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Política

La universidad fantasma de Benavides

La Universidad Privada Peruano Alemana (UPAL) fue creada en el 2012, lleva ocho años sin funcionar, tiene apenas tres aulas en las que nunca se dictó ni una clase, carece de equipamiento, nadie sabe el nombre de su rector y, sin embargo, el ex jefe de la SUNEDU, Martín Benavides, le otorgó un veloz licenciamiento el año 2019.

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Antes de la SUNEDU, la institución que otorgaba licenciamiento a las universidades era el Consejo Nacional para la Autorización de Funcionamiento de Universidades (CONAFU) y el 25 de julio de 2012, la CONAFU, mediante resolución 405-2012, le otorgó licencia de funcionamiento provisional a la Universidad Privada Peruano Alemana (UPAL) para brindar servicios educativos en cinco carreras profesionales: Derecho; Ingeniería Mecánica; Contabilidad y Finanzas: Ingeniería de Sistemas y Telemática; y Enfermería.

El dueño original de esta universidad fue Mario Gabriel Peláez Bardales, hermano del controvertido ex fiscal de la Nación José Peláez Bardales. En febrero de 2013, el Grupo El Comercio compró la licencia de funcionamiento que tenía Peláez y constituyó el 30 de julio de 2013 la Universidad Privada Peruano Alemana SAC (UPAL). En los documentos oficiales aparece como propietaria Proyectos Educativos Integrales del Perú, la empresa que el Grupo El Comercio tiene para sus negocios en el sector educación.

Finalmente, en junio del 2017 el Grupo El Comercio le vendió la UPAL —universidad que no operaba, era tan solo un papel al fondo de inversión UCX Holding, el actual propietario en sociedad con la empresa SASIL.

El factor Benavides

Con estos antecedentes, los nuevos dueños de la UPAL se presentaron el 24 de julio de 2017 ante la SUNEDU para solicitar el codiciado Licenciamiento Institucional, es decir, el permiso para funcionar como universidad. Ese año no tuvieron suerte, pero todo cambió a favor de la UPAL cuando llegó Martín Benavides Abanto como jefe de la SUNEDU.

El 2 de febrero de 2019, la UPAL obtuvo el informe técnico de licenciamiento, el 3 de junio el informe de Asesoría Jurídica y el 5 de agosto la Resolución del Consejo Directivo Nº 105-2019-SUNEDU/CD que le otorgó la “Licencia Institucional a la Universidad Privada Peruano Alemana SAC (UPAL) para ofrecer el servicio educativo superior universitario”. Todo muy extraño como veremos a continuación.

Un asunto grave

¿Cómo logró tener licenciamiento una universidad como la UPAL que desde el año 2012 nunca había funcionado y solamente era un papel con logotipo? La propia SUNEDU admite que la UPAL “hasta ahora no ha ofertado el servicio educativo”, es decir, aceptó que se presente a solicitar un licenciamiento sin haber tenido nunca un alumno, ni un profesor ni haber dictado una sola clase; y con esos antecedentes le concedieron una licencia para operar.

Peor todavía, le permitieron reducir las carreras (jamás dictadas) porque su permiso original del año 2012 era para dictar cinco carreras y el 2019 la SUNEDU le aceptó “modificar totalmente la oferta académica” y le permitió desistir “de los cinco programas académicos para los que había sido autorizada inicialmente” y le aceptó que solamente dicte dos nuevos programas: Empresa y Tecnología e Ingeniería de Software. En otros casos, los cambios en los programas de enseñanza fueron causal de cierre, pero, para la fantasma UPAL fue fundamento para lograr un licenciamiento.

La universidad de tres salones

Cuando se revisa el expediente de la universidad fantasma UPAL, se encuentra un increíble informe que señala “El local cuenta con tres aulas en total: Aula 1, Aula 2 y Aula 3. Asimismo, cuenta con dos laboratorios que se pueden convertir en aulas por el tipo de equipamiento (lap tops)”.

