Una de las más importantes empresas del Estado se encuentra con números rojos desde hace varios años, y ante ello el congresista Alejandro Cavero (Avanza País) presentó el martes un proyecto de ley para facultar la privatización de Petroperú, que se encuentra en crisis desde los últimos años, “y fortalecer su gobernanza corporativa”. La iniciativa plantea autorizar “la venta o a la emisión de acciones para que sean colocadas en el mercado de valores y puedan ser adquiridas por personas naturales o jurídicas”, según el texto.

Si el Estado se mantuviera como accionista mayoritario, la sociedad quedará organizada como una empresa pública con accionariado privado. “En este sentido, Petroperú tendría las herramientas normativas para dejar de ser una empresa 100% estatal y convertirse en una empresa de capital mixto”, de modo que “las capacidades técnicas, exigencias de eficiencia y buen manejo corporativo del sector privado podría contribuir a mejorar el deficiente manejo que ha tenido la empresa hasta el momento”, sigue el documento.

La resolución legislativa también propone la eventual creación de la una comisión técnica revisora para que ejecute “un diagnóstico sobre la actual gobernanza corporativa y el bienestar financiero de la empresa”. Posteriormente, elaboraría un informe final con “recomendaciones puntuales “para mejorar la eficiencia de la empresa y potenciar la atracción de capital privado.

El grupo se instalaría en dos meses luego de promulgada la norma y estaría compuesta por siete miembros, incluidos representantes de las carteras de Economía y Energía y Minas, así como de la Sociedad de Minería, Petróleo y Energía, del Colegio de Ingenieros, de ProInversión, y de universidades licenciadas.

“Con respecto a las evidentes carencias de Petroperú y a su recurrente mala gestión, es imperativo que el Estado reconozca que las pérdidas de eficiencia corporativa se han mantenido intrínsecas” y “urgente realizar un diagnóstico exhaustivo para poder corregir el mal manejo financiero y la falta de objetivos claros a largo plazo que tiene la empresa”, remarca el oficio.

Como se recuerda, Petroperú había pedido al Ministerio de Energía y Minas un soporte financiero para mitigar los riesgos de un eventual desabastecimiento de combustibles por un valor de 5.570 millones de soles en total. Sin embargo, el premier Alberto Otárola anunció el último domingo que el Gobierno no entregaría esos fondos porque los destinaría a la atención del fenómeno climático de El Niño Global.

Ultimátum. El titular del Ministerio del Interior (Mininter), Vicente Romero, anunció que las personas extranjeras que residen en el Perú tienen plazo hasta el 10 de noviembre para regularizar sus documentos. De lo contrario, enfatizó el ministro Romero, “serán inflexibles” en cuanto a su expulsión.

En ese sentido, pidió a las personas migrantes que inicien este proceso lo más pronto posible.

“El 10 de noviembre es el último día de regularizar la documentación de todos los extranjeros. Primero quiero invocarlos a que se apersonen”, comentó en conferencia de prensa, tras inspeccionar las labores de resguardo que realizan la Policía Nacional del Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas, en el marco del estado de emergencia.

Para dar a conocer esta advertencia, el Ministerio del Interior realizará una campaña de comunicación en los próximos días.

“Vamos a hacer una campaña para que terminen de regularizarse. Aquellos que no lo hagan definitivamente el 10 se va a empezar la expulsión”, precisó.

Al ser consultado sobre el proceso de expulsión del Perú, el ministro Romero detalló que se apoyarán en la aerolínea Latam, que tiene vuelos disponibles desde Lima hacia Caracas, en Venezuela. Comentó que este servicio viene funcionando desde hace dos meses.

Además, aseguró que el Ministerio de Relaciones Exteriores viene conversando con distintos gobiernos con el objetivo de que las expulsiones se realicen en buenos términos.

“Hay vuelos de Lima a Caracas, así que utilizaremos eso como primera medida. Pero también a nivel Cancillería. Nuestra canciller está trabajando con los diferentes gobiernos para mejorar estas relaciones y poder expulsarlos”, mencionó.

