Política
Conozca el trámite para la vacancia presidencial

A raíz de los audios difundidos esta mañana en el hemiciclo del Congreso y que fueron presentados por el congresista y presidente de la Comisión de Fiscalización Édgar Alarcón, se ha generado un nuevo terremoto político que tendrá para rato a los analistas y constitucionalistas dilucidando numerosas teorías procedimentales y sociológicas.
Ahora, en este nuevo capítulo que ya se erigió como otra nueva crisis política a través de los audios que ha escuchado todo el país, el mayor involucrado es el presidente Martín Vizcarra al que se le escucha discutir con su asistente del Despacho Presidencial, Karem Roca Luque; asimismo, a la Secretaria General del presidente Mirian Morales y al conocido personaje de las órdenes de servicio en el Ministerio de Cultura, Richard Swing.
A raíz de esta escandalosa noticia, porque incluso les llaman los audios de la vergüenza, se han generado múltiples reacciones. Unos dicen que no tiene mayor relevancia legal, algunos dicen que esto es una artimaña para no impulsar la reforma política, para dejar encarpetada la prohibición de la postulación de sentenciados y el financiamiento de los partidos políticos, mientras que otros dicen que el presidente en el acto ya debe renunciar, y la mayoría se está ciñendo al pedido de vacancia por incapacidad moral.
No obstante, lo primero que tiene que suceder, es escuchar al presidente Vizcarra saliendo a dar un mensaje a la nación para dar explicaciones sobre la veracidad de su voz que se escucha en los audios y segundo, sobre el meollo de su discusión y coordinación con respecto a su amistad con Richard Swing. En otras palabras el presidente está tiempo de no quedar más mal de lo que está quedando. Es cierto que Edgar Alarcón es un personaje cuestionable desde que estuvo en la Contraloría; sin embargo, eso no libra de gravedad la situación política del presidente porque se revelan asuntos y manipulaciones realmente inaceptables.
Ahora bien, los defensores del derecho obviamente, defenderán el respeto de las leyes y antes de emitir una opinión con respecto a la vacancia plantearán que primero se debe respetar el debido proceso y el texto constitucional, así como la próxima decisión de la Fiscalía que a través de una investigación y mediante un peritaje determine la veracidad de los audios albergados en dos archivos USB, así como determinar, que si se corroborara que la procedencia estos audios ha sido mediante una interceptación y/o chuponeo, entonces no podrían ser materia de utilización dentro de una investigación y tampoco en las decisiones del Congreso (artículo 2° inciso 10° de la Constitución: “Los documentos privados obtenidos con violación de este precepto no tienen valor legal”). Es decir, se abrirá toda una maraña de interpretaciones estructuradas que en honor a la legalidad y licitud podrían dilatar las decisiones de un parlamento que en estos momentos se ha empoderado desde el momento que ya no puede ser disuelto. La pregunta es ¿hasta que se espere los dilatados análisis de los jurisconsultos no se deberá pedir la vacancia por incapacidad moral? Se debe entender que en este caso los criterios no son meramente jurídicos, y tal como dice su literalidad: los criterios son meramente morales, sean estos subjetivos o no, pero son morales.
En ese sentido y de acuerdo a la hermenéutica parlamentaria, el Congreso tiene toda la prerrogativa de aplicar, si así lo decide, la vacancia presidencial por permanente incapacidad moral o física declarada justamente por ellos. Es decir, el texto es clarísimo. Si bien dicho inciso de aquel artículo plasmado en la Constitución es genérico, porque no señala en principio qué criterios priman para declarar incapaz moral a un presidente; asimismo, es taxativo porque el Congreso finalmente decide qué presidente es incapaz moral y qué presidente no. Recordar la vacancia por incapacidad moral a Alberto Fujimori en 2001, a pesar que éste renunció primero por fax. En ese sentido ya hay dos precedentes: Fujimori y PPK, aunque en el segundo caso no se aprobó, pero luego el mandatario renunció.