Es decir, la UPAL es una “universidad” que tiene menos aulas que aquellas antiguas academias de preparación que una familia abría en una casa para preparar postulantes. Durante la tramitación, la propia SUNEDU fue consciente de que tres aulas constituyen una infraestructura ridícula y, por eso, su informe intenta una justificación insólita: se puede ampliar en dos aulas más si se retiran las lap tops del laboratorio. Es decir, los alumnos tendrían que desalojar los laboratorios para poder recibir clases y después devolver los equipos a los laboratorios. ¿Esto es lo que Benavides llama Condiciones Básicas de Calidad?

Esas tres aulas, según la licencia de funcionamiento que la SUNEDU le dio a la UPAL, tienen la siguiente capacidad: “El aforo de cada aula es para veinte (20) estudiantes en las aulas 1 y 3, y para cuarenta (40) estudiantes en el aula 2. Los laboratorios tienen un aforo de veintiún (21) estudiantes cada uno”.

Es decir, las tres aulas pueden recibir 80 estudiantes en total. Si ya es muy extraño licenciar una universidad de apenas 80 estudiantes mientras se deja en la calle a casi 150 mil estudiantes. Lo que ingresa en el terreno de la sospecha es que la SUNEDU autoriza a esta universidad fantasma para convocar un proceso de admisión anual para las dos únicas carreras que dicta con vacantes de 100 para cada carrera, es decir, un total de 200 alumnos en su primera convocatoria de admisión.

¿Dónde van a ingresar esos 200 alumnos si las aulas sólo pueden tener capacidad para 80 alumnos? Incluso, si desarman los laboratorios todos los días llegan a una capacidad tope de 121. Lo que dice el informe de la SUNEDU ingresa al terreno de la sospecha por cuanto se esmera en apoyar a la UPAL: “En cuanto al número de aulas y laboratorios, la cantidad máxima de aforo de sus tres (3) aulas y dos (2) laboratorios es de ciento veintiún (121) personas, por lo que, si se dictan en turnos de mañana y noche (12 horas diarias) y si cada grupo de estudiantes usa los ambientes de dos (2) a tres (3) horas diarias, la Universidad garantiza contar con ambientes suficientes para brindar el servicio educativo”.

Si bien es imposible entender aquello de “turnos de 12 horas diarias con clases de tres horas diarias” lo concreto es que se trata de un caso flagrante de una universidad que no cumple con un mínimo de infraestructura, pero la SUNEDU sostiene que hay garantía de ambientes suficientes. ¿Por qué en este caso la SUNEDU pasó por alto las Condiciones Básicas de Calidad que exige con tanto rigor?

Benavides mandó cerrar universidades porque tenían un caño de agua en mal estado y se niega rotundamente a que algunas universidades —con amplia infraestructura— sean reorganizadas para que miles de estudiantes no se queden sin estudios.  ¿Por qué el afán de cerrar universidades a como dé lugar y darles licencias a universidades en construcción (UTP) o fantasma como la UPAL?

Un aspecto que tendrá que ser sometido a necesaria investigación son los famosos Informes de Verificación Presencial de la SUNEDU. En el caso de la universidad fantasma UPAL señalan que verificaron de manera presencial los laboratorios y encontraron que existía un “mejoramiento de equipamiento en sus laboratorios con lo que se puede afirmar que la universidad dispone de infraestructura para el desarrollo de sus programas de estudio”. Una tremenda contradicción entre este informe y otro que señala que los dos laboratorios solo tienen lap tops y, por eso, pueden usarse como aulas.

Existe el siguiente hecho injustificable. La SUNEDU ha otorgado licenciamiento a una universidad que no funcionó nunca y que existía en un papel del año 2012. Por si no bastara le ha dado permiso a la universidad fantasma UPAL para operar recién a futuro y le ha pasado por alto el exigente requisito de calidad. La SUNEDU lo dice explícitamente: “El licenciamiento otorgado implica que la universidad podrá iniciar sus actividades académicas luego de haber demostrado que está en capacidad de cumplir con las Condiciones Básicas de Calidad (CBC) establecidas en la Ley Universitaria”.

Entonces, si la UPAL tiene pendiente demostrar “que está en capacidad de cumplir con las Condiciones Básicas de Calidad (CBC)” ¿por qué le otorgaron licencia cuando por esta misma razón se cerraron decenas de universidades?

