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Política

El escándalo del hotel Sheraton: Correo de Ricardo Ruiz Caro reveló la planificación de “caducidad” de los procesos sancionadores

Un correo electrónico reveló cómo se estuvo manejando el caso de la construcción del hotel Sheraton en el centro histórico de la ciudad del Cusco.

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La fiscal Anticorrupción Gloria Soto, formalizó acusación contra tres exdirectores del Ministerio Cultura de Cusco (DDC), por la construcción del hotel Sheraton de la calle Saphy, ubicado en el centro histórico de la ciudad imperial. En el documento se advierte la destrucción de muros incas y republicanos, ante una aparente inacción de quienes estaban encargados de velar por la protección del legado cultural.

Entre los exfuncionarios con responsabilidad penal se encuentran Ricardo Ruiz Caro, Juan Julio García Rivas y David Ugarte Vega Centeno. La fiscalía Anticorrupción pide cárcel para los exfuncionarios.

En el caso del denunciado Ricardo Ruiz Caro, la fiscalía solicita cuatro años de prisión y se le imputa la autorización del rearmado del muro prehispánico para la edificación de la nueva infraestructura. Sobre el señor Ruiz Caro es importante recordar que en marzo de 2019 publicamos un correo al cual tuvo acceso Lima Gris, y que reveló cómo se estuvo planificando la “caducidad” de los procesos sancionadores del hotel Sheraton de la calle Saphy.

El correo fue enviado al abogado Rubén Carrión por Ricardo Ruiz Caro, ex asesor de Luis Nieto Degregori (Director de la DDC de Cusco) con el título “Resolución Directorial de caducidad”.

En el primer párrafo del correo, Ricardo Ruiz Caro, quien ha sido denunciando penalmente por el tema del hotel Sheraton en Cusco, señala:

“Rubén, le he dado una mirada a la propuesta de RD de caducidad y luego de consultarlas con tus colegas Omar y Christian, me parece necesario marcar una diferencia entre este tipo de RDs (que proviene “de oficio” y por ende están sujetas a caducidad) de aquellas que vienen “de parte” como la que ya se emitió sobre el tema de Saphy”.

Rubén Carrión fue uno de los abogados que estuvo a cargo del tema legal en el Ministerio de Cultura de Cusco, y con él coordinaban los diferentes casos que se presentaban en la ciudad imperial. Uno de ellos fue el caso del hotel Sheraton en Cusco, un caso emblemático de la destrucción del patrimonio cultural, donde el exministro de Cultura Rogers Valencia, terminó firmando dos resoluciones basadas en la “caducidad”, y con la cual se le perdonaba una sanción millonaria de más de 4 millones de soles a la empresa R&G.

En el mismo correo, en el segundo párrafo, Ricardo Ruiz Caro menciona:

“Mi sugerencia es hacer expresa la situación de procedimiento “de parte” por tanto en la parte considerativa como en los propios artículos resolutivos… de este modo estas caducidades no se tomarían en argumentos en contra de aquellas sanciones que asumimos que no caducan por devenir de parte”.

La comunicación del correo reveló que Ricardo Ruiz Caro a pesar de estar denunciado penalmente por el caso del hotel en la calle Saphy, como asesor del Ministerio de Cultura, personalmente planificaba la caducidad de los procesos sancionadores, es decir, era juez y parte de un caso donde él está involucrado junto a otros funcionarios de la DDC de Cusco.

En el tercer párrafo del correo, el señor Ricardo Ruiz Caro le da una sugerencia a los abogados, mencionando:

“Sugeriría también una mirada conjunta entre abogados respecto a esta sugerencia y un acuerdo colegiado de ustedes de la planilla general que se habrá de usar a futuro para este procedimiento”.

Recordemos que Ricardo Ruiz Caro fue asesor de Luis Nieto Degregori, y todo lo que se realizaba lo hacía con conocimiento del propio señor Nieto Degregori, exDirector del Ministerio de Cultura de Cusco.

Nos comunicamos con el abogado Rubén Carrión para conversar sobre el correo y las coordinaciones que realizaba con el señor Ricardo Ruiz Caro sobre el tema de caducidad. Aquí la entrevista.

¿En qué contexto usted recibe este correo?

Yo he sido presidente del órgano técnico colegiado de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, hasta el 28 de agosto del 2018. En ese contexto cuando entra la nueva gestión del señor Luis Nieto Degregori, entra como asesor el arquitecto Ricardo Ruiz Caro, e inmediatamente los expedientes del caso Saphy era de interés de la institución y de la dirección. En todo caso señor Luis Nieto directamente, con mi persona, el jefe del área de defensa de patrimonio y con asesoría jurídica, hemos tenido permanentes reuniones de coordinación para ver cómo se resolvía lo de Saphy.

Al leer el correo uno se da cuenta que el tema de la caducidad ha sido planificado estratégicamente por parte de los funcionarios del Ministerio de Cultura de Cusco.

