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Política

Luis Espinoza, ex viceministro de Energía: «Nuestro problema no es producción ni transporte de gas, sino distribución»

Entrevista con el ex viceministro de Energía, Luis Espinoza, sobre todo los detalles de la masificación del gas y un proyecto de ley que tiene como finalidad beneficiar a empresas extranjeras.

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El ingeniero Luis Espinoza, ex viceministro de Energía, es experto en regulación energética con 35 años de experiencia en el sector. Para entender las movidas que algunas empresas extranjeras están realizando en el tema de la masificación del gas, conversamos con el ex viceministro.

Como se recuerda, en medio de la crisis política y económica que vive en el país, desde el Congreso de la República se pretendía aprobar una ley para subir las tarifas eléctricas. El Proyecto de Ley N°679/2021-PE de masificación del gas natural, se encuentra nuevamente en la Comisión de Energía y Minas. Curiosamente, ese es un proyecto con el cual se buscaba beneficiar a las empresas extranjeras.

Cuando se conoció la finalidad de ese proyecto, varios congresistas como el expremier Guido Bellido cuestionaron y alertaron que no se puede avalar un proyecto de ley que perjudique a la población. Varios especialistas del sector también se han pronunciado sobre el negocio que habría detrás de la masificación del gas.

Además, la presencia de los ‘Niños’ en la Comisión de Energía, ha generado duras críticas, y despertado una gran desconfianza, porque esa comisión es presidida por Carlos Alva, de Acción Popular, bancada que alberga a los ‘Niños’.

Carlos Alva Rojas fue elegido presidente de Comisión de Energía y Minas

Aquí la entrevista con el ex viceministro Luis Espinoza.

Existe una propuesta del Ejecutivo que llegó a la Comisión de Energía, se trata del proyecto de ley N° 679-2021- PE, que sugiere que los sobrecostos lo paguen las empresas eléctricas y con esto se elevaría el recibo de todos. ¿Cuál es su opinión al respecto?

Eso es lo malo del proyecto porque la subida de los precios podría ser del 5% máximo, lo cual no es razonable porque la masificación se puede hacer de otra forma. Lo que se pretendió ahí en ese proyecto tiene varias partes, una de ellas es habilitar a Petroperú para que pueda hacer encargos especiales como gas natural, eso para mí está de más, porque ya se encuentran habilitadas las distribuidoras eléctricas, o sea, como la gente lee Petroperú, piensa que esa entidad sabe todo de combustibles, a lo sumo es refinador y vende al mayoreo, pero no sabe de minoristas. Por eso, en el tema del gas necesitamos minoristas, gente que construya redes. Entonces, el negocio de masificar el gas a las casas le corresponde más a un distribuidor porque ellos hacen redes en las calles.

Lo más sano, como ocurre en Colombia, es que se hagan multiservicios, y de esa forma los costos bajan porque se reparten entre varios servicios. No metan a Petroperú. La ley N° 29969, promulgada durante el gobierno de Ollanta Humala en el 2012, indica que las distribuidoras eléctricas pueden hacer la masificación del gas natural. Eso también está en la ley del FONAFE.

En el dictamen proyecto de ley N° 679-2021- PE se indica que: El recargo se aplica a todos los clientes de las empresas que realizan el servicio del transporte de gas natural por los ductos. ¿Qué pasa con las empresas como Pluspetrol, TGP o la misma Cálidda ¿ellos están exentos de pagar eso?

Lo que se está haciendo es que se está cargando al cliente. Cálidda no lo paga porque es ella quien traslada el gas a nuestras casas.

Minem: Masificación del gas natural en 7 regiones del país se realizará con  fondos del FISE - RevistaEnergía.pe
Trabajos de masificación de gas.

Hubo una discusión en Piura por los altos cobros. El incremento era demasiado y no se entendía ¿por qué?

