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MAQUINACIONES: La era del control mental

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Las tecnologías de la información y comunicación están llevando a la sociedad a un nuevo paradigma de convivencia, donde lo virtual cada día gana terreno en todas las actividades cotidianas, pasando por la ciencia, la política, el comercio electrónico, la teleeducación y todos los sistemas de persuasión de masas nunca antes vistos.

Tal como lo he venido sosteniendo en mis artículos, hoy en día es de carácter público que las investigaciones científicas predominantemente se encuentran enfocadas en el estudio del cerebro y de la mente humana y, por ende, del comportamiento de los individuos.

Pero hay secretas intenciones. Los medios han informado que la multinacional IBM viene realizando experimentos en neurociencia (bastantes cuestionados, por cierto) usando nuevas tecnologías como la implantación de nanobots cerebrales en pacientes.

En el ensayo: “Proyecto Cerebro Humano: ¿Existen experimentos secretos con humanos en Latinoamérica?” (https://tinyurl.com/y8tby3vd), David Salinas  Flores – catedrático invitado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos– alerta sobre este problema, dando la voz de alarma acerca de la experimentación humana forzada e ilícita existente.

El investigador señala que hay evidencias de que existiría una red de experimentación ilegal con personas que el Proyecto Cerebro Humano (HBP) ha organizado en asociación con algunos gobiernos corruptos de Latinoamérica y con la participación y encubrimiento de cierta prensa.

Esta red estaría desarrollando una forzada y secreta experimentación humana neurocientífica con implantes y nanobots cerebrales, con los que se estaría obteniendo la fuente real de información del mapa del cerebro humano, a costa de la salud y violando la intimidad de los latinoamericanos.

“La larga lista de experimentos médicos ilícitos y gobiernos corruptos en Latinoamérica que los han permitido oficialmente, obliga a los médicos a estar alerta, investigar y denunciar posibles experimentos neurocientíficos inhumanos que se estén realizando en el Proyecto Cerebro Humano”, señala Salinas.

El Proyecto Cerebro Humano (HBP por sus siglas en inglés) es un proyecto médico-científico y tecnológico financiado por la Unión Europea y dirigido por Henry Makram, cuyo objetivo es reproducir artificialmente las características del cerebro humano, supuestamente con fines médicos.

Esto no es ciencia ficción. Es un hecho que estas corporaciones, presuntamente aliadas con gobiernos corruptos de Latinoamérica, están realizando experimentos ilícitos con humanos para desarrollar el chip neuromórfico True North en hospitales infantiles de México, con miras a crear el primer cerebro artificial, todo ello financiado con más de mil millones de dólares.

En este escenario, el Perú –país donde reina la corrupción e incluso ya se sabe que existen mafias de traficantes de órganos–, tengo razones de fuerza mayor para sospechar que nuestro país en un futuro cercano podría convertirse en una “granja humana” para ensayos tecnológicos de alto riesgo.

Muy cerca de nuestro territorio, en el vecino país de Ecuador, existe otro Silicon Valley denominado “Yachay”, donde IBM estaría haciendo experimentación con comunidades rurales, utilizando como término de fachada las “TIC” (iniciales de tecnología de informática y comunicación), con la finalidad de lograr la interconectividad humana electrónica, y posiblemente implantar la esclavitud digital.

Como ya lo he afirmado en mis ensayos sobre las tentativas de control mental y corporal, podemos afirmar que el Proyecto Cerebro Humano es un nuevo rostro del Proyecto MK Ultra iniciado en la década del cincuenta, y que ahora se está sofisticando mediante neurotecnología invasiva como implantes cerebrales o nanorobots en países pobres.

Es de suma importancia para la humanidad analizar las consecuencias jurídicas, éticas, políticas, ecológicas y económicas del control mental-corporal mediante uso de ondas hertzianas, lo cual significa el mayor crimen en la historia contra las poblaciones del planeta y debe ser detenida.

La principal consecuencia derivada de la conducción y manipulación de frecuencias electromagnéticas es el calentamiento global. Pero además, las ondas hertzianas están invadiendo nuestro subconsciente y repercuten en nuestro modo de vida.