El ex titular de la SUNEDU y hoy ministro de Educación, Martín Benavides Abanto, ha insistido en afirmar que muchas universidades se cerraron porque no cumplían con criterios de infraestructura y con un normal funcionamiento. En nombre de esa rigurosidad las cerró sin dar ninguna alternativa a decenas de miles de estudiantes que vieron truncado su futuro profesional y hasta hoy la SUNEDU no les da una opción.

Más aún, en la actualidad, Benavides se opone a que las universidades privadas con licencias denegadas se incorporen al Decreto Supremo 016-2019-MINEDU. Este dispositivo es pertinente para dar una solución e, incluso, pondría fin a una situación de discriminación que no puede consentirse.

En efecto, las universidades públicas denegadas gracias al régimen del D.S. 016-2019 pueden reorganizarse bajo el control de la SUNEDU y, si elevan su nivel académico, pueden volver a funcionar, de lo contrario cierran para siempre. Esa misma regla debería aplicarse para las universidades privadas denegadas cuyos alumnos están en la calle. Ese régimen al ser exclusivo para las universidades estatales, es inconstitucional porque atenta contra la igualdad ante la ley (art. 103 de la Constitución) y es discriminatorio. Si se incorpora a las universidades privadas denegadas, se evita la inconstitucionalidad y la discriminación. 

Un detalle final que dice mucho: si Benavides hoy no es jefe de la SUNEDU ¿por qué sale en los medios de comunicación a hablar a nombre de la SUNEDU pasando por encima del actual jefe? ¿Será por temor a que se sigan descubriendo las decisiones arbitrarias que tomó para darle el mercado de la educación a sectores con poder económico? Si alguien se preguntase: ¿presunción de corrupción? quizá empiece a dar una pista real.

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Política

Fiscalía investiga al alcalde de Pomalca por presunta apropiación de fondos municipales

El alcalde Manfri Bernal y dos funcionarias son investigados por no depositar más de S/ 171 mil en la Cuenta Única del Tesoro, lo que habría facilitado el presunto desvío de recursos públicos durante el primer semestre de 2025.

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La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque ha abierto una investigación preliminar contra el alcalde del distrito de Pomalca, Manfri Bernal, y dos funcionarias de su gestión, por la presunta apropiación indebida de recursos económicos municipales que ascienden a más de S/ 171 mil soles.

El fiscal a cargo del caso, Daniel Gerardo Flores Aguinaga, del Tercer Despacho de la mencionada fiscalía, junto a agentes de la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional, intervino las oficinas de Caja y Tesorería de la municipalidad para recabar documentos y verificar los ingresos recaudados durante el primer semestre de 2025.

Según la denuncia que dio origen a la pesquisa, entre enero y junio de este año, la municipalidad habría percibido S/ 171,050.29 registrados con fecha y número de operación. No obstante, dicho monto no fue depositado en la Cuenta Única del Tesoro (CUT) en el plazo máximo de 24 horas, como lo exige la Directiva N.º 001-2007-EF/77.15, generando sospechas de una posible apropiación ilícita.

Según la denuncia que dio origen a la pesquisa, entre enero y junio de este año, la municipalidad habría percibido S/ 171,050.29 registrados con fecha y número de operación. No obstante, dicho monto no fue depositado en la Cuenta Única del Tesoro (CUT) en el plazo máximo de 24 horas, como lo exige la Directiva N.º 001-2007-EF/77.15, generando sospechas de una posible apropiación ilícita.

En la investigación figuran también Ana Llempén, tesorera de la entidad, quien no habría rendido cuentas ni realizado el traslado de fondos, y Rosaliz Cubas, gerente municipal, señalada por presunta omisión de funciones en el control financiero.

El alcalde Bernal es incluido por inacción ante las irregularidades, lo que podría interpretarse como tolerancia o encubrimiento. La fiscalía ha establecido un plazo de 240 días para determinar responsabilidades y recabar elementos de convicción.

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Política

Mininter aprueba contratación de abogados que defenderán a exministro Santivañez

Las resoluciones firmadas por la Secretaría General autorizan el uso de recursos públicos para contratar al estudio de abogados propuesto por el propio Santivañez, investigado por presuntas irregularidades durante su breve gestión en el Ejecutivo.

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El Ministerio del Interior ha aprobado, mediante tres resoluciones de Secretaría General —N° 119-2025-IN-SG, 120-2025-IN-SG y 121-2025-IN-SG— la contratación de servicios legales para la defensa del exministro Juan José Santivañez Antúnez, quien enfrenta diversos procesos en su contra.

