La ministra de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), Leslie Urteaga, aclaró las dudas sobre la designación del cuestionado e investigado por los presuntos delitos de obstrucción a la justicia y negociación incompatible, Julio Demartini como embajador en el Vaticano, luego de su salida momentánea del gobierno de Dina Boluarte.

Para Urteaga Peña, no existen impedimentos legales que impidan la designación de su excolega Demartini, dado que el cargo diplomático no le otorgaría inmunidad frente a las investigaciones judiciales en curso.

«Esas investigaciones seguirán su curso. Es un tema que tiene a cargo, seguramente, la Cancillería. No se trata de inmunidad o no, simplemente tiene un cargo político. No hay ningún impedimento para que asuma esto», aseveró Urteaga Peña.

Canciller Schialer también defendió a Julio Demartini

Asimismo, el ministro de Relaciones Exteriores, Elmer Schialer, tocó el tema del posible nombramiento de Demartini en una entrevista y negó categóricamente que la designación en el Vaticano sea una especie de «premio consuelo» tras su salida del MIDIS. El Canciller defendió la capacidad profesional del investigado Demartini y subrayó que su salida del ministerio fue una decisión política personal.

«Las embajadas no son un premio consuelo. Demartini está absolutamente capacitado para ocupar este y cualquier otro puesto. Recuerdo que él mismo dijo: ‘No tengo por qué salir del puesto, todo está en orden, pero lo hago para no perjudicar al Gobierno’. Incluso fue generoso al irse; no lo hizo porque lo obligaran», sostuvo Schialer.

Cobijado por los brazos adornados de relojes Rolex de la mandataria, el titular del Ministerio del Interior (Mininter), Juan José Santiváñez, viene disfrutando sus cinco minutos de inmunidad total, burlándose de toda investigación en su contra, así como de las encuestas que periódicamente le recuerdan que el país se viene derrumbando por los extorsionadores y que él precisamente, junto con su jefa, son los responsables de semejante desgobierno.

No le basta con negar la terrible cantidad de homicidios ocurridos solo en este año, o de equivocarse reiteradamente en acusar a ciudadanos inocentes al vincularlos con sanguinarias organizaciones criminales. Tampoco le interesa que la ciudad de Trujillo se desangre o que en varios distritos de la capital se encuentren sometidas por los extorsionadores. Pero qué se podría esperar de alguien moldeado a los caprichos y arrebatos de la chalhuanquina.

Ahora último, el ministro Santiváñez manifestó que no tiene en mente participar de la diligencia fiscal para la toma de muestra de voz que programó el Ministerio Público en el marco de la investigación que se le sigue por la difusión de presuntas conversaciones que habría tenido con el capitán de la Policía Nacional, Junior Izquierdo, conocido como ‘Culebra’.

Izquierdo entregó a la Fiscalía audios de conversaciones con Santiváñez, en los cuales el ministro habría mencionado que la presidenta Dina Boluarte le solicitó desactivar la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) como condición para su nombramiento.

En declaraciones para RPP, el ministro indicó que hace una semana y media presentó una tutela de derechos ante la Corte Suprema ante la negativa de la fiscal de la Nación a su pedido para que se acumulen las dos carpetas fiscales por las que se le investiga. Añadió que hoy la Corte fijó para el 7 de marzo la fecha de audiencia de dicho pedido.

“No vamos a acudir, porque ya el día de hoy hemos sido notificados de la resolución de la audiencia de tutela de derechos, en donde nosotros solicitamos la acumulación de ambos expedientes, es decir, el 012 y el 213”, sostuvo.

“Se solicitó a la fiscal de la Nación para que ambos se acumularan en una sola carpeta y la fiscal de la Nación lo que ha hecho es emitir una disposición absolutamente ilegal donde dice yo no separo las carpetas y continuó las investigaciones por separado”, añadió.  

