy la SUNEDU no les da una opción.
Más aún, en la actualidad, Benavides se opone a que las universidades privadas con licencias denegadas se incorporen al Decreto Supremo 016-2019-MINEDU. Este dispositivo es pertinente para dar una solución e, incluso, pondría fin a una situación de discriminación que no puede consentirse.
En efecto, las universidades públicas denegadas gracias al régimen del D.S. 016-2019 pueden reorganizarse bajo el control de la SUNEDU y, si elevan su nivel académico, pueden volver a funcionar, de lo contrario cierran para siempre. Esa misma regla debería aplicarse para las universidades privadas denegadas cuyos alumnos están en la calle. Ese régimen al ser exclusivo para las universidades estatales, es inconstitucional porque atenta contra la igualdad ante la ley (art. 103 de la Constitución) y es discriminatorio. Si se incorpora a las universidades privadas denegadas, se evita la inconstitucionalidad y la discriminación.
Un detalle final que dice mucho: si Benavides hoy no es jefe de la SUNEDU ¿por qué sale en los medios de comunicación a hablar a nombre de la SUNEDU pasando por encima del actual jefe? ¿Será por temor a que se sigan descubriendo las decisiones arbitrarias que tomó para darle el mercado de la educación a sectores con poder económico? Si alguien se preguntase: ¿presunción de corrupción? quizá empiece a dar una pista real.
Ministerio de Transportes implementa número gratuito 111 para denunciar casos de extorsión
Con esta medida entre el MTC y el Mininter se busca contribuir en la lucha contra la delincuencia. El servicio que se implementará ofrecerá apoyo integral para proteger a las personas que son extorsionadas y a sus familias.
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ha implementado el número gratuito 111, diseñado para facilitar la denuncia de extorsión y brindar orientación rápida a las víctimas. El servicio ofrecerá apoyo integral para proteger tanto a las personas afectadas por extorsión, como a sus familias.
La medida, fue aprobada mediante la Resolución Ministerial Nº 518-2024-MTC/01.03 y publicada en el diario oficial El Peruano, y refuerza el compromiso del sector Comunicaciones de contribuir activamente en la lucha contra la delincuencia. Por su parte, el Ministerio del Interior (Mininter) será responsable de implementar y operar este servicio, permitiendo a la Policía Nacional del Perú (PNP) ejecutar acciones tácticas inmediatas para capturar a los delincuentes.
El ministro de Transportes, Raúl Pérez Reyes, destacó este esfuerzo conjunto.
“Con la asignación de la línea 111, el MTC reafirma su compromiso de colaborar en la lucha contra la delincuencia, trabajando estrechamente con el Ministerio del Interior para proteger la vida de nuestros ciudadanos. Esta herramienta permitirá actuar con rapidez y ofrecer un canal seguro para que las víctimas puedan denunciar sin temor”, manifestó.
La línea 111, asignada por el MTC, proporciona una vía directa y accesible para que los ciudadanos afectados por extorsión reciban orientación y formulen denuncias ante la PNP. De esa manera las autoridades podrán actuar de manera oportuna para detener a los responsables. En casos donde estén involucradas organizaciones criminales, se implementarán operaciones de inteligencia para desarticular a sus cabecillas y miembros.
“Esta acción es un paso clave en los esfuerzos nacionales para combatir la extorsión, representando una herramienta estratégica en la lucha contra el crimen organizado y protegiendo a quienes son víctimas de estos delitos”, concluyó Pérez Reyes.
Perú Libre presenta proyecto para restituir ‘inmunidad parlamentaria’ en medio de acusaciones por ‘mochasueldos’
La propuesta que busca que no puedan ser investigados ni acusados sin previa autorización del Congreso fue presentada por José María Balcázar quien es recordado por sus controvertidas declaraciones: “Las relaciones sexuales tempranas ayudan al futuro psicológico de la mujer”. Al admitir que una adolescente de 14 años debería tener relaciones sexuales con un hombre de 48 años.
