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Política

¿Show mediático? Fiscal Rocío Sánchez y el caso Julio Guzmán

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Julio Guzmán, fiscal Rocío Sánchez y Carlo Magno Salcedo

¿Cómo es posible que una fiscal que lleva un caso tan emblemático e importante como Los Cuellos Blancos del Puerto, tenga temor de que a un candidato presidencial como Julio Guzmán se le haga un show mediático sobre su investigación? ¿Cómo es posible que un candidato presidencial que dio declaraciones el 2016 ante el fiscal José Domingo Pérez haya afirmado en ese momento que no sabía nada sobre su denuncia del JNE? Y por eso fue archivada. Y como ahora ya está empezando su campaña presidencial, como por arte de magia y luego de 48 meses de amnesia, ahora recuerde todo y por eso ha empezado a mencionar que en la contienda pasada le pedían pagos para que no lo excluyan del proceso electoral.  Con ustedes Julio Guzmán.

Inmediatamente después de que el Equipo Especial inició una investigación preliminar el 17 de agosto por lavado de activos a Julio Guzmán por supuestamente haber recibido 400 mil dólares de Odebrecht, se dio un revelador diálogo en WhatsApp entre Rocio Sánchez Saavedra, fiscal integrante del Equipo Especial y el asesor de la bancada del Partido Morado y excandidato al congreso por esa agrupación, Carlo Magno Salcedo. En aquella conversación el abogado Salcedo le consulta una información a la fiscal, ya que a Guzmán lo habían llamado ese día de la fiscalía para pedirle su dirección para enviarle un documento.

Entonces, Salcedo le pregunta a la fiscal si ese documento tendría alguna relación con lo que ellos estuvieron coordinando y la fiscal le responde que no, que ese documento no tenía nada que ver y más bien recomendó que antes de que le hicieran un show mediático a Guzmán, ellos verifiquen qué número de carpeta es la que buscan para que luego ella lo vea en el sistema. Y es ahí que Salcedo le da el dato a la integrante del Equipo Especial y le dice que la fiscal adjunta es Lila Romualdo con la Carpeta número 92020. Y ¿qué creen que respondió la fiscal Rocío Sánchez?  Ella muy diligente y servicial respondió:“Lo busco, estoy en declaración con testigo ahorita”.   

Julio Guzmán.

Pero ahora ella está saliendo en los medios con una coartada y viene sustentando una semántica y/o interpretación inverosímil a su conversación y señala que no se debe perjudicar la reserva de la investigación, porque en el contexto de su conversación asegura que si actualmente han desarchivado una investigación antigua en relacion al mismo hecho, podría generarse un tema mediático que ayudaría a trascender la información nueva que se está incorporando en su caso. Además, dijo que no es conveniente que transcienda quiénes serían las personas que ellos sindican como intermediarios y como los que habrían participado en los actos dolosos. Además, en un afán de justificarse aseveró que cuando el abogado solicitó información (así le llama al asesor de Julio  Guzmán) no estaba refiriéndose a una investigación de otro despacho, y que se estaba refiriendo a las coordinaciones que ambos realizaban, apropósito de las diligencias ya desplegadas.

Sin embargo, ella se contradice cuando afirma que es normal un ofrecimiento de información sobre un caso que investiga otra magistrada. ¿Acaso tiene lógica que una fiscal que lleva el caso Cuellos Blancos, averigüe para otros y brinde información sobre otro caso que ella no conduce, como lo es el de Julio Guzmán por Lava Jato? No obstante, igual arremete y señala que en la filtración del WhatsApp ha habido un despropósito porque se ha descontextualizado su conversación. ¿A quién se refiere exactamente cuando habla de despropósito? Si tomamos en cuenta que ella imputa directamente a Salcedo como el autor de la filtración de la imagen de WhatsApp, aunque no sabe con qué fines, pero insiste en que al final perjudicarán la investigación porque existen intereses ocultos detrás de todo esto. ¿Cómo puede asegurar que existen intereses ocultos si no sabe con qué fines se filtró el pantallazo de WhatsApp? Evidentemente todas sus explicaciones se han convertido en un concurso de contradicciones.