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Hace 12 meses, el Concejo Municipal de Barranco, según Acuerdo N° 008-2024-MDB autorizó el viaje de la alcaldesa Jessica Vargas Gómez a la ciudad de Punta Cana en República Dominicana, en representación de la comuna barranquina, para participar en el “Curso de Capacitación” y a la “Reunión Anual 2024 de las Asambleas de Gobernantes”, la “Reunión Anual 2024 de las Asambleas de Gobernantes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) Invest”, que se realizó del 05 al 11 de marzo del 2024.

Acuerdo N° 008-2024-MDB autorizó el viaje de la alcaldesa Jessica Vargas Gómez a Punta Cana.

La alcaldesa perteneciente al partido Renovación Popular viajó a esa ciudad centroamericana durante esas fechas, pero, ¿realmente participó como invitada del evento? Documentos oficiales desmienten la versión de la autoridad edil; no solo porque no fue oficialmente invitada a la reunión Anual de Gobernadores; sino, porque en dicho encuentro usualmente participan ministros de Economía, funcionarios de las finanzas y banqueros.

¿Un Concejo Municipal cómplice?

Los regidores, evidentemente votaron a favor de brindar licencia a Jessica Vargas para que viaje a Punta Cana, porque se basaron en una invitación transcrita en un documento membretado que mostraba los logotipos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de la Organización para el Desarrollo de América Latina y el Caribe (ONWARD Internacional) y que llegó por Mesa de Partes de la MDB. En dicha misiva del 21 de febrero del 2024, el presidente de dicho organismo, Félix González-Polar supuestamente envió la invitación a Jessica Vargas, a través de mesa de partes de la MDB.

“Tenemos el agrado de invitarlo a usted a ser parte del Curso de Capacitación y a ‘La Reunión Anual de Gobernantes’ La Reunión Anual 2024 de las Asambleas de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de BID Invest tendrán lugar en Punta Cana, República Dominicana, del 04 al 10 de marzo”, se lee en la invitación.

Presunta invitación a la alcaldesa de Barranco a la Reunión Anual de Gobernantes en Punta Cana.

Entre tanto, el martes 27 de febrero, la entonces asistente de la Oficina de Secretaría General, Clara Ruesta envió un correo electrónico con el Asunto: “Solicitud de Licencia de la Sra. Alcaldesa”, remitido, tanto a la propia Jessica Vargas, a los regidores municipales y al gerente municipal Manuel Espinoza Loarte, indicando que en dos días, en la próxima sesión de Concejo del día jueves, se trataría el tema de la invitación a Punta Cana y el pedido de licencia solicitado por la propia alcaldesa. En dicho correo, se adjuntó la invitación y el memorándum de la Gerencia Municipal.

Correo de Secretaría General enviado a los regidores para informarles de invitación a la alcaldesa.

Los viáticos

Asimismo, en la invitación se indica que, durante el curso, los lideres económicos y financieros de los 48 países miembros del BID debatirán sobre las oportunidades para el desarrollo de América Latina y el Caribe. Y agregan que a la alcaldesa Jessica Vargas le brindarían una beca integral para el curso de capacitación. Sin embargo, en el ofrecimiento, no estaba incluido el hospedaje ni los viáticos, pero sí los pasajes aéreos.  

“En ese sentido le brindamos una Beca Integral del 100% al curso de Capacitación y ser parte de la Reunión Anual de Gobernantes, dicha beca incluye, inscripción al curso, participación de los foros, reuniones, mesas de trabajo, pasajes aéreos de ida-vuelta y certificado del curso por 40 horas académicas. No incluye hospedaje, ni viáticos. La entidad puede brindarle el servicio hospedaje, movilidad y almuerzos por un costo de 1500 dólares americanos, si la entidad requiere Factura no Incluye IGV”, se lee en otro párrafo de la invitación. 

Alcaldesa Jessica Vargas y alcalde de Lima Rafael López Aliaga.