Resolución de Secretaria General N° 119-2025-IN-SG.

Esta decisión tiene como antecedente la Resolución de Secretaría General N° 071-2025-IN-RSG, emitida el 14 de mayo de 2025, en la que se declara procedente la solicitud presentada por el propio Santivañez para contar con servicios especializados de asesoría y defensa legal. Posteriormente, el Proveído N° 009696-2025-IN-OGAF, con fecha 21 de mayo, fue remitido desde la Oficina General de Administración y Finanzas a la Oficina de Abastecimiento, formalizando el requerimiento.

Resolución de Secretaria General N° 120-2025-IN-SG.

El estudio legal propuesto por Santivañez Antúnez para asumir su defensa es Miranda & Asociados E.I.R.L., firma que también brinda servicios contables y que, según los documentos oficiales, fue seleccionada por el exministro.

Las resoluciones en cuestión aprueban la ejecución de los Procedimientos de Selección No Competitivos N° 25, 26 y 27, a través de los cuales se formalizará la contratación de los abogados encargados de asumir la representación legal del exfuncionario.

Todas las resoluciones han sido firmadas por Erick Fernando Caso Giraldo, actual secretario general del Ministerio del Interior.

Resolución de Secretaria General N° 121-2025-IN-SG.

La decisión genera interrogantes sobre el uso de recursos públicos en defensa de exautoridades investigadas, especialmente en contextos donde la transparencia institucional está bajo constante escrutinio.

Cabe recordar que Juan José Santivañez fue designado ministro del Interior en abril de 2024, y debió dejar el cargo en medio de denuncias públicas por presuntas contrataciones irregulares, vínculos con estudios legales cuestionados y posible tráfico de influencias. Actualmente, es investigado por el Ministerio Público, por lo que el uso de recursos del Estado para costear su defensa ha generado preocupación y críticas por parte de especialistas y sectores de la sociedad civil.

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Política

Congreso: Presentan PL para anular alza salarial de Dina Boluarte

Legisladora Sigrid Bazán impulsó una iniciativa para revertir el polémico aumento de sueldo a favor de la presidenta Dina Boluarte, calificándolo de injustificado y ofensivo. Jaime Quito anunció que también alista una propuesta legislativa similar.

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La polémica por el aumento de sueldo de la presidenta Dina Boluarte continúa generando reacciones en el ámbito político. A través de su cuenta oficial en la red social X (antes Twitter), la congresista Sigrid Bazán anunció que ha presentado un proyecto de ley para dejar sin efecto el Decreto Supremo N.º 136-2025-EF, que oficializa el incremento de la remuneración presidencial a S/35,568 mensuales.

Proyecto de Ley impulsado por parlamentaria Sigrid Bazán.

El mencionado decreto, aprobado con el respaldo del Consejo de Ministros, ha sido duramente criticado por su inoportunidad en medio de una coyuntura marcada por dificultades económicas y baja aprobación ciudadana. Frente a ello, Bazán Narro manifestó su indignación y explicó que su iniciativa se sustenta en el derecho de iniciativa legislativa que le otorga la Constitución y el Reglamento del Congreso.

“Acabo de presentar, con las firmas correspondientes, un proyecto de ley que DEROGA el DS que aprueba el DESCARADO aumento (…) Veremos si el Congreso lo tramita y quiénes están dispuestos a aprobarlo”, escribió la legisladora del Bloque Democrático Popular en su red social, cuestionando tanto el fondo como la forma en que se autorizó el incremento.

El proyecto de ley cuenta con el respaldo de otros parlamentarios, entre ellos Carlos Zevallos, Susel Paredes, Ruth Luque y Reymundo Mercado, quienes también consideran que el reajuste presidencial carece de justificación técnica y sensibilidad política.

Por su parte, el congresista Jaime Quito anunció que también alista una propuesta legislativa para derogar el mismo decreto. Quito argumenta que el aumento vulnera principios clave como el de legalidad presupuestaria y contradice los topes establecidos en la Ley N.º 32185, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025.

