Política
¿Show mediático? Fiscal Rocío Sánchez y el caso Julio Guzmán

¿Cómo es posible que una fiscal que lleva un caso tan emblemático e importante como Los Cuellos Blancos del Puerto, tenga temor de que a un candidato presidencial como Julio Guzmán se le haga un show mediático sobre su investigación? ¿Cómo es posible que un candidato presidencial que dio declaraciones el 2016 ante el fiscal José Domingo Pérez haya afirmado en ese momento que no sabía nada sobre su denuncia del JNE? Y por eso fue archivada. Y como ahora ya está empezando su campaña presidencial, como por arte de magia y luego de 48 meses de amnesia, ahora recuerde todo y por eso ha empezado a mencionar que en la contienda pasada le pedían pagos para que no lo excluyan del proceso electoral. Con ustedes Julio Guzmán.
Inmediatamente después de que el Equipo Especial inició una investigación preliminar el 17 de agosto por lavado de activos a Julio Guzmán por supuestamente haber recibido 400 mil dólares de Odebrecht, se dio un revelador diálogo en WhatsApp entre Rocio Sánchez Saavedra, fiscal integrante del Equipo Especial y el asesor de la bancada del Partido Morado y excandidato al congreso por esa agrupación, Carlo Magno Salcedo. En aquella conversación el abogado Salcedo le consulta una información a la fiscal, ya que a Guzmán lo habían llamado ese día de la fiscalía para pedirle su dirección para enviarle un documento.
Entonces, Salcedo le pregunta a la fiscal si ese documento tendría alguna relación con lo que ellos estuvieron coordinando y la fiscal le responde que no, que ese documento no tenía nada que ver y más bien recomendó que antes de que le hicieran un show mediático a Guzmán, ellos verifiquen qué número de carpeta es la que buscan para que luego ella lo vea en el sistema. Y es ahí que Salcedo le da el dato a la integrante del Equipo Especial y le dice que la fiscal adjunta es Lila Romualdo con la Carpeta número 92020. Y ¿qué creen que respondió la fiscal Rocío Sánchez? Ella muy diligente y servicial respondió:“Lo busco, estoy en declaración con testigo ahorita”.

Pero ahora ella está saliendo en los medios con una coartada y viene sustentando una semántica y/o interpretación inverosímil a su conversación y señala que no se debe perjudicar la reserva de la investigación, porque en el contexto de su conversación asegura que si actualmente han desarchivado una investigación antigua en relacion al mismo hecho, podría generarse un tema mediático que ayudaría a trascender la información nueva que se está incorporando en su caso. Además, dijo que no es conveniente que transcienda quiénes serían las personas que ellos sindican como intermediarios y como los que habrían participado en los actos dolosos. Además, en un afán de justificarse aseveró que cuando el abogado solicitó información (así le llama al asesor de Julio Guzmán) no estaba refiriéndose a una investigación de otro despacho, y que se estaba refiriendo a las coordinaciones que ambos realizaban, apropósito de las diligencias ya desplegadas.
Sin embargo, ella se contradice cuando afirma que es normal un ofrecimiento de información sobre un caso que investiga otra magistrada. ¿Acaso tiene lógica que una fiscal que lleva el caso Cuellos Blancos, averigüe para otros y brinde información sobre otro caso que ella no conduce, como lo es el de Julio Guzmán por Lava Jato? No obstante, igual arremete y señala que en la filtración del WhatsApp ha habido un despropósito porque se ha descontextualizado su conversación. ¿A quién se refiere exactamente cuando habla de despropósito? Si tomamos en cuenta que ella imputa directamente a Salcedo como el autor de la filtración de la imagen de WhatsApp, aunque no sabe con qué fines, pero insiste en que al final perjudicarán la investigación porque existen intereses ocultos detrás de todo esto. ¿Cómo puede asegurar que existen intereses ocultos si no sabe con qué fines se filtró el pantallazo de WhatsApp? Evidentemente todas sus explicaciones se han convertido en un concurso de contradicciones.
Aquí algunas respuestas textuales de Rocio Sánchez que por cierto son delirantes:
“Yo no conozco a la citada doctora Romualdo, no sabía dónde trabaja y el número de la carpeta tampoco se me hacía familiar por eso le digo que me dé la numeración para buscarla en el sentido de saber si se había desarchivado esa investigación antigua siempre en el marco de los hechos que me corresponde investigar; no hemos tomado conocimiento no se sabía que existía una investigación en ese momento por otro despacho por cuanto, trasciende de la noticia publica que ese es el mismo día que le están notificando”.

