La Fiscalía Anticorrupción investiga irregularidades en la reforma universitaria
La SUNEDU en la gestión de Martín Benavides, el delfín de Vizcarra, tomó decisiones ilegales para presuntamente favorecer a la cadena de universidades UTP de propiedad del Grupo Económico Intercorp. Una reforma que pensó en intereses económicos pero no en 180 mil estudiantes que se quedaron en la calle.
Durante la gestión de Martín Benavides se cerraron 48 universidades a un ritmo de una universidad cerrada cada 13 días. Pero, a la vez, hubo quien se benefició obteniendo licenciamientos sin tener locales construidos totalmente, sin laboratorios, sin bibliotecas y sin licencia de funcionamiento, es decir, pasando por alto los requisitos exigidos por la ley y que servían para cerrar universidades menos la Universidad Tecnológica del Perú (UTP) y sus siete filiales que fueron beneficiados por la relación de Martín Benavides y el ex presidente Vizcarra con el grupo económico Intercorp.
En su momento, la SUNEDU recibió aplausos por cerrar algunas universidades cuya existencia era muy cuestionable pero, a la vez, acompañó sus acciones con una estrategia de imagen que dio lugar a que los medios de comunicación hablen de “la gran Reforma Universitaria” pasando por alto irregularidades como no dar alternativas para los alumnos y favorecer a ciertos inversionistas.
Para lograr los cierres indiscriminados de universidades, la SUNEDU utilizó a personajes que fingieron ser expertos funcionarios capaces de estudiar en poquísimos días expedientes de 10 mil o 20 mil páginas, realizar inspecciones, absolver reclamos y luego cerrar universidades sin evaluar alternativas para la situación de los alumnos.
El caso más impresionante es el de Cristian Alberth Pacheco Castillo quien se desempeñó como Coordinador General Técnico de Licenciamiento en la SUNEDU, es decir, fue el jefe del equipo encargado de determinar a qué universidad se le daba el licenciamiento y cuál se clausuraba. Lo ilegal es que Pacheco no tenía título profesional. Era un empleado con un diploma de bachiller en Ingeniería de Sistemas —profesión ajena a la pedagogía— al que disfrazaron de experto en universidades, lo designaron como Coordinador General Técnico de Licenciamiento y con su firma se cerró el futuro universitario de más de 180 mil jóvenes.
Antes de referirnos a la investigación fiscal conviene conocer cómo actuaba Pacheco.
La SUNEDU favorece al poderoso Grupo Intercorp
Pacheco Castillo disfrazado de experto en universidades aprobó el informe favorable para dar licenciamiento a la sede central y siete filiales de la Universidad Tecnológica Privada (UTP). En su informe señaló que se habían visitado todas las sedes y que la UTP, perteneciente al poderoso Grupo Intercorp, contaba en todas sus filiales con infraestructura y equipamiento. Sin embargo, todo era falso. Las filiales estaban en proceso de construcción y no cumplían con los requisitos para ser licenciadas.
De acuerdo a ley, para obtener el Licenciamiento Institucional se debe cumplir con una exigencia obligatoria: que la sede principal y las filiales a nivel nacional tengan infraestructuras similares y el mismo nivel de equipamiento e implementación y estos requisitos deben ser verificados de manera presencial. Es decir, la SUNEDU debe constatar que la infraestructura esté completa, que estén instaladas las bibliotecas, equipados los laboratorios y todo lo necesario para el funcionamiento óptimo de una sede universitaria.
Por no cumplir con estos requisitos, muchas universidades perdieron su licenciamiento; sin embargo, la SUNEDU le alcanzó licenciamientos a la UTP por universidades inexistentes. Quienes han difundido elogios a la reforma universitaria no han querido tomar en cuenta el caso UTP y se han negado a investigar las razones del favorecimiento al Grupo Intercorp a pesar de las evidencias.
¿Qué pasó con Pacheco Castillo?
Luego de los informes favorables para la UTP, el bachiller Pacheco dejó el cargo de Coordinador General Técnico de Licenciamiento de la Sunedu y logró beneficios con ascensos en cargos de nombres pomposos. El 11 de octubre de 2019 fue designado como Director de la Dirección de Políticas para el Desarrollo y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior Universitaria. Luego cuando su jefe Martín Benavides dejó de ser el mandamás de la SUNEDU y asumió el cargo de Ministro de Educación, Pacheco apareció en el MINEDU como Director General de la Dirección General de Educación Técnico-Productiva y Superior Tecnológica y Artística.
