La fiscal Anticorrupción Gloria Soto, formalizó acusación contra tres exdirectores del Ministerio Cultura de Cusco (DDC), por la construcción del hotel Sheraton de la calle Saphy, ubicado en el centro histórico de la ciudad imperial. En el documento se advierte la destrucción de muros incas y republicanos, ante una aparente inacción de quienes estaban encargados de velar por la protección del legado cultural.
Entre los exfuncionarios con responsabilidad penal se encuentran Ricardo Ruiz Caro, Juan Julio García Rivas y David Ugarte Vega Centeno. La fiscalía Anticorrupción pide cárcel para los exfuncionarios.
En el caso del denunciado Ricardo Ruiz Caro, la fiscalía solicita cuatro años de prisión y se le imputa la autorización del rearmado del muro prehispánico para la edificación de la nueva infraestructura. Sobre el señor Ruiz Caro es importante recordar que en marzo de 2019 publicamos un correo al cual tuvo acceso Lima Gris, y que reveló cómo se estuvo planificando la “caducidad” de los procesos sancionadores del hotel Sheraton de la calle Saphy.
El correo fue enviado al abogado Rubén Carrión por Ricardo Ruiz Caro, ex asesor de Luis Nieto Degregori (Director de la DDC de Cusco) con el título “Resolución Directorial de caducidad”.
En el primer párrafo del correo, Ricardo Ruiz Caro, quien ha sido denunciando penalmente por el tema del hotel Sheraton en Cusco, señala:
“Rubén, le he dado una mirada a la propuesta de RD de caducidad y luego de consultarlas con tus colegas Omar y Christian, me parece necesario marcar una diferencia entre este tipo de RDs (que proviene “de oficio” y por ende están sujetas a caducidad) de aquellas que vienen “de parte” como la que ya se emitió sobre el tema de Saphy”.
Rubén Carrión fue uno de los abogados que estuvo a cargo del tema legal en el Ministerio de Cultura de Cusco, y con él coordinaban los diferentes casos que se presentaban en la ciudad imperial. Uno de ellos fue el caso del hotel Sheraton en Cusco, un caso emblemático de la destrucción del patrimonio cultural, donde el exministro de Cultura Rogers Valencia, terminó firmando dos resoluciones basadas en la “caducidad”, y con la cual se le perdonaba una sanción millonaria de más de 4 millones de soles a la empresa R&G.
En el mismo correo, en el segundo párrafo, Ricardo Ruiz Caro menciona:
“Mi sugerencia es hacer expresa la situación de procedimiento “de parte” por tanto en la parte considerativa como en los propios artículos resolutivos… de este modo estas caducidades no se tomarían en argumentos en contra de aquellas sanciones que asumimos que no caducan por devenir de parte”.
La comunicación del correo reveló que Ricardo Ruiz Caro a pesar de estar denunciado penalmente por el caso del hotel en la calle Saphy, como asesor del Ministerio de Cultura, personalmente planificaba la caducidad de los procesos sancionadores, es decir, era juez y parte de un caso donde él está involucrado junto a otros funcionarios de la DDC de Cusco.
En el tercer párrafo del correo, el señor Ricardo Ruiz Caro le da una sugerencia a los abogados, mencionando:
“Sugeriría también una mirada conjunta entre abogados respecto a esta sugerencia y un acuerdo colegiado de ustedes de la planilla general que se habrá de usar a futuro para este procedimiento”.
Recordemos que Ricardo Ruiz Caro fue asesor de Luis Nieto Degregori, y todo lo que se realizaba lo hacía con conocimiento del propio señor Nieto Degregori, exDirector del Ministerio de Cultura de Cusco.
Nos comunicamos con el abogado Rubén Carrión para conversar sobre el correo y las coordinaciones que realizaba con el señor Ricardo Ruiz Caro sobre el tema de caducidad. Aquí la entrevista.
¿En qué contexto usted recibe este correo?
Yo he sido presidente del órgano técnico colegiado de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, hasta el 28 de agosto del 2018. En ese contexto cuando entra la nueva gestión del señor Luis Nieto Degregori, entra como asesor el arquitecto Ricardo Ruiz Caro, e inmediatamente los expedientes del caso Saphy era de interés de la institución y de la dirección. En todo caso señor Luis Nieto directamente, con mi persona, el jefe del área de defensa de patrimonio y con asesoría jurídica, hemos tenido permanentes reuniones de coordinación para ver cómo se resolvía lo de Saphy.
Al leer el correo uno se da cuenta que el tema de la caducidad ha sido planificado estratégicamente por parte de los funcionarios del Ministerio de Cultura de Cusco.
Lo que le puedo aclarar es lo siguiente: Yo no era jefe, sino era presidente de un órgano colegiado, que estaba encargado de emitir opiniones realizando propuestas en los procedimientos administrativos sancionadores. En todo caso nosotros debemos subordinación al jefe que es el director Nieto Degregori. Y si sus asesores estaban en representación de él, lo propio nosotros teníamos que hacer y sacar las disposiciones emitidas por el director de la DDC de Cusco.
Entonces, los asesores y el señor Luis Nieto de Degregori son los responsables directos.
