Política
Regidor Jorge Valdez: “La Contraloría señaló que hubo un perjuicio económico en contra de la Municipalidad de Lima por 1 millón 800 mil soles”

Desde que somos testigos que la ciudad de Lima ha sido abandonada por el alcalde de Lima, Jorge Muñoz Wells, para dedicarse a su labor de “analista político”, con opiniones diarias sobre los temas del gobierno de Pedro Castillo, también sentimos una amarga desazón cuando vemos a nuestro centro histórico en un estado de orfandad. Y para comprender aquella desfavorable practica municipal de parte del burgomaestre capitalino, conversamos con el regidor Metropolitano, Jorge Valdez Oyola para que nos explique qué está pasando en la MML:
El alcalde Jorge Muñoz desistió de un viaje a República Dominicana el último fin de semana. Al principio él estuvo animado, pero luego debido a las constantes críticas, retrocedió.
El Concejo Metropolitano, revisó, evaluó y votó para que el alcalde Muñoz vaya a firmar a Santo Domingo un convenio de hermanamiento. Él ya tenía la autorización, pero algunos regidores manifestaron su desacuerdo; primero, porque les parecía que ese viaje a inicios de una tercera ola era innecesario, sobre todo para algo que no era extremadamente relevante. Pero, sobre todo manifestaron que el gasto de S/11 mil soles era excesivo. Luego, esto lo tomaron algunos medios de comunicación y el alcalde la semana pasada manifestó al Concejo que estaba —digamos—, rechazando el viaje y que más bien el encuentro lo haría de manera virtual con la alcaldesa de Santo Domingo.
Sobre las denuncias de los 13 funcionarios contratados sin cumplir el perfil académico y de otros que están inhabilitados ¿Cuáles fueron los descargos del alcalde Muñoz ante la Sesión de Concejo?
Sobre esa información tomamos conocimiento gracias a tres informes que emitió la Contraloría, donde señalaban que los contratados en la alcaldía no cumplían con el requisito del Clasificador de Cargos. Además, se detectó que algunos de ellos provenían de la gestión anterior de Miraflores; entonces, nosotros presentamos ese informe al Concejo y también otros dos informes que se referían a tres funcionarios que habían sido sancionados y que estarían trabajando en la municipalidad. Y ante eso, en el Concejo Metropolitano no hemos recibido hasta hoy ninguna respuesta. El alcalde ha contestado en algunos medios de comunicación señalando que ellos ya respondieron a la Contraloría y que todo ya está aclarado; incluso en una entrevista que dio la Gerente Municipal, dijo que ellos habían realizado la consulta respectiva a Servir, sobre la corrección, o cambio del Clasificador de Cargos. Entonces, Servir les respondió que ellos si querían podían cambiar el Clasificador, pero eso no significa que autorizaron a la MML “acomodarlo” para que ingresen las personas que ellos quieren. Eso no significa que deben ordenarlo de acuerdo a sus intereses.
Lo grave del asunto, es que la Contraloría en mayo de 2019 presentó esas observaciones al propio alcalde Jorge Muñoz, y él en lugar de enmendar la falta y retirar a esos funcionarios, emitió una Resolución de Alcaldía que ordenaba dejar sin efecto al antiguo Clasificador de Cargos. Es decir, tenía conocimiento y no hizo nada al respecto.
Todo informe de Contraloría es comunicado inmediatamente al titular del pliego de la Municipalidad, que es el alcalde Jorge Muñoz. Y lo que nos llama a la atención, es que ese informe, también debió ser comunicado al Concejo Metropolitano, pero no fue comunicado en su oportunidad y nosotros hemos sido los que hemos puesto ese informe sobre la carpeta de los regidores. Lo que hay que comprender aquí, es que, si hablamos de idoneidad de cargos, lo que debemos buscar quienes nos hemos preparado para la gestión pública, es que los cargos no solamente estén ocupados por personas idóneas, calificadas y con experiencia; sino, que además reúnan toda una serie de requisitos que hacen que las vallas tengan que ser altas.

