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Ministra Fabiola Muñoz y otros funcionarios son investigados por presuntas irregularidades

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La actual ministra de Ambiente, Fabiola Muñoz, fue Directora Ejecutiva de SERFOR (Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre) entre el año 2013 y 2016. En su gestión sucedieron dos hechos que hasta el día de hoy se siguen investigando. En el primer hecho se la involucra directamente por tres presuntas irregularidades, debido a la exoneración del proceso de selección para las contrataciones por un monto aproximado de un millón setecientos mil soles, tal como lo señala el informe de Auditoría N° 017-2016-2-0052.

Informe de auditoria.

Y durante su gestión como Directora Ejecutiva de SERFOR, sucedió la estafa de 12 millones de soles que sufrió el Banco GNB. Una millonaria estafa donde estuvieron involucrados ex funcionarios de SERFOR y que hasta el día de hoy se sigue investigando.

En estas dos denuncias  y documentos a los que tuvimos acceso, figuran funcionarios que actualmente están trabajando en el Ministerio del Ambiente, Ministerio de Defensa, Ministerio de Energía y Minas y hasta hace unos días en el Ministerio de Cultura, ya que luego de nuestra publicación del 27 de noviembre, Lita Aimé Verástegui Soto, renunció como Directora de Recursos Humanos del Ministerio de Cultura, por encontrarse involucrada en la investigación por estafa contra el Banco GNB, investigación que se encuentra actualmente en la Quinta Fiscalía Provincial Penal de Lima.

Ministra Fabiola Muñoz y su Jefa de Gabinete de Asesores Lies Araceli Linares Santos

En el informe de auditoría N° 017-2016-2-0052 donde se investiga a los exfuncionarios de SERFOR por presuntas irregularidades, aparecen cuatro nombres, entre ellos la de la actual ministra del Ambiente Fabiola Muñoz, su actual Jefa de Gabinete de Asesores, Lies Araceli Linares Santos, el ex Director General de la Oficina de Administración de SERFOR, Alejandro Augusto Cedeño Monrroy y Norvil Coronel Olano, ex Director de la Oficina de Abastecimiento de SERFOR.

El informe de auditoria se titula “Verificación de Presuntas Irregularidades en Servicio de Consultoría, y Contrataciones para el Arrendamiento y Acondicionamiento del Local – Servicio Forestal y de Fauna Silvestre”, y señala la responsabilidad directa de las cuatro personas mencionadas.

Conversamos personalmente con la ministra Fabiola Muñoz sobre la estafa de los 12 millones al Banco GNB y sobre el informe de Auditoría en la que se le involucra por presuntas irregularidades.

La estafa al Banco GNB sucedió cuando usted fue Directora Ejecutiva de SERFOR ¿Nunca se enteró de lo que pasaba en ese momento?

Yo nunca tuve ninguna comunicación sobre el tema del Banco GNB, es más, la única información que yo tengo la recibí varios meses después de que salí, y me enteré de que el banco había encontrado una mafia interna del banco y del personal que trabajó ahí, y que se habían hecho varias denuncias. Durante el tiempo que yo estuve ahí, no tuvimos ninguna información al respecto. Yo no tengo ninguna relación con el tema de GNB.

Entonces, nunca tuvo conocimiento hasta después de salir, ya que se enteró por una denuncia del Banco

A ver, el banco nunca me ha notificado ni me ha involucrado en nada, yo me enteré porque hay gente que sigo conociendo que trabaja en SERFOR, y me comentó que había un problema con los préstamos, esa fue la forma como me enteré. Cuando indagué más del problema con los préstamos, me explicaron que el banco había identificado dentro del banco funcionarios que tienen una mafia.

Los involucrados son exfuncionarios del banco y exfuncionarios de SERFOR…

Yo por ejemplo no conozco la investigación, nunca me han citado ni tengo idea de los cargos que se han hecho ni nada de eso.

En el informe de auditoría se le menciona por tres temas, ¿por qué pasó lo de la exoneración del proceso de selección para las contrataciones?

Nosotros tomamos la decisión de hacer un proceso para alquilar un nuevo local, y eso lo hicimos a principios del año. Lamentablemente el proceso quedó desierto y no pudimos contratar, se volvió a lanzar el proceso y quedó desierto por segunda vez, no pudimos contratar en julio, tuvimos que lanzar el proceso de alquiler por tercera vez y recién nosotros hemos recibido el inmueble en la tercera oportunidad en agosto. Entonces el local de CONCYTEC no tenía condiciones, el local del proyecto de inventario forestales no tenía condiciones, la ANA (Autoridad Nacional del Agua) nos estaba desalojando del local donde nosotros estábamos, y el otro local que teníamos vencía el contrato el 31 de diciembre. Si nosotros no nos mudábamos al local que habíamos alquilado, no solo era un tema de hacinamiento o un problema de desalojo, sino que íbamos a dejar de brindar el servicio de los permisos de deforestación, teníamos la información del reglamento de la Ley forestal, que en ese momento se tenía que hacer la consulta previa. Entonces, había condiciones suficientes que iban a generar que no podamos brindar el servicio que como identidad pública tenemos que brindar.

Es decir, usted priorizó eso antes que seguir los procedimientos para realizar las contrataciones…

De hecho no. Nosotros lo que hicimos fue usar una de las causales que existe en la legislación, que permite exonerar los procesos, y de hecho lo consultamos con nuestro OCI (Órgano de Control Interno) y nuestro OCI dijo que efectivamente hay condiciones, y le pedimos que nos diera lo que se llama control concurrente. Entonces, el OCI de SERFOR, nos acompañó en todo el proceso. Eran tres procesos básicamente, lo que era el cableado estructural, el tema de lo que se llama las obras civiles para habilitar lo que se necesitaba de oficinas y el tema de mobiliario. El OCI de SERFOR participó del proceso con nosotros, desde la elaboración de los términos de referencia.

