Política
Ricardo Uceda evidenció los defectos de la investigación contra Ántero Flores-Aráoz, Gastón Rodríguez, y Manuel Merino
“El Ministerio Público no encontró elementos para atribuirles abuso de autoridad o desaparición forzada, ni tampoco indicios de que hubo órdenes desde Palacio de Gobierno para que la policía actuara impropiamente”.
En medio de las manifestaciones del 14 de noviembre del 2020, fueron asesinados los jóvenes Inti Sotelo y Bryan Pintado. Desde ese día, a pesar de no existir pesquisas ni pruebas concretas sobre los responsables de la muerte de los jóvenes, se promovió falsedades que fueron difundidas especialmente por excongresistas del Partido Morado. Invenciones que incluyó una falsa lista de desaparecidos que fue propalada por varios medios de comunicación. Esto no fue casualidad, fue más bien un plan estructurado, que tenía como finalidad tomar la presidencia de la República desde las calles.
Con la muerte de los dos jóvenes también se evidenció la manipulación de la información y el odio político que se fue gestando en la bancada morada, odio que fue apoyado por las bancadas de izquierda para iniciar una cacería contra Ántero Flores-Aráoz, Gastón Rodríguez, y Manuel Merino, acusándolos de ser los responsables de la muerte de Inti y Bryan. Una absurda acusación que fue evidenciada por el periodista de investigación Ricardo Uceda, autor del libro “Muerte en el pentagonito”.
Curiosamente, el 12 de octubre de 2021, Uceda escribió un artículo titulado ¿Tres asesinos? en el diario La República. El texto desenmascaró no solo la poca seriedad de la investigación de la Fiscalía, sino que, además, el periodista señaló que “El Ministerio Público no encontró elementos para atribuirles abuso de autoridad o desaparición forzada, ni tampoco indicios de que hubo órdenes desde Palacio de Gobierno para que la policía actuara impropiamente”.
Para Uceda, todo esto fue un mito bastante extendido, que tuvo, además, una carga potente de odio. Sorprendentemente, semanas después de ser publicado el artículo, Ricardo Uceda salió del diario La República.
Actualmente el diario de la familia Mohme insistí en una clara cacería contra Ántero Flores-Aráoz, Gastón Rodríguez, y Manuel Merino. Esta insistencia resulta hasta grosera, luego de que uno de sus periodistas evidenció incluso de que “Flores-Aráoz, por ejemplo, discurseó ante los jefes policiales instándolos a cumplir su deber con respeto a los derechos humanos”.
Sabemos que La República ya no lo compran en los kioscos, pero para paliar la crisis, parece que su estrategia de marketing tiene como único camino apelar al odio, así intentar que cada día la devolución de los diarios se reduzca. Lo que preocupa es que ese odio político ha sido heredado por algunos congresistas del actual parlamento. Congresistas que viven embriagados de ese vil sentimiento. Como diría Baudelaire “El odio es un borracho en el fondo de una taberna, que constantemente renueva su sed con la bebida”.
¿Pero qué dijo Ricardo Uceda en su artículo? El texto inicia señalando dos defectos groseros de la investigación.
El primer defecto: “Un mandatario no es garante de la integridad de quienes participan en una manifestación. La denuncia funda su base legal en el deber del Estado de proteger la vida, más la norma constitucional es demasiado genérica para acusar a cualquiera por asesinato. Es el principal defecto del recurso. Distinto fuera si Merino y sus coimputados conocieron que los policías estaban yendo a matar, como presume una Fiscalía Penal Supraprovincial que los investiga. Entonces cabría reclamarles una falta de reacción a los gobernantes”.