El gran drama que hay acá es que el Ministerio de Energía y Minas no se ha encargado de uniformizar los precios. Lo que se ha buscado es que cada concesión sea autosostenible, se pague a ellos mismos; por ejemplo, en Lima se sabe que es más barato porque tiene mucha densidad de clientes, pero el resto de ciudades tienen unas tarifas caras. Lo más sano sería subsidiar la inversión porque en las zonas más pobres es imposible que se paguen esas tarifas; pero lo que acá están pretendiendo es hacer un subsidio al precio de Lima para que la gente de provincias no pague los costos elevados.

Entonces, ¿a quién estaría beneficiando este proyecto de ley?

A provincias. En teoría a los de la zona norte, sur, e Ica, pero realmente no están fomentando la masificación.

Los representantes de la empresa Cálidda se han estado reuniendo con parte del Gabinete ¿Por qué en las últimas semanas ha existido una presión de intentar acelerar la masificación del gas?

Claro, usted sabe que Cálidda en Colombia es estatal, pero ellos han venido acá al Perú a participar como si fueran privados. Nosotros queremos usar la misma lógica, pero en provincias, darles las herramientas a las distribuidoras eléctricas para que construyan redes y así hagan plata, porque lo que no tienen ahora es dinero para desarrollarse. Con eso usted construye las redes tan barato como en Lima, y eso no le va a gustar a Cálidda. Entonces, lo que ellos están haciendo es ir al ministerio y decir que lo van a hacer más rápido o que ya cuentan con el capital, pero eso no nos garantiza que lo van a hacer más barato. Si tú le subes las tarifas al gas, todos los demás servicios van a subir, sin ninguna duda.

Funcionarios de Cálidda con los ministros Aníbal Torres, Alejandro Salas y Modesto Montoya.

Entonces, eso no nos asegura que permanezca una tarifa plana permanente.

Exacto, como a ellos ya no les importa el costo, al final no puedes aceptar las tarifas que están cobrando en la actualidad como si en realidad ese fuera su costo. Habría que revisar todo; un buen trabajo se hace revisando todo, no solamente un paliativo que pretende hacer este proyecto de ley.

Desde su punto de vista ¿qué cosas se deberían cambiar en este proyecto de ley?

Primer lugar, no meter a Petroperú. Estaríamos metiendo a alguien que no tiene plata. Además, a Petroperú no le gusta meterse en el negocio del gas porque le estaría bajando la venta de la gasolina; resulta ilógico. Nuestro problema no es producción ni transporte de gas, sino distribución.

Segundo lo que se tendría que hacer es la construcción de ductos. Con eso estaríamos evitando transportar gas por camión.

Cómo ha visto el trabajo de la Comisión de Energía del Congreso respecto a la masificación del gas.

Creo que ahí se tienen que focalizar en lo importante, que es la masificación del gas. Porque la ley lo que ha querido hacer es la de ‘Robin Hood’, cargándole un impuesto a Lima para beneficiar a otros, porque el beneficio al cliente no existe, lo único que buscan es darle un beneficio a la empresa que quiere hacer más negocio con otros clientes.

Aquí lo que se necesita es focalizarse en que en las demás ciudades no está masificado el gas. Si no hay personal especializado en las distribuidoras eléctricas entonces se contrata, igual que en Colombia, se contrata a una empresa experta en redes.

Otro punto importante, ¿Usted está de acuerdo con la renegociación del gas de Camisea?

El precio de Pluspetrol deberíamos de regularlo mejor. Lo que se podría hacer es renegociar la construcción de los ductos. Toda concesión tiene un fin; el TGP termina en el año 2033, una vez que termine todos esos ductos de TGP pasan al Estado Peruano de manera gratuita.

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Edwin Cavello Limas. Periodista y cinéfilo. Es CEO y director de la revista, radio y TV Lima Gris. Fue editor de la revista ONCE, Actualmente es columnista del diario La Razón, Editor de Cultura de Diario UNO y conductor del programa Lima Gris que se transmite por Radio Planicie 91.5.FM.