La operación “antenaje” (así la denominé) doblega al hombre y la superficie terrestre también se pervierte, originando un incremento acelerado de la temperatura media global, que muchos llaman “efecto invernadero”. Esta siniestra conjunción corrompe al individuo y a su ecosistema, trastorna la realidad y su desarrollo sociohistórico, generándose la disminución de la esperanza de vida.

Ante esta situación, cabe preguntarnos sobre cómo pueden ejercer su derecho a denunciar este acoso las personas que se sienten amenazadas o vulneradas. ¿En qué instancias podrían efectuarlo? ¿Con qué medios probatorios? ¿Bajo qué legislación o norma del Código Penal?

Existe una falencia de gran dimensión histórica de un Derecho Humano Público en relación con el control mental-corporal, pero que indefectiblemente se torna cada vez más necesario conceptualizar. En España, ante casos de persecución mental, las víctimas de acoso electrónico citan mi artículo “Maquinaciones electromagnéticas: violación de los derechos humanos y la esfera privada” como un documento sustentatorio y referencial (www.viatec.es).

Cabe señalar que recientemente han sido recibidas y aceptadas diversas denuncias por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por parte de las organizaciones Viactec España, Pacts International, Fredoom for Targetal Induviduals y Targeted América creándose el Día Mundial contra la Tortura Electrónica, teniendo como fecha el 31 de julio.

Esperemos que pronto en nuestro país y en el mundo se debata y promulgue la legislación para salvaguardar el derecho de las personas a no convertirse en víctimas de la doblegación electromagnética.

Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (Naciones Unidas): https://www.ohchr.org/SP/Issues/Torture/SRTorture/Pages/SRTortureIndex.aspx?fbclid=IwAR1I1LDEOlEBjx99yOuEZ3xC2JzDTEmjCVq-mGWmDV2VZoZ0G2v2J3vSngg)


ÚNETE A LA CAMPAÑA MUNDIAL CONTRA LA TORTURA ELECTRÓNICA

El 31 de julio de 2020, únete a esta campaña contra el acoso electrónico compartiendo esta imagen para promover nuestra protesta virtual a través de todas las redes sociales.

¿Qué harás ese día?

1.- Haz una publicación sobre tortura electrónica en tu red social favorita.

2.- Mencione # o @ a un político, un periodista y un medio o periódico.

3.- Usa las etiquetas: #BastaDeTorturaElectrónica #StopElectronicTorture.

Siéntase libre de compartir esta imagen libre de derechos de autor que hemos creado.

No estás solo.

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Raúl Allain. Escritor, poeta, editor y sociólogo peruano (Lima, 1989). Estudió en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha sido incluido en antologías como Antología de poetas críticos (Cisnegro, México DF, 2019), Antología décimo aniversario de Lord Byron Ediciones (Liber Factory - Lord Byron Ediciones, Madrid, 2013), Veinte poetas: muestra de poesía contemporánea (I.F.D. Editor; Lima, 2010), Poesía y narrativa hispanoamericana actual (Visión Libros - Lord Byron Ediciones, Madrid, 2010), Abofeteando a un cadáver (Bizarro Ediciones - Centro Cultural de España, 2007), entre otras. Sus textos aparecen en diversos medios literarios tanto nacionales como internacionales. Actualmente preside el Instituto Peruano de la Juventud (IPJ) y dirige el sello independiente Río Negro. Ha publicado Poéticas, Poiesis hispanoamericana: selección de poesía contemporánea, Eros & Tánatos: poesía y arte contemporáneos, entre otras antologías, ¡Yo no hice nada!: Sobre la idiosincrasia peruana, ¡Palaciego In Memoriam!: Selección de textos de Humberto Pinedo, así como el ensayo La cientificidad del consciente (Editorial Emooby, 2011). Premio Mundial a la Excelencia Cultural y Premio Mundial el Águila Internacional a la Excelencia Sociológica de la Unión Hispanomundial de Escritores (UHE).

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Nombramientos Irregulares en la UNSAAC: nepotismo y despilfarro de recursos públicos

El derrumbe institucional de la UNSAAC. Una historia que incluye a un familiar de la presidenta Dina Boluarte.