Sobre el segundo defecto de la investigación, Uceda menciona: “No hubo diligencias que buscaran demostrar que Manuel Merino, Ántero Flores-Aráoz y Gastón Rodríguez –presidente, premier y ministro del Interior del gobierno encabezado por el primero– conocían que la policía estuviera empleando municiones prohibidas. Había alertas sobre un uso desproporcionado de la fuerza, algo creíble por los daños de casi un centenar de heridos, pero se requería un trabajo más profesional del Ministerio Público para acreditar omisión homicida. Los mensajes emitidos en su momento por los imputados no apoyan la acusación. Flores-Aráoz, por ejemplo, discurseó ante los jefes policiales instándolos a cumplir su deber con respeto a los derechos humanos. Hay memorándums de Rodríguez, por escrito, en la misma línea”.
El Ministerio Público no encontró nada
Para Uceda la investigación del Ministerio Público se cayó, y esto lo enfatizó mencionando que “La investigación para acusarlos comenzó con la búsqueda de otros delitos. El Ministerio Público no encontró elementos para atribuirles abuso de autoridad o desaparición forzada, ni tampoco indicios de que hubo órdenes desde Palacio de Gobierno para que la policía actuara impropiamente, un mito bastante extendido. Todo eso se cayó. Por eso no se los acusa de ser autores mediatos: no tenían dominio sobre los hechos. Ni siquiera conocían los planes operativos, cuya hechura y administración es de responsabilidad exclusiva de la policía. De modo que los acusaron no por hacer algo sino por dejar de hacerlo, luego de una disforzada construcción teórica para justificar la tipificación”. Es decir, hubo bastante creatividad e invención.
Ricardo Uceda también señala que “La Fiscalía Supraprovincial atribuye al ex comandante general de la PNP Alejandro Lam la autoría mediata del asesinato con alevosía de las víctimas, por haber dirigido una estrategia represiva letal. A cinco jefes más los considera coautores. En el documento que formaliza la investigación preparatoria figuran testimonios de los numerosos lesionados con fotografías de sus heridas y fracturas. La imputación también se apoya en un informe de la Oficina de Integridad del Ministerio del Interior, suscrito por Luis Naldos, cuya conclusión es que hubo uso excesivo e indiscriminado de armamento no letal –perdigones de goma– por parte de la policía”.
Seguido a esto, Uceda revela los puntos controversiales en la investigación, una investigación que a todas luces se encuentra mal hecha. “Este dictamen, sin embargo, no es conclusivo. En su manifestación Naldos declaró que a su oficina no le correspondía establecer responsabilidades penales ni administrativas. Su análisis servía de orientación, dijo. Inspectoría de la PNP, en un informe oficial que no figura en el expediente, libró de responsabilidad a los jefes policiales. Aún no ha habido debate público sobre las pruebas que aportará el Ministerio Público, aunque ya es posible advertir algunos puntos en controversia”.
Además, agrega: “Es clave el concerniente a la viabilidad de que las escopetas policiales para lanzar perdigones de goma pudieran haber disparado la munición de plomo que se encontró en los cuerpos de Sotelo y Pintado. Una pericia del Ministerio Público afirma que sí. Existen otras, de parte, que lo niegan. No viene al caso dilucidarlo en este minuto. Este tipo de interrogantes pueden ser despreciadas por un amplio sector de ciudadanos indignados por la cruenta represión, por activistas que desean ver colgado a alguien. Por otro lado, habría que tener en cuenta que este puede ser un caso más de impunidad de los tantos que hay en el Perú. Y probablemente por una mala investigación”.
Los errores de una acusación política
Hasta la fecha el Ministerio Público y el propio Congreso no tienen nada concreto en la investigación, lo único que resalta es lo gaseoso de algunos argumentos. Sobre este punto, Ricardo Uceda mencionó: “El Ministerio Público aún no ha identificado a los autores materiales de los disparos ni encontró las armas que contenían balines de plomo. Es posible que nunca lo determine. El 16 de noviembre del 2020, dos días después de las muertes, el fiscal Yony Soto retiró del caso a la Dirección de Investigación Criminal de la PNP (Dinincri), cometiendo el error que puede explicar vacíos que son evidentes a estas alturas. No existe una pericia de la escena del crimen. No se sabe exactamente en qué lugar murieron las víctimas, ni desde dónde dispararon los homicidas las municiones prohibidas”.