Sin embargo, los ilícitos cometidos por el bachiller Cristian Pacheco Castillo que dieron lugar al cierre de 48 universidades sin evaluar la posibilidad de que algunas puedan ser restructuradas y seguir funcionando, no han pasado desapercibidos para la ley. Actualmente existe una investigación que conduce el fiscal Jhonny Fajardo Díaz en la Segunda Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios – Carpeta Fiscal Nº 5060 15506-2020-134-0.
En esta instancia se viene investigando la presunta comisión de delitos de corrupción ocurridos en la SUNEDU como el que hemos señalado en el caso del bachiller Cristian Pacheco Castillo. Una sospecha es el cierre indiscriminado de casas de estudio para favorecer a inversionistas en el negocio de la educación como el Grupo Intercorp.
El actuar ilegal de la SUNEDU es que la Ley Universitaria no disponía el cierre de universidades. Ese mecanismo fue inventado por un reglamento creado por el ex jefe de la SUNEDU, Martín Benavides, y la evidencia de presunta corrupción es que se cerraron 46 universidades en apenas 20 meses. Esto significa que la evaluación de universidades fue un trámite falso por una razón: en esos 20 meses se cerraron 2.3 universidades por mes, es decir, cada 13 días la SUNEDU cerraba una universidad. Algo imposible porque se tenían que inspeccionar locales en Lima y en provincias, analizar miles de documentos, recibir y evaluar descargos, y preparar informes, una tarea imposible de hacer en solo 13 días para cerrar una universidad.
Lima Gris tuvo acceso a una fuente vinculada a la investigación fiscal y pudo verificar que existen declaraciones que señalan que los funcionarios de la SUNEDU no realizaron las visitas presenciales que la ley exige para determinar el estado real de las universidades que perdieron sus licencias y tampoco visitaron las sedes de universidades licenciadas como la UTP y la UPAL. En el caso de la UTP eran sedes inexistentes que recién se estaban construyendo y en cuanto a la UPAL la supuesta sede universitaria era el local de una ferretería.
Asimismo, existe en la carpeta fiscal una manifestación que señala que “la Universidad observada podía presentar información que le permita mejorar y eso se analiza en la etapa final del procedimiento de licenciamiento” pero que los informes que servían de insumo para la decisión final no se tomaban en cuenta.
Una estrategia publicitaria posicionó la idea de la “Gran Reforma Universitaria” y, curiosamente, muchos “líderes de opinión” difundieron en los medios de comunicación esta idea sin tomarse el afán de averiguar detalles y favorecimientos que demuestran que la SUNEDU tiene mucho por explicar.
Alcalde Rafael López Aliaga: “Estamos logrando bajar los niveles de criminalidad”
El alcalde de Lima afirmó que está logrando grandes avances en la lucha contra la delincuencia, y argumenta que ya existen tres mil motos en la capital; sin embargo, omite mencionar que su gestión pagó S/36,400 por cada unidad, lo que significa un sobreprecio de casi S/18 millones por 3600 motocicletas.
El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, nuevamente se ‘autocelebra’ y en una conferencia de prensa aseguró que la criminalidad en Lima está disminuyendo gracias a las medidas que ha implementado su gestión metropolitana, entre ellas, el patrullaje motorizado. Durante su intervención López Aliaga argumentó que ya existen tres mil motos patrullando en la capital; sin embargo, omitió mencionar que su gestión pagó S/36,400 por cada unidad, lo que significa un sobreprecio de S/17 805 600, por 3600 motocicletas.
López Aliaga asegura que los índices de criminalidad se han reducido
El burgomaestre capitalino añadió que actualmente su gestión le viene haciendo frente a la delincuencia y aseguró que hay tres mil motos en funcionamiento y que, con la llegada de 600 unidades adicionales en noviembre y 500 más en diciembre, la flota de patrullaje alcanzará las cuatro mil motos para fin de año.
«En Lima, sí estamos logrando bajar los niveles de criminalidad. Ya tenemos tres mil motos funcionando, 600 más se sumarán este mes y otras 500 en diciembre. Para fin de año, contaremos con cuatro mil motos que nos permitirán erradicar todo lo que es extorsión y sicariato en la ciudad», declaró optimista ante la prensa.
