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Política

El escándalo del hotel Sheraton: Correo de Ricardo Ruiz Caro reveló la planificación de “caducidad” de los procesos sancionadores

Un correo electrónico reveló cómo se estuvo manejando el caso de la construcción del hotel Sheraton en el centro histórico de la ciudad del Cusco.

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La fiscal Anticorrupción Gloria Soto, formalizó acusación contra tres exdirectores del Ministerio Cultura de Cusco (DDC), por la construcción del hotel Sheraton de la calle Saphy, ubicado en el centro histórico de la ciudad imperial. En el documento se advierte la destrucción de muros incas y republicanos, ante una aparente inacción de quienes estaban encargados de velar por la protección del legado cultural.

Entre los exfuncionarios con responsabilidad penal se encuentran Ricardo Ruiz Caro, Juan Julio García Rivas y David Ugarte Vega Centeno. La fiscalía Anticorrupción pide cárcel para los exfuncionarios.

En el caso del denunciado Ricardo Ruiz Caro, la fiscalía solicita cuatro años de prisión y se le imputa la autorización del rearmado del muro prehispánico para la edificación de la nueva infraestructura. Sobre el señor Ruiz Caro es importante recordar que en marzo de 2019 publicamos un correo al cual tuvo acceso Lima Gris, y que reveló cómo se estuvo planificando la “caducidad” de los procesos sancionadores del hotel Sheraton de la calle Saphy.

El correo fue enviado al abogado Rubén Carrión por Ricardo Ruiz Caro, ex asesor de Luis Nieto Degregori (Director de la DDC de Cusco) con el título “Resolución Directorial de caducidad”.

En el primer párrafo del correo, Ricardo Ruiz Caro, quien ha sido denunciando penalmente por el tema del hotel Sheraton en Cusco, señala:

“Rubén, le he dado una mirada a la propuesta de RD de caducidad y luego de consultarlas con tus colegas Omar y Christian, me parece necesario marcar una diferencia entre este tipo de RDs (que proviene “de oficio” y por ende están sujetas a caducidad) de aquellas que vienen “de parte” como la que ya se emitió sobre el tema de Saphy”.

Rubén Carrión fue uno de los abogados que estuvo a cargo del tema legal en el Ministerio de Cultura de Cusco, y con él coordinaban los diferentes casos que se presentaban en la ciudad imperial. Uno de ellos fue el caso del hotel Sheraton en Cusco, un caso emblemático de la destrucción del patrimonio cultural, donde el exministro de Cultura Rogers Valencia, terminó firmando dos resoluciones basadas en la “caducidad”, y con la cual se le perdonaba una sanción millonaria de más de 4 millones de soles a la empresa R&G.

En el mismo correo, en el segundo párrafo, Ricardo Ruiz Caro menciona:

“Mi sugerencia es hacer expresa la situación de procedimiento “de parte” por tanto en la parte considerativa como en los propios artículos resolutivos… de este modo estas caducidades no se tomarían en argumentos en contra de aquellas sanciones que asumimos que no caducan por devenir de parte”.

La comunicación del correo reveló que Ricardo Ruiz Caro a pesar de estar denunciado penalmente por el caso del hotel en la calle Saphy, como asesor del Ministerio de Cultura, personalmente planificaba la caducidad de los procesos sancionadores, es decir, era juez y parte de un caso donde él está involucrado junto a otros funcionarios de la DDC de Cusco.

En el tercer párrafo del correo, el señor Ricardo Ruiz Caro le da una sugerencia a los abogados, mencionando:

“Sugeriría también una mirada conjunta entre abogados respecto a esta sugerencia y un acuerdo colegiado de ustedes de la planilla general que se habrá de usar a futuro para este procedimiento”.

Recordemos que Ricardo Ruiz Caro fue asesor de Luis Nieto Degregori, y todo lo que se realizaba lo hacía con conocimiento del propio señor Nieto Degregori, exDirector del Ministerio de Cultura de Cusco.

Nos comunicamos con el abogado Rubén Carrión para conversar sobre el correo y las coordinaciones que realizaba con el señor Ricardo Ruiz Caro sobre el tema de caducidad. Aquí la entrevista.

¿En qué contexto usted recibe este correo?

Yo he sido presidente del órgano técnico colegiado de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, hasta el 28 de agosto del 2018. En ese contexto cuando entra la nueva gestión del señor Luis Nieto Degregori, entra como asesor el arquitecto Ricardo Ruiz Caro, e inmediatamente los expedientes del caso Saphy era de interés de la institución y de la dirección. En todo caso señor Luis Nieto directamente, con mi persona, el jefe del área de defensa de patrimonio y con asesoría jurídica, hemos tenido permanentes reuniones de coordinación para ver cómo se resolvía lo de Saphy.

Al leer el correo uno se da cuenta que el tema de la caducidad ha sido planificado estratégicamente por parte de los funcionarios del Ministerio de Cultura de Cusco.