La controversia no solo ha puesto en entredicho la decisión del Ejecutivo, sino que también ha abierto un nuevo frente de debate en el Congreso, donde ahora se espera conocer qué bancadas respaldarán la anulación del cuestionado incremento.

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Política

Eduardo Arana y Pérez Reyes se zurraron en el Congreso

Pese a ser citados por el presidente de la Comisión de Fiscalización, Juan Burgos, los ministros Eduardo Arana y Raúl Pérez Reyes no asistieron al Congreso, eludiendo su responsabilidad de explicar el alza salarial de Dina Boluarte.

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Ambos ministros fueron citados por el presidente de la Comisión de Fiscalización, Juan Burgos y no acudieron al Congreso y esquivaron la rendición de cuentas sobre el aumento de sueldo a la presidenta Boluarte.

Una vez más, el Ejecutivo da la espalda al Congreso. El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, y el titular de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes, decidieron no presentarse ante la Comisión de Fiscalización, pese a estar citados para ofrecer explicaciones sobre el polémico incremento de sueldo a la presidenta Dina Boluarte. Su ausencia, lejos de pasar desapercibida, ha sido interpretada como una burla al control parlamentario y una muestra de desprecio por la transparencia.

La sesión, programada para las 10:30 de la mañana, arrancó con la lectura de asistencia. Ninguno de los dos altos funcionarios se hizo presente en el hemiciclo. Ambos enviaron oficios en los que comunicaban su inasistencia, sin brindar argumentos de fondo que justifiquen su decisión de no acudir.

La falta de compromiso del Ejecutivo llega en un momento particularmente sensible, cuando el país atraviesa una crisis de representación y una creciente desaprobación ciudadana hacia sus autoridades. Diversas voces dentro del Congreso ya se alistan para pedir que se reitere la citación, e incluso, que se recurra a mecanismos más severos como la convocatoria por grado o fuerza, amparados en el reglamento parlamentario.

Además de exigir la presencia de los ministros, la Comisión ha anunciado que requerirá los informes legales y técnicos que respaldan el cuestionado decreto supremo que elevó el salario presidencial. Se ha señalado especialmente la necesidad de acceder a los pronunciamientos de SERVIR y del propio MEF, que habrían sido clave para autorizar la medida.

El presidente ejecutivo de SERVIR, Guillermo Valdivieso, también brilló por su ausencia. Su participación era crucial, dado que su entidad fue parte del sustento técnico del aumento. Al igual que los ministros, Valdivieso optó por enviar una carta excusándose, sin aclarar los motivos concretos de su inasistencia.

La estrategia de silencio adoptada por el Ejecutivo no hace más que profundizar el malestar público. En un contexto donde miles de peruanos exigen mayor eficiencia del Estado, el reajuste salarial a Boluarte se percibe como un acto de desconexión con la realidad nacional. La negativa a rendir cuentas solo incrementa las sospechas de arbitrariedad, y abre un nuevo frente de conflicto entre el Ejecutivo y el Parlamento.

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Política

REINFO: ¿Formalización o vía libre para la minería criminal?

La ampliación del Reinfo hasta 2025 reabre el debate sobre su eficacia. Mientras el Gobierno de Dina Boluarte defiende el proceso, expertos advierten que podría seguir siendo un escudo para actividades ilegales y delitos ambientales.

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El ministro de Energía y Minas, Jorge Luis Montero Cornejo, anunció que más de 31 mil mineros inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) podrán continuar su proceso de formalización hasta el 31 de diciembre de 2025. Sin embargo, la medida, que excluye a más de 50 mil inscripciones inactivas, ha generado una fuerte controversia sobre su efectividad y posibles consecuencias.

El titular del Minem aseguró que se ha realizado un «sinceramiento» del padrón de mineros, con el objetivo de ordenar el proceso y reforzar el combate a la minería ilegal. Montero Cornejo también señaló que se replicarán modelos de intervención como el aplicado en Pataz, que combina acciones de interdicción con mesas de desarrollo lideradas por autoridades locales y sectores del Ejecutivo.

“Reafirmamos nuestro compromiso con la formalidad, la erradicación de la minería ilegal y la construcción de un país con paz social”, declaró el ministro en un medio radial. No obstante, su optimismo contrasta con los cuestionamientos de instituciones especializadas, que consideran que el REINFO ha fracasado en su objetivo original.