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La Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, otrora símbolo de sabiduría andina y resistencia intelectual, atraviesa uno de los momentos más oscuros de su historia reciente. Las paredes coloniales que la rodean ya no resguardan el espíritu crítico, sino los ecos de la indignación. Una federación estudiantil en pie de guerra, docentes que denuncian a gritos el desmoronamiento ético de su alma máter, y autoridades que —con el silencio como único argumento— se atrincheran tras resoluciones y formalismos.

La causa inmediata de esta crisis: el proceso de nombramiento de docentes contratados, amparado en la Ley N.º 32171, convertido en botín político y familiar. La ley, que buscaba regularizar a miles de docentes precarios, se ha transformado en Cusco en un instrumento para beneficiar a allegados, parientes y amigos de autoridades universitarias, bajo el manto cómplice de la burocracia y la opacidad.

El Rector Eleazar Crucinta Ugarte y la vicerrectora Paulina Taco han sido señalados públicamente por actos de presunto nepotismo. Más de seis artículos documentadas han encendido las alarmas. Mientras tanto, la comunidad estudiantil —en un acto que recuerda las viejas huelgas universitarias— tomó las instalaciones, exigiendo que las actividades se trasladen a la virtualidad, como si el problema pudiera esconderse tras una pantalla.

El caso más escandaloso, sin embargo, lo protagoniza la Escuela Profesional de Antropología. En un documento fechado el 26 de junio de 2025, los docentes de dicha escuela denuncian un proceso plagado de irregularidades: nombramientos sin sustento técnico, ampliación indiscriminada de plazas sin análisis de carga académica, y vínculos familiares que rozan el tráfico de influencias.

Entre los casos más indignantes figura el del director del Departamento Académico, Dr. Máximo Cama Tito, cuya esposa, Alejandra Tito Tica, aparece nombrada. Similar situación se presenta con el Antropólogo David Ugarte Vegacenteno, cuya hija —Luz Gabriela Ugarte Boluarte, sobrina de la presidenta de la República— figura entre las beneficiadas, pese a no cumplir con los requisitos de la ley. ¿Coincidencia? ¿Amnesia legal? ¿O simple impunidad disfrazada de meritocracia?

La evaluación de candidaturas parece haberse realizado con la ligereza de quien selecciona nombres al azar. Morvely Karen Núñez del Prado, declarada «apta», jamás figuró como docente contratada durante el semestre exigido por ley. Su inclusión en el listado revela la precariedad —y quizás la perversidad— de los criterios utilizados. En cualquier administración seria, este sería motivo suficiente para anular el proceso. En Cusco, sin embargo, todo sigue igual.

La Federación Universitaria del Cusco, en su oficio N.º 036-2024-FUC-SAG, ha denunciado incluso el pago de sueldos a docentes sin carga académica. Es decir, funcionarios que cobraban sin enseñar. Entre ellos, una vez más, la ya mencionada Luz Gabriela Ugarte Boluarte. ¿Quién autoriza estos pagos? ¿Quién los supervisa? ¿Quién los encubre?

Peor aún, el acuerdo firmado el 8 de mayo entre el rector y el Centro Federado de Estudiantes, donde se comprometía a priorizar la demanda real antes de los nombramientos, fue flagrantemente ignorado. No solo se incumple la palabra dada; se traiciona a una comunidad entera.

Para hablar de estos temas, nos comunicamos con el rector Eleazar Rucinta, pero hasta el cierre del artículo no tuvimos respuesta.

UNSAAC en cuidados intensivos

La UNSAAC está enferma. Y su enfermedad no es solo burocrática, sino moral. La corrupción, ese viejo mal peruano que se infiltra en los pasillos del poder como una hiedra venenosa, ha encontrado terreno fértil en la universidad más antigua del sur del país.

La pregunta ya no es si estas denuncias son ciertas —los documentos hablan por sí solos—, sino cuánto tiempo más la sociedad cusqueña y el Estado peruano permitirán que esta situación se prolongue. ¿Dónde están los organismos fiscalizadores? ¿Dónde está la Sunedu? ¿Dónde está la presidenta, cuya sobrina es parte del escándalo?

Urge una intervención que no sea decorativa. Una auditoría real. Un castigo ejemplar. Porque si dejamos que la UNSAAC se hunda, con ella se hundirá también una parte esencial de nuestra historia académica, de nuestro futuro colectivo. Y lo más terrible: no nos daremos ni cuenta.