Aquí algunas respuestas textuales de Rocio Sánchez que por cierto son delirantes:

“Yo no conozco a la citada doctora Romualdo, no sabía dónde trabaja y el número de la carpeta tampoco se me hacía familiar por eso le digo que me dé la numeración para buscarla en el sentido de saber si se había desarchivado esa investigación antigua siempre en el marco de los hechos que me corresponde investigar; no hemos tomado conocimiento no se sabía que existía una investigación en ese momento por otro despacho por cuanto, trasciende de la noticia publica que ese es el mismo día que le están notificando”.  

Asimismo, con respecto a la opinión de su colega la fiscal Sandra Castro, Rocío Sánchez se justifica y dice:

“No he conversado con ella. (sic) En el tema descontextualizado, a cualquiera le puede sorprender un tipo de comunicación de esa naturaleza, pero si estamos hablando de una comunicación con una persona que participa dentro de un cuaderno de colaboración eficaz, sabemos todos los abogados que los procesos de colaboración eficaz se llevan con personas dentro de un trabajo horizontal. Entonces, no hay allí controversia ni litigio; hay confianza entre el colaborador con el fiscal y el fiscal con la información que proporcionan; lo mismo con los testigos, siempre se trata de una manera cordial a las personas que colaboran con la investigación, pero eso no trasciende a cometer algo irregular dentro de la investigación que además perjudicaría los fines de la misma. Así que está por descontado que haya habido algún tipo de acto irregular en esta comunicación. Por eso digo, que no se me puede vincular a un grado de amistad, porque de lo contrario que haya trascendido esto desdice el tema de la amistad y del contubernio para favorecerlo, es una contradicción”.

Sabemos que Rocío Sánchez estudió derecho en la Universidad Mayor de San Marcos con Carlo Magno Salcedo y terminaron en la misma promoción, pero ella niega que son amigos y cuando le preguntan sobre su amistad con Salcedo, ella dice:

“En la UNMSM de donde soy titulada, una promoción tiene alrededor de 300 alumnos; entonces podemos conocernos, pero no ser necesariamente amigos. Yo doy testimonio de que al señor Salcedo (sic) desde que hemos egresado de la universidad no he tenido ningún tipo de comunicación, hasta que en búsqueda de la información él es el abogado que nos facilita al testigo y además es una declaración testimonial; no está investigado, no es un imputado, entonces no hay ningún conflicto de interés allí; él es un abogado y yo una representante del Ministerio Público que en el ejercicio de sus funciones recibe una declaración testimonial”. ¿Es creíble, que luego de haber concluido la universidad y que a lo largo de los años, uno se encuentra con su promoción que no vio desde la graduación e inmediatamente inicia una conversa por WhatsApp con mucha confianza para pedir un favor?

Con respecto a esa confianza, cuando se le preguntó que si el asesor de Julio Guzmán no es su amigo, ¿Entonces por qué la tutea? ella dijo:

“Probablemente sí, y si preguntan a otros abogados que colaboran con las investigaciones en mi despacho yo tengo un trato horizontal; de repente esa es la mea culpa, la forma de dar un tipo de confianza con las personas que se comunican conmigo pero es siempre en un tema de confianza, respeto y lealtad a la información que proporcionan”.

Asimismo, en otro informe periodístico el reportero de Panorama cuando le preguntó a la colega de Rocio Sánchez, la fiscal Sandra Castro ¿si en su labor como fiscal ellas tenían coordinaciones? La magistrada respondió sorprendida:

“Acá hablan de coordinaciones pues (sic) y me parece que… bueno yo de manera personal no diría esto… sí, aquí dice Julio Guzmán y pide número de carpeta… de otra fiscalía será. Sí, claro acá está pidiendo un favor; este asesor de Julio Guzmán o colaborador… no me preocuparía yo porque no le hagan un show mediático y mucho menos a una persona de un partido político como Julio Guzmán y verdaderamente me apena bastante. Ahora entiendo las informaciones en los medios de comunicación que este señor Julio Guzmán está muy contento, como que están tomando el caso Cuellos Blancos para hacer su campaña política”.

