El transporte informal estaría cobrándose otra ‘víctima’ más y no hay autoridad que la detenga. Formalizar el transporte urbano en el Perú es casi como pedir que la corrupción desaparezca pidiendo “por favor” y “con permiso” a los que la cometen.

El Corredor Morado podría solo operar hasta fines de este mes si las condiciones que perjudican al servicio continúan. Así lo señaló el gerente de la junta de operadores, Gerardo Hermoza. Cabe indicar que esto ya ocurrió con el Corredor Amarillo, que solo funcionó hasta el 24 de abril.

En declaraciones para el diario El Comercio, Hermoza mencionó que hasta ahora no ven una mejora operacional desde que José Aguilar asumió el cargo de presidente de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU).

La junta de operadores del Corredor Morado adelantó que presentarán, este 15 de junio, un plan de suspensión de operaciones que terminaría el 30 de este mes.

“Lo que nos urge que se implemente es la fiscalización del transporte informal, el recorte de rutas, el reconocimiento de nuestros costos, el restablecimiento del equilibrio económico y el aumento de pasajes”, indicó Hermoza.

Corredor Azul también se encuentra en riesgo

Por su parte, Luis Morán, representante legal del Consorcio Transportes Arequipa S. A., la cual está encargada de operar el Corredor Azul, señaló que, en su ruta, la ATU ya inició la fiscalización contra el transporte informal “de manera tímida”.

“No está estructurada, faltan cosas, pero se ha empezado a ver en el corredor azul algunos operativos al día. Antes no venía ninguno”, señaló, según recoge El Comercio.

Sin embargo, si las condiciones no varían, no hay más pasajeros y no se incrementa el precio de los pasajes, tampoco operarían desde el 30 de junio.

Por otro lado, el representante de los corredores rojo y amarillo, Ángel Mendoza, manifestó que se ha reunido con el nuevo director de fiscalización de la ATU, así como la encargada de la dirección de operaciones, para ejecutar el retiro de las rutas convencionales que comparten la misma vía del Corredor Rojo.

En tanto, el presidente de la ATU señaló que se encuentran en curso las conversaciones con los representantes de los corredores con el objetivo de evitar la suspensión del servicio, la cual estaba programada para el 30 de junio.

“Es una situación que estamos heredando. Ellos nos han presentado su propuesta y nosotros tenemos que presentar nuestra contrapropuesta y, una vez que lleguemos a un acuerdo, seguir adelante con la negociación”, refirió.

En lo que sí están de acuerdo (con los representantes de los corredores), dijo Aguilar, es en la firma de algunas adendas pequeñas que están en trámite. “Es cuestión de sentarnos con los operadores y seguir en marcha”.

A pesar de ufanarse de tener todo un staff de abogados, la ‘Urraca’ no aprende. El Poder Judicial (PJ) ha ratificado la sentencia contra Magaly Medina por los delitos de difamación y calumnia presentados por el actor Lucho Cáceres. Cabe recordar que en diciembre del año 2022, la polémica presentadora fue condenada a dos años de prisión suspendida y se le ordenó pagar una suma de 70 mil soles como reparación civil.

Luego que la ‘Urraca’ apelara la primera sentencia en su contra, el Primer Juzgado Penal Liquidador de la Corte Superior de Justicia fue el encargado de resolver su caso, rectificando la condena en su contra.

Sin embargo, en esta nueva sentencia, la entidad de justicia absolvió a Magaly Medina del delito de injuria, por lo que solo fue condenada por difamación. Ahora, la polémica conductora de televisión deberá cumplir con una serie de conductas para evitar ir a prisión.

“Absolvieron a Magaly Jesús Medina Vela, por la comisión del delito de injuria, en agravio de Luis Alberto Cáceres Andrade (…) confirmar la sentencia de fecha 2 de diciembre de 2022 (…) que resolvió condenar a Magaly Jesús Medina Vela por la comisión del delito de difamación agravada”, dice el documento.

Una ‘Urraca’ enjaulada

La máxima figura de ATV tendrá que comparecer ante las reglas de conducta que le ha impuesto el Poder Judicial. Además, el pago de la reparación civil se debe de hacer en un plazo no mayor a seis meses.

