Política
¿Show mediático? Fiscal Rocío Sánchez y el caso Julio Guzmán
¿Cómo es posible que una fiscal que lleva un caso tan emblemático e importante como Los Cuellos Blancos del Puerto, tenga temor de que a un candidato presidencial como Julio Guzmán se le haga un show mediático sobre su investigación? ¿Cómo es posible que un candidato presidencial que dio declaraciones el 2016 ante el fiscal José Domingo Pérez haya afirmado en ese momento que no sabía nada sobre su denuncia del JNE? Y por eso fue archivada. Y como ahora ya está empezando su campaña presidencial, como por arte de magia y luego de 48 meses de amnesia, ahora recuerde todo y por eso ha empezado a mencionar que en la contienda pasada le pedían pagos para que no lo excluyan del proceso electoral. Con ustedes Julio Guzmán.
Inmediatamente después de que el Equipo Especial inició una investigación preliminar el 17 de agosto por lavado de activos a Julio Guzmán por supuestamente haber recibido 400 mil dólares de Odebrecht, se dio un revelador diálogo en WhatsApp entre Rocio Sánchez Saavedra, fiscal integrante del Equipo Especial y el asesor de la bancada del Partido Morado y excandidato al congreso por esa agrupación, Carlo Magno Salcedo. En aquella conversación el abogado Salcedo le consulta una información a la fiscal, ya que a Guzmán lo habían llamado ese día de la fiscalía para pedirle su dirección para enviarle un documento.
Entonces, Salcedo le pregunta a la fiscal si ese documento tendría alguna relación con lo que ellos estuvieron coordinando y la fiscal le responde que no, que ese documento no tenía nada que ver y más bien recomendó que antes de que le hicieran un show mediático a Guzmán, ellos verifiquen qué número de carpeta es la que buscan para que luego ella lo vea en el sistema. Y es ahí que Salcedo le da el dato a la integrante del Equipo Especial y le dice que la fiscal adjunta es Lila Romualdo con la Carpeta número 92020. Y ¿qué creen que respondió la fiscal Rocío Sánchez? Ella muy diligente y servicial respondió:“Lo busco, estoy en declaración con testigo ahorita”.
Pero ahora ella está saliendo en los medios con una coartada y viene sustentando una semántica y/o interpretación inverosímil a su conversación y señala que no se debe perjudicar la reserva de la investigación, porque en el contexto de su conversación asegura que si actualmente han desarchivado una investigación antigua en relacion al mismo hecho, podría generarse un tema mediático que ayudaría a trascender la información nueva que se está incorporando en su caso. Además, dijo que no es conveniente que transcienda quiénes serían las personas que ellos sindican como intermediarios y como los que habrían participado en los actos dolosos. Además, en un afán de justificarse aseveró que cuando el abogado solicitó información (así le llama al asesor de Julio Guzmán) no estaba refiriéndose a una investigación de otro despacho, y que se estaba refiriendo a las coordinaciones que ambos realizaban, apropósito de las diligencias ya desplegadas.
Sin embargo, ella se contradice cuando afirma que es normal un ofrecimiento de información sobre un caso que investiga otra magistrada. ¿Acaso tiene lógica que una fiscal que lleva el caso Cuellos Blancos, averigüe para otros y brinde información sobre otro caso que ella no conduce, como lo es el de Julio Guzmán por Lava Jato? No obstante, igual arremete y señala que en la filtración del WhatsApp ha habido un despropósito porque se ha descontextualizado su conversación. ¿A quién se refiere exactamente cuando habla de despropósito? Si tomamos en cuenta que ella imputa directamente a Salcedo como el autor de la filtración de la imagen de WhatsApp, aunque no sabe con qué fines, pero insiste en que al final perjudicarán la investigación porque existen intereses ocultos detrás de todo esto. ¿Cómo puede asegurar que existen intereses ocultos si no sabe con qué fines se filtró el pantallazo de WhatsApp? Evidentemente todas sus explicaciones se han convertido en un concurso de contradicciones.