Sin embargo, mostró una opinión desfavorable contra el Poder Ejecutivo, al manifestar su preocupación por la situación de inseguridad en todo del país, debido a la falta de respuestas rápidas por parte del Gobierno de Dina Boluarte, que más bien estaría agravando la tranquilidad de los peruanos.
«En el Perú en general, el problema se está agravando. No hay fuerza de choque, no hay fuerza de respuesta», culminó.
Ollanta Humala y Nadine Heredia reaparecen visiblemente demacrados durante audiencia por caso Odebrecht [VIDEO]
Ex pareja presidencial viene siendo investigada por presunta financiación irregular de parte de Odebecht para las campañas presidenciales del 2006 y el 2011.
Flaco, ojeroso, cansado y sin ilusiones, así reapareció el ex presidente Ollanta Humala en la audiencia que se le sigue por los presuntos aportes irregulares que la empresa brasileña Odebrecht le habría dado para las campañas presidenciales del 2006 y el 2011. El ex mandatario fue acompañado de su esposa Nadine Heredia, quien dejó el cabello lacio de lado por un corte más recogido y crespo.
Ambos reaparecieron este martes en una audiencia donde el Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional comenzó a escuchar a los imputados. El proceso judicial, iniciado en febrero de 2022, es el primero contra un exjefe de Estado peruano en el marco del escándalo Lava Jato, que afectó a varios países latinoamericanos. El tribunal ha convocado audiencias presenciales para este martes y miércoles en el edificio Carlos Zavala del Poder Judicial, a partir de las 9:00 horas.
Los acusados serán interrogados por la Fiscalía, la Procuraduría, los abogados y los jueces. La declaración del exgobernante, quien se dejó ver inicialmente con un barbijo, está programada para este miércoles, junto con la de su coacusada Rocío Calderón, amiga de su cónyuge. Ilan Heredia empezó a declarar en esta jornada y mencionó que daría una exposición espontánea, sin someterse a las preguntas de las partes procesales. Le sucederá el excongresista nacionalista Santiago Gastañadui.
La exprimera dama y otros seis acusados han optado por guardar silencio. Será la primera vez que Humala responderá directamente en este juicio a las preguntas sobre esta acusación. Odebrecht reconoció haber sobornado a altos funcionarios peruanos entre 2005 y 2014 para adjudicarse grandes obras públicas y que financió presuntamente de manera irregular las campañas de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y otros líderes políticos.
En la acusación, el fiscal anticorrupción Germán Juárez ha solicitado 20 años de cárcel para Humala y 26 años para Heredia por no declarar donaciones millonarias con las que supuestamente financiaron las campañas electorales. Según la tesis de los investigadores, en 2006 el dinero provenía del fallecido expresidente de Venezuela, Hugo Chávez, y en 2011 recibieron tres millones de dólares de Odebrecht por orden del Partido de los Trabajadores de Brasil.
Se salió con la suya. El Poder Judicial (PJ) ordenó al Ministerio Público dar por terminada la investigación contra la presidenta de la República, Dina Boluarte, referente a la desactivación del Equipo Especial PNP que apoyaba al Equipo de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop). El juez Juan Carlos Checkley, del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia, declaró fundado el pedido de control de plazo presentado por la defensa legal de la mandataria, disponiendo así la finalización de la investigación preliminar que se le sigue por los presuntos delitos de encubrimiento personal y abuso de autoridad.
Tras esta decisión, la Fiscalía deberá decidir si es que presenta una denuncia constitucional en contra de la mandataria o archiva el caso.
Como se recuerda, el exministro del Interior, Walter Ortiz, también fue denunciado por este hecho luego de anunciar que se desactivaba el equipo de élite de la PNP, que se encargaba de apoyar al equipo liderado por la fiscal Marita Barreto. El argumento para esta decisión era que existía una supuesta duplicidad de funciones con la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac).
Según el documento judicial, la defensa de Boluarte Zegarra señaló que el plazo para la investigación preliminar, que era de 60 días venció el 09 de julio de 2024 y el 24 de julio, dos semanas después, recién se pidió una extensión.
Lo curioso es que la desactivación de este equipo PNP que dirigía Harvey Colchado ocurrió un día antes de que se ordene la detención preliminar de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta, y su ex abogado, Mateo Castañeda, por el caso Waykis en la Sombra.