Lo que le puedo aclarar es lo siguiente: Yo no era jefe, sino era presidente de un órgano colegiado, que estaba encargado de emitir opiniones realizando propuestas en los procedimientos administrativos sancionadores. En todo caso nosotros debemos subordinación al jefe que es el director Nieto Degregori. Y si sus asesores estaban en representación de él, lo propio nosotros teníamos que hacer y sacar las disposiciones emitidas por el director de la DDC de Cusco.

Entonces, los asesores y el señor Luis Nieto de Degregori son los responsables directos.

Cuando todavía no ha salido a la luz este correo, decían que me han cruzado documentos a mi persona. Yo he aclarado que en todos los documentos que me han cruzado a mi persona, el único error que he cometido es haber opinado por la sanción a la empresa R&G del caso Saphy. Ese ha sido mi único error, por eso he sido objeto de maltrato, acoso laboral y además me sacan del cargo por ese motivo. Me dijeron que entregue a otro abogado el cargo, eso fue el 28 de agosto del 2018. Luego de ello me dejan sin escritorio, sin computadora y sin lugar de trabajo.

Luis Nieto Degregori y Ricardo Ruiz Caro.

Tomaron represalias contra usted por opinar a favor de la defensa del patrimonio…

Sí. Al tercer o cuarto día yo puse en conocimiento todos estos hechos, le indiqué al director Luis Nieto, quien era mi jefe inmediato, que regularicé mi situación, porque era una situación ilegal. Hicieron caso omiso hasta el 05 de octubre del 2018, que ya cansado de todo esto, tuve que pasar una carta notarial indicando que cese el acoso laboral, el maltrato y el abuso de autoridad. He trabajado más de siete años en la institución, no he tenido nunca ninguna llamada de atención ni ningún proceso.

Usted representaba una piedra en el zapato para los intereses de los asesores, el señor Luis Nieto Degregori y para la empresa R&G.

Incluso el director quería que renuncie en esa fecha, pero yo como soy abogado y tengo que hacer respetar mis derechos, no voy a permitir semejante atropello de las autoridades. A pesar de todo eso, los asesores de la DDC se mofaban de mi situación.

Después de todo lo sucedido, imagino que para usted no fue una sorpresa que el exministro de Cultura Rogers Valencia, firmará las dos resoluciones a favor de la empresa R&G.

Cuando estaba viendo el caso, había una situación del monto y de los procesos administrativos, pero como veía que, en el proceso de la desaparición y destrucción de los tres muros prehispánicos, teníamos una opinión uniforme, en el sentido de que era una falta grave, propusimos la máxima sanción para ello, que fueron las mil UIT. No sé cómo lo hayan tomado los funcionarios del Ministerio de Cultura, pero en el Ministerio de Cultura dijeron que estaba mal. Sucedido esto, a mí me mandaron a Lima a sustentar en asesoría jurídica y lo hice. La ley es bien clara y es precisa. La opinión que nosotros emitimos como órgano técnico colegiado estaba enmarcada en la ley. Ahora que tenga una interpretación de la norma diferente, que no sea acorde a lo establecido en la norma y al interés público, no podemos asumir responsabilidades por ello.

¿Con quienes se reunió en la sede central del Ministerio de Cultura en Lima?

Me reuní con el jefe de asesoría jurídica y con dos asesores que propuso, ahí sustenté los términos de la sanción. Nosotros emitimos una propuesta, una opinión, y ellos revisaron con su equipo. Nosotros no lo suscribimos, nos somos el órgano sancionador, el órgano sancionador es la dirección, y la dirección es la que emite en última instancia asegurándose por todos los medios que sea la adecuada y la que esté de acuerdo con su precisión e institucionalidad, que es sancionar o no sancionar. Para tal efecto la dirección ha tomado todas las prevenciones del caso y han estado de acuerdo con ello.

Luis Nieto Degregori y exministro Rogers Valencia..

Cómo se puede entender que el señor Ricardo Ruiz Caro pueda ser juez y parte en este asunto, ya que él esta denunciado penalmente por el caso del hotel en la calle Saphy.

Sí, tengo entendido que tiene una denuncia penal y que está muy avanzado el caso. Fíjese, como es parte de dirección del Ministerio de Cultura hasta la fecha, y está a un nivel superior de nosotros, si bien es cierto podíamos discrepar con ello, pero nosotros no teníamos ninguna facultad para poder decidir. En todo caso, la institución sabe perfectamente cuál es la situación del señor.

Después de todo lo que ha ocurrido con el caso del Hotel de la calle Saphy, ¿cuál es su lectura sobre el tema?

Mi persona ha trabajado más de siete años en la institución, he trabajado con todos los directores, e incluso he sido asesor de dirección, cuando los asesores ganaban 3 mil 500 soles, ahora el señor Ruiz Caro, gana 11 mil soles. A mí nunca me han subido el sueldo, pero siempre he servido a la institución por vocación y convicción. Cuando suceden cuestiones irregulares y para las personas que uno resulta incómodo, lamentablemente uno tiene que pagar las consecuencias. Desde el 2008 que empieza la obras hasta el 2018 que se llega a sancionar recién, porque nadie la quería hacer, y nosotros hicimos la adecuada y correcta propuesta, porque eso dice la ley. Pero por todo esto me han maltrato, menospreciado y han llegado al extremo de quererme hacer renunciar, y por hacer respetar mis derechos, hasta la fecha me siguen maltratando, y eso es muy agraviante para mi persona como profesional, padre de familia y miembro de la sociedad.