En un documento del 05 de noviembre del 2015 con asunto “Comunicación de hechos identificados para la adopción inmediata de medidas preventivas”, dirigido a Fabiola Muñoz, por parte del señor Jesús Arias Valencia, del OCI de SERFOR, se menciona lo siguiente:

  1. Se viene ejecutando la acción simultánea al proceso de selección exonerado de la adjudicación directa pública para el servicio de acondicionamiento de ambientes para el local alquilado de la sede central de SERFOR, habiéndose acreditado al equipo responsable en la referencia.

Pero en el siguiente párrafo también se señala lo siguiente:

Al respecto, durante la ejecución de la acción simultánea, se han identificado hechos adversos que pudieran afectar la transparencia, probidad, normativa aplicable y el cumplimiento de las metas previstas y que podrían requerir la adopción inmediata de medidas preventivas.

Luego el 18 de diciembre del 2015, el señor Jesús Arias Valencia, envía tres cartas dirigidas a Fabiola Muñoz, sobre el proceso de exoneración de las contrataciones del acondicionamiento de ambientes, adquisición de mobiliario y servicio de cableado estructurado y sistema eléctrico. En las tres cartas se lee dos cosas importantes, en el segundo párrafo dice “…Se le comunica que no se advertido la existencia de hechos que puedan afectar la transparencia, probidad, normativa aplicable y el cumplimiento de las metas previstas”.

Pero en el siguiente párrafo de la carta, claramente dice: “Cabe mencionar que por la naturaleza de la materia de control (actividades de un proceso en curso), y el carácter selectivo del servicio de control, el presente documento no es señal de conformidad, por lo que no limita el ejercicio de control posterior a cargo del Sistema Nacional de Control”.

El hecho es que las conclusiones del informe de auditoría N° 017-2016-2-0052 tiene fuertes argumentos contra la actual ministra Fabiola Muñoz, ya que en dicho informe se señala que las exoneraciones en los tres procesos de contratación se han realizado “sin que concurran las exigencias legales para la configuración de la causal de desabastecimiento, establecidas en la normativa de contrataciones del Estado”. Es decir, no existió fundamento legal para la exoneración de las contracciones por el monto aproximado de un millón setecientos mil soles.

También la conclusión de la auditoría menciona que se ha privado a la entidad de contar con los beneficios y ventajas que ofrece un proceso regular de concurso público, afectándose el principio de eficiencia de la contratación estatal. Siendo esta situación originada por la Directora Ejecutiva de SERFOR (Fabiola Muñoz) sin que concurran las exigencias legales para la configuración de la situación de desabastecimiento.



Dos de las personas que dieron opinión favorable en los informes técnico y legal, fueron el Director General de la Oficina General de Administración, Alejandro Augusto Cedeño Monrroy y Lies Araceli Linares Santos, quien en esa época trabajó en SERFOR como Directora General de la Oficina General de Asesoría Jurídica. Es por eso que también está implicada en el proceso, ya que como señala el informe de auditoría, se dio opinión favorable “pese a que no concurrían las exigencias legales para la configuración de situación de desabastecimiento, previstas en la norma de contrataciones del Estado”.

Además en las recomendaciones de la Auditoría se menciona «Remitir el presente informe con los recaudos y evidencias documentadas correspondientes, al Órgano Instructor competente, para fines del inicio del procedimiento sancionados respecto de los funcionarios señalados en el presente informe».

Sobre el tema, la ministra del Ambiente Fabiola Muñoz, señaló que como hay dos opiniones diferentes del OCI, el que tiene que dirimir ahí es Contraloría, ya que ese proceso no ha terminado.

A pesar de la existencia de este informe de auditoría, Fabiola Muñoz fue nombrada ministra del Ambiente por el presidente Martín Vizcarra, el 02 de abril del 2018 y Lies Araceli Linares Santos se convirtió el 04 de julio del 2018 en Asesora del Despacho Ministerial del Ministerio del Ambiente, luego el 09 de noviembre del 2018 fue designada Jefa del Gabinete de Asesores del Ministerio del Ambiente. Pero, además, el ex Secretario General de SERFOR, José Ángel Valdivia, se convirtió en Secretario General del Ministerio del Ambiente el 03 de abril del 2018.

Presidente Martín Vizcarra y ministra del Ambiente Fabiola Muñoz.

SERFOR Y LA ESTAFA DE LOS 12 MILLONES AL BANCO GNB

Hay que señalar que el convenio de SERFOR con el BANCO GNB, se suscribió el 04 de diciembre del 2014, a través de los representantes del Banco GNB Perú S.A.C el señor José Antonio Bacigalupo Castañeda y el señor Héctor Enrique Ángulo Zavala, y el SERFOR a través del Secretario General, José Ángel Valdivia Morón, con el objeto de regular el otorgamiento de los préstamos por parte de la entidad financiera a los trabajadores de SERFOR, como lo indica el informe legal N°78-2017-SERFOR/OGAJ

Sobre el tema, lo primero que publicamos es el caso de la señora Lita Aimé Verástegui Soto, una de las investigadas por la estafa al Banco GNB. Ella fue Directora de la Oficina General de Recursos Humanos de SERFOR, durante la gestión de Fabiola Muñoz, como Directora Ejecutiva, y luego llegó a ser Directora General de Recursos Humanos del Ministerio de Cultura, gracias a la designación de la ex ministra Patricia Balbuena. Después de publicar la denuncia en Lima Gris el 27 de noviembre, la señora Lita Aimé Verástegui, renunció a su cargo, justo el día que la ex ministra Balbuena se presentó en la Comisión de Cultura del Congreso de la República, por la denuncia de corrupción contra el ex viceministro de Patrimonio Cultural, Luis Felipe Villacorta Ostolaza.