Cuando todavía no ha salido a la luz este correo, decían que me han cruzado documentos a mi persona. Yo he aclarado que en todos los documentos que me han cruzado a mi persona, el único error que he cometido es haber opinado por la sanción a la empresa R&G del caso Saphy. Ese ha sido mi único error, por eso he sido objeto de maltrato, acoso laboral y además me sacan del cargo por ese motivo. Me dijeron que entregue a otro abogado el cargo, eso fue el 28 de agosto del 2018. Luego de ello me dejan sin escritorio, sin computadora y sin lugar de trabajo.
Luis Nieto Degregori y Ricardo Ruiz Caro.
Tomaron represalias contra usted por opinar a favor de la defensa del patrimonio…
Sí. Al tercer o cuarto día yo puse en conocimiento todos estos hechos, le indiqué al director Luis Nieto, quien era mi jefe inmediato, que regularicé mi situación, porque era una situación ilegal. Hicieron caso omiso hasta el 05 de octubre del 2018, que ya cansado de todo esto, tuve que pasar una carta notarial indicando que cese el acoso laboral, el maltrato y el abuso de autoridad. He trabajado más de siete años en la institución, no he tenido nunca ninguna llamada de atención ni ningún proceso.
Usted representaba una piedra en el zapato para los intereses de los asesores, el señor Luis Nieto Degregori y para la empresa R&G.
Incluso el director quería que renuncie en esa fecha, pero yo como soy abogado y tengo que hacer respetar mis derechos, no voy a permitir semejante atropello de las autoridades. A pesar de todo eso, los asesores de la DDC se mofaban de mi situación.
Después de todo lo sucedido, imagino que para usted no fue una sorpresa que el exministro de Cultura Rogers Valencia, firmará las dos resoluciones a favor de la empresa R&G.
Cuando estaba viendo el caso, había una situación del monto y de los procesos administrativos, pero como veía que, en el proceso de la desaparición y destrucción de los tres muros prehispánicos, teníamos una opinión uniforme, en el sentido de que era una falta grave, propusimos la máxima sanción para ello, que fueron las mil UIT. No sé cómo lo hayan tomado los funcionarios del Ministerio de Cultura, pero en el Ministerio de Cultura dijeron que estaba mal. Sucedido esto, a mí me mandaron a Lima a sustentar en asesoría jurídica y lo hice. La ley es bien clara y es precisa. La opinión que nosotros emitimos como órgano técnico colegiado estaba enmarcada en la ley. Ahora que tenga una interpretación de la norma diferente, que no sea acorde a lo establecido en la norma y al interés público, no podemos asumir responsabilidades por ello.
¿Con quienes se reunió en la sede central del Ministerio de Cultura en Lima?
Me reuní con el jefe de asesoría jurídica y con dos asesores que propuso, ahí sustenté los términos de la sanción. Nosotros emitimos una propuesta, una opinión, y ellos revisaron con su equipo. Nosotros no lo suscribimos, nos somos el órgano sancionador, el órgano sancionador es la dirección, y la dirección es la que emite en última instancia asegurándose por todos los medios que sea la adecuada y la que esté de acuerdo con su precisión e institucionalidad, que es sancionar o no sancionar. Para tal efecto la dirección ha tomado todas las prevenciones del caso y han estado de acuerdo con ello.
Luis Nieto Degregori y exministro Rogers Valencia..
Cómo se puede entender que el señor Ricardo Ruiz Caro pueda ser juez y parte en este asunto, ya que él esta denunciado penalmente por el caso del hotel en la calle Saphy.
Sí, tengo entendido que tiene una denuncia penal y que está muy avanzado el caso. Fíjese, como es parte de dirección del Ministerio de Cultura hasta la fecha, y está a un nivel superior de nosotros, si bien es cierto podíamos discrepar con ello, pero nosotros no teníamos ninguna facultad para poder decidir. En todo caso, la institución sabe perfectamente cuál es la situación del señor.
Después de todo lo que ha ocurrido con el caso del Hotel de la calle Saphy, ¿cuál es su lectura sobre el tema?
Mi persona ha trabajado más de siete años en la institución, he trabajado con todos los directores, e incluso he sido asesor de dirección, cuando los asesores ganaban 3 mil 500 soles, ahora el señor Ruiz Caro, gana 11 mil soles. A mí nunca me han subido el sueldo, pero siempre he servido a la institución por vocación y convicción. Cuando suceden cuestiones irregulares y para las personas que uno resulta incómodo, lamentablemente uno tiene que pagar las consecuencias. Desde el 2008 que empieza la obras hasta el 2018 que se llega a sancionar recién, porque nadie la quería hacer, y nosotros hicimos la adecuada y correcta propuesta, porque eso dice la ley. Pero por todo esto me han maltrato, menospreciado y han llegado al extremo de quererme hacer renunciar, y por hacer respetar mis derechos, hasta la fecha me siguen maltratando, y eso es muy agraviante para mi persona como profesional, padre de familia y miembro de la sociedad.
Para mucha gente en el Ministerio de Cultura de Cusco hay operadores de la corrupción, gente con gran poder, que incluso llega al Ministerio de Cultura en Lima, ¿Para usted la construcción del hotel Sheraton en Cusco se llegará a demoler?
Sobre el tema lo que se tendría que hacer es sacar el excedente de la construcción, porque que llegue a demolición administrativamente es casi un imposible con los procesos que han declarado la nulidad y caducidad.