Otra cosa que llama la atención, es que Servir ya salió a aclarar que ellos no están blindando al alcalde Muñoz y que más bien el proceso de sanción aún continúa. Pero de eso no habla la Gerente Municipal, y menos el alcalde.
Esto es un proceso que todavía no está concluido y que estaría en plena investigación, porque cuando un órgano como Contraloría hace un hallazgo y elabora una investigación que determina algunas observaciones; el hecho que la entidad observada (la MML) remita sus descargos, eso no significa que acabe el procedimiento administrativo.
Incluso, luego de la respectiva sanción administrativa, este caso se derivará a la instancia penal.
La Contraloría propuso su informe y señaló que ha habido un perjuicio económico en contra de la Municipalidad por un millón 800 mil soles, que se habrían cobrado por funcionarios que no rendían las condiciones profesionales ni el perfil académico. Entonces, sí hay perjuicio económico, y si ese dinero no retorna a las arcas de la municipalidad, entonces, sobre ese perjuicio van a tener que haber responsables penales de todas maneras.
Prácticamente, van más de dos años y medio desde que empezó la gestión del alcalde Jorge Muñoz y los vecinos capitalinos ven que hay un desgobierno municipal, con las calles repletas de ambulantes y meretrices a la luz del día en el centro histórico. No hay seguridad y existe un abandono total en la ciudad ¿Qué sucede con el alcalde, que abandonó Lima para convertirse en un “analista político” que lanza opiniones todos los días?
Lo que se siente efectivamente, como tú mencionas es una falta de gobierno en la ciudad. Hay que reconocer que la gestión del alcalde Muñoz no venía siendo el non plus ultra de las gestiones municipales. Y parece que su gestión no ha terminado de ordenarse, además de los embates de la pandemia, más la crisis, eso los habría desordenado más. Y hasta ahora nos ha dado una gestión con muy pocos resultados. Hay algunos intentos por ahí, de hacer algunas cosas en el nivel metropolitano. Pero terminan siendo más una labor cosmética, porque no hay una obra grande, no hay envergadura, no hay una sensación de verdadero trabajo metropolitano de orden y gestión que le diga a los limeños –tenemos a un alcalde que está trabajando— sobre todo, en el nivel para lo que ha sido elegido. Él tiene nivel metropolitano.
¿Se escuchan las demandas en las Sesiones de Concejo, o el oficialismo engulle a los regidores de oposición?
El Concejo Metropolitano de Lima está conformado por 40 ciudadanos; de ellos, tenemos un alcalde y 39 regidores, y de esos regidores, 21 conforman la mayoría que son oficialistas, y los otros 18 son de oposición. La ley ordena esa situación, y establece que el alcalde que gana tiene 50% más uno, de los regidores. Eso es algo que en el futuro habría que discutir. Y efectivamente, el alcalde Muñoz goza de una mayoría que cuando se requiere tomar alguna decisión, o se plantea, por ejemplo, algunos temas que deben debatirse, esa mayoría oficialista presiona con su voto y naturalmente consiguen los “objetivos” políticos que pretenden. Y en la propia oposición, también somos pocos los que levantamos la voz y somos pocos los que hemos iniciado una labor de fiscalización desde que fuimos elegidos. Creo que hace falta que todos los regidores comprendan que la labor de un regidor es fiscalizar y legislar. Y que fiscalizar no es malo; lo que pasa es que a nadie le gusta ser fiscalizado, pero la ley ampara al fiscalizador.
El alcalde Muñoz ha tenido amplia tribuna en los medios y siempre anuncia que está trabajando y que está haciendo obras en Lima. Sin embargo, la opinión pública ya se dio cuenta que los medios apoyan al alcalde y tapan su pésima gestión. En ese sentido, cuando te han entrevistado para relucir las incapacidades del alcalde ¿los medios te escucharon o te pusieron zancadillas?
Respecto al alcalde Muñoz y su relación con los medios, efectivamente, he visto algunas entrevistas en medios que son un poco afines a él, o por lo menos a su modo de gobernar la ciudad; pero creo que finalmente ellos le han hecho mucho daño, porque los medios y el periodismo también tienen una función fiscalizadora de la gestión del gasto público. Entonces, cuando una gestión como la de Muñoz es aplaudida por hacer “poco” y cuando se reconoce que sin hacer mucho, recibe la bienvenida en cualquier medio de comunicación, entonces, eso es lo que ha malogrado al gestor que habiendo podido ser presionado, hubiera tratado de ser mejor. Muñoz es como un niño al que no se le pide mayores resultados y de repente con una nota de 11 ya está aprobado y hasta allí llegó. Creo que una gestión pública puede mejorar, pero los medios han puesto una valla muy baja para la exigencia y han deteriorado la posibilidad de tener un mejor gestor para la ciudad. Y en mi caso, cuando he recurrido a los medios de comunicación he sentido apertura para la escucha de mis denuncias, por supuesto, hay medios de comunicación a los cuales es imposible acceder, sobre todo cuando uno dice que trae algún tema para comunicar sobre la Municipalidad de Lima.
Para terminar, la actual gestión municipal terminará en diciembre de 2022 ¿Qué desaciertos y pasivos va a dejarle a los vecinos de Lima el alcalde Jorge Muñoz?
Me hubiera gustado sentir que el alcalde metropolitano de Lima sea un protagonista en la lucha contra la pandemia. La municipalidad tiene un sistema de hospitales que se llama SISOL y que antes se llamó Hospitales de la Solidaridad y creo que el alcalde de Lima bien pudo encabezar la lucha contra la pandemia. Faltó protagonismo de gestión, faltó animo de dar una batalla. Por otro lado, no se ha hecho mucho en temas de seguridad ciudadana; ha faltado una extrema concertación con la Policía Nacional y eso lo vemos en el día a día.
A 7 cuadras de la Municipalidad de Lima, en Mesa Redonda campea el caos, campea el delito, campea el desorden y eso está a solo dos cuadras del Congreso y a espaldas de la Fiscalía. El alcalde de Lima tiene que convocar a la PNP, tiene que convocar a las demás instancias del Estado para poner orden en la ciudad y, sobre todo, en el centro de Lima, que es donde sucede prácticamente la historia política del Perú. Y el tercer punto, es que la falta de obras de envergadura es algo que se va a sentir. Los alcaldes metropolitanos anteriores, trataron siempre de dejar obras monumentales para que le indicaran a la ciudadanía su paso por el gobierno municipal, y creo que en este caso no vamos a poder decir: “Esta obra la hizo Jorge Muñoz y la dejó para la posteridad”.
Política
Congreso: Presentan PL para anular alza salarial de Dina Boluarte
Legisladora Sigrid Bazán impulsó una iniciativa para revertir el polémico aumento de sueldo a favor de la presidenta Dina Boluarte, calificándolo de injustificado y ofensivo. Jaime Quito anunció que también alista una propuesta legislativa similar.