Aquí también aparece el personaje de Alejandro Augusto Cedeño Monrroy, quien fue en la gestión de Fabiola Muñoz en SERFOR, el Director General de la Oficina General de Administración, el señor se encuentra implicado tanto en la investigación del informe de la auditoría y en la denuncia del Banco GNB, por la estafa de 12 millones de soles.

En esta investigación aparecen varios ex funcionarios de SERFOR, que lograron posicionarse en puestos claves en diferentes Ministerios, entre ellos, el de Ambiente, Energía y Minas, Defensa y Cultura. Lima Gris tuvo acceso al Memorando 0277-2017-SERFOR-OGA con fecha del 04 de abril del 2017, al Informe N° 204-2017-SERFOR-OGA/ORH del 04 de abril del 2017 y al Informe Legal N°78-2017-SERFOR/OGAJ con fecha del 03 de marzo del 2017, tres importantes documentos que detallan valiosa información.

Una de las cosas que señala en Informe técnico N° 204-2017-SERFOR-OGA/ORH son las fechas de la desvinculación de algunos ex funcionarios de SERFOR. El señor Alejandro Cedeño Monrroy, se desvincula el 31 de diciembre del 2016, la señora Lita Verástegui Soto, el 23 de diciembre del 2016, la señorita Mónica Pamela Torres Valverde, el 06 de enero del 2017 y el señor José Ángel Valdivia Morón, el 29 de julio del 2016, respectivamente.

¿Cómo fue la estafa de los 12 millones? La estafa se realizó mediante préstamos del Banco GNB. De acuerdo a la carta N°032-2017-SERFOR/OGA-ORH la oficina de Recursos Humanos indicó que la relación de 302 personas enviada por el Banco GNB que habrían accedido al crédito personal como trabajadores de SERFOR, 109 registraban información en la base de datos de SERFOR, mientras que 193 no registran información laboral. Es decir, 193 empleados fantasmas.

Además, señalan que de los 193 que accedieron a los préstamos sin tener relación laboral con SERFOR, cinco personas tienen vinculación familiar con personal de SERFOR. 

Y del total de las 109 personas que registran información laboral, Secretaría Técnica ha identificado a 42 personas habrían presentado documentación falsa para obtener un crédito. Entre los que presentaron información falsa para el crédito figura el nombre de José Ángel Valdivia Morón, actual Secretario General del Ministerio del Ambiente.  

Conversamos personalmente con el señor José Ángel Valdivia Morón, y estas fueron sus declaraciones:

José Ángel Valdivia Morón.

¿Usted sabía del problema que estaba sucediendo con el Banco GNB?

Cuando estuve en SERFOR nunca supe nada.

Pero usted fue parte de las personas que sacó un préstamo…

Sí, yo saqué el préstamo, pero no sabía que había una irregularidad.

Pero su préstamo se hizo con una irregularidad, porque en el informe de SERFOR su nombre figura entre las personas que habrían presentado documentación falsa para acceder al préstamo.

Yo me enteré de eso cuando ya me citaron, porque esto ha pasado por la dirección e investigación de estafas de la policía. Cuando me llaman y me muestran esta documentación y boletas que se señalan, son copias, entonces cuando se pide el original se ve que esta adulterada, son copias adulteradas.

¿Quién dice que esta adulterada?

Yo digo que esta adulterada, porque yo he llevado el original. También hay un peritaje.

Que yo sepa la policía no ha realizado ningún peritaje, el único peritaje que hay, es la que mandó hacer por su cuenta de forma privada la señora Lita Aimé Verástegui.

Ya, pero si tú revisas el atestado, yo no estoy denunciado, están denunciadas otras personas.

Yo no digo que usted está denunciado, mi pregunta fue si usted tenía conocimiento sobre el tema, y me dijo que no.

No, te dije que saqué un préstamo y no que había irregularidades del préstamo que yo saqué como persona natural, eso sí lo tuve porque obviamente yo saqué un préstamo, pero de las irregularidades que ha habido, no he tenido conocimiento.

Pero igual por el monto que usted ganaba no accedía al crédito…

Con el monto que yo ganaba sí accedía al crédito.

El informe se SERFOR dice que usted no accedía al crédito.

Lo que se llena la información, es información que no es cierta. Ese llenado no lo hice yo.

Pero sí accedió al préstamo

Sí saqué un préstamo.

Entonces si llenó un formulario

Yo firmé el formulario en blanco.

Usted se desvincula de SERFOR el 29 de julio del 2016

Sí, porque al día siguiente me designaron como Secretario General del Ministerio del Interior.

Como lo mencionamos líneas arriba, el señor José Ángel Valdivia Morón, fue el responsable de realizar el convenio para los préstamos entre SERFOR y el Banco GNB, pero según sus declaraciones no sabía nada de las irregularidades que se cometieron, a pesar de ser un beneficiario de un préstamo. El nos dice que solo firmó una papel en blanco, pero esto es parte de la documentación presentada para el préstamo.

A nosotros nos llama la atención, como un grupo de ex funcionarios de SERFOR de una gestión que por un lado tiene una investigación por presuntas irregularidades y por otro lado una denuncia por estafa del Banco GNB, ha ido posicionándose y asumiendo cargos en distintos ministerios, tal vez será casualidad, o como dice la ministra Fabiola Muñoz “Cuando hay un cambio de gobierno normalmente los que son cargos de confianza se mueven, cambian presidente e inmediatamente cambian los ministros, de los ministros luego los viceministros y secretarios generales”.

DE SERFOR A DIVERSOS MINISTERIOS

Ahora revisaremos como se han movido los ex funcionarios de SERFOR hacia otros ministerios.