Nos queda claro que en el correo que revelamos hay una planificación e intencionalidad de nulidad y caducidad sobre el tema.
En las dos resoluciones que emite el exministro Rogers Valencia, en su última parte dice: se buscarán las responsabilidades conforme al artículo 11 de la ley 27444, ley de procedimientos administrativos general. Que dice “Se buscará la responsabilidad en la autoridad que suscribió la resolución materia de nulidad, caducidad”. Y qué está sucediendo ahorita, le explicado mi situación. Quién ha emitido la resolución materia de nulidad, pues ha sido el señor Luis Nieto Degregori, director de la DDC de Cusco, entonces, en merito a la ejecución de una resolución que ha causado estado de procedimiento, el que debería ser procesado es la persona que ha emitido el escrito. Pero lo que están haciendo ahorita es irregular, están buscando a terceros responsables como chivos expiatorios, y el director Luis Nieto está procesando, cuando él debería estar procesado. Es decir, el señor Nieto Degregori está de juez y parte. Eso es una situación incorrecta.
¿Por qué se anima a denunciar y hacer público el correo?
A mi persona y a los miembros OTC nos han aperturado procedimientos administrativos disciplinarios, por la resolución 998 del 2018 del Ministerio de Cultura, y el caso es lo que le explicado, la resolución está disponiendo que le aperturen instrucción o proceso disciplinario al director, por es Luis Nieto Degregori quien ha emitido y suscrito la resolución. Lejos de hacer eso, lo están haciendo contra nosotros, y el director esta de juez, y eso debe ser sancionado penalmente. Mi situación laboral está en suspenso porque he puesto un recurso de apelación, y el director en los documentos que emite, dice: al abogado Rubén Carrión, se le deberá pagar sus remuneraciones y no se le podrá dar permiso. Y eso es de fecha 15 de enero y 15 de febrero. Si el director está disponiendo mi situación laboral, entonces, que lo ejecute. Pero nada de eso se hace, ya que lo responden de cualquier manera y vulneran mis derechos como servidor público.
Es sorprendente que, por defender el patrimonio cultural, este pasando por toda esta situación…
Solo por defender el patrimonio, por haber opinado por una sanción. Seguro hay otros intereses como usted lo ha manifestado y mi defensa no ha sido bien visto, y seguro he defraudado a muchas personas en el Ministerio de Cultura. Eso para mí es indignante. Yo salgo a esta entrevista porque si bien es cierto me han maltrato desde que he emitido la resolución esa, y me han sacado de la peor manera de la institución, y ahora me siguen maltratando. El correo es bien claro y preciso, ahí está todo el contexto de cómo se ha llevado el proceso correspondiente a Saphy.
USAID como fachada: con millones controlaban a entidades del Estado y organizaciones privadas
La consigna de cerrar el millonario financiamiento que USAID otorgó a múltiples ONG y entidades del Estado, como ONPE, JNE, PCM, y una decena de ministerios, así como Migraciones, La Marina de Guerra y también el Ejército, no significa que el gobierno norteamericano deje de meter sus narices en la soberanía nacional y recabe valiosa información para seguir alimentando su hegemonía.
Si bien Donald Trump ha extirpado a la cooperación internacional a través de la restricción económica a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), esta decisión le ha dado un certero ‘golpe bajo’ a las cuentas corrientes de diversas organizaciones no gubernamentales (ONG) y también gubernamentales, que solo desde el 2023 se han repartido nada menos que US$228 millones de la agencia norteamericana.
Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, viene evaluando cancelar todos los programas de USAID en el mundo. Foto: Getty Images.
Según el informe de Hildebrandt en sus trece, de acuerdo a un reporte de la Casa Blanca de noviembre del 2024, este reveló que desde el 2021 la ISAID ha financiado US$1800 millones en “promover el desarrollo económico, social y político en Perú”.
De toda esa millonada, la mejor parte, US$580 millones fueron inyectados en los últimos cuatro años. Mientras que USAID se encargó de dar millones durante dos décadas, esto le sirvió para ganar presencia en gran parte del aparato estatal peruano, a cambio de obtener valiosa información e influencia para poder manejar agendas injerencistas y de contenidos.
Por ejemplo, en abril del 2023 un grupo de trabajo proveniente de la sede central de la USAID pisó suelo peruano para recoger datos sobre la influencia china en Perú, con el fin de evaluar los riesgos de la presencia económica de los asiáticos, sostuvo un empleado que fue parte de la misión. Según la fuente del semanario, estaban preocupados sobre lo que pasaba en el sector energético con la adquisición de Luz del Sur y otras hidroeléctricas controladas por empresas chinas. Por lo tanto, debían averiguar todo lo concerniente a estas operaciones comerciales. Asimismo, investigaron sobre la construcción del megapuerto de Chancay y los nexos que se crearon entre las empresas chinas y los congresistas lobistas, así como funcionarios parlamentarios.