Vayamos a la hermenéutica parlamentaria
Artículo 113°.- La Presidencia de la República vaca por:
1. Muerte del Presidente de la República.
2. Su permanente incapacidad moral o física, declarada por el Congreso.
3. Aceptación de su renuncia por el Congreso.
4. Salir del territorio nacional sin permiso del Congreso o no regresar a él dentro del plazo fijado. Y
5. Destitución, tras haber sido sancionado por alguna de las infracciones mencionadas en el artículo 117º de la Constitución.
Cabe señalar que el Congreso está más cercano a aplicar la figura constitucional del articulo 113°; pues, aplicar el artículo 117° en estos momentos se muestra más alejado de darse, porque en ese caso un presidente solo podría ser destituido por causales de traición a la patria y por impedir elecciones presidenciales y parlamentarias; además, su destitución se pretendería con el único objetivo de acusarlo, a no ser que él disuelva el Congreso sin causales sin respetar al artículo 134° del instrumento magno. No obstante, en estos momentos Vizcarra ni siquiera puede hacerlo.
Ahora bien, para ingresar al terreno de pedido de vacancia se tiene que acceder a una serie de trámites hermenéuticos para lograr aquel objetivo.
En principio y según el artículo 89-A del Reglamento del Congreso, aquel pedido se presenta mediante una moción de orden del día que deberá ser firmada por no menos del 20% del número legal de congresistas, es decir solamente 26 parlamentarios y que deberán sustentar con los debidos documentos sus fundamentos de hecho y de derecho. Además este pedido luego de ser recibido en la mesa directiva deberá ser inmediatamente remitido en copia al presidente de la República.
Aquel pedido de vacancia requerirá el voto del 40% de los congresistas hábiles, es decir 52; dicho voto se hará en la siguiente sesión en que se dio cuenta de la moción. Seguidamente, el Pleno del Congreso acordará día y hora para el debate y votación respectiva del pedido de vacancia; dicha sesión deberá darse entre el cuarto y décimo día a la votación de la admisión del pedido. A no ser que con 4/5 quintos del número total de congresistas (104) acuerden un plazo menor, o su debate y votación inmediata, que podría ser si fuera el caso, citar a una sesión especial.
Asimismo, el presidente de la República podrá asistir al hemiciclo para ejercer su derecho a defensa hasta por 60 minutos, y si él lo decide podrá ser defendido por un abogado.
Finalmente, el acuerdo que declara la vacancia por la causal prevista en el inciso 2) del artículo 113° de la Constitución, requiere una votación calificada de 2/3 tercios del número legal de congresistas; es decir se requerirá el voto a favor de 87 legisladores y constará en Resolución del Congreso.
Dicha Resolución que declara la vacancia regirá desde que se comunica al presidente vacado, al Premier, o a través de su publicación en el diario oficial. Es decir, lo que ocurra primero.
Entendemos que en estos momentos la Junta de Portavoces está reunida en el Legislativo, y lo más probable es que decidan hacer un pedido de vacancia, obviamente, luego de oír los audios en su totalidad y de valorar la veracidad de estos, para ceñirse al Reglamento del Congreso. Más allá de lo jurídico la decisión es política, aunque como ya lo mencioné, deberá estar acorde al debido proceso. En ese sentido, el Congreso deberá tener la certeza a la hora de confirmar la causal de inmoralidad de Martín Vizcarra, probablemente por considerarlo un mandatario sin escrúpulos, por supuestamente haber coordinado de forma manipuladora las declaraciones de sus funcionarios cercanos que iban a responder eventualmente ante una comisión fiscalizadora de un Poder del Estado.
Política
De ‘Qali Warma’ a ‘Desayuno en mi Cole’: Midis cambia de nombre, pero la problemática continúa
Tras denuncias por alimentos en mal estado, el programa alimentario del Midis pasó de llamarse ‘Qali Warma’ a ‘Wasi Mikuna’. Ahora, la ministra Leslie Urteaga anuncia un nuevo intento bajo el nombre ‘Desayuno en mi Cole’.