A ello debe de sumarle no cambiar de domicilio ni ausentarse del lugar de residencia, sin previo aviso y autorización escrita del juzgado. También debe hacerse presente cada mes ante el Registro de Control Biométrico. Por último, no cometer nuevamente el delito por el que fue sentenciada.

Por su parte, el actor Lucho Cáceres volvió a ganar la demanda que le interpuso a la ‘Urraca’. Por este motivo, utilizó su cuenta de Facebook para opinar al respecto, n el que destacó que un delito en el Perú no puede ser normalizado, en clara referencia a la ‘Urraca’.

“No podemos normalizar delitos, hay que accionar para que la ley se cumpla. Es el único camino”, escribió en su red social, donde recibió el apoyo de sus seguidores por haber luchado hasta el final para exigir justicia.

Los vemos en todas partes, afuera de los locales de comida o centros comerciales, esperando un nuevo pedido que entregar. La Comisión de Trabajo del Congreso de la República acaba de aprobar un dictamen recaído en los proyectos ley N° 18/2021-CR, 667/2021-CR, 842/2021-CR y 1536/2021CR, el cual obliga a las empresas de aplicativos (plataformas digitales) a contratar en planilla a por lo menos al 20% de los trabajadores que brindan el servicio vía delivery.

Estos trabajadores tendrán todos los beneficios establecidos en el régimen del Decreto Legislativo 728, Ley de productividad y Competitividad Laboral, indica la iniciativa legislativa.

En la sesión de hoy de la Comisión de Trabajo el dictamen recibió nueve votos a favor y nueve en contra. Ante lo cual recibió el voto dirimente favorable de la presidenta de la citada comisión, Sigrid Bazán.

De acuerdo con el proyecto, existirían trabajadores dependientes (que entrarán a planilla) e independientes.

Los dependientes tendrían derecho a una jornada laboral regular, seguros por accidentes, de salud e incapacidad y beneficios como la gratificación y la CTS, así como el pago de una pensión.

Por otro lado, los independientes funcionarían de manera similar a la actual, pero también tendrían derecho a los seguros de ley antes mencionados, así como el pago de su pensión.

Cabe recordar que esta propuesta tenía un dictamen favorable desde mayo del 2022. Ahora pasará al Pleno para su debate y votación.

Entre las opiniones recibidas en la Comisión de Trabajo sobre este proyecto, la Sociedad Nacional de Industrias advirtió que se generarían sobrecostos de más del 40% de las tarifas de contratación de estos servicios, lo que afectaría no solo al cliente final, sino también a restaurantes, hoteles y otros servicios.

Asimismo, en el 2021 la Presidencia del Consejo de Ministros también envió opinión en contra, pues advierte que “se desconoce la naturaleza de la economía digital y el funcionamiento de las plataformas digitales, pudiendo general impacto negativo en 47,000 socios conductores, 13,000 socios repartidores, 866 mil usuarios de plataformas de intermediación digital en Perú, afectando el desarrollo de la economía digital en país”.

Cabe indicar que en el 2021 el Perú casi llegó a tener una legislación laboral para los repartidores por aplicativo.

El proyecto de ley 7567-2020, presentado por el Frente Popular Agrícola FIA del Perú (Frepap), propuso que los repartidores se encontraran bajo el alcance del Decreto Ley 728, es decir, el régimen laboral privado regular, y que tuvieran derecho al 80% o más del costo económico que paga el usuario final por el servicio, además del pago de utilidades.

La norma prosperó en primera votación ante el Pleno del Congreso, pero antes de que pudiera realizarse la segunda votación al respecto se dio el cambio de gobierno y entró el nuevo Congreso, poniendo fin a una norma que, virtualmente, ya estaba por entrar en vigor.

De acuerdo a una llamada clandestina el personal del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL) informó el descubrimiento de una conexión clandestina de agua potable en el área perteneciente al Country Club El Bosque, ubicado en el distrito de Surco. Esa tubería no autorizada estaría funcionando desde el 2015 y consume cuatro veces más agua de lo que registra el club en la entidad estatal. 