El ‘Niño Guerrero’ en el radar de la Policía

El ministro del Interior también se pronunció sobre las sospechas de que ‘El Niño Guerrero’, uno de los líderes de la banda criminal ‘El Tren de Aragua’, se esconda en el Perú. Como se sabe, este delincuente escapó del establecimiento penitenciario donde permanecía recluido en Venezuela.

La autoridad oficial aseguró que la Policía Nacional del Perú (PNP) está al pendiente de este hecho, ya que cuentan con un representante en Venezuela.

“Es una información que ha salido en redes sociales. La PNP está viendo el último reporte. Ya tenemos un representante como agregado en Caracas, en Venezuela. Así que en algún momento la propia Policía dará el resultado de lo que se dice en estas reuniones, como corresponde”, indicó.

El pleno del Congreso de la República aprobó el proyecto de ley sobre legítima defensa, el cual tiene como fin eximir de responsabilidad penal a los ciudadanos que -ante una situación de peligro inminente- hagan uso de la fuerza (incluso letal) para proteger la vida o la integridad propia o de terceros. 

Con 78 votos a favor, 19 en contra y 2 abstenciones, el Legislativo aprobó en segunda votación el texto sustitutorio del dictamen presentado por la congresista Patricia Chirinos (Avanza País), que tiene como propósito modificar el Código Penal y el Código Procesal Penal respecto a los alcances de la responsabilidad penal en caso de legítima defensa.

La presidenta de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, Janet Rivas Chacara (Perú Libre), explicó que se modifica el numeral 3 del artículo 20 del Código Penal, Decreto Legislativo 635 sobre Inimputabilidad donde quedan exentos de responsabilidad penal “el que obra en defensa de bienes jurídicos propios o de terceros, con uso de la fuerza, incluido el uso de la fuerza letal”.

También se determinó que no procede la prisión preventiva “en los casos de inminente aplicación de la legítima defensa propia o de tercero conforme a ley; salvo la presencia de antecedentes y/o pruebas fehacientes que justifiquen la existencia del delito o que recaiga sobre la persona sentenciada firme condenatoria”.

Requisitos para no ir a prisión cuando se ejerza la legítima defensa

Como requisito para ello, esta práctica de la legítima defensa tiene que derivar de una agresión real, perpetrada previa irrupción ilegítima dentro de un inmueble, medio de transporte, negocio, empresa, asociación civil, lugar de trabajo o en algún inmueble que sea de propiedad de quien repelió el ataque.

Rivas Chacara precisó que en estos casos quedará excluido el criterio de la proporcionalidad del instrumento con el que se repelió el ataque. En lugar de este principio, se tomará en cuenta “la intensidad y peligrosidad de la agresión, la forma de proceder del agresor y los medios que se dispongan para la defensa”.

También se tomará en cuenta la actitud hacia el agresor por parte de quien se defiende de él, la situación de peligro inminente en la que este se encuentre y la necesidad de proteger tanto su vida como la de terceras personas.   

Otra de las modificaciones al Código Penal propuestas en el dictamen indica que si una persona apela al uso de la fuerza mediante arma de fuego inscrita a su nombre, este objeto será incautado dentro de las siguientes 48 horas para ser sometido a las investigaciones correspondientes.

El congresista Jorge Morante, presentó una documentada denuncia a la Contraloría General de la República, contra la presidente de Perúpetro, Isabel Tafur, y todo su directorio, por presuntamente haber beneficiado a UPLAND OIL AND GAS LLC, sucursal del Perú, con un acuerdo irregular que favorecería directamente a la empresa privada, otorgándole un mayor plazo para sus labores de exploración y explotación de hidrocarburos en el Lote XXIII.

Asimismo, el parlamentario Morante, quien además es miembro de la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República, argumenta que ese supuesto favorecimiento se debe a una estrecha relación entre la actual titular de Perúpetro y el señor Jorge Rivera Reusche, accionista de UPLAND. Dicho favorecimiento habría sido avalado por el ministro de Energía y Minas, Óscar Vera Gargurevich, tal como se indica en la denuncia presentada a la Contraloría que fue dirigida también al Contralor General de la República, Nelson Shack Yalta.