Tras los escándalos que marcaron el final de ‘Qali Warma’ y el fallido experimento de ‘Wasi Mikuna’, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) liderado por la cuestionada Leslie Urteaga Peña lanza su tercer intento: el programa “Desayuno en mi Cole”, que entrará en vigencia este 11 de agosto en 62 colegios públicos de Lima y Callao.
Aunque se presenta como una «nueva estrategia» para asegurar alimentos frescos y preparados dentro de las instituciones educativas, la credibilidad del Midis está por los suelos. Los antecedentes son claros: ‘Qali Warma’ fue blanco de múltiples denuncias por intoxicaciones, incluso con productos en mal estado como las recordadas conservas con carne de caballo distribuidas en Puno por la empresa Frigoinca, lo que provocó una crisis sanitaria y la destitución de 19 funcionarios.
En respuesta, el entonces ministro Julio Demartini lanzó, en noviembre de 2024, el programa ‘Wasi Mikuna’, prometiendo eficiencia y control. Pero apenas meses después, nuevas intoxicaciones y quejas por alimentos malogrados obligaron al gobierno a declarar en emergencia el servicio alimentario escolar hasta diciembre de 2025. Ahora, con otro cambio de nombre y esquema, el Midis insiste en recomenzar.

En noviembre de 2024 el exministro Demartini cambió de nombre a ‘Qali Warma’ por el de ‘Wasi Mikuna’.
¿Qué ha cambiado realmente? Según la ministra Leslie Urteaga Peña, esta vez habrá mayor control: los alimentos se prepararán diariamente dentro de los colegios, a cargo de un concesionario externo. Pero esa misma figura —la tercerización del servicio— ha sido utilizada antes, sin resultados que eviten los riesgos sanitarios ni la corrupción.
Mientras tanto, el exdirector ejecutivo de ‘Qali Warma’, Fredy Hinojosa, sigue en su cargo de vocero en Palacio de Gobierno, pese a ser señalado en varias investigaciones por omisión de funciones y negligencia.
El Midis, lejos de mostrar una política alimentaria sólida, parece limitarse a cambiar de nombre y maquillar el fracaso con nuevas promesas. Pero mientras no haya responsables sancionados ni un rediseño real del sistema, los escolares seguirán siendo víctimas de la improvisación estatal.
Política
Poder Judicial protege peajes de ‘Línea Amarilla’ pese a vínculos con Villarán
El juez Jorge Luis Chávez Tamariz rechazó el pedido fiscal de suspender el cobro de peajes en Línea Amarilla. Lima Expresa alegó riesgo de quiebra, priorizando intereses privados sobre la corrupción investigada durante la administración edil de Susana Villarán.

El Poder Judicial, una vez más, ha optado por preservar los intereses económicos de empresas privadas en detrimento del interés público. Esta vez, al declarar infundado el pedido de la Fiscalía para suspender temporalmente el cobro de peajes en la concesión de Línea Amarilla, una infraestructura manchada por la corrupción durante la gestión de la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán.
La decisión, firmada por el juez Jorge Luis Chávez Tamariz del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, favorece a Lima Expresa S.A.C., empresa actualmente a cargo de la concesión y vinculada directamente con el caso Lava Jato. La Fiscalía había solicitado que se detuviera el cobro de peajes mientras avanzan las investigaciones por lavado de activos y asociación ilícita, en las que están implicadas varias compañías brasileñas y funcionarios de la gestión Villarán.
Corrupción reconocida, pero sin consecuencias prácticas
La resolución judicial reconoce que la empresa Lima Expresa, anteriormente conocida como LAMSAC, está siendo investigada como parte de una red de corrupción encabezada por la constructora brasileña OAS. Sin embargo, considera que no existen motivos suficientes para suspender el cobro de peajes, ni para entregar temporalmente la administración del proyecto a la Municipalidad de Lima, a través de Emape S.A.
El argumento principal del juzgado se sostiene en la supuesta falta de riesgo procesal. Según Lima Expresa, ya no hay posibilidad de obstaculización porque la Fiscalía incautó todos los documentos clave en los allanamientos de mayo de 2023. Además, la empresa alegó que desde 2020 está aplicando correctamente la fórmula de reajuste tarifario dictada por un laudo arbitral internacional.