Percy Medina de ‘Idea Internacional’ habría sido el operador
Esta misión norteamericana también contactó a periodistas, organizaciones no gubernamentales (ONG), e incluso a exministros. Según señala la fuente, el director de la ONG Idea Internacional, Percy Medina, fue quien intervino en dicha campaña de la USAID. Medina admitió en comunicación con el semanario, que sí participó en la investigación; sin embargo, negó que la agencia norteamericana lo convocó para ello. “A mí me contactaron desde la sección política de la embajada de Estados Unidos. Me dijeron que un grupo de asesores de congresistas americanos de ambos partidos habían llegado al Perú. La visita era para conocer la realidad peruana”, expresó. Desde su apreciación, la comitiva quería saber “Cómo estaba el Perú en términos de economía, libertad de expresión y otros temas. Yo hablé un poco de democracia y partidos políticos. Efectivamente, algunas de las preguntas que me hicieron, estuvieron vinculadas al nuevo rol que los chinos tenían aquí”.
Percy Medina, director de Idea Internacional. Foto: Fundación Gustavo Mohme Llona.
Asimismo, la USAID también investigó sobre la crisis política que atravesaba el Perú. Por ello, desde el año 2023 la USAID participa en la “Mesa de Gobernanza”, a través de reuniones auspiciadas por las Naciones Unidas que agrupan a representantes de la ONPE, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y delegaciones extranjeras. Fue así que se enfrascaron en los temas electorales. En esa línea, la ONPE, el JNE, así como “Idea Internacional” recibieron dinero de la USAID en los últimos años. Entre el 2020 y el año pasado la ONG que preside Medina recibió cerca de US$9 millones y medio de la USAID, para lanzar dos programas “Voces Ciudadanas en el Perú” y “Dialogo Político en el Perú”, el objetivo era obtener información clave sobre las candidaturas. Y quienes se vieron beneficiados con la millonaria inyección fueron la ONPE, quien a través de su área de prensa afirmó que el apoyo de “Idea” sirvió en las capacitaciones técnicas. “Se brindó asistencia técnica a los partidos políticos sobre el uso del voto electrónico, presencial en las elecciones congresales del 2020”.
Se llevaron a cabo 12 talleres para 16 organizaciones políticas. Por su parte, un vocero del JNE señaló que trabajaron en la capacitación de ciudadanos periodistas y organizaciones civiles para intervenir en debates y campañas políticas con un enfoque de derechos los indígenas, discapacitados y la comunidad LGTBI. También contó que se promovieron “campañas de ciudadanía activa” en todos los colegios de la red “Fe y Alegría”. Ambos proyectos fueron financiados con 371 mil dólares, provenientes de USAID.
Como bien se destapó la semana pasada, que una parte de los fondos que “Idea Internacional” recibió de la Agencia de Washington, se destinó a algunos medios de comunicación de Perú, entre ellos el portal ‘Epicentro’ de la colombiana Clara Elvira Ospina; ‘La Encerrona’, de Marcos Sifuentes; ‘Ojo Público’, de Nelly Luna y Óscar Castilla, el ‘Grupo El Comercio’, ‘La República’ y ‘Grupo RPP’.
Medios de comunicación, instituciones públicas, y demás asociaciones que recibieron gruesos sobres de dinero de parte de USAID.
“En la mayoría de los casos, se ha tratado de proveer expertos que pudieran ayudar a elaborar información para notas de conectar con expertos internacionales que pudieran participar de entrevistas y de capacitar en temas como la desinformación y el periodismo de datos. En ningún momento hemos interferido con la línea editorial de los medios”, señala Percy Medina. Asimismo, el abogado de IDL, Carlos Rivera, sostiene que “El principal apoyo del gobierno norteamericano a través de la USAID fue hacia las agencias gubernamentales peruanas”. No por algo, la USAID anunció que solo en 2024, colaboró en proyectos de la Presidencia del Consejo de Ministros, y los ministerios de Vivienda, Economía, Produce, Ambiente, Desarrollo Agrario y Riego, Comercio Exterior, y Cultura. así como el Ministerio Público, la Autoridad Nacional de Infraestructura, Sunat, la Superintendencia Nacional de Migraciones, La Marina de Guerra del Perú y también el Ejercito peruano.
Otro dato clave es lo que se maneja según información de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), que indica que La USAID viene trabajando con el MEF, las mineras Yanacocha, Antamina, Hudbay y Antapaccay, un proyecto de US$432,616 dólares para “mejorar la gobernanza del sector extractivo en el Perú e incrementar su contribución a la inversión social y ambientalmente sostenible”.
Y respecto del ámbito privado, la agencia norteamericana trabajó codo a codo con organizaciones como el Instituto de Estudios Peruanos (IEP), la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), Proética, Transparencia, El Instituto Peruano de Administracion (IPAE), entre otras entidades no gubernamentales.
USAID brindó US$78 millones a Devida del gobierno de Dina Boluarte
Asimismo, la USAID tiene como objetivo emprender supuestamente la lucha contra las drogas; no obstante, ello dependía de quién se encontraba gobernando en Palacio. Por ejemplo, durante el gobierno de Pedro Castillo, la agencia financió con 9 millones de dólares a “Devida”. Y con el mandato de la cuestionada Dina Boluarte, esa cifra se ha incrementado indiscriminadamente, y llegó hasta los 78 millones de dólares ¿Por qué será?