“Llama la atención que el Directorio de PERUPETRO S.A. que dirige la señora Isabel Tafur Marín, haya aprobado el Acuerdo de Directorio N° 039 -2023 con fecha 3 de abril de 2023, que regula el “Acuerdo de Sustitución de Obligaciones y Prórroga de Plazos del Segundo, Tercer y Cuarto Periodo del Programa Mínimo de Trabajo de la Fase de Exploración del Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en el Lote XXIII” sin haber cumplido el procedimiento establecido”, se lee en el documento de la denuncia del parlamentario Morante quien resalta que “Perúpetro acepta la postergación de los compromisos contractuales a cambio de otros compromisos”, deslizando que eso se debería a que la señora Tafur ahora es presidenta de Perúpetro. Una grave denuncia que debería ser atendida de oficio por el Ministerio Público.

En tanto, en relación con la participación del ministro Óscar Vera, el legislador titular de la Comisión de Energía y Minas, sostiene que “resulta extraño que el dueño de la empresa UPLAND tenga una reunión con el ministro días antes que presente una propuesta de modificación de obligaciones de su contrato de exploración y explotación del Lote XXIII y que extrañamente, Perúpetro varía su posición sin mayor sustento; posterior a esto, el señor Jorge Rivera Reusche tuvo una reunión con el Ministro señor Óscar Vera Gargurevich y sus funcionarios en representación de otra de sus empresas: Energy Transfer”.

De esta manera el congresista Morante cuestiona directamente las reuniones previas entre el ministro de Energía y Minas con el señor Jorge Rivera Reusche, y además menciona que la actual titular de Perúpetro, Isabel Tafur, tuvo como cliente al accionista de UPLAND, aseverando que ello podría haber favorecido en el nuevo acuerdo modificatorio.

Denuncia enviada a la Fiscal de la Nación

Ayer por la tarde, el congresista Jorge Morante también envió un oficio de 13 páginas a la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides. En la documentación se adjuntó la denuncia realizada contra el ministro Óscar Vera y contra Isabel Tafur, titular de Perúpetro.

En la misiva se lee: “Me dirijo a usted para saludarle y al mismo tiempo hago de su conocimiento que, mi despacho presentó dos denuncias ante la Contraloría General de la República, contra la presidenta de PERÚPETRO y miembros de su Directorio y contra el ministro de Energía y Minas, donde se detalla actos de presunta comisión de delitos. En virtud de ello, le adjunto al presente estas dos denuncias y le solicito que tome las acciones legales correspondientes de acuerdo a sus atribuciones constitucionales, ya que dichas acciones podrían afectar seriamente la economía nacional, la producción de hidrocarburos y hasta el normal abastecimiento de combustibles”.

Otro de los documentos que se envió fue el oficio N° 044 -2023-2024-JAMF-CR, dirigido a Nelson Shack, en donde se detalla toda la información con una línea de tiempo sobre el presunto favorecimiento a la empresa UPLAND OIL AND GAS LLC.

Le bajaron los humos. El despacho de la presidenta de la República Dina Boluarte publicó ayer una foto donde se reseñaba que la jefa de Estado había sostenido una reunión con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, pero fue la propia Casa Blanca salió a desmentir tal aseveración, precisando que solo se trató de un acto protocolar entre ambos mandatarios.

El encuentro ocurrió la noche anterior durante el saludo de recepción de líderes (Leader’s Reception), que se desarrolló desde las 17:00 horas en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York (MET). Joe y Jill Biden eran los anfitriones.

Fue un momento breve y cargado de formalidad, pese a que Presidencia deslizó que se abordaron “temas relacionados con la cooperación entre ambos países y el apoyo que Perú recibe” de la nación norteamericana.

Un portavoz de la Casa Blanca confirmó al portal Ojo Público que no hubo reunión, mientras la Secretaría de Prensa de Palacio de Gobierno respaldó la misma versión en un comunicado enviado al diario El Comercio.