Fiscalía solicitó al PJ suspender el cobro de los peajes de la Línea Amarilla, pero éste no le dio la razón.
¿Y el perjuicio económico al ciudadano?
Mientras Lima Expresa se defiende invocando la legalidad de sus operaciones desde 2020, la Fiscalía documenta que el primer reajuste tarifario en 2013 —realizado durante la gestión de Susana Villarán— violó el contrato. En lugar de aplicar una fórmula mixta, se utilizó únicamente el IPC nacional, lo que infló las tarifas de manera irregular.
Según el Ministerio Público, esta decisión generó un perjuicio económico al Estado y a los ciudadanos por más de S/ 20 millones, sin que se aplicaran sanciones a la concesionaria. La MML, controlada entonces por la alcaldesa Villarán, avaló el reajuste sin cuestionamientos ni penalidades, pese a tratarse de fondos públicos.
Además, uno de los actos más cuestionables fue la inclusión del Proyecto Río Verde mediante una adenda al contrato original, reemplazando al proyecto COSAC IV sin estudios técnicos ni aprobación del Ministerio de Economía y Finanzas. El cambio no solo desvió recursos sin control, sino que favoreció directamente a la empresa sin prever mecanismos correctivos.
El fantasma de la quiebra y el chantaje económico
Lima Expresa, hoy controlada por el grupo francés Vinci Highways, argumentó que suspender los peajes durante un año significaría su quiebra. Dijo que se verían afectados 627 trabajadores, los fondos de pensiones que han invertido en sus bonos, y la recaudación del Estado vía IGV.
Este tipo de narrativa —el riesgo de colapso económico— ha sido recurrente en las defensas de concesionarias implicadas en corrupción. La empresa, pese a estar bajo investigación penal, apela a una lógica de chantaje económico que antepone la estabilidad financiera a la rendición de cuentas.
Pero, ¿debe el Estado renunciar a la justicia para evitar la quiebra de una empresa? ¿Debe tolerarse el cobro de peajes en condiciones cuestionadas por la propia Fiscalía, solo para evitar un impacto en el flujo de caja de una firma privada?
Diferencias con el caso Rutas de Lima: ¿doble rasero judicial?
La Fiscalía también intentó que el juzgado tomara en cuenta el precedente del caso Rutas de Lima, donde el Tribunal Constitucional ordenó suspender los peajes por la ausencia de vías alternas. Sin embargo, el juez Chávez Tamariz rechazó esa comparación, argumentando que las condiciones legales y técnicas eran distintas.
Aunque los contextos puedan variar, en ambos casos hay una constante: contratos de concesión firmados en contextos de corrupción, peajes impopulares y decisiones judiciales que terminan por favorecer a los actores privados, incluso cuando están bajo investigación por delitos graves.
Una justicia que llega tarde y a medias
El fallo del juez Chávez Tamariz refleja una tendencia preocupante en el sistema judicial peruano: la incapacidad para actuar de forma preventiva frente a casos de gran corrupción. Las decisiones tienden a privilegiar la estabilidad económica sobre la transparencia y la rendición de cuentas.
En el fondo, lo que se está legitimando es que empresas salpicadas por escándalos de corrupción —como OAS o sus subsidiarias— puedan seguir operando con normalidad, mientras el proceso judicial se arrastra por años. En paralelo, la ciudadanía sigue pagando peajes elevados sin recibir mejoras sustantivas en infraestructura ni respuestas claras sobre a dónde va ese dinero.
Demandas millonarias y arbitrajes internacionales
El caso se complejiza aún más al conocerse que, paralelamente, la Municipalidad de Lima enfrenta una condena internacional: deberá pagar cerca de US$ 200 millones al consorcio Rutas de Lima por incumplimientos contractuales, según una reciente sentencia en EE.UU. El Estado peruano ya ha iniciado acciones para investigar los vínculos de Brookfield, controladora del consorcio, con Susana Villarán.
Pero eso no es todo. Brookfield ha iniciado un arbitraje ante el CIADI exigiendo US$ 2700 millones por presunta expropiación de su inversión. La Municipalidad de Lima afirma que presentará nuevas pruebas sobre irregularidades en los contratos, pero el costo de estos litigios ya recae sobre los contribuyentes.
¿Quién paga por la corrupción?
Lo más preocupante es que, pese a los millonarios perjuicios económicos y las pruebas reunidas por la Fiscalía, las medidas correctivas son mínimas. Mientras las empresas se protegen con arbitrajes internacionales, el ciudadano común sigue atrapado entre contratos viciados, tarifas injustas y un sistema judicial que llega tarde y actúa con tibieza.
La pregunta es inevitable: ¿cuántos millones más deben perderse antes de que se tomen decisiones valientes en defensa del interés público?
Política
Compra de aviones de guerra: Dina Boluarte recibió a dueño de empresa Saab
La presidenta Dina Boluarte recibió en Palacio a Marcus Wallenberg. Mientras tanto, su gobierno destina más de S/ 13 mil millones a aviones de guerra, sin enemigo visible, en una decisión ajena a las urgentes prioridades del país.