Lo que le puedo aclarar es lo siguiente: Yo no era jefe, sino era presidente de un órgano colegiado, que estaba encargado de emitir opiniones realizando propuestas en los procedimientos administrativos sancionadores. En todo caso nosotros debemos subordinación al jefe que es el director Nieto Degregori. Y si sus asesores estaban en representación de él, lo propio nosotros teníamos que hacer y sacar las disposiciones emitidas por el director de la DDC de Cusco.

Entonces, los asesores y el señor Luis Nieto de Degregori son los responsables directos.

Cuando todavía no ha salido a la luz este correo, decían que me han cruzado documentos a mi persona. Yo he aclarado que en todos los documentos que me han cruzado a mi persona, el único error que he cometido es haber opinado por la sanción a la empresa R&G del caso Saphy. Ese ha sido mi único error, por eso he sido objeto de maltrato, acoso laboral y además me sacan del cargo por ese motivo. Me dijeron que entregue a otro abogado el cargo, eso fue el 28 de agosto del 2018. Luego de ello me dejan sin escritorio, sin computadora y sin lugar de trabajo.

Luis Nieto Degregori y Ricardo Ruiz Caro.

Tomaron represalias contra usted por opinar a favor de la defensa del patrimonio…

Sí. Al tercer o cuarto día yo puse en conocimiento todos estos hechos, le indiqué al director Luis Nieto, quien era mi jefe inmediato, que regularicé mi situación, porque era una situación ilegal. Hicieron caso omiso hasta el 05 de octubre del 2018, que ya cansado de todo esto, tuve que pasar una carta notarial indicando que cese el acoso laboral, el maltrato y el abuso de autoridad. He trabajado más de siete años en la institución, no he tenido nunca ninguna llamada de atención ni ningún proceso.

Usted representaba una piedra en el zapato para los intereses de los asesores, el señor Luis Nieto Degregori y para la empresa R&G.

Incluso el director quería que renuncie en esa fecha, pero yo como soy abogado y tengo que hacer respetar mis derechos, no voy a permitir semejante atropello de las autoridades. A pesar de todo eso, los asesores de la DDC se mofaban de mi situación.

Después de todo lo sucedido, imagino que para usted no fue una sorpresa que el exministro de Cultura Rogers Valencia, firmará las dos resoluciones a favor de la empresa R&G.

Cuando estaba viendo el caso, había una situación del monto y de los procesos administrativos, pero como veía que, en el proceso de la desaparición y destrucción de los tres muros prehispánicos, teníamos una opinión uniforme, en el sentido de que era una falta grave, propusimos la máxima sanción para ello, que fueron las mil UIT. No sé cómo lo hayan tomado los funcionarios del Ministerio de Cultura, pero en el Ministerio de Cultura dijeron que estaba mal. Sucedido esto, a mí me mandaron a Lima a sustentar en asesoría jurídica y lo hice. La ley es bien clara y es precisa. La opinión que nosotros emitimos como órgano técnico colegiado estaba enmarcada en la ley. Ahora que tenga una interpretación de la norma diferente, que no sea acorde a lo establecido en la norma y al interés público, no podemos asumir responsabilidades por ello.

¿Con quienes se reunió en la sede central del Ministerio de Cultura en Lima?

Me reuní con el jefe de asesoría jurídica y con dos asesores que propuso, ahí sustenté los términos de la sanción. Nosotros emitimos una propuesta, una opinión, y ellos revisaron con su equipo. Nosotros no lo suscribimos, nos somos el órgano sancionador, el órgano sancionador es la dirección, y la dirección es la que emite en última instancia asegurándose por todos los medios que sea la adecuada y la que esté de acuerdo con su precisión e institucionalidad, que es sancionar o no sancionar. Para tal efecto la dirección ha tomado todas las prevenciones del caso y han estado de acuerdo con ello.

Luis Nieto Degregori y exministro Rogers Valencia..

Cómo se puede entender que el señor Ricardo Ruiz Caro pueda ser juez y parte en este asunto, ya que él esta denunciado penalmente por el caso del hotel en la calle Saphy.

Sí, tengo entendido que tiene una denuncia penal y que está muy avanzado el caso. Fíjese, como es parte de dirección del Ministerio de Cultura hasta la fecha, y está a un nivel superior de nosotros, si bien es cierto podíamos discrepar con ello, pero nosotros no teníamos ninguna facultad para poder decidir. En todo caso, la institución sabe perfectamente cuál es la situación del señor.

Después de todo lo que ha ocurrido con el caso del Hotel de la calle Saphy, ¿cuál es su lectura sobre el tema?