José Ángel Valdivia deja SERFOR el 29 de julio del 2016 se va a trabajar inmediatamente como Secretario General al Ministerio del Interior desde el 30 de julio del 2016 hasta el 02 de abril del 2018.

Lita Aimé Verástegui también ingresa a trabajar al Ministerio del Interior el 23 de diciembre del 2016 hasta el 09 de junio del 2017.  Luego en el 2017 pasa a trabajar el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, como Jefa de la Unidad de Gestión de Talento Humano.

Algunos puesto de Lita Verástegui.

Otro de los investigados que figuran en el informe de auditoría, es Norvil Coronel Olano, luego de trabajar en SERFOR, pasó a ocupar el puesto de Director de Abastecimiento y Servicios en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables en febrero del 2017. Luego en septiembre del 2017 pasa al Ministerio del Interior como Asesor, y en julio del 2018 pasa a trabajar al IPEN (Instituto Peruano de Energía Nuclear) organismo adscrito al Ministerio de Energía y Minas.

En enero de 2017 Lies Araceli Linares Santos, también llega a trabajar en el Ministerio del Interior como Asesora de Secretaría General, cargo que desempeñó hasta julio de 2017.  Ese mismo año la primera en llegar al Ministerio del Ambiente es Lies Araceli Linares, donde ocupa el cargo de asesora del Viceministerio de Desarrollo Estratégico de Recursos Naturales, puesto que desempeña desde julio del 2017 a julio del 2018.

La segunda en llegar al Ministerio del Ambiente fue Fabiola Muñoz, designada como ministra por el presidente Martín Vizcarra, el 02 de abril del 2018, esa misma fecha también es designada ministra de Cultura Patricia Balbuena. El tercero en llegar al Ministerio del Ambiente es José Ángel Valdivia, que es designado como Secretario General por la ministra Fabiola Muñoz el 03 de abril del 2018.

Ya en el 2018 Lita Aimé Verástegui llega al Ministerio de Cultura, designada por Patricia Balbuena el 16 de octubre del presente año como Directora General de la Oficina General de Recursos Humanos del Ministerio de Cultura, según la resolución ministerial N° 412-2018-MC.

Otro nombre que aparece en el informe de SERFOR, es el del ex funcionario de SERFOR, Julio José Arturo Morales Loyola, que ingresó a trabajar al Ministerio de Defensa en marzo del 2018, como Coordinar General de Recursos Humanos para la Dirección de Personal Civil.

Por último, Alejandro Cedeño Monrroy, investigado en el informe de auditoría y en la estafa de los 12 millones al Banco GNB, postuló en el 2017 al Ministerio del Ambiente, pero no ingresó.

TODO EN MANOS DEL CONTRALOR NELSON SHACK

En la Resolución Ministerial N° 0293-2018-MINAGRI se menciona que las resoluciones emitidas de la ex funcionario, Fabiola Muñoz Dorero, en su condición de Directora Ejecutiva de SERFOR, se habría incurrido en una conducta infractora calificada de grave, por tanto correspondería a la Contraloría General de la República, deslindar la presunta conducta funcional de la citada ex funcionaria, en mérito de requisito de competencia material; esto es, conocer desde las actuaciones previas e iniciar el procedimiento administrativo sancionador, de ser el caso, por los hechos identificados en el informe de Auditoría.

Pero esta Resolución Ministerial firmada por el ministro de Agricultura y Riego, Gustavo Eduardo Mostajo Ocola, menciona:

Se resuelve: Declarar de oficio la nulidad de las Resoluciones Ministeriales N° 334-2017-MINAGRI y N° 449-2017-MINAGRI y, por consiguiente nulo y sin efecto legal, el procedimiento administrativo disciplinario iniciado contra la señora Fabiola Muñoz Dorero, ex Directora Ejecutiva de SERFOR, así como nulas todas las actuaciones realizadas por la Comisión Ad Hoc PAD, que tuvo a su cargo el procedimiento administrativo disciplinario seguido contra la mencionada ex funcionaria.

Es decir, el ministro Gustavo Mostajo Ocola, limpió a la actual ministra del Ambiente Fabiola Muñoz. A pesar que se creó una comisión para investigar el tema. Por otro lado el presidente Martín Vizcarra sigue diciendo que en su gobierno se lucha contra la corrupción, pero cuando sus ministros están involucrados en investigaciones, vemos que entre ellos se protegen.

Ahora todo queda en manos la Contraloría General de la República, esperemos que el contralor Nelson Shack, no mire a un costado y no deje pasar más tiempo para concluir las investigación contra la ministra del Ambiente Fabiola Muñoz, o acaso están esperando que prescriba la denuncia.

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Edwin Cavello Limas. Periodista y cinéfilo. Es CEO y director de la revista, radio y TV Lima Gris. Fue editor de la revista ONCE, Actualmente es columnista del diario La Razón, Editor de Cultura de Diario UNO y conductor del programa Lima Gris que se transmite por Radio Planicie 91.5.FM.

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Pataz se levanta: Rondas campesinas inician paro indefinido y bloquearán vías clave

Anunciaron que el paro será indefinido. Exigen al Gobierno central atención urgente a sus demandas.

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En un acto de protesta contundente, las Rondas Campesinas de la provincia de Pataz, en la región La Libertad, han anunciado e iniciado un paro indefinido que incluye el bloqueo de puentes estratégicos y aeródromos usados por empresas mineras. La medida fue formalizada mediante un comunicado firmado por la Central Única de Rondas Campesinas de Pataz, con el respaldo de sus principales dirigentes.

El paro, según el documento difundido este martes, surge como respuesta a lo que consideran una sistemática exclusión de los pequeños mineros del proceso de formalización, así como una política estatal que favorece abiertamente a las grandes compañías mineras en desmedro de las comunidades locales.