El sesgo de la Fiscalía
Sin duda esta investigación tiene varios errores, pero a esto se suma un absurdo prejuicio que asoma gravemente en la tesis fiscal. Sobre esto, Ricardo Uceda señaló: “El fiscal actuó basado en el prejuicio de que Homicidios de la PNP, por espíritu de cuerpo, favorecería a los culpables. Pero este departamento es altamente calificado. Fue decisivo para demostrar los asesinatos del llamado Escuadrón de la Muerte, integrado por policías, en la investigación que lleva a cabo el fiscal Álvaro Rodas. Permitió la identificación de los miembros de la PNP responsables de las muertes durante las protestas agrarias en el norte, en diciembre del 2020. A propósito de aquellos episodios, ¿el expresidente Francisco Sagasti debió haber presumido que la PNP emplearía armas letales? Hubo disparos de bala. Desde luego que no y, en todo caso, no figuraba como objetivo en la agenda política de la fiscal de la Nación. Manuel Merino sí. Para imputarlo, Zoraida Ávalos pudo haber esperado los resultados de la investigación contra los jefes policiales. Quizá se adelantó, precisamente, porque no aseguraban resultados”.
A pesar de todo lo mencionado, en el Congreso se sigue perdiendo tiempo y dinero en una investigación que tiene como principal combustible, el odio político.
Política
Congreso promulga Ley para que motos lineales puedan brindar el servicio de transporte público en Madre de Dios
Autorización tiene una vigencia excepcional de cinco años. Ley no contempla a los mototaxis.
El Congreso de la República promulgó por insistencia la Ley que autoriza de manera excepcional el servicio de transporte público de pasajeros en vehículos motorizados de dos ruedas de la categoría L3, en el departamento de Madre de Dios.
La Ley 32005, publicada en el Diario Oficial El Peruano, tiene como objetivo la regulación y la formalización del servicio de transporte público de pasajeros en vehículos menores motorizados de dos ruedas.
Ello se debe a la carencia de adecuados sistemas de transporte urbano, la deficiente infraestructura vial y el escaso número de vehículos de transporte público de pasajeros en unidades de las categorías M2 y M3, en la referida región.
En el artículo 2 de la norma se precisa que la autorización al transporte público en vehículos de dos ruedas es de forma excepcional y complementaria al servicio público de transporte terrestre.
El plazo de autorización, indica el artículo 3 de la norma, es de cinco años, pudiendo ser prorrogado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), previa evaluación del impacto de esta medida y de los informes trimestrales que emitan los municipios provinciales y distritales del departamento de Madre de Dios.
En la disposición complementaria se indica que las municipalidades provinciales y distritales de Madre de Dios, en el marco de sus competencias, regularán el desarrollo del servicio de transporte público de pasajeros en vehículos motorizados de dos ruedas de la categoría L3.
Se enfatiza en que se debe priorizar la seguridad ciudadana y la protección del pasajero. Para ello se debe establecer la identificación de los conductores y de los propietarios de los vehículos menores que brindan el servicio.
Esto último es para efectos de determinar la responsabilidad extracontractual, así como para determinar los mecanismos y los requisitos de operación que garanticen la seguridad e integridad personal de los pasajeros.
Asimismo, determina el registro de las empresas o asociaciones prestadoras del referido servicio de transporte, las cuales deberán presentar ante la municipalidad competente la relación actualizada de sus asociados en forma mensual, así como el reporte de accidentes ocurridos.
Como se recuerda, el presidente de la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso, Eduardo Salhuana, presentó esa iniciativa, indicando que no contraviene las políticas nacionales vigentes en materia de transporte terrestre de personas. Destacó que el Ejecutivo había realizado observaciones generales que no se aplicaban al caso específico de Madre de Dios, donde la necesidad de transporte en motocicletas de dos ruedas se ha tornado excepcional debido a las particularidades geográficas y económicas de la región.