Aquí algunas respuestas textuales de Rocio Sánchez que por cierto son delirantes:
“Yo no conozco a la citada doctora Romualdo, no sabía dónde trabaja y el número de la carpeta tampoco se me hacía familiar por eso le digo que me dé la numeración para buscarla en el sentido de saber si se había desarchivado esa investigación antigua siempre en el marco de los hechos que me corresponde investigar; no hemos tomado conocimiento no se sabía que existía una investigación en ese momento por otro despacho por cuanto, trasciende de la noticia publica que ese es el mismo día que le están notificando”.
Asimismo, con respecto a la opinión de su colega la fiscal Sandra Castro, Rocío Sánchez se justifica y dice:
“No he conversado con ella. (sic) En el tema descontextualizado, a cualquiera le puede sorprender un tipo de comunicación de esa naturaleza, pero si estamos hablando de una comunicación con una persona que participa dentro de un cuaderno de colaboración eficaz, sabemos todos los abogados que los procesos de colaboración eficaz se llevan con personas dentro de un trabajo horizontal. Entonces, no hay allí controversia ni litigio; hay confianza entre el colaborador con el fiscal y el fiscal con la información que proporcionan; lo mismo con los testigos, siempre se trata de una manera cordial a las personas que colaboran con la investigación, pero eso no trasciende a cometer algo irregular dentro de la investigación que además perjudicaría los fines de la misma. Así que está por descontado que haya habido algún tipo de acto irregular en esta comunicación. Por eso digo, que no se me puede vincular a un grado de amistad, porque de lo contrario que haya trascendido esto desdice el tema de la amistad y del contubernio para favorecerlo, es una contradicción”.
Sabemos que Rocío Sánchez estudió derecho en la Universidad Mayor de San Marcos con Carlo Magno Salcedo y terminaron en la misma promoción, pero ella niega que son amigos y cuando le preguntan sobre su amistad con Salcedo, ella dice:
“En la UNMSM de donde soy titulada, una promoción tiene alrededor de 300 alumnos; entonces podemos conocernos, pero no ser necesariamente amigos. Yo doy testimonio de que al señor Salcedo (sic) desde que hemos egresado de la universidad no he tenido ningún tipo de comunicación, hasta que en búsqueda de la información él es el abogado que nos facilita al testigo y además es una declaración testimonial; no está investigado, no es un imputado, entonces no hay ningún conflicto de interés allí; él es un abogado y yo una representante del Ministerio Público que en el ejercicio de sus funciones recibe una declaración testimonial”. ¿Es creíble, que luego de haber concluido la universidad y que a lo largo de los años, uno se encuentra con su promoción que no vio desde la graduación e inmediatamente inicia una conversa por WhatsApp con mucha confianza para pedir un favor?
Con respecto a esa confianza, cuando se le preguntó que si el asesor de Julio Guzmán no es su amigo, ¿Entonces por qué la tutea? ella dijo:
“Probablemente sí, y si preguntan a otros abogados que colaboran con las investigaciones en mi despacho yo tengo un trato horizontal; de repente esa es la mea culpa, la forma de dar un tipo de confianza con las personas que se comunican conmigo pero es siempre en un tema de confianza, respeto y lealtad a la información que proporcionan”.
Asimismo, en otro informe periodístico el reportero de Panorama cuando le preguntó a la colega de Rocio Sánchez, la fiscal Sandra Castro ¿si en su labor como fiscal ellas tenían coordinaciones? La magistrada respondió sorprendida:
“Acá hablan de coordinaciones pues (sic) y me parece que… bueno yo de manera personal no diría esto… sí, aquí dice Julio Guzmán y pide número de carpeta… de otra fiscalía será. Sí, claro acá está pidiendo un favor; este asesor de Julio Guzmán o colaborador… no me preocuparía yo porque no le hagan un show mediático y mucho menos a una persona de un partido político como Julio Guzmán y verdaderamente me apena bastante. Ahora entiendo las informaciones en los medios de comunicación que este señor Julio Guzmán está muy contento, como que están tomando el caso Cuellos Blancos para hacer su campaña política”.
Asimismo, el fiscal José Domingo Pérez no pudo defender lo indefendible, pero no sabía cómo responder y trató de minimizar la conducta de su colega y afirmó: “Me parece un poco así… no adecuado, por no decir otros términos, pero sí, la señora fiscal mencionada Lily Romualdo es de este despacho”.