Entre los puntos de bloqueo mencionados se encuentran el Puente Mamahuaje, Puente Antonio Raimondi, Puente Calemar y Puente Marcos. Asimismo, las Rondas de los distritos de Pías y Huayo han anunciado que tomarán control de los aeródromos utilizados por las empresas mineras, interrumpiendo así el tránsito aéreo relacionado con estas actividades.

“Alertamos a la población a abastecerse de alimentos y medicinas, pues no habrá paso para vehículos de carga de las empresas mineras”, advierte el comunicado, dejando entrever la magnitud de la paralización.

Exigencias al Estado

Las Rondas Campesinas exigen al gobierno central y al Congreso de la República la atención urgente de tres demandas concretas:

  1. La exclusión arbitraria de pequeños mineros en el proceso de formalización. Exigen que se revise y corrija lo que consideran una marginación injusta, que deja fuera a gran parte de quienes dependen de esta actividad para sobrevivir.
  2. La aprobación de una ley que beneficie a la mayoría de pequeños mineros del país, garantizando su derecho al trabajo frente a la hegemonía de la gran minería y la minería transnacional.
  3. El derecho al trabajo digno para las familias de la provincia de Pataz, que actualmente se ven perjudicadas por decisiones centralistas y políticas que no consideran la realidad local.

Con el lema “¡Basta de saqueo y mentiras!”, las Rondas han declarado que no cederán hasta obtener respuestas. “Si no hay solución, no habrá producción minera en Pataz”, enfatiza el comunicado. Se trata, según sus palabras, de una lucha justa y legítima en defensa de la dignidad de la provincia.

Un paro con raíces sociales y económicas

La provincia de Pataz ha sido históricamente una zona de intensa actividad minera, tanto formal como informal. Sin embargo, el proceso de formalización iniciado por el Estado en los últimos años ha dejado fuera a decenas de pequeños productores, que ahora enfrentan criminalización y pérdida de sustento. Para muchos de ellos, la minería artesanal es su única fuente de ingreso.

La Central Única de Rondas Campesinas denuncia que, mientras las grandes corporaciones continúan explotando los recursos con protección estatal, los pequeños mineros son acosados, perseguidos y privados de sus derechos. En ese contexto, el paro representa no solo una protesta económica, sino también una reivindicación social frente a lo que consideran un modelo extractivista excluyente.

La medida ha generado expectativa y preocupación en toda la región, especialmente por el posible impacto en el abastecimiento de bienes y en la operatividad de las empresas mineras, muchas de las cuales podrían paralizar su producción debido a los bloqueos logísticos.

Desde Lima, hasta el momento, no ha habido un pronunciamiento oficial por parte del Ministerio de Energía y Minas ni de la Presidencia del Consejo de Ministros, a pesar de la advertencia explícita de que el paro será indefinido.

El comunicado concluye con una promesa firme: “Defenderemos nuestro derecho al trabajo amparado en la Constitución”. Las Rondas Campesinas, organizadas y determinadas, han dejado claro que no abandonarán su lucha hasta lograr una respuesta estatal concreta y satisfactoria.

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Condenaron a 20 años de prisión a integrantes de ‘Los injertos del Tren de Aragua’

Proxenetas venezolanos pensaron que en el país la impunidad aún manda.

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Creyeron que en el Perú todo se podía hacer sin consecuencias. Pero no fue así. Cuatro integrantes de la banda criminal venezolana ‘Los injertos del Tren de Aragua’ fueron condenados a 20 años de prisión por el delito de explotación sexual de 10 mujeres extranjeras en el distrito limeño de San Martín de Porres.

Tony Suárez (22), María Griman (27), Izmaury Galindo (26) y Yohan Pedra (34) deberán además pagar, de forma solidaria, una reparación civil de S/ 20 000 a favor de las víctimas, según informó la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Trata de Personas de Lima Norte.

La investigación reveló que las mujeres habían sido engañadas con la promesa de trabajo en Chile. Pero al llegar a Lima, se les informó que no podían continuar su viaje. Allí comenzó la pesadilla: fueron retenidas y obligadas a ejercer la prostitución, bajo amenazas de muerte.

Ante la gravedad de los hechos y tras recibir pedidos de auxilio, las autoridades lograron ubicar el 3 de septiembre de 2022 un inmueble en la urbanización Fiori, en Lima norte, donde operaba esta red criminal. Allí fueron detenidos los delincuentes venezolanos y se rescató a las víctimas.

La fiscal Luisa Inés Quispe Asmat presentó pruebas contundentes en el juicio: peritajes psicológicos, testimonios, actas de intervención, informes policiales y documentos incautados. Todo confirmó el accionar violento y sistemático del grupo criminal.

Este caso deja una lección clara: el Perú no es tierra sin ley, y quienes llegan del extranjero a delinquir creyendo que no habrá castigo, se equivocan. La justicia puede tardar, pero llega. Y en este caso, fue firme contra quienes buscaron lucrar con el sufrimiento humano.

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Más de 140 mil escolares se benefician con mejoras en 168 colegios

El Ministerio de Educación invierte más de 14 millones de soles para garantizar ambientes seguros y adecuados para el aprendizaje.

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El Ministerio de Educación (Minedu) ha destinado más de S/14 millones para mejorar las condiciones de 168 colegios públicos en 31 distritos de Lima Metropolitana, beneficiando directamente a casi 140 mil escolares. Esta intervención incluye desde reparaciones estructurales hasta la entrega de mobiliario escolar, con el objetivo de asegurar entornos seguros y funcionales para estudiantes y docentes.