Para mucha gente en el Ministerio de Cultura de Cusco hay operadores de la corrupción, gente con gran poder, que incluso llega al Ministerio de Cultura en Lima, ¿Para usted la construcción del hotel Sheraton en Cusco se llegará a demoler?

Sobre el tema lo que se tendría que hacer es sacar el excedente de la construcción, porque que llegue a demolición administrativamente es casi un imposible con los procesos que han declarado la nulidad y caducidad.

Nos queda claro que en el correo que revelamos hay una planificación e intencionalidad de nulidad y caducidad sobre el tema.

En las dos resoluciones que emite el exministro Rogers Valencia, en su última parte dice: se buscarán las responsabilidades conforme al artículo 11 de la ley 27444, ley de procedimientos administrativos general.  Que dice “Se buscará la responsabilidad en la autoridad que suscribió la resolución materia de nulidad, caducidad”. Y qué está sucediendo ahorita, le explicado mi situación. Quién ha emitido la resolución materia de nulidad, pues ha sido el señor Luis Nieto Degregori, director de la DDC de Cusco, entonces, en merito a la ejecución de una resolución que ha causado estado de procedimiento, el que debería ser procesado es la persona que ha emitido el escrito. Pero lo que están haciendo ahorita es irregular, están buscando a terceros responsables como chivos expiatorios, y el director Luis Nieto está procesando, cuando él debería estar procesado. Es decir, el señor Nieto Degregori está de juez y parte. Eso es una situación incorrecta.

¿Por qué se anima a denunciar y hacer público el correo?

A mi persona y a los miembros OTC nos han aperturado procedimientos administrativos disciplinarios, por la resolución 998 del 2018 del Ministerio de Cultura, y el caso es lo que le explicado, la resolución está disponiendo que le aperturen instrucción o proceso disciplinario al director, por es Luis Nieto Degregori quien ha emitido y suscrito la resolución. Lejos de hacer eso, lo están haciendo contra nosotros, y el director esta de juez, y eso debe ser sancionado penalmente. Mi situación laboral está en suspenso porque he puesto un recurso de apelación, y el director en los documentos que emite, dice: al abogado Rubén Carrión, se le deberá pagar sus remuneraciones y no se le podrá dar permiso. Y eso es de fecha 15 de enero y 15 de febrero. Si el director está disponiendo mi situación laboral, entonces, que lo ejecute. Pero nada de eso se hace, ya que lo responden de cualquier manera y vulneran mis derechos como servidor público.

Es sorprendente que, por defender el patrimonio cultural, este pasando por toda esta situación…

Solo por defender el patrimonio, por haber opinado por una sanción. Seguro hay otros intereses como usted lo ha manifestado y mi defensa no ha sido bien visto, y seguro he defraudado a muchas personas en el Ministerio de Cultura. Eso para mí es indignante. Yo salgo a esta entrevista porque si bien es cierto me han maltrato desde que he emitido la resolución esa, y me han sacado de la peor manera de la institución, y ahora me siguen maltratando. El correo es bien claro y preciso, ahí está todo el contexto de cómo se ha llevado el proceso correspondiente a Saphy.

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Política

Carlos Álvarez rumbo a Palacio: ¿Con qué personajes se rodea el cómico que quiere ser presidente?

El denominado outsider televisivo que se presenta como ajeno a la corrupción, ha vinculado su candidatura a un partido liderado por figuras seriamente cuestionadas. Su silencio frente al juicio por presunta corrupción que enfrenta Vladimir Meza, pone en entredicho la coherencia y transparencia de su discurso.

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En un contexto donde la ciudadanía exige cada vez más integridad y rendición de cuentas, resulta fundamental que quienes aspiran a la presidencia de la República lo hagan desde una posición ética incuestionable. En ese escenario, el comediante y actual precandidato presidencial Carlos Álvarez ha irrumpido en la arena política bajo el lema de ser una opción “limpia” frente a la corrupción, una propuesta que, a simple vista, puede resultar atractiva para un electorado harto de escándalos.

Sin embargo, detrás de esta promesa de renovación política emergen cuestionamientos relevantes sobre el entorno que acompaña a Álvarez en su intento por llegar a Palacio de Gobierno. En los últimos meses, el precandidato ha sido visto públicamente junto a figuras que arrastran serios cuestionamientos legales y éticos, lo que obliga a preguntarse con franqueza: ¿puede alguien liderar una cruzada contra la corrupción rodeado de personajes que enfrentan acusaciones por prácticas de presunta corrupción?

Uno de los nombres que genera mayor preocupación es el de Vladimir Meza Villarreal, actual presidente del partido ‘País Para Todos’, agrupación que respalda la candidatura de Álvarez. Meza actualmente enfrenta un juicio oral por el presunto delito de colusión agravada, relacionado con su gestión como alcalde provincial de Huaraz (2011-2014), en el denominado caso ‘Consorcio Huaraz’. La Fiscalía ha solicitado diez años de prisión. A ello se suma una sentencia previa por violencia familiar, emitida en 2015, así como investigaciones en curso por presunto lavado de activos y corrupción durante su paso por la administración pública.