USAID financió con US$335 millones a programas de migrantes venezolanos en Perú
Pero eso no es todo, los ciudadanos venezolanos residentes en Perú supuestamente también deberían ser beneficiados, dado que, en los últimos dos años, la USAID financió con 335 millones de dólares en “fortalecer la integración socioeconómica de los migrantes y refugiados venezolanos”. Los que receptaron esa fortuna de dólares fueron ONG como la “Unión Venezolana en Perú”, de propiedad del venezolano Óscar Pérez, la Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito (Fenacrep), la Organización Mundial del Trabajo (OIT), Unicef, Save the Children y World Vision Perú.
Óscar Pérez, fundador de la ONG “Unión Venezolana en Perú”.
Finalmente, no cabe duda que en las siguientes semanas se continuarán desentrañando más datos secretos sobre el dinero que recibieron otras entidades en Perú, con el pretexto de elaborar proyectos sociales y/o de bienestar; mientras que en la realidad, se han venido “abriendo las puertas” y “las ventanas secretas” del Perú, con el único objetivo de que un Estado fisgoneador extranjero conozca toda nuestra información gubernamental, económica, política y de infraestructura nacional, para que así continúe consolidando su hegemonía unilateral, que somete aún más a la región.
Ministro Ángel Manero sobre ‘desbalance patrimonial’ de Dina Boluarte: “Es el proceso normal de ahorro de una persona”
Luego de conocerse que los ingresos anuales de la presidenta Boluarte en el año 2024 superaron los S/792 mil, el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero señaló que será la Contraloría quien deberá de aclarar si se trata de un desbalance.
Al preguntársele sobre el presunto desbalance patrimonial de la presidenta de la República, Dina Boluarte Zegarra, desde que asumió el cargo, el titular de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), Ángel Manero Campos, aseguró que la Contraloría será quien debe aclarar ese tema y agregó que desde que asumió la presidencia, es el proceso natural de ahorro de una persona.
«Corresponde a la Contraloría definir si verdaderamente hay un incremento (del patrimonio de Dina Boluarte) o es el proceso normal de ahorro de una persona. Esperemos el informe final», sostuvo Manero Campos.
Ello luego de que se diera a conocer que, según la última declaración jurada que presentó ante la Contraloría General de la República (CGR), los ingresos anuales de Boluarte en el año 2024 superaron los S/792 mil en la categoría «otros».
Con sueldo de presidenta Dina Boluarte incrementó su patrimonio en más de S/600 mil entre el 2021 y el 2024
En 2021, año en que se desempeñaba como vicepresidenta y ministra de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), Boluarte reportó un ingreso de S/160.415,060, monto consignado en el rubro ‘otros’, que incluye bienes de valor, propiedades arrendadas o cedidas, así como intereses generados por la colocación de capitales, regalías, rentas vitalicias, entre otros.
En 2022, sus ingresos aumentaron a S/389,519.23 en la misma categoría y, al año siguiente, alcanzaron los S/593,347.31. Cabe recordar que ella juró como presidenta a finales de ese año.
Particularmente, entre 2023 y 2024 —cuando se destapó el escándalo ‘Rolexgate’, en el cual es investigada por presunto cohecho pasivo impropio y enriquecimiento ilícito—, el patrimonio de Boluarte Zegarra experimentó un incremento de S/198,820.68.
Presidente del Congreso respalda copamiento de APP en la Sunedu
Mientras que diversos parlamentarios se preguntan bajo qué criterios designaron a la obstetra de confianza de César Acuña, Susana Edita Paredes Diaz, para integrar el Consejo Directivo en Sunedu, Eduardo Salhuana, su correligionario en APP, aseveró que si ella cumple con el perfil profesional está expedita para ejercer dicho cargo.
Por lo visto, en Alianza para el Progreso (APP), todos sus militantes son solidarios y son una sola idea. Y cuando se trata de ‘sacar cara’ por una correligionaria, allí están ellos para defenderla. En esa línea, el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana ha respaldado la designación de la profesora de la Universidad César Vallejo (UCV) y también militante de APP, la obstetra Susana Edita Paredes Diaz, como integrante del Consejo Directivo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), alegando que mientras ella cumpla con el perfil profesional, no hay inconvenientes para su designación en el cargo.
“Las comisiones son autónomas y los colegas pueden solicitar (la presencia de los ministros)”, comentó, y respecto a su correligionaria de Alianza para el Progreso, hoy integrante del Consejo Directivo de la Sunedu, respondió que “si una persona cumple las exigencias, perfiles académicos y requisitos que legalmente se exigen y tiene idoneidad profesional, está expedita para ejercer cualquier cargo en el país”, sostuvo Salhuana, mostrando su pleno respaldo hacia la obstetra Paredes Diaz.
Susana Edita Paredes Diaz es militante de Alianza para el Progreso y lleva años enseñando en la Universidad César Vallejo.
En el Congreso citarán al premier y a Morgan Quero para que expliquen sobre designación
Al respecto, diversos congresistas han cuestionado la elección de la obstetra Susana Edita Paredes en la Sunedu, no solo porque proviene de una universidad que ha sido reiteradamente sancionada por la Sunedu; institución que paradójicamente ahora ella integra, sino también por su militancia activa en Alianza para el Progreso, partido de César Acuña Peralta, quien es dueño de la Universidad César Vallejo (UCV).