El Partido Perú Libre presentó una propuesta legislativa para que los congresistas recobren la inmunidad parlamentaria y así evitar que sean investigados y procesados con el propósito de no ser sancionados en caso que infrinjan las normas, o cometan actos delictivos.
Esta iniciativa fue presentada por el polémico legislador José María Balcázar Zelada. Como se sabe, en el mes de agosto pasado, este legislador por Lambayeque retornó a la bancada de Perú Libre, a la cual renunció en junio de 2022 para integrarse a la bancada ‘Perú Bicentenario’. En aquella fecha, el prófugo Vladimir Cerrón a través de su red social saludó la reincorporación del legislador al partido que dirige desde la clandestinidad.
“El Partido Perú Libre saluda el retorno a nuestra bancada del congresista José María Balcázar Zelada. ¡Bienvenido! ¡Hasta Más Allá de la Victoria!”, se leía en el mensaje de Cerrón Rojas.
Congresista Balcázar aprueba relaciones sexuales de adolescentes de 14 años
Como se recuerda, en junio del 2023, el parlamentario José María Balcázar fue objeto de múltiples críticas y causó polémica tras sus declaraciones en la Comisión de Justicia del Congreso que “las relaciones sexuales tempranas ayudan al futuro psicológico de la mujer”. Luego, en una entrevista con Exitosa aseguró que él estaría de acuerdo con un escenario en el que una adolescente de 14 años tenga relaciones sexuales con un hombre de 48 años.
“La juventud debe estar contenta que se reconozca su madurez y, mientras no haya violencia, la relación no tiene porqué prohibirse de 14 a 18 años de edad”, aseveró Balcázar.
Proyecto de Ley busca que legisladores no puedan ser investigados sin autorización del Congreso
El proyecto de Ley refiere: “Los congresistas no pueden ser investigados, procesados, ni detenidos sin previa autorización del Congreso, o de la Comisión Permanente, desde que son elegidos hasta un año después de haber cesado en sus funciones”. A excepción, si cometen un delito flagrante, el cual deberá ser expuesto ante el Pleno o Comisión Permanente en el lapso de 24 horas.
Sin duda, esta disposición es muy contraria a la realidad del Parlamento, donde las comisiones sesionan una o dos veces por semana y donde los casos emblemáticos son generalmente debatidos durante meses.
El oficio del proyecto lleva las firmas de nueve legisladores de Perú Libre; entre ellos, Balcázar Zelada, Flavio Cruz Mamani, Kelly Portalatino, Segundo Montalvo, e Isaac Mita. Y se da en un contexto en el que los integrantes y exparticipantes de Perú Libre vienen siendo acusados de ‘mochasueldos’, además de tener a su líder prófugo de la justicia por más de 300 días.
Yarita Lizeth tras apoyar a Pedro Castillo ahora se afilió al partido de López-Chau
La popular ‘Chinita del Amor’ ahora es parte del partido del rector de la UNI, quien postulará a la presidencia en el 2026 con ‘Ahora Nación’. La cantante luego de financiar las marchas a favor de Pedro Castillo, abandona las filas de la izquierda peruana.
De los escenarios al Congreso. La conocida cantante vernacular Yarita Lizeth Yanarico el pasado 11 de julio fue afiliada por el partido político ‘Ahora Nación’, de Alfonso López-Chau Nava, canditado egresado de la Universidad del Callao y rector de la UNI. Así consta en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
“La organización política incluyó al ciudadano (Yarita Lizeth) como miembro del padrón de afiliados de fecha 11/07/2024”, se lee en la consulta realizada en la página web del ROP del JNE.
En un vídeo difundido en redes sociales por Vladimir Soncco, secretario regional del partido Ahora Nación, Yarita Lizeth aparece confirmando su respaldo al partido político que postula a Alfonso López Chao a la presidencia.
Este anuncio se realizó después de que el empresario Eduardo Quispe Pandia fuera ratificado como precandidato a gobernador regional de Puno por el partido Ahora Nación.