Procuraduría le reclama al ‘Lagarto’ Vizcarra que pague más de 4 millones de soles de reparación civil
Solicitud se deriva cuando Vizcarra Cornejo era presidente del Gobierno Regional de Moquegua entre el 2011 y 2014; durante su gestión se habrían realizado diversos sobornos.
Lo quieren dejar más frío al ‘Lagarto’ de lo que está. La Procuraduría Ad Hoc para los casos Odebrecht y Lava Jato solicitó al Poder Judicial (PJ) que el ex presidente Martín Vizcarra Cornejo pague la suma de S/ 4 671 971.30 como reparación civil a favor del Estado peruano por presuntos actos de corrupción que habría cometido en el caso ‘Lomas de Ilo’ y el Hospital Regional de Moquegua.
El petitorio fue sustentado por el procurador Carlos Fernández durante el segundo día del juicio oral contra el exmandatario por dichos actos ilícitos que habría cometido cuando se desempeñó como presidente regional de Moquegua, entre el 2011 y el 2014.
El representante de la Procuraduría indicó que Vizcarra Cornejo «ofertó su función pública como presidente del Gobierno Regional de Moquegua a cambio de obtener ventajas económicas ilegales, no una sola vez, sino dos veces».
Fernández señaló que en el desarrollo del juicio acudirán como testigos exdirectivos y trabajadores de Obrainsa para declarar cómo se pagó un millón en efectivo al expresidente, por «información privilegiada» para obtener el proyecto Lomas de Ilo.
Asimismo, indicó que Martín Vizcarra «condicionó» la firma del contrato para el Hospital Regional de Moquegua a un pago ilícito de S/1.3 millones, el cual habría sido exigido a la constructora ICCGSA. “Escucharemos al propio ejecutivo de ICCGSA, que recibió el condicionamiento”, destacó Fernández. Además, refirió que José Hernández habría sido el intermediario de esta coima.
En esa línea, el defensor del Estado estableció el daño extrapatrimonial de la siguiente manera: S/ 2 071 971.30 como reparación civil respecto a los hechos por el proyecto de irrigación Lomas de Ilo, el cual deberá ser pagado, en forma solidaria, por el exmadantario, Obrainsa y Astaldi, sucursal del Perú. Estas últimas, empresas que se encuentran en calidad de terceros civilmente responsables por este proceso penal.
El letrado también demanda el pago de 2 millones 600 mil soles como reparación civil a favor del Estado respecto a los hechos que involucran al Hospital Regional de Moquegua. Además del exmandantario, el monto debe pagarse, en forma solidaria, con ICCGSA e INCOT Contratistas Generales S.A, empresas que también se encuentran en calidad de terceros civilmente responsables en este proceso penal.
Fiscalía allanó vivienda de la congresista María Agüero por caso ‘Mochasueldos’
Personal de la Fiscalía llegó hasta la casa y despacho de la parlamentaria de Perú Libre por presuntamente recortarle el 10% de su sueldo a sus trabajadores.
Desde tempranas horas de la mañana personal de la Fiscalía allanó la vivienda y el despacho de la congresista María Agüero, representante de la bancada de Perú Libre, en el marco de las investigaciones por el presunto recorte de sueldo de sus trabajadores. Las autoridades buscan recopilar evidencias que puedan confirmar su participación en este esquema, donde se le acusa a la legisladora arequipeña de retener hasta el 10% de los fondos de su personal.
A través de su cuenta oficial de X, antes Twitter, la Fiscalía de la Nación informó que ejecuta la diligencia de allanamiento del domicilio de la parlamentaria en el distrito de Breña, en conjunto con el Equipo de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop).
«La diligencia, que se ejecuta de manera simultánea en las oficinas de Agüero en el Congreso de la República y dos inmuebles en Arequipa, forma parte de la investigación que se le sigue por los presuntos delitos de concusión y enriquecimiento ilícito (…) A la referida parlamentaria se le imputa el haber inducido a sus trabajadores a entregarles diversas sumas de dinero e incrementado injustificadamente su patrimonio en los últimos años«, escribieron.
El caso fue destapado por el dominical Punto Finalen agosto pasado, cuando una ex trabajadora, cuya identidad se mantuvo en reserva, denunció que Agüero se apropiaba de los salarios con la ayuda de César De la Cruz, un abogado de su círculo cercano que ejerció como su asesor. Siempre según la denuncia, la parlamentaria justificaba el recorte al afirmar que “el partido tiene gastos y logística” por cubrir.