Además, Salhuana aclaró que la norma no contempla a los mototaxis de tres ruedas, vehículos que ya poseen un marco regulatorio específico aún pendiente de reglamentación pero en vigor.
La ley promulgada lleva las firmas del presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes, y del vicepresidente Arturo Alegría García.
Política
Dina Boluarte declara en la Fiscalía de la Nación acompañada de una tropa de elite
El vehículo Grand Cherokee de la presidenta Dina Boluarte, abandonó la sede fiscal resguardado por más de 50 agentes de Seguridad del Estado. Mientras que las calles de Lima están desprotegidas de la criminalidad por falta de policías, la mandataria multiplica su resguardo personal con más de medio centenar de efectivos.
Al parecer, la presidenta de la República, Dina Boluarte, viene allanándose a las diligencias fiscales que anteriormente desairaba y hoy miércoles 24 de abril, rindió su manifestación en el Ministerio Público desde las 8.30 de la mañana, ante el Fiscal de la Nación Juan Carlos Villena Campana, en el marco de las investigaciones por el caso Qali Warma, señalan fuentes de RPP.
Sin embargo, lo que ha llamado la atención de la ciudadanía y la prensa, es el excesivo despliegue policial en los exteriores del edificio del Ministerio Público, en el que acordonaron su perímetro.
Asimismo, el vehículo oficial de la presidenta Dina Boluarte, una camioneta Jeep Grand Cherokee de color gris, se retiró de la Sede Central del Ministerio Público, ubicado en la cuadra 5 de la avenida Abancay, en el Cercado de Lima, en medio de una cobertura excesiva de medio centenar de hombres de seguridad, pertenecientes a la división de Seguridad del Estado de la PNP.
Tras la salida de Boluarte Zegarra de la Fiscalía, la Policía antimotín permaneció en los ingresos de la puerta principal, en la avenida Abancay. Asimismo, en los jirones Santa Rosa y Cusco, se halló un cordón policial que permitía únicamente el paso peatonal a Mesa Redonda.
¿A qué le teme la presidenta Dina Boluarte? ¿Por qué hace uso de un excesivo contingente policial para resguardarla?
Mientras, que las calles de los distritos de Lima, están desprotegidas de la criminalidad por falta de policías, la presidenta multiplica su resguardo personal con más de medio centenar de policías.
Política
Rudecindo Vega: “La ministra de Vivienda es la ‘mandadera’ de la pareja presidencial Dina y Nicanor Boluarte”
Rudecindo Vega, fue despedido recientemente de la gerencia general del Conafovicer por orden de la ministra Hania Pérez de Cuellar debido a las críticas que hizo al gobierno de Dina Boluarte y aseguró que el Perú es gobernado por la presidenta y su hermano Nicanor Boluarte.
El abogado Rudecindo Vega calificó a la ministra de Vivienda, Hania Pérez de Cuéllar de ser la “mandadera” de la presidenta, Dina Boluarte y de su hermano Nicanor, a quienes tildó de ser: “la pareja presidencial fraternal”.
Estas declaraciones las vertió en una entrevista en RPP, y responsabilizó a Pérez de Cuellar de haber ordenado a Jorge Rochabrunt Gamarra en su calidad de presidente del directorio del “Comité Nacional de Administración del Fondo para la Construcción de Viviendas y Centros Recreacionales para los Trabajadores en Construcción Civil del Perú” (Conafovicer), que lo despida de la gerencia general de dicha entidad por haber criticado al Gobierno y a la presidenta Boluarte, en artículos que él redactó para un diario local.
“En el caso de la ministra y del presidente del Conafovicer son recaderos de los dos hermanos que gobiernan en el Perú, Dina y Nicanor. Son la pareja presidencial fraternal. La ministra no tiene vela en este entierro, no tiene la capacidad de decidir ni impulsar cosas”.
