Política
Ricardo Uceda evidenció los defectos de la investigación contra Ántero Flores-Aráoz, Gastón Rodríguez, y Manuel Merino
“El Ministerio Público no encontró elementos para atribuirles abuso de autoridad o desaparición forzada, ni tampoco indicios de que hubo órdenes desde Palacio de Gobierno para que la policía actuara impropiamente”.
En medio de las manifestaciones del 14 de noviembre del 2020, fueron asesinados los jóvenes Inti Sotelo y Bryan Pintado. Desde ese día, a pesar de no existir pesquisas ni pruebas concretas sobre los responsables de la muerte de los jóvenes, se promovió falsedades que fueron difundidas especialmente por excongresistas del Partido Morado. Invenciones que incluyó una falsa lista de desaparecidos que fue propalada por varios medios de comunicación. Esto no fue casualidad, fue más bien un plan estructurado, que tenía como finalidad tomar la presidencia de la República desde las calles.
Con la muerte de los dos jóvenes también se evidenció la manipulación de la información y el odio político que se fue gestando en la bancada morada, odio que fue apoyado por las bancadas de izquierda para iniciar una cacería contra Ántero Flores-Aráoz, Gastón Rodríguez, y Manuel Merino, acusándolos de ser los responsables de la muerte de Inti y Bryan. Una absurda acusación que fue evidenciada por el periodista de investigación Ricardo Uceda, autor del libro «Muerte en el pentagonito».
Curiosamente, el 12 de octubre de 2021, Uceda escribió un artículo titulado ¿Tres asesinos? en el diario La República. El texto desenmascaró no solo la poca seriedad de la investigación de la Fiscalía, sino que, además, el periodista señaló que “El Ministerio Público no encontró elementos para atribuirles abuso de autoridad o desaparición forzada, ni tampoco indicios de que hubo órdenes desde Palacio de Gobierno para que la policía actuara impropiamente”.
Para Uceda, todo esto fue un mito bastante extendido, que tuvo, además, una carga potente de odio. Sorprendentemente, semanas después de ser publicado el artículo, Ricardo Uceda salió del diario La República.
Actualmente el diario de la familia Mohme insistí en una clara cacería contra Ántero Flores-Aráoz, Gastón Rodríguez, y Manuel Merino. Esta insistencia resulta hasta grosera, luego de que uno de sus periodistas evidenció incluso de que “Flores-Aráoz, por ejemplo, discurseó ante los jefes policiales instándolos a cumplir su deber con respeto a los derechos humanos”.
Sabemos que La República ya no lo compran en los kioscos, pero para paliar la crisis, parece que su estrategia de marketing tiene como único camino apelar al odio, así intentar que cada día la devolución de los diarios se reduzca. Lo que preocupa es que ese odio político ha sido heredado por algunos congresistas del actual parlamento. Congresistas que viven embriagados de ese vil sentimiento. Como diría Baudelaire “El odio es un borracho en el fondo de una taberna, que constantemente renueva su sed con la bebida”.
¿Pero qué dijo Ricardo Uceda en su artículo? El texto inicia señalando dos defectos groseros de la investigación.
El primer defecto: “Un mandatario no es garante de la integridad de quienes participan en una manifestación. La denuncia funda su base legal en el deber del Estado de proteger la vida, más la norma constitucional es demasiado genérica para acusar a cualquiera por asesinato. Es el principal defecto del recurso. Distinto fuera si Merino y sus coimputados conocieron que los policías estaban yendo a matar, como presume una Fiscalía Penal Supraprovincial que los investiga. Entonces cabría reclamarles una falta de reacción a los gobernantes”.