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Política

Gobierno exportará presos en lugar de solucionar el hacinamiento penitenciario

Frente a la crisis carcelaria y la falta de nuevas cárceles, el Ejecutivo busca trasladar reos a El Salvador, una medida costosa, cuestionada y que no aborda las causas reales del problema. Expertos advierten que esta propuesta es un parche irresponsable y demagógico.

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El exdirector general de asuntos criminológicos del Ministerio de Justicia, Víctor Quinteros, cuestionó duramente la reciente propuesta del Gobierno de enviar presos peruanos al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador, calificándola de “inviable” y una medida demagógica que evade responsabilidades.

Quinteros enfatizó que mientras el gasto diario por reo en Perú oscila entre 27 y 30 soles, el traslado y confinamiento en el CECOT implicaría un costo superior a 200 dólares por preso, una cifra que evidencia la falta de racionalidad económica y social en la iniciativa gubernamental. “Los peruanos deben cumplir su condena en territorio nacional. Existe un marco legal para enviar presos extranjeros a sus países de origen, pero no para exportar peruanos”, aclaró.

El especialista criticó que el Ejecutivo pretenda externalizar un problema que es claramente de su competencia, desviando la atención pública y política de la urgente necesidad de construir y ampliar cárceles en Perú. “Esta propuesta refleja la incapacidad de los políticos para enfrentar el hacinamiento penitenciario que afecta a miles de reclusos y vulnera derechos humanos fundamentales”, apuntó.

Las cárceles en Perú se encuentran hacinadas en su extremo.

Por su parte, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Enrique Alcántara, ha reafirmado el compromiso del Gobierno de cumplir la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) para deshacinamiento de penales antes del 2030, aunque con un plazo prudencial. Alcántara argumentó que factores como la pandemia y el impacto del ciclón Yaku han retrasado la ejecución de medidas, por lo que se ha solicitado tiempo adicional.

Sin embargo, para Quinteros, estos argumentos no justifican la falta de políticas concretas y responsables. “Exportar presos no es una solución, es un parche costoso y cuestionable que no atiende las causas estructurales del problema”, concluyó.

La polémica propuesta abre el debate sobre la prioridad real del Estado frente a una crisis penitenciaria que sigue sin resolverse desde hace años, mientras se opta por soluciones improvisadas que pueden poner en riesgo derechos y soberanía.

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Política

Delia Espinoza se justifica por no reponer a Patricia Benavides

La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, niega incurrir en desacato y se ampara en tecnicismos legales para no restituir a su rival, Patricia Benavides. Lo más preocupante: insiste en que no hay crisis institucional y asegura que el Ministerio Público “funciona con normalidad”.

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En medio de la crisis institucional que sacude al Ministerio Público, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza Valenzuela, ha optado por el camino del tecnicismo para justificar su negativa a reponer en el cargo a Patricia Benavides, como ordenó la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Lo que está en juego no es solo un conflicto de poder, sino el respeto al Estado de derecho y a las decisiones de los órganos constitucionales autónomos.

Espinoza Valenzuela declaró al Diario del Cusco que enfrentará cualquier denuncia del Congreso por presunto desacato, asegurando que hasta el momento no ha sido formalmente notificada de la resolución que restituye a Benavides Vargas como fiscal de la Nación. Bajo ese argumento, se ampara en que no hay “desobediencia” porque no hay una notificación formal, como si los pronunciamientos de la JNJ no fueran de conocimiento público ni vinculantes desde el momento de su emisión.

Más aún, cuestionó abiertamente que diversas autoridades —incluyendo congresistas, ministros y el propio defensor del Pueblo— hayan reconocido públicamente a Patricia Benavides como la legítima fiscal de la Nación. Según Espinoza, ese reconocimiento genera “confusión” y desinformación entre la ciudadanía, cuando en realidad lo que confunde es la resistencia de su despacho a acatar una resolución de un órgano constitucional.

Continúa la pugna entre Patricia Benavides y Delia Espinoza por el control de la Fiscalía.