Mientras el país sufre por hospitales colapsados, cárceles hacinadas y vías de transporte en ruinas, el gobierno de Dina Boluarte ha decidido destinar más de S/ 13 mil millones a la compra de aviones de guerra. ¿La justificación? Una “renovación histórica” de la flota aérea de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), pese a que el país no enfrenta ningún conflicto armado ni amenaza inminente.
La decisión, anunciada oficialmente el 2 de julio durante la ceremonia por los 40 años del sistema Mirage 2000, se concretó esta semana con una reunión en Palacio de Gobierno entre la presidenta Boluarte y Marcus Wallenberg, presidente de Wallenberg Investments AB, principal accionista de Saab, la empresa sueca que fabrica los cazas Gripen E que el Perú planea adquirir.
En la cita también participaron representantes del poderoso Grupo Wallenberg y seis ministros de Estado, incluyendo el titular de la PCM, Defensa, Relaciones Exteriores, Economía, Transportes y Energía. La visita se da en vísperas del arribo del ministro de Defensa de Suecia, Pål Jonson, quien llega tras participar en la feria F-AIR en Colombia, donde se exhibieron aviones Gripen utilizados por la Fuerza Aérea de Brasil.

Presidenta Dina Boluarte se reunió con Marcus Wallenberg y representantes del Grupo Wallenberg.
¿Seguridad o pretexto?
El gobierno argumenta que esta compra responde a la necesidad de “fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias” y renovar equipos obsoletos. Pero en un país donde la inseguridad ciudadana, la corrupción y la pobreza golpean a diario a millones, resulta difícil creer que las prioridades nacionales pasen por modernizar cazas de combate sin enemigo a la vista.
La pregunta cae por su propio peso: ¿a quién realmente beneficia esta millonaria operación? En un contexto de cuestionamientos a la legitimidad del Ejecutivo, con una presidenta aislada y acusada de usar el poder para blindarse, la compra de armamento de alto costo abre la puerta a sospechas sobre posibles negociados, comisiones ocultas o compromisos oscuros antes de dejar el cargo.
Aviones sí, hospitales no
El contraste es brutal: mientras se firman acuerdos para importar aviones supersónicos, las postas médicas carecen de insumos, las escuelas se caen a pedazos y los ciudadanos mueren esperando una cama UCI. La supuesta “decisión histórica” se parece más a una jugada estratégica que podría tener más de oportunismo que de visión de Estado.
Política
Zonificación a la medida: MML autoriza edificios de 28 pisos en San Isidro
Pese a las normas vigentes, con la ordenanza 2670, la gestión de López Aliaga allana el camino a megaproyectos inmobiliarios. Vecinos acusan a la alcaldesa de San Isidro de ceder ante su partido y ante intereses empresariales.

Una nueva polémica sacude al tradicional distrito de San Isidro. La construcción de un edificio de 28 pisos en la avenida Salaverry con calle Burgos ha desatado la indignación vecinal. ¿El motivo? La Municipalidad del distrito otorgó una licencia que contradice abiertamente las normas urbanísticas: en esa zona solo se permiten edificaciones de hasta 10 y 4 pisos, respectivamente. La Contraloría General de la República lo ha confirmado: la obra viola todas las regulaciones vigentes.
Pese a que el caso se encuentra judicializado, la Municipalidad de San Isidro aprobó el proyecto en marzo de este año. Mientras tanto, la alcaldesa Nancy Vizurraga de ‘Renovación Popular’ guarda silencio ante el reclamo ciudadano. Su gestión ha iniciado “acciones administrativas” para investigar responsabilidades, pero los vecinos no ven avances concretos. Para ellos, la situación es clara: el municipio parece responder más a los intereses del sector inmobiliario que al bienestar de los ciudadanos.
Alcaldesa de San Isidro es criticada por no defender al distrito
“No estamos en contra del desarrollo urbano, pero queremos que se respete el orden y se escuche a los vecinos”, dicen con firmeza. La falta de transparencia, consulta y estudios técnicos —como los de impacto ambiental y vial— en proyectos como este refuerzan sus sospechas.
La controversia se amplía con la ordenanza 2670, que modifica la zonificación del centro comercial Camino Real. La Municipalidad de San Isidro ha pedido su revisión, alegando que sus observaciones técnicas fueron ignoradas. Pero la decisión final la tiene la Municipalidad de Lima, bajo la gestión de Rafael López Aliaga, que, según los vecinos, actúa como aliado de los grandes constructores.