“Lo que sí tiene es una capacidad notoria de recadera. Yo a ella no le emplazo nada, ella ha cumplido su mandato; a los recaderos uno no los cuestiona, ellos cumplen su trabajo”, aseveró Vega.
Carta que envió Hania Pérez de Cuellar al presidente del Conafovicer para que despida a Rudecindo Vega.
El funcionario despedido del Conafovicer, también contó que hace nueves meses, antes de ser separado del cargo, Nicanor Boluarte, fue a buscar a dirigentes de la federación para que le pidan no criticar al Gobierno a cambio de gestionar beneficios para los trabajadores.
“Los trabajadores le dijeron que no, que eso no era posible porque [yo] estaba ejerciendo mi derecho de opinión, fue un pedido que llegó mal”, sostuvo el funcionario despedido.
Federación de Trabajadores de Construcción Civil asegura que Rudecindo Vega fue despedido por dar “declaraciones políticas”
El secretario General de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP), Luis Villanueva Carbajal, aseguró que Rudecindo Vega fue retirado del cargo de presidente del Comité Nacional de Administración del Fondo para la Construcción de Viviendas y Centros Recreacionales para los Trabajadores de Construcción Civil del Perú (Conafovicer) por hacer declaraciones políticas a nombre de la institución.
Política
Fiscalía Suprema solicitó impedimento de salida del país contra Patricia Benavides
El pedido del órgano fiscal se sustenta en el ‘peligro procesal’ por la probable pertenencia de Patricia Benavides a la organización criminal presuntamente enquistada en el Ministerio Público.
La Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, presentó este martes 23 de abril ante el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria un requerimiento de impedimento de salida del país contra la exfiscal de la Nación, actualmente suspendida en sus funciones Patricia Benavides Vargas, como parte de la investigación que se le sigue por el denominado caso ‘La fiscal y su cúpula de poder’.
El pedido del órgano fiscal se sustenta en el peligro procesal por la probable pertenencia de Patricia Benavides a la organización criminal presuntamente enquistada en el Ministerio Público, que ha sido respaldado por “numerosos elementos de convicción presentados ante la autoridad judicial”.
Pronunciamiento de Fiscalía por el pedido de impedimento de salida del país, contra Patricia Benavides.
Este requerimiento de impedimento de salida del país contra Benavides Vargas fue presentado el mismo día de que el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop) del Ministerio Público detuviera preliminarmente a siete personas entre ellos, los exasesores y allegados de Patricia Benavides: Miguel Girao, Abel Hurtado, José Castillo, Mirtha González, Giancarlo Valer, Jorge Palomino y el exagente de la Diviac, Jorge Rodríguez Menacho. Y allanara un total de 21 inmuebles en el denominado operativo ‘Valkiria XI’, por la investigación contra la presunta organización criminal que lideraría la fiscal suspendida.
Política
Gobierno destituye a Daniel Soria como procurador general del Estado
Resolución ministerial da por concluida funciones de Soria Luján como procurador.
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) resolvió destituir a Daniel Soria Luján del cargo de procurador general del Estado, esto a raíz de un procedimiento en su contra debido a cuestionamientos en su designación.
Mediante la resolución ministerial N.º 0097-2024-JUS, el sector también dispuso que se envíe una copia de la resolución y antecedentes a la Procuraduría General del Estado, a fin de que se proceda con el cese de la contraprestación de Soria y demás acciones administrativas correspondientes, según sus competencias.
Asimismo, se remitirá una copia de la resolución y de sus antecedentes a la Procuraduría del MINJUSDH para que según sus competencias inicien las acciones legales que correspondan en defensa de los intereses de la entidad.
Daniel Soria, el funcionario que sobrevivía desde el gobierno de Martín Vizcarra
Como se recuerda, el pasado 24 de noviembre del año pasado el MINJUSDH, mediante una comisión ad hoc, resolvió suspender temporalmente a Daniel Soria de sus funciones como procurador general del Estado.