Las obras se vienen realizando de forma progresiva durante todo el año y contemplan la instalación de mallas raschell contra la radiación solar, renovación de carpetas, sillas y mesas, mantenimiento de estructuras metálicas, y acondicionamiento de puertas, ventanas y otros ambientes. Ante las lluvias persistentes, se ha priorizado la atención en los distritos más afectados, como San Juan de Miraflores y Villa María del Triunfo. En estos sectores ya se trabaja en instituciones como Sol de Los Milagros, Juan Guerrero Quimper, José Olaya Balandra y Bartolomé Mitre.

La intervención se ha dividido en cuatro etapas. Las dos primeras, desarrolladas entre marzo y mayo, beneficiaron a más de 57 mil estudiantes en 61 colegios con una inversión de S/4.5 millones. Actualmente, se ejecuta una tercera fase en 51 instituciones, con S/4.7 millones destinados para mejorar la educación de más de 40 mil escolares. A partir del 7 de julio, arranca una cuarta etapa que atenderá a 56 colegios adicionales, con una inversión similar y más de 41 mil beneficiarios.

Estas acciones del Minedu se respaldan en las leyes 32272 y 32260, que permiten intervenciones inmediatas y financiamiento directo en instituciones educativas públicas afectadas por daños estructurales o emergencias climáticas.

Los colegios intervenidos están ubicados en distritos como Villa El Salvador, San Juan de Lurigancho, El Agustino, Lurín, Ate, Los Olivos, Comas, Chorrillos, Ventanilla, entre otros, abarcando un amplio sector de Lima Metropolitana.

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Mineros informales bloquean siete carreteras tras ser excluidos del REINFO

La exclusión de más de 50 mil mineros del REINFO expone el fracaso de una política de formalización que nunca llegó a los territorios.

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Las tensiones en el sector minero estallaron este lunes 7 de julio, luego de que el Gobierno excluyera a más de 50.000 mineros de la pequeña minería y minería artesanal del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO). La medida ha desencadenado bloqueos en al menos siete vías nacionales, interrumpiendo el tránsito en regiones clave como La Libertad, Arequipa, Cusco e Ica.

El ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, señaló que solo 31.500 mineros han cumplido parcialmente con los requisitos del REINFO y deberán completar cinco etapas adicionales antes de diciembre de 2025. Estas incluyen la formalización laboral, acuerdos de acceso a superficie, firma de contratos con los titulares de concesiones y la incorporación al nuevo Fondo Minero, un mecanismo diseñado para canalizar recursos hacia el desarrollo sostenible del sector.

Por su parte, la presidenta Dina Boluarte justificó la exclusión afirmando que cerca de 45.000 mineros llevaban más de cuatro años sin avanzar en su formalización, a pesar de una prórroga otorgada desde noviembre de 2024. Además, se identificaron 1.500 casos de uso irregular de permisos, incluyendo su alquiler o tercerización en zonas ya concesionadas, lo que habría generado conflictos legales y sociales.

Siete carreteras bloqueadas

De acuerdo con el último reporte de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran), todas las interrupciones en vías nacionales están vinculadas directamente a protestas por parte de mineros informales y pequeños productores. El monitoreo realizado en coordinación con la Policía Nacional, Defensa Civil y concesionarias viales muestra las siguientes rutas afectadas:

Trujillo – Agallpampa – Quiruvilca (km 121), La Libertad: interrumpida por huelga de mineros.

Longitudinal de la Costa Sur (km 443), Ica, Nasca: bloqueada por protesta de la Confederación Nacional de Pequeña Minería.

Mara – Velille (km 37+600), Cusco, Chumbivilcas: vía cerrada por manifestación de mineros artesanales.

Mara – Velille (km 121), Cusco, Chamaca: nuevo punto de bloqueo reportado por la misma confederación.

Costa Sur (km 619), Arequipa, Chala: interrupción por movilización de pequeños mineros.

Costa Sur (km 782), Arequipa, Camaná: manifestación de pobladores vinculados a la minería informal.

Sierra Norte (km 129+500), La Libertad, Quiruvilca: protesta de mineros artesanales.

La situación genera serias afectaciones al transporte de carga, alimentos y personas, además de evidenciar un problema estructural no resuelto: la informalidad minera y la incapacidad del Estado para implementar una política de formalización efectiva y sostenida en el tiempo.

Desde el Gobierno, el mensaje es claro: quienes no cumplan con los pasos establecidos quedarán fuera del proceso. Sin embargo, la falta de acompañamiento técnico, la demora institucional y la débil presencia estatal en zonas mineras explican en parte el fracaso de la formalización. Hoy, esa deuda estalla en las carreteras.

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Miguel Ángel Requejo: una ‘tentativa de homicidio’ que exige justicia

La jueza Kharla Orellana Sánchez dictó nueve meses de prisión preventiva contra Miguel Ángel Requejo, acusado de embestir con su camioneta en el restaurante ‘El Charrúa’.

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En un país donde la impunidad muchas veces se confunde con indulgencia, el Poder Judicial ha ordenado nueve meses de prisión preventiva contra Miguel Ángel Requejo Astochado, el sujeto imputado por tentativa de homicidio calificado, omisión de socorro y otros cargos, tras haber embestido con su vehículo el restaurante «El Charrúa», en La Molina. Este hecho, que dejó cuatro heridos y cuantiosos daños materiales, pudo haber terminado en una tragedia de dimensiones mayores.

La noche del miércoles 2 de julio, Requejo Astochado —según la acusación fiscal— condujo y estrelló su automóvil directamente contra el establecimiento gastronómico, poniendo en grave riesgo la vida de comensales y trabajadores. Entre los lesionados figuran Augusto Fernando Ramengui Quintanilla, Mario Rodolfo Barbacci Quintanilla, Aníbal Aliaga Masías y Dante Ricardo Consiglieri Chávez. Más allá del impacto físico y económico, lo ocurrido revela una profunda irresponsabilidad criminal que hoy intenta disfrazarse de arrepentimiento.