Asimismo, el fiscal José Domingo Pérez no pudo defender lo indefendible, pero no sabía cómo responder y trató de minimizar la conducta de su colega y afirmó: “Me parece un poco así… no adecuado, por no decir otros términos, pero sí, la señora fiscal mencionada Lily Romualdo es de este despacho”.

El hecho es, que la Oficina Desconcentrada de Control Interno del Ministerio Público a través de la fiscal adjunta Rosario Velazco, acaba de abrir una investigación preliminar contra la Fiscal Provincial Provisional e integrante del Equipo Especial del caso Cuellos Blancos del Puerto, Rocio Sánchez y la Fiscal Adjunta Provincial Provisional y también integrante del Equipo Especial Lava Jato Lily Romualdo Jaque a raíz de la conversación filtrada de WhatsApp entre Sánchez y el asesor Salcedo. En ese sentido, las dos integrantes del Equipo Especial Lava Jato deberán presentar sus descargos hasta el próximo martes 15 de septiembre, por la presunta comisión de infracciones administrativas en el ejercicio de sus funciones.  

Fiscal Rocío Sánchez.

Con respecto a la indagación que les acaba de abrir la ODCI a las dos fiscales, Rocio Sánchez dice textualmente:

“Todos los magistrados somos sujetos a investigaciones disciplinarias y eso es normal en el desempeño de las funciones, pero en este caso la conversación en concreto forma parte de una facultad y en el ejercicio de mis funciones en ningún momento mi persona ha tomado conocimiento, ni ha solicitado información, ni ha generado ningún tipo de injerencia en una investigación que no sea de mi competencia. Yo estoy segura que la Oficina Desconcentrada de Control Interno una vez que reciba el informe de mi parte, así como de la fiscal del Equipo Especial Lava Jato a quien no conozco y estoy segura que tampoco ella me conoce… (sic) con quien no conozco sus teléfonos, ni su nombre, ni sus apellidos hasta después de que trasciende esta noticia, entonces van a advertir que no hay ningún tipo de vinculación ni comunicación y por lo tanto no hay forma de que se haya tratado de beneficiar o ayudar en una investigación de la cual se desconocía. Yo creo que quieren aprovechar la coyuntura para salir tras bambalinas, pero sobre todo hay intereses políticos, económicos para que no continuemos con esta línea de investigación; no es un solo hecho, son varios actos que tenemos que profundizar y de repente hay muchas personas que estén preocupadas porque esto ha trascendido”.  

Lo cierto es que, aquellas “extrañas coordinaciones por WhatsApp” han generado sus efectos, porque la Fiscal de la Nación Zoraida Ávalos acaba de designar a Sandra Castro Castillo como coordinadora de los despachos fiscales que integran a la Fiscalía Supranacional Corporativa Especializada contra el Crimen Organizado del Callao, encargada de las investigaciones del caso Los Cuellos Blancos del Puerto. Si bien Rocio Sánchez se encargaba exclusivamente del caso de la red criminal chalaca que tiene nexos con el Poder Judicial y la Fiscalía, la decisión de la doctora Ávalos que designa a Sandra Castro como coordinadora en reemplazo de Sánchez, también ordena que la fiscal Roxana Jáuregui Soto, titular del Tercer Despacho de la Fiscalía Supranacional Corporativa Especializada contra el Crimen Organizado del Callao, se integre al Equipo Especial de Fiscales. En ese sentido, la Fiscal de la Nación Zoraida Ávalos ha sido enfática y suscribió:

“En consonancia con la política institucional de luchar contra la corrupción en cualquiera de sus manifestaciones, el caso Los Cuellos Blancos del Puerto constituye una expresión de ello, siendo necesario el fortalecimiento de dicho equipo especial de fiscales en aras de la obtención de investigaciones oportunas y eficaces”.