Resulta preocupante que Delia Espinoza deslice la idea de que todo debe pasar primero por un análisis jurídico interno, como si la legalidad fuera un terreno interpretativo según su conveniencia. Bajo esa lógica, cualquier autoridad podría ignorar resoluciones oficiales mientras “analiza” si le parecen válidas.

La fiscal también aseguró que responderá a las denuncias del Congreso y que las mismas no prosperarán porque —según ella— la JNJ no siguió los procedimientos correctos. Es decir, antes que admitir el fallo y acatarlo, su estrategia es deslegitimar el procedimiento mismo, aunque este emane del ente competente.

Pero lo más grave no es la estrategia de defensa de Espinoza Valenzuela, sino la insistencia en negar que exista una crisis institucional. Afirma que el Ministerio Público “funciona con normalidad” y que no hay enfrentamientos internos. ¿Cómo puede hablarse de normalidad cuando existe una pugna abierta por el cargo más alto del organismo, cuando dos señoras reclaman legitimidad y el país observa una paralización operativa?

Lo que está ocurriendo en el Ministerio Público es una crisis con todas sus letras, agravada por una autoridad que minimiza el problema y retrasa su solución. La falta de una acción clara y oportuna no solo erosiona la legitimidad del Ministerio Público, sino que pone en duda su independencia y respeto a la institucionalidad.

Si Delia Espinoza espera que el silencio y el formalismo legal detengan el avance de la verdad, está equivocada. El país necesita claridad, no excusas. Y el Ministerio Público, hoy más que nunca, requiere liderazgo con principios, no posiciones cómodas disfrazadas de legalidad.

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Política

Juan Silva: tres años prófugo y cero resultados de la PNP

Fugitivo desde el 7 de junio de 2022, el exministro de Transportes simboliza la evasión de justicia más descarada del gobierno de Pedro Castillo. Su caso revela la corrupción del pasado y la negligencia del presente. Sin captura, la justicia sigue humillada y desacreditada.

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Mientras la justicia reafirma la prisión preventiva por 36 meses contra el prófugo exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva Villegas, la gran pregunta sigue sin respuesta: ¿por qué la Policía Nacional del Perú no logra capturarlo? La reciente decisión de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de rechazar la apelación de su defensa no solo confirma la solidez de las pruebas en su contra, sino que también expone una verdad incómoda: la ineficiencia —¿o desinterés? — del aparato estatal por hacer cumplir esa medida.

Silva Villegas, imputado por liderar una presunta organización criminal junto al expresidente Pedro Castillo, lleva tres años en condición de prófugo. Se le atribuyen actos de corrupción vinculados a la licitación del Puente Tarata y a otras obras públicas entregadas a empresas chinas. Los delitos que enfrenta —organización criminal, colusión agravada y tráfico de influencias— no son menores. Sin embargo, a pesar de la orden de captura nacional e internacional emitida en marzo de 2023, nada se sabe con certeza de su paradero. ¿Ha desaparecido del mapa con tanta facilidad o alguien lo protege?

A esta impunidad se suma la estrategia legal del exministro, quien busca deslegitimar la prisión preventiva con apelaciones sin sustento. El Poder Judicial ha sido claro: su defensa no presentó nuevos elementos ni argumentos para debilitar los “graves y fundados elementos de convicción” existentes. Y aun así, Silva pretende burlar a la justicia desde la clandestinidad.

Alerta roja de Interpol contra Juan Silva se encuentra vigente hasta el año 2027.

La pasividad de la PNP en este caso es alarmante. No se trata de un prófugo cualquiera, sino de un exalto funcionario que, según la Fiscalía, formó parte del núcleo duro de una red criminal que saqueó al Estado. ¿Cómo es posible que, después de tres años, no exista un solo resultado concreto en su captura? ¿Realmente se le está buscando?

Es momento de que el Ministerio del Interior y la PNP rindan cuentas. No basta con emitir alertas rojas en Interpol si no hay un esfuerzo serio y sostenido para ubicar a quien simboliza la evasión de justicia más flagrante del gobierno de Pedro Castillo. El caso Silva refleja no solo la corrupción del pasado, sino la negligencia del presente. Y mientras siga libre, la justicia seguirá humillada.