Ello, en el marco de un proceso disciplinario iniciado por una advertencia que realizó el Órgano de Control Institucional (OCI) de la Contraloría respecto de que el funcionario no cumplía con los requisitos establecidos cuando fue nombrado en el cargo durante el Gobierno de Martín Vizcarra, según se precisó, solo contaba con un certificado como asesor de la Defensoría del Pueblo.
En febrero de este año, la comisión ad hoc encargada del procedimiento administrativo disciplinario contra Soria recomendó al ministro de Justicia, Eduardo Arana, que se destituya a dicho funcionario.
El documento señalaba que los hechos por los que Soria fue suspendido en noviembre de 2023 “fueron corroborados”. Asimismo, se señaló que “la situación infractora se inicia el 3 de febrero de 2020” y “solo cesará cuando se extinga el vínculo del servidor con la entidad”.
Precisan, además, que Soria se benefició ilícitamente al ostentar un cargo que no le corresponde y que existían indicios suficientes que acreditan que Soria vulneró los principios de probidad, idoneidad y veracidad, regulados en la Ley del Código de Ética.
Política
Congresista Kira Alcarraz despide a ‘asesora’ recomendada de Darwin Espinoza, tras denuncia por intercambio de favores
Luego del destape del ‘compadrazgo’ entre legisladores Darwin Espinoza y Kira Alcarraz para contratar a sus allegados Stephanía Cuya y Mirna Mosso, respectivamente, la congresista tuvo que retirar a su trabajadora de su comisión.
Tras la revelación de este domingo que el parlamentario Darwin Espinoza (Acción Popular) cometió un intercambio de favores con su colega de Podemos Perú, Kira Alcarraz, para favorecer con un cargo de asesora a una amiga muy cercana suya: Stephanía Cuya; la congresista anunció que retirará de su cargo a su trabajadora de 31 años.
“Ya evalué, ya lo decidí la separación de la señorita (Estefanía Cuya Barzola) hasta que, de alguna manera, esto se vea”, aseguró Alcarraz.
Favor con Favor se paga
En el programa dominical Punto Final, se recordó que el 14 de agosto de 2023, el cuestionado Darwin Espinoza, flamante vocero de Acción Popular, cedió el cupo de su bancada en la comisión de Ética nada menos que a su colega Kira Alcarraz, de Podemos Perú.
Tener una posición en dicha comisión, es muy importante en el Parlamento, porque un voto a favor o en contra de un integrante de dicha comisión podría determinar la suspensión, o no, de un parlamentario por falta grave.
Tres días después, el 17 de agosto de 2023, la congresista de Podemos Perú le devolvió el favor y ese mismo día, contrató en la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad, que preside, a la amiguita de Espinoza, Stephanía Cuya Bezzolo.
“La vida personal de cada trabajador es su vida personal y yo no le voy a preguntar qué hace o con quién está. Lamentablemente esto se está tergiversando y me quieren inmiscuir a mí por el cupo de Ética”, respondió Alcarraz.
Stephania Cuya Bezzolo, amiga de congresista Darwin Espinoza. Foto: captura Punto Final.
Kira Alcarraz niega haber favorecido a Darwin Espinoza con la abstención de su voto
Hace unos días el 18 de abril, la Comisión de Ética del Congreso aprobó denunciar de oficio al vocero de Acción Popular, Darwin Espinoza, por presuntamente haber utilizado recursos del Congreso para impulsar la inscripción de su partido político, el Movimiento Regional Adelante Áncash. La denuncia contra Espinoza finalmente se aprobó con 13 votos a favor y ninguno en contra. Y el único voto de abstención lo realizó la parlamentaria Kira Alcarraz Agüero.