Mi persona ha trabajado más de siete años en la institución, he trabajado con todos los directores, e incluso he sido asesor de dirección, cuando los asesores ganaban 3 mil 500 soles, ahora el señor Ruiz Caro, gana 11 mil soles. A mí nunca me han subido el sueldo, pero siempre he servido a la institución por vocación y convicción. Cuando suceden cuestiones irregulares y para las personas que uno resulta incómodo, lamentablemente uno tiene que pagar las consecuencias. Desde el 2008 que empieza la obras hasta el 2018 que se llega a sancionar recién, porque nadie la quería hacer, y nosotros hicimos la adecuada y correcta propuesta, porque eso dice la ley. Pero por todo esto me han maltrato, menospreciado y han llegado al extremo de quererme hacer renunciar, y por hacer respetar mis derechos, hasta la fecha me siguen maltratando, y eso es muy agraviante para mi persona como profesional, padre de familia y miembro de la sociedad.

Para mucha gente en el Ministerio de Cultura de Cusco hay operadores de la corrupción, gente con gran poder, que incluso llega al Ministerio de Cultura en Lima, ¿Para usted la construcción del hotel Sheraton en Cusco se llegará a demoler?

Sobre el tema lo que se tendría que hacer es sacar el excedente de la construcción, porque que llegue a demolición administrativamente es casi un imposible con los procesos que han declarado la nulidad y caducidad.

Nos queda claro que en el correo que revelamos hay una planificación e intencionalidad de nulidad y caducidad sobre el tema.

En las dos resoluciones que emite el exministro Rogers Valencia, en su última parte dice: se buscarán las responsabilidades conforme al artículo 11 de la ley 27444, ley de procedimientos administrativos general.  Que dice “Se buscará la responsabilidad en la autoridad que suscribió la resolución materia de nulidad, caducidad”. Y qué está sucediendo ahorita, le explicado mi situación. Quién ha emitido la resolución materia de nulidad, pues ha sido el señor Luis Nieto Degregori, director de la DDC de Cusco, entonces, en merito a la ejecución de una resolución que ha causado estado de procedimiento, el que debería ser procesado es la persona que ha emitido el escrito. Pero lo que están haciendo ahorita es irregular, están buscando a terceros responsables como chivos expiatorios, y el director Luis Nieto está procesando, cuando él debería estar procesado. Es decir, el señor Nieto Degregori está de juez y parte. Eso es una situación incorrecta.

¿Por qué se anima a denunciar y hacer público el correo?

A mi persona y a los miembros OTC nos han aperturado procedimientos administrativos disciplinarios, por la resolución 998 del 2018 del Ministerio de Cultura, y el caso es lo que le explicado, la resolución está disponiendo que le aperturen instrucción o proceso disciplinario al director, por es Luis Nieto Degregori quien ha emitido y suscrito la resolución. Lejos de hacer eso, lo están haciendo contra nosotros, y el director esta de juez, y eso debe ser sancionado penalmente. Mi situación laboral está en suspenso porque he puesto un recurso de apelación, y el director en los documentos que emite, dice: al abogado Rubén Carrión, se le deberá pagar sus remuneraciones y no se le podrá dar permiso. Y eso es de fecha 15 de enero y 15 de febrero. Si el director está disponiendo mi situación laboral, entonces, que lo ejecute. Pero nada de eso se hace, ya que lo responden de cualquier manera y vulneran mis derechos como servidor público.

Es sorprendente que, por defender el patrimonio cultural, este pasando por toda esta situación…

Solo por defender el patrimonio, por haber opinado por una sanción. Seguro hay otros intereses como usted lo ha manifestado y mi defensa no ha sido bien visto, y seguro he defraudado a muchas personas en el Ministerio de Cultura. Eso para mí es indignante. Yo salgo a esta entrevista porque si bien es cierto me han maltrato desde que he emitido la resolución esa, y me han sacado de la peor manera de la institución, y ahora me siguen maltratando. El correo es bien claro y preciso, ahí está todo el contexto de cómo se ha llevado el proceso correspondiente a Saphy.

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Política

Poder Judicial protege peajes de ‘Línea Amarilla’ pese a vínculos con Villarán

El juez Jorge Luis Chávez Tamariz rechazó el pedido fiscal de suspender el cobro de peajes en Línea Amarilla. Lima Expresa alegó riesgo de quiebra, priorizando intereses privados sobre la corrupción investigada durante la administración edil de Susana Villarán.

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El Poder Judicial, una vez más, ha optado por preservar los intereses económicos de empresas privadas en detrimento del interés público. Esta vez, al declarar infundado el pedido de la Fiscalía para suspender temporalmente el cobro de peajes en la concesión de Línea Amarilla, una infraestructura manchada por la corrupción durante la gestión de la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán.

La decisión, firmada por el juez Jorge Luis Chávez Tamariz del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, favorece a Lima Expresa S.A.C., empresa actualmente a cargo de la concesión y vinculada directamente con el caso Lava Jato. La Fiscalía había solicitado que se detuviera el cobro de peajes mientras avanzan las investigaciones por lavado de activos y asociación ilícita, en las que están implicadas varias compañías brasileñas y funcionarios de la gestión Villarán.