Asimismo, con respecto a la opinión de su colega la fiscal Sandra Castro, Rocío Sánchez se justifica y dice:
“No he conversado con ella. (sic) En el tema descontextualizado, a cualquiera le puede sorprender un tipo de comunicación de esa naturaleza, pero si estamos hablando de una comunicación con una persona que participa dentro de un cuaderno de colaboración eficaz, sabemos todos los abogados que los procesos de colaboración eficaz se llevan con personas dentro de un trabajo horizontal. Entonces, no hay allí controversia ni litigio; hay confianza entre el colaborador con el fiscal y el fiscal con la información que proporcionan; lo mismo con los testigos, siempre se trata de una manera cordial a las personas que colaboran con la investigación, pero eso no trasciende a cometer algo irregular dentro de la investigación que además perjudicaría los fines de la misma. Así que está por descontado que haya habido algún tipo de acto irregular en esta comunicación. Por eso digo, que no se me puede vincular a un grado de amistad, porque de lo contrario que haya trascendido esto desdice el tema de la amistad y del contubernio para favorecerlo, es una contradicción”.
Sabemos que Rocío Sánchez estudió derecho en la Universidad Mayor de San Marcos con Carlo Magno Salcedo y terminaron en la misma promoción, pero ella niega que son amigos y cuando le preguntan sobre su amistad con Salcedo, ella dice:
“En la UNMSM de donde soy titulada, una promoción tiene alrededor de 300 alumnos; entonces podemos conocernos, pero no ser necesariamente amigos. Yo doy testimonio de que al señor Salcedo (sic) desde que hemos egresado de la universidad no he tenido ningún tipo de comunicación, hasta que en búsqueda de la información él es el abogado que nos facilita al testigo y además es una declaración testimonial; no está investigado, no es un imputado, entonces no hay ningún conflicto de interés allí; él es un abogado y yo una representante del Ministerio Público que en el ejercicio de sus funciones recibe una declaración testimonial”. ¿Es creíble, que luego de haber concluido la universidad y que a lo largo de los años, uno se encuentra con su promoción que no vio desde la graduación e inmediatamente inicia una conversa por WhatsApp con mucha confianza para pedir un favor?
Con respecto a esa confianza, cuando se le preguntó que si el asesor de Julio Guzmán no es su amigo, ¿Entonces por qué la tutea? ella dijo:
“Probablemente sí, y si preguntan a otros abogados que colaboran con las investigaciones en mi despacho yo tengo un trato horizontal; de repente esa es la mea culpa, la forma de dar un tipo de confianza con las personas que se comunican conmigo pero es siempre en un tema de confianza, respeto y lealtad a la información que proporcionan”.
Asimismo, en otro informe periodístico el reportero de Panorama cuando le preguntó a la colega de Rocio Sánchez, la fiscal Sandra Castro ¿si en su labor como fiscal ellas tenían coordinaciones? La magistrada respondió sorprendida:
“Acá hablan de coordinaciones pues (sic) y me parece que… bueno yo de manera personal no diría esto… sí, aquí dice Julio Guzmán y pide número de carpeta… de otra fiscalía será. Sí, claro acá está pidiendo un favor; este asesor de Julio Guzmán o colaborador… no me preocuparía yo porque no le hagan un show mediático y mucho menos a una persona de un partido político como Julio Guzmán y verdaderamente me apena bastante. Ahora entiendo las informaciones en los medios de comunicación que este señor Julio Guzmán está muy contento, como que están tomando el caso Cuellos Blancos para hacer su campaña política”.
Asimismo, el fiscal José Domingo Pérez no pudo defender lo indefendible, pero no sabía cómo responder y trató de minimizar la conducta de su colega y afirmó: “Me parece un poco así… no adecuado, por no decir otros términos, pero sí, la señora fiscal mencionada Lily Romualdo es de este despacho”.
El hecho es, que la Oficina Desconcentrada de Control Interno del Ministerio Público a través de la fiscal adjunta Rosario Velazco, acaba de abrir una investigación preliminar contra la Fiscal Provincial Provisional e integrante del Equipo Especial del caso Cuellos Blancos del Puerto, Rocio Sánchez y la Fiscal Adjunta Provincial Provisional y también integrante del Equipo Especial Lava Jato Lily Romualdo Jaque a raíz de la conversación filtrada de WhatsApp entre Sánchez y el asesor Salcedo. En ese sentido, las dos integrantes del Equipo Especial Lava Jato deberán presentar sus descargos hasta el próximo martes 15 de septiembre, por la presunta comisión de infracciones administrativas en el ejercicio de sus funciones.