Mientras tanto, el legislador Esdras Medina Minaya, miembro de la Comisión de Educación del Congreso de la República, anunció a Perú21 que solicitará una sesión extraordinaria y convocará a la misma al primer ministro Gustavo Adrianzén y al ministro de Educación, Morgan Quero, para que expliquen bajo qué criterios se realizó la designación de Paredes Diaz y también para que informen sobre los procesos de licenciamiento de universidades e institutos de educación superior en vigencia.
Vergonzoso: Subcomisión de Acusaciones Constitucionales revisó 42 denuncias, pero ninguna llegó al pleno del Congreso
Desde que la congresista de APP María Acuña asume la presidencia de dicho grupo de trabajo, muchas de las denuncias formuladas por la Fiscalía se encuentran en el limbo.
Una subcomisión hecha para ‘blindar’ a los ‘otorongos’. Bien dicen que los congresistas de la República se asemejan a una secta que no distingue si uno es de izquierda o de derecha cuando se trata de una denuncia, pues aunque parezca increíble todos hacen “espíritu de cuerpo” para impedir que las investigaciones sigan su normal curso.
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) viene siendo presidida desde hace 156 días por la parlamentaria María Acuña, de la bancada de Alianza para el Progreso (APP), hermana del líder y fundador de su partido, César Acuña Peralta.
Congresista María Acuña. Foto: Congreso.
Durante su gestión se encuentran congeladas al menos 42 denuncias constitucionales, muchos de ellos relacionados a los casos de “Mochasueldos”, “Los Niños”, o “Los viajeros”, entre otros por presunto enriquecimiento ilícito.
Ninguna de esas denuncias, formuladas en su oportunidad por los fiscales Patricia Benavides, Juan Carlos Villena y Delia Espinoza ha tenido un informe final. Es decir, ninguna ha llegado a ser evaluada por el pleno.
El gran obstáculo para la Fiscalía es que al no aprobarse la denuncia en el pleno la investigación no puede avanzar de fase preliminar a preparatoria.
De acuerdo a un informe elaborado por el diario Correo, entre las denuncias presentadas que aún no reciben un informe final de parte de la SAC está la que involucra a los congresistas acusados de ser “Los Niños”, pero solo por el delito de tráfico de influencias.
Otro de los casos congelados es el de los “mochasueldos”. La mayoría de denuncias que fueron presentadas durante la gestión de Juan Carlos Villena como fiscal de la Nación interino involucran a Rosio Torres (APP), Raúl Doroteo (Acción Popular) e Hilda Marleny Portero (Acción Popular). Asimismo, a los de Podemos Heidy Juárez, Katy Ugarte, Jorge Flores, Edgar Tello, José Arriola y Darwin Espinoza.
Hay que aclarar que en el caso de la congresista Hilda Marleny Portero, es por un tema de entrega de silla de ruedas por parte de una ex trabajadora, distante a la entrega de algún dinero por parte de trabajadores o recorte de sueldo.
A los otros parlamentarios se les imputa haber recortado el sueldo a sus trabajadores durante el ejercicio de sus funciones, entre el 30% y hasta el 50% según sea el caso.
También se encuentra en observación la denuncia presentada por la Fiscalía el pasado 7 de enero contra 6 congresistas acusados de presunto peculado doloso. En esa acusación se implicó a Kira Alcarraz (Podemos), María del Carmen Alva (No Agrupada), Patricia Chirinos (Renovación Popular), Edward Málaga (Avanza País), Jorge Zeballos (Renovación Popular) y Diego Bazán (Renovación Popular).
Todos ellos habrían utilizado boletos aéreos costeados por el Parlamento para viajar a la ciudad de Trujillo con el fin de asistir al cumpleaños de Bazán Calderón.
Entre tanto, a esta lista de casos pendientes se le adhieren las denuncias contra Patricia Chirinos por peculado doloso; a Luis Aragón, Jorge Flores y Luis Kamiche por patrocinio ilegal; y contra María Córdova también por peculado doloso.
Otro caso pendiente que deberá resolverse es el que recientemente fue presentado contra 11 congresistas por aprobar una ley que benefició a cinco legisladores que reciben pensión por haber sido militar o policia, adicional a su sueldo de legisladores.
En este último caso están involucrados José Williams, Jorge Montoya, Roberto Chiabra, José Cueto, Alfredo Azurín, Hamlet Echevarría, Américo Gonza, Patricia Juárez, Juan Carlos Lizarzaburu, Pedro Martínez y Lucinda Vásquez.
López Aliaga: “ONG Manuela Ramos le roba al pueblo más de 1 millón de dólares, del millón 400 mil que recibió” [VIDEO]
Al parecer, la ONG feminista se vio descubierta y APCI habría difundido información que revela que ésta habría recibido $1 millón 400 mil dólares de USAID para proyectos de ayuda social; sin embargo, destinó $1 millón en pago de sueldos. “Si te dan US$1 millón 400 mil, que es para ayuda al pueblo ¿1 millón se van en planillas y en consultorías?”, cuestionó el alcalde de Lima.
El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, acusó a la ONG “Manuela Ramos” de haber realizado un mal uso de los fondos de USAID que recibía eventualmente. El burgomaestre señaló que de los 1.4 millones de dólares que habría recibido la ONG de parte de la agencia norteamericana, más de un millón lo habrían utilizado para cubrir los gastos personales de la organización feminista; en lugar de costear los gastos para proyectos de ayuda social en beneficio de poblaciones vulnerables, tal como lo estipula el convenio.