Durante la audiencia, la fiscal Karen Rosario Cueva Quispe fue categórica: el acusado no solo huyó de la escena sin brindar auxilio a los heridos —lo cual evidencia su desprecio por la vida ajena— sino que además tiene antecedentes por lesiones dolosas. A pesar de autodenominarse empresario, no presentó prueba alguna de arraigo laboral. ¿Cómo confiar entonces en que no intentará fugar del país?

Lo más llamativo, sin embargo, fue el cambio de actitud del imputado al escuchar la decisión de la jueza Kharla Orellana Sánchez, quien finalmente acogió el pedido fiscal, dictando 9 meses de prisión de preventiva y dispuso su reclusión hasta abril de 2026. En ese momento, el acusado rompió en llanto y pidió perdón entre balbuceos, apelando a la conmiseración con frases como «El restaurante es como mi casa» o “no sé qué pasó, perdí mis lentes”.

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Técnicos de la FAP son investigados por robar componentes aeronáuticos en Iquitos

Grave escándalo en la Fuerza Aérea del Perú: red de corrupción, robo de componentes aéreos y presuntos vínculos con sicarios comprometen al Grupo Aéreo N.º 42 en Iquitos.

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Por Jorge Linares

El pasado 7 de enero del presente año fue hallado el TIP FAP Boris Meléndrez Seminario en una situación comprometedora con una caja conteniendo diversas piezas pertenecientes a las aeronaves DHC6-Twin Otter Series 300/400, dentro de uno de los almacenes del Grupo Aéreo N° 42 en la ciudad de Iquitos.

Asimismo, se pudo comprobar que no es la primera vez que el TIP FAP Meléndrez incurre en estos actos perniciosos contra la Fuerza Aérea del Perú, como consta en la carpeta fiscal N° 1328-2024, donde se le investiga por ser el único responsable de la pérdida de 4 componentes aéreos: 2 unidades FCU (unidad de control de combustible) y 2 unidades gobernadores de hélices, valorados aproximadamente en medio millón de dólares.

Según las investigaciones de este caso, llama la atención que dos de los testigos claves —el TIP FAP Ronal Borbor Reátegui y el TC3 FAP César Vega Paredes— expresan contradicciones con respecto a la presencia de ambos en un área restringida como es el almacén de alto costo.

De acuerdo con las investigaciones por parte de la Policía y el Ministerio Público, se viene descubriendo más nombres relacionados a otros hechos similares y se puede vincular con una organización criminal dentro de la institución aérea, porque estas personas se han valido de los servicios de un sicario para atentar contra la vida del personal denunciante o de cualquier persona que atente contra sus intereses. Esta afirmación lo corroboró el SO3 FAP Gonzalo Jesús Espinoza Camacho en una colaboración notarial (16 de julio de 2024) al verse descubierto y ser parte de esta estructura criminal, como consta en la carpeta fiscal 17-2025, derivada de la carpeta fiscal 1161-2024.

El SO2 FAP (r) Carlos Andrés Burgos Huapaya, quien en su momento fue abogado de los implicados, manifestó que había dejado de llevar la defensa legal del SO3 FAP Anghelo Albornoz Córdova porque era indefendible ante las evidencias que hay en su contra por haber envenenado al perro guardián para ingresar sin autorización al hangar del Escuadrón de Mantenimiento N° 426 del Grupo Aéreo N° 42 el 13 de julio del 2024 a las 3:40 a.m. y que contó con la participación de los técnicos TC3 FAP César Vega Paredes, SO2 FAP Julio Gonzáles Ramírez y el sicario, quien hasta la fecha no está identificado; pero hay una probabilidad de que sea un mal miembro de la PNP del grupo terna. Burgos también aseveró que este robo de piezas de aviones es una práctica antigua en el Grupo Aéreo N° 42.

Desde el inicio de las investigaciones hasta la fecha, ninguno de los investigados se presentó a dar sus declaraciones, dejando entrever una posición obstruccionista y sospechosa para esclarecer estos hechos execrables que son materia de investigación, a excepción del SO3 FAP Gonzalo Jesús Espinoza Camacho, quien se ratificó de su primera manifestación en la sede policial y fiscal. Todos los implicados pertenecían al área de mantenimiento de motores del Grupo Aéreo N° 42 y ya fueron dados de baja, a excepción del TIP FAP Ronal Borbor Reátegui, quien pidió de manera voluntaria su pase a retiro, despertando mayor sospecha en su persona ya que tenía una carrera militar ascendente.

Es de mucha valía que las autoridades del Ministerio de Defensa y de la Fuerza Aérea del Perú, brinden importancia a este escándalo de corrupción dentro de la institución aérea, porque más allá del evidente robo millonario que le vienen haciendo al país estos malos efectivos, perjudican de manera directa la gran labor social que realiza el Grupo Aéreo N° 42 en la Amazonía peruana.

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Pisaq y Tipón bajo amenaza: turistas defecan en nuestro patrimonio por falta de baños

Una denuncia ciudadana revela que, por falta de baños y señalización, turistas estarían utilizando zonas arqueológicas como letrinas

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Hay actos que no solo denotan ignorancia, sino un desprecio inconsciente –y por eso más brutal– por la historia que nos sostiene. Lo que está ocurriendo en los Parques Arqueológicos de Pisaq y Tipón no es una simple anécdota escatológica, como algún burócrata desganado podría resumir en un parte olvidable. Es, en verdad, una forma sutil y cruel de profanación.