Vladimir Meza, presidente del partido ‘País Para Todos’.

La cercanía de Carlos Álvarez con Vladimir Meza no ha sido aclarada públicamente, pese a que este último dirige la organización política con la que postula. Álvarez ha optado por mantener silencio ante las investigaciones que rodean a su principal aliado político, una actitud que resulta poco coherente con su discurso de frontal oposición a la corrupción.

Pero Meza no es el único personaje en la órbita del precandidato que genera controversia. Otra figura que ha cobrado protagonismo dentro del partido ‘País Para Todos’ es Delsy Yesely Romero Álvarez, Secretaria General Nacional de la agrupación política y empresaria del sector construcción. Según diversas fuentes, Romero estaría siendo investigada por presunto tráfico de influencias y habría sido vinculada a un entramado de conflictos de interés con la Municipalidad de San Marcos, en la región Áncash.

Delsy Yesely Romero, forma parte de la cúpula del partido ‘País Para Todos’.

Romero, exfuncionaria edil, habría aprovechado su cercanía con Meza para beneficiarse de información privilegiada y asegurar contratos de obra pública a favor de empresas vinculadas a su entorno familiar y personal. Las pesquisas apuntan a que su empresa, ‘Inversiones Generales Dyra E.I.R.L.’, así como consorcios relacionados con su pareja, Raúl Rodolfo Domínguez Ramírez, habrían obtenido adjudicaciones por millones de soles a través de licitaciones en distintas municipalidades del país.

Inversiones Generales DYRA, empresa de Delsy Yesely Romero Álvarez. Fuente: Sunat.

Constructora C y R SAC, empresa de Raúl Rodolfo Domínguez. Fuente: Sunat.

Por ejemplo, en enero de 2021, el ‘Consorcio Fraguapampa’ —integrado por la empresa de Delsy Romero y la constructora de Domínguez Ramírez— recibió una adjudicación por más de 4.5 millones de soles por parte de la Municipalidad de San Marcos para la ejecución de una obra cultural denominada: “Mejoramiento de los servicios de difusión de actividades artísticas y culturales”.

Municipalidad de San Marcos otorgó contrato millonario a consorcio de Domínguez Ramírez y Delsy Romero.

Las empresas involucradas, además de compartir vínculos personales, tienen domicilio fiscal en la misma dirección en San Martín de Porres, lo que refuerza las sospechas de una estructura empresarial familiar dedicada a captar recursos públicos.

Raúl Rodolfo Domínguez Ramírez, pareja de Delsy Romero.

No se trata de un caso aislado. En mayo de 2024, la Municipalidad del Rímac otorgó al ‘Consorcio San Cristóbal’ —compuesto por las empresas de Domínguez Ramírez (C y R S.A.C) y un socio con domicilio legal compartido (Constructora y Consultores GSA S.A.C)— un contrato por casi 900 mil soles (S/ 889,890.44 exactamente) para la mejora de una losa deportiva. Las repeticiones en el patrón de adjudicación, los vínculos personales y la cercanía política con la dirigencia del partido hacen que el asunto no pueda ser simplemente ignorado.

Municipio del Rímac otorgó al consorcio de Domínguez Ramírez un contrato por casi S/900 mil.

Además, otras figuras del entorno de Delsy Romero, como Benancio Fidel Espinoza Saavedra —quien también ha sido presentado como parte del equipo de Carlos Álvarez—, tienen un historial de investigaciones fiscales. A pesar de estas circunstancias, el precandidato comediante aún no ha respondido con claridad sobre los criterios con los que elige a sus colaboradores y dirigentes de confianza.

Abogado Benancio Fidel Espinoza Saavedra sería parte del equipo de Carlos Álvarez.

Más allá de las personas, lo que parece emerger es una red preexistente de poder con origen en la gestión edil de San Marcos, trasladada ahora al partido político ‘País Para Todos’, donde Delsy Romero tendría una influencia decisiva. Fuentes cercanas al movimiento señalan que ella controla la toma de decisiones, la selección de candidatos y las negociaciones locales. Esta centralización del poder dentro del partido, sumada a los antecedentes descritos, compromete severamente la credibilidad del proyecto político que pretende liderar Carlos Álvarez.

Relación de contratos de Inversiones Generales DYRA, realizados con el Estado. Fuente: Osce.

Fuente: Osce.

El silencio del comediante devenido en político frente a estas conexiones resulta, cuando menos, inquietante. En Huaraz, un militante que prefiere mantenerse en el anonimato lo resume así: “Es inaceptable que personas con acceso al poder usen sus cargos para enriquecerse a costa del erario público. Si el señor Álvarez dice ser distinto, entonces debe dar explicaciones”.