Corrupción reconocida, pero sin consecuencias prácticas

La resolución judicial reconoce que la empresa Lima Expresa, anteriormente conocida como LAMSAC, está siendo investigada como parte de una red de corrupción encabezada por la constructora brasileña OAS. Sin embargo, considera que no existen motivos suficientes para suspender el cobro de peajes, ni para entregar temporalmente la administración del proyecto a la Municipalidad de Lima, a través de Emape S.A.

El argumento principal del juzgado se sostiene en la supuesta falta de riesgo procesal. Según Lima Expresa, ya no hay posibilidad de obstaculización porque la Fiscalía incautó todos los documentos clave en los allanamientos de mayo de 2023. Además, la empresa alegó que desde 2020 está aplicando correctamente la fórmula de reajuste tarifario dictada por un laudo arbitral internacional.

Fiscalía solicitó al PJ suspender el cobro de los peajes de la Línea Amarilla, pero éste no le dio la razón.

¿Y el perjuicio económico al ciudadano?

Mientras Lima Expresa se defiende invocando la legalidad de sus operaciones desde 2020, la Fiscalía documenta que el primer reajuste tarifario en 2013 —realizado durante la gestión de Susana Villarán— violó el contrato. En lugar de aplicar una fórmula mixta, se utilizó únicamente el IPC nacional, lo que infló las tarifas de manera irregular.

Según el Ministerio Público, esta decisión generó un perjuicio económico al Estado y a los ciudadanos por más de S/ 20 millones, sin que se aplicaran sanciones a la concesionaria. La MML, controlada entonces por la alcaldesa Villarán, avaló el reajuste sin cuestionamientos ni penalidades, pese a tratarse de fondos públicos.

Además, uno de los actos más cuestionables fue la inclusión del Proyecto Río Verde mediante una adenda al contrato original, reemplazando al proyecto COSAC IV sin estudios técnicos ni aprobación del Ministerio de Economía y Finanzas. El cambio no solo desvió recursos sin control, sino que favoreció directamente a la empresa sin prever mecanismos correctivos.

El fantasma de la quiebra y el chantaje económico

Lima Expresa, hoy controlada por el grupo francés Vinci Highways, argumentó que suspender los peajes durante un año significaría su quiebra. Dijo que se verían afectados 627 trabajadores, los fondos de pensiones que han invertido en sus bonos, y la recaudación del Estado vía IGV.

Este tipo de narrativa —el riesgo de colapso económico— ha sido recurrente en las defensas de concesionarias implicadas en corrupción. La empresa, pese a estar bajo investigación penal, apela a una lógica de chantaje económico que antepone la estabilidad financiera a la rendición de cuentas.

Pero, ¿debe el Estado renunciar a la justicia para evitar la quiebra de una empresa? ¿Debe tolerarse el cobro de peajes en condiciones cuestionadas por la propia Fiscalía, solo para evitar un impacto en el flujo de caja de una firma privada?

Diferencias con el caso Rutas de Lima: ¿doble rasero judicial?

La Fiscalía también intentó que el juzgado tomara en cuenta el precedente del caso Rutas de Lima, donde el Tribunal Constitucional ordenó suspender los peajes por la ausencia de vías alternas. Sin embargo, el juez Chávez Tamariz rechazó esa comparación, argumentando que las condiciones legales y técnicas eran distintas.

Aunque los contextos puedan variar, en ambos casos hay una constante: contratos de concesión firmados en contextos de corrupción, peajes impopulares y decisiones judiciales que terminan por favorecer a los actores privados, incluso cuando están bajo investigación por delitos graves.

Una justicia que llega tarde y a medias

El fallo del juez Chávez Tamariz refleja una tendencia preocupante en el sistema judicial peruano: la incapacidad para actuar de forma preventiva frente a casos de gran corrupción. Las decisiones tienden a privilegiar la estabilidad económica sobre la transparencia y la rendición de cuentas.

En el fondo, lo que se está legitimando es que empresas salpicadas por escándalos de corrupción —como OAS o sus subsidiarias— puedan seguir operando con normalidad, mientras el proceso judicial se arrastra por años. En paralelo, la ciudadanía sigue pagando peajes elevados sin recibir mejoras sustantivas en infraestructura ni respuestas claras sobre a dónde va ese dinero.

Demandas millonarias y arbitrajes internacionales

El caso se complejiza aún más al conocerse que, paralelamente, la Municipalidad de Lima enfrenta una condena internacional: deberá pagar cerca de US$ 200 millones al consorcio Rutas de Lima por incumplimientos contractuales, según una reciente sentencia en EE.UU. El Estado peruano ya ha iniciado acciones para investigar los vínculos de Brookfield, controladora del consorcio, con Susana Villarán.

Pero eso no es todo. Brookfield ha iniciado un arbitraje ante el CIADI exigiendo US$ 2700 millones por presunta expropiación de su inversión. La Municipalidad de Lima afirma que presentará nuevas pruebas sobre irregularidades en los contratos, pero el costo de estos litigios ya recae sobre los contribuyentes.

