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Ministra Fabiola Muñoz y otros funcionarios son investigados por presuntas irregularidades

La actual ministra de Ambiente, Fabiola Muñoz, fue Directora Ejecutiva de SERFOR (Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre) entre el año 2013 y 2016. En su gestión sucedieron dos hechos que hasta el día de hoy se siguen investigando. En el primer hecho se la involucra directamente por tres presuntas irregularidades, debido a la exoneración del proceso de selección para las contrataciones por un monto aproximado de un millón setecientos mil soles, tal como lo señala el informe de Auditoría N° 017-2016-2-0052.

Y durante su gestión como Directora Ejecutiva de SERFOR, sucedió la estafa de 12 millones de soles que sufrió el Banco GNB. Una millonaria estafa donde estuvieron involucrados ex funcionarios de SERFOR y que hasta el día de hoy se sigue investigando.
En estas dos denuncias y documentos a los que tuvimos acceso, figuran funcionarios que actualmente están trabajando en el Ministerio del Ambiente, Ministerio de Defensa, Ministerio de Energía y Minas y hasta hace unos días en el Ministerio de Cultura, ya que luego de nuestra publicación del 27 de noviembre, Lita Aimé Verástegui Soto, renunció como Directora de Recursos Humanos del Ministerio de Cultura, por encontrarse involucrada en la investigación por estafa contra el Banco GNB, investigación que se encuentra actualmente en la Quinta Fiscalía Provincial Penal de Lima.

Ministra Fabiola Muñoz y su Jefa de Gabinete de Asesores Lies Araceli Linares Santos
En el informe de auditoría N° 017-2016-2-0052 donde se investiga a los exfuncionarios de SERFOR por presuntas irregularidades, aparecen cuatro nombres, entre ellos la de la actual ministra del Ambiente Fabiola Muñoz, su actual Jefa de Gabinete de Asesores, Lies Araceli Linares Santos, el ex Director General de la Oficina de Administración de SERFOR, Alejandro Augusto Cedeño Monrroy y Norvil Coronel Olano, ex Director de la Oficina de Abastecimiento de SERFOR.
El informe de auditoria se titula “Verificación de Presuntas Irregularidades en Servicio de Consultoría, y Contrataciones para el Arrendamiento y Acondicionamiento del Local – Servicio Forestal y de Fauna Silvestre”, y señala la responsabilidad directa de las cuatro personas mencionadas.

Conversamos personalmente con la ministra Fabiola Muñoz sobre la estafa de los 12 millones al Banco GNB y sobre el informe de Auditoría en la que se le involucra por presuntas irregularidades.

La estafa al Banco GNB sucedió cuando usted fue Directora Ejecutiva de SERFOR ¿Nunca se enteró de lo que pasaba en ese momento?
Yo nunca tuve ninguna comunicación sobre el tema del Banco GNB, es más, la única información que yo tengo la recibí varios meses después de que salí, y me enteré de que el banco había encontrado una mafia interna del banco y del personal que trabajó ahí, y que se habían hecho varias denuncias. Durante el tiempo que yo estuve ahí, no tuvimos ninguna información al respecto. Yo no tengo ninguna relación con el tema de GNB.
Entonces, nunca tuvo conocimiento hasta después de salir, ya que se enteró por una denuncia del Banco
A ver, el banco nunca me ha notificado ni me ha involucrado en nada, yo me enteré porque hay gente que sigo conociendo que trabaja en SERFOR, y me comentó que había un problema con los préstamos, esa fue la forma como me enteré. Cuando indagué más del problema con los préstamos, me explicaron que el banco había identificado dentro del banco funcionarios que tienen una mafia.
Los involucrados son exfuncionarios del banco y exfuncionarios de SERFOR…
Yo por ejemplo no conozco la investigación, nunca me han citado ni tengo idea de los cargos que se han hecho ni nada de eso.
En el informe de auditoría se le menciona por tres temas, ¿por qué pasó lo de la exoneración del proceso de selección para las contrataciones?
Nosotros tomamos la decisión de hacer un proceso para alquilar un nuevo local, y eso lo hicimos a principios del año. Lamentablemente el proceso quedó desierto y no pudimos contratar, se volvió a lanzar el proceso y quedó desierto por segunda vez, no pudimos contratar en julio, tuvimos que lanzar el proceso de alquiler por tercera vez y recién nosotros hemos recibido el inmueble en la tercera oportunidad en agosto. Entonces el local de CONCYTEC no tenía condiciones, el local del proyecto de inventario forestales no tenía condiciones, la ANA (Autoridad Nacional del Agua) nos estaba desalojando del local donde nosotros estábamos, y el otro local que teníamos vencía el contrato el 31 de diciembre. Si nosotros no nos mudábamos al local que habíamos alquilado, no solo era un tema de hacinamiento o un problema de desalojo, sino que íbamos a dejar de brindar el servicio de los permisos de deforestación, teníamos la información del reglamento de la Ley forestal, que en ese momento se tenía que hacer la consulta previa. Entonces, había condiciones suficientes que iban a generar que no podamos brindar el servicio que como identidad pública tenemos que brindar.
Es decir, usted priorizó eso antes que seguir los procedimientos para realizar las contrataciones…
De hecho no. Nosotros lo que hicimos fue usar una de las causales que existe en la legislación, que permite exonerar los procesos, y de hecho lo consultamos con nuestro OCI (Órgano de Control Interno) y nuestro OCI dijo que efectivamente hay condiciones, y le pedimos que nos diera lo que se llama control concurrente. Entonces, el OCI de SERFOR, nos acompañó en todo el proceso. Eran tres procesos básicamente, lo que era el cableado estructural, el tema de lo que se llama las obras civiles para habilitar lo que se necesitaba de oficinas y el tema de mobiliario. El OCI de SERFOR participó del proceso con nosotros, desde la elaboración de los términos de referencia.

En un documento del 05 de noviembre del 2015 con asunto “Comunicación de hechos identificados para la adopción inmediata de medidas preventivas”, dirigido a Fabiola Muñoz, por parte del señor Jesús Arias Valencia, del OCI de SERFOR, se menciona lo siguiente:
- Se viene ejecutando la acción simultánea al proceso de selección exonerado de la adjudicación directa pública para el servicio de acondicionamiento de ambientes para el local alquilado de la sede central de SERFOR, habiéndose acreditado al equipo responsable en la referencia.
Pero en el siguiente párrafo también se señala lo siguiente:
Al respecto, durante la ejecución de la acción simultánea, se han identificado hechos adversos que pudieran afectar la transparencia, probidad, normativa aplicable y el cumplimiento de las metas previstas y que podrían requerir la adopción inmediata de medidas preventivas.

Luego el 18 de diciembre del 2015, el señor Jesús Arias Valencia, envía tres cartas dirigidas a Fabiola Muñoz, sobre el proceso de exoneración de las contrataciones del acondicionamiento de ambientes, adquisición de mobiliario y servicio de cableado estructurado y sistema eléctrico. En las tres cartas se lee dos cosas importantes, en el segundo párrafo dice “…Se le comunica que no se advertido la existencia de hechos que puedan afectar la transparencia, probidad, normativa aplicable y el cumplimiento de las metas previstas”.
Pero en el siguiente párrafo de la carta, claramente dice: “Cabe mencionar que por la naturaleza de la materia de control (actividades de un proceso en curso), y el carácter selectivo del servicio de control, el presente documento no es señal de conformidad, por lo que no limita el ejercicio de control posterior a cargo del Sistema Nacional de Control”.