“Boluarte fue invitada por Joe Biden a la recepción que ofreció la noche del martes en el marco de la 78. ° Asamblea de las Naciones Unidas —se lee en la misiva—. Ella fue recibida por el mandatario y su esposa, y aprovechó la ocasión para agradecer la cooperación y apoyo que nos brinda su país. Además, lo invitó a visitar el Perú”.

Solo en esta jornada, cuando fue publicada la imagen, el mandatario estadounidense mantuvo reuniones bilaterales con el primer ministro de Isarel, Benjamín Netanyahu, y el líder brasileño Luiz Inácio Lula da Silva. Sobre 19:00 horas estaba prevista su salida de Nueva York, donde se realiza la Asamblea General de las Naciones Unidas, y para las 20:55 horas se contempla su llegada a la Casa Blanca, según la agenda pública que comparte Factbase.

Por otro lado, en estos tres días, Boluarte ha mantenido encuentros con sus homólogos Gabriel Boric (Chile), Guillermo Lasso (Ecuador) y Santiago Peña (Paraguay), en la que ha sido considerada una agenda escasa en comparación con otros jefes de Estado que han transparentado sus citas.

“La agenda de Boluarte en la ONU es de las más escuálidas de un presidente latinoamericano. Pero Palacio de Gobierno vende como ‘encuentro’ el hecho de que Bolaurte haya coincidido en el pasillo con el canciller alemán, mandatario de Brasil [Luiz Inácio Lula da Silva] o presidente de Finlandia [Sauli Niinistö]”, acotó el periodista Eloy Marchán, de Hildebrandt en sus trece.

Personal del Ministerio Público llegó hasta el domicilio y la oficina del congresista Guillermo Bermejo, ubicada en el distrito de Santiago de Surco, a fin de realizar las diligencias de allanamiento, descerraje, e incautación de bienes y documentos como parte de las investigaciones enmarcadas en el caso que también es conocido como “Los operadores de la Reconstrucción”.

Según las precisiones reveladas por un colaborador eficaz al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción (EFICCOP), Bermejo habría incurrido en el delito de tráfico de influencias agravado por presuntamente haber recibido una serie de sobornos por cada obra gestionada en la Autoridad Nacional para la Reconstrucción con Cambios (ARCC). Como resultado, la Fiscalía, en compañía de la PNP, llegó hacia la vivienda del legislador ubicada en la Alameda Domingo Tristán y Moscoso, en Santiago de Surco.

La intervención se ejecutó al promediar las 7:00 a.m. en una intervención en la que no fue necesario hacer uso de la fuerza, pues el parlamentario abrió las puertas de su residencia voluntariamente a fin de que el EFICCOP continúe con las pesquisas. Según la tesis de la Fiscalía, es en dicha vivienda de Surco en la que el congresista recibió un sobre manila con 40 mil soles producto de las presuntas coimas que cobraba por cada contrato logrado en la ARCC.

Al mismo tiempo, pero en el Centro de Lima, otro equipo de fiscales se dispuso a las afueras de uno de los edificios del Congreso de la República, a fin de ejecutar también la orden de allanamiento e incautación de bienes y documentos de la oficina del legislador, a raíz de las acusaciones en las que se encuentra inmiscuido.

Los fiscales llegaron a las afueras del lugar de trabajo del congresista Bermejo al promediar las 7:30 a.m.; en donde se realizarán las pesquisas respectivas en el transcurso del día. Como se sabe, junto a Bermejo también se ha sindicado a al ex asesor de Bermejo, Francisco Jara, quien en la actualidad se encuentra cumpliendo un pedido de prisión preventiva por 20 meses.

La disposición de prisión preventiva también fue dictada para Yul Valdivia Beteta, quien también ha sido sindicado como un “asesor en la sombra” del congresista Bermejo, por sus constantes visitas al despacho del legislador, el mismo que en la actualidad se encuentra en intervención por el EFICCOP.

