Nadie se salva del largo e implacable brazo de la Sunat. El Superintendente Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, Víctor Mejía, indicó durante su participación en la Tercera Conferencia Técnica de la Red de Organizaciones Tributarias que se lleva a cabo en Panamá, que se analiza una eventual aplicación del Impuesto a la Renta (IR) a las ganancias por criptomonedas mediante la aprobación de un nuevo supuesto normativo para Rentas de Capital.

Asimismo, se evalúa aplicar el Impuesto General a las Ventas (IGV) a los envíos de entrega rápida y servicios postales por montos menores a $ 200, que se recaudarán mediante una declaración simplificada y pago desde el exterior. Es decir, a las compras en plataformas de comercio online extranjeras como Temu, AliExpress y otros.

 En la actualidad, las compras internacionales que no superan este monto están exoneradas del pago de impuestos, lo que permite a los consumidores adquirir productos sin costos adicionales.

Sin embargo, cuando una compra supera los US$ 200, el comprador debe pagar tres tipos de impuestos: 18 % de IGV, 4 % de arancel, y 2 % de impuesto al consumo.

No obstante, la SUNAT evalúa implementar un sistema de declaración y pago desde el exterior para recaudar el tributo. Esta medida afectaría a miles de peruanos que adquieren productos de bajo costo en estas plataformas.

Sunat espera recaudar este año más de 200 millones de dólares

En 2025, el cobro del IGV a los servicios contratados en plataformas digitales, así como los impuestos a los juegos y apuestas deportivas a distancia y el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) aplicable a dichas operaciones, representará más de 200 millones de dólares en ingresos para el país.

Mejía detalló que por concepto de IGV a los servicios digitales e importación de intangibles se espera una recaudación de 180 millones dólares, mientras que por el Impuesto a los juegos y apuestas deportivas a distancia y el ISC se esperan ingresos cercanos a los 21 millones de dólares.

No hay plata. Telefónica del Perú no podría pagar sus deudas y ha acordado solicitar un Procedimiento Concursal Ordinario (PCO) ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) para reestructurar sus obligaciones financieras, con la intención de poder garantizar la prestación ininterrumpida de los servicios de telecomunicaciones que provee a más de 13 millones de clientes en zonas urbanas y rurales del Perú.

La filial de la empresa española en el país no se ve en la posibilidad de cumplir con sus deudas sin poner en riesgo sus operaciones, por lo que pedirá que se inicie este proceso para que, mediante una junta de acreedores (entidades y personas a las que la empresa debe) decidan el futuro de la compañía.

Así, la operadora de Movistar apostará por pedir la restructuración de su deuda con un plan para seguir siendo sostenible y mantener su negocio en Perú. Sin embargo, esto dependerá finalmente de lo que decida la junta de acreedores, quienes tendrán el destino de la compañía en sus manos.

Telefónica señaló en su comunicado oficial que continuará prestando servicios sin interrupción a sus más de 13 millones de clientes en zonas urbanas y rurales del Perú. Como se sabe, según el artículo 31 de la Ley General del Sistema Concursal dispone que la declaración de concurso de un deudor no implica el cese de su actividad empresarial, excepto en los casos en los que la Comisión declare la disolución y liquidación del deudor.

Así, en la práctica la evaluación de este pedido podría tomar “más o menos cuatro meses”, señaló Pamela Arce, socia del área de Reestructuración e Insolvencias en Hernandez & Cía. para Infobae Perú, según su experiencia en otros casos similares. Si se admite a trámite la solicitud, se va a declarar el inicio de este procedimiento concursal ordinario.

Tras esto, según la experta, puede tomar alrededor de un año el convocar a la junta de acreedores (estos pueden ser inclusive hasta trabajadores con las que la empresa tenga deudas) para que luego estos decidan sobre el futuro de la compañía. Con estos plazos aproximados, se podría ver en junio ya el inicio de este proceso, y a mediados de 2026 se podría convocar a la junta de acreedores que evaluara si acepta la restructuración o su disolución.