El hecho es que las conclusiones del informe de auditoría N° 017-2016-2-0052 tiene fuertes argumentos contra la actual ministra Fabiola Muñoz, ya que en dicho informe se señala que las exoneraciones en los tres procesos de contratación se han realizado “sin que concurran las exigencias legales para la configuración de la causal de desabastecimiento, establecidas en la normativa de contrataciones del Estado”. Es decir, no existió fundamento legal para la exoneración de las contracciones por el monto aproximado de un millón setecientos mil soles.

También la conclusión de la auditoría menciona que se ha privado a la entidad de contar con los beneficios y ventajas que ofrece un proceso regular de concurso público, afectándose el principio de eficiencia de la contratación estatal. Siendo esta situación originada por la Directora Ejecutiva de SERFOR (Fabiola Muñoz) sin que concurran las exigencias legales para la configuración de la situación de desabastecimiento.



Dos de las personas que dieron opinión favorable en los informes técnico y legal, fueron el Director General de la Oficina General de Administración, Alejandro Augusto Cedeño Monrroy y Lies Araceli Linares Santos, quien en esa época trabajó en SERFOR como Directora General de la Oficina General de Asesoría Jurídica. Es por eso que también está implicada en el proceso, ya que como señala el informe de auditoría, se dio opinión favorable “pese a que no concurrían las exigencias legales para la configuración de situación de desabastecimiento, previstas en la norma de contrataciones del Estado”.
Además en las recomendaciones de la Auditoría se menciona «Remitir el presente informe con los recaudos y evidencias documentadas correspondientes, al Órgano Instructor competente, para fines del inicio del procedimiento sancionados respecto de los funcionarios señalados en el presente informe».

Sobre el tema, la ministra del Ambiente Fabiola Muñoz, señaló que como hay dos opiniones diferentes del OCI, el que tiene que dirimir ahí es Contraloría, ya que ese proceso no ha terminado.
A pesar de la existencia de este informe de auditoría, Fabiola Muñoz fue nombrada ministra del Ambiente por el presidente Martín Vizcarra, el 02 de abril del 2018 y Lies Araceli Linares Santos se convirtió el 04 de julio del 2018 en Asesora del Despacho Ministerial del Ministerio del Ambiente, luego el 09 de noviembre del 2018 fue designada Jefa del Gabinete de Asesores del Ministerio del Ambiente. Pero, además, el ex Secretario General de SERFOR, José Ángel Valdivia, se convirtió en Secretario General del Ministerio del Ambiente el 03 de abril del 2018.

SERFOR Y LA ESTAFA DE LOS 12 MILLONES AL BANCO GNB
Hay que señalar que el convenio de SERFOR con el BANCO GNB, se suscribió el 04 de diciembre del 2014, a través de los representantes del Banco GNB Perú S.A.C el señor José Antonio Bacigalupo Castañeda y el señor Héctor Enrique Ángulo Zavala, y el SERFOR a través del Secretario General, José Ángel Valdivia Morón, con el objeto de regular el otorgamiento de los préstamos por parte de la entidad financiera a los trabajadores de SERFOR, como lo indica el informe legal N°78-2017-SERFOR/OGAJ
Sobre el tema, lo primero que publicamos es el caso de la señora Lita Aimé Verástegui Soto, una de las investigadas por la estafa al Banco GNB. Ella fue Directora de la Oficina General de Recursos Humanos de SERFOR, durante la gestión de Fabiola Muñoz, como Directora Ejecutiva, y luego llegó a ser Directora General de Recursos Humanos del Ministerio de Cultura, gracias a la designación de la ex ministra Patricia Balbuena. Después de publicar la denuncia en Lima Gris el 27 de noviembre, la señora Lita Aimé Verástegui, renunció a su cargo, justo el día que la ex ministra Balbuena se presentó en la Comisión de Cultura del Congreso de la República, por la denuncia de corrupción contra el ex viceministro de Patrimonio Cultural, Luis Felipe Villacorta Ostolaza.
Aquí también aparece el personaje de Alejandro Augusto Cedeño Monrroy, quien fue en la gestión de Fabiola Muñoz en SERFOR, el Director General de la Oficina General de Administración, el señor se encuentra implicado tanto en la investigación del informe de la auditoría y en la denuncia del Banco GNB, por la estafa de 12 millones de soles.
En esta investigación aparecen varios ex funcionarios de SERFOR, que lograron posicionarse en puestos claves en diferentes Ministerios, entre ellos, el de Ambiente, Energía y Minas, Defensa y Cultura. Lima Gris tuvo acceso al Memorando 0277-2017-SERFOR-OGA con fecha del 04 de abril del 2017, al Informe N° 204-2017-SERFOR-OGA/ORH del 04 de abril del 2017 y al Informe Legal N°78-2017-SERFOR/OGAJ con fecha del 03 de marzo del 2017, tres importantes documentos que detallan valiosa información.

Una de las cosas que señala en Informe técnico N° 204-2017-SERFOR-OGA/ORH son las fechas de la desvinculación de algunos ex funcionarios de SERFOR. El señor Alejandro Cedeño Monrroy, se desvincula el 31 de diciembre del 2016, la señora Lita Verástegui Soto, el 23 de diciembre del 2016, la señorita Mónica Pamela Torres Valverde, el 06 de enero del 2017 y el señor José Ángel Valdivia Morón, el 29 de julio del 2016, respectivamente.

¿Cómo fue la estafa de los 12 millones? La estafa se realizó mediante préstamos del Banco GNB. De acuerdo a la carta N°032-2017-SERFOR/OGA-ORH la oficina de Recursos Humanos indicó que la relación de 302 personas enviada por el Banco GNB que habrían accedido al crédito personal como trabajadores de SERFOR, 109 registraban información en la base de datos de SERFOR, mientras que 193 no registran información laboral. Es decir, 193 empleados fantasmas.
Además, señalan que de los 193 que accedieron a los préstamos sin tener relación laboral con SERFOR, cinco personas tienen vinculación familiar con personal de SERFOR.