Sobre el segundo defecto de la investigación, Uceda menciona: “No hubo diligencias que buscaran demostrar que Manuel Merino, Ántero Flores-Aráoz y Gastón Rodríguez –presidente, premier y ministro del Interior del gobierno encabezado por el primero– conocían que la policía estuviera empleando municiones prohibidas. Había alertas sobre un uso desproporcionado de la fuerza, algo creíble por los daños de casi un centenar de heridos, pero se requería un trabajo más profesional del Ministerio Público para acreditar omisión homicida. Los mensajes emitidos en su momento por los imputados no apoyan la acusación. Flores-Aráoz, por ejemplo, discurseó ante los jefes policiales instándolos a cumplir su deber con respeto a los derechos humanos. Hay memorándums de Rodríguez, por escrito, en la misma línea”.
El Ministerio Público no encontró nada
Para Uceda la investigación del Ministerio Público se cayó, y esto lo enfatizó mencionando que “La investigación para acusarlos comenzó con la búsqueda de otros delitos. El Ministerio Público no encontró elementos para atribuirles abuso de autoridad o desaparición forzada, ni tampoco indicios de que hubo órdenes desde Palacio de Gobierno para que la policía actuara impropiamente, un mito bastante extendido. Todo eso se cayó. Por eso no se los acusa de ser autores mediatos: no tenían dominio sobre los hechos. Ni siquiera conocían los planes operativos, cuya hechura y administración es de responsabilidad exclusiva de la policía. De modo que los acusaron no por hacer algo sino por dejar de hacerlo, luego de una disforzada construcción teórica para justificar la tipificación”. Es decir, hubo bastante creatividad e invención.
Ricardo Uceda también señala que “La Fiscalía Supraprovincial atribuye al ex comandante general de la PNP Alejandro Lam la autoría mediata del asesinato con alevosía de las víctimas, por haber dirigido una estrategia represiva letal. A cinco jefes más los considera coautores. En el documento que formaliza la investigación preparatoria figuran testimonios de los numerosos lesionados con fotografías de sus heridas y fracturas. La imputación también se apoya en un informe de la Oficina de Integridad del Ministerio del Interior, suscrito por Luis Naldos, cuya conclusión es que hubo uso excesivo e indiscriminado de armamento no letal –perdigones de goma– por parte de la policía”.
Seguido a esto, Uceda revela los puntos controversiales en la investigación, una investigación que a todas luces se encuentra mal hecha. “Este dictamen, sin embargo, no es conclusivo. En su manifestación Naldos declaró que a su oficina no le correspondía establecer responsabilidades penales ni administrativas. Su análisis servía de orientación, dijo. Inspectoría de la PNP, en un informe oficial que no figura en el expediente, libró de responsabilidad a los jefes policiales. Aún no ha habido debate público sobre las pruebas que aportará el Ministerio Público, aunque ya es posible advertir algunos puntos en controversia”.
Además, agrega: “Es clave el concerniente a la viabilidad de que las escopetas policiales para lanzar perdigones de goma pudieran haber disparado la munición de plomo que se encontró en los cuerpos de Sotelo y Pintado. Una pericia del Ministerio Público afirma que sí. Existen otras, de parte, que lo niegan. No viene al caso dilucidarlo en este minuto. Este tipo de interrogantes pueden ser despreciadas por un amplio sector de ciudadanos indignados por la cruenta represión, por activistas que desean ver colgado a alguien. Por otro lado, habría que tener en cuenta que este puede ser un caso más de impunidad de los tantos que hay en el Perú. Y probablemente por una mala investigación”.
Los errores de una acusación política
Hasta la fecha el Ministerio Público y el propio Congreso no tienen nada concreto en la investigación, lo único que resalta es lo gaseoso de algunos argumentos. Sobre este punto, Ricardo Uceda mencionó: “El Ministerio Público aún no ha identificado a los autores materiales de los disparos ni encontró las armas que contenían balines de plomo. Es posible que nunca lo determine. El 16 de noviembre del 2020, dos días después de las muertes, el fiscal Yony Soto retiró del caso a la Dirección de Investigación Criminal de la PNP (Dinincri), cometiendo el error que puede explicar vacíos que son evidentes a estas alturas. No existe una pericia de la escena del crimen. No se sabe exactamente en qué lugar murieron las víctimas, ni desde dónde dispararon los homicidas las municiones prohibidas”.