Con respecto a la indagación que les acaba de abrir la ODCI a las dos fiscales, Rocio Sánchez dice textualmente:
“Todos los magistrados somos sujetos a investigaciones disciplinarias y eso es normal en el desempeño de las funciones, pero en este caso la conversación en concreto forma parte de una facultad y en el ejercicio de mis funciones en ningún momento mi persona ha tomado conocimiento, ni ha solicitado información, ni ha generado ningún tipo de injerencia en una investigación que no sea de mi competencia. Yo estoy segura que la Oficina Desconcentrada de Control Interno una vez que reciba el informe de mi parte, así como de la fiscal del Equipo Especial Lava Jato a quien no conozco y estoy segura que tampoco ella me conoce… (sic) con quien no conozco sus teléfonos, ni su nombre, ni sus apellidos hasta después de que trasciende esta noticia, entonces van a advertir que no hay ningún tipo de vinculación ni comunicación y por lo tanto no hay forma de que se haya tratado de beneficiar o ayudar en una investigación de la cual se desconocía. Yo creo que quieren aprovechar la coyuntura para salir tras bambalinas, pero sobre todo hay intereses políticos, económicos para que no continuemos con esta línea de investigación; no es un solo hecho, son varios actos que tenemos que profundizar y de repente hay muchas personas que estén preocupadas porque esto ha trascendido”.
Lo cierto es que, aquellas “extrañas coordinaciones por WhatsApp” han generado sus efectos, porque la Fiscal de la Nación Zoraida Ávalos acaba de designar a Sandra Castro Castillo como coordinadora de los despachos fiscales que integran a la Fiscalía Supranacional Corporativa Especializada contra el Crimen Organizado del Callao, encargada de las investigaciones del caso Los Cuellos Blancos del Puerto. Si bien Rocio Sánchez se encargaba exclusivamente del caso de la red criminal chalaca que tiene nexos con el Poder Judicial y la Fiscalía, la decisión de la doctora Ávalos que designa a Sandra Castro como coordinadora en reemplazo de Sánchez, también ordena que la fiscal Roxana Jáuregui Soto, titular del Tercer Despacho de la Fiscalía Supranacional Corporativa Especializada contra el Crimen Organizado del Callao, se integre al Equipo Especial de Fiscales. En ese sentido, la Fiscal de la Nación Zoraida Ávalos ha sido enfática y suscribió:
“En consonancia con la política institucional de luchar contra la corrupción en cualquiera de sus manifestaciones, el caso Los Cuellos Blancos del Puerto constituye una expresión de ello, siendo necesario el fortalecimiento de dicho equipo especial de fiscales en aras de la obtención de investigaciones oportunas y eficaces”.
Asimismo, la congresista Carolina Lizárraga acaba de renunciar a su cargo como directiva en el CEN del Partido Morado, así como a su Comité Político. A pesar de que ella fue fundadora, hoy solo se ha quedado como militante. Cabe resaltar que Lizárraga ha mostrado independencia en sus decisiones con respecto al partido, e incluso algunas de sus votaciones en el pleno del congreso no han sido en concordancia con su bancada morada. Además, la congresista Lizárraga también ha sido magistrada y por lo tanto conoce perfectamente qué no debe hacer una fiscal en el ejercicio de sus funciones y qué no debe hacer un candidato a la presidencia al inicio de una campaña. Y esta vez al parecer Julio Guzmán pretende aprovechar la situación para hacer un trampolín político.
Política
Ruraq Maki anunciará nuevos seleccionados: ¿pluralidad o favoritismo?
Este miércoles 25 de junio el Ministerio de Cultura dará a conocer la identidad de las 70 colectividades y/o artistas adicionales que participarán en la conocida expo-venta de arte popular tradicional.