Y del total de las 109 personas que registran información laboral, Secretaría Técnica ha identificado a 42 personas habrían presentado documentación falsa para obtener un crédito. Entre los que presentaron información falsa para el crédito figura el nombre de José Ángel Valdivia Morón, actual Secretario General del Ministerio del Ambiente.
Conversamos personalmente con el señor José Ángel Valdivia Morón, y estas fueron sus declaraciones:

¿Usted sabía del problema que estaba sucediendo con el Banco GNB?
Cuando estuve en SERFOR nunca supe nada.
Pero usted fue parte de las personas que sacó un préstamo…
Sí, yo saqué el préstamo, pero no sabía que había una irregularidad.
Pero su préstamo se hizo con una irregularidad, porque en el informe de SERFOR su nombre figura entre las personas que habrían presentado documentación falsa para acceder al préstamo.
Yo me enteré de eso cuando ya me citaron, porque esto ha pasado por la dirección e investigación de estafas de la policía. Cuando me llaman y me muestran esta documentación y boletas que se señalan, son copias, entonces cuando se pide el original se ve que esta adulterada, son copias adulteradas.
¿Quién dice que esta adulterada?
Yo digo que esta adulterada, porque yo he llevado el original. También hay un peritaje.
Que yo sepa la policía no ha realizado ningún peritaje, el único peritaje que hay, es la que mandó hacer por su cuenta de forma privada la señora Lita Aimé Verástegui.
Ya, pero si tú revisas el atestado, yo no estoy denunciado, están denunciadas otras personas.
Yo no digo que usted está denunciado, mi pregunta fue si usted tenía conocimiento sobre el tema, y me dijo que no.
No, te dije que saqué un préstamo y no que había irregularidades del préstamo que yo saqué como persona natural, eso sí lo tuve porque obviamente yo saqué un préstamo, pero de las irregularidades que ha habido, no he tenido conocimiento.
Pero igual por el monto que usted ganaba no accedía al crédito…
Con el monto que yo ganaba sí accedía al crédito.
El informe se SERFOR dice que usted no accedía al crédito.
Lo que se llena la información, es información que no es cierta. Ese llenado no lo hice yo.
Pero sí accedió al préstamo
Sí saqué un préstamo.
Entonces si llenó un formulario
Yo firmé el formulario en blanco.
Usted se desvincula de SERFOR el 29 de julio del 2016
Sí, porque al día siguiente me designaron como Secretario General del Ministerio del Interior.
Como lo mencionamos líneas arriba, el señor José Ángel Valdivia Morón, fue el responsable de realizar el convenio para los préstamos entre SERFOR y el Banco GNB, pero según sus declaraciones no sabía nada de las irregularidades que se cometieron, a pesar de ser un beneficiario de un préstamo. El nos dice que solo firmó una papel en blanco, pero esto es parte de la documentación presentada para el préstamo.



A nosotros nos llama la atención, como un grupo de ex funcionarios de SERFOR de una gestión que por un lado tiene una investigación por presuntas irregularidades y por otro lado una denuncia por estafa del Banco GNB, ha ido posicionándose y asumiendo cargos en distintos ministerios, tal vez será casualidad, o como dice la ministra Fabiola Muñoz “Cuando hay un cambio de gobierno normalmente los que son cargos de confianza se mueven, cambian presidente e inmediatamente cambian los ministros, de los ministros luego los viceministros y secretarios generales”.
DE SERFOR A DIVERSOS MINISTERIOS
Ahora revisaremos como se han movido los ex funcionarios de SERFOR hacia otros ministerios.
José Ángel Valdivia deja SERFOR el 29 de julio del 2016 se va a trabajar inmediatamente como Secretario General al Ministerio del Interior desde el 30 de julio del 2016 hasta el 02 de abril del 2018.

Lita Aimé Verástegui también ingresa a trabajar al Ministerio del Interior el 23 de diciembre del 2016 hasta el 09 de junio del 2017. Luego en el 2017 pasa a trabajar el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, como Jefa de la Unidad de Gestión de Talento Humano.

Otro de los investigados que figuran en el informe de auditoría, es Norvil Coronel Olano, luego de trabajar en SERFOR, pasó a ocupar el puesto de Director de Abastecimiento y Servicios en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables en febrero del 2017. Luego en septiembre del 2017 pasa al Ministerio del Interior como Asesor, y en julio del 2018 pasa a trabajar al IPEN (Instituto Peruano de Energía Nuclear) organismo adscrito al Ministerio de Energía y Minas.

En enero de 2017 Lies Araceli Linares Santos, también llega a trabajar en el Ministerio del Interior como Asesora de Secretaría General, cargo que desempeñó hasta julio de 2017. Ese mismo año la primera en llegar al Ministerio del Ambiente es Lies Araceli Linares, donde ocupa el cargo de asesora del Viceministerio de Desarrollo Estratégico de Recursos Naturales, puesto que desempeña desde julio del 2017 a julio del 2018.

La segunda en llegar al Ministerio del Ambiente fue Fabiola Muñoz, designada como ministra por el presidente Martín Vizcarra, el 02 de abril del 2018, esa misma fecha también es designada ministra de Cultura Patricia Balbuena. El tercero en llegar al Ministerio del Ambiente es José Ángel Valdivia, que es designado como Secretario General por la ministra Fabiola Muñoz el 03 de abril del 2018.

Ya en el 2018 Lita Aimé Verástegui llega al Ministerio de Cultura, designada por Patricia Balbuena el 16 de octubre del presente año como Directora General de la Oficina General de Recursos Humanos del Ministerio de Cultura, según la resolución ministerial N° 412-2018-MC.
Otro nombre que aparece en el informe de SERFOR, es el del ex funcionario de SERFOR, Julio José Arturo Morales Loyola, que ingresó a trabajar al Ministerio de Defensa en marzo del 2018, como Coordinar General de Recursos Humanos para la Dirección de Personal Civil.

Por último, Alejandro Cedeño Monrroy, investigado en el informe de auditoría y en la estafa de los 12 millones al Banco GNB, postuló en el 2017 al Ministerio del Ambiente, pero no ingresó.

TODO EN MANOS DEL CONTRALOR NELSON SHACK
En la Resolución Ministerial N° 0293-2018-MINAGRI se menciona que las resoluciones emitidas de la ex funcionario, Fabiola Muñoz Dorero, en su condición de Directora Ejecutiva de SERFOR, se habría incurrido en una conducta infractora calificada de grave, por tanto correspondería a la Contraloría General de la República, deslindar la presunta conducta funcional de la citada ex funcionaria, en mérito de requisito de competencia material; esto es, conocer desde las actuaciones previas e iniciar el procedimiento administrativo sancionador, de ser el caso, por los hechos identificados en el informe de Auditoría.
Pero esta Resolución Ministerial firmada por el ministro de Agricultura y Riego, Gustavo Eduardo Mostajo Ocola, menciona:

Se resuelve: Declarar de oficio la nulidad de las Resoluciones Ministeriales N° 334-2017-MINAGRI y N° 449-2017-MINAGRI y, por consiguiente nulo y sin efecto legal, el procedimiento administrativo disciplinario iniciado contra la señora Fabiola Muñoz Dorero, ex Directora Ejecutiva de SERFOR, así como nulas todas las actuaciones realizadas por la Comisión Ad Hoc PAD, que tuvo a su cargo el procedimiento administrativo disciplinario seguido contra la mencionada ex funcionaria.

Es decir, el ministro Gustavo Mostajo Ocola, limpió a la actual ministra del Ambiente Fabiola Muñoz. A pesar que se creó una comisión para investigar el tema. Por otro lado el presidente Martín Vizcarra sigue diciendo que en su gobierno se lucha contra la corrupción, pero cuando sus ministros están involucrados en investigaciones, vemos que entre ellos se protegen.
Ahora todo queda en manos la Contraloría General de la República, esperemos que el contralor Nelson Shack, no mire a un costado y no deje pasar más tiempo para concluir las investigación contra la ministra del Ambiente Fabiola Muñoz, o acaso están esperando que prescriba la denuncia.
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Profesor de Bellas Artes amenaza con querellar a sus colegas por difundir publicación periodística
Mauro Yrigoyen Fajardo, docente y esposo de la directora de Bellas Artes, ha amenazado con denunciar a profesores que compartieron una nota periodística que lo vincula a millonarios beneficios judiciales.