Parlamentaria se defiende y niega que haya favorecido a su colega de Acción Popular
“¿El cupo de Ética cobras algo más? ¿Te da más personal? No. El cupo de Ética es solamente para que puedas votar y tu votación, en la que uno puede equivocarse, así como lo hacemos en el Pleno, no quiere decir que lo he favorecido porque todos votaron a favor y, si no lo saben, rectifiqué mi votación”.
“La mayoría conoce mi trabajo. Jamás he negociado un voto, Jamás he negociado un cupo de trabajo. Ya renuncié, desde el día jueves renuncié al cupo de Ética y ahora estoy tomando acciones correctivas porque esto ya trasciende y no sigo queriendo que se siga creando una novela”, concluyó la parlamentaria Alcarraz.
Política
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Pese al crítico desabastecimiento de medicinas, el jefe de CEABE ha experimentado un meteórico ascenso gracias a su conexión con la mandataria.
Política
Rudecindo Vega sobre MVCS: “Los delincuentes y extorsionadores ya no están en la calle, ahora están en el gobierno”
El funcionario despedido del Conafovicer, reveló que tras la publicación que redactó para el diario UNO en el que criticaba al gobierno, la ministra Hania Pérez de Cuellar inmediatamente llamó a los directivos de Capeco y de Construcción Civil para condicionarles que los bonos para ‘Techo Propio’ se paralizarían si no le daban el apoyo para removerlo del cargo.
Ya es de conocimiento público que la ministra de Vivienda Hania Pérez de Cuéllar pidió el despido del ahora exgerente general del Conafovicer por sus opiniones críticas contra el gobierno. Esta radical medida está asociada a hechos ocurridos durante el gobierno de Martín Vizcarra en 2018, cuando Rudecindo Vega denunció a Nicanor Boluarte por malos manejos y actos de corrupción en Sencico, una entidad adscrita al Ministerio de Vivienda. Los cargos están documentados por el propio Vega; sin embargo, tras presentarlos, no se abrió ninguna investigación contra el hermano de la presidenta y por eso él tuvo que renunciar a Sencico.
Y cuando renunció el 27 de junio de 2018, Vega ya había enviado a Vizcarra Cornejo un informe de 55 páginas con detalles de su denuncia, sin embargo, “cayó en saco roto”. Y actualmente, resulta explicable por qué el fastidio de Dina Boluarte y Hania Pérez de Cuellar por la presencia de Rudecindo Vega en una institución clave para los proyectos de construcción del gobierno, y revela, además, la importancia de la injerencia que tiene Nicanor Boluarte en el poder de turno.
En ese sentido, el también exministro de las carteras de Vivienda y Trabajo, Rudecindo Vega, acusó a la ministra Hania Pérez de Cuellar de extorsionar al directorio del Conafovicer para que lo despidan, luego de que publicara artículos críticos contra el gobierno de Dina Boluarte y habló sobre la injerencia de su hermano Nicanor Boluarte.
En la entrevista que sostuvo en Exitosa, Vega, aclaró que el Comité Nacional de Administración del Fondo para la Construcción de Viviendas y Centros Recreacionales para los Trabajadores en Construcción Civil del Perú (Conafovicer) es una institución privada sin fines de lucro y no recibe ni un sol del gobierno.
Por lo tanto, la injerencia que hace el gobierno no tiene ningún sentido, y con lo realizado contra él, el mensaje de la ministra Pérez de Cuellar: es que no nadie tiene seguridad ni oportunidad en el trabajo si es que se piensa diferente al gobierno.
“A mí me están violando mi derecho a expresarme y mi derecho al pensamiento. La extorsión ha venido con todo a través de los gremios y se ha pisoteado mis derechos”
El exgerente del Conafovicer, Rudecindo Vega, contó que cuando la ministra de Vivienda envió la carta al presidente del directorio de Conafovicer Jorge Rochabrunt Gamarra para que lo despidan, la presentó con 50 páginas adjuntadas de los artículos que él había escrito criticando el régimen de Boluarte. Vega también contó que Rochabrunt además es asesor de Hania Pérez de Cuellar.