El hecho es, que la Oficina Desconcentrada de Control Interno del Ministerio Público a través de la fiscal adjunta Rosario Velazco, acaba de abrir una investigación preliminar contra la Fiscal Provincial Provisional e integrante del Equipo Especial del caso Cuellos Blancos del Puerto, Rocio Sánchez y la Fiscal Adjunta Provincial Provisional y también integrante del Equipo Especial Lava Jato Lily Romualdo Jaque a raíz de la conversación filtrada de WhatsApp entre Sánchez y el asesor Salcedo. En ese sentido, las dos integrantes del Equipo Especial Lava Jato deberán presentar sus descargos hasta el próximo martes 15 de septiembre, por la presunta comisión de infracciones administrativas en el ejercicio de sus funciones.
Con respecto a la indagación que les acaba de abrir la ODCI a las dos fiscales, Rocio Sánchez dice textualmente:
“Todos los magistrados somos sujetos a investigaciones disciplinarias y eso es normal en el desempeño de las funciones, pero en este caso la conversación en concreto forma parte de una facultad y en el ejercicio de mis funciones en ningún momento mi persona ha tomado conocimiento, ni ha solicitado información, ni ha generado ningún tipo de injerencia en una investigación que no sea de mi competencia. Yo estoy segura que la Oficina Desconcentrada de Control Interno una vez que reciba el informe de mi parte, así como de la fiscal del Equipo Especial Lava Jato a quien no conozco y estoy segura que tampoco ella me conoce… (sic) con quien no conozco sus teléfonos, ni su nombre, ni sus apellidos hasta después de que trasciende esta noticia, entonces van a advertir que no hay ningún tipo de vinculación ni comunicación y por lo tanto no hay forma de que se haya tratado de beneficiar o ayudar en una investigación de la cual se desconocía. Yo creo que quieren aprovechar la coyuntura para salir tras bambalinas, pero sobre todo hay intereses políticos, económicos para que no continuemos con esta línea de investigación; no es un solo hecho, son varios actos que tenemos que profundizar y de repente hay muchas personas que estén preocupadas porque esto ha trascendido”.
Lo cierto es que, aquellas “extrañas coordinaciones por WhatsApp” han generado sus efectos, porque la Fiscal de la Nación Zoraida Ávalos acaba de designar a Sandra Castro Castillo como coordinadora de los despachos fiscales que integran a la Fiscalía Supranacional Corporativa Especializada contra el Crimen Organizado del Callao, encargada de las investigaciones del caso Los Cuellos Blancos del Puerto. Si bien Rocio Sánchez se encargaba exclusivamente del caso de la red criminal chalaca que tiene nexos con el Poder Judicial y la Fiscalía, la decisión de la doctora Ávalos que designa a Sandra Castro como coordinadora en reemplazo de Sánchez, también ordena que la fiscal Roxana Jáuregui Soto, titular del Tercer Despacho de la Fiscalía Supranacional Corporativa Especializada contra el Crimen Organizado del Callao, se integre al Equipo Especial de Fiscales. En ese sentido, la Fiscal de la Nación Zoraida Ávalos ha sido enfática y suscribió:
“En consonancia con la política institucional de luchar contra la corrupción en cualquiera de sus manifestaciones, el caso Los Cuellos Blancos del Puerto constituye una expresión de ello, siendo necesario el fortalecimiento de dicho equipo especial de fiscales en aras de la obtención de investigaciones oportunas y eficaces”.
Asimismo, la congresista Carolina Lizárraga acaba de renunciar a su cargo como directiva en el CEN del Partido Morado, así como a su Comité Político. A pesar de que ella fue fundadora, hoy solo se ha quedado como militante. Cabe resaltar que Lizárraga ha mostrado independencia en sus decisiones con respecto al partido, e incluso algunas de sus votaciones en el pleno del congreso no han sido en concordancia con su bancada morada. Además, la congresista Lizárraga también ha sido magistrada y por lo tanto conoce perfectamente qué no debe hacer una fiscal en el ejercicio de sus funciones y qué no debe hacer un candidato a la presidencia al inicio de una campaña. Y esta vez al parecer Julio Guzmán pretende aprovechar la situación para hacer un trampolín político.