Una reciente publicación de Lima Gris titulada: “Directora y profesores de Bellas Artes tras más de 5 millones de soles por beneficios judiciales” ha reavivado tensiones dentro de la Universidad Nacional Autónoma de Bellas Artes del Perú (UNABAP). El informe periodístico revela que la actual directora general, Eva Dalila López Miranda, su esposo, el profesor Mauro Jacobo Yrigoyen Fajardo, y un grupo de docentes cercanos a la gestión, interpusieron demandas judiciales para obtener millonarios pagos por presuntos beneficios laborales, pese a que existirían fundamentos administrativos que cuestionan la legalidad de tales compensaciones.

Directora General de Bellas Artes, su esposo Mauro Yrigoyen y un grupo de docentes obtienen millonarios pagos, tras demandar a la institución donde laboran
Frente a la difusión de esta información —de acceso público y de interés institucional— el profesor Yrigoyen Fajardo ha optado por una respuesta que ha sido calificada por sus colegas como intimidatoria: ha amenazado con querellas por difamación a quienes compartan o comenten el contenido de la mencionada nota.
«Dejen de replicar una nota que la hace suya al publicarla y que no se ajusta a la verdad, o les haré una querella por difamación», se lee en el mensaje del docente Mauro Yrigoyen.

La advertencia se realizó en un grupo de WhatsApp denominado “DOCENTES_ENSABAP”, donde participan profesores de la casa de estudios. En dicho espacio, Yrigoyen Fajardo afirmó que las demandas iniciadas en 2014 por un grupo de 22 docentes —incluyéndose él mismo— fueron procesos ganados legalmente y que aún se encuentran en etapa de liquidación. También señaló que no se ha percibido monto alguno, y que el desembolso no le corresponde a la universidad bellasartina, sino al Ministerio de Educación y a la Procuraduría General del Estado. Además, alegó que se está atentando contra su honor por bajezas personales.
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Directora y profesores de Bellas Artes tras más de 5 millones de soles por beneficios judiciales
La Directora General de Bellas Artes, su esposo Mauro Yrigoyen y un grupo de docentes obtuvieron millonarios pagos tras demandar a la institución donde laboran. A través de procesos judiciales, lograron beneficios que, en algunos casos, superan el medio millón de soles por persona. En total, los requerimientos económicos de este grupo ascienden a la millonaria suma de más de 5 millones de soles.

La actual directora general de la Universidad Nacional Autónoma de Bellas Artes del Perú (UNABAP), antes Escuela Nacional de Bellas Artes del Perú (ENSABAP), Eva Dalila López Miranda, su esposo Mauro Jacobo Yrigoyen Fajardo y un grupo de docentes allegados, han protagonizado una serie de demandas judiciales contra la institución. A través de estas acciones legales, han obtenido y buscan obtener millonarios pagos por supuestos beneficios laborales, pese a que existen fundamentos legales y administrativos que indicarían que tales compensaciones no les corresponden.
Una estrategia judicial
Desde hace varios años, un grupo de docentes vinculados a la Dirección ha instaurado una práctica sistemática de llevar al ámbito judicial diversos reclamos laborales. Esta tendencia, definida por trabajadores internos como el “modus operandi de judicializar todo”, ha resultado en múltiples juicios contra Bellas Artes, los cuales han permitido a los demandantes obtener beneficios económicos que en condiciones regulares serían improbables.

Mauro Yrigoyen, Eva López y Antonio Pimentel.
Entre los casos más llamativos se encuentra el uso de demandas judiciales para obtener grados académicos sin haber cumplido los requisitos establecidos por ley. En algunos expedientes, jueces han ordenado que se reconozca el grado de bachiller a docentes que solo contaban con un título profesional a nombre de la Nación, sin tesis ni el proceso universitario correspondiente. Es la primera vez que un juez dispone homologar un título profesional como equivalente al grado académico de bachiller sin sustentación de tesis.

Grado de Eva Dalila López Miranda (Directora General de Bellas Artes).

Grado de Mauro Jacobo Yrigoyen Fajardo (Esposo de la Directora General).

Grado de Herminio Andía Chávez (Director de Centro Pre Bellas Artes (Cepreba).
Demandas por beneficios millonarios
El patrón se repite en el terreno económico. Eva López Miranda, en su rol de directora general, junto con su esposo Mauro Yrigoyen Fajardo y otros colaboradores cercanos, han interpuesto demandas para exigir pagos por nivelación de sueldos, bonificaciones por preparación de clases y otros conceptos. Algunos de estos montos alcanzan cifras que superan el medio millón de soles por persona.

Esposo de la Directora General de Bellas Artes demandó a la escuela por nivelación de sueldos.
Por ejemplo:
Mauro Jacobo Yrigoyen Fajardo (esposo de la directora) ha solicitado el pago de S/ 484,519.74.

Herminio Andía Chávez, actual director del Centro Pre Bellas Artes (Cepreba), exige S/ 573,641.92.

Antonio Pimentel Nieto, exdirector de dicho centro, demanda S/ 326,068.74.

A esto se suma un juicio global por S/ 2’898,987.44 ya en etapa de ejecución.
En total, los requerimientos judiciales interpuestos por Mauro Yrigoyen Fajardo y este grupo ascenderían a aproximadamente S/ 5,374,502 (cinco millones trescientos setenta y cuatro mil quinientos dos soles), monto que representa una carga presupuestal que afectaría las arcas de la institución universitaria.
¿Les corresponde por ley?
La base legal a la que apelan estos docentes para justificar sus demandas es la Ley N.º 29944, Ley de Reforma Magisterial. En particular, argumentan tener derecho a beneficios señalados en el artículo 41° de dicha ley, como vacaciones, asignaciones, compensaciones por tiempo de servicio, subsidios por luto y otros.
Sin embargo, existe una omisión crucial: el artículo 4° de la misma norma establece como requisito indispensable para acceder a estos beneficios ser profesional de la educación, es decir, contar con título de profesor o licenciatura en educación, con calificaciones y competencias debidamente certificadas.
Al revisar la situación académica de los demandantes, se observa que muchos no cumplen con este requisito. Según información de SUNEDU, ni la directora Eva López Miranda, ni su esposo Mauro Yrigoyen, ni sus funcionarios cercanos como Herminio Andía Chávez y José Lino Ayala, cuentan con títulos pedagógicos que los acrediten como profesionales de la educación.
En consecuencia, su inclusión en el régimen de la Ley 29944 es jurídicamente cuestionable. De hecho, por no cumplir con los requisitos mínimos exigidos por ley, los beneficios reclamados no deberían ser reconocidos. Más aún, se sostiene que parte de lo ya cobrado podría haber sido obtenido de manera irregular y, por tanto, debería ser devuelto.
Reincorporados, no nuevos contratados
Otro punto crítico es el régimen laboral al que pertenecen estos docentes. Según la Ley N.º 26860 de 1997, que reorganiza la Escuela Nacional de Bellas Artes, el personal que ingresó a laborar después de su entrada en vigencia se sujeta al régimen laboral de la actividad privada. Sin embargo, los docentes demandantes no ingresaron como nuevos contratados, sino que fueron reincorporados o repuestos por orden judicial, lo cual implica que mantienen su régimen original: el del Decreto Legislativo N.º 276 (administrativo público).
Como se recuerda, el 27 de junio de 2012, una sentencia del Tribunal Constitucional declaró fundada la demanda de amparo presentada por Mauro Yrigoyen Fajardo y otros docentes, por despido arbitrario. En consecuencia, se ordenó a la Escuela Nacional de Bellas Artes la reposición de Eva Dalila López Miranda, Herminio Andía Chávez, Serafín López Fabián, José Lino Ayala, Juan Marcelino León Dextre y Martina Martínez Rodríguez. Este grupo de docentes ha mantenido una relación muy estrecha y “coordinada” desde entonces.