El caso Meza y ‘País Para Todos’

No se trata únicamente de una cuestión de acompañantes. El partido mismo está bajo sospecha. ‘País Para Todos’ es liderado por Vladimir Meza, un economista natural de Huari, quien tras un fallido intento de volver a la política en 2022 —fue excluido por el JNE por errores documentales en su postulación a la gobernación de Áncash— ahora opera como presidente de la agrupación que impulsa la candidatura de Carlos Álvarez. Meza ha sido protagonista de diversas denuncias por actos de corrupción, incluyendo las que motivan su actual proceso judicial. Su rol en la configuración de la estrategia electoral del partido, y su cercanía con Delsy Romero, revelan un aparato político con intereses cruzados que contrastan con la imagen que se quiere proyectar.

Al cierre de este informe, Lima Gris intentó comunicarse telefónicamente con la señora Delsy Romero Álvarez para formularle básicamente dos interrogantes.

Primero: ¿si su empresa Inversiones Generales Dyra E.I.R.L. y consorcios vinculados a su pareja recibieron adjudicaciones millonarias de municipios donde ella y su entorno tuvieron influencia directa?  y si ¿puede garantizar que dichos contratos se obtuvieron sin acceso privilegiado ni favoritismo político?

Y segundo: ¿Qué rol jugó ella en la selección de candidaturas, como la del señor Carlos Álvarez, y cómo responde a quienes señalan que existe una red de poder heredada de la Municipalidad de San Marcos ahora reconfigurada en la estructura partidaria?

Sin embargo, no obtuvimos respuesta.

En este panorama, el mensaje anticorrupción de Carlos Álvarez requiere más que palabras. La ciudadanía tiene derecho a saber con quién se alía un candidato que aspira al más alto cargo del país. ¿Qué compromisos adquiere con quienes lo acompañan? ¿Está dispuesto a cortar vínculos con personajes cuestionados, o se trata simplemente de una figura que presta su popularidad a una estructura tradicional?

El momento exige transparencia. Si Carlos Álvarez verdaderamente quiere marcar distancia de la política que critica, debe explicar ante la opinión pública cuál es su relación con Meza, Romero y su entorno. No basta con el silencio ni con el humor. La lucha contra la corrupción comienza por casa.

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Política

Congreso blinda una vez más a Dina Boluarte, archivando su denuncia por las muertes en las protestas del 2022

Subcomisión de Acusaciones Constitucionales pone fin, desde el lado político, las investigaciones contra la mandataria.

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Apretón de manos y cada uno por su lado. El Congreso de la República decidió archivar la denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte por las muertes acontecidas durante las protestas de fines de 2022 e inicios de 2023. Cabe recordar que dicha denuncia fue presentada por la Fiscalía de la Nación, pero el Parlamento consideró que no había pruebas suficientes para seguir con el proceso.

A los familiares de las 28 personas fallecidas no le parecerá correcto ese archivamiento. Foto: Ojo Público.

Tal decisión fue tomada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), significando el cierre del caso desde el lado político; sin embargo, eso no impide que la Fiscalía continúe investigando por su cuenta.

El informe final fue elaborado por el congresista José Jerí, quien recomendó que se archive la denuncia. En su presentación explicó que no había elementos suficientes para imputar a la presidenta. El documento fue aprobado por mayoría durante la sesión encabezada por la legisladora de Alianza para el Progreso (APP), María Acuña.

Jerí, voceado para ser el nuevo titular de la Mesa Directiva del Congreso, mencionó que este archivamiento no bloquea el trabajo de la Fiscalía. Es decir, el proceso penal sigue su curso, quitando de esa manera cualquier responsabilidad política al Legislativo.

Esta decisión del Congreso tiene impacto en cómo se gestionan las responsabilidades del Gobierno. Al archivar el caso, se limita la posibilidad de un juicio político contra Boluarte, lo que genera críticas de algunos sectores que esperaban una mayor fiscalización.

Además, pone en evidencia cómo el Congreso y el Ejecutivo pueden protegerse mutuamente en temas sensibles. Sin embargo, la Fiscalía aún puede encontrar pruebas y llevar el caso por la vía penal, lo que podría cambiar el escenario más adelante.

De esta manera, la jefa de Estado ya no enfrentará un proceso político en el Congreso, pero las investigaciones seguirán su curso desde la Fiscalía. En caso de encontrarse nuevas pruebas que comprometan a la autodenominada “mamá de todos los peruanos”, el Ministerio Público podría presentar una nueva denuncia en un futuro no muy lejano.

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Política

Ollas comunes de SJL critican declaraciones despectivas del alcalde de Lima sobre una de sus integrantes [VIDEO]

López Aliaga tildó de “asesina” y ladrona” a Abilia Ramos, quien indicó que la sangre de pollo entregada por la MML no se encontraba apta para el consumo humano.

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Embarrado y descarrilado. El infame burgomaestre capitalino, Rafael López Aliaga, no para de soltar una retahíla de sinsentidos que solo lo celebra su portátil y sus cientos de trolles en las redes sociales. Está de más decir sobre su fantasía con el tren de Lima a Chosica, ya que no cuenta con ningún tipo de estudio técnico ni el aval del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), repitiendo una y otra vez que este año entrará en funcionamiento cuando la realidad es que los vagones solamente fueron desembarcados para estar almacenados hasta nuevo aviso.