La exempleada contó al dominical que De la Cruz recogía los salarios y bonos de los empleados para transferirlos a favor de Agüero, quien eventualmente imponía otros gastos a su personal, como cubrir arreglos de su auto. El abogado argumentó que los depósitos eran “devoluciones” de préstamos, mientras que la congresista negó las acusaciones y aseguró que sus cuentas eran transparentes.
El citado medio también confirmó que De la Cruz realizó al menos diez transferencias a favor de Edson Flores, quien ha trabajado como coordinador de Agüero desde noviembre de 2021, en Arequipa, su región de representación. Estos movimientos en conjunto suman un total de S/27,150.
En el trasvase de fondos de Lima a Arequipa, se implicó a Joyce Mejía, una ex trabajadora de la parlamentaria. En su caso, se identificaron dos envíos a favor de Flores: uno por S/1,890 y otro por S/2,430, ambos en enero de 2023. Estos depósitos se registraron apenas un día después de que Mejía recibió su salario, según el informe.
El dominical determinó, finalmente, que algunas transferencias coincidieron con la llegada de la parlamentaria a la región sureña. Por ejemplo, el 19 de enero de 2023, Flores recibió S/3,400 mientras la congresista estaba en Arequipa por un viaje de representación. Además, el 18 de febrero, obtuvo S/5,000, solo dos días antes de que Agüero comenzara sus actividades.
El día de ayer el presidente del Congreso se presentó ante la prensa para referir las actividades de la APEC que organiza el Congreso a su vez que refirió parte de la agenda de esta semana en el pleno del congreso.
Anunció que el 13 de noviembre se dará el APEC ciudadano en el Congreso de la República con presencia del cuerpo diplomático, agencias de cooperación internacional y congresistas. La agenda rotará dentro de tres ejes: cooperación internacional, integración económica con el sudeste asiático y libre comercio.
Sobre el tema de la vacancia el presidente del poder legislativo fue pausadamente contundente «no somos partidarios de generar inestabilidad en el país (…) Hay que respetar los plazos constitucionales (…) Tenemos que generar un clima de confianza para los inversionistas con motivo del APEC».
Sobre la votación de pedido de facultades para la comisión de investigación sobre el tema El Cofre, el presidente del congreso haciendo gala de una memoria prodigiosa, mencionó que el jueves se vería el pedido en el pleno para su debate.
Ante las insinuaciones del congresista Burgos sobre contubernios entre el legislativo y el ejecutivo, el presidente del congreso evadió responder directamente.
Respecto al tema del REINFO señaló con apacible contundencia «creo que no debe ser ampliado». A su vez explicó que existen 90 mil pequeños mineros registrados pero solo 20 mil están activos, y esto en un contexto en que «solo nos quedan cuatro o cinco plenos».
Por otra parte, ya a la salida de la Comisión de Fiscalización, el que preside el congresista Burgos mencionó sobre el tema «el cofre», «Si se aprueba este jueves [en el pleno], ya la próxima semana irían para entrevistar a Dina».
Cabe resaltar que, si por un lado el Congreso viene avanzando lentamente, no obstante, el ejecutivo tiene un paso inerte. Existen 72 leyes aprobadas por el Congreso que se encuentran sin reglamentación de parte del ejecutivo. Lo cual evidencia una falta de coordinación entre los poderes o acaso sea solo parte de la cultura de inoperancia de nuestro gobierno.
Ayer en una sesión turbulenta, la Comisión de Fiscalización del Congreso, recibió en audiencia a Henry Shimabukuro, ex asesor de Pedro Castillo, en el contexto del caso el «cofre». Sin embargo, las discusiones dentro de la comisión evidenciaron metas distintas a su propósito de investigación.
«Hay indicios suficientes para poder pedir esta comisión» precisó el presidente de la comisión, Burgos, «y no podemos quitarnos esta función de fiscalizar (…) Hay personas ajenas al congreso que conversan con palacio enviándonos emisarios para que cerremos el caso (…) Nosotros no tenemos miedo porque estamos limpios [¿?]». Señaló el congresista Burgos. Además, manifestó que la comisión está sumando y resaltó que existe un ánimo obstruccionista.