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Política

Se cumplen 250 días sin que Dina Boluarte le responda a la prensa

Mandataria pasa sus días entre denuncias, cirugías encubiertas, documentos “clasificados” para que no se conozca su aumento de sueldo, y viajes al extranjero.

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La última vez que la presidenta de la República, Dina Boluarte, se animó a contestarle a la prensa fue el ya lejano 22 de octubre de 2024, cuando en tono despectivo e irascible, les preguntaba antes a los hombres de prensa a qué medio pertenecían, asimismo, daba instrucciones sobre las preguntas que no tenía en mente responder porque eso sencillamente le ponía de muy mal humor.

Luego de ello, la autodenominada “mamá de todos los peruanos” se la pasó lanzando indirectas a los distintos medios cuando se trataba de una actividad oficial, tildándolos de ser los verdaderos “enemigos de la patria”, confabuladores, de estar jugando “en pared” con sus opositores para sacarla de Palacio. Incluso, en una ocasión, se atrevió a decir, siempre acompañada de niños y sus ministros complacientes, que los periodistas vienen realizando un “terrorismo de imagen” contra su persona.

Como si se tratara de una deidad a la que hay que agachar la cabeza y lanzar loas, la jefa de Estado no quiere que ningún medio de prensa se le acerque a menos de 50 metros, caso contrario serán interceptados por su seguridad personal, o peor aún, encerrados durante horas en algún ambiente cuando se trata de dar cobertura en una actividad oficial. Y es que esa mujer “valiente” pareciera tener miedo a las preguntas que le formulen aquellos entrevistadores que no se encuentran sometidos al canal del Estado o a su área de prensa.

A la presidenta no le gusta que le den la contra los periodistas. Foto: captura video Latina.

Tal vez quiera evitar ese incómodo momento cuando le pregunten sobre sus viajes al extranjero, las joyas “prestadas”, sus “retoquitos” mencionados por el doctor Mario Cabani, los detalles sobre qué hacía el ‘cofre’ en una playa del sur, o el petitorio para aumentarse el sueldo.

A propósito de todo eso, la Asociación Nacional de Periodistas (ANP) le recuerda a la mandataria que ya lleva 250 días sin dar declaraciones, las mismas que tengan la posibilidad de un contrapunto o una repregunta, y que no estén sujetas a un cuestionario u hoja elaborado por su área de prensa. Y es que ella prefiere que solo le hagan preguntas que no la incomoden o la dejen mal parada.

«La ANP recuerda que el 22 de octubre del 2024 Boluarte, tras 105 días de silencio mediático, presentó su balance de gestión junto a sus ministros de Estado para, posteriormente, responder a preguntas de medios con expresiones hostiles hacia quienes se las formulaban. Desde esa fecha, la ANP ha registrado momentos álgidos en que la mandataria ha hecho manifiesto su reiterado menosprecio a la libertad informativa», se lee en un pronunciamiento de la institución.

Le queda poco más de un año y todo indica que seguirá manteniendo la boca cerrada; tal vez esa sea su estrategia para no cometer ni un desliz o dejarse llevar por sus impulsos y responder “tu mamá” de nuevo.

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Política

Alcalde de Lima empecinado en hacer su “marcha blanca” pese a que el tren Lima – Chosica no está concluido

Ministro de Transportes previamente ya le había respondido que “no hay una obra concluida ni iniciada”.

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Ya se siente el amo y señor del Perú. Han pasado tres años y la tan repetida “Lima, potencia mundial” es solo un sueño de opio, pues hasta el momento gran partes del Cercado de Lima está invadido de vendedores ambulantes y carretilleros, y ni qué decir sobre la creciente inseguridad que se vive.

El alcalde capitalino, Rafael López Aliaga, a propósito de esto último, mencionó muy suelto y despreocupado, que comprará drones que sobrevolarán la ciudad como “cóndores” y “explotarán” delante de los delincuentes.