Política
Presunta ‘red de prostitución’ del Congreso pretende cambiar el rumbo de la investigación en el asesinato de Andrea Vidal
No cabe duda que en algunos congresistas ha crecido el temor de que la investigación de la ‘presunta red de prostitución’ y el asesinato de la extrabajadora que fue contratada por la influencia de Alianza para el Progreso llegue hasta el final y logre dar con los verdaderos responsables. Por ello, aducen que Andrea Vidal fue una víctima circunstancial porque quien estaba en la mira de los sicarios era el taxista.
Desde el Congreso de la República emitieron un comunicado que atribuye el asesinato de Andrea Vidal a la inseguridad ciudadana, e indicaron que los sicarios tenían como verdadero objetivo al taxista, basándose en un documento pericial de protocolo de necropsia que no tiene firmas ni sellos oficiales, ni de la Fiscalía, ni de Medicina Legal. A pesar de que la Fiscalía continúa con las investigaciones sobre el asesinato de la extrabajadora del área Legal del Parlamento quien fuera contratada por las huestes de Alianza para el Progreso (APP), desde el Legislativo algunos congresistas y funcionarios prácticamente se han atribuido el rol de fiscales y jueces porque prematuramente ya han sacado una conclusión sobre el caso.
A través de su cuenta oficial de X, antes Twitter, el Parlamento se solidarizó con la familia de la joven e indicó que ella una víctima más del sicariato, alegando que esto lo ha determinado el análisis balístico de la Policía Nacional del Perú (PNP).
«Nos solidarizamos con la familia de la señorita Andrea Vidal. Tal como ha determinado el análisis balístico de la Policía Nacional del Perú, ha sido una víctima más del sicariato que golpea duramente a nuestra sociedad. En este caso, los criminales tenían como objetivo al conductor del taxi», escribieron.
Asimismo, el Poder Legislativo instó a la Fiscalía de la Nación a acelerar la investigación del caso y exhortó a la PNP a realizar las acciones necesarias para capturar a los criminales.
«Instamos a la Fiscalía a acelerar la investigación para esclarecer los hechos y exhortamos a la Policía Nacional a realizar las acciones que sean necesarias para la captura de los sicarios».
La necropsia de Andrea Vidal Gómez y el taxista José Vargas Briceño
El protocolo de necropsia que no tiene sellos ni firmas oficiales revela que Vidal sufrió siete impactos de bala: uno en la cabeza, específicamente en la región parietal derecha, que resultó ser la herida fatal; dos en la mama izquierda y cuatro en las extremidades inferiores (dos en el muslo derecho, uno en la pierna derecha y uno en el pie).
En cuanto al taxista, recibió 16 impactos de bala distribuidos en la cabeza (2), cuello (4), tórax (5), abdomen (1), pelvis (2) y extremidades superiores (2). Según la observación forense, la concentración de disparos en la cabeza, cuello y tórax indica que los atacantes buscaban asegurar la muerte de las víctimas.
El informe señala que la trayectoria de los proyectiles, de arriba hacia abajo, sugiere que los atacantes eran sicarios que dispararon desde vehículos en movimiento, posicionándose en paralelo al objetivo para maximizar la eficacia del ataque.
En el documento, insólitamente concluyeron que el conductor, José Daniel Vargas Briceño, era «probablemente el objetivo principal del ataque», ya que los disparos se concentraron en el parabrisas y el lado izquierdo del vehículo, coincidiendo con su posición. Además, se destaca que la participación de sicarios y la intensidad del ataque apuntan a un ajuste de cuentas por motivos criminales.
Política
Despiden a trabajadores de la Municipalidad del Cusco por beber licor dentro de su trabajo [VIDEO]
Trabajadores municipales del Área de Fiscalización realizaron una fiesta el pasado 27 de diciembre.
Un poco más y los agarraban en plena ‘hora loca’. Cinco trabajadores de la Municipalidad Provincial del Cusco fueron despedidos luego que se descubriera que estaban bailando y bebiendo alcohol dentro de las oficinas del Área de Fiscalización de la mencionada comuna cusqueña.