Ruraq Maki (hecho a mano) es una reconocida exposición-venta de arte popular tradicional, organizada por el Ministerio de Cultura. Se realiza dos veces al año y reúne a decenas de colectivos de artistas de distintas regiones del país. Sin embargo, surgen preguntas importantes: ¿realmente se garantiza la pluralidad en la convocatoria? ¿O se sigue llamando a los mismos de siempre?
El pasado miércoles 18 de junio, Lima Gris publicó una nota titulada: “Ruraq Maki: conflicto y malas artes”. En ella se señaló que, de forma sorpresiva, el Ministerio anunció la ampliación del número de expositores: de 140 a 210, para la edición 2025. Es decir, 70 cupos más, algunos de ellos para postulantes que antes habían sido rechazados. La nota criticó que esta medida no solucionaba el problema de fondo: la falta de pluralidad en la selección.

Tras la publicación, algunos artesanos habituales expresaron su molestia. Argumentaron que su presencia repetida en Ruraq Maki se justificaba porque habían sido elegidos por su trayectoria y por representar la cultura de sus regiones. Incluso, uno de ellos confesó que dependía económicamente de las ventas que lograba durante la feria.
Es cierto que todos los artesanos merecen oportunidades para mostrar su trabajo, vivir de sus ventas y llevar su arte más allá de sus comunidades. Pero eso incluye también a quienes nunca han sido convocados. No se trata de excluir a nadie, sino de abrir el espacio a nuevos rostros y talentos. Eso es pluralidad: que todos tengan la posibilidad de participar, no solo un grupo que repite año tras año.
En un comunicado, el Ministerio de Cultura habló de su “compromiso con la inclusión”. Pero cabe preguntarse: ¿inclusión de quiénes? ¿De nuevos artesanos marginados o de los mismos colectivos que han tenido siempre un lugar asegurado?
El Ministerio ha anunciado que este miércoles 25 de junio se publicará la lista final de los 70 nuevos expositores. Solo esperamos que estos cupos no terminen en manos de los mismos de siempre, conectados a redes de influencia que distorsionan el verdadero sentido de esta feria.
Estaremos atentos. Veremos si la inclusión es real, o si la argolla sigue intacta.
Política
Tres partidos más consiguen su inscripción para los comicios municipales y regionales 2026
Luego de varias tachas y observaciones, Unidad Popular, Adelante Pueblo Unido (APU), y Resurgimiento Unido Nacional (RUNA) obtuvieron su inscripción en el ROP.

El que la sigue, la consigue. Bien dicen que para conseguir algo en la vida hay que lucharla y no es la excepción en el suelo de la política, donde por primera vez en la historia 47 partidos políticos luego que las agrupaciones Unidad Popular, encabezada por el expresidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez; Adelante Pueblo Unido (APU), del expresidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, y la exministra de la Mujer, Anahí Durand; y el Resurgimiento Unido Nacional (RUNA), del exministro de Cultura, Ciro Castillo, obtuvieran su inscripción oficial en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP).
Cabe mencionar que de las 47 agrupaciones inscritas en el ROP solo 43 podrán participar en las elecciones generales de 2026, pues tales se inscribieron antes del 12 de abril de 2025.
Unidad Popular, encabezada por Duberlí Rodríguez, tiene como personero legal alterno a César Augusto Arteaga Rodríguez.
Por su parte, APU, se encuentra integrada por el expremier acusado de presuntamente participar en el golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. Ahí también se encuentra la socióloga Anahí Durand, ex ministra de la Mujer de Pedro Castillo.
Finalmente, el partido RUNA, del abogado Ciro Gálvez, cuenta con personeros a Aníbal Gálvez Rivas (titular) y Alex Rodolfo Anyaipoma de la Borda (alterno).