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Cámaras inoperativas, vehículos de serenazgo en mal estado, equipos defectuosos, todo eso ha encontrado la Contraloría en 248 municipios

Inspección realizada en mayo por la Contraloría ha revelado que muchos gobiernos locales no cuentan con las medidas necesarias para vigilar sus jurisdicciones.

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Desprotegidos. La Contraloría General de la República realizó un operativo a 248 gobiernos locales durante los días del 8 al 14 de mayo, detectando severas deficiencias en los servicios de seguridad ciudadana. El operativo denominado “Servicios de seguridad ciudadana ejecutados por los gobiernos locales” arrojó que en todos eso municipios no existe un correcto funcionamiento en herramientas que deberían de ayudar al personal a combatir la delincuencia urbana.

Así, figuran 1553 cámaras de videovigilancia inoperativas (el 20 % de las 6144 instaladas), siendo las regiones más afectadas Arequipa (255), La Libertad (180) y Lima Provincias (153). Además, el 22 % de las cámaras no almacenan las grabaciones por el plazo mínimo de 45 días, como exige la norma, y el 86 % de las municipalidades no tiene un plan de mantenimiento para estos equipos.

Personal de serenazgo solo estaría viendo una pantalla negra todo el tiempo. Foto: Andina.

Respecto a los equipos de radiocomunicación, se detectaron 1054 unidades inoperativas (el 19 % del total) y se constató que el 32 % de las municipalidades no cuenta con un centro de telecomunicaciones para monitoreo y respuesta ante emergencias.

En cuanto al patrullaje municipal, 378 vehículos (el 14 % del total) están inoperativos, mientras que 34 gobiernos locales no realizan patrullaje conjunto con la Policía Nacional, lo que debilita la coordinación interinstitucional.

El personal de serenazgo también enfrenta condiciones precarias: el 63 % de las municipalidades supervisadas no les proporciona equipo de protección completo, y el 20 % solo les entrega equipamiento parcial, sin chalecos antibalas, rodilleras ni coderas.

De forma aún más crítica, seis municipalidades no cuentan con servicio de serenazgo ni con cámaras de videovigilancia, lo que refleja una ausencia total de presencia municipal en materia de seguridad.

Recomendaciones de la Contraloría

La Contraloría General ha comunicado los resultados del operativo a los titulares de los gobiernos locales visitados con la finalidad de que adopten las medidas preventivas y correctivas que contribuyan a optimizar la gestión de seguridad ciudadana que vienen desarrollando.

Asimismo, ha recomendado la elaboración e implementación obligatoria de planes objetivos específicos para el servicio de serenazgo en todos los gobiernos locales, alineados con directivas nacionales y bajo enfoque de gestión de riesgos. Esto permitirá optimizar el uso de recursos, fortalecer la capacidad operativa y mejorar la articulación del sistema de seguridad ciudadana.

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Caos en la Vía Expresa: Metropolitano colapsó otra vez

Más de 20 buses del Metropolitano quedaron varados en la Vía Expresa de Paseo de la República. Según la ATU, el incidente fue causado por un acto de vandalismo que puso en peligro a un conductor.

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Este lunes 30 de junio, Lima volvió a experimentar lo que para miles de ciudadanos ya no es una excepción, sino una lamentable rutina: el colapso del servicio del Metropolitano. Más de 20 buses quedaron varados durante horas en plena Vía Expresa, entre el Centro de Lima y San Isidro, dejando a cientos de pasajeros atrapados, molestos y sin respuestas claras.

Según la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), la causa de este nuevo episodio de caos fue un “acto de vandalismo” que afectó a uno de los conductores. Si bien el comunicado oficial señala que el servicio fue “restablecido”, la realidad es que no existen protocolos efectivos para enfrentar imprevistos, ni mucho menos un plan de contingencia que priorice a los usuarios.

La ATU se limitó a publicar en redes sociales: “Se ha superado el incidente”, como si con eso bastara para justificar horas de retraso y desorden en el servicio. Es inaceptable que un sistema de transporte que moviliza a miles de personas a diario dependa del azar, sin medidas preventivas ni capacidad de reacción frente a emergencias mínimas.