Entre tanto, el burgomaestre metropolitano afirmó: «Estoy buscando la verdad de cómo se le ha robado al pueblo peruano los fondos que eran para ayuda social. Por ejemplo, Manuela Ramos, un caso concreto, le roba al pueblo más de 1 millón de dólares de los 1.4 millones que recibió”.
“Si te dan US$1 millón 400 mil, que es para ayuda al pueblo ¿1 millón se van en planillas y en consultorías?”, cuestionó López Aliaga.
ONG Manuela Ramos rechaza lo dicho por López Aliaga y también emplaza a APCI
A través de sus redes sociales, la ONG Manuela Ramos no se hizo esperar y le respondió al alcalde Rafael López Aliaga sobre las acusaciones del mal uso de fondos provenientes de la ‘Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional’ (USAID) y expresó su rechazo a las expresiones de la autoridad edil. Asimismo, aseguraron que tienen la certeza de que estas acciones se dan como parte de una “campaña en contra de la sociedad civil organizada y el derecho a la participación, libertad de expresión y nuestra lucha permanente por los derechos de las mujeres, personas LGBTIQ y la igualdad de género en el país».
La ONG también indicó que, ante las últimas publicaciones difundidas sobre la ejecución de fondos de la cooperación internacional, iniciarán acciones legales y también solicitaran a la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) la información que se ha difundido, pues esta «no se ajusta a la realidad y daña nuestra trayectoria y trabajo de más de 45 años en varios departamentos del país».
“Cabe recordar que, en cumplimiento de nuestras obligaciones, informamos anualmente al Estado peruano-APCI, sobre nuestro trabajo y presupuestos ejecutados, que son a la vez auditados por las agencias de cooperación. Además, reportamos a otras instancias públicas como el Ministerio de Trabajo, SUNAT y la Superintendencia de Lavado de Activos, entre otras. Todo ello guiado por nuestros principios de transparencia», se lee en el comunicado de la ONG feminista.
López Aliaga acusa a la ONG de robarle al pueblo
Entre tanto, el burgomaestre metropolitano cuestiona al organismo feminista y asevera que le ha robado al pueblo dinero que debía ser utilizado para ayuda social.
«Estoy buscando la verdad de cómo se le ha robado al pueblo peruano los fondos que eran para ayuda social. Por ejemplo, Manuela Ramos, un caso concreto, le roba al pueblo más de 1 millón de dólares de los 1.4 millones que recibió», declaró para el medio local.
¡Incompetencia total! Ministro de Educación afirma que viene conversando con los padres de familia para que ellos protejan a sus hijos en el colegio [VIDEO]
Ahora serían los propios padres en velar por la seguridad de sus hijos cuando van al colegio, según declaraciones del ministro Morgan Quero, cuando eso es responsabilidad de la Policía.
El peor ministro que se ha visto en los últimos 40 años, sin exagerar, por sus constantes exabruptos, pronunciamientos, declaraciones, desconocimiento de la realidad; Morgan Quero Gaime, titular del Ministerio de Educación (Minedu), de lejos, puede ser fácilmente la mejor representación de la improvisación en la gestión de la presidenta Dina Boluarte.
Muchos no comprenden cómo así ha llegado a ser ministro en dos carteras. La única explicación es que calza bien en su rol de ‘escudero’ de la mandataria, entrenado para inmolarse por su “jefecita”.
Ahora, el “engreído” de la jefa de Estado, ha asegurado que se está reforzando la coordinación con la Policía Nacional del Perú (PNP) y las brigadas de autoprotección escolar, integradas por padres de familia, con el objetivo de garantizar la seguridad de los colegios y proteger a los estudiantes en caso de un ataque.
«Hemos mejorado las condiciones de vida de muchas personas y estamos trabajando de la mano con nuestra Policía Nacional y, por supuesto, con las brigadas de autoprotección escolar que están constituidas por nuestros madres y padres de familia. Seguiremos atentos a eso», expresó.
fuente: 24 horas.
Este anuncio se da en un contexto de creciente preocupación y temor en la comunidad, luego de una serie de ataques armados contra instituciones educativas. Hace dos semanas, delincuentes en motocicleta dispararon contra la Institución Educativa César Vallejo, lo que obligó a suspender las actividades escolares.
A pocas cuadras de allí, la puerta de metal del colegio Javier Heraud también fue atacada en un incidente similar, aparentemente como represalia por negarse a pagar una extorsión.
Ahora, el improvisado ministro Quero Gaime quiere que sean los propios padres de familia los que resguarden la seguridad de sus propios hijos, siendo responsabilidad, en materia de seguridad ciudadana, de la Policía Nacional la vigilancia en los exteriores de las instituciones educativas.
Gobierno Regional de Loreto gestiona proyectos con el Ejecutivo y el Congreso
Representantes del Gobierno Regional de Loreto estuvieron en Lima gestionando importantes proyectos de carretera y conectividad de internet para la región amazónica.
La gestión del gobernador de Loreto, Jorge Chávez Silvano, mediante su gerente de Transportes y Comunicaciones, Pio Flores Tang, sostuvo diversas reuniones y mesas de trabajo en el Congreso y en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).