Las tres organizaciones sostuvieron que cumplieron con todos los requisitos legales y reclaman el reconocimiento de la inscripción provisional, contemplada en el artículo 96 de la Ley Orgánica de Elecciones (LOE), ante la presentación de tachas en su contra. Sin embargo, este punto genera discrepancia jurídica, ya que el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del JNE considera que dicha figura fue «derogada» por la Ley de Organizaciones Políticas (LOP). El pleno del JNE rechazó las apelaciones de las organizaciones políticas.
El dato:
En abril del 2026 se realizarán las elecciones generales, mientras que en octubre del mismo año se votará por las autoridades regionales y municipales. Tal situación no ocurría desde el año 2006.
Política
Pese a ola de crímenes por la minería ilegal, Gobierno extiende por cuarta vez el Reinfo
Ministro de Energía y Minas indicó que extensión era “necesaria”. Nueva prórroga permitirá que mineros ilegales continúen extrayendo oro sin importarles el medio ambiente o las personas.

Ya son cuatro las ocasiones en que el Ejecutivo, con complicidad del Legislativo, viene extendiendo el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). La última ampliación estaba prevista hasta este 30 de junio, pero ahora el titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem), Jorge Montero, explicó que su vigencia se extenderá hasta el 31 de diciembre de este año.
«Hemos tomado la decisión de ampliar por única vez hasta el 31 de diciembre del 2025 para concluir adecuadamente el proceso de formalización en la fecha que hemos indicado, con condiciones que quedarán establecidas en la norma, en el decreto supremo que será publicado esta semana», afirmó a TV Perú.
Miente el ministro Montero al decir que por “única vez” se extenderá el Reinfo cuando ya ocurrieron otras tres ampliaciones, tiempo suficiente para que los mineros ilegales e informales presenten todos sus documentos para la formalización, pero todos sabemos que tal proceso nunca ocurrirá ya que lo que ellos buscan es tener un pretexto para continuar extrayendo oro sin tener que declarar al fisco, y qué mejor ayuda del Gobierno al mantener esa ‘ventana’ abierta para que continúen atropellando el medio ambiente y también a las personas.
Solo cabe recordar que el mes pasado la presidenta Dina Boluarte firmó el Decreto Supremo n.° 009-2025-EM, en donde se indicaba en una de sus disposiciones la transferencia por herencia del Reinfo, sin embargo, ante semejante ‘cachetada’ a las decenas de trabajadores mineros fallecidos, el gobierno dio marcha atrás.

Se indicó además que existe una complicidad de parte del Congreso de la República al no acelerar el debate para una nueva ley que regule, de manera eficiente, la pequeña minería y la minería artesanal. Vergüenza ajena da cómo parlamentarios votan a favor de la extensión o tratan, bajo todas las formas, de boicotear las votaciones, sea ausentándose o no presentándose en las distintas comisiones. Es más, hasta hay parlamentarios que sin ningún rubor se reúnen con mineros informales y hasta salen a bailar junto a ellos por la extensión del Reinfo.
Al respecto, la vicepresidenta de la Comisión de Energía y Minas, Diana Gonzales, criticó la poca participación de sus colegas a la hora de debatir sobre el proyecto de ley MAPE, calificando además la cuarta extensión como “decepcionante”.
“No se puede hablar de compromiso con la formalización si no participan cuando se discute el marco legal que la define”, indicó la parlamentaria de Avanza País.
Ampliaciones no sirvieron para nada
En cifras, desde el año 2016 hasta la fecha solo el 2,4 % de 87,111 mineros informales lograron formalizarse. Los demás, como es de esperarse se escudan para las constantes ampliaciones para continuar operando al margen de la ley, y cuando se les fiscaliza responden, entre risas poco disimuladas, que se encuentran “en proceso de formalización”.
El Gobierno de Dina Boluarte nuevamente ha decidido caminar de espaldas al pueblo, permitiendo que el oro salga sin ningún control, a pesar de que en el proceso vidas inocentes sufran las consecuencias.
Política
Minedu acelera licenciamiento de institutos tecnológicos
El Ministerio de Educación apuesta por la excelencia para potenciar la empleabilidad juvenil. En los últimos dos años, 77 institutos tecnológicos públicos y privados han obtenido su licenciamiento oficial.