La oficina, usualmente compuesta por computadoras, escritorios y documentos, fue alterada de manera radical para darle la impresión de una discoteca, con sus luces de neón que podían ser apreciadas fácilmente desde los exteriores del edificio municipal.
En un principio todos imaginaban que esa fiesta clandestina se había realizado recientemente; sin embargo, esta tuvo lugar el pasado 27 de diciembre, cuatro días antes de las celebraciones de Año Nuevo.
En las imágenes se puede apreciar al personal de Recursos Humanos sorprendiendo en flagrancia a los trabajadores municipales cuando estos se preparaban a consumir ron con gaseosa.
La comuna cusqueña se pronunció esta semana a partir de que los videos de esta fiesta comenzaron a circular en las redes sociales.
“Tras lo ocurrido, y por mandato del alcalde Luis Pantoja, se rescindió el contrato de los cinco involucrados”, se lee en el comunicado en el que no se nombra a los implicados.
Paradójicamente, el área tiene la función de realizar intervenciones a los locales nocturnos.
En la oficina, se encontraron hasta cinco botellas de ron y gaseosa, además de las luces de fiesta y música a alto volumen, que se escuchaba desde el exterior del local municipal.
Los trabajadores, en presunto estado de ebriedad, fueron sorprendidos mientras bailaban.
De momento, la Municipalidad Provincial del Cusco comunicó que los implicados han sido sometidos a los procedimientos administrativos correspondientes y deberán responder a la Ley Disciplinaria en caso amerite.
Política
Dina Boluarte desafía a encuestas que le dan bajas cifras: «Les he dicho que me pongan CERO»
Durante una actividad oficial la presidenta arremetió contra las encuestadoras y le atribuyó a su Gobierno el “crédito” del crecimiento económico. Asimismo, hace unas horas aseguró que se siente orgullosa de servir al pueblo de manera honesta y con las “manos limpias”, por lo que nadie puede señalarla con el dedo al aducir que no tiene carpetas fiscales por actos de corrupción.
Durante la reunión para la Gestión de Inversiones para el Desarrollo Territorial – Agenda 2025, desarrollado en el distrito de San Borja, la presidenta de la República, Dina Boluarte respondió fuerte y claro sobre las encuestas que la ponen entre las más bajas cifras de popularidad. Ante ello, la mandataria pidió que la califiquen con un “cero”, para que así la impulsen a trabajar más por el Perú.
Dina Boluarte dice que gracias a su trabajo la economía ha crecido
En su intervención, la mandataria afirmó que, pese a las críticas en contra de su gobierno, ella está demostrado que han venido trabajando con mejoras en la economía y que ese es un punto innegable; incluso, para aquellos que señalan que «no trabaja».
«Este año que terminó, 2024, vimos con satisfacción y orgullo que nuestra economía ha crecido. Eso nadie lo puede negar, ni siquiera aquellos que nos dicen que no hacemos nada y que nos ponen en las encuestas el 3%, 4%. Ayer en un periódico ‘que nos quiere mucho’ nos han puesto un puntito más. Yo lo que les he dicho es que no me hagan el favor. No les he dicho que me suban; pónganme ‘cero’, y realmente nos concentraremos en seguir trabajando», enfatizó.
«Nadie puede dirigirme el dedo» (por actos de corrupción) ¿Y el caso Rolex qué?
Asimismo, apenas hace 24 horas, desde La Libertad, anunció que nadie puede decir que su gobierno, específicamente nadie de su gabinete, ni ella, son señalados por actos de corrupción, ni que tengan investigaciones abiertas por delitos contra la administración pública.
«Con el orgullo de peruana y decir: Gracias Dios por haberme dado la oportunidad de servir a mi pueblo y lo hice de manera honesta con las ‘manos limpias’. Nadie puede dirigirme el dedo, ni a mí, ni a mis ministros. Ninguno tenemos ninguna carpeta por actos de corrupción», complementó la mandataria.
Sin embargo, Dina Boluarte omite decir que sí existe una, entre las varias investigaciones que corren en su contra y que mantienen una carpeta en el Ministerio Público, precisamente por el caso ‘Rolex’, que la acusa de enriquecimiento ilícito.