Ahora, para no desentonar con sus disparates, ‘Porky’ nuevamente no pensó lo que salía de su boca para insultar a varias dirigentes de las ollas comunes de San Juan de Lurigancho (SJL), entre ellas la ama de casa Abilia Ramos, calificándola de “ladrona”, “mentirosa” y hasta de “asesina”, solamente porque las madres reclamaron que la sangre de pollo entregada por la gestión municipal presentaba un fuerte olor y no se encontraba en condiciones aptas para el consumo humano.

Tras esas indebidas declaraciones del alcalde que dijo que iba a traer drones que iba a explotar delante de los ladrones, las organizaciones integrantes del Grupo Impulsor del Pacto de Gobernabilidad de SJL emitieron un comunicado rechazando categóricamente las vomitivas declaraciones de ‘Porky’, y expresar tu total apoyo para Abilia Ramos.

“Condenamos la intimidación ejercida por el alcalde metropolitano mediante frases como “una olla común que estamos localizando, que es politizada y está ligada a una señora de izquierda, mentirosa, asesina y ladrona. Una olla dice que huele mal, pero el resto de ollas la usa. Estoy viendo lo que se puede hacer”, se lee en el comunicado.

Tras varias declaraciones absolutamente condenables de parte del alcalde Rafael López Aliaga, ya resulta necesario cuestionar su perfil psicológico y si ello le impide poder ejercer de manera ordinaria sus funciones dentro de la municipalidad de Lima, pues ya son varias las veces en que se desaparece por varios días, y las veces en que da declaraciones se le ve desorientado y poco lúcido.

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Política

Denuncian al juez Juan Carlos Checkley por presunto cohecho

Fiscalía de la Nación lo acusa de haber favorecido a la exfiscal Patricia Benavides.

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Una guerra sin cuartel. La Fiscalía de la Nación acaba de presentar una denuncia constitucional ante el Congreso de la República contra el juez supremo provisional Juan Carlos Checkley Soria y el fiscal supremo provisional Helder Uriel Terán Dianderas, a quienes se le atribuye la presunta comisión del delito de cohecho pasivo específico en agravio del Estado peruano. el documento, elaborado por el Área Especializada en Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, expone una supuesta red de intercambio de favores entre ambos funcionarios y la exfiscal de la Nación Patricia Benavides Vargas.

De acuerdo con el documento, los hechos habrían tenido lugar entre finales de agosto de 2022 y noviembre de 2023, periodo en el que se habría concretado una serie de acuerdos entre los ahora denunciados y la exfiscal Benavides. A Checkley Soria se le atribuye aceptar la promesa de ventaja ofrecida por la entonces fiscal de la Nación, que consistió en archivar la investigación seguida en su contra ante la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, a cargo del entonces fiscal supremo provisional Helder Uriel Terán Dianderas, a cambio de declarar fundado el sobreseimiento de las imputaciones realizadas contra Enma Benavides Vargas, programando la audiencia en una fecha oportuna para los intereses de esta.

En tanto, a Helder Uriel Terán Dianderas también se le atribuye aceptar la promesa de ventaja realizada por Benavides, que consistió en conservarlo en dicho cargo, a cambio de que mantenga en trámite la investigación seguida contra el juez supremo provisional Juan Carlos Checkley Soria, por la presunta comisión del delito de cohecho pasivo específico, por hechos relacionados a su actuación como juez superior de la Corte Superior de Justicia de Piura, la cual se tramitaba en la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos.

De esta manera, se evidenciaría un mecanismo entre ambas figuras y Patricia Benavides, que le habría permitido a la exfiscal desarrollar una estrategia favorable para cumplir sus objetivos en favor de su hermana Enma Benavides quien ya retornó al Poder Judicial, luego de que la Junta Nacional de Justicia anulara la destitución que había recaído en su contra.

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Política

Renzo Reggiardo en la mira del JEE por presuntamente haber vulnerado la neutralidad electoral

“Será un gran presidente”, manifestó recientemente el teniente alcalde de ‘Porky’.

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Una cosa es ser partidario y otra un lamebotas. En el mundo de la política todo aquel que quiere seguir ascendiendo en la escalera del poder es consciente de que tiene que embarrarse hasta el cuello y besar varias manos para conseguir sus objetivos. Es así que cada cierto tiempo aparecen personajes patéticos que tratan de defender lo indefendible.

Cómo olvidar aquel expremier que gritaba a los cuatro vientos que el expresidente Pedro Castillo no recordaba nada de lo que había dicho durante su mensaje a la Nación del 7 de diciembre del 2022; o ese otro expremier que era capaz de inmolarse por la chalhuanquina, pese a que todas las evidencias la dan como responsable.

Tanta será la efervescencia por el poder que termina embriagando a muchos, como el caso del teniente alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, saliera a decir muy tranquilo durante la presentación de los trenes de segunda traídos por Rafael López Aliaga que él “será un gran presidente” cuando se le consultó si iba a postular a la presidencia el popular ‘Porky’.