Asimismo, la congresista Carolina Lizárraga acaba de renunciar a su cargo como directiva en el CEN del Partido Morado, así como a su Comité Político. A pesar de que ella fue fundadora, hoy solo se ha quedado como militante. Cabe resaltar que Lizárraga ha mostrado independencia en sus decisiones con respecto al partido, e incluso algunas de sus votaciones en el pleno del congreso no han sido en concordancia con su bancada morada. Además, la congresista Lizárraga también ha sido magistrada y por lo tanto conoce perfectamente qué no debe hacer una fiscal en el ejercicio de sus funciones y qué no debe hacer un candidato a la presidencia al inicio de una campaña. Y esta vez al parecer Julio Guzmán pretende aprovechar la situación para hacer un trampolín político. 

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Política

Congresistas Gino Costa y Alberto de Belaúnde votaron para que se extienda por 10 años adicionales el régimen agroexportador

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Ayer se desató en Ica un conflicto social donde los trabajadores de fundos quemaron un bus en medio de masivas protestas que reclamaban estar en contra del Decreto de Urgencia Nº 043-2019 que modifica la Ley Nº 27360 para promover y mejorar las condiciones para el desarrollo de la actividad agraria por diez años adicionales.

El objetivo de los trabajadores agrarios, es que se derogue este Decreto que fue aprobado el 28 de diciembre de 2019 por Martín Vizcarra durante el interregno parlamentario, ya que aún no había un Congreso en ejercicio.

Luego de analizar los sucesos correspondientes a los fundos y a los campos de sembríos que están en el suelo peruano, se puede decir que esta ley de promoción agraria, en la práctica ha favorecido mayormente a las agroexportadoras, que son las que han ganado muchos dividendos para sus arcas, y no así, al campesino peruano que sigue siendo vulnerado en sus derechos laborales, porque el jornal que perciben no les alcanza para cubrir los gastos de sus canastas familiares.

Ahora bien, recordemos que entre los congresistas del Parlamento disuelto que votaron a favor de extender por 10 años adicionales la Ley de Promoción Agraria están Gino Costa y Alberto de Belaúnde, ambos del partido Morado.

Gino Costa y Alberto de Belaúnde.

Asimismo, recordemos cómo Alberto de Belaunde defendía la ampliación de 10 años de la ley agraria y por eso votó a su favor y escribió una columna el 21 de julio de 2019 en el diario Correo, donde afirmaba: “Debemos extender la exitosa Ley de Promoción Agraria”.

Aquí un extracto:

1. Debemos extender la exitosa Ley de Promoción Agraria, con las mejoras que sean necesarias. La norma permite mejores condiciones laborales a los trabajadores del campo que las que tendrían bajo el régimen regular, y brinda la flexibilidad necesaria que el negocio requiere. Asimismo, deberíamos extender el modelo a otras actividades económicas de similar naturaleza.

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Política

El fiscal Juárez Atoche afirmó que el camino de Martín Vizcarra es la cárcel

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El fiscal del Equipo Especial, German Juárez Atoche ha sido enfático y expresó que su investigación que ha envuelto al expresidente Martín Vizcarra en presuntos actos de corrupción, es contundente y está tan avanzada, que pronto interpondría una acusación fiscal. 

Ante las críticas y postura desafiante que viene ejerciendo el exjefe de Estado en los medios de comunicación, Juárez respondió y puntualizó que está listo para formular la denuncia. 

El fiscal además aseveró, que Martín Vizcarra mintió en sus declaraciones públicas, porque las declaraciones oficiales que dio ante el ministerio Público fueron distintas. Eso en referencia, a las declaraciones que el expresidente dio a la prensa cuando mencionó que el fiscal Juárez no contaba con elementos probatorios de actos de corrupción en su contra. 

Ante esas expresiones el fiscal dijo: «Está mintiendo, claro que está mintiendo. Sí hay elementos que le hemos confrontado y que él nos ha dicho que los recuerda».

Asimismo, Juárez Atoche añadió que Vizcarra ha confesado que los correos emitidos desde una cuenta de nombre «mvizcarra» sí le pertenecen: «Puedo decir de manera genérica que el correo donde aparecen las comunicaciones con Obrainsa, «mvizcarra», ha reconocido que es su correo».

«Es un caso que es sólido, sí es sólido. Yo creo que sí [su camino es la cárcel]. Yo me podría ir, incluso, de acuerdo con las diligencias que estoy realizando y avanzando, hasta en una acusación directa», concluyó el fiscal Juárez.