La polémica por el aumento de sueldo de la presidenta Dina Boluarte continúa generando reacciones en el ámbito político. A través de su cuenta oficial en la red social X (antes Twitter), la congresista Sigrid Bazán anunció que ha presentado un proyecto de ley para dejar sin efecto el Decreto Supremo N.º 136-2025-EF, que oficializa el incremento de la remuneración presidencial a S/35,568 mensuales.

Proyecto de Ley impulsado por parlamentaria Sigrid Bazán.
El mencionado decreto, aprobado con el respaldo del Consejo de Ministros, ha sido duramente criticado por su inoportunidad en medio de una coyuntura marcada por dificultades económicas y baja aprobación ciudadana. Frente a ello, Bazán Narro manifestó su indignación y explicó que su iniciativa se sustenta en el derecho de iniciativa legislativa que le otorga la Constitución y el Reglamento del Congreso.
“Acabo de presentar, con las firmas correspondientes, un proyecto de ley que DEROGA el DS que aprueba el DESCARADO aumento (…) Veremos si el Congreso lo tramita y quiénes están dispuestos a aprobarlo”, escribió la legisladora del Bloque Democrático Popular en su red social, cuestionando tanto el fondo como la forma en que se autorizó el incremento.
El proyecto de ley cuenta con el respaldo de otros parlamentarios, entre ellos Carlos Zevallos, Susel Paredes, Ruth Luque y Reymundo Mercado, quienes también consideran que el reajuste presidencial carece de justificación técnica y sensibilidad política.
Por su parte, el congresista Jaime Quito anunció que también alista una propuesta legislativa para derogar el mismo decreto. Quito argumenta que el aumento vulnera principios clave como el de legalidad presupuestaria y contradice los topes establecidos en la Ley N.º 32185, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025.
La controversia no solo ha puesto en entredicho la decisión del Ejecutivo, sino que también ha abierto un nuevo frente de debate en el Congreso, donde ahora se espera conocer qué bancadas respaldarán la anulación del cuestionado incremento.
Política
Eduardo Arana y Pérez Reyes se zurraron en el Congreso
Pese a ser citados por el presidente de la Comisión de Fiscalización, Juan Burgos, los ministros Eduardo Arana y Raúl Pérez Reyes no asistieron al Congreso, eludiendo su responsabilidad de explicar el alza salarial de Dina Boluarte.