Política
Aron Espinoza: “La incapacidad del alcalde de Lima se demuestra al no entregar una obra emblemática porque está en campaña presidencial” [VIDEO]
El regidor metropolitano remarcó que Rafael López Aliaga demuestra su incapacidad, pero además contó que ha endeudado a Lima con un crédito de más de S/5 mil millones que los pagarán los próximos 4 o 5 alcaldes y manifestó que el burgomaestre solo piensa en su campaña presidencial y no en gobernar la capital que lo eligió.
El regidor de Lima, Aron Espinoza Velarde, vuelve a cuestionar la gestión municipal del alcalde metropolitano Rafael López Aliaga y acusó a éste por múltiples razones, entre ellas de preocuparse más por su campaña presidencial en lugar de inaugurar alguna obra emblemática en 25 meses de gestión ininterrumpida.
Asimismo, por haber endeudado irresponsablemente con S/5 mil millones a la comuna capitalina con el fin de tener caja para publicitar una obra que ni siquiera tiene expediente técnico, la Vía Expresa Sur, en la que trata de amedrentar a un juez por haber concedido una medida cautelar en favor de varios vecinos de un Asentamiento Humano de San Juan de Miraflores y que a pesar de ser propietarios fueron despojados de sus casas porque éstas fueron demolidas por orden del alcalde Rafael López Aliaga.
Regidor critica que alcalde López Aliaga no respeta la propiedad de los demás
En conversación con Exitosa, el regidor Espinoza Velarde también criticó que López Aliaga a través de la Municipalidad denunciara al juez Javier Paredes Salas por presunto prevaricato y usurpación de funciones, luego de que dictara una medida cautelar que suspendía las obras de la Vía Expresa Sur.
«Ha declarado en emergencia la Vía Expresa Sur y ha encargado a EMAPE la demolición, pero le puso el alto un juez y lo único que hace es amedrentarlo. Sabemos que la obra es importante, pero ¿Qué hacemos si no respetamos la propiedad de los demás? Si no tenemos expediente técnico, ¿Cómo podemos saber el trazo real de esa obra?», denunció Espinoza.
López Aliaga en su segundo año de gestión demuestra su incapacidad
El regidor de Lima también indicó que el burgomaestre Rafael López Aliaga está demostrando su incapacidad al no entregar una obra emblemática y apuntó que el burgomaestre solo inaugura «obras pequeñas» como escaleras o losas deportivas en distritos de la capital y que además organiza grandes convocatorias con inauguraciones incluidas para presentar los grandes logros de estas “obras”.
«La incapacidad del alcalde de Lima se demuestra al no entregar, en su segundo año de gobierno, una obra emblemática que tenga el sello de Rafael López Aliaga. Lo que hace para tapar esa incapacidad de ejecución de obra, es inaugurar obras pequeñas como escaleras, losas deportivas, etc. Hace toda una gran convocatoria como si fuera una gran obra», señaló.
López Aliaga endeudó a Lima por S/5 mil millones
En esa misma línea, Aron Espinoza afirmó que los próximos 4 o 5 gobiernos pagarán la deuda que estaría dejando Rafael López Aliaga. Posteriormente, calculó que la deuda ascendería a S/5 mil millones.
«Nos hemos sobreendeudado. Hay que decirles a los limeños que los próximos 4 o 5 gobiernos, de los próximos alcaldes, pagarán la deuda que hoy ha comprometido Rafael López Aliaga, irresponsablemente. Son más de S/5 mil millones de soles (…) Esa obra (Vía Expresa Sur) también ha sido parte del gran endeudamiento que ha tenido la Municipalidad», aseveró.
El alcalde López Aliaga está enfocado en su campaña presidencial y no gobierna la ciudad capital
Finalmente, el regidor metropolitano manifestó que el burgomaestre de Lima está pensando en su campaña presidencial y no en gobernar la capital, por la que fue elegido.
«El señor está pensando en su campaña presidencial y no está pensando en gobernar Lima, por lo que fue elegido. No puede ser posible que un alcalde esté pensando en cómo se ve haciendo una obra y que esto le sirva de plataforma para ser el próximo candidato presidencial», culminó.