Ante ello, el Jurado Electoral Especial (JEE) emitió un documento donde señala con claridad que Reggiardo habría infringido el principio de neutralidad durante esa presentación en el Parque de la Muralla.

De acuerdo al JEE, tales comentarios de Reggiardo favorecerían directamente al partido Renovación Popular y a López Aliaga.

«El regidor provincial de la Municipalidad Metropolitana de Lima, Renzo Reggiardo, habría infringido el principio de neutralidad en periodo electoral, mediante los mensajes que pronuncia en la inauguración de obras ejecutadas por la MML y que de forma directa estaría favoreciendo a la organización política ‘Renovación Popular’ cuya imagen representativa es Rafael López Aliaga», indica dicho oficio.

Ahora, este documento será evaluado por el Pleno del JEE Lima Centro para que notifique el mismo a Reggiardo a fin de que ofrezca los descargos. Luego, el tribunal determinará si el teniente alcalde efectivamente vulneró la neutralidad electoral.

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Política

¿Estado laico? Gobierno destina S/ 540 millones a ‘ruta católica’ del papa León XIV

¿Inversión papal? El gobierno de Dina Boluarte a través del Mincetur gastará cientos de millones de soles en una ruta centrada en la figura de Robert Prevost, pese a que el Estado peruano es constitucionalmente laico y no debe favorecer a ninguna religión.

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En un país que constitucionalmente se declara laico, el reciente anuncio del gobierno de Dina Boluarte ha reavivado el debate sobre la separación entre Iglesia y Estado. El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) ha confirmado la inversión inicial de 40 millones de soles en la llamada “Ruta del Papa León XIV”, un proyecto turístico centrado en los lugares que recorrió el actual sumo pontífice, Robert Prevost, durante su vida pastoral en el Perú. Esta inversión, sería parte de los S/ 540 millones que se emplearán en la ruta religiosa.

La ministra del sector, Úrsula Desilú León, informó durante una conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros que ya se ha aprobado la transferencia de recursos a distintas entidades públicas para el desarrollo del circuito turístico. “Ya hemos dispuesto de 40 millones de soles para impulsar la ruta del papa, a través de una ley que autoriza el financiamiento de acciones en el marco de este proyecto”, precisó.

Ministra de Comercio Exterior Úrsula Desilú León anunció la medida de la ruta papal.

Los beneficiarios incluyen al Gobierno Regional de Lambayeque, la Municipalidad Provincial del Callao y la Municipalidad Provincial de Chiclayo, entre otras instituciones. Según el Ejecutivo, esta inversión busca promover el turismo religioso con un enfoque patrimonial y espiritual, en línea con una estrategia más amplia de dinamización económica en regiones históricas y de alto valor cultural.

El circuito abarcará cuatro regiones del país: Piura, Lambayeque, La Libertad y el Callao. Entre los puntos más destacados del recorrido figuran el Obispado de Chulucanas, el Santuario de la Cruz de Motupe, la Catedral de Chiclayo y la Diócesis del Callao, todos ligados a la trayectoria eclesiástica del cardenal Robert Prevost, hoy Papa León XIV.

El lanzamiento oficial del proyecto está programado para el 21 de julio y se realizará simultáneamente en las cuatro regiones involucradas. “Estamos mapeando una inversión más amplia, que podría alcanzar hasta 540 millones de soles, priorizando también obras de transporte, vivienda y saneamiento en las zonas donde pasará la ruta”, explicó la ministra León.

Sin embargo, el proyecto no ha estado exento de cuestionamientos. Diversos especialistas en derecho constitucional y defensores del laicismo han recordado que el artículo 50 de la Constitución del Perú reconoce la independencia del Estado frente a cualquier confesión religiosa. Aunque la Iglesia Católica mantiene un vínculo especial con el Estado por razones históricas y culturales, este no debería traducirse en un trato preferencial financiado con fondos públicos, afirman.

Aún no se han anunciado rutas equivalentes para otras tradiciones religiosas presentes en el país, lo que ha generado dudas sobre la equidad del enfoque gubernamental. Mientras el Ejecutivo defiende el proyecto como una apuesta por el turismo y la recuperación económica regional, el debate de fondo —¿puede un Estado laico financiar una ruta explícitamente católica? — sigue sin resolverse.

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Política

Ministerio de Defensa propone que se escuche dos veces el himno nacional en todos los medios de comunicación

Según la Resolución Ministerial n.° 00836-2025-DE, lo que se busca es reforzar la “identidad nacional”.

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No solo en julio se escuchará el himno nacional. Durante las últimas décadas, el Perú viene sufriendo por una crisis de identidad de los símbolos patrios; atrás quedaron cuadras enteras cubiertas por los colores patrios, en las formaciones se cantaba, a todo pulmón, obligatoriamente el himno nacional, y miles de escolares ansiaban formar parte de la escolta para así poder marchar el 29 de julio.