$3 mil dólares para Punta Cana

Para mantener su estadía de siete días en Punta Cana, y luego de tener el ‘visto bueno’ mediante informes de Secretaría General, de Subgerencia de Contabilidad, de Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, de Gerencia de Administración y Finanzas y de la Gerencia Municipal, el 01 de marzo del 2024 se emitió la Resolución de Alcaldía N° 055-2024-MDB que autorizó el gasto de 3,010.00 dólares, o su equivalente 11,407 soles, por 7 días de viáticos de la alcaldesa Jessica Vargas. Es decir, se le asignó US$430 dólares para gastos por cada día. El dispositivo lleva las firmas de la propia alcaldesa Jessica Vargas y del Secretario General, Jorge Luis Rey de Castro Mesa.  

Resolución de Alcaldía N° 055-2024-MDB que autorizó el gasto de 3,010.00 dólares, o su equivalente 11,407 soles, por 7 días de viáticos de la alcaldesa Jessica Vargas.

Algo curioso que se indica en esta resolución edil, como argumento para autorizar dicho desembolso de dinero, tiene que ver con lo que se señala en el articulo 2° de la Ley N° 27619, “Ley que regula la autorización de viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos”, y que establece que las autorizaciones de viajes al exterior deberán sustentarse en un interés nacional o institucional, bajo responsabilidad. ¿El viaje de la alcaldesa realmente fue de interés nacional e institucional?

Fuente: Municipalidad de Barranco.

Presidente de ONWARD nunca invitó a alcaldesa

Por esa fechas, la regidora distrital del Municipio de Barranco, Fiorella Muñoz Zevallos pidió información detallada referente al itinerario del viaje del evento realizado en Punta Cana a la propia organización anfitriona del evento internacional, por lo que el 26 de marzo le escribió directamente al presidente de ONWARD Internacional, Félix González-Polar para solicitarle que le remita todos los sustentos de la invitación a la alcaldesa de Barranco, respecto del ‘Curso de Capacitación en la Reunión Anual de Gobernantes’.

Entre los requerimientos de la regidora y en virtud de su función fiscalizadora, en la Carta N° 038-2024-NFMZ-REG/CDB, en detalle, pidió la información de lo siguiente:

Fecha de ingreso y N° de Expediente de la Carta de invitación firmada por su persona en su calidad de presidente de ONWARD.

Sustento de la Beca Integral del 100% al Curso de Capacitación y ser parte de la Reunión Anual de Gobernantes.

Ficha de inscripción al curso.

Sustento de participación de los foros, reuniones, mesas de trabajo.

Copia de los pasajes aéreos de ida-vuelta.

Copia del certificado del curso por 40 horas académicas.

Copia del servicio hospedaje, movilidad y almuerzos de ser el caso.

Carta enviada al presidente de ONWARD Internacional, con el fin de que corrobore información sobre la invitación.  

Sin embargo, la respuesta del directivo de ONWARD Internacional fue inesperada y reveladora. En una carta del 02 de julio del 2024, Félix González-Polar le respondió a la concejal barranquina y aseguró que su institución ni siquiera fue la organizadora del evento internacional y remarcó que únicamente asistieron a la “Asamblea de Gobernantes” en calidad de invitados y que tampoco invitaron a la alcaldesa de Barranco, Jessica Vargas para que participe en dicho evento y mucho menos le otorgaron una beca, ni certificación alguna.

“Al respecto, debemos señalar que nuestra organización ONWARD International como miembros de la red del BID, hemos tenido participación en el referido evento, únicamente en calidad de invitados, por consiguiente no hemos remitido invitaciones, ni certificaciones, ni otorgado becas para participar u otros aspectos relacionados con el evento citado a ninguna institución con el fin de participar en la Reunión Anual 2024 de las Asambleas de Gobernadores del BID, desconociendo en todos sus extremos el origen del documento de la referencia el cual no representa a nuestra organización”, se lee en la contundente carta de respuesta.

Carta de respuesta señala que no se invitó a alcaldesa Jessica Vargas.

Entre tanto, surge una pregunta importante ¿Si ONWARD no invitó a la Asamblea de Gobernantes a Jessica Vargas, entonces quién lo hizo y quién costeó los pasajes aéreos?