La mañana empezó temprano con dudas sobre esta investigación y con el aludido Shimabukuro presente. Vía online el congresista Héctor Ventura cuestionó la investigación al decir «¿Hay elementos suficientes? (…) Con lo que tenemos es débil». Luego su escepticismo evolucionó a un pesimismo nihilista cuando exclamó «Se va a caer este proceso, esta investigación (…) Shimabukuro está divagando en sus respuestas (…) Lo que usted ha dicho [en referencia a declaraciones del presidente de la comisión] llama la atención, que el presidente del congreso estaría obstaculizando el proceso. Usted debería decir cuáles son los fundamentos».
Luego el congresista Marticorena con tono apagado mencionó: «Estamos en noviembre y cuáles son los RESULTADOS que hayamos obtenido con lo que la población quiere, NO HAY. Y los corruptos están felices, quieren que el congreso siga chocando, enfrentando a todo el mundo».
Luego hizo referencia a que la investigación sea sobre algo concreto y definido.
Por su parte el presidente de la Comisión, Burgos, respondió a las críticas señalando que «estamos haciendo nuestro trabajo» y refirió a un contubernio entre el poder legislativo y ejecutivo. También mencionó de presiones para que su comisión no se dedique al «cofre», de parte de supuestos emisarios. Cuando el congresista Marticorena insistió en que precisará quienes eran esos supuestos emisarios, se dio un breve y lamentable pico a pico entre Burgos y Marticorena, al percibirse el último como aludido.
Marticorena insistió en que el presidente estaba «dilatando la comisión» sobre el caso del «cofre», en tanto retrasaba otros temas en agenda. Hay que precisar que no obstante la larga y cansina retórica del presidente de la Comisión de Fiscalización sobre este caso, la sesión avanzó con la misma lentitud que otras comisiones, por lo que la crítica del congresista Marticorena parecen más de un tono de apurar dicha sesión. Como fuere, la comisión se expuso ayer dividida y en ocasiones hasta daba entender cierto enfrentamiento interno.
Henry Shimabukuro: “Dina Boluarte es una persona mitómana y mentirosa”
El exasesor presidencial acusa a la presidenta Boluarte de usar una ruta clandestina para evitar controles y asegura que ella permaneció en la urbanización Rosario de Asia y no en Mikonos. “Esta señora, alcornoque, nos ha mentido a todos los peruanos diciendo que había ingresado al condominio. Esta señora es una vergüenza nacional e internacional”, declaró Shimabukuro.
El exasesor presidencial, Henry Shimabukuro no se reserva nada y hoy se presentó ante la Comisión de Fiscalización para revelar que la mandataria Dina Boluarte habría estado en el condominio Rosario en Asia, y no en Mikonos, como indicaban en un inicio. Esta información, le habría sido proporcionada por un agente de inteligencia de la DINI a Shimabukuro.
«A través de un agente de inteligencia de la DINI, el informe fue que la señora Dina Boluarte nunca estuvo en Mikonos», fueron las primeras revelaciones del exasesor presidencial durante la Comisión de Fiscalización. «Un vehículo privado la recogió (a la presidenta) en las inmediaciones del condominio Mikonos, para luego dirigirla hacia San Pedro y San Pablo y de ahí, hacia el condominio Rosario de Asia», añadió.
Asimismo, Shimabukuro en una entrevista para Panorama declaró que la jefa de Estado Dina Boluarte estuvo en el sur de Lima el 24 de febrero de 2024, día en el que, según presunciones, se facilitó la fuga de Vladimir Cerrón. En esa línea, Shimabukuro, afirma que la mandataria no ingresó al condominio Mykonos, sino que se dirigió hacia un lugar cercano, específicamente a la urbanización Rosario de Asia, desplazándose por una ruta clandestina.
“Esta señora, alcornoque, nos ha mentido a todos los peruanos diciendo que había ingresado al condominio Mykonos. A través de un agente de inteligencia se logró descubrir la ruta de Mykonos hacia San Pedro y San Pablo, y de ahí hasta Rosario de Asia, que es una urbanización a la que se accede por una ruta marginal donde la señora se dirigió”, aseveró Shimabukuro.
Asimismo, Shimabukuro asegura que la presidenta es una vergüenza nacional e internacional:
“Dice que no miente, pero es una persona mitómana y mentirosa. El año pasado apareció en los medios afirmando que nunca me había visto y que no me conocía, cuando en realidad hizo campaña conmigo. Ahí empieza la mentira: los relojes, los vestidos, los anillos, las joyas… Esta señora es una vergüenza nacional e internacional”, concluyó el exasesor.