A un paso de que la empresa chilena Parque Arauco se haga de un centro comercial emblemático del Callao. El Grupo Centenario, empresa inmobiliaria peruana, acaba de vender la totalidad de su participación en el centro comercial Minka a la firma chilena Parque Arauco, misma propietaria de Megaplaza.

La compra – venta de 381 millones de soles ahora deberá ser aprobada por Indecopi, según lo estipula la normativa de Control Previo de Operaciones de Concentración Empresarial, por lo que solo se concretará tras recibir la autorización de dicho organismo.

La venta viene en el marco de los esfuerzos de Parque Arauco por intensificar su presencia en Perú mediante inversiones estratégicas y la inauguración de nuevos centros comerciales.

En agosto de 2023, Parque Arauco anunció una inversión de USD 33 millones para la primera fase de la reconversión y ampliación de MegaPlaza Independencia, su centro comercial más destacado en el país, ubicado en Lima Norte. Este proyecto contempla la creación del mayor distrito gastronómico de la zona norte de Lima, la construcción de una amplia plaza central, la incorporación de una nueva área para operadores de servicios de telecomunicaciones y mejoras en la circulación interna del centro comercial. Las obras comenzaron en el segundo semestre de 2023 y se prevé que se inauguren de manera gradual hasta completarse a finales de 2026.

En diciembre de 2024, la empresa inauguró Parque La Molina, su activo número 21 en el país, con una inversión de USD 60 millones, sumando 17 mil metros cuadrados de área arrendable en un distrito de alto poder adquisitivo.

La empresa también ha incursionado en el sector de renta residencial (multifamily) en Perú. En el segundo semestre de 2023, anunció el inicio de la construcción de un proyecto que contempla 141 unidades residenciales en la Avenida La Mar, cerca al malecón de Miraflores, en el límite con San Isidro, una de las zonas más exclusivas y dinámicas de Lima. Este desarrollo busca aprovechar la creciente demanda de viviendas en alquiler en áreas urbanas de alto valor.

Hasta que Indecopi apruebe la millonaria transacción, Minka continúa atendiendo con normalidad. El centro comercial agradeció a “todas las personas y empresas que han sido parte del éxito de Minka durante estos 12 años”.

Se acabó el barril sin fondo para seguir alimentando a Petroperú. El titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), José Arista, comunicó que desde su cartera no se tiene pensado realizar ningún tipo de apoyo financiero a Petroperú, debido a que el año 2024 cerró con una pérdida ascendente a los 968 millones de dólares.

«No. Esas posibilidades de salvataje ya están totalmente anuladas. No existe posibilidades para eso», aseguró.

“Además, a pesar de estas pérdidas, lo que Petroperú necesitaba era liquidez, tiene la suficiente liquidez como para que pueda trabajar tranquilamente todo este periodo», agregó.

En cuanto a la pérdida económica, Alejandro Narváez, presidente de Petroperú, dijo al diario Gestión que la empresa no está “quebrada” y que, pese a sus pérdidas, hay un patrimonio neto positivo.

Narváez dio a conocer quela empresa estataltenía una pérdida neta de $ 750 millones y una pérdida proyectada de $ 960 millones para el 2024, con una participación en el mercado del 25 %.

Por ello, el año anterior, Narváez aseguró que «debemos cerrar con una cuota de participación de mercado de 28 %, con ello se reducirán las pérdidas proyectadas».

Mientras que, para el 2025, «tenemos como meta una cuota de mercado del 38%, lo que nos permitirá obtener cifras en azul”.

El Sol peruano aparece en otros horizontes. Gran mérito del Banco Central de Reservas del Perú (BCRP), a la cabeza de Julio Velarde, en saber sortear los incontables conflictos sociales y políticos en nuestro país, e incluso se puede mencionar una pandemia global, y que pese a todo eso el Sol peruano sea un referente a nivel Sudamericano.

Uno de los países donde más se utiliza como moneda de cambio es sin lugar a dudas en el vecino país de Bolivia, donde su moneda local viene sufriendo una fuerte devaluación. Es en las localidades más cercanas a la frontera entre Perú y Bolivia donde se experimenta con mayor fuerza el intercambio monetario.