Carta enviada por Hania Pérez de Cuellar pidiendo despedir a Rudecindo Vega.
Lo que incomodó a la ministra Pérez de Cuellar, según Vega son tres cosas:
- Por ser un gobierno muy incapaz e inepto, por haber sumido al país en una recesión económica, la más espantosa en los últimos 34 años.
- Por ser un gobierno antidemocrático y bañado en sangre, porque se encuentra el saldo de los 70 muertos de las protestas sin ninguna explicación y pese a ello, existe una denuncia en el Congreso que está paralizada y no la impulsan porque el propio Parlamento juega en pared con la mandataria Boluarte.
- Y por ser un gobierno totalmente corrupto. Él menciona: “porque ya flota sobre la pus”.
Rudecindo Vega, aclaró que como él también ha sido ministro de Vivienda en el gobierno de Toledo, y de Trabajo, en la era Ollanta Humala y Presiente de Sencico, han buscado su historial e información que pueda comprometerlo en algo turbio, pero no encontraron nada.
“Los delincuentes y extorsionadores ya no solamente están en la calle, ahora están en el gobierno”, remarcó.
Presidente Dina Boluarte recibió el apoyo incondicional de Hania Pérez de Cuellar respecto al caso ‘Rolex’.
Y nuevamente explicó que tras salir la publicación que redactó para el diario UNO, cuestionando el atropello que cometen contra la libertad de prensa, la ministra Hania Pérez de Cuellar llamó a los directivos de Capeco y a los dirigentes de Construcción Civil. Y a los de Capeco les mencionó el Decreto de Urgencia para los bonos de Techo Propio, y que ese decreto se paralizaría si no le daban el apoyo. Asimismo, a los de Construcción Civil les dijo que en el ministerio tienen dos representantes del gobierno en el Directorio de Construcción Civil, y que, si no la apoyaban, esos representantes también se retirarían y toda la agenda que estaba pactada con los trabajadores quedaría paralizada.
Ante ese ultimátum de la ministra Pérez de Cuellar, Vega, advirtió: “Más chantaje que ese… o sea es extorsión… Decir presión es un eufemismo; están extorsionando, entonces por esa situación yo decidí renunciar, pero ellos deciden despedirme”.
En otro pasaje reveló que en una reunión que tenía pauteada con la ministra Pérez de Cuellar, las encargadas del evento le dijeron: “Nos acaba de informar la ministra que usted no entra (a la reunión del Conafovicer)”. Vega explicó que eso se dio luego de que la ministra (sobre la crisis del agua), respondió que ella no tenía ninguna responsabilidad porque eso era responsabilidad de Sedapal; sin embargo, Vega, opinó que ella como titular de Vivienda, no podía ‘sacar el cuerpo’ y no debía ‘lavarse las manos’.
Finalmente, Rudecindo Vega, aseveró que esta historia viene de mucho más atrás, por casos que él reportó sobre Nicanor Boluarte. Y contó: “Hace 9 meses Nicanor Boluarte fue a pedir al Secretario General de la Federación que me pidan que no escriba artículos críticos contra el gobierno y de esa forma, generarían determinados beneficios para los trabajadores de construcción; luego hace unos meses se cambió al presidente de Conafovicer, sin consultar, la practica era que se consultaba con la federación, pero este es un presidente impuesto”.
Por lo visto, el gobierno de Dina Boluarte no tolera a los servidores del Estado que opinen en contra de su mandato y mucho menos que denuncien a su hermano Nicanor por cometer presuntos actos irregulares y al parecer, para ello está la ministra de Vivienda Hania Pérez de Cuellar, para cuidar la imagen de la mandataria, aunque ella no haya sido designada para esa función; porque la ley establece que Hania Pérez de Cuellar tiene otras labores específicas qué cumplir al mando del Ministerio de Vivienda.
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