Sentencia del TC falló a favor de la “cofradía” de docentes bellasartinos.
Pese a ello, en sus demandas utilizan como argumento la Ley del Profesorado N.º 24029, que también requiere título profesional de profesor para pertenecer a la carrera pública. Una vez más, muchos de los demandantes no cumplen ese requisito básico, por lo que su inclusión en dicha carrera y los beneficios asociados también carecerían de sustento legal.
En busca de más millones
La controversia alcanzó un punto álgido con la Resolución N.º 33 del 28 de diciembre de 2023, emitida por el juzgado que atiende el pedido del Sr. Mauro Yrigoyen Fajardo. En dicha resolución, se autoriza el embargo en forma de retención de hasta S/ 2’898,987.44, ordenando que la Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú retenga fondos no ejecutados del presupuesto 2023 para cubrir el pago.


Resolución N° 33 que atiende pedido de Mauro Yrigoyen y se autoriza embargo.
Este hecho se torna aún más preocupante cuando se revela que el propio demandante conocía con anticipación el monto no ejecutado en el área de Recursos Humanos. Tal como consta en documentos oficiales, el presupuesto del área en 2023 fue de S/ 2’495,048, de los cuales solo se ejecutaron S/ 1’107,088, quedando S/ 1’387,960.46 sin usar.


Resolución 34 que se integra como parte de la Resolución 33.
El 28 de marzo de 2025, mediante la Resolución N.º 38, el juzgado aprobó las pericias de parte de los demandantes y otorgó un plazo de diez días para que Bellas Artes cumpla con abonar los siguientes montos:
Mauro Yrigoyen Fajardo (esposo de la directora López Miranda) : S/ 484,519.74


Cuadro de reintegro e intereses a favor de Mauro Yrigoyen Fajardo.
Serafín López Fabián: S/ 479,368.34


Cuadro de reintegro e intereses a favor de Serafín López Fabián.
Herminio Andía Chávez: S/ 573,641.92


Cuadro de reintegro e intereses a favor de Herminio Andía Chávez.
Antonio Pimentel Nieto: S/ 326,068.74


Cuadro de reintegro e intereses a favor de Antonio Pimentel Nieto.
Estas cifras no incluyen los S/ 611,919.88 ya cobrados entre 2011 y 2014 (según se indica, en promedio 27 mil soles por persona, (incluida la directora López Miranda), ni el juicio general de casi tres millones en ejecución.
Total estimado:
S/ 5,374,502 (cinco millones trescientos setenta y cuatro millones) en beneficios judiciales.


Resolución N.º 38 que ordena a Bellas Artes abonar cientos de miles de soles a los docentes demandantes.
¿De dónde saldrá el dinero?
El origen de los fondos para cubrir estos pagos ha generado alarma. Documentos judiciales demuestran que la Dirección de Planificación de Bellas Artes liderada por el señor Alfredo Ocrospoma proporcionó a la Secretaría General de la escuela mediante el FUT N.º 8643, información detallada sobre la ejecución presupuestal de los años 2016 al 2023. Esa data fue utilizada para identificar los saldos disponibles, los cuales están siendo comprometidos judicialmente para pagar los beneficios en litigio.
Por ejemplo, del presupuesto 2023 de S/ 2’495,048 asignado a Recursos Humanos, solo se ejecutó S/ 1’107,088, dejando disponible S/ 1´387,960.46; cantidad suficiente para cubrir lo solicitado judicialmente.
Una ejecución presupuestal en crisis
La ejecución presupuestal general de la institución también ha sido motivo de pronunciamiento por parte del Sindicato de Trabajadores Administrativos. En un comunicado fechado el 24 de junio de 2025, el gremio alerta que “la ejecución presupuestal se hace agua”.

Pronunciamiento del Sindicato de Trabajadores de Bellas Artes.
Según el portal del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Bellas Artes ha ejecutado apenas S/ 4´133,880 de un presupuesto total de S/ 14´687,497, es decir, menos del 30% a mitad de año.
El sindicato se pregunta con ironía si la razón detrás de esta baja ejecución es el deseo de reservar fondos para el cumplimiento de sentencias judiciales como las aquí descritas. Mientras tanto, los recursos que deberían invertirse en mejoras académicas, obras, equipos, atención estudiantil y otros fines prioritarios, siguen sin ejecutarse. ¿Será que no hay ejecución para luego pagar millonarios beneficios que están judicializados?
Un detalle importante, aquí la directora Eva López sería juez y parte, ya que ella dirige Bellas Artes, y al mismo tiempo impulsa procesos judiciales que la benefician directamente.

Eva López.
El caso de la UNABAP revela un patrón preocupante: el uso del aparato judicial para obtener beneficios económicos personales a costa del presupuesto público, incluso cuando existen fundamentos legales para cuestionar dichas demandas. La falta de títulos pedagógicos, el régimen laboral inaplicable, el conocimiento previo del presupuesto disponible y la sospechosa inejecución de fondos institucionales conforman un escenario que merece la atención de las autoridades fiscalizadoras.
Lima Gris intentó comunicarse vía telefónica con Mauro Yrigoyen Fajardo, su esposa Eva Dalila López Miranda, Antonio Pimentel Nieto, Herminio Andía Chávez, y Serafín López Fabián, para que brinden sus descargos respectivos, y se les dejó un mensaje en el chat del WhatsApp.
Hasta el cierre del informe la única funcionaria que respondió el mensaje fue la directora general Eva Dalila López Miranda; sin embargo, se abstuvo de responder las preguntas que se le formuló y únicamente indicó que todas las consultas le sean derivadas a la secretaria general de la UNABAP, Mabel Lizarzaburu Rodríguez, con quien luego de entablar comunicación se le formuló las preguntas correspondientes; sin embargo, tampoco respondió las mismas.
Mientras tanto, la universidad más importante de formación artística del país enfrenta una crisis financiera que afecta directamente su misión educativa. Finalmente, el Ministerio de Educación, hasta el cierre de este informe, tampoco se pronuncia oficialmente sobre este escandaloso caso.
Actualidad
El controvertido viaje de la alcaldesa de Barranco a Israel
Mientras Barranco afronta caos urbano y obras inconclusas, su alcaldesa Jessica Vargas hará una gira a Israel para asistir a la MUNI EXPO 2025. La agenda incluye visitas a zonas de conflicto, memoriales de ataques terroristas y encuentros políticos. Es decir, será parte de la campaña proisraelí.