Pese a ola de crímenes por la minería ilegal, Gobierno extiende por cuarta vez el Reinfo.

Según el Colegio de Abogados de Lima (CAL), la extensión del REINFO puede terminar favoreciendo el crecimiento de la criminalidad asociada a la minería informal. En un comunicado reciente, el CAL advirtió que, tras nueve años de vigencia, apenas el 2.31 % de los inscritos logró formalizarse. El resto permanece en un limbo legal que, en muchos casos, sirve de cobertura para operaciones ilícitas.

Además, el Tribunal Constitucional ha señalado que el REINFO no puede interpretarse como una figura que otorgue exención penal frente a delitos ambientales. La prolongación del plazo, según el TC, no resulta constitucionalmente amparable si se convierte en una puerta trasera para evitar sanciones legales.

Desde el Ejecutivo se insiste en que la exclusión de 50 mil REINFOS demuestra voluntad de depuración. El 90 % de estos registros, dijo el ministro Montero Cornejo, llevaban más de cuatro años suspendidos y no presentaban ningún avance en el proceso.

Sin embargo, el dilema de fondo persiste: ¿puede el Estado seguir ampliando plazos sin fortalecer la capacidad institucional para fiscalizar y sancionar? Si la formalización se convierte en una excusa para la inacción, el riesgo es que la minería ilegal siga expandiéndose, esta vez con una aparente fachada legal.

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Política

Fiscalía Investiga al ministro de Cultura Fabricio Valencia por escándalo de Nasca

La denuncia contra el titular del Mincul y la investigación fiscal surgen por un presunto atentado contra las Líneas de Nasca, Patrimonio Mundial de la Unesco, que habría sido impulsado desde el propio Gobierno.

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La Fiscalía ha iniciado una investigación contra el ministro de Cultura, Fabricio Valencia, por una controvertida decisión que puso en riesgo uno de los patrimonios arqueológicos más valiosos del país: las Líneas de Nasca.

Todo comenzó cuando el Ministerio de Cultura redujo drásticamente el área protegida que cubre las milenarias líneas y geoglifos ubicados en la región Ica. Esta decisión —formalizada mediante una resolución viceministerial a fines de mayo— dejó fuera de protección más de 2,300 kilómetros cuadrados. Para muchos, ese recorte abrió las puertas a la minería informal, que ya amenaza la integridad del sitio arqueológico.

La investigación está a cargo de la Fiscalía de Ica, con el respaldo de la Fiscalía Superior Penal de Lima. También participa el Primer Despacho de la Segunda Fiscalía Penal Corporativa de Nasca, liderado por el fiscal José Alejandro Meléndez Curasi, que ha iniciado una pesquisa preliminar de 60 días, con posibilidad de extensión.

Fuente: Ministerio Público.

Además del ministro Valencia, están bajo la lupa la viceministra de Patrimonio Cultural, Moira Novoa Silva —quien firmó la resolución—, así como funcionarios clave de la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Ica y el alcalde provincial de Nasca.

Los investigados incluyen a Jeanette Gutiérrez Achulla, responsable interina de la DDC de Ica; Johny Isla Cuadrado, arqueólogo a cargo del Sistema de Gestión Nasca-Palpa; y William Bravo Quispe, alcalde de Nasca. Se les acusa de presuntos delitos como atentado contra monumentos arqueológicos, omisión de deberes funcionales y abuso de autoridad.

El foco está en la resolución N° 000128-2025-VMPCIC/MC, que modificó los límites del área protegida establecida en 1993 y reafirmada en 2004 por la Unesco. La zona original comprendía 5,633 km², pero con la nueva norma se redujo a 3,235 km², sin que —según la denuncia— se cumplieran los procedimientos legales.

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Política

PPK no podrá salir del país: PJ le rechaza habeas corpus

El expresidente Pedro Pablo Kuczynski insiste en evadir a la justicia, pese a estar investigado por presuntos aportes ilegales en su campaña de 2016, vinculados al caso Odebrecht.

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Pedro Pablo Kuczynski, expresidente de la República, sigue buscando salidas para esquivar los procesos judiciales en su contra. Esta vez, el Poder Judicial rechazó un nuevo recurso de habeas corpus presentado por su defensa, con el que intentaba levantar la orden de impedimento de salida del país que pesa sobre él por 18 meses.