Ordenanza 2670 de la MML, firmada por el teniente alcalde Renzo Reggiardo.
En medio del malestar, la vecina Nora Loredo fue contundente:
“Lo que está sucediendo es un escándalo. La MML ha cambiado la zonificación para que aquí se pueda construir cuatro torres de 18 pisos, con no sabemos cuántos departamentos, sin hacer estudios de impacto ambiental, sin hacer estudios de impacto vial; no hay consulta vecinal y sin tomar en cuenta que esta es una zona de reglamentación especial porque está la huaca Huallamarca allá y El Olivar aquí. la alcaldesa de San Isidro Vizurraga que se ponga los pantalones y que se enfrente a su jefe, el señor López Aliaga, pero en realidad no es su jefe. Su jefe somos nosotros señora alcaldesa, porque nosotros fuimos los que votamos por usted. Nosotros fuimos los que la hicimos alcaldesa a usted. Usted tiene que rendirnos cuentas a nosotros. A sus votantes”.
Política
Dina Boluarte: “Me retiraré en 2026 con el orgullo de haber servido de la mejor manera»
La presidenta Dina Boluarte afirma que dejará Palacio de Gobierno el 28 de julio de 2026 “con la frente en alto”, pese a las críticas, protestas sociales y su alta desaprobación ciudadana.

Durante una ceremonia organizada por el Ministerio de Trabajo, la presidenta Dina Boluarte anunció que culminará su mandato el 28 de julio de 2026 “con orgullo y la frente en alto”. Frente a un centenar de jóvenes talentos, afirmó que su gestión se ha caracterizado por la ejecución de obras y una lucha firme contra la corrupción. “Misión cumplida. Me retiraré con el orgullo de haber servido de la mejor manera como presidenta de la república», exclamó Dina Boluarte, refiriéndose a su paso por el Ejecutivo.
En el acto, donde se presentó a los jóvenes que se integrarán a la administración pública, Boluarte insistió en que su gobierno será recordado como “honesto y decente”. Aseguró que no se toleran actos irregulares en su gestión y que todo indicio de corrupción es sancionado de inmediato. “Con nosotros no hay adendas, donde bien sabemos que se escondía la corrupción. Aquí obra iniciada es obra terminada y entregada al pueblo”, dijo.

Pese a investigaciones, la mandataria dice: “Nuestras obras son con las manos limpias”.
Más tarde, acompañada del ministro de Desarrollo Agrario, Ángel Manero Campos, Boluarte presentó un informe sobre avances en el sector agropecuario. Desde Palacio de Gobierno, resaltó el cierre de brechas como una de las prioridades de su mandato.
Sin embargo, la afirmación de que dejará el poder con la “misión cumplida” contrasta con una gestión marcada por cuestionamientos, protestas sociales, crisis política y altos índices de desaprobación. Si bien la presidenta busca proyectar una imagen de transparencia y eficiencia, diversos sectores de la sociedad civil critican la falta de resultados tangibles y la desconexión con las demandas ciudadanas. Su declaración parece más un intento de consolidar una narrativa oficial que una evaluación objetiva de su paso por el poder.
Política
Congreso: bancadas tantean ‘alianzas’ para disputar la Mesa Directiva
Con los comicios internos a la vuelta de la esquina, el denominado “Bloque Democrático” busca perpetuarse en el control del Congreso, mientras sectores opositores intentan —sin aún los votos suficientes— construir una alternativa que rompa la hegemonía legislativa.