La postal en Punta Cana con sus amigos de ‘Renovación Popular’

Como se recuerda, la propia Municipalidad de Barranco el 25 de marzo del 2024 publicó en su portal institucional imágenes de la “Reunión Anual de Gobernantes”; y en las vistas no se le registra a la alcaldesa Jessica Vargas participar como parte de un grupo en ningún foro, ninguna mesa de trabajo, y mucho menos en una capacitación.

Únicamente se la ve posando para la foto, quizás tras el termino de las jornadas, con su único grupo de militantes de Renovación Popular.

Team de ‘Renovación Popular’ en Punta Cana: hermanos Ronald y Cristian Salazar Mateo junto a alcaldes Rubén Cano y Jessica Vargas.

En las fotografías de Punta Cana, la señora Vargas siempre sale acompañada de dos hermanos, el primero, Ronald William Salazar Mateo, personaje muy allegado a Rafael López Aliaga y que tras candidatear en 2022 la alcaldía de Cieneguilla, justamente por Renovación Popular y luego de perder la elección fue acogido como el proveedor estrella de la gestión celeste en la Municipalidad Metropolitana de Lima. Y el segundo, Cristian Jhon Salazar Mateo, quien fue jefe de redes sociales de López Aliaga durante la campaña celeste y que tras el triunfo de “Porky” también fue premiado con el cargo de asesor de la Gerencia de Relaciones Públicas en la MML; y por si fuera poco, como miembro del Consejo Directivo del Patronato del Parque de las Leyendas.

No obstante, el otro personaje que también acompaña a la alcaldesa de Barranco, es nada menos que su colega distrital, el alcalde de La Victoria por Renovación Popular, Rubén Cano Altez; en todo caso habría que preguntarle si él también recibió una invitación de ONWARD Internacional.

Asimismo, en una de las imágenes se aprecia a la alcaldesa junto a su “mancha celeste”, estar sentada casi en la última fila del recinto, muy cerca a los hombres de prensa que desde atrás registran las incidencias del evento. Hay que destacar que a dicha reunión anual también puede asistir el público en general, previo registro.

Los hermanos Salazar Mateo, el alcalde de La Victoria y la alcaldesa Vargas, prácticamente en la penúltima fila entre el público en general. 

Jessica Vargas al banquillo

Tras este escándalo de haber participado en un evento internacional utilizando dinero público y basándose en una presunta invitación que en realidad nunca existió y sopretexto de cumplir con lo que establece la propia normativa, que para autorizar viajes al exterior de un servidor público, primero se debe sustentar que éste sea de interés nacional o institucional; es exigible que la propia señora alcaldesa Jessica Vargas y en honor a la trasparencia que le exige la ley y los ciudadanos barranquinos, salga a dar una explicación razonable, documentada y sincera, a través de una rendición de cuentas para corroborar la legalidad y legitimidad de sus acciones, respecto del pasado viaje a Punta Cana.

Lima Gris se comunicó con la alcaldesa de Barranco Jessica Vargas, vía telefónica. Asimismo, se le envió un mensaje vía WhatsApp para que brinde sus descargos; sin embargo, hasta el cierre de este informe no obtuvimos respuesta de la señora alcaldesa.  

Es importante que el Concejo Municipal, a través de sus regidores, especialmente los ‘oficialistas’, aún tienen la oportunidad de demostrar dignidad e imparcialidad frente a sus electores. Es fundamental que soliciten a la alcaldesa las explicaciones correspondientes para contribuir a dar luz a este oscuro viaje.

Dejarán el Fornite por un rato para elegir a nuestras futuras autoridades. Los tiempos cambian y los jóvenes también, muchos de ellos cuentan con muchísimas herramientas para ampliar más rápido sus conocimientos, sin embargo, la gran mayoría aún no se siente apto para tomar decisiones trascendentales en su vida, demorándose más en asumir responsabilidades a comparación de los jóvenes de otras generaciones que ya a los 25 años estaban casados y con hijos.

El parlamentario de Podemos Perú, Jorge Flores Ancachi, acaba de presentar un Proyecto de Ley (PL) para que la mayoría de edad comience a partir de los 17 años, entendiéndose que desde ese momento ya son considerados en el padrón de votantes aptos.