Pidieron a Contraloría que intervenga a la MML por financiamiento de la ‘Marcha por la Vida’
Como se recuerda, a inicios del mes de diciembre del 2024, el regidor Aron Espinoza denunció que desde las redes institucionales de la comuna metropolitana pretendieron lavarse la cara, porque anteriormente ellos eran promotores de la ‘Ley Cavero’ y también solicitó la intervención de la Contraloría por el presunto mal uso de fondos públicos para costear la denominada ‘Marcha por la vida’.
En aquel momento, el regidor criticó las acciones que venía realizando el alcalde de Lima Rafael López Aliaga y afirmó que el burgomaestre, estaba desesperado por levantar su popularidad porque estaba más preocupado en su campaña presidencial. En tal sentido, pidió que la Contraloría General de la República investigue el financiamiento de la Municipalidad Metropolitana para la ‘Marcha por la Vida y Familia’.
MML gastó más de S/9 mil en materiales para la ‘Marcha por la Vida y la Familia’
La Gerencia de Desarrollo Humano, mediante la Subgerencia de la Mujer y Familia de la Municipalidad de Lima, adquirieron miles de globos, matracas y silbatos por más de S/9 mil, con el dinero de los tributos de todos los vecinos de Lima para una marcha de color “celeste” que se desarrolló el pasado sábado 7 de diciembre del 2024.
Según la web de Convocatorias para Compras, que no sobrepasen las 8 UIT, el 04 de diciembre, la MML pidió una cotización para la compra de materiales para la ‘Marcha por la Vida y la Familia’, por el número de 1mil banderines, 2 mil globos, 30 cientos de globos pencil, 500 matracas, 500 silbatos, y otros materiales que fueron utilizados por los manifestantes durante la marcha.
Sin embargo, a la fecha esta acción continúa pasando desapercibida y la Contraloría no ha emitido ningún informe al respecto.
🔴🔵#HablemosClaro💬💬 | En diálogo con Exitosa, el regidor de Lima, Aron Espinoza, acusó al alcalde Rafael López Aliaga de endeudar a la MML. "Los próximos cuatro o cinco gobiernos pagarán la deuda de más de 5 mil millones", indicó.
— Exitosa Noticias (@exitosape) January 17, 2025
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Política
Reasignan al capitán ‘Culebra’ a Moquegua para que cumpla funciones como policía comunitario [VIDEO]
Capitán PNP Junior Izquierdo es uno de los principales testigos en las investigaciones contra el ministro del Interior Juan José Santiváñez, quien habría ordenado el cierre de la DIVIAC, así como realizar seguimiento al comunicador Marcos Sifuentes.
Lo mandaron lejos. La Comandancia General de la Policía Nacional del Perú (PNP) designó al capitán Junior Izquierdo Yarleque, alias “Capitán Culebra”, como policía comunitario en Moquegua.
Esta resolución firmada por el general Víctor Zanabria, se emite poco después de que el titular del Ministerio del Interior (Mininter), Juan José Santiváñez, se negara a entregar su cuenta de iCloud a la Fiscalía de la Nación, en el marco de una investigación en su contra.
El documento oficial justifica la reasignación de los oficiales subalternos de armas y servicios por la “causal de necesidad de servicio”. Sin embargo, este movimiento ha generado dudas sobre sus motivaciones, dada la situación que involucra al ministro Santiváñez.
“Reasignar cargos a los Oficiales Subalternos de Armas y Servicios de la Policía Nacional del Perú, por la causal de necesidad del servicio, con costo y sin costo para el Estado conforme a los anexos 1 y 2 que forman parte de la presente resolución”, se lee.
Antes de su reasignación, el capitán Izquierdo trabajaba en la Dirección Nacional de Orden y Seguridad, gestionando operaciones de emergencia y seguridad pública sin contacto directo con la comunidad. Ahora, como policía comunitario en Moquegua, se enfocará en patrullajes a pie, sensibilización y colaboración con líderes locales para prevenir delitos.
Este cambio se produce en medio de las investigaciones que señalan al ministro Santiváñez por haber solicitado al capitán Izquierdo intervenir en el control del comunicador Marco Sifuentes.