El pasado 7 de julio, la Municipalidad Distrital de Barranco recibió una invitación del Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado de Israel dirigida a la alcaldesa Jessica Vargas Gómez, para participar en la MUNI EXPO 2025. El evento, organizado por la Federación de Autoridades Locales de Israel, se llevará a cabo entre el 12 y el 19 de julio en Jerusalén y Tel Aviv. La invitación fue canalizada por la Secretaría General a través de Jorge Luis Rey de Castro y remitida a la Gerencia Municipal para su evaluación.

Invitación a la alcaldesa de Barranco Jessica Vargas para viaje a Israel.
Desde el primer momento, el procedimiento burocrático siguió su curso. El gerente municipal, Manuel Milenco Espinoza Loarte, solicitó un dictamen legal a la Gerencia de Asesoría Jurídica, bajo la dirección de Jorge Aurelio Alferrano D’Onofrio, para determinar la procedencia del viaje. En su informe, Alferrano concluyó que el Consejo Municipal debía autorizar o rechazar la solicitud, dado que los costos del viaje (pasajes aéreos, alojamiento, alimentación, visitas técnicas, transporte interno y entrada al evento) serán asumidos por los organizadores, a excepción del seguro médico y de viaje.

Memorándum enviado por el Gerente Municipal al Gerente Legal de la MDB.
No obstante, en un matiz significativo, el asesor legal recomendó que, en caso de no obtener la autorización del Consejo, la alcaldesa podía optar por hacer uso de su descanso vacacional para asistir al evento, siempre que se dejara constancia oficial de la encargatura del despacho edil al teniente alcalde, Jaime Chihuán León.


Informe del Gerente Legal, que eleva autorización de viaje al Consejo Municipal.
¿Un viaje de “interés nacional”?
Más allá de los tecnicismos legales, el informe jurídico de Alferrano citó la Ley N° 27619, que regula los viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos. Esta norma establece, en su artículo 2°, que los viajes deben estar debidamente sustentados en un interés nacional o institucional. La pregunta inevitable es: ¿responde este viaje a una necesidad urgente del distrito o representa un genuino interés institucional? ¿O estamos frente a otro caso de turismo diplomático disfrazado de gestión pública?

Informe del abogado Alferrano señala que viaje obedece a un interés institucional.
La agenda oficial del evento deja dudas razonables. Incluye actividades con un marcado tinte político e incluso militar, como visitas a zonas afectadas por ataques con misiles iraníes, recorridos por kibutzim atacados por Hamás el 7 de octubre de 2023, y encuentros con sobrevivientes de estos eventos, como la fatídica Fiesta Nova.

Itinerario a seguir el 14 de julio en Israel.
También se contempla un diálogo con el periodista Henrique Cymerman, especialista en temas de Medio Oriente, y recorridos por lugares históricos y turísticos como el Monte Bental, la Galilea, el Mar de Galilea, Cesarea Marítima, y el Museo del Holocausto Yad Vashem.

Itinerario a seguir el 16 de julio en Israel.
Uno se pregunta: ¿qué beneficio directo o indirecto obtiene el distrito de Barranco de estas actividades geopolíticas? ¿De qué manera la visita a un sitio de conflicto bélico en el Mediterráneo oriental se traduce en mejoras para la congestión vial, la seguridad ciudadana, el ordenamiento urbano o la gestión ambiental de este pequeño distrito limeño?
Un distrito que espera soluciones
Mientras la alcaldesa prepara su maleta, Barranco sigue sumido en problemas urgentes y cotidianos. Las obras inconclusas en la avenida 28 de Julio y Alfonso Ugarte mantienen cerradas vías clave del distrito, generando congestionamiento vehicular, desvíos improvisados y el malestar creciente de los vecinos. Se han tenido que habilitar ambos sentidos en la avenida Grau como medida de emergencia, un reflejo claro del desorden urbano. La paciencia de los barranquinos se agota ante demoras sin explicación técnica clara ni cronogramas realistas de ejecución.
La sensación general es que la gestión edil prioriza el protocolo internacional por encima de las urgencias vecinales. En un contexto donde cada día de inacción pesa sobre la calidad de vida de los ciudadanos, la imagen de una alcaldesa ausente en una gira que difícilmente se traducirá en mejoras concretas para su distrito no es bien recibida.
Sesión extraordinaria y votos divididos Ante la solicitud de autorización del viaje, el Secretario General, Rey de Castro convocó a una sesión extraordinaria del Concejo Municipal, celebrada el miércoles 9 de julio por la mañana.

Secretario General Rey de Castro convocó a Sesión de Consejo para tratar autorización de viaje.
El resultado no fue unánime, pero bastó para aprobar la solicitud. Cuatro regidores votaron a favor del viaje: Juan Mariluz, Aldair Santa Cruz, Cristina Vásquez y Marcos Montes de Oca. Tres se pronunciaron en contra: Jaime Chihuán, Katia Tataje y Fiorella Muñoz. Resulta particularmente llamativo que dos de los votos en contra provinieran de regidores afines a la actual administración (Chihuán-Tataje), lo cual sugiere un posible desacuerdo interno.
Esta división política no es menor. Revela que, incluso entre los aliados, existe incomodidad sobre la forma en que se priorizan las actividades de la alcaldesa. Para muchos, el mensaje es claro: se está más interesado en las relaciones internacionales que en los vecinos de siempre.
¿Turismo disfrazado de gestión?
El itinerario de la alcaldesa Jessica Vargas en Israel refuerza la impresión de que el viaje tiene más de turismo que de gestión municipal. Desde cenas de bienvenida hasta visitas a sitios religiosos, memoriales del Holocausto, mercados y calles históricas, la agenda está salpicada de actividades de carácter más simbólico y cultural, que técnico o administrativo. Aunque se prevé la asistencia a la MUNI EXPO y algunas reuniones con autoridades israelíes, la proporción de actividades turísticas parece desproporcionada para un viaje que se ampara en el supuesto “interés institucional”.
El viernes 18 de julio, por ejemplo, la agenda incluye visitas al Monte Bental, un volcán en inactividad en el Golán; y a lugares cristianos en Galilea, como Capernaum, Tabgha y Yardenit en el Río Jordán, donde se realizan bautismos simbólicos. Un día después, la alcaldesa paseará por las ruinas de Cesarea Marítima, ciudad portuaria construida por el rey Herodes hace más de 2000 años. ¿Cuál es el valor técnico de esta experiencia para la administración de un distrito de 3 km² al sur de Lima?

El viernes 18 de julio la alcaldesa visitará el volcán Bental y el Río de Jordán.
¿Una nueva tendencia en la política local?
Este tipo de viajes internacionales no es un fenómeno aislado. En los últimos años, varios alcaldes y autoridades locales han aprovechado invitaciones diplomáticas para justificar desplazamientos al extranjero, muchas veces sin resultados tangibles. La ciudadanía empieza a ver con escepticismo estos periplos, que suelen coincidir con periodos de crisis interna o baja aprobación política.