Como si fuera poco, la estación Naranjal del Metropolitano también sufrió bloqueos debido a manifestantes. Aunque finalmente se dispersaron con apoyo policial, el daño ya estaba hecho: más demoras, más caos, y más ciudadanos afectados.

La ATU parece olvidar que gestiona un servicio esencial para la vida diaria de la ciudad. La falta de inversión en infraestructura de respaldo, la carencia de información oportuna a los usuarios y la absoluta ausencia de un plan de manejo de crisis evidencian un sistema colapsado por la improvisación.

Los limeños no merecen más excusas ni comunicados vacíos. Necesitan un sistema de transporte urbano que funcione, que sea seguro, previsible y, sobre todo, respetuoso con su tiempo y su dignidad. Si la ATU no puede garantizar eso, entonces la pregunta es obligada: ¿para qué existe?

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TC determinó que demolición de muro en la plazuela de la iglesia San Francisco no vulneró ningún patrimonio

Máximo intérprete de la Constitución indicó que demolición de cerco perimétrico fue completamente legal.

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Se acabaron las barreras. El Tribunal Constitucional (TC) puso punto final a la controversia legal sobre la demolición del muro perimétrico que rodeaba la plazuela San Francisco, en el Cercado de Lima.

A través de una sentencia emitida esta semana, el colegiado declaró infundada la demanda de amparo presentada por la Provincia Franciscana de los Doce Apóstoles contra la Municipalidad Metropolitana de Lima y el Ministerio de Cultura (Mincul).

De acuerdo con el fallo, el muro, que fue construido en 1989 como medida de seguridad, no contaba con protección como patrimonio cultural, ni a nivel nacional ni internacional.

El fundamento 16 de la sentencia señala que la construcción original respondió a necesidades de seguridad durante la época del terrorismo y comercio ambulatorio en el Centro de Lima. «Esta situación ha variado […] ya no sería necesario», indicó el TC, respaldando el criterio municipal. 

Por el contrario, incluso la Unesco respaldó su demolición al considerar que no formaba parte de los elementos reconocidos como parte del valor universal excepcional del Centro Histórico de Lima.

El TC también precisó que la demolición, realizada por la comuna limeña en febrero de 2022, fue parte de un plan integral de recuperación y peatonalización del entorno monumental.

La decisión se sustentó en que el muro estaba levantado sobre un bien de propiedad pública y no generaba derechos adquiridos que impidieran su retiro.

En su sentencia, el tribunal descartó que la medida haya afectado la libertad religiosa o las actividades propias del convento y la iglesia San Francisco. Los magistrados señalaron que no se acreditó ninguna restricción al ingreso de fieles ni a las celebraciones litúrgicas.

Finalmente, el TC exhortó a la Municipalidad de Lima y a la comunidad franciscana a establecer mecanismos de coordinación para garantizar que los proyectos de mejoramiento urbano no interfieran con el normal desarrollo de las actividades religiosas.

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Hallan muerto a José Miguel Castro, exfuncionario clave del caso Susana Villarán

Degollaron al testigo clave que iba a declarar contra la ex alcaldesa Susana Villarán. PNP descarta suicido por la escena encontrada.

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Hoy, 29 de junio, la Policía Nacional del Perú halló sin vida a José Miguel Castro Gutiérrez, de 51 años, exgerente municipal de la gestión de Susana Villarán y testigo clave en el caso de financiamiento ilegal de campañas políticas en Lima. Castro fue encontrado en el baño de su domicilio, ubicado en la calle Madrid, distrito de Miraflores, con un profundo corte en el cuello de aproximadamente 14 centímetros.

Según el parte policial, al que este medio tuvo acceso, fue su padre, Julio Sergio Castro Gómez, de 81 años, quien halló el cuerpo alrededor de las 10:15 a. m. al ingresar a los servicios higiénicos del inmueble. Castro Gutiérrez había sido visto por última vez a las 10:00 p. m. del día anterior y se encontraba en pijama, tendido en el piso y con signos evidentes de sangrado.

Al lugar acudieron agentes policiales y personal del SAMU, quienes constataron la muerte. El paramédico Kenneth Encinas Panduro indicó que el cuerpo presentaba una herida cortante en el cuello. Además, se hallaron en la escena un cuchillo de cocina con mango de color negro, manchado de sangre, y otro cuchillo con mango de color rojo con similares características.