Sin embargo, durante un anuncio de la jefa de Estado, Dina Boluarte, en el Foro Económico Mundial, realizado en Suiza, se destacó que el Sol peruano viene siendo utilizado como moneda de cambio en otros países de la región, como Bolivia y Brasil, gracias a la fortaleza que ha mostrado la divisa en una economía que mantiene bajos ratios de inflación.

“Nuestra moneda peruana, el sol peruano, se ha fortalecido en la región. Tan es así que ciudadanos del país del sur Bolivia hacen las transacciones en la moneda peruana, igual hacia el lado de Brasil. Eso nos llena de orgullo, de satisfacción”, relató la mandataria.

De acuerdo al marcador de Investing.com, el valor de S/1 es equivalente a R$1,5915 al 22 de enero del 2025. Si comparamos cada divisa frente al dólar, vemos que, en el caso peruano, la moneda norteamericana se cotiza en S/3,7310, de acuerdo al último cierre del BCRP. En tanto, el Banco Central do Brasil fija un valor de 5,9668 reales por cada dólar.

Valor de la moneda peruana en comparación de las monedas de otros países. Foto: composición GLR.

Entre la crisis de confianza ciudadana por nuestros poderes del Estado, la única que se salva y termina con números en verde es el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), quien recientemente ha salido a comunicar que el sol peruano ha sido elegido como la más sólida en Latinoamérica en el 2024, al registrarse la menor depreciación con respecto al dólar norteamericano.

El ente emisor detalló en un comunicado que durante el año pasado el tipo de cambio cerró en 3.76 soles, lo que implicó un alza de 1,5 % respecto al cierre de 2023.

Agregó que, al 30 de diciembre pasado, las principales monedas de la región se depreciaron a un ritmo de dos dígitos, con el real brasileño aumentando en 27,47 %, el peso mexicano en 21,83 %, el peso chileno en 12,49 % y el peso colombiano en 13,68 %.

La estabilidad de la moneda peruana fue explicada, principalmente, por los sólidos fundamentos macroeconómicos, la credibilidad del banco central y de su política monetaria, el alto nivel de reservas internacionales del país y una balanza comercial superavitaria.

El Banco Central indicó que desde el año 2000 el sol peruano es la moneda que menos se depreció respecto al dólar, al llegar a 5,5 %.

En ese período, el peso chileno lo hizo en 73 %, el peso colombiano en 95,8 %, el peso mexicano en 111,1 % y el real brasileño en 213,4 %.

“Ello reflejó principalmente una tasa de inflación promedio anual que es la más baja de este siglo entre los países de la región con moneda propia”, acotó el BCRP.

De esa manera, la inflación interanual se ubicó en los últimos doce meses «en el centro del rango meta» del país y se alcanzaron nueve meses ininterrumpidos dentro de ese rango, fijado entre 1 y 3 % por el BCRP.

Además, Perú mantuvo el periodo más largo de inflación de un dígito en América Latina, al acumular 27 años y 11 meses, el lapso más extenso con una inflación menor al 10 % desde que se tienen estadísticas de esa variable, medida desde 1901.

Sea una movida política o no, año a año los productos de primera necesidad se han ido incrementando, reduciendo el poder adquisitivo de millones de peruanos que perciben un sueldo mínimo, haciendo que muchas veces se deje alguno de los alimentos del día.

Finalmente, la presidenta de la República, Dina Boluarte, anunció oficialmente el incremento de la Remuneración Mínima Vital (RMV), pasando de S/1,025 a S/1,130, significando un aumento de 105 soles. Esta variación se dará a partir del 1 de enero del 2025.

“No podemos permitir que el Perú crezca a tasas altas y que ese crecimiento no se perciba en el bolsillo de los trabajadores. El progreso debe ser inclusivo y llegar a todos los hogares”, sostuvo tras suscribir el decreto supremo junto con el ministro de Trabajo, Daniel Maurate.