Ahora, como si ya fuera presidente del país, viene repitiendo que iniciará una “marcha blanca” que será el inicio de las operaciones del tren Lima – Chosica, pero un gran detalle no pasa por inadvertido: no hay una obra concluida. Entonces, ¿dónde piensa colocar sus trenes de segunda traídos de los Estados Unidos?

El popular ‘Porky’ quiere colocar como sea sus trenes de la compañía Caltrain y ponerlas en funcionamiento el mes que viene. “El tren va a ir de todas maneras. Esa marcha blanca la hacemos en julio”, reiteró López Aliaga, a pesar de no existir un estudio técnico ni construidas las estaciones donde pasará el tren.

Al respecto, el titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), César Sandoval, manifestó que tal “marcha blanca” no se encuentra contemplada debido a que “no hay una obra concluida ni iniciada”.

“Queremos saber si la Municipalidad de Lima lo va a hacer como obra suya, seguramente deben tener un expediente técnico, un plan a desarrollar y ejecutar, y sabrán los plazos y el cronograma. Si no lo puede hacer por diferentes circunstancias, sea tema presupuestal o apoyo técnico, y recurre al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el MTC tendría que usar la concesión que ya tenemos y firmar una adenda -es una posibilidad-. Y esa adenda requiere revisarla técnicamente, incorporar la adenda, las especificaciones técnicas, requisitos, estudios, y hacer un proyecto para poder firmar una adenda de ampliación y eso no requiere menos de un año”, dijo.

Sin camino. Ministro Sandoval le recuerda al alcalde de Lima que no existe una vía concluida para que ponga sus trenes. Foto: Andina.

Enterado de esta última declaración del ministro Sandoval, ‘Porky’ respondió que desde el MTC se está buscando poner “trabas” y que de encontrar mayores obstáculos no lo dudará dos veces en organizar una marcha hacia la sede del MC, pues para él lo único que se estaría buscando es “politizar” este proyecto.

“Si comienza a poner trabas, hay que hacerle una marcha hasta el MTC. Hay que llenar el MTC de gente que sí quiere tren”, manifestó.

Lo cierto de todo esto es que no existe una obra terminada para que pasen los trenes, ¿o será que pasarán volando por la ciudad con ayuda de los drones “cóndores” que pensaba comprar ‘Porky’?

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Política

Rossella Leiblinger es designada ‘jefa interina’ del IRTP

Durante los últimos años, la abogada Rossella Guilianna Leiblinger Carrasco ha desarrollado su trayectoria en el sector estatal, ocupando cargos en diversos ministerios. Actualmente dirige Industrias Culturales en el Ministerio de Cultura y asume provisionalmente la encargatura, en el IRTP.

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Mediante la Resolución Suprema nº 013-2025-MC, publicada en el diario El Peruano, el Ministerio de Cultura designó a la abogada Rossella Guilianna Leiblinger Carrasco como jefa institucional encargada del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP), en reemplazo de Ninoska Chandía Roque. El documento lleva las firmas del ministro de Cultura, Fabricio Valencia, y de la presidenta Dina Boluarte.

Resolución Suprema nº 013-2025-MC.

Leiblinger ejercerá el cargo de manera interina y en adición a sus funciones como directora del Programa Sectorial IV de la Dirección General de Industrias Culturales y Artes del Ministerio de Cultura, posición que ocupa desde enero de este año.

Leiblinger es directora de Industrias Culturales del Mincul y ahora está encargada del IRTP.

Es abogada por la Universidad de San Martín de Porres y magíster en Políticas Públicas y Gestión Pública por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Prácticamente, ha ejercido su trayectoria durante muchos años en el aparato estatal, habiendo laborado en los ministerios de Trabajo, Justicia, Energía y Minas, Interior, Mujer, así como en el Ministerio Público, la SBS y el Inabif.

Rossella Leiblinger Carrasco fue designada en enero del 2025 en el Mincul.