Para ello, el parlamentario busca modificar el artículo 30 de la Constitución Política, para que quede en los siguientes términos: “Son ciudadanos los peruanos mayores de 17 años. Para el ejercicio de ciudadanía se requiere la inscripción electoral”.

El legislador mencionó que ya “es momento en que los menores dejen de ser considerados como tales” para que “asuman el control legal sobre sus personas, acciones y decisiones”. De esta manera, sostiene, terminará “el control y las responsabilidades legales de sus padres o tutores sobre ellos”.

A los menores, manifiesta, “se les pueden negar legalmente ciertos privilegios como votar, comprar y beber bebidas alcohólicas, comprar tabaco o productos de cannabis, apostar, casarse, comprar o poseer armas de fuego, ser propietario de una propiedad, celebrar contratos vinculantes u obtener privilegios de conducción completos”.

“No hay un único consenso acerca de los límites de la adolescencia; si bien es cierto que la mayoría de las fuentes institucionales y profesionales coinciden en que su inicio se halla entre los 10 y los 11 años, existen importantes diferencias respecto a su finalización, sus etapas y el rango de edades que definen cada una de ellas”, añade el congresista.

Jefa de Reniec a favor de que jóvenes de 17 años ya puedan ir a votar, pero de manera facultativa

Por su parte, la jefa del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), Carmen Velarde, expresó su respaldo a la propuesta, destacando que otorgar el derecho al voto facultativo a partir de los 17 años contribuiría a fortalecer su participación ciudadana.  

En ese sentido, señaló que Reniec ya emite el DNI electrónico para jóvenes de esta edad, incluyendo la firma digital. Además, precisó que los jóvenes de 17 años forman parte del padrón militar, ya que cada año Reniec proporciona a las Fuerzas Armadas la lista de quienes cumplen esta edad y pueden optar por el servicio militar voluntario.

«Estamos hablando que son jóvenes que también postulan a la universidad. Es decir, jóvenes que ya están formados. ¿Por qué no evaluar la posibilidad de que lo tengan como un voto facultativo?, por ejemplo, como se puede dar en otros países, que (los jóvenes de 17 años) voten facultativamente y no obligatoriamente. Podría ser esa una salida para ellos», dijo a la Agencia Andina.

El 19 de febrero, una denuncia de presunta estafa sacudió la tranquila ciudad de Calca, donde un grupo de trabajadores y proveedores se unió para alzar la voz contra el Consorcio Salud Calca, encargados de la construcción del «Nuevo Hospital del Seguro Social». Esta obra, que debería ser un emblema de progreso para la región, se ha convertido en un ejemplo más de desidia, negligencia y, posiblemente, fraude.

A las afueras del proyecto hospitalario, los afectados, entre ellos trabajadores que brindaban servicios alimentarios y proveedores de materiales, se unieron para expresar su indignación ante la falta de pagos. 3,5 millones de soles llevan casi un año sin ser saldados, lo que deja en evidencia no solo la incapacidad de los responsables, sino una posible estafa orquestada por el Consorcio Salud Calca, integrado por la empresa china Sinohydro Corporation Limited y la peruana 2H Ingeniería y Construcción S.A.C.

A pesar de ser un proyecto gestionado por EsSalud, bajo la presidencia de María Aguilar del Águila, la institución no ha emitido ningún pronunciamiento claro sobre el actual estado de la obra ni ha tomado responsabilidad ante la creciente crisis. El mutismo por parte de la entidad encargada de velar por la salud de los peruanos es alarmante y parece ser una estrategia para desviar la atención de la negligencia en la ejecución del proyecto.

Una obra paralizada y una promesa incumplida

La construcción del nuevo hospital, que debía estar terminada en diciembre pasado, apenas alcanza un 25% de avance, a pesar de contar con una inversión superior a los 74 millones de soles. El terreno de 6,457.23 metros cuadrados, destinado a albergar 16 consultorios y un área de urgencias, permanece vacío, con los trabajadores y proveedores sin recibir el pago por su labor, mientras el consorcio no da señales de cumplir con su obligación.