Según fuentes cercanas a Vladimir Soncco, Yarita Lizeth sería candidata al Congreso para el 2026.
Yarita Lizeth y su cercanía a Pedro Castillo
Vacado Pedro Castillo de la presidencia de la República, distintos ciudadanos del sur del país se aprestaron para participar de la denominada ‘Marcha de los 4 suyos’, protestas contra el mandato de Dina Boluarte. Fue así que la cantante de Juliaca ofreció su bus personal para trasladar a cientos de manifestantes que se iban en dirección a la capital. Dicho acto no fue casual ya que meses atrás, durante el cierre de campaña para la segunda vuelta de Pedro Castillo, la cantante fue parte de su mitin de despedida en Juliaca. “Con Pedro Castillo, seguiremos luchando por el progreso del Perú. Él ganará”, se escuchó decir a la cantante.
López-Chau y su candidatura a la presidencia
El actual rector de la UNI, Alfonso López Chau, anunció el pasado mes de junio su candidatura presidencial con el partido ‘Ahora Nación’, partido que, según palabras del propio rector de la UNI, es de tendencia de centro izquierda contestataria al actual gobierno de Dina Boluarte. Solo cabe recordar que durante las protestas del 2022 e inicios del 2023 en contra de la mandataria, el rector ofreció las instalaciones de la UNI para albergar a cientos de manifestantes que llegaron a la capital de distintas regiones del país.
Sobre López-Chau
Lóéz-Chau economista de 74 años es egresado de la Universidad Nacional del Callao en 1976, pasó gran parte de su carrera profesional como docente en la UNI, pasando por distintas jefaturas dentro de esa casa de estudios.
Entre el 2006 y el 2013 fue director del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Desde diciembre del 2021 se desempeña como rector de la UNI. Actualmente se presenta como un candidato de derecha moderada y tendrá el apoyo de la cantante Yaruta Lizeth, quien pretende jalar el voto de los seguidores del expresidente Pedro Castillo.
El ‘Gran Hermano’. Los prefectos y subprefectos designados presuntamente por Nicanor Boluarte, hermano mayor de la mandataria, eran obligados a “colaborar” con aportes económicos a favor del partido político Ciudadanos por el Perú, según indicó la Fiscalía durante la audiencia de prisión preventiva contra los implicados en el caso ‘Los waykis en la sombra’.
Melisa Angulo Mantilla, representante del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop), mencionó que por información de un aspirante a colaborador eficaz pudieron establecer que los prefectos y subprefectos nombrados bajo la aparente aprobación de Nicanor Boluarte eran obligados a dar un pago para los gastos requeridos para la conformación del partido político en mención.
Un caso expuesto previamente por la Fiscalía es el de Flor María Chauca Sánchez, quien fue presuntamente designada prefecta regional de Lima bajo la venia de Nicanor y, según la tesis de la Fiscalía, aportó 9 mil soles para un evento económico que aparentemente tenía como finalidad recaudar fondos para Ciudadanos por el Perú.
El Eficcop planteó el requerimiento de 36 meses de prisión preventiva contra Nicanor Boluarte (hermano de la presidenta Dina Boluarte), Mateo Castañeda (exabogado de la jefa del Estado), Jorge Luis Ortiz Marreros (extitular de la Dirección General de Gobierno Interior del Ministerio del Interior), Jorge Chingay Salazar (amigo de Nicanor Boluarte), Noriel Chingay Salazar (exprefecto Regional de Cajamarca) y Zenovia Herrera Vásquez (exjefa del programa Qali Warma de la región de San Martín) por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y otros en agravio del Estado.
La tesis fiscal refiere que Nicanor Boluarte sería el líder de esta supuesta red criminal al haber ejercido poder para instrumentalizar el aparato estatal en beneficio de dicha organización política.