¿Quién paga por la corrupción?

Lo más preocupante es que, pese a los millonarios perjuicios económicos y las pruebas reunidas por la Fiscalía, las medidas correctivas son mínimas. Mientras las empresas se protegen con arbitrajes internacionales, el ciudadano común sigue atrapado entre contratos viciados, tarifas injustas y un sistema judicial que llega tarde y actúa con tibieza.

La pregunta es inevitable: ¿cuántos millones más deben perderse antes de que se tomen decisiones valientes en defensa del interés público?

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Política

Compra de aviones de guerra: Dina Boluarte recibió a dueño de empresa Saab

La presidenta Dina Boluarte recibió en Palacio a Marcus Wallenberg. Mientras tanto, su gobierno destina más de S/ 13 mil millones a aviones de guerra, sin enemigo visible, en una decisión ajena a las urgentes prioridades del país.

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Mientras el país sufre por hospitales colapsados, cárceles hacinadas y vías de transporte en ruinas, el gobierno de Dina Boluarte ha decidido destinar más de S/ 13 mil millones a la compra de aviones de guerra. ¿La justificación? Una “renovación histórica” de la flota aérea de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), pese a que el país no enfrenta ningún conflicto armado ni amenaza inminente.

La decisión, anunciada oficialmente el 2 de julio durante la ceremonia por los 40 años del sistema Mirage 2000, se concretó esta semana con una reunión en Palacio de Gobierno entre la presidenta Boluarte y Marcus Wallenberg, presidente de Wallenberg Investments AB, principal accionista de Saab, la empresa sueca que fabrica los cazas Gripen E que el Perú planea adquirir.

En la cita también participaron representantes del poderoso Grupo Wallenberg y seis ministros de Estado, incluyendo el titular de la PCM, Defensa, Relaciones Exteriores, Economía, Transportes y Energía. La visita se da en vísperas del arribo del ministro de Defensa de Suecia, Pål Jonson, quien llega tras participar en la feria F-AIR en Colombia, donde se exhibieron aviones Gripen utilizados por la Fuerza Aérea de Brasil.

Presidenta Dina Boluarte se reunió con Marcus Wallenberg y representantes del Grupo Wallenberg.

¿Seguridad o pretexto?

El gobierno argumenta que esta compra responde a la necesidad de “fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias” y renovar equipos obsoletos. Pero en un país donde la inseguridad ciudadana, la corrupción y la pobreza golpean a diario a millones, resulta difícil creer que las prioridades nacionales pasen por modernizar cazas de combate sin enemigo a la vista.

La pregunta cae por su propio peso: ¿a quién realmente beneficia esta millonaria operación? En un contexto de cuestionamientos a la legitimidad del Ejecutivo, con una presidenta aislada y acusada de usar el poder para blindarse, la compra de armamento de alto costo abre la puerta a sospechas sobre posibles negociados, comisiones ocultas o compromisos oscuros antes de dejar el cargo.

Aviones sí, hospitales no

El contraste es brutal: mientras se firman acuerdos para importar aviones supersónicos, las postas médicas carecen de insumos, las escuelas se caen a pedazos y los ciudadanos mueren esperando una cama UCI. La supuesta “decisión histórica” se parece más a una jugada estratégica que podría tener más de oportunismo que de visión de Estado.

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Política

Zonificación a la medida: MML autoriza edificios de 28 pisos en San Isidro

Pese a las normas vigentes, con la ordenanza 2670, la gestión de López Aliaga allana el camino a megaproyectos inmobiliarios. Vecinos acusan a la alcaldesa de San Isidro de ceder ante su partido y ante intereses empresariales.

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Una nueva polémica sacude al tradicional distrito de San Isidro. La construcción de un edificio de 28 pisos en la avenida Salaverry con calle Burgos ha desatado la indignación vecinal. ¿El motivo? La Municipalidad del distrito otorgó una licencia que contradice abiertamente las normas urbanísticas: en esa zona solo se permiten edificaciones de hasta 10 y 4 pisos, respectivamente. La Contraloría General de la República lo ha confirmado: la obra viola todas las regulaciones vigentes.

Pese a que el caso se encuentra judicializado, la Municipalidad de San Isidro aprobó el proyecto en marzo de este año. Mientras tanto, la alcaldesa Nancy Vizurraga de ‘Renovación Popular’ guarda silencio ante el reclamo ciudadano. Su gestión ha iniciado “acciones administrativas” para investigar responsabilidades, pero los vecinos no ven avances concretos. Para ellos, la situación es clara: el municipio parece responder más a los intereses del sector inmobiliario que al bienestar de los ciudadanos.

Alcaldesa de San Isidro es criticada por no defender al distrito

“No estamos en contra del desarrollo urbano, pero queremos que se respete el orden y se escuche a los vecinos”, dicen con firmeza. La falta de transparencia, consulta y estudios técnicos —como los de impacto ambiental y vial— en proyectos como este refuerzan sus sospechas.