#LoÚltimo
— Canal N (@canalN_) January 17, 2025
Capitán PNP Junior Izquierdo 'Culebra', implicado en investigación contra el ministro Juan José Santiváñez, fue reasignado a Moquegua
Mantente informado en la WEB ► https://t.co/QTAt5w82G4 pic.twitter.com/jN4UI5zZQK
Como se sabe, Izquierdo divulgó audios que, implicarían a Santivañez en comprometedoras conversaciones. En estos audios, se escucharía al ministro mencionar que la presidenta Dina Boluarte le habría ordenado disolver la División de Investigación de Alta Criminalidad (Diviac) para tomar el control del Ministerio del Interior. Además, se sugiere que existía una relación cercana entre ambos.
Política
PJ ordena la liberación de José Nenil Medina, ex alcalde de Anguía [VIDEO]
Ex alcalde vinculado con Pedro Castillo es investigado por los presuntos delitos de organización criminal, colusión agravada y lavado de activos en agravio del Estado.
Política
Fiscalía dispone el retiro de libro de Dina Boluarte de la Biblioteca Nacional tras corroborarse que realizó plagio [VIDEO]
Peritaje técnico arrojó muchas similitudes en la obra de la mandataria pertenecientes a otros autores.
Política
Presentan proyecto de ley que obliga a los policías someterse a pruebas psicológicas trimestrales
La iniciativa presentada en el Congreso busca la estabilidad emocional de los agentes policiales, considerando que en los últimos años su salud mental se ha ido menoscabando. Por lo que se han reportado múltiples casos de efectivos involucrados en feminicidios, abusos sexuales, extorsión y redes criminales.
Ya no es secreto para la opinión pública que la salud mental de algunos miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) se ha visto menoscabada en los últimos tiempos por acciones antijuridicas, no solo ligadas a actos de corrupción; sino a graves delitos penales, como la violación sexual, el feminicidio, y pertenecer a bandas criminales, bajo el ropaje de un uniforme policial. Debido a estas razones, desde el Congreso proponen establecer de manera obligatoria una evaluación psicológica y periódica para todos los miembros de la Policía del Perú, mientras se encuentren en servicio activo.
De esta manera, la legisladora de la bancada de Perú Libre, María Agüero, ha presentado la propuesta legislativa N° 9928/2024-CR que busca implementar las pruebas psicológicas obligatorias para los miembros de las fuerzas del orden. La iniciativa, establece que los aspirantes a ingresar a la PNP deberán aprobar una evaluación psicológica como requisito indispensable para su admisión; aunque este requisito ya se encuentra incluido en la malla de evaluaciones al inicio de una postulación. Pero, además, se estipula que los policías que se mantengan en servicio activo se sometan a pruebas psicológicas trimestrales.
Se crearía la ‘Comisión Técnica de Evaluación Psicológica de la PNP’
La iniciativa legislativa también contempla la creación de la ‘Comisión Técnica de Evaluación Psicológica de la PNP’, que será la encargada de desarrollar, coordinar, implementar y supervisar el sistema de evaluaciones periódicas para todos los agentes de la institución policial. Este órgano será quien vele por la salud mental de todos los efectivos policiales, con el propósito de que se mantengan aptos mentalmente para el desempeño de sus funciones.
Policías que presenten diagnósticos con problemas de salud mental serán tratados
En caso de que un efectivo de la Policía presente indicios de trastornos emocionales graves, la propuesta legislativa establece su derivación a un tratamiento especializado. Pero, si el agente se niega a recibir el tratamiento psicológico, su actitud será considerada como una infracción disciplinaria, con las consecuencias que ello conlleve, como una sanción drástica.
El Congreso debatirá la propuesta legislativa
La parlamentaria Agüero sostiene que esta medida busca garantizar la integridad y eficacia de la institución policial, asegurando que sus efectivos puedan contar con la estabilidad emocional necesaria para enfrentar las exigencias de su labor diaria. «Es fundamental que nuestros policías estén en óptimas condiciones psicológicas para servir y proteger a la ciudadanía», sostuvo.
Mientras tanto, el proyecto de ley se encuentra en debate en las comisiones correspondientes del Congreso, donde se evaluará la viabilidad y las posibles modificaciones que requiera antes de ser sometido a votación en el pleno. Y de ser aprobado, marcaría un cambio importante en las políticas de recursos humanos de la Policía Nacional del Perú.
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