“Nicanor Boluarte permanentemente se comunicaba con los coordinadores a nivel nacional para que le informen sobre cómo se iba llevando a cabo las filiaciones, quiero precisar que las tareas de afiliar personas eran realizadas por los prefectos regionales y subprefectos tanto provinciales como distritales”, declaró el testigo clave Ugarte Nina, según cita el dominical Cuarto Poder.
Presidenta Dina Boluarte pide al Poder Judicial archivar ‘caso Rolex’
La defensa de la presidenta de la República sostiene que el plazo de investigación por el ‘caso Rolex’ ya excedió 177 días y ha sido dilatado de manera injustificada. Mientras, la Fiscalía argumenta que el plazo de investigación recién vencerá el 16 de enero del 2025.
La defensa de la presidenta de la República, Dina Boluarte, sostiene que se declare fundada la solicitud de control de plazo, debido a que desde su perspectiva legal, el plazo de investigación por el ‘caso Rolex’ ha excedido en 177 días, y argumentó que se ha dilatado de manera injustificada.
Ante ello, la Fiscalía responde y afirma que este caso es de suma complejidad y que por tanto, el plazo de investigación preliminar fijado en ocho meses, debería computarse a partir del 17 de mayo de 2024, y tendría que extenderse hasta el 16 de enero de 2025.
Como se sabe, Boluarte Zegarra enfrenta una investigación por presunto enriquecimiento ilícito, debido al incremento de dinero en sus cuentas bancarias y depósitos de origen desconocido entre 2021 y 2022, así como hechos vinculados al financiamiento de la campaña electoral del partido Perú Libre.
Mientras tanto, la defensa legal de la mandataria solicitó que se apruebe el control de plazo, ordenando al Ministerio Público que concluya la investigación preliminar, así como la formulación denuncias constitucionales al Congreso de la República o; en su defecto, archivar el caso.
Ministerio Público justifica la extensión del plazo
La Fiscalía justifica la extensión del plazo señalando la necesidad de verificar documentos y realizar peritajes sobre bienes muebles, inmuebles y diversos informes financieros. Por su parte, el juez supremo Juan Carlos Checkley analizará la solicitud y comunicará su decisión en los próximos días.
‘Waykis en la Sombra’: Poder Judicial rechaza ‘tutela de derechos’ presentada por abogado Mateo Castañeda
El exabogado de la presidenta Dina Boluarte, utiliza todos sus recursos para que el PJ, anule la declaración de testigos por el caso ‘Waykis en la sombra’; sin embargo, el juez Concepción Carhuancho desestimó su pedido y consideró que no hubo vulneración de sus derechos como imputado.
El Poder Judicial declaró infundado el pedido de tutela de derechos presentado por el exabogado de la presidenta Dina Boluarte, Mateo Grimaldo Castañeda Segovia, en el marco del caso ‘Waykis en la Sombra’.
Con respecto a este caso, la sala de audiencias del PJ reanudó este miércoles 11 de septiembre, la audiencia de requerimiento de prisión preventiva contra Nicanor Boluarte, Mateo Castañeda, Jorge Ortiz Marreros y otros investigados por organización criminal y otros delitos.
Asimismo, El Poder Judicial también rechazó el pedido de Castañeda Segovia, de declarar la nulidad de la declaración testimonial del testigo protegido (José Encizo), así como también de las tres actas de reconocimiento, verificación y corroboración efectuadas por el testigo en mención en el caso ‘Waykis en la Sombra’.
Entre los argumentos del magistrado se señaló que el testigo se habría presentado en la Fiscalía de forma espontánea y que temería por su vida y la de sus familiares. Asimismo, ratificó su calidad de testigo con la asistencia de un abogado.
Rechazaron tutela de derechos
El pedido de Mateo Castañeda fue desestimado por el juez Richard Concepción luego de que el letrado argumentara que solicitud responde a la supuesta vulneración de los derechos al “debido proceso, defensa y participación en igualdad de oportunidades” durante las diligencias de detención preliminar.