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Política

Caso Richard Swing: Martín Vizcarra no quiso hablar ante la Comisión de Fiscalización

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Martín Vizcarra y Richard Swing

El mandatario se acogió a su derecho de guardar silencio para responder sobre la relación estrecha que tuvo con sus funcionarios más cercanos en Palacio de Gobierno, la exsecretaria general Mirian Morales, la exadministradora del despacho presidencial Karem Roca y el exjefe de comunicaciones Óscar Vásquez con respecto a las contrataciones de Richard Cisneros Carballido, más conocido como Richard Swing.

Lo sorprendente fue que Martin Vizcarra sí llegó a las instalaciones del Congreso alrededor de las 9:40 de la mañana y Edgar Alarcón (Unión por el Perú) presidente de la Comisión, ordenó que la sesión sea reservada. Y simplemente, el expresidente de la República durante la sesión se quedó callado y no respondió.

Luego, en declaraciones a la prensa que dio Martín Vizcarra en los exteriores del Congreso, agregó que la actitud golpista del Parlamento tiene el rechazo de toda población y dijo además, que hay una contradicción porque el Congreso está integrado por personas que ya perdieron legitimidad; y que el único órgano que tiene legitimidad para todas esas diligencias es el Ministerio Público y concluyó aseverando que hizo uso de su derecho constitucional de guardar silencio, porque es una prerrogativa que tiene todo ciudadano y se mostró molesto porque dijo que con solo dos intervenciones de dos padres de la Patria, él recibió agravios e insultos y que por eso, no estaba dispuesto a estar allí.

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Política

ATU: Basta de ineptitud señora María Jara

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El servicio del Metropolitano sigue suspendido por falta de pago del subsidio, y mientras las tres cocesionarias (Lima Vía Express, Transvial Lima, y Perú Masivo) continúan paralizando sus operaciones en las arterias de la ciudad, la jefa de la Autoridad Autónoma de Transporte Urbano, (ATU) María Jara, aún no da respuestas concretas para solucionar este problema.

Ella prometió otorgar una compensación económica a los concesionarios del Metropolitano por las pérdidas generadas durante la pandemia. Sin embargo, esta funcionaria que injustamente ha sido enaltecida por los medios como la gurú del transporte, desde que ha asumido todos sus cargos ligados a la gestión pública del transporte urbano, ha tenido logros nulos y solo ha sido protagonista de escándalos por extrañas contrataciones y por haber emitido papeletas fantasmas; más allá de haber empadronado a los taxistas y de haber iniciado la fallida Reforma del Transporte en la era Villarán. Incluso, el propio alcalde de Lima, Jorge Muñoz hace unos meses afirmó: “Solo encontré obstrucción desde que Jara está en el puesto”

 Los usuarios continúan realizando largas colas en la estación Naranjal del Metropolitano en Independencia y por lo pronto, la ATU apenasha contemplado un plan para que 75 buses troncales de la empresa concesionaria Lima Bus Internacional otorguen servicios expresos en las horas punta y también se complementará con el apoyo de 40 buses del Ministerio de Defensa y 30 de la Policía Nacional del Perú.

María Jara una gurú del ineficiente transporte urbano

La señora María Jara es una abogada de la PUCP que cuenta con una maestría bajo su brazo y que además tiene muchísima experiencia en el sector estatal, en todo lo que concierne a transporte público y lo que es su regulación. Además, es docente a nivel posgrado.

Ella salió de las canteras de la gestión de la alcaldesa Susana Villarán y fue nombrada Gerente de Transporte Público (GTU) de la Municipalidad de Lima, entre 2011 a 2013 y los resultados de su gestión simplemente fueron deficientes, además de su negativa participación en la licitación de los Corredores Complementarios, en lo que sería una mala Reforma del Transporte limeño, a tal punto, que la propia Susana Villarán tuvo que despedirla por su ineptitud; así como lo hizo con su ahijado Gabriel Prado.

María Jara junto a Susana Villarán.