Alcaldesa Jessica Vargas viajó en marzo de 2024 a Punta Cana con invitación falsa.
En el plano nacional, es inevitable recordar el caso de la presidenta Dina Boluarte, cuyas prioridades personales —como cirugías estéticas, viajes oficiales y aumentos de sueldo— han sido objeto de crítica por parte de la opinión pública, mientras el país enfrenta problemas estructurales profundos. ¿Está ocurriendo lo mismo en la escala distrital? ¿Se está replicando esta lógica—al estilo Boluarte—de desconexión entre la agenda del poder y las necesidades del pueblo?
La alcaldesa de Barranco, Jessica Vargas Gómez, viajará a Israel con la venia del Concejo Municipal. Sin embargo, su decisión revela una preocupante desconexión con la realidad de su distrito. El contexto no acompaña: grúas implacables que aún operan pese a la ilegalidad de sus operaciones; calles colapsadas, obras sin terminar y vecinos molestos por la falta de respuestas concretas. Mientras tanto, se opta por asistir a un evento en el extranjero cuyo impacto en la gestión local es, como mínimo, cuestionable.
En una época donde se demanda austeridad, eficacia y transparencia, la autoridad edil parece seguir una ruta contraria. La interrogante sigue en el aire: ¿estamos ante un viaje institucional o ante un sofisticado periplo turístico financiado en parte por terceros, pero legitimado por la estructura del Estado?
Actualidad
Pataz se levanta: Rondas campesinas inician paro indefinido y bloquearán vías clave
Anunciaron que el paro será indefinido. Exigen al Gobierno central atención urgente a sus demandas.

En un acto de protesta contundente, las Rondas Campesinas de la provincia de Pataz, en la región La Libertad, han anunciado e iniciado un paro indefinido que incluye el bloqueo de puentes estratégicos y aeródromos usados por empresas mineras. La medida fue formalizada mediante un comunicado firmado por la Central Única de Rondas Campesinas de Pataz, con el respaldo de sus principales dirigentes.
El paro, según el documento difundido este martes, surge como respuesta a lo que consideran una sistemática exclusión de los pequeños mineros del proceso de formalización, así como una política estatal que favorece abiertamente a las grandes compañías mineras en desmedro de las comunidades locales.
Entre los puntos de bloqueo mencionados se encuentran el Puente Mamahuaje, Puente Antonio Raimondi, Puente Calemar y Puente Marcos. Asimismo, las Rondas de los distritos de Pías y Huayo han anunciado que tomarán control de los aeródromos utilizados por las empresas mineras, interrumpiendo así el tránsito aéreo relacionado con estas actividades.
“Alertamos a la población a abastecerse de alimentos y medicinas, pues no habrá paso para vehículos de carga de las empresas mineras”, advierte el comunicado, dejando entrever la magnitud de la paralización.

Exigencias al Estado
Las Rondas Campesinas exigen al gobierno central y al Congreso de la República la atención urgente de tres demandas concretas:
- La exclusión arbitraria de pequeños mineros en el proceso de formalización. Exigen que se revise y corrija lo que consideran una marginación injusta, que deja fuera a gran parte de quienes dependen de esta actividad para sobrevivir.
- La aprobación de una ley que beneficie a la mayoría de pequeños mineros del país, garantizando su derecho al trabajo frente a la hegemonía de la gran minería y la minería transnacional.
- El derecho al trabajo digno para las familias de la provincia de Pataz, que actualmente se ven perjudicadas por decisiones centralistas y políticas que no consideran la realidad local.
Con el lema “¡Basta de saqueo y mentiras!”, las Rondas han declarado que no cederán hasta obtener respuestas. “Si no hay solución, no habrá producción minera en Pataz”, enfatiza el comunicado. Se trata, según sus palabras, de una lucha justa y legítima en defensa de la dignidad de la provincia.

Un paro con raíces sociales y económicas
La provincia de Pataz ha sido históricamente una zona de intensa actividad minera, tanto formal como informal. Sin embargo, el proceso de formalización iniciado por el Estado en los últimos años ha dejado fuera a decenas de pequeños productores, que ahora enfrentan criminalización y pérdida de sustento. Para muchos de ellos, la minería artesanal es su única fuente de ingreso.
La Central Única de Rondas Campesinas denuncia que, mientras las grandes corporaciones continúan explotando los recursos con protección estatal, los pequeños mineros son acosados, perseguidos y privados de sus derechos. En ese contexto, el paro representa no solo una protesta económica, sino también una reivindicación social frente a lo que consideran un modelo extractivista excluyente.
La medida ha generado expectativa y preocupación en toda la región, especialmente por el posible impacto en el abastecimiento de bienes y en la operatividad de las empresas mineras, muchas de las cuales podrían paralizar su producción debido a los bloqueos logísticos.
Desde Lima, hasta el momento, no ha habido un pronunciamiento oficial por parte del Ministerio de Energía y Minas ni de la Presidencia del Consejo de Ministros, a pesar de la advertencia explícita de que el paro será indefinido.
El comunicado concluye con una promesa firme: “Defenderemos nuestro derecho al trabajo amparado en la Constitución”. Las Rondas Campesinas, organizadas y determinadas, han dejado claro que no abandonarán su lucha hasta lograr una respuesta estatal concreta y satisfactoria.
Actualidad
Condenaron a 20 años de prisión a integrantes de ‘Los injertos del Tren de Aragua’
Proxenetas venezolanos pensaron que en el país la impunidad aún manda.

Creyeron que en el Perú todo se podía hacer sin consecuencias. Pero no fue así. Cuatro integrantes de la banda criminal venezolana ‘Los injertos del Tren de Aragua’ fueron condenados a 20 años de prisión por el delito de explotación sexual de 10 mujeres extranjeras en el distrito limeño de San Martín de Porres.
Tony Suárez (22), María Griman (27), Izmaury Galindo (26) y Yohan Pedra (34) deberán además pagar, de forma solidaria, una reparación civil de S/ 20 000 a favor de las víctimas, según informó la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Trata de Personas de Lima Norte.

La investigación reveló que las mujeres habían sido engañadas con la promesa de trabajo en Chile. Pero al llegar a Lima, se les informó que no podían continuar su viaje. Allí comenzó la pesadilla: fueron retenidas y obligadas a ejercer la prostitución, bajo amenazas de muerte.
Ante la gravedad de los hechos y tras recibir pedidos de auxilio, las autoridades lograron ubicar el 3 de septiembre de 2022 un inmueble en la urbanización Fiori, en Lima norte, donde operaba esta red criminal. Allí fueron detenidos los delincuentes venezolanos y se rescató a las víctimas.
La fiscal Luisa Inés Quispe Asmat presentó pruebas contundentes en el juicio: peritajes psicológicos, testimonios, actas de intervención, informes policiales y documentos incautados. Todo confirmó el accionar violento y sistemático del grupo criminal.
Este caso deja una lección clara: el Perú no es tierra sin ley, y quienes llegan del extranjero a delinquir creyendo que no habrá castigo, se equivocan. La justicia puede tardar, pero llega. Y en este caso, fue firme contra quienes buscaron lucrar con el sufrimiento humano.
Actualidad
Más de 140 mil escolares se benefician con mejoras en 168 colegios
El Ministerio de Educación invierte más de 14 millones de soles para garantizar ambientes seguros y adecuados para el aprendizaje.