Fue el pasado lunes 5 de junio donde autoridades de Sepadal y la División de Investigación de Delitos contra el Estado de la Policía Nacional indicaron que esa tubería clandestina estaría generando un perjuicio de aproximadamente 100 mil soles en contra de la empresa estatal. Esto fue gracias a un aparato georradar que permite ubicar las conexiones de agua que están en el subsuelo. 

Ante ello el jefe del Equipo de Cumplimiento Normativo e Integridad Institucional de Sedapal, Julio Milla, se pronunció sobre el suceso. 

“Hemos encontrado una conexión no autorizada de agua potable que está empalmada a nuestra matriz de agua y que ingresa al Club El Bosque. Es una tubería irregular, no tiene número de suministro, no está reconocida en nuestro sistema comercial y no factura por el consumo que realiza”, indicó.

En esa misma línea, Milla afirmó que la tubería registrada del Club El Bosque tiene un diámetro de tres cuartos y la clandestina es de una pulgada. En consecuencia, el consumo de agua es cuatro veces mayor a lo reconocido a la empresa prestadora de agua potable.

“Está consumiendo cuatro veces más de lo que consume con la tubería que está registrada en Sedapal. Además, calculamos que serían como 100 mil soles de perjuicio contra Sedapal”, detalló.

Por otro lado, el Coronel de la PNP, Cesar Díaz, mencionó que el hallazgo va a ser notificado al Ministerio Público para que se inicien las investigaciones.

“La prueba lo está realizando los propios trabajadores de Sedapal a fin de establecer que la conexión irregular ingresaría al Club El Bosque […] Se va a notificar al Ministerio Público para iniciar las investigaciones correspondientes a fin que se establezca la responsabilidad o no de lo que se ha visto”, manifestó Diaz. 

Por su parte, la gestión vigente de La Asociación Country Club El Boque aseguró que no tenían conocimiento acerca de esta conexión clandestina, además que nunca hicieron uso de los caudales de agua provenientes de esa tubería. 

Tremendo ‘rollo’ administrativo. Esta vez el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), sancionó a Papelera Reyes en última instancia administrativa por difundir publicidad engañosa a través de sus medios digitales, como su página web, redes sociales e influencers.

En el mencionado anuncio comercial, la empresa aseguraba que los rollos de papel higiénico Paracas Black Premium tenían una longitud de 40 metros, a pesar de no contar con los elementos probatorios que respaldaran dicha afirmación.

Ante esta situación, la Sala Especializada en Defensa de la Competencia del mencionado organismo ha impuesto una multa de 482,78 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) a Papelera Reyes, equivalente a la suma de S/2 millones 389.761. La entidad argumentó que la empresa incurrió en actos de competencia desleal en la modalidad de engaño.

Fue durante el proceso de investigación, que se logró verificar que ninguno de los medios probatorios presentados por Papelera Reyes, como la ficha técnica, acta de constatación notarial, informe de laboratorio e informe interno, resultaron suficientes para acreditar la veracidad del mensaje transmitido en la publicidad.

Pero la multa impuesta no es todo, pues la empresa papelera sancionada está obligada a cumplir con ciertas medidas correctivas. Esto incluye el cese definitivo e inmediato de la campaña publicitaria en cuestión y la publicación de un aviso de rectificación en los mismos medios de difusión en los cuales se propagaron los anuncios engañosos.

Como se recuerda, el artículo 8 del Decreto Legislativo n.° 1044, conocido como la Ley de Represión de la Competencia Desleal, establece que los actos de engaño tienen como efecto, real o potencial, inducir al error a otros agentes en el mercado sobre la naturaleza, modo de fabricación o distribución, características, aptitud para el uso, calidad, cantidad, precio y condiciones de venta de un producto.

Esta sanción económica tiene como objetivo no solo resarcir los perjuicios causados por la publicidad engañosa, sino también enviar un mensaje claro sobre la importancia de la veracidad en la promoción de productos y servicios.