El 29 de junio, según denuncias de guías turísticos, visitantes defecaron y orinaron entre las piedras sagradas de nuestros ancestros. Y no lo hicieron por rebeldía o vandalismo gratuito, sino porque no hay baños. Así de sencillo. Así de grotesco.

La escena sería cómica si no fuera tan trágica: turistas desesperados, buscando dónde aliviarse, mientras la brisa andina arrastra los ecos de un pasado glorioso convertido en letrina. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo es posible que un país que se llena la boca hablando de su riqueza patrimonial no sea capaz de instalar un baño seco, una letrina digna, un mísero cartel que diga “por aquí no”?

El problema no es nuevo. Lo nuevo es la frecuencia con la que se repite, la indiferencia con la que se recibe, y la absoluta desidia de quienes deben solucionarlo. La Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, órgano que debería velar por estos santuarios, parece vivir en un letargo administrativo. La escasa señalización, la falta de personal de resguardo y la inexistencia de puntos de información para los visitantes no son fallas técnicas: son síntomas de una renuncia institucional a proteger lo que nos define.

Pero la responsabilidad no termina ahí. El Ministerio de Cultura, que debería ser la conciencia vigilante del país, se ha convertido en una oficina de trámites opacos, más preocupada en sostener convenios insólitos con asociaciones ufológicas que en evitar que las ruinas se llenen de heces.

Lo que ocurre en Pisaq y Tipón no es solo un atentado físico contra las piedras: es una erosión simbólica. Cada micción entre muros incas es una bofetada a nuestra identidad. Cada excremento, una prueba de que el Estado se desentiende de su misión civilizatoria. Porque eso es, al final, el patrimonio: un recordatorio de que venimos de algo más alto que nosotros mismos.

No basta con declarar la indignación. Urge que el Estado reaccione, que asigne presupuesto, que entienda –de una buena vez– que la defensa del patrimonio no es un lujo, sino una urgencia nacional. Que los caminos del turismo no pueden estar sembrados de basura, ni los templos ancestrales convertidos en urinarios.

Si no somos capaces de proteger ni siquiera las huellas de quienes nos precedieron, ¿cómo aspiramos a dejar alguna huella nosotros?

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Respuesta a Carta Notarial de Hotel Casa República

El gerente general del ‘Hotel Casa República’ envió una carta notarial requiriendo que se rectifiquen las supuestas expresiones falsas y difamatorias publicadas en una nota periodística del 17 de junio en nuestra web. Esta es la respuesta de Lima Gris.

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Llegó a nuestra redacción una carta notarial fechada el 25 de junio de 2025, recibida con fecha 2 de julio del presente, enviada por el gerente general del Hotel Casa República, señor Juan José Mendoza Arredondo, en la que se nos requiere la rectificación de una nota periodística publicada el 17 de junio de 2025 en el portal digital de la revista Lima Gris, titulada: “Barranco y el ruido del Hotel Casa República”, bajo el argumento de que la misma contendría afirmaciones «falsas y difamatorias».

Al respecto, como medio de comunicación debidamente constituido y en ejercicio legítimo de la libertad de prensa, respetuosamente expresamos lo siguiente:

  1. Libertad de información y de expresión protegidas constitucionalmente

La publicación realizada por Lima Gris responde a la labor periodística de informar sobre hechos de interés público, en este caso, las quejas y preocupaciones de vecinos del distrito de Barranco respecto al impacto de ciertas actividades nocturnas en su entorno urbano y patrimonial. Esto se encuentra amparado por el artículo 2 inciso 4 de la Constitución Política del Perú, que reconoce el derecho fundamental a «buscar, recibir y difundir información de toda índole por cualquier medio de comunicación». Este derecho no solo ampara a los periodistas, sino también a la ciudadanía que tiene derecho a ser informada.

  • Veracidad y sustento de la información publicada

Contrario a lo afirmado en su carta notarial, la publicación en mención no contiene expresiones difamatorias ni afirmaciones falsas. La información difundida ha sido elaborada con base en fuentes verificables, incluyendo testimonios directos de residentes, material audiovisual y reportes ciudadanos disponibles en redes sociales y otras plataformas. En ningún momento se ha atribuido de manera maliciosa o con intención de dañar, la generación de «escándalos nocturnos» al hotel sin fundamento fáctico.

  • No existe animus difamandi

El contenido publicado se enmarca en un ejercicio legítimo de crítica y fiscalización periodística. Como lo ha sostenido reiteradamente el Tribunal Constitucional del Perú y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el debate público admite expresiones incluso severas cuando se trata de asuntos de interés común. La publicación no ha tenido como propósito afectar la imagen de su representada, sino evidenciar un problema urbano percibido por un sector de la comunidad.

  • Exigencia desproporcionada y amedrentamiento a la prensa

La amenaza de iniciar acciones penales y civiles en caso de no acceder a un pedido de «rectificación total en 24 horas» constituye una forma de censura indirecta y presión indebida sobre la libertad de prensa, prohibida por el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Resulta preocupante que un actor privado pretenda condicionar la labor informativa mediante la judicialización de contenidos críticos.

  • Posibilidad de réplica o descargo

Como corresponde a un medio que respeta el pluralismo, reiteramos que el Hotel Casa República pudo ejercer su derecho a réplica en el mismo portal, en vista que pudimos comunicarnos telefónicamente con el gerente Juan José Mendoza Arredondo, y cuyas versiones fueron debidamente transcritas en la misma publicación en calidad de descargo.

Por lo tanto, no existe obligación legal de rectificar contenidos que han sido redactados de buena fe, con base en hechos y bajo un interés informativo legítimo. En consecuencia, rechazamos el requerimiento de rectificación exigido en su carta notarial.

Sin otro particular, reafirmamos nuestro compromiso con el periodismo independiente, crítico y respetuoso del estado de derecho.

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