La controversia se amplía con la ordenanza 2670, que modifica la zonificación del centro comercial Camino Real. La Municipalidad de San Isidro ha pedido su revisión, alegando que sus observaciones técnicas fueron ignoradas. Pero la decisión final la tiene la Municipalidad de Lima, bajo la gestión de Rafael López Aliaga, que, según los vecinos, actúa como aliado de los grandes constructores.

Ordenanza 2670 de la MML, firmada por el teniente alcalde Renzo Reggiardo.

En medio del malestar, la vecina Nora Loredo fue contundente:

Lo que está sucediendo es un escándalo. La MML ha cambiado la zonificación para que aquí se pueda construir cuatro torres de 18 pisos, con no sabemos cuántos departamentos, sin hacer estudios de impacto ambiental, sin hacer estudios de impacto vial; no hay consulta vecinal y sin tomar en cuenta que esta es una zona de reglamentación especial porque está la huaca Huallamarca allá y El Olivar aquí. la alcaldesa de San Isidro Vizurraga que se ponga los pantalones y que se enfrente a su jefe, el señor López Aliaga, pero en realidad no es su jefe. Su jefe somos nosotros señora alcaldesa, porque nosotros fuimos los que votamos por usted. Nosotros fuimos los que la hicimos alcaldesa a usted. Usted tiene que rendirnos cuentas a nosotros. A sus votantes”.

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Política

Dina Boluarte: “Me retiraré en 2026 con el orgullo de haber servido de la mejor manera»

La presidenta Dina Boluarte afirma que dejará Palacio de Gobierno el 28 de julio de 2026 “con la frente en alto”, pese a las críticas, protestas sociales y su alta desaprobación ciudadana.

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Durante una ceremonia organizada por el Ministerio de Trabajo, la presidenta Dina Boluarte anunció que culminará su mandato el 28 de julio de 2026 “con orgullo y la frente en alto”. Frente a un centenar de jóvenes talentos, afirmó que su gestión se ha caracterizado por la ejecución de obras y una lucha firme contra la corrupción. “Misión cumplida. Me retiraré con el orgullo de haber servido de la mejor manera como presidenta de la república», exclamó Dina Boluarte, refiriéndose a su paso por el Ejecutivo.

En el acto, donde se presentó a los jóvenes que se integrarán a la administración pública, Boluarte insistió en que su gobierno será recordado como “honesto y decente”. Aseguró que no se toleran actos irregulares en su gestión y que todo indicio de corrupción es sancionado de inmediato. “Con nosotros no hay adendas, donde bien sabemos que se escondía la corrupción. Aquí obra iniciada es obra terminada y entregada al pueblo”, dijo.

Pese a investigaciones, la mandataria dice: “Nuestras obras son con las manos limpias”.

Más tarde, acompañada del ministro de Desarrollo Agrario, Ángel Manero Campos, Boluarte presentó un informe sobre avances en el sector agropecuario. Desde Palacio de Gobierno, resaltó el cierre de brechas como una de las prioridades de su mandato.

Sin embargo, la afirmación de que dejará el poder con la “misión cumplida” contrasta con una gestión marcada por cuestionamientos, protestas sociales, crisis política y altos índices de desaprobación. Si bien la presidenta busca proyectar una imagen de transparencia y eficiencia, diversos sectores de la sociedad civil critican la falta de resultados tangibles y la desconexión con las demandas ciudadanas. Su declaración parece más un intento de consolidar una narrativa oficial que una evaluación objetiva de su paso por el poder.

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Política

Congreso: bancadas tantean ‘alianzas’ para disputar la Mesa Directiva

Con los comicios internos a la vuelta de la esquina, el denominado “Bloque Democrático” busca perpetuarse en el control del Congreso, mientras sectores opositores intentan —sin aún los votos suficientes— construir una alternativa que rompa la hegemonía legislativa.

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A pocas semanas de elegirse a la nueva Mesa Directiva del Congreso para el período 2025-2026, las bancadas empiezan a mover fichas, tejer alianzas y tantear escenarios posibles. Por un lado, el Bloque Democrático, ya instalado por dos periodos consecutivos, busca repetir el control legislativo. Por el otro, agrupaciones opositoras intentan romper esa hegemonía y armar una lista alternativa. Pero el panorama está lejos de definirse.

El Bloque Democrático, conformado por Alianza para el Progreso (APP), Fuerza Popular, Perú Libre y Avanza País, perfila una fórmula continuista con apoyo previsible de Somos Perú, cuya adhesión ha sido casi automática en los últimos años. En palabras del vocero Héctor Valer, Somos Perú solo integrará una lista si es bajo el paraguas de ese bloque.

Desde el otro lado del tablero, la bancada Honor y Democracia —integrada por ex Renovación Popular como Jorge Montoya y José Cueto— fue la primera en anunciar su intención de competir. El 27 de junio, Montoya oficializó la candidatura de Cueto a la presidencia del Congreso y, en una muestra de apertura política poco usual, no descartó tender puentes incluso con bancadas de izquierda: “La mayoría manda”, afirmó.