El sesgo de la Fiscalía
Sin duda esta investigación tiene varios errores, pero a esto se suma un absurdo prejuicio que asoma gravemente en la tesis fiscal. Sobre esto, Ricardo Uceda señaló: “El fiscal actuó basado en el prejuicio de que Homicidios de la PNP, por espíritu de cuerpo, favorecería a los culpables. Pero este departamento es altamente calificado. Fue decisivo para demostrar los asesinatos del llamado Escuadrón de la Muerte, integrado por policías, en la investigación que lleva a cabo el fiscal Álvaro Rodas. Permitió la identificación de los miembros de la PNP responsables de las muertes durante las protestas agrarias en el norte, en diciembre del 2020. A propósito de aquellos episodios, ¿el expresidente Francisco Sagasti debió haber presumido que la PNP emplearía armas letales? Hubo disparos de bala. Desde luego que no y, en todo caso, no figuraba como objetivo en la agenda política de la fiscal de la Nación. Manuel Merino sí. Para imputarlo, Zoraida Ávalos pudo haber esperado los resultados de la investigación contra los jefes policiales. Quizá se adelantó, precisamente, porque no aseguraban resultados”.
A pesar de todo lo mencionado, en el Congreso se sigue perdiendo tiempo y dinero en una investigación que tiene como principal combustible, el odio político.
Política
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Política
Madres indignadas en Piura protestan por los alimentos de ‘Wasi Mikuna’
La congresista Katy Ugarte se apersonó al colegio Castro de Quiróz en Piura en medio de una masiva protesta de madres enfurecidas y calificó de indignante el tipo de alimentos que utilizan en el programa estatal. Asimismo, lo tildó como un fracaso y exigió su reestructuración inmediata.
En medio de la reciente decisión del Gobierno de Dina Boluarte, y tras el anuncio de la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Leslie Urteaga que confirma la extinción del fallido programa alimentario ‘Wasi Mikuna’, tras haber intoxicado masivamente a más de 80 escolares en Piura, las protestas de las madres de familia se han intensificado con carteles y reclamos directos al Ejecutivo.
Ellas denuncian con indignación que los alimentos entregados por el programa del Midis están en mal estado. “Que se los coman ellos”, reclamó una madre muy disgustada.
Ante la gravedad del hecho, ya que no es un caso aislado, la Fiscalía de Prevención del Delito ordenó inmovilizar los lotes de alimentos que se encuentran almacenados para proceder con un riguroso análisis, que determine su calidad y estado de salubridad.
Ochenta y cinco escolares se intoxicaron en Piura
Como se recuerda, 85 escolares del colegio Elvira Castro de Quiróz, en Piura, se intoxicaron tras consumir pescado enlatado provenientes de los productos alimenticios del cuestionado programa estatal ‘Wasi Mikuna’, antes ‘Qali Warma’. Mientras tanto, cinco menores continúan hospitalizados. Esta situación ha generado la indignación entre los padres de familia, quienes le exigen a la presidenta Dina Boluarte la desactivación del programa alimentario, porque la calidad de sus productos no les brinda ninguna garantía, ni confianza.
Congresista Katy Ugarte exige reestructurar ‘Wasi Mikuna’
Luego de trasladarse presencialmente hasta la institución educativa Elvira Castro de Quiróz, en la región Piura, la congresista Katy Ugarte Mamani, en su condición de miembro de la Comisión de Fiscalización del Parlamento, calificó el programa ‘Wasi Mikuna’ como un fracaso y exigió su reestructuración inmediata, y que ejerzan controles más estrictos de calidad y nutrición.