A pocas semanas de elegirse a la nueva Mesa Directiva del Congreso para el período 2025-2026, las bancadas empiezan a mover fichas, tejer alianzas y tantear escenarios posibles. Por un lado, el Bloque Democrático, ya instalado por dos periodos consecutivos, busca repetir el control legislativo. Por el otro, agrupaciones opositoras intentan romper esa hegemonía y armar una lista alternativa. Pero el panorama está lejos de definirse.
El Bloque Democrático, conformado por Alianza para el Progreso (APP), Fuerza Popular, Perú Libre y Avanza País, perfila una fórmula continuista con apoyo previsible de Somos Perú, cuya adhesión ha sido casi automática en los últimos años. En palabras del vocero Héctor Valer, Somos Perú solo integrará una lista si es bajo el paraguas de ese bloque.
Desde el otro lado del tablero, la bancada Honor y Democracia —integrada por ex Renovación Popular como Jorge Montoya y José Cueto— fue la primera en anunciar su intención de competir. El 27 de junio, Montoya oficializó la candidatura de Cueto a la presidencia del Congreso y, en una muestra de apertura política poco usual, no descartó tender puentes incluso con bancadas de izquierda: “La mayoría manda”, afirmó.
Una oposición que aún no suma
La noche del domingo, Aron Espinoza, dirigente de Podemos Perú y esposo de la congresista Digna Calle, anunció que esta semana se iniciarán conversaciones formales con diversas agrupaciones para construir una lista opositora. Las bancadas convocadas para una primera reunión este martes 8 de julio son: Acción Popular, Renovación Popular, Juntos por el Perú y Honor y Democracia.
Espinoza fue tajante: la intención es evitar que la próxima Mesa Directiva sea funcional al Ejecutivo. “La lista oficialista está hecha para proteger a Dina Boluarte. Ya se sabe quiénes la integran: Fuerza Popular, Perú Libre —que ya le gustó la mamadera a Waldemar Cerrón—, Avanza País y Somos Perú”.
Sin embargo, los números aún no cuadran. Juntas, las bancadas convocadas suman apenas 46 votos (Podemos 13, Renovación 11, Acción Popular 9, Juntos por el Perú 8, Honor y Democracia 5). Aún les faltan 21 votos para alcanzar la mayoría simple de 67 necesaria para ganar en primera vuelta. Este margen obliga a una ampliación de alianzas que todavía no está asegurada.
Además, falta definir quién encabezará la fórmula. Aunque Honor y Democracia propone a Cueto, tanto Renovación Popular como Podemos Perú han señalado que no asumirán cargos en la directiva, al menos por ahora, lo que deja abiertas negociaciones complejas sobre los puestos de vicepresidencia.
¿Una izquierda como comodín?
Un punto llamativo es la disposición de Honor y Democracia —una bancada de perfil conservador— a dialogar con grupos de izquierda como Juntos por el Perú. Esta flexibilidad responde, más que a convicciones ideológicas, a una estrategia pragmática de supervivencia política, tras haber quedado fuera de las mesas anteriores. En esta ocasión, buscan evitar el aislamiento y no descartan respaldar una fórmula distinta si se garantiza su participación en algún cargo de la directiva.
¿El Congreso se inclina hacia el continuismo?
A pesar de los esfuerzos opositores, todo indica que el Bloque Democrático mantiene ventaja. Tiene experiencia, recursos, alianzas consolidadas y respaldo tácito del Ejecutivo. Además, los incentivos para mantenerse en el poder son evidentes: controlar la agenda parlamentaria, blindar a sus aliados y decidir el ritmo de las reformas.
La carrera hacia la Mesa Directiva 2025-2026 ya empezó. Pero más allá de los nombres, la verdadera disputa es por el modelo de Congreso que predominará: uno que responda a los intereses del oficialismo o uno que ejerza una oposición más activa, aunque aún fragmentada.
Política
Fiscalía investiga al alcalde de Pomalca por presunta apropiación de fondos municipales
El alcalde Manfri Bernal y dos funcionarias son investigados por no depositar más de S/ 171 mil en la Cuenta Única del Tesoro, lo que habría facilitado el presunto desvío de recursos públicos durante el primer semestre de 2025.

La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque ha abierto una investigación preliminar contra el alcalde del distrito de Pomalca, Manfri Bernal, y dos funcionarias de su gestión, por la presunta apropiación indebida de recursos económicos municipales que ascienden a más de S/ 171 mil soles.
El fiscal a cargo del caso, Daniel Gerardo Flores Aguinaga, del Tercer Despacho de la mencionada fiscalía, junto a agentes de la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional, intervino las oficinas de Caja y Tesorería de la municipalidad para recabar documentos y verificar los ingresos recaudados durante el primer semestre de 2025.