Sin embargo, inmediatamente en 2015, María Jara empalmó como superintendente en la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (SUTRAN) y tuvo que renunciar en 2016 por el escándalo de la emisión de papeletas fantasmas; incluso el Ministerio Público en febrero de 2017 abrió investigación preliminar contra la exfuncionaria por considerar que en aquella Dirección había una red que fabricaba las papeletas fantasmas.

Luego, en el inicio del gobierno de PPK en julio de 2016 asumió el cargo de Directora General de Transporte Terrestre del MTC; aunque, renunció apenas a los meses de asumirlo, en enero de 2017 sin dar mayores explicaciones. Pero a los dos meses se acomodó en la Defensoría del Pueblo como jefa del Área de Servicios Públicos y también como consultora en la PCM. Hasta que en abril de 2019 Martin Vizcarra la designó como ministra de Transportes y Comunicaciones, en reemplazo del moqueguano Edmer Trujillo; no obstante, Jara solo estuvo cinco meses en la cartera, porque hubo cambio de premier y Vizcarra con su gabinete Zeballos eligieron nuevamente a Edmer Trujillo como titular de Transportes. Pero a los pocos días la designaron como la presidenta del Consejo Directivo de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao.

Martín Vizcarra y María Jara.

Pero los escándalos siguieron siendo parte de su gestión, porque ella contrató a consultores que eran miembros de su empresa Jara Consulting Group y que ahora se llama Valkiria Consultores SAC, empresa fundada por Héctor Rubio Guerrero, actual director de Asuntos Ambientales y Sociales de la ATU. Según el programa Punto Final emitido hace unos meses, antes que María Jara asumiera la jefatura de la ATU contrató a Rubio Guerrero un mes antes que este sea contratado por la ATU, así como a Luis Canessa, actual apoderado de Valkiria Consultores y que, por cierto, sus oficinas están en el mismo edificio donde vivía María Jara. Incluso, ante ese nuevo escándalo, ella en el mes de julio acudió a la Comisión de Fiscalización del Congreso para dar explicaciones de esas contrataciones y negó que, tanto Valkiria como Jara Consulting hayan realizado consultorías con el MTC.

Los servicios de consultoría fueron dos y estuvieron valorizados en S/44 mil a cada uno. Asimismo, se contrató a Luis Vilela, amigo personal de Jara, Rubio y Canessa, y que también fue asesor de María Jara cuando ella estaba en el MTC. Este año, en total solo en 4 meses, Vilela y Canessa ganaron S/106 mil soles cada uno, lo que equivale a un sueldo de S/23 mil por mes; mientras que Rubio Guerrero S/59.500 soles en 60 días de trabajo. Todas las ordenes de servicios fueron firmadas por María Jara. Recordemos que Rubio Guerrero en enero de 2017 fue suspendido como superintendente de la Superintendencia de Transporte Terrestre, Carga y Mercancías (SUTRAN) precisamente, por la denuncia de fabricación de papeletas falsas.

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Política

Violentas protestas en Ica originan bloqueo de la Panamericana Sur

Manifestantes exigen derogatoria de la Ley 27360.

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Alzan su voz de protesta. En horas de la madrugada del día de hoy miles de trabajadores del sector agroindustrial salieron a bloquear con piedras y palos parte de la carretera de la Panamericana Sur en el tramo del Álamo hasta la zona de Expansión Urbana del distrito de Salas Guadalupe, exigiendo mejores condiciones laborales y un incremento salarial.

Entre sus diversos reclamos, entre ellos los bajos sueldos, las bajas condiciones laborales, y la exigencia de que se les realice la prueba de descarte del COVID, en declaraciones para RPP Noticias, el presidente del Frente de Trabajadores Agrarios de Ica (FRENTAGRI) Julio Carbajal, demandó que se derogue el Decreto de Urgencia 043-2019, aprobado en el gobierno de Martín Vizcarra, que amplía por diez años la vigencia de la Ley de Promoción Agraria, Ley 27360.

El presidente sindical manifestó para el mismo medio que “los trabajadores del sector reciben un salario de S/. 39.10 por 12 horas de trabajo diario… a veces llegamos a los 20 o 15 soles. Algunos son padres de familia, y ese jornal no les alcanza”.