La gestión del Miunedu garantiza una enseñanza alineada con lo que realmente necesita el mercado laboral. Y eso no es todo: 26 institutos públicos ya aplican el Modelo de Excelencia del Minedu, priorizando carreras con alta demanda y formando a los profesionales del futuro con herramientas como inglés técnico, habilidades digitales e innovación.
Un licenciamiento que abre puertas
Desde 2023, el Ministerio de Educación ha intensificado el proceso de licenciamiento de Instituciones de Educación Superior Tecnológica (IES e IEST), con el objetivo de asegurar estándares de calidad y mejorar las oportunidades laborales para miles de jóvenes.
Tan solo en lo que va del año, 20 instituciones han sido licenciadas: 8 IES públicos, 10 privados y 2 escuelas tecnológicas privadas, en regiones como Ica, Ayacucho, La Libertad, Puno, Cusco, Lima y más. En 2023 fueron 48 institutos los que obtuvieron el licenciamiento. En total, desde 2018, ya son 188 instituciones autorizadas, que hoy forman a más de 312 mil estudiantes.

“El licenciamiento no es un trámite más. Es una garantía de calidad y una puerta directa al empleo para nuestros jóvenes”, destacó el ministro de Educación, Morgan Quero. Además, el Minedu brinda acompañamiento técnico a las instituciones y a las direcciones regionales de Educación para fortalecer la infraestructura, la gestión y los recursos pedagógicos.
El Modelo de Excelencia: formar técnicos con visión de futuro
De forma paralela, el Minedu impulsa el Modelo de Servicio Educativo Superior Tecnológico de Excelencia, una apuesta por modernizar los institutos públicos y responder directamente a las necesidades de los sectores productivos.
Este modelo no solo actualiza los estándares de calidad, sino que pone en el centro del aprendizaje a carreras clave como energía, manufactura, finanzas y logística, incorporando además inglés técnico, habilidades digitales, innovación y emprendimiento. A la fecha, 26 institutos públicos han adoptado este enfoque, beneficiando a más de 8 mil estudiantes.
Educación tecnológica con visión digital
Además, el Minedu trabaja en actualizar los programas de estudio en tecnologías de la información. En alianza con el sector productivo y la academia, se están incorporando competencias de vanguardia como inteligencia artificial, machine learning y big data, con el objetivo de preparar profesionales a la altura de los nuevos desafíos digitales.
Inversión récord para la educación superior técnica
El compromiso con la educación técnica es firme. Desde el 2023, el Gobierno ha incrementado de forma sustancial el presupuesto para fortalecer la formación tecnológica. Los programas presupuestales 107 y 147 pasaron de S/700 millones a más de S/1097 millones, una inversión que refleja la apuesta del Estado por el talento joven como motor del desarrollo nacional.
Política
Congresista Muñante arremete contra ‘Fiscales Supremos’ por no restituir a Patricia Benavides
En una nueva muestra de la presión ejercida desde sectores conservadores, el parlamentario de Renovación Popular cuestionó duramente a la Junta de Fiscales Supremos, evidenciando la desesperación de la derecha por devolverle el poder en la Fiscalía.

El congresista de Renovación Popular, Alejandro Muñante Barrios, enfiló sus críticas contra la Junta de Fiscales Supremos por no restituir a Patricia Benavides Vargas como fiscal de la Nación, pese a la resolución emitida por la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Desde sus redes sociales, el legislador acusó a los fiscales supremos de “ponerse por encima de la ley” y de desacatar abiertamente una decisión legal y vinculante.