A pesar de que Papelera Reyes ya ha sido notificado de la decisión de Indecopi, y de sus obligaciones para resarcir su error, hasta el momento la mencionada empresa papelera no ha publicado ningún comunicado al respecto sobre esta situación que podría afectar, no solamente sus arcas, sino también la confianza en sus clientes que son, finalmente, su público objetivo y que esperan una respuesta.

Nunca fue encontrada. Inaugurada con ‘bombos y platillos’ hace tan solo unos días la denominada feria “La Huerta Encontrada”, en un principio iba a significar la formalización y retiro de los ambulantes de las principales vías del Centro de Lima, sin embargo, la realidad resultó siendo una ironía, pues ni un solo comprador terminó encontrándola por lo alejado y peligroso de la feria, ubicada en la cuadra 7 del jirón Amazonas.

Abierta a un público inexistente el pasado 2 de junio, el lugar había sido designado por la Municipalidad de Lima como el espacio para reubicar a cerca de 5000 mil vendedores ambulantes que trabajaban cerca a Mesa Redonda y el Mercado Central.

El mismo día de la inauguración varios comerciantes se mostraron descontentos con la reubicación, ya que no solo consideraban alejada la feria (cuadra 7 del jirón Amazonas) sino también que la zona es peligrosa y de poca afluencia de personas.

“¿Crees que la gente vendrá a comprar acá? Queremos ser reubicados, pero en otra zona, nos compran acá y en la otra esquina les roban, le pedimos al alcalde que nos reubique en un lugar donde podamos trabajar”, dijo una vendedora.

Para el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, esta reubicación era la solución para acabar con el comercio informal en el Centro de Lima. Sin embargo, de los más de 5 mil ambulantes inscritos solo se vio a cinco vendedores sin sus puestos instalados en la feria.

“No he vendido nada, cero. Tuve que salirme e irme”, comentó una ambulante. “Me dijeron que el día lunes iba a venir (cantidad) de personas. No había nadie, dos personas no más”, señaló otra comerciante.

Debido a la falta de público y en su necesidad de vender sus productos, los ambulantes regresaron a las calles de Lima para poder ganarse el pan de cada día.

Recordemos que en este espacio de 8000 m2 se reubicaron a 1500 comerciantes empadronados. Además, se dio prioridad a personas con discapacidades físicas, madres solteras o algún tipo de inconveniente.

Al parecer, al alcalde de Lima le gusta dar soluciones a medias, o sencillamente burlarse de los vecinos. Solo basta recordar la también inaugurada “playa artificial” en el distrito de San Juan de Lurigancho que por coincidencias solo estuvo abierta unos cuantos días, supuestamente por “fin de temporada”.

En un mundo digital donde la ‘moneda de plástico’ está próxima a convertirse en el medio más utilizado por las personas, las comisiones deberían de desaparecer paulatinamente. Ante ello, la Comisión de Defensa del Consumidor (CODECO) del Congreso de la República aprobó el dictamen que modifica la Ley que protege de la usura a los consumidores de los servicios financieros para eliminar la comisión por transferencia bancaria y pago de tarjeta de crédito.

De esta manera, la iniciativa legislativa establece que en el contrato de cuenta de ahorro y en el contrato de cuenta corriente no procede el cobro de la comisión por transferencia bancaria a otra o desde otra entidad bancaria del sistema financiero.

No obstante, se establece como excepción de la transferencia hacia o desde una caja rural de ahorro y crédito, caja municipal de ahorro y crédito, caja municipal de crédito popular o cooperativa de ahorro y crédito. 

Asimismo, el dictamen señala que en el contrato de tarjeta de crédito no procede el cobro de la comisión por pago de tarjeta de crédito a través de una entidad financiera o de un tercero distinto de la empresa con la que se contrató el producto.

En este caso también se establece la excepción del pago de tarjeta de crédito a través de una caja rural de ahorro y crédito, caja municipal de ahorro y crédito, caja municipal de crédito popular o cooperativa de ahorro y crédito. 

Se precisa que la aplicación de estas disposiciones no puede limitarse, directa ni indirectamente. ni alterar su carácter general con la aprobación previa de reglamento, requisito o excepción alguna. 