La jefa de Estado explicó que, al no haberse alcanzando un consenso en el Consejo Nacional de Trabajo, el Ejecutivo tomó la responsabilidad de analizar el monto del incremento del sueldo mínimo.

“Luego de ese análisis técnico profesional hoy anuncio que a partir del 1 de enero del 2025 la remuneración mínima vital se incrementará en S/ 105, alcanzando un monto de S/ 1,130”, expresó.

“Esta decisión la tomamos con responsabilidad y pensando en el bienestar de los peruanos. No lo hacemos pensando en el populismo barato ni oportunismo político”, enfatizó Boluarte.

CONFIEP en contra de aumento del sueldo mínimo

En la otra vereda, Alfonso Bustamante, representante de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP) opinó que el aumento del sueldo mínimo dado a conocer hoy por la presidenta Dina Boluarte «es político». 

Para el empresario, los beneficiarios con esta medida alcanzan apenasal 2% de la población laboral. 

El representante de la CONFIEP sustentó este dato en razón a la alta tasa de informalidad y advirtió que la gran empresa no paga sueldo mínimo. 

«El gran empleador del Perú hoy es el sector de la agroindustria que emplea a poco más de un millón de personas directamente y a otro millón indirectamente. Ese millón ya tiene un bono beta que es el 30% superior a la remuneración mínima», dijo, tras agregar que las micro y pequeñas empresas formales son las que resultarán más afectadas.

El vocero de la CONFIEP consideró que el anuncio era «mucho ruido y pocas nueces» y afecta a los microempresarios del país.

«Lo que más quisiéramos es que se multiplique (y esto se logra con competitividad y eficiencia)», expresó a RPP, al tiempo de advertir que la informalidad es un «cáncer» que mantiene a los trabajadores en una situación precaria.

Los primeros en pedir, peor los últimos en honrar sus deudas. El Estado, cuando se trata de cobrar e inventar impuestos busca las mil maneras de realizarla, llegando al punto de intervenir las cuentas de los ciudadanos, pero cuando le toca el turno de solicitar servicios sale a relucir la infame burocracia, tomándole meses y años al proveedor el cobro de su deuda.

Definitivamente la balanza está inclinada para un solo lado, y ese siempre será la del Estado que durante pandemia requirió diversos servicios para la atención de hospitales, centros médicos, locales, y demás entidad estatales debido a la emergencia sanitaria.

Una de ellas es EsSalud, que entre el 2021 y 2024 debe cerca de 6 mil a 7 mil millones de soles a sus proveedores, según información brindada por el director de las Mypes Unidas del Perú (MUP), Daniel Hermoza Negreiros, en declaraciones para el diario Correo.

El director de la MUP también mencionó la situación de las municipalidades, las cuales vienen arrastrando importantes sumas a las micro y pequeñas empresas, sin tener una fecha fija para su cancelación.

Pasa mucho que cuando hay cambio de autoridades municipales, las que entran desconocen las deudas de la anterior gestión y les indica a los responsables de las mypes que cobren a los funcionarios que ya no están”, precisó al citado medio.

Al respecto, puso como ejemplo el caso de la Municipalidad de Breña, que adeuda a las mypes por más de S/200 millones. “Esta Municipalidad está en quiebra”, agregó.

La ley del ‘Perro muerto’ del Estado para las Mypes

Hermosa refirió que muchas mypes proveedoras del Estado tomaron deuda del Banco Mundial (BM) para atender requerimientos de las entidades públicas y no se les paga.

Refirió que Mypes Unidas del Perú ha enviado cartas al Congreso, a la Contraloría y al Ministerio de Economía para que agilicen los pagos a miles de mypes, pero no reciben respuestas.

Explicó que las facturas de las mypes son, en promedio, de S/10 mil, no son atractivas para los funcionarios públicos para cumplir con pagarlas.

Citó el caso de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), cuyos proveedores señalan que la nueva Gerencia General, nombrada hace poco, y la oficina de Asesoría Legal estarían paralizando el pago.

Explicó que en ANA no hicieron el filtro de las mypes que se endeudaron con el BM, para dar servicios en el marco de la emergencia por el Fenómeno El Niño.