Una oposición que aún no suma

La noche del domingo, Aron Espinoza, dirigente de Podemos Perú y esposo de la congresista Digna Calle, anunció que esta semana se iniciarán conversaciones formales con diversas agrupaciones para construir una lista opositora. Las bancadas convocadas para una primera reunión este martes 8 de julio son: Acción Popular, Renovación Popular, Juntos por el Perú y Honor y Democracia.

Espinoza fue tajante: la intención es evitar que la próxima Mesa Directiva sea funcional al Ejecutivo. “La lista oficialista está hecha para proteger a Dina Boluarte. Ya se sabe quiénes la integran: Fuerza Popular, Perú Libre —que ya le gustó la mamadera a Waldemar Cerrón—, Avanza País y Somos Perú”.

Sin embargo, los números aún no cuadran. Juntas, las bancadas convocadas suman apenas 46 votos (Podemos 13, Renovación 11, Acción Popular 9, Juntos por el Perú 8, Honor y Democracia 5). Aún les faltan 21 votos para alcanzar la mayoría simple de 67 necesaria para ganar en primera vuelta. Este margen obliga a una ampliación de alianzas que todavía no está asegurada.

Además, falta definir quién encabezará la fórmula. Aunque Honor y Democracia propone a Cueto, tanto Renovación Popular como Podemos Perú han señalado que no asumirán cargos en la directiva, al menos por ahora, lo que deja abiertas negociaciones complejas sobre los puestos de vicepresidencia.

¿Una izquierda como comodín?

Un punto llamativo es la disposición de Honor y Democracia —una bancada de perfil conservador— a dialogar con grupos de izquierda como Juntos por el Perú. Esta flexibilidad responde, más que a convicciones ideológicas, a una estrategia pragmática de supervivencia política, tras haber quedado fuera de las mesas anteriores. En esta ocasión, buscan evitar el aislamiento y no descartan respaldar una fórmula distinta si se garantiza su participación en algún cargo de la directiva.

¿El Congreso se inclina hacia el continuismo?

A pesar de los esfuerzos opositores, todo indica que el Bloque Democrático mantiene ventaja. Tiene experiencia, recursos, alianzas consolidadas y respaldo tácito del Ejecutivo. Además, los incentivos para mantenerse en el poder son evidentes: controlar la agenda parlamentaria, blindar a sus aliados y decidir el ritmo de las reformas.

La carrera hacia la Mesa Directiva 2025-2026 ya empezó. Pero más allá de los nombres, la verdadera disputa es por el modelo de Congreso que predominará: uno que responda a los intereses del oficialismo o uno que ejerza una oposición más activa, aunque aún fragmentada.

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Política

Fiscalía investiga al alcalde de Pomalca por presunta apropiación de fondos municipales

El alcalde Manfri Bernal y dos funcionarias son investigados por no depositar más de S/ 171 mil en la Cuenta Única del Tesoro, lo que habría facilitado el presunto desvío de recursos públicos durante el primer semestre de 2025.

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La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque ha abierto una investigación preliminar contra el alcalde del distrito de Pomalca, Manfri Bernal, y dos funcionarias de su gestión, por la presunta apropiación indebida de recursos económicos municipales que ascienden a más de S/ 171 mil soles.

El fiscal a cargo del caso, Daniel Gerardo Flores Aguinaga, del Tercer Despacho de la mencionada fiscalía, junto a agentes de la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional, intervino las oficinas de Caja y Tesorería de la municipalidad para recabar documentos y verificar los ingresos recaudados durante el primer semestre de 2025.

Según la denuncia que dio origen a la pesquisa, entre enero y junio de este año, la municipalidad habría percibido S/ 171,050.29 registrados con fecha y número de operación. No obstante, dicho monto no fue depositado en la Cuenta Única del Tesoro (CUT) en el plazo máximo de 24 horas, como lo exige la Directiva N.º 001-2007-EF/77.15, generando sospechas de una posible apropiación ilícita.

Según la denuncia que dio origen a la pesquisa, entre enero y junio de este año, la municipalidad habría percibido S/ 171,050.29 registrados con fecha y número de operación. No obstante, dicho monto no fue depositado en la Cuenta Única del Tesoro (CUT) en el plazo máximo de 24 horas, como lo exige la Directiva N.º 001-2007-EF/77.15, generando sospechas de una posible apropiación ilícita.

En la investigación figuran también Ana Llempén, tesorera de la entidad, quien no habría rendido cuentas ni realizado el traslado de fondos, y Rosaliz Cubas, gerente municipal, señalada por presunta omisión de funciones en el control financiero.

El alcalde Bernal es incluido por inacción ante las irregularidades, lo que podría interpretarse como tolerancia o encubrimiento. La fiscalía ha establecido un plazo de 240 días para determinar responsabilidades y recabar elementos de convicción.