El alcalde de Calca, Edward Dueñas, en un intento por calmar la situación, visitó el lugar con su equipo, y se alcanzó un acuerdo en una reunión celebrada en la parroquia local. Sin embargo, el acuerdo fue insuficiente para resolver el problema de fondo: el consorcio no ha cumplido con las millonarias deudas contraídas.

¿EsSalud es cómplice?

La actitud de EsSalud ante esta crisis es cada vez más cuestionada. En su momento, la presidenta María Aguilar del Águila llegó a Calca para inspeccionar la obra y aseguró que el hospital se terminaría dentro del plazo contractual, un compromiso que ha quedado en el aire. La falta de información clara y la indiferencia de los funcionarios de EsSalud ante la denuncia de los proveedores y trabajadores sugiere que la institución podría estar encubriendo una presunta estafa millonaria.

Lo más grave es que el retraso de la obra ha tenido consecuencias devastadoras para la población de Calca y alrededores. Con una infraestructura de salud paralizada, miles de asegurados se ven obligados a desplazarse hasta Cusco para recibir atención médica, lo que no solo eleva los costos de salud, sino que pone en peligro la vida de los pacientes.

Presidenta María Aguilar del Águila en su visita la obra en Calca.

La deuda y el futuro de la obra

A casi un año de incumplir su compromiso con los proveedores, el Consorcio Salud Calca parece estar evadiendo la responsabilidad de saldar su deuda de 3,5 millones de soles. Esta deuda, que representa solo un 4% del monto total del contrato, debería haber sido prioritaria, ya que es impensable que los trabajadores de la obra queden desprotegidos, sin salarios ni pagos.

EsSalud no puede seguir mirando hacia otro lado ante este escándalo. Si no se garantiza el pago inmediato a los proveedores y trabajadores afectados, el Seguro Social de Salud se verá obligado a responder por ser cómplice de este robo institucionalizado. Los peruanos no solo merecen respuestas, sino que exigen justicia.

No es no. El titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), Eduardo Arana Melchor, en representación del Poder Ejecutivo, anunció que se viene evaluando presentar un Proyecto de Ley (PL) para que se modifique el Código Penal para imponer pena privativa de la libertad a los extranjeros que reingresen a nuestro país pese a haber sido expulsados previamente por haber cometido un delito.

Así lo anunció durante su intervención tras la sesión del Consejo de Ministros, donde precisó que esta iniciativa busca castigar a los extranjeros que se «burlan» de las autoridades nacionales y reingresan al país para seguir delinquiendo, cuando ya se les ha expulsado por estos actos.

“La idea que se propuso con el Ministerio de Justicia frente a este hecho es que ante casos en los cuales un extranjero que ilegalmente haya ingresado y que, además, tenga un proceso administrativo o un proceso penal en el cual parte de la sentencia implica la expulsión y reingresa, será objeto de todas maneras de una detención y una prisión efectiva”, señaló.

El ministro Arana manifestó que cuando el PL sea aprobado por el Consejo de Ministros será enviado al Parlamento. Al respecto, dijo que espera que en el Legislativo lo tramiten rápidamente dada la realidad de los reingresos por la frontera.

También se refirió sobre la Corte IDH y la postura del Perú

Por otro lado, el ministro de Justicia se pronunció sobre la posibilidad de que el Perú se retir de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), raíz de una serie de audiencias para conocer la opinión de diversos sectores respecto de la pena de muerte para violadores.

“Se nos ha señalado que las audiencias tendrían un propósito de que el Gobierno tendría bajo la manga la posición de inmediatamente retirarnos de la Corte Interamericana, nada más alejado de la verdad. La propuesta intenta acercarnos a una problemática que es real y darle respuesta dentro del marco de la Constitución y la ley”, dijo.

El ministro señaló que el objetivo de estas audiencias es “escuchar a la ciudadanía en sus propias regiones” respecto de este debate que planteó la presidenta de la República Dina Boluarte.

La foto de la discordia. Una fotografía difundida por RPP ha puesto de cabeza a la Policía y demás involucrados en la instantánea, entre ellos el empresario Guillermo Ruiz, quien ha negado formar parte de la organización criminal ‘Los Pulpos’ de la ciudad de Trujillo.