A propósito de esa crisis, el Ministerio de Defensa (Mindef) viene proponiendo que todos los medios de comunicación que emitan señales de manera regular incluyan en su parrilla el himno nacional al menos dos veces al día. «Las transmisiones deben realizarse a las 08:00 y las 18:00 horas», señala el documento oficial, destacando la importancia de esta práctica para reforzar la identidad nacional.

De acuerdo al documento oficial elaborado por el Mindef, los canales y emisoras, tanto público como privadas, están obligados a seguir la versión oficial del himno nacional.

«La difusión, incluyendo subtítulos y lenguaje de señas para las emisiones televisivas, pública y en vivo, debe cumplir con el himno nacional oficial a las 08:00 y las 18:00 horas», se indica en la regulación. Esta medida busca garantizar que la ciudadanía acceda a una representación unificada del símbolo patrio, promoviendo su valor cultural en todos los hogares.

No se podrá alterar el himno nacional

La norma también prohíbe modificaciones arbitrarias en la ejecución del himno. «Queda prohibida la difusión de versiones no oficiales, con arreglos, modificaciones, superposición de imágenes, sonidos de fondo u otros efectos», según el artículo 47 de la Resolución Ministerial n.° 00836-2025-DE. Esta restricción asegura que la esencia del himno se mantenga intacta, respetando su diseño original y evitando alteraciones que puedan desvirtuar su significado.

Finalmente, la implementación de estas reglas recae en el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP), ente encargado de supervisar su cumplimiento.

Críticas

Por su parte, el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, expresó su desacuerdo con el proyecto que obliga a los medios a transmitir el himno nacional en horarios fijos, como contempla el pre reglamento elaborado por el Ministerio de Defensa. Gutiérrez consideró que esta medida no aporta una solución real y subrayó que la difusión de los símbolos patrios debería ser parte de la política institucional de cada medio de “manera voluntaria”.

El funcionario advirtió que, aunque los medios utilizan el espectro radioeléctrico que pertenece a todos los peruanos, el compromiso de promover valores cívicos no se debe imponer desde el Estado. En su opinión, una alternativa sería incorporar mensajes patrióticos u homenajes a héroes nacionales, especialmente durante festividades como Fiestas Patrias.

Aquí la palabras del congresista José Cueto.

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Política

Pedro Castillo exige garantías para la vida de Betssy Chávez

Para el expresidente Castillo, Betssy Chávez no es solo una exministra, sino una íntima compañera de lucha que hoy, según él, sufre persecución y odio por parte del mismo aparato que lo sacó del poder.

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Desde su celda, el expresidente Pedro Castillo ha vuelto a alzar la voz. Esta vez, no por su propio proceso judicial, sino para defender a su incondicional exprimera ministra, Betssy Chávez Chino, quien enfrenta su propia batalla tras iniciar una huelga de hambre en el penal Anexo Mujeres de Chorrillos. La medida extrema, según su defensa, responde a presuntas agresiones y restricciones que vulnerarían sus derechos fundamentales.

Castillo Terrones, procesado junto a Chávez Chino por su fallido intento de disolver el Congreso en diciembre de 2022, utilizó su cuenta oficial en la red social X (antes Twitter) para solidarizarse públicamente con ella. No solo exigió garantías para su integridad, sino que la describió como “víctima del odio” de un “régimen usurpador”, acusando al actual gobierno de ser cómplice de su situación.

“Expreso mi total solidaridad con la compañera Betssy Chávez, ex primera ministra del Perú, hoy víctima del odio y la persecución. Exigimos garantías para su vida, el cese del hostigamiento y el respeto pleno a sus derechos humanos”, escribió el exmandatario, reiterando la narrativa de persecución política que ha sostenido desde su detención.

Carta redactada por Pedro Castillo dirigida a la Judicatura y a la opinión pública.

Las denuncias de Betssy Chávez no son menores. A través de su abogado, Raúl Noblecilla, ha señalado que sufre tratos vejatorios: se le prohibiría el uso de los baños los fines de semana, el libre tránsito por los pasillos del penal, y el acceso regular a su defensa técnica y a sus visitas familiares. Además, hace apenas unas semanas denunció ante la opinión pública un intento de chantaje sexual dentro del centro penitenciario.

El actual primer ministro, Eduardo Arana, fue consultado por la prensa sobre estas acusaciones. Aunque no confirmó los hechos, sí declaró que “cualquier forma de maltrato será rechazada y, de comprobarse, se tomarán las medidas correctivas necesarias”.

Castillo Terrones, quien enfrenta un pedido de 34 años de cárcel por presunta rebelión, abuso de autoridad y perturbación del orden público, ha encontrado en Betssy Chávez una aliada política firme. Ella, por su parte, afronta una posible condena de entre 15 a 25 años. La huelga de hambre que ha iniciado Chávez recuerda el mismo acto simbólico adoptado por Castillo al comenzar su juicio oral, reforzando la narrativa de resistencia frente al poder que ambos comparten.

En medio de procesos judiciales y aislamiento carcelario, el exjefe de Estado no duda en defender a quien considera parte esencial de su círculo más leal. Para Castillo, Betssy no es solo una exministra: es una íntima compañera de causa, hoy —según su visión— víctima del mismo aparato que lo derrocó.

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