Foto: Hugo Curotto.

Por su parte, la Presidencia del Consejo de Ministros anunció mediante su cuenta de Twitter que estará llegando una comitiva de alto nivel del Ejecutivo al lugar de las protestas para establecer un diálogo.

Según se lee en el anuncio, la comitiva se invitará a “un espacio de diálogo y escucharán las demandas de los dirigentes agrarios, con la mediación de las autoridades locales”.

Hasta el momento, producto de las protestas se han reportado dos policías heridos. Se trata de los suboficiales de Tercera, Jerson Arturo Núñez Rebaza, herido por una piedra en la rodilla derecha; y Eduardo Ramírez Sulca, víctima de una piedra en el hombro izquierda.

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Política

Más Generales renuncian en la Policía Nacional del Perú

En solo 48 horas dimiten Subcomandante General de la PNP y General de la dirección contra el crimen.

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Más movidas dentro de la institución. Mediante un oficio dirigido al Ministerio del Interior, el General (r) Óscar Gonzáles Rabanal, renunció el día de ayer de manera irrevocable a su cargo como jefe de la Dirección contra el crimen organizado.

A través de un oficio dirigido al Ministro del Interior, el General en retiro manifestó que su renuncia se encuentra motivada por “los sucesos que se han desarrollado en las dos últimas semanas los cuales vienen afectando la imagen e institucionalidad de la PNP”

Por su parte, el día domingo hizo lo mismo el Teniente General Edgardo Garrido López a su cargo de Subcomandante General de la PNP, en una misiva dirigida al Comandante General César Cervantes, hace la solicitud de su renuncia al amparo del artículo 2 de la Constitución Política del Perú y en concordancia con el artículo 83 del D.L N° 1149, en donde indica que su pase al retiro se debe a “motivos estrictamente personales”.

Todas estas renuncias se originan luego de la salida de 18 altos mandos de la policía, y el nombramiento como Comandante General a César Cervantes —ubicado en el puesto 18 en el orden jerárquico de la institución— reemplazando así a Orlando Velasco Mujica como jefe de la PNP.

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Política

Presidente Sagasti endeuda al país por más de 100 años

A pesar que es un tema de interés nacional, hasta el momento la prensa local se mantiene en un mutis inexplicable. Solo la prensa internacional ha publicado sobre el endeudamiento del Perú por más de 100 años.

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Las razones claramente obedecen a la caída de los ingresos nacionales, a causa de una casi nula actividad económica, así como al incremento en el gasto debido a las medidas preventivas del Covid y de la reactivación económica.  Sin embargo, la mejor forma de superar aquel déficit, sería recurriendo a los ahorros acumulados durante los años prósperos que tuvo nuestra economía; sin embargo, el presidente Sagasti solo ha contemplado como alternativa para superar el déficit fiscal, la vía del endeudamiento público, basándose en un supuesto nivel de endeudamiento que Perú tiene en la región, (que según Sagasti, está en alrededor del 28% ).

No obstante, eso no se condice con el Decreto Legislativo Nº 1457 que promulgó Martín Vizcarra al inicio de la emergencia sanitaria, que suspende temporalmente la deuda pública a un máximo del 30% del PBI, si tomamos en cuenta que el propio ministro de economía Waldo Mendoza ha afirmado que la deuda pública se ha incrementado a 35.5% del PBI en este año. En este sentido, la anterior cifra que mencionó el presidente Sagasti no es cierta; sin embargo, él ha decidió endeudarnos por más de cien años, sin dar antes una explicación razonable de su decisión.  

Presidente Sagasti y ministro Waldo Mendoza.

Esto es un hecho sin precedentes en la historia peruana; entonces, nos viene en mente una pregunta: ¿Todos esos miles de millones serán destinados para la inversión de gasto público, o para gastos corrientes? Parece que Francisco Sagasti ya había planeado con anticipación esta audaz medida, porque, incluso unos días atrás dio declaraciones a Reuters explicando que eventualmente colocaría bonos para financiar los gastos de 2021. Entonces, nos volvemos a preguntar: ¿En qué se destinarán los 30 mil millones durante lo que le queda de gestión a Francisco Sagasti? ¿Para qué quiere más dinero si él en ocho meses dejará el gobierno?