El hecho ocurre a pocas semanas de que Castro declarara nuevamente ante la Fiscalía en el marco del proceso que investiga la presunta recepción de aportes ilegales de Odebrecht y OAS a las campañas del «No a la revocatoria» y la reelección municipal de Villarán. La Fiscalía ya había incluido a Castro como colaborador eficaz.

La noticia ha generado conmoción y suspicacias en sectores políticos y de la opinión pública, dado el contexto judicial que enfrentaba. El Ministerio Público ha iniciado las diligencias correspondientes para esclarecer si se trató de un suicidio, como sugiere el informe preliminar, o si hay indicios de participación de terceros.

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NEO TV irrumpe en la televisión peruana: arte, análisis, cultura y política en una nueva señal

Una nueva propuesta televisiva.

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Una nueva forma de ver televisión ha llegado al Perú. Se trata de NEO TV, un canal diferente, audaz y necesario, que apuesta por contenidos de calidad, pensamiento crítico y conexión con lo esencial: el arte, la cultura, la información y el análisis profundo de la realidad.

NEO TV ya está disponible en múltiples plataformas de acceso nacional, incluyendo Win, Win Plus, TV 360 de Bitel, Zapping, Best Cable, Megatel, Bantel, Yotta TV y en señal abierta a través del canal 18.6 de la Televisión Digital Terrestre.



Bajo el lema “La nueva televisión ya está aquí”, NEO TV presenta una propuesta fresca y comprometida con el contexto actual del Perú, ofreciendo una programación diversa y de alta calidad, pensada para un público exigente, curioso y con ganas de ver más allá del entretenimiento vacío.

Estos son algunos de sus programas emblema:

• Tecnología y Negocios con Juan José Sandoval – los protagonistas de la innovación y el mundo empresarial comparten su visión.
• Ver para Crear con Luis Agusti – entrevistas íntimas con los artistas más importantes del país.
• Lima Gris – periodismo de investigación con la conducción de Edwin Cavello.
• Lo que es y no lo que parece con Ian Paredes – análisis político directo y sin concesiones.
• Hombro a Hombro – el entorno natural bajo la lupa: clima, mareas y sostenibilidad.
• El Ojo está en la Cabeza – una exploración del mundo a través de la fotografía.
• Viajando con Uchi Vargas – rutas y destinos que inspiran y conmueven.
• Al final del día con César Sánchez Torrealva – un late night con conversaciones inteligentes.
• Influencer de la semana con Milagros Salinas – un podcast fresco, con voces que importan.
• La homilía del Padre Arens – espiritualidad y reflexión en tiempos de cambio.

NEO TV no es solo un canal, es una declaración de principios. Es la respuesta a una audiencia que pide algo distinto. Es la televisión que pone en valor el contenido, el talento nacional y la mirada crítica sobre nuestro presente.


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Pronunciamiento de la Asociación de Bibliotecólogos del Perú ante el caos que reina en la BNP

Asociación muestra su “profunda preocupación” por la designación de personal sin experiencia dentro de la Biblioteca Nacional.

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Descompaginados. La reciente designación de Keila Miroslava Garrido Gonzales como directora de la Dirección de Desarrollo de Políticas Bibliotecarias ha ocasionado que la Asociación de Bibliotecólogos del Perú (ABP) dé un grito al cielo debido a que la mencionada funcionaria se especializa en criminología y no cuenta con experiencia comprobada en el área de bibliotecología.

Es así que la ABP viene señalando, mediante un pronunciamiento publicado en sus redes sociales, su “profunda preocupación y enérgico rechazo” a lo que sería una designación de una persona sin perfil idóneo para tan importante cargo dentro de la Biblioteca Nacional del Perú (BNP).

“Hemos tomado conocimiento, con gran inquietud, la designación de la Sra. Keila Miroslava Garrido Gonzales en la Dirección de Desarrollo de Políticas Bibliotecarias y la Dirección de Gestión y Articulación de Bibliotecas. Es ALARMANTE que una funcionaria con una trayectoria profesional ajena al ámbito bibliotecario y cultural, especializada en criminología, ocupe puestos donde se necesita personal técnico con conocimiento del tema”, se lee en el pronunciamiento de hoy.