La llegada de Leiblinger Carrasco al IRTP se da en medio de un contexto institucional complejo, marcado por tensiones internas tras la salida de Chandía Roque, quien mantendría un grupo afín en la televisora, con el objetivo de cautelar sus intereses. Según fuentes del sector, se evalúa la designación de un nuevo titular en la jefatura institucional, siendo el nombre de Luis Francisco Vivanco Aldon uno de los voceados para asumir el cargo.

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Política

Continúa la pugna entre Patricia Benavides y Delia Espinoza por el control de la Fiscalía

La batalla entre Benavides y Espinoza sigue escalando, mientras el Juzgado Supremo admite la apelación de Benavides contra su inhabilitación de dos años, se profundiza el caos institucional en el Ministerio Público y se debilita la imagen de imparcialidad judicial.

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La reciente admisión de apelación presentada por Patricia Benavides Vargas, suspendida fiscal suprema, ha reactivado un conflicto interno que ya desbordó los límites del Ministerio Público. Lejos de tratarse de un proceso judicial común, el enfrentamiento entre Benavides Vargas y la actual fiscal de la Nación, Delia Espinoza Valenzuela, ha evidenciado una peligrosa politización del sistema de justicia peruano.

Con el respaldo del abogado Jorge del Castillo, quien calificó de «express» la resolución que suspendió a Benavides Vargas por 24 meses, la estrategia es clara: revertir una medida que, si bien fue contundente, no estuvo exenta de cuestionamientos procesales. Sin embargo, lo más grave no es el recurso legal en sí, sino el uso instrumental de los órganos judiciales en medio de una pugna de poder.

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema deberá ahora pronunciarse sobre la legalidad de la suspensión impuesta por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria. Pero la expectativa está menos en el argumento jurídico y más en el equilibrio de fuerzas internas. Las decisiones ya no parecen moverse por criterios de institucionalidad, sino por simpatías y alianzas políticas que fracturan peligrosamente la imagen de imparcialidad del Poder Judicial.

Hace unos días, el PJ suspendió por 24 meses a Patricia Benavides del cargo de Fiscal Suprema.

Ambas señoras, Benavides Vargas y Espinoza Valenzuela, representan facciones enfrentadas dentro del Ministerio Público, convirtiendo a esta institución en un campo de batalla. El problema no es solo la disputa personal entre dos fiscales, sino cómo esta ha contaminado los cimientos del sistema judicial, arrastrando a jueces, fiscales y salas completas a tomar posición en lo que debería ser un proceso técnico y desapasionado.

La justicia, en lugar de ser un poder del Estado autónomo, parece haberse convertido en una arena política más. El daño es profundo: se debilita la confianza ciudadana y se compromete la legitimidad de futuras decisiones. Mientras Benavides Vargas lucha por volver, la justicia debería luchar por no hundirse con ella.

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Política

Renunció la jefa de Prensa de Palacio de Gobierno, Mónica Tiburcio

Apenas duró un día en el Despacho Presidencial.

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Mónica Otilia Tiburcio Orbezo fue designada hace dos días, como nueva secretaria de Comunicación Estratégica y Prensa del Despacho Presidencial, en reemplazo de Luis Urmeta Delgado. Su nombramiento habría tenido que pasar por el visto bueno de Juan José Santiváñez, pues según registros se llegó a reunir hasta en tres ocasiones con el exministro del Interior.

Resolución n.° 000040-2025-DP/SGDP, de renuncia de Mónica Tiburcio.

Ella tenía la misión de enfocarse en mejorar considerablemente la imagen de la presidenta de la República que ya lleva sin declarar a la prensa más de 200 días. Sin embargo, ya no va más y a través de la Resolución N° 000040-2025-DP/SGDP, firmada por el Secretario General, Enrique Vílchez, el Gobierno decidió aceptar su renuncia, dándole las gracias por los servicios prestados, apenas un día.

¿Ahora quién será el reemplazante de Tiburcio? ¿Acaso alguien que juegue en pared con el IRTP?

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