«No podemos permitir que le estén dando este tipo de alimentos. Han atentado contra la salud de los niños. Se está invirtiendo una importante cantidad de dinero para que los niños tengan que estar en estas condiciones», expresó en canal N.
A pesar de las investigaciones y la presunta intervención del Gobierno para mejorar la calidad del programa alimentario, las madres insisten en que ‘Wasi Mikuna’ sea eliminado y le exigen a la presidenta Dina Boluarte que el Estado les garantice alimentos seguros para sus hijos.
Política
Alcaldes están prohibidos de hacer publicidad y salir con su nombre en redes sociales
El experto en temas electorales, exministro de Justicia, y exgerente de la gestión del alcalde López Aliaga, José Tello, afirmó que, tras la convocatoria a Elecciones Generales, los burgomaestres no pueden realizar publicidad estatal.
José Andrés Tello Alfaro, exministro de Justicia, y experto en asuntos electorales, se pronunció respecto a las restricciones que impuso el JNE, tras la convocatoria a Elecciones Generales 2026 anunciada por la mandataria Dina Boluarte, y refirió en una entrevista radial que los alcaldes están prohibidos de publicitar colores, frases y símbolos que estén relacionados con una organización política.
Curiosamente, Tello Alfaro, quien también se desempeñó como Gerente del Gobierno Regional Metropolitano de Lima, justamente durante la gestión del alcalde Rafael López Aliaga en la MML, no le quedó otra opción que pronunciarse sobre las acciones de su exjefe López Aliaga, quien viaja constantemente a algunas regiones del Perú para inaugurar hospitales de la Solidaridad con fondos de la Municipalidad Metropolitana de Lima, y con gorros y pancartas de su partido político ‘Renovación Popular’, y con portátil incluida que lleva banderolas celestes, lo que claramente denota una explicita «campaña electoral».
Ante esta situación, el experto en temas electorales evitó mencionar que López Aliaga habría incurrido en una infracción, pese a las restricciones establecidas por el JNE referente a publicidad estatal y neutralidad, así como propaganda política. Y mencionó que, en este caso, “SISOL tiene un sistema que debe ser analizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) porque es un sistema que no usa recursos de la MML, sino fondos privados”.
Asimismo, añadió que el JNE debe ver cómo opera una persona como el alcalde de Lima, que siempre ha llamado la atención al «viajar como un personaje político», dejando de lado su cargo.
«Podría haber infracciones en tema de neutralidad que debería tener toda autoridad, y no hablar a favor o en contra de un determinado candidato u organización política. (…) Las autoridades, incluido el alcalde de Lima (RLA), debe tener cuidado de no salir en estas actividades porque incluso hoy en día, los alcaldes no pueden aparecer en gigantografías, ya no pueden aparecer con sus nombres en redes sociales», expresó Tello y también cuestionó a López Aliaga por comportarse como presidente de un partido político y pedir licencia en el municipio para inaugurar un hospital, que en su opinión tiene recursos privados.
«Esto más bien debería aclararse y mientras se determina una parte de responsabilidad, por parte del JNE, se tiene también que parar con este tipo de actividades. (…) Con este posible acto de infracciones», aseveró Tello Alfaro.
Lopez Aliaga viajó a Arequipa e hizo campaña política
Pese a las restricciones impuestas por el JNE, alcalde de Lima López Aliaga viajó a Arequipa para la inauguración del Hospital de la Solidaridad. Durante su discurso, aclaró que él llegaba no como burgomaestre, sino como «un ciudadano más».
«Respeto mucho la ley de mi país y también sigo lo que es el marco jurídico. Para estar acá he pedido licencia al Concejo Metropolitano de Lima, entonces en este momento no soy alcalde de Lima. Soy un ciudadano más. Hay un alcalde encargado de acuerdo a ley. No es costumbre mía ni de Renovación Popular sacarle la vuelta ni a la ley ni a nadie», afirmó el alcalde López Aliaga.