Ambos ministros fueron citados por el presidente de la Comisión de Fiscalización, Juan Burgos y no acudieron al Congreso y esquivaron la rendición de cuentas sobre el aumento de sueldo a la presidenta Boluarte.
Una vez más, el Ejecutivo da la espalda al Congreso. El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, y el titular de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes, decidieron no presentarse ante la Comisión de Fiscalización, pese a estar citados para ofrecer explicaciones sobre el polémico incremento de sueldo a la presidenta Dina Boluarte. Su ausencia, lejos de pasar desapercibida, ha sido interpretada como una burla al control parlamentario y una muestra de desprecio por la transparencia.
La sesión, programada para las 10:30 de la mañana, arrancó con la lectura de asistencia. Ninguno de los dos altos funcionarios se hizo presente en el hemiciclo. Ambos enviaron oficios en los que comunicaban su inasistencia, sin brindar argumentos de fondo que justifiquen su decisión de no acudir.
La falta de compromiso del Ejecutivo llega en un momento particularmente sensible, cuando el país atraviesa una crisis de representación y una creciente desaprobación ciudadana hacia sus autoridades. Diversas voces dentro del Congreso ya se alistan para pedir que se reitere la citación, e incluso, que se recurra a mecanismos más severos como la convocatoria por grado o fuerza, amparados en el reglamento parlamentario.
Además de exigir la presencia de los ministros, la Comisión ha anunciado que requerirá los informes legales y técnicos que respaldan el cuestionado decreto supremo que elevó el salario presidencial. Se ha señalado especialmente la necesidad de acceder a los pronunciamientos de SERVIR y del propio MEF, que habrían sido clave para autorizar la medida.
El presidente ejecutivo de SERVIR, Guillermo Valdivieso, también brilló por su ausencia. Su participación era crucial, dado que su entidad fue parte del sustento técnico del aumento. Al igual que los ministros, Valdivieso optó por enviar una carta excusándose, sin aclarar los motivos concretos de su inasistencia.
La estrategia de silencio adoptada por el Ejecutivo no hace más que profundizar el malestar público. En un contexto donde miles de peruanos exigen mayor eficiencia del Estado, el reajuste salarial a Boluarte se percibe como un acto de desconexión con la realidad nacional. La negativa a rendir cuentas solo incrementa las sospechas de arbitrariedad, y abre un nuevo frente de conflicto entre el Ejecutivo y el Parlamento.
Política
REINFO: ¿Formalización o vía libre para la minería criminal?
La ampliación del Reinfo hasta 2025 reabre el debate sobre su eficacia. Mientras el Gobierno de Dina Boluarte defiende el proceso, expertos advierten que podría seguir siendo un escudo para actividades ilegales y delitos ambientales.

El ministro de Energía y Minas, Jorge Luis Montero Cornejo, anunció que más de 31 mil mineros inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) podrán continuar su proceso de formalización hasta el 31 de diciembre de 2025. Sin embargo, la medida, que excluye a más de 50 mil inscripciones inactivas, ha generado una fuerte controversia sobre su efectividad y posibles consecuencias.
El titular del Minem aseguró que se ha realizado un «sinceramiento» del padrón de mineros, con el objetivo de ordenar el proceso y reforzar el combate a la minería ilegal. Montero Cornejo también señaló que se replicarán modelos de intervención como el aplicado en Pataz, que combina acciones de interdicción con mesas de desarrollo lideradas por autoridades locales y sectores del Ejecutivo.
“Reafirmamos nuestro compromiso con la formalidad, la erradicación de la minería ilegal y la construcción de un país con paz social”, declaró el ministro en un medio radial. No obstante, su optimismo contrasta con los cuestionamientos de instituciones especializadas, que consideran que el REINFO ha fracasado en su objetivo original.