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Política

Mininter aprueba contratación de abogados que defenderán a exministro Santivañez

Las resoluciones firmadas por la Secretaría General autorizan el uso de recursos públicos para contratar al estudio de abogados propuesto por el propio Santivañez, investigado por presuntas irregularidades durante su breve gestión en el Ejecutivo.

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El Ministerio del Interior ha aprobado, mediante tres resoluciones de Secretaría General —N° 119-2025-IN-SG, 120-2025-IN-SG y 121-2025-IN-SG— la contratación de servicios legales para la defensa del exministro Juan José Santivañez Antúnez, quien enfrenta diversos procesos en su contra.

Resolución de Secretaria General N° 119-2025-IN-SG.

Esta decisión tiene como antecedente la Resolución de Secretaría General N° 071-2025-IN-RSG, emitida el 14 de mayo de 2025, en la que se declara procedente la solicitud presentada por el propio Santivañez para contar con servicios especializados de asesoría y defensa legal. Posteriormente, el Proveído N° 009696-2025-IN-OGAF, con fecha 21 de mayo, fue remitido desde la Oficina General de Administración y Finanzas a la Oficina de Abastecimiento, formalizando el requerimiento.

Resolución de Secretaria General N° 120-2025-IN-SG.

El estudio legal propuesto por Santivañez Antúnez para asumir su defensa es Miranda & Asociados E.I.R.L., firma que también brinda servicios contables y que, según los documentos oficiales, fue seleccionada por el exministro.

Las resoluciones en cuestión aprueban la ejecución de los Procedimientos de Selección No Competitivos N° 25, 26 y 27, a través de los cuales se formalizará la contratación de los abogados encargados de asumir la representación legal del exfuncionario.

Todas las resoluciones han sido firmadas por Erick Fernando Caso Giraldo, actual secretario general del Ministerio del Interior.

Resolución de Secretaria General N° 121-2025-IN-SG.

La decisión genera interrogantes sobre el uso de recursos públicos en defensa de exautoridades investigadas, especialmente en contextos donde la transparencia institucional está bajo constante escrutinio.

Cabe recordar que Juan José Santivañez fue designado ministro del Interior en abril de 2024, y debió dejar el cargo en medio de denuncias públicas por presuntas contrataciones irregulares, vínculos con estudios legales cuestionados y posible tráfico de influencias. Actualmente, es investigado por el Ministerio Público, por lo que el uso de recursos del Estado para costear su defensa ha generado preocupación y críticas por parte de especialistas y sectores de la sociedad civil.

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Política

Congreso: Presentan PL para anular alza salarial de Dina Boluarte

Legisladora Sigrid Bazán impulsó una iniciativa para revertir el polémico aumento de sueldo a favor de la presidenta Dina Boluarte, calificándolo de injustificado y ofensivo. Jaime Quito anunció que también alista una propuesta legislativa similar.

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La polémica por el aumento de sueldo de la presidenta Dina Boluarte continúa generando reacciones en el ámbito político. A través de su cuenta oficial en la red social X (antes Twitter), la congresista Sigrid Bazán anunció que ha presentado un proyecto de ley para dejar sin efecto el Decreto Supremo N.º 136-2025-EF, que oficializa el incremento de la remuneración presidencial a S/35,568 mensuales.

Proyecto de Ley impulsado por parlamentaria Sigrid Bazán.

El mencionado decreto, aprobado con el respaldo del Consejo de Ministros, ha sido duramente criticado por su inoportunidad en medio de una coyuntura marcada por dificultades económicas y baja aprobación ciudadana. Frente a ello, Bazán Narro manifestó su indignación y explicó que su iniciativa se sustenta en el derecho de iniciativa legislativa que le otorga la Constitución y el Reglamento del Congreso.

“Acabo de presentar, con las firmas correspondientes, un proyecto de ley que DEROGA el DS que aprueba el DESCARADO aumento (…) Veremos si el Congreso lo tramita y quiénes están dispuestos a aprobarlo”, escribió la legisladora del Bloque Democrático Popular en su red social, cuestionando tanto el fondo como la forma en que se autorizó el incremento.

El proyecto de ley cuenta con el respaldo de otros parlamentarios, entre ellos Carlos Zevallos, Susel Paredes, Ruth Luque y Reymundo Mercado, quienes también consideran que el reajuste presidencial carece de justificación técnica y sensibilidad política.

Por su parte, el congresista Jaime Quito anunció que también alista una propuesta legislativa para derogar el mismo decreto. Quito argumenta que el aumento vulnera principios clave como el de legalidad presupuestaria y contradice los topes establecidos en la Ley N.º 32185, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025.

La controversia no solo ha puesto en entredicho la decisión del Ejecutivo, sino que también ha abierto un nuevo frente de debate en el Congreso, donde ahora se espera conocer qué bancadas respaldarán la anulación del cuestionado incremento.

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