En efecto, según su perfil profesional, Keila Miroslava se dedica a la criminología, trabajando previamente para el Ministerio del Interior que en ese momento lo dirigía el exministro Vicente Romero.

Fuente: LinkedIn.

La ABP espera una pronta rectificación por el bienestar y correcto funcionamiento de la BNP, respetándose esta vez la meritocracia y la experiencia requerida.

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Respuesta a Carta Notarial de Lita Aimé Verástegui Soto

La excoordinadora de Incorporación y Desarrollo de la Oficina de Gestión del Talento del Pronabec envió una carta notarial solicitando el retiro de información sobre su persona, publicada en una nota periodística del 19 de junio de 2019 en nuestra web. Esta es la respuesta de Lima Gris.

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Llegó a nuestra redacción una carta notarial enviada por la señora Lita Aimé Verástegui Soto, excoordinadora de Incorporación y Desarrollo para la Oficina de Gestión del Talento, del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (PRONABEC) solicitando el retiro de la información publicada, concerniente a su persona, de una nota periodística publicada en nuestra web el 19 de junio de 2019, titulada: “Lita Aimé Verástegui Soto, denunciada por presunta estafa ahora trabaja en el Ministerio de Educación”, Según su comunicación, el contenido de dicha nota generaría, un perjuicio en su contra, tanto en el ámbito laboral, familiar y social.

Asimismo, la señora Verastegui Soto, pese a que no nos envió documentación correspondiente del Poder Judicial que corrobore lo que actualmente afirma, indica que el proceso penal que se le incoara en calidad de denunciada por el presunto delito de estafa en agravio del Banco GNB, fue declarada: “No ha lugar a la apertura de instrucción”, según manifiesta, mediante resolución del 16 de noviembre del 2023, por el Juzgado Penal Liquidador de la Corte Superior de Justicia de Lima, y que posteriormente, quedó consentida mediante resolución del 28 de diciembre del 2023, archivándose definitivamente los actuados.

Carta Notarial enviada por Lita Aimé Verástegui Soto.

Es preciso aclarar, que cuando la señora Verástegui Soto, en su misiva se basa en el inciso 6 del artículo 2° de la Constitución Política del Perú, que reconoce su derecho, a que toda plataforma informática no afecte su intimidad personal y familiar. Debemos aclararle que la nota publicada en la cual se hace mención de su nombre, no tuvo el objetivo, ni mucho menos invadió su esfera íntima y familiar. Lo que se difundió en el informe periodístico fue considerado de interés público, toda vez que, en ese momento, ella se desempeñaba como una funcionaria pública y por ende tenía la condición de servidora del Estado; y, por tanto, la denuncia periodística era pertinente.

Asimismo, si bien, la señora Verástegui Soto también ha pedido la supresión de sus datos personales; es fundamental recordar que el artículo 2, inciso 7 de la Constitución Peruana reconoce a toda persona el derecho a solicitar rectificación ante información que considere agraviante. No obstante, este derecho, según jurisprudencia reiterada del Tribunal Constitucional, debe ejercerse dentro de un plazo razonable. La doctrina jurídica y la práctica constitucional han establecido que dicho plazo no puede exceder los 60 días desde la publicación del contenido cuestionado.

En ese sentido, la Ley N.º 26847, en su artículo 2, establece que el derecho de rectificación debe solicitarse dentro de los 15 días naturales posteriores a la difusión de la información. En este caso, la publicación data del 19 de junio de 2019. La carta notarial de la señora Verástegui Soto fue recibida más de 2,196 días después, es decir, tras 6 años y 6 días. Esta dilación supera ampliamente cualquier criterio de razonabilidad o vigencia del derecho que ahora pretende ejercer.

Por tanto, consideramos que dicho pedido ha caducado por inacción. De acuerdo con el marco normativo vigente y el principio de preclusión de derechos, ya no resulta procedente ningún pedido. La demora en su solicitud, además de carecer de sustento legal, debilita cualquier pretensión de afectación a la intimidad personal.

Conforme al principio de veracidad y responsabilidad que guía nuestra labor periodística, reafirmamos que Lima Gris actuó dentro del marco legal y ético que regula el ejercicio de la libertad de prensa. Ergo, la nota en cuestión constituye parte del archivo periodístico histórico de nuestro medio.

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