Según la denuncia que dio origen a la pesquisa, entre enero y junio de este año, la municipalidad habría percibido S/ 171,050.29 registrados con fecha y número de operación. No obstante, dicho monto no fue depositado en la Cuenta Única del Tesoro (CUT) en el plazo máximo de 24 horas, como lo exige la Directiva N.º 001-2007-EF/77.15, generando sospechas de una posible apropiación ilícita.
Según la denuncia que dio origen a la pesquisa, entre enero y junio de este año, la municipalidad habría percibido S/ 171,050.29 registrados con fecha y número de operación. No obstante, dicho monto no fue depositado en la Cuenta Única del Tesoro (CUT) en el plazo máximo de 24 horas, como lo exige la Directiva N.º 001-2007-EF/77.15, generando sospechas de una posible apropiación ilícita.
En la investigación figuran también Ana Llempén, tesorera de la entidad, quien no habría rendido cuentas ni realizado el traslado de fondos, y Rosaliz Cubas, gerente municipal, señalada por presunta omisión de funciones en el control financiero.
El alcalde Bernal es incluido por inacción ante las irregularidades, lo que podría interpretarse como tolerancia o encubrimiento. La fiscalía ha establecido un plazo de 240 días para determinar responsabilidades y recabar elementos de convicción.
Política
Mininter aprueba contratación de abogados que defenderán a exministro Santivañez
Las resoluciones firmadas por la Secretaría General autorizan el uso de recursos públicos para contratar al estudio de abogados propuesto por el propio Santivañez, investigado por presuntas irregularidades durante su breve gestión en el Ejecutivo.

El Ministerio del Interior ha aprobado, mediante tres resoluciones de Secretaría General —N° 119-2025-IN-SG, 120-2025-IN-SG y 121-2025-IN-SG— la contratación de servicios legales para la defensa del exministro Juan José Santivañez Antúnez, quien enfrenta diversos procesos en su contra.

Resolución de Secretaria General N° 119-2025-IN-SG.
Esta decisión tiene como antecedente la Resolución de Secretaría General N° 071-2025-IN-RSG, emitida el 14 de mayo de 2025, en la que se declara procedente la solicitud presentada por el propio Santivañez para contar con servicios especializados de asesoría y defensa legal. Posteriormente, el Proveído N° 009696-2025-IN-OGAF, con fecha 21 de mayo, fue remitido desde la Oficina General de Administración y Finanzas a la Oficina de Abastecimiento, formalizando el requerimiento.

Resolución de Secretaria General N° 120-2025-IN-SG.
El estudio legal propuesto por Santivañez Antúnez para asumir su defensa es Miranda & Asociados E.I.R.L., firma que también brinda servicios contables y que, según los documentos oficiales, fue seleccionada por el exministro.
Las resoluciones en cuestión aprueban la ejecución de los Procedimientos de Selección No Competitivos N° 25, 26 y 27, a través de los cuales se formalizará la contratación de los abogados encargados de asumir la representación legal del exfuncionario.
Todas las resoluciones han sido firmadas por Erick Fernando Caso Giraldo, actual secretario general del Ministerio del Interior.

Resolución de Secretaria General N° 121-2025-IN-SG.
La decisión genera interrogantes sobre el uso de recursos públicos en defensa de exautoridades investigadas, especialmente en contextos donde la transparencia institucional está bajo constante escrutinio.
Cabe recordar que Juan José Santivañez fue designado ministro del Interior en abril de 2024, y debió dejar el cargo en medio de denuncias públicas por presuntas contrataciones irregulares, vínculos con estudios legales cuestionados y posible tráfico de influencias. Actualmente, es investigado por el Ministerio Público, por lo que el uso de recursos del Estado para costear su defensa ha generado preocupación y críticas por parte de especialistas y sectores de la sociedad civil.
-
Política5 años ago
Las licencias de Benavides [VIDEO]
-
Política5 años ago
La universidad fantasma de Benavides
-
Actualidad5 años ago
Richard Swing: «Con esta conferencia he dado un gran aporte a nuestra institución y a la humanidad»
-
General5 años ago
Dan ultimátum de 48 horas al presidente Sagasti para derogar Decreto que atenta nuestra Soberanía Nacional
-
Política4 años ago
Altos oficiales de FF.AA a través de comunicado exigen la salida de Jorge Luis Salas Arenas
-
Actualidad2 años ago
Carlos Alcántara: «Crees que voy a pretender hacer una película como Tarantino. Hay que ser huev… para pensar que voy a querer algo así»
-
Cultura5 años ago
MINISTERIO DE CULTURA PAGÓ 175 MIL SOLES AL CANTANTE RICHARD SWING
-
Cultura4 años ago
«Es que somos muy pobres», por Juan Rulfo