El Ministerio de Educación (Minedu) ha destinado más de S/14 millones para mejorar las condiciones de 168 colegios públicos en 31 distritos de Lima Metropolitana, beneficiando directamente a casi 140 mil escolares. Esta intervención incluye desde reparaciones estructurales hasta la entrega de mobiliario escolar, con el objetivo de asegurar entornos seguros y funcionales para estudiantes y docentes.
Las obras se vienen realizando de forma progresiva durante todo el año y contemplan la instalación de mallas raschell contra la radiación solar, renovación de carpetas, sillas y mesas, mantenimiento de estructuras metálicas, y acondicionamiento de puertas, ventanas y otros ambientes. Ante las lluvias persistentes, se ha priorizado la atención en los distritos más afectados, como San Juan de Miraflores y Villa María del Triunfo. En estos sectores ya se trabaja en instituciones como Sol de Los Milagros, Juan Guerrero Quimper, José Olaya Balandra y Bartolomé Mitre.
La intervención se ha dividido en cuatro etapas. Las dos primeras, desarrolladas entre marzo y mayo, beneficiaron a más de 57 mil estudiantes en 61 colegios con una inversión de S/4.5 millones. Actualmente, se ejecuta una tercera fase en 51 instituciones, con S/4.7 millones destinados para mejorar la educación de más de 40 mil escolares. A partir del 7 de julio, arranca una cuarta etapa que atenderá a 56 colegios adicionales, con una inversión similar y más de 41 mil beneficiarios.

Estas acciones del Minedu se respaldan en las leyes 32272 y 32260, que permiten intervenciones inmediatas y financiamiento directo en instituciones educativas públicas afectadas por daños estructurales o emergencias climáticas.
Los colegios intervenidos están ubicados en distritos como Villa El Salvador, San Juan de Lurigancho, El Agustino, Lurín, Ate, Los Olivos, Comas, Chorrillos, Ventanilla, entre otros, abarcando un amplio sector de Lima Metropolitana.
Actualidad
Mineros informales bloquean siete carreteras tras ser excluidos del REINFO
La exclusión de más de 50 mil mineros del REINFO expone el fracaso de una política de formalización que nunca llegó a los territorios.

Las tensiones en el sector minero estallaron este lunes 7 de julio, luego de que el Gobierno excluyera a más de 50.000 mineros de la pequeña minería y minería artesanal del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO). La medida ha desencadenado bloqueos en al menos siete vías nacionales, interrumpiendo el tránsito en regiones clave como La Libertad, Arequipa, Cusco e Ica.
El ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, señaló que solo 31.500 mineros han cumplido parcialmente con los requisitos del REINFO y deberán completar cinco etapas adicionales antes de diciembre de 2025. Estas incluyen la formalización laboral, acuerdos de acceso a superficie, firma de contratos con los titulares de concesiones y la incorporación al nuevo Fondo Minero, un mecanismo diseñado para canalizar recursos hacia el desarrollo sostenible del sector.
Por su parte, la presidenta Dina Boluarte justificó la exclusión afirmando que cerca de 45.000 mineros llevaban más de cuatro años sin avanzar en su formalización, a pesar de una prórroga otorgada desde noviembre de 2024. Además, se identificaron 1.500 casos de uso irregular de permisos, incluyendo su alquiler o tercerización en zonas ya concesionadas, lo que habría generado conflictos legales y sociales.
Siete carreteras bloqueadas
De acuerdo con el último reporte de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran), todas las interrupciones en vías nacionales están vinculadas directamente a protestas por parte de mineros informales y pequeños productores. El monitoreo realizado en coordinación con la Policía Nacional, Defensa Civil y concesionarias viales muestra las siguientes rutas afectadas:
Trujillo – Agallpampa – Quiruvilca (km 121), La Libertad: interrumpida por huelga de mineros.
Longitudinal de la Costa Sur (km 443), Ica, Nasca: bloqueada por protesta de la Confederación Nacional de Pequeña Minería.
Mara – Velille (km 37+600), Cusco, Chumbivilcas: vía cerrada por manifestación de mineros artesanales.
Mara – Velille (km 121), Cusco, Chamaca: nuevo punto de bloqueo reportado por la misma confederación.
Costa Sur (km 619), Arequipa, Chala: interrupción por movilización de pequeños mineros.
Costa Sur (km 782), Arequipa, Camaná: manifestación de pobladores vinculados a la minería informal.
Sierra Norte (km 129+500), La Libertad, Quiruvilca: protesta de mineros artesanales.
La situación genera serias afectaciones al transporte de carga, alimentos y personas, además de evidenciar un problema estructural no resuelto: la informalidad minera y la incapacidad del Estado para implementar una política de formalización efectiva y sostenida en el tiempo.
Desde el Gobierno, el mensaje es claro: quienes no cumplan con los pasos establecidos quedarán fuera del proceso. Sin embargo, la falta de acompañamiento técnico, la demora institucional y la débil presencia estatal en zonas mineras explican en parte el fracaso de la formalización. Hoy, esa deuda estalla en las carreteras.
Actualidad
Miguel Ángel Requejo: una ‘tentativa de homicidio’ que exige justicia
La jueza Kharla Orellana Sánchez dictó nueve meses de prisión preventiva contra Miguel Ángel Requejo, acusado de embestir con su camioneta en el restaurante ‘El Charrúa’.

En un país donde la impunidad muchas veces se confunde con indulgencia, el Poder Judicial ha ordenado nueve meses de prisión preventiva contra Miguel Ángel Requejo Astochado, el sujeto imputado por tentativa de homicidio calificado, omisión de socorro y otros cargos, tras haber embestido con su vehículo el restaurante «El Charrúa», en La Molina. Este hecho, que dejó cuatro heridos y cuantiosos daños materiales, pudo haber terminado en una tragedia de dimensiones mayores.
La noche del miércoles 2 de julio, Requejo Astochado —según la acusación fiscal— condujo y estrelló su automóvil directamente contra el establecimiento gastronómico, poniendo en grave riesgo la vida de comensales y trabajadores. Entre los lesionados figuran Augusto Fernando Ramengui Quintanilla, Mario Rodolfo Barbacci Quintanilla, Aníbal Aliaga Masías y Dante Ricardo Consiglieri Chávez. Más allá del impacto físico y económico, lo ocurrido revela una profunda irresponsabilidad criminal que hoy intenta disfrazarse de arrepentimiento.
Durante la audiencia, la fiscal Karen Rosario Cueva Quispe fue categórica: el acusado no solo huyó de la escena sin brindar auxilio a los heridos —lo cual evidencia su desprecio por la vida ajena— sino que además tiene antecedentes por lesiones dolosas. A pesar de autodenominarse empresario, no presentó prueba alguna de arraigo laboral. ¿Cómo confiar entonces en que no intentará fugar del país?
Lo más llamativo, sin embargo, fue el cambio de actitud del imputado al escuchar la decisión de la jueza Kharla Orellana Sánchez, quien finalmente acogió el pedido fiscal, dictando 9 meses de prisión de preventiva y dispuso su reclusión hasta abril de 2026. En ese momento, el acusado rompió en llanto y pidió perdón entre balbuceos, apelando a la conmiseración con frases como «El restaurante es como mi casa» o “no sé qué pasó, perdí mis lentes”.
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