“No hay dos fiscales de la Nación, ni tampoco una disputa por la titularidad del Ministerio Público”, escribió Muñante en un mensaje publicado en su cuenta de X, insistiendo en que la única titular legítima es Benavides Vargas.
La reacción del congresista refleja la creciente desesperación de sectores de derecha, que buscan a toda costa devolverle el control del Ministerio Público a una figura altamente cuestionada por sus presuntos vínculos con una red de corrupción. La narrativa de “restitución inmediata” ha sido impulsada desde el Congreso y medios afines, en un intento por debilitar a la no menos cuestionada Delia Espinoza y revertir la feroz crisis institucional con una solución política disfrazada de legalidad.
Muñante y sus aliados insisten en desconocer la autonomía del Ministerio Público cuando no les favorece, revelando una agenda que más prioriza intereses, antes que justicia.
Política
Fiscalía: Delia Espinoza cede ante la ley y repone a Tomás Gálvez
Tras semanas de resistencia y pese a una orden judicial, la fiscal de la Nación Delia Espinoza fue cuestionada y advertida con una denuncia por desacato. Finalmente, no le quedó más alternativa que rectificar su postura y restituir al fiscal supremo Tomás Gálvez.

En una muestra más del desgobierno y la politización que afecta al Ministerio Público, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza Valenzuela, finalmente acató –a regañadientes– el mandato judicial que ordenaba la reposición del fiscal supremo Tomás Aladino Gálvez Villegas. Su terquedad, más que un gesto de firmeza, fue una negativa abierta a respetar la ley.

Desde que el Tribunal Constitucional dispuso su reincorporación, y pese a que la Junta Nacional de Justicia restituyó su título en abril, Espinoza Valenzuela se negó por semanas a asignarle un despacho, desobedeciendo al Décimo Juzgado Constitucional de Lima. Esta actitud no solo puso en entredicho su capacidad de liderar una institución ya golpeada por la crisis, sino que expuso una peligrosa indiferencia ante las resoluciones judiciales.
Gálvez Villegas, quien fue separado en 2021 sin condena firme, estaba en su derecho de regresar. No obstante, la máxima autoridad del Ministerio Público prefirió alargar el conflicto y tensar aún más la situación institucional. Fue necesaria la amenaza de una denuncia por «omisión de funciones» para que Delia Espinoza terminara por firmar la Resolución N.º 1874-2025-MP-FN, publicada el 20 de junio, asignando finalmente a Tomás Gálvez la Fiscalía Suprema de Familia.
Este episodio evidencia un patrón preocupante: Espinoza Valenzuela no solo está enfrascada en una pugna interna con Patricia Benavides por el liderazgo de la Fiscalía, sino que también actúa al margen de la Constitución y los fallos del Poder Judicial. Su obstinación no es digna de una fiscal de la Nación. Si no está dispuesta a cumplir la ley, debería, como sugiere el propio Gálvez, dar un paso al costado.
Política
Antauro Humala forma alianza con JPP y ahora estará al lado de Pedro Castillo
Etnocacerista y exmandatario unirán fuerzas dentro del partido del congresista Roberto Sánchez.