PPK enfrenta una investigación preparatoria por los presuntos aportes irregulares a su campaña presidencial de 2016, relacionados al caso Odebrecht, uno de los escándalos de corrupción más grandes en América Latina. A pesar de ello, el exmandatario ha insistido en su derecho a viajar al extranjero, ahora apelando a su edad y estado de salud.

En junio PPK se quiso ir del país en silla de ruedas, pero fue impedido por Migraciones.  

La Segunda Sala Constitucional de Lima ratificó la decisión del juez Jonathan Valencia, quien ya había declarado improcedente el recurso. El tribunal consideró que no tenía sentido pronunciarse sobre el fondo del pedido, ya que existe una resolución vigente —emitida el 8 de junio por la jueza Margarita Salcedo— que impide la salida de Kuczynski del país por año y medio.

La defensa alegó una supuesta vulneración al derecho de una adecuada motivación judicial. Sin embargo, el colegiado concluyó que la medida restrictiva ya está activa, y por tanto el pedido no tiene objeto, aplicándose la figura legal de “sustracción de la materia”.

“Nos encontramos ante una situación jurídica que responde al régimen ordinario de sustracción de la materia”, señala la resolución judicial.

En 2016, gran sector de la prensa difundía que PPK era ‘presidente de lujo’.

Como ya es habitual, Kuczynski reaccionó alegando injusticia. El pasado 16 de junio, expresó su malestar por no poder viajar a Estados Unidos, argumentando motivos de salud y el deseo de reencontrarse con su esposa, a quien dice no ver desde hace siete años.

Su plan era acudir a una revisión médica en Miami y luego trasladarse a Wisconsin para reunirse con su pareja y buscar fondos para costear su tratamiento y defensa legal.

Sin embargo, para muchos, este nuevo intento de salir del país no es más que una estrategia más de PPK para evitar enfrentar la justicia en Perú. A lo largo de los años, ha usado distintos argumentos para eludir procesos judiciales, y ahora recurre a su edad, con la esperanza de quedar impune.

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Política

Inteligencia de la PNP alerta sobre posible toma del Congreso por parte de mineros

Servicio de inteligencia pone en alerta sobre posible toma del parlamento por parte de CONFEMIN.

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Un documento interno de la Policía Nacional del Perú (PNP), al que tuvo acceso este medio, advierte sobre una posible toma de las instalaciones del Congreso de la República y locales conexos, protagonizada por mineros afiliados a la Confederación Nacional de la Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (CONFEMIN PERÚ).

Según el memorando N.º 012-2025-DIRSEEST-DIVSECON-DEPOPEDH/OFIPLOPE, la Unidad Especializada PNP, a través de su canal de inteligencia, ha detectado intenciones radicalizadas dentro del grupo de manifestantes que desde hace días bloquean la Av. Abancay. El reporte señala que estas acciones podrían derivar en “posibles actos violentos contra las instalaciones del Palacio Legislativo”, con el objetivo de provocar desmanes dentro del recinto parlamentario.

Frente a este riesgo, el documento ordena al personal policial que extreme las máximas medidas de seguridad, vigilancia y control ante cualquier situación adversa. Se pide especial atención a la presencia de los manifestantes y al posible escalamiento de sus acciones.

El memorando establece una serie de medidas concretas, entre ellas:

  • Garantizar la seguridad personal del Presidente del Congreso, vicepresidentes, congresistas y parlamentarios andinos durante su permanencia en la sede.
  • Asegurar la protección de todas las instalaciones del Congreso y sus locales conexos, reforzando los dispositivos de seguridad.
  • Incrementar la presencia policial y los controles de identidad en accesos y zonas de alto tránsito dentro del perímetro institucional.
  • Establecer coordinación con las unidades de inteligencia y el DEPOPEDH para anticipar, prevenir y neutralizar cualquier amenaza.

Esta alerta ocurre en un contexto de creciente tensión social protagonizado por gremios de la minería artesanal, que exigen mayor reconocimiento legal y rechazan recientes fiscalizaciones del Estado. Hasta el momento, no se ha confirmado si el Ejecutivo ha tomado acciones preventivas adicionales frente a este posible escenario.

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