Política
Titular de Midis anuncia que programa ‘Wasi Mikuna’ entrará en un “proceso de extinción” [VIDEO]
Ministra Leslie Urteaga confirmó que se eliminará programa nacional de alimentación luego de reportarse más de un centenar de niños intoxicados en todo el país.
Política
Comisarías ahora contarán con intérpretes de lengua de señas tras aprobación de PL
Dictamen aprobado permitirá mayor accesibilidad a la justicia para las personas con discapacidad auditiva.
El pleno del Congreso de la República aprobó, por insistencia, la iniciativa legislativa que propone la inclusión de intérpretes de lengua de señas en las comisarías y en la formación de la Policía Nacional del Perú (PNP), para garantizar la recepción y trámite de denuncias de personas con discapacidad auditiva.
La propuesta modifica la Ley 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, y el Decreto Legislativo 1318, Decreto Legislativo que regula la formación profesional de la PNP.
Así se establece que la PNP coordine con el Programa Aurora (del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables), la Dirección de Promoción y Desarrollo de las Personas con Discapacidad (Red Alivia Perú), con el Ministerio Público y otras instituciones públicas para que se facilite intérpretes en lengua de señas peruana de manera inmediata para la atención de denuncias de personas con discapacidad auditiva o con limitaciones para la expresión oral.
Durante la sustentación del proyecto, Jessica Córdova Lobatón, presidenta de la Comisión de Mujer y Familia, destacó la importancia de esta medida para proteger los derechos de las personas con discapacidad auditiva, quienes a menudo enfrentan situaciones de violencia y encuentran obstáculos significativos para acceder a la justicia. Córdova señaló que la falta de intérpretes y personal capacitado en las comisarías ha dificultado que estas personas puedan comunicar sus denuncias de manera clara y eficiente. “Muchos de ellos viven situaciones de violencia y, además, enfrentan el obstáculo de no poder comunicar sus denuncias de manera clara y eficiente debido a la falta de intérpretes y personal capacitado en la Policía”, manifestó la parlamentaria.
También se establece incluir en el Plan Curricular de la Escuela Nacional de Formación Profesional Policial la enseñanza de la lengua de señas peruana.
Política
Presentan moción de interpelación contra ministra Leslie Urteaga tras intoxicación de escolares
La titular de Desarrollo e Inclusión Social, Leslie Urteaga, “deberá responder por intoxicaciones de Wasi Mikuna”, expresó la congresista Sigrid Bazán, quien anunció la presentación de una moción de interpelación contra la ministra.
La parlamentaria del Bloque Democrático Popular, Sigrid Bazán Narro, presentó una moción de interpelación contra la cuestionada ministra de Desarrollo e Inclusión Social, (Midis) Leslie Urteaga Peña, por la intoxicación masiva de escolares en la institución educativa Elvira Castro de Quiróz, ubicado en la región Piura.
Bazán Narro formuló la iniciativa, luego de conocerse el lamentable hecho que afectó a más de 80 alumnos, quienes presentaron convulsiones, picazón y/o prurito y parálisis, tras ingerir alimentos del programa ‘Wasi Mikuna’, antes ‘Qali Warma’.
“Midis tiene que responder por las intoxicaciones”
La moción de interpelación contra Leslie Urteaga, fue la cuarta iniciativa del día y contó con la firma de 20 congresistas. Asimismo, consta de 14 preguntas, principalmente relacionadas a las intoxicaciones reportadas en Piura.
“¡MIDIS tiene que responder por las intoxicaciones de Wasi Mikuna (ex Qali Warma) ¡He presentado una moción para interpelar a la ministra Leslie Urteaga porque no es posible hasta ahora no se pueda garantizar alimentos seguros para los escolares»!, escribió la congresista en su cuenta de X.
Asimismo, en el Parlamento fueron presentadas otras tres mociones de interpelación contra los ministros de Transportes, Pérez-Reyes, de Salud, César Vásquez, y de Educación, Morgan Quero.