Dios los cría. Desde la izquierda buscan formar un frente que le dé batalla a la derecha en las próximas Elecciones del 2026, y para ello no importa juntar “perro, pericote y gato”.
Ni buen recobró su libertad Antauro Humala en el año 2022 dejó en claro que tenía toda la intención de incursionar en la política para estar cerca del poder, ya que desde las armas le había sido proscrito. Así, de manera no oficial, estuvo vinculado con el partido Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros (A.N.T.A.U.R.O.), donde salía cada cierto tiempo a exponer su ideología para muchos extremista.
Luego de que el pasado 28 de enero la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema ratificara la cancelación de la inscripción del partido A.N.T.A.U.R.O. en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el líder etnocacerista que purgó condena por el recordado ‘Andahuaylazo’ anunció que el exmandatario Pedro Castillo y él se unirán bajo los colores de Juntos por el Perú (JPP) del congresista Roberto Sánchez.
“Esta coalición es un bloque nuevo y aquí estoy dando la primicia, la presentación de un bloque nacionalista”, indicó Humala Tasso.
En ese sentido, Antauro explicó que la coalición con Castillo obedece a que tienen como enemigo común a la derecha peruana.
“Este bloque va a causar polémica porque está creciendo. Vamos a informar de qué se trata y voy a hablar con los compatriotas”, manifestó.
Además, adelantó que el anuncio oficial se realizará en una conferencia de prensa en Lima junto al exministro Sánchez y a un delegado de Pedro Castillo. En otro momento, aseguró que el expresidente Castillo “tuvo errores”.
Consultado sobre las personas que integrarán la plancha presidencial, Antauro mencionó que esta no está definida, pero que esta deberá estar formada por los mejores dirigentes de los partidos de la coalición.
“Seguramente nosotros vamos a liderar las listas de diputados y senadores. Yo no puedo ser candidato (presidencial), solo puedo liderar una lista al Senado”, sostuvo.

El dato:
Cabe precisar que además de los grupos de izquierda antes mencionados, a la coalición también se unirá otro partido de izquierdo que -según Antauro- todavía no puede ser revelado. Sin embargo, aclaró que no se trata de Perú Libre.
Política
Congreso derrocha S/ 480 mil en alquiler de oficina pese a tener locales vacíos en el Centro
Despilfarro parlamentario. Una resolución oficializó el alquiler sin justificar técnicamente la elección del inmueble, adjudicado al consorcio Pisano SAC, cuyo gerente está afiliado a Somos Perú, partido con presencia en el Congreso, lo que genera sospechas de favoritismo político.

Mientras el país atraviesa una crisis económica y miles de ciudadanos luchan por llegar a fin de mes, el Congreso de la República vuelve a dar una muestra clara de desconexión y derroche. Una de sus unidades ejecutoras ha firmado un contrato de alquiler por S/ 480 mil anuales para ocupar el sexto piso de un edificio en la avenida San Luis 1361. La cifra, que equivale a S/ 40 mil mensuales, resulta escandalosa considerando que el Congreso ya cuenta con numerosas oficinas en el Centro Histórico de Lima, muchas de las cuales están subutilizadas.

La operación ha sido oficializada mediante una resolución directorial que no ofrece mayor justificación técnica ni argumenta por qué se optó por ese predio en particular. Aunque se menciona que se evaluaron doce postores, no se detallan los criterios que llevaron a adjudicar el contrato al consorcio ‘Pisano SAC’, empresa cuyo gerente general Luis Arturo Luy Chung, figura como militante de Somos Perú, partido político con representación congresal. Este vínculo ha encendido las alarmas sobre posibles conflictos de interés y favorecimientos indebidos.
Más preocupante aún es el hecho de que el gasto no se limita al alquiler. La resolución autoriza el uso de fondos públicos para costear el transporte diario en taxi de ida y vuelta entre la sede del Congreso y el local en San Luis. Con un costo estimado de S/ 30 por trayecto y hasta S/ 80 diarios por persona, el gasto operativo se dispara de forma absurda y sin justificación clara.
Desde el Congreso se intenta justificar esta decisión argumentando que el local servirá para la implementación de oficinas relacionadas con la futura bicameralidad. Sin embargo, no existe un plan concreto aprobado para dicha reforma, lo que convierte este alquiler en una apuesta costosa e innecesaria.
La pregunta que muchos ciudadanos se hacen es simple: ¿era realmente necesario alquilar un nuevo espacio cuando ya existen oficinas disponibles en pleno centro de Lima? Para varios parlamentarios, la respuesta es un rotundo no. Denuncian que este tipo de decisiones solo refuerzan la imagen de un Congreso que gasta sin control y prioriza intereses políticos por encima del bienestar ciudadano.
En tiempos de austeridad, este tipo de gastos injustificados representan no solo una burla a la población, sino también una señal clara de que la reforma que realmente necesita el Congreso es la de su propia ética.
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