“Poder Judicial declara infundado pedido de tutela de derechos por parte de abogado de Mateo Grimaldo Castañeda Segovia, investigado por tráfico de influencias”, se lee en su publicación de X.
Abogado de Alberto Fujimori pide al Poder Judicial extinguir acusación por ‘caso Pativilca’ tras muerte del expresidente
La Cuarta Sala Penal Superior Nacional reanudó la audiencia por el ‘caso Pativilca’, contra los acusados Nicolás Hermoza Ríos y Santiago Martín Rivas. Asimismo, se verá la solicitud de extinguir la imputación contra el exdictador Alberto Fujimori, ante la noticia de su muerte.
La defensa técnica del expresidente Alberto Fujimori solicitó al tribunal encargado del ‘Caso Pativilca’, la extinción de la acción penal, tras el fallecimiento de su defendido. En esa línea, el Poder Judicial reanudó hoy la audiencia en el que estaba incluido el exmandatario fallecido y los otros imputados: Santiago Martín Rivas y Nicolás Hermoza Ríos, acusados por homicidio calificado, asesinato, desaparición forzada y otros delitos.
La audiencia es presidida por la jueza Miluska Cano López. Por su parte, la representante del Ministerio Público y la abogada de la parte civil, Gloria Cano, expresaron su acuerdo con la solicitud de Elio Riera, abogado del fenecido exjefe de Estado. Por otro lado, la defensa legal del exmandatario fallecido, fue expulsado de la casa de Keiko Fujimori, por haber anunciado la muerte del líder fujimorista sin la autorización de la familia.
“Durante esta sesión, la defensa del fallecido acusado Alberto Fujimori solicitó al tribunal que se declare la extinción de la acción penal por fallecimiento de su defendido, ocurrido el día 11 de septiembre”, se lee en la publicación del Poder Judicial.
Alberto Fujimori será excluido del ‘caso de Pativilca’ y sus imputaciones pasarán al archivo, según penalista
Por su parte, el abogado penalista Andy Carrión indicó en una entrevista que, de acuerdo al Código Procesal Penal, las investigaciones contra el resto de imputados Santiago Martín Rivas y Nicolás Hermoza Ríos, tendrían que continuar. El letrado agregó que únicamente se daría el archivo del caso en lo que respecta al exmandatario fallecido.
“Ante el fallecimiento de Alberto Fujimori, pues, simplemente él tendría que ser excluido del proceso y procederse al archivo del caso. El resto de imputados tendrían que permanecer en el juicio y este tendría que salir adelante”, remarcó.
Luis Iberico de APP es nombrado representante del Perú ante la ONU Turismo
La ‘cuota’ de Alianza para el Progreso (APP) en el gobierno de Dina Boluarte sin duda tiene preponderancia. Luis Iberico, primero fue nombrado embajador en España, y desde hoy asumirá esta nueva función en la ONU Turismo.
Como se sabe, el excongresista y militante de Alianza para el Progreso (APP) Luis Iberico Núñez fue nombrado el 4 de julio de este año embajador del Perú en España, en reemplazo de Walter Gutiérrez, y mientras viene cumpliendo sus funciones como embajador, el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte acaba de designarlo como representante de nuestro país ante la Organización Mundial del Turismo (ONU-Turismo). Ahora, Iberico Núñez, asume esta nueva función en Madrid.
La Resolución Suprema Nº 157-2024-RE publicada hoy en el diario oficial El Peruano, y que lleva la firma de la jefa de Estado Dina Boluarte y del canciller Elmer Schialer, señala que este nuevo cargo no generará gastos adicionales para el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Luis Iberico es militante de Alianza para el Progreso (APP)
Luis Iberico, fiel cercano de César Acuña Peralta, fue congresista por Alianza por el Gran Cambio, del cual fue parte su partido APP, en el periodo 2011-2016 durante el gobierno de Ollanta Humala y también fue elegido como presidente del Congreso el 26 de julio del 2015 cuando formaba parte de la bancada PPC-APP.