De acuerdo al Reglamento del Congreso, la moción se presenta con no menos del 15 % del número legal de legisladores, y debe adjuntar el respectivo pliego interrogatorio. Luego esta se da cuenta en el Pleno y se evalúa su admisibilidad en la siguiente sesión plenaria. De admitirse dicha moción (se requieren 33 firmas) se fija el día y hora para la presentación de la ministra interpelada. La Junta de Portavoces o el Consejo Directivo del Congreso acuerda el tiempo y las reglas del debate.
La asistencia presencial de la ministra no puede ser antes del tercer día, ni luego del décimo de admitida la moción. Entre tanto, responderá el pliego de preguntas y de no convencer al Pleno del Congreso, este podrá optar por la censura (destitución).
Política
Wasi Mikuna: En Amazonas detectan que agua de preparación de lácteos tenía bajos niveles de cloro
El director regional de Salud de Amazonas, Jorge Ojeda, advirtió que el personal de ‘Wasi Mikuna’ que manipula los alimentos destinados a niños de la región, no tenía conocimiento para el manejo de los productos.
Las falencias y constantes irregularidades que presenta el programa alimentario ‘Wasi Mikuna’, antes ‘Qali Warma’, no cesan. Y lamentablemente los únicos perjudicados son los niños del Perú. En tal sentido, un nuevo caso de indebidas practicas se ha detectado en la región Amazonas.
El Director Regional de Salud de Amazonas, Jorge Orestes Ojeda Torres, advirtió que, durante las revisiones que efectuaron a los almacenes donde se producen los alimentos para ‘Wasi Mikuna’, se descubrió que las personas asignadas no tenían conocimiento para el manejo y manipulación de los alimentos, y advirtió que algunos indicadores estaban por debajo de lo estipulado para el consumo humano.
El experto de la Diresa enfatizó en entrevista para Exitosa, que la cloración del agua estipulada para productos lácteos, por ejemplo, estaba por debajo de lo indicado.
«Sin embargo, como prueba de ello, tenemos que nosotros para el tema de cloración de agua, que también se manipula, para la preparación de estos productos, sobre todo, la leche, no se revisó que el personal tenga capacitación respecto a esto. Se encontró la medición del cloro muy por debajo del permitido para el consumo humano», sostuvo.
Contaminación en alimentos
El titular de la Diresa, sostuvo que la revisión demostró factores que no garantizaban la inocuidad de los alimentos, por lo que, existiría contaminación cruzada entre los insumos, productos y contaminantes que se encuentran alrededor de ellos. Sumado a ello, se agrava la situación debido al desconocimiento del personal que manipula los alimentos, en agravio de las normas de bioseguridad y sanitarias.
Asimismo, Ojeda Torres contó sobre una situación con respecto a la producción de un pan que fue repartido a los alumnos, pese a haberse elaborado 24 horas antes de su distribución. En tanto, refirió que ese producto no debió entregarse a los niños.
«Hay cierto desconocimiento de parte del personal que se encuentra en ese almacén donde se preparan los productos (…) Por ejemplo, no se ha podido analizar el tema del pan, porque ya pasó el periodo de 24 horas. El pan que se había distribuido el 1 a los niños, había sido preparado el 31, a más de un día (…) Ese producto no se tuvo que haber entregado a los niños», cuestionó Ojeda Torres.
Programa ‘Wasi Mikuna’ es el único responsable
Finalmente, el funcionario de Diresa aseguró que la principal responsabilidad del cuidado y de garantizar la idoneidad e inocuidad de los alimentos que se brindan en las instituciones educativas, es del programa de alimentación ‘Wasi Mikuna’.
«La responsabilidad es de ambas partes; principalmente del programa, porque ellos son los que tienen que garantizar la inocuidad del producto que llegue y que cumpla la finalidad del programa», concluyó.
Política
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