También, se explica que el incumplimiento de esta disposición da lugar a la imposición de la respectiva sanción conforme a lo establecido en las normas correspondientes de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS).

El dictamen aprobado reúne los proyectos 3428/2022-CR y 3739/2022 que modifican la Ley 31143, Ley que protege de la usura a los consumidores de los servicios financieros. Las propuestas fueron presentadas por los congresistas Sigrid Bazán Narro (Cambio Democrático-Juntos por el Perú) y Jorge Flores Ancachi (Acción Popular).

La propuesta aprobada en la Comisión de Defensa del Consumidor deberá ser elevada al pleno para su debate y votación. 

En búsqueda de eliminar patrones de desigualdad en la publicidad

De otro lado, la comisión también aprobó, por mayoría, el dictamen recaído en el Proyecto de Ley 4480/2022-CR que, con un texto sustitutorio, propone modificar la Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, respecto de la publicidad dirigida a menores de edad.

La iniciativa plantea, para defender la salud física de la mujer mediante la reducción de patrones culturales que incentivan o fomentan la discriminación contra este sector, que la publicidad contribuya a eliminar la desigualdad.

Cultura ‘chicha’ sin frenos. El transporte público de Lima Metropolitana se encuentra en un estado de caos absoluto, sumergido en una profunda crisis que genera un desorden incontrolable en las calles de la ciudad. Desde la falta de un sistema integrado que brinde confianza y seguridad a los pasajeros hasta la aparición de transportistas informales que ponen en peligro la vida de las personas al no respetar las normas de tránsito.

Estas organizaciones dedicadas a brindar el servicio de transporte público, pero sin contar con la autorización de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), ni respetando las normas en cuanto a la calidad de sus unidades, revisiones técnicas, así como contar con los documentos necesarios como seguro contra accidentes, tarjeta de propiedad, conductores con licencias de conducir aptas, entre otros, se han propagado por todos los distritos de la capital.

Según un informe del dominical Punto Final, estas organizaciones informales hacen de todo para pasar desapercibidas e incluso se han atrevido a ‘clonar’ a los buses de empresas autorizadas. El gerente de la empresa Translima, Miguel Cieza, lamentó que las unidades informales operen sin ninguna restricción e incluso superen la flota de la empresa. “Los informales nos han atacado por todos los lados, tienen el color de la empresa, tarifario, logotipo, todo igualito”, indicó.

Según detallaron los conductores de esta empresa de transporte que cubre la ruta San Martín de Porres – Centro de Lima, cuando una de las unidades pertenecientes a Translima sale del paradero autorizado, una unidad informal, con los mismos colores hace lo mismo para confundir a los pasajeros.

En otros distritos, el panorama es similar. Buses pintados del mismo color que una empresa autorizada para poder camuflarse y continuar operando con normalidad.

Según la data de la Policía Nacional del Perú (PNP) durante el 2022 se registraron un total de 83 mil 881 accidentes de tránsito a nivel nacional. En el último quinquenio, el 74% de los accidentes se produjeron por factor humano como ebriedad del conducto, exceso de velocidad, imprudencia del conductor, imprudencia del pasajero e invasión del carril.

Nadie le pone una ‘luz roja’ a la informalidad de transporte público

Durante el informe los conductores, cobradores y jaladores de los buses de transporte informal manifestaron que están trabajando, pese a que no cumplen con las especificaciones técnicas requeridas, y expresaron que los fiscalizadores de la ATU están al tanto de esta situación y les realizan cobros para dejarlos operar.

Además, los vecinos de las zonas aledañas a los paraderos informales han expresado su temor por esta situación ya que han sido amenazados por los conductores de estas unidades cuando han sido increpados. “Le han tirado una piedra a un vecino”, indicó una vecina que prefirió mantener su identidad en reserva.

El nuevo presidente de la ATU, José Aguilar anunció que como parte de la estrategia para mejorar el sistema de transporte urbano procederán con el retiro de algunas rutas que compiten con el transporte formal y además se iniciará con los primeros chatarreos de unidades que ya no deben estar en circulación.