Dentro de las labores de Flores Tang en Lima, destaca su participación en la conferencia de prensa por el “Día de la Amazonía”. El gerente de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional de Loreto le solicitó al presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, que se mejore la conexión de internet en su región. Un pedido que beneficiará a un millón de habitantes.
Pio Flores Tang también participó de una mesa de trabajo en el despacho de la parlamentaria Ana Zegarra Saboya, en el Congreso de la República. En la reunión se buscó gestionar un mayor presupuesto para los proyectos de carretera en Loreto. También como parte de su agenda, el gerente de Transportes y Comunicaciones visitó el MTC con la finalidad de sustentar proyectos y revisar los estudios de impacto ambiental que se encuentran pendientes.
“Hemos visitado el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y en la Dirección de Asuntos Ambientales se encuentran los estudios que esperamos de impacto ambiental, respecto a la cuarta vía de penetración que estamos gestionando para su ejecución. Nuestros hermanos agricultores demandan la ejecución de las vías para mejorar el acceso y así puedan trasladar su producto con mayor facilidad a los mercados de Iquitos. Y esto se traduzca en menores costos para las amas de casa”, señaló Pio Flores Tang.
Además, el gerente de transportes agregó: “También estamos solicitando a Provías Descentralizado que nos apoye con un mayor presupuesto para seguir manteniendo la carretera Iquitos – Nauta, porque este año nos han restringido y eso en verdad es preocupante. Nosotros, como Gerencia de Transportes, hemos venido a sustentar en el MTC que sí necesitamos mayor presupuesto”.
Finalmente, Flores Tang mencionó: “Hemos venido al Congreso de la República con algunas autoridades regionales y hemos exigido que el Congreso haga sus buenos oficios para traer el internet a Loreto. Estamos planteando si es posible crear una ley donde se declare como un derecho fundamental el acceso de internet para las comunidades de Loreto”.
Congreso: Comisión de Ética blinda a José Jerí, parlamentario denunciado por presunta violación [VIDEO]
Decidieron no investigar a congresista de Somos Perú involucrado en un ataque sexual contra una mujer que tras despertar desnuda en una cama de la casa de campo del parlamentario lo denunció ante Fiscalía. Legislador Álex Paredes afirma: «No se puede juzgar a cualquier funcionario por sus actos (que cometan) cada sábado y domingo».
¡El colmo! Primero pasó el pasado jueves 23 de enero, fecha en que la Comisión de Ética se abstuvo de revisar el caso del parlamentario José Jerí por presunta violación por falta de quórum. Aquella vez, solo se hicieron presente los congresistas Alex Paredes y Elvis Vergara de manera presencial. Los demás, ni su sombra. Entre los faltones destacaron María Taipe (Perú Libre), Kira Alcarraz (Podemos Perú) y Cruz María Zeta (Fuerza Popular), ellas habían pedido licencia. Entre los faltantes más relevantes destacó Nelcy Heidinger (APP), secretaria de la Comisión, Rosangella Barbarán, Héctor Ventura, Auristela Obando (Fuerza Popular) y Kelly Portalatino (Perú Libre).
El pasado 23 de enero la Comisión de Ética no revisó el caso de José Jerí por falta de quórum. Solo hubo dos asistencias.
Y esta vez sí asistieron a la Comisión de Ética Parlamentaria del Congreso nueve congresistas, entre ellos Alcarraz, Heidinger, Paredes, Medina, Portalatino, Palacios Huamán y Vergara. Entre tanto, se mantuvieron ausentes, los dos Bazán y Rosangella Barbarán. Sin embargo, decidieron no abrir una investigación de oficio contra el congresista investigado José Jerí Ore, denunciado por presunta violación sexual a fines de diciembre pasado.
El presidente del grupo de trabajo, Alex Paredes, anunció la determinación al inicio de la sesión, argumentando que el caso se encuentra en la Fiscalía y está bajo reserva.
“No podemos interferir en una investigación en sede fiscal, donde además estamos obligados a respetar la reserva del proceso para salvaguardar a la víctima. Por estas razones, la Comisión no puede formular una denuncia de oficio sin elementos que demuestren una vulneración a la ética parlamentaria”, sostuvo Paredes.
Asimismo, el presidente de la Comisión precisó que, ante la falta de elementos que sustenten una transgresión a la ética parlamentaria, el grupo que dirige continuará a la espera de los avances del Ministerio Público.
“La Comisión de Ética sigue esperando la respuesta del Ministerio Público. Si en el futuro se determinan hechos que ameriten una indagación preliminar, procederemos conforme a nuestras atribuciones”, concluyó Alex Paredes.
Partido Somos Perú suspendió a congresista José Jerí
Como se recuerda, tras hacerse pública la denuncia, los primeros días del mes de enero de este año, Somos Perú emitió un pronunciamiento oficial en el que informó la suspensión de la militancia de José Jerí Oré hasta que culminen las investigaciones.
«Somos Perú, condena todo tipo de violencia contra la integridad de la mujer o personas vulnerables, hemos tomado conocimiento de los hechos que involucran a un congresista de nuestro partido, exigimos al Ministerio la celebridad del caso en las investigaciones, Enrique Jerí queda suspendido», escribió Somos Perú.