El 1.5% para Bermejo

El congresista ha sido comprendido en la investigación denominada por la Fiscalía de la Nación como el caso “Los Operadores de la Reconstrucción” debido a las implicancias de Bermejo detectadas gracias a un colaborador eficaz. Entre sus revelaciones más relevantes para el Ministerio Público, está el detallado de los porcentajes de comisión que Guillermo Bermejo; Valdivia y Jara recibían por contrato de licitación obtenido en el distrito La Unión.

Según este colaborador, al legislador se le otorgaba un soborno del 1.5% por cada contrato, mientras que a Yul Valdivia y Francisco Jara, se les otorgaba el 0.5%, respectivamente. Estas declaraciones fueron refrendadas también con un audio revelado en el que se deslizaba el esquema de trabajo aplicado por Valdivia y Jara respecto a los encuentros con Bermejo.

Las ve negras. Tal parece que el titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem), Óscar Ver Gargurevich no continuará en su cargo y por ello anda buscando aliados para revertir esa situación. Una moción de censura será debatida mañana en el Pleno y su suerte parece estar echada, sin embargo, el titular del Minem busca aferrarse a su cargo.

Una investigación de Infobae Perú, basada en el portal de transparencia del Minem, demuestra que tres parlamentarios estuvieron en el despacho del ministro Vera, a tan solo días de su probable censura. Es así que el congresista de Acción Popular, Elvis Vergara, estuvo el pasado 15 de setiembre en el despacho del ministro cuestionado.

Un detalla a resaltar: Actualmente, Vergara se encuentra en calidad de investigado por la Fiscalía de la Nación por el presunto delito de organización criminal en el caso ‘Los Niños’; dicho parlamentario no firmó la moción de censura contra Vera.

Sin embargo, el legislador acciopopulista no es el único. El titular del Minem también tuvo reuniones con representantes del Bloque Magisterial.

El ministro Vera también recibió el viernes pasado al congresista Segundo Quiroz, quien llegó acompañado con su asesora Damaris Chacón Paredes, entre las 15:08 a 16:26 horas de la tarde por “motivos de trabajo”.

Quiroz no es el único de la bancada de los profesores que llegó al Minem. Ayer, Pasión Dávila se juntó con Vera entre las 9:25 a 10:45 de la mañana. Ningún miembro del Bloque Magisterial ha firmado la moción de censura del titular de la cartera de Energía y Minas.

Hay que precisar que el integrante del Ejecutivo debía presentarse en la Comisión de Energía y Minas para que explique el proceso de calificación que se le ha otorgado a Petroperú para operar en los lotes petroleros, pero no llegó a asistir.

Precisamente, el congresista Jorge Morante (Fuerza Popular) denunció que el ministro Vera estaría llevando a los voceros de las bancadas a su despacho.

“No tiene tiempo para ir a la comisión, pero sí para reunirse en su despacho con voceros de los grupos parlamentarios con el fin de explicarles sobre la política de hidrocarburos”, dijo ante el grupo de trabajo liderado por Segundo Quiroz, uno de los visitantes del titular de Energía y Minas.

El legislador fujimorista agregó que los asesores del titular del Minem también se estarían moviendo entre las bancadas para saber si existen los 66 votos para aprobar la censura de Óscar Vera.

La Contraloría General de la República detectó una pérdida valorizada en S/ 2 261 460 en el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) debido a que funcionarios y servidores de dicha empresa del Estado dispusieron efectuar pagos indemnizatorios por retiro de confianza a trabajadores que fueron designados directamente (sin concurso público de méritos) en cargos de confianza y de dirección entre enero de 2017 y marzo de 2023.

Según el Informe de Control Especifico N° 16098-2023-CG/VICOS-SCE, cuyo período de evaluación va del 1 de enero de 2017 al 30 de abril de 2023, dichos pagos fueron justificados como “Indemnización especial según artículo 38 de la Ley N° 728” pese a no constituirse como despedidos arbitrarios.