En dicha fotografía se puede apreciar a tres suboficiales de la Policía Nacional del Perú (PNP) junto a otros cuatro sujetos, los mismos que serían parte de ‘Los Pulpos’, entre ellos el empresario aludido.

Guillermo Ruiz, muy al contrario de las acusaciones, manifestó que en realidad dijo haber sido víctima de extorsión por parte de ‘Los Pulpos’, mencionando además que la foto fue tomada en mayo del año pasado por su amistad con los suboficiales presentes, quienes, según su versión, capturaron al tío del prófugo Jhonsson Smit Cruz Torres, cabecilla de la organización criminal.

Puntualizó que las personas a quienes el Gobierno vincula con la organización criminal son, en realidad, un contador y dos supervisores de seguridad que trabajan en sus empresas. Por ello, cuestionó la falta de una investigación adecuada antes de que el ministro del Interior haya emitido un “comunicado ligero”.

“Sería bueno que el ministro identificara quién está detrás de la difusión de esta foto. Soy un empresario que ha sido afectado por ‘Los Pulpos’, los he denunciado, eso es muy fácil de corroborar. Estoy trabajando con mis abogados y voy a denunciar a la PNP y al Mininter. Vamos a seguir hasta la última instancia”, afirmó.

Ministro Santiváñez piensa contrademandar a empresario

Por su parte, el titular del Mininter advirtió al empresario con tomar acciones legales de continuar con la denuncia.

“En el comunicado no nos hemos referido a ningún civil y, menos, al empresario o supuesto empresario, no conozco al señor. Nos hemos referido a los policías que, de acuerdo a la Ley de Régimen Disciplinario, van a ser sometidos a un proceso disciplinario”, indicó.

“Si el empresario va a demandar a la Policía, que lo haga, lo vamos a contrademandar nosotros, por una sencilla razón, en qué momento se le ha sindicado. Nosotros no lo hemos sindicado”, agregó.

La ferviente defensora del prófugo Vladimir Cerrón, la congresista María Agüero, ha presentado un Proyecto de Ley (PL) para que los medios de comunicación declaren quiénes son sus fuentes de financiamiento y si influyen de alguna manera en la denominada ‘línea editorial’.

La legisladora arequipeña, investigada por el caso ‘Mochasueldo’ explica en el artículo segundo del PL n.° 10208/2024 -CR la finalidad de esta iniciativa.

“La finaldiad de esta ley es garantizar que la ciudadanía disponga de información clara, precisa y verificables acerca de la estructura de propiedad, las fuentes de financiamiento y las actividades de los prestadores de servicios de medios de comunicación”.

Según la propuesta, los medios deberán informar sobre los montos recibidos, el origen de los fondos, y las condiciones específicas de los financiamientos, tanto nacionales como internacionales.

Este proyecto ha generado una fuerte oposición por parte del Consejo de la Prensa Peruana (CPP), que lo califica de “regulatorio” y “persecutorio”. Rodrigo Salazar, director del CPP, criticó la propuesta, señalando que podría ser una venganza política de Agüero contra los medios que han informado sobre las presuntas irregularidades en su gestión. “Eso evidencia que lo que hay siempre en este tipo de proyectos de ley es una venganza contra aquellos que alertaron sobre los entes que tienen el poder y no lo ejercen bien”, sostuvo Salazar.

El proyecto, titulado Ley de Transparencia en la Propiedad, Financiamiento y Actividades de los Prestadores de Servicios de Medios de Comunicación, también establece que los medios deberán entregar al Poder Ejecutivo detalles sobre el origen de los fondos, sean públicos o privados, y la naturaleza de los acuerdos financieros. La medida busca garantizar que los medios operen de manera más transparente.

La propuesta ha dividido opiniones. Mientras algunos consideran que permitirá una mayor claridad sobre los intereses que influyen en los medios, otros temen que se convierta en una herramienta para controlar el contenido informativo y restringir la libertad de prensa en el país.