Aquel millonario endeudamiento se muestra preocupante para el país, porque si el presidente aún no tiene claro en qué destinará esos fondos; entonces, tendría que dar una explicación pública para despejar las dudas de todos los peruanos, sobre todo, si el MEF aún no realiza un diagnostico exhaustivo sobre la situación de la caja fiscal.

El presidente Francisco Sagasti, a pesar que solo tiene ocho meses para administrar el país, ha tomado una decisión drástica, pese a que nuestras reservas internacionales en las últimas décadas fácilmente pasan los 80 mil millones; razón suficiente para poder emitir bonos soberanos y así poder lograr la liquidez que necesitamos; sin embargo, de buenas a primeras, el jefe de Estado transitorio no da explicaciones ni al Parlamento, ni a la población, de, cómo ha encontrado las arcas nacionales, y por ende ¿Por qué se recurre a esta medida de endeudar al Perú?

Es exigible que la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez el día que acuda a pedir el voto de confianza al Parlamento, asista con un informe cuantitativo y cualitativo que detalle las razones técnicas y razonables que llevaron a Francisco Sagasti endeudar al Perú por un periodo de más de cien años.    

Palabras del presidente Francisco Sagasti sobre este tema:

“Felizmente debido a años de prudencia económica, que continuaremos sin ningún resquebrajamiento y que mantendremos, nuestro país tiene la capacidad de endeudarse a tasas de interés relativamente razonables”.

“Cuando uno tiene espacio para endeudarse y estás en crisis eso es lo que tienes que hacer”.

 “Son dos cosas que hay que financiar”. “Parte va ser para financiar el servicio de la deuda existente y parte va ser para financiar el déficit fiscal altísimo”.

Asimismo, este fin de semana, el presidente Francisco Sagasti, la premier Bermúdez y el ministro de Economía Waldo Mendoza firmaron el Decreto Supremo Nº 368-2020-EF, que aprueba otra operación de endeudamiento externo con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, BIRF (perteneciente al grupo del Banco Mundial. No olvidar que Francisco Sagasti fue jefe de la división de planeamiento estratégico de este banco) hasta por la suma de 50 millones de dólares, contrato que será suscrito por el director general de la Dirección General del Tesoro Público del MEF, José Olivares Canchari, con cargo a los recursos presupuestarios asignados al pago del servicio de la deuda pública.

Aquí el informe de la BBC.

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Política

Se aprobó Ley de Presupuesto del sector público 2021

Pleno del Congreso de la República aprobó presupuesto fiscal que asciende a más de 183 mil millones de soles.

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En horas de la noche de ayer se aprobó el presupuesto con 104 votos a favor, 13 en contra, y 8 abstenciones. El dictamen de la Ley de Presupuesto no requirió de segunda votación, de conformidad con lo previsto en el último párrafo del artículo 78 del Reglamento del Parlamento Nacional. El monto aprobado asciende a 183 029 millones 770 mil 158 soles, y comprende los pliegos presupuestarios del Gobierno Central, los Gobiernos Regionales, los Gobiernos Locales, e instancias descentralizadas.

También el pleno del Congreso aprobó los proyectos de Ley de Equilibrio Financiero y de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2021.

En ese sentido, el congresista por APP y titular de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, Humberto Acuña Peralta, sostuvo que los problemas para consensuar el dictamen se debieron al anexo 5, que forma parte de la iniciativa legislativa.

En su presentación final, ayer domingo 29, indicó que el articulado de la Ley de Presupuesto fue consensuado con el Ministerio de Economía y Finanzas.

Al respecto, la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez Valdivia, expresó su conformidad con el texto sustitutorio alcanzado, y agradeció el esfuerzo de los congresistas por el logro, que se obtuvo de manera dialogada y concertada.

“El gran desafío es entrar al bicentenario con un manejo responsable de la economía y (a partir de allí) es necesario sentar las bases para estructurar un presupuesto que refleje los grandes desafíos de la inclusión y la gestión descentralizada”, manifestó la titular del Consejo de Ministros.

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