Al respecto, el artículo 34 del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral señala que un trabajador tiene derecho a la indemnización como única reparación por el daño sufrido solo si el despido es arbitrario, es decir, por no haberse expresado causa objetiva derivada de la conducta y/o capacidad del trabajador.

Sin embargo, esta situación no se configuraba para los extrabajadores de Sedapal favorecidos con las indemnizaciones, ya que fueron designados directamente en cargos de confianza y de dirección, por lo que el retiro de confianza o su remoción es una facultad discrecional de la entidad, dado a su naturaleza especial y subjetiva, por lo que no generaba derecho alguno de indemnización por despido arbitrario, debido a que es una forma de extinción de la relación laboral.

Argumentos legales

El informe de Contraloría recuerda que la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia resolvió la Casación Laboral N° 18450-2015-LIMA denominada “Reposición por despido incausado y otros”, donde se pronunció que no corresponde otorgar indemnización por despido arbitrario a los trabajadores que ocuparon puestos de confianza bajo el régimen de la actividad privada (que sigue Sedapal y otras empresas del Estado).

Este criterio interpretativo también fue recogido en el VII Pleno Jurisdiccional Supremo en materia laboral y previsional de las Salas de Derecho Constitucional y Social Permanente y Transitorias de la Corte Suprema de Justicia, publicado en setiembre de 2018, el cual viene siendo aplicado de manera uniforme por las demás instancias jurisdiccionales.

Asimismo, la comisión de control señala que los pagos indemnizatorios por retiro de confianza no cuentan con una norma legal habilitante, por lo que contravienen el principio de legalidad, el cual constituye un parámetro de actuación de la administración pública.

Pese a ello, la justificación usada por Sedapal es un pronunciamiento de su Gerencia de Asuntos Legales y Regulación, y la opinión de un estudio jurídico externo, los cuales no se sustentan en las diferentes fuentes del derecho administrativo, tal como lo señala el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

El rastro de los pagos

En ese sentido, Sedapal realizó 51 pagos indemnizatorios por retiro de confianza a 48 trabajadores designados directamente en cargos de Gerentes y Jefes de Equipo. Según la información analizada por los auditores de la Contraloría, la mayor cantidad de estos pagos se registró en el año 2017 con 14 trabajadores en cargos de confianza (cinco gerentes y nueve jefes de equipo), quienes recibieron pagos por S/ 425 352.80.

También se pagaron indemnizaciones a siete extrabajadores de confianza (un gerente y seis jefes de equipo) por S/ 208 198.38 en el 2018, a otros ocho exjefes de equipo en el 2019 por un valor de                                  S/ 445 719.22, y a otros tres exjefes de equipo en el 2020 por la suma de S/ 151 496.49.

Mientras que en el 2021 se pagaron indemnizaciones por S/ 172 048.06 a 4 exjefes de equipo, en el 2022 se pagaron otros S/ 577 531.88 a nueve extrabajadores (un gerente y ocho jefes de equipo); y hasta marzo del 2023 ya se habían pagado S/ 281 112.70 a seis extrabajadores (jefes de equipo). Cabe precisar que un extrabajador recibió indemnizaciones en dos oportunidades (2017 y 2021), otro recibió también en dos periodos (2018 y 2022) y una extrabajadora recibió en tres ocasiones (2017, 2020 y 2021).

Presuntos responsables

El informe de Contraloría determinó presunta responsabilidad en 22 exfuncionarios de Sedapal (de ese total, siete ocuparon cargos de Gerente General), de los cuales todos tienen presunta responsabilidad civil, cuatro tienen responsabilidad administrativa funcional sujeta a la potestad de la entidad y otros nueve con responsabilidad administrativa sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloría General de la República.

En ese sentido, el informe recomienda al Presidente del Directorio de Sedapal a realizar las acciones que correspondan para el deslinde de las responsabilidades de los funcionarios comprendidos en los hechos detectados por la Contraloría. También se plantea al Órgano Instructor y a la Procuraduría Pública de la Contraloría iniciar las acciones contra los funcionarios y servidores involucrados en las irregularidades reportadas.