Pese a ola de crímenes por la minería ilegal, Gobierno extiende por cuarta vez el Reinfo.
Según el Colegio de Abogados de Lima (CAL), la extensión del REINFO puede terminar favoreciendo el crecimiento de la criminalidad asociada a la minería informal. En un comunicado reciente, el CAL advirtió que, tras nueve años de vigencia, apenas el 2.31 % de los inscritos logró formalizarse. El resto permanece en un limbo legal que, en muchos casos, sirve de cobertura para operaciones ilícitas.
Además, el Tribunal Constitucional ha señalado que el REINFO no puede interpretarse como una figura que otorgue exención penal frente a delitos ambientales. La prolongación del plazo, según el TC, no resulta constitucionalmente amparable si se convierte en una puerta trasera para evitar sanciones legales.
Desde el Ejecutivo se insiste en que la exclusión de 50 mil REINFOS demuestra voluntad de depuración. El 90 % de estos registros, dijo el ministro Montero Cornejo, llevaban más de cuatro años suspendidos y no presentaban ningún avance en el proceso.
Sin embargo, el dilema de fondo persiste: ¿puede el Estado seguir ampliando plazos sin fortalecer la capacidad institucional para fiscalizar y sancionar? Si la formalización se convierte en una excusa para la inacción, el riesgo es que la minería ilegal siga expandiéndose, esta vez con una aparente fachada legal.
Política
Fiscalía Investiga al ministro de Cultura Fabricio Valencia por escándalo de Nasca
La denuncia contra el titular del Mincul y la investigación fiscal surgen por un presunto atentado contra las Líneas de Nasca, Patrimonio Mundial de la Unesco, que habría sido impulsado desde el propio Gobierno.

La Fiscalía ha iniciado una investigación contra el ministro de Cultura, Fabricio Valencia, por una controvertida decisión que puso en riesgo uno de los patrimonios arqueológicos más valiosos del país: las Líneas de Nasca.
Todo comenzó cuando el Ministerio de Cultura redujo drásticamente el área protegida que cubre las milenarias líneas y geoglifos ubicados en la región Ica. Esta decisión —formalizada mediante una resolución viceministerial a fines de mayo— dejó fuera de protección más de 2,300 kilómetros cuadrados. Para muchos, ese recorte abrió las puertas a la minería informal, que ya amenaza la integridad del sitio arqueológico.
La investigación está a cargo de la Fiscalía de Ica, con el respaldo de la Fiscalía Superior Penal de Lima. También participa el Primer Despacho de la Segunda Fiscalía Penal Corporativa de Nasca, liderado por el fiscal José Alejandro Meléndez Curasi, que ha iniciado una pesquisa preliminar de 60 días, con posibilidad de extensión.

Fuente: Ministerio Público.
Además del ministro Valencia, están bajo la lupa la viceministra de Patrimonio Cultural, Moira Novoa Silva —quien firmó la resolución—, así como funcionarios clave de la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Ica y el alcalde provincial de Nasca.
Los investigados incluyen a Jeanette Gutiérrez Achulla, responsable interina de la DDC de Ica; Johny Isla Cuadrado, arqueólogo a cargo del Sistema de Gestión Nasca-Palpa; y William Bravo Quispe, alcalde de Nasca. Se les acusa de presuntos delitos como atentado contra monumentos arqueológicos, omisión de deberes funcionales y abuso de autoridad.
El foco está en la resolución N° 000128-2025-VMPCIC/MC, que modificó los límites del área protegida establecida en 1993 y reafirmada en 2004 por la Unesco. La zona original comprendía 5,633 km², pero con la nueva norma se redujo a 3,235 km², sin que —según la denuncia— se cumplieran los procedimientos legales.
Política
PPK no podrá salir del país: PJ le rechaza habeas corpus
El expresidente Pedro Pablo Kuczynski insiste en evadir a la justicia, pese a estar investigado por presuntos aportes ilegales en su campaña de 2016, vinculados al caso Odebrecht.

Pedro Pablo Kuczynski, expresidente de la República, sigue buscando salidas para esquivar los procesos judiciales en su contra. Esta vez, el Poder Judicial rechazó un nuevo recurso de habeas corpus presentado por su defensa, con el que intentaba levantar la orden de impedimento de salida del país que pesa sobre él por 18 meses.
PPK enfrenta una investigación preparatoria por los presuntos aportes irregulares a su campaña presidencial de 2016, relacionados al caso Odebrecht, uno de los escándalos de corrupción más grandes en América Latina. A pesar de ello, el exmandatario ha insistido en su derecho a viajar al extranjero, ahora apelando a su edad y estado de salud.

En junio PPK se quiso ir del país en silla de ruedas, pero fue impedido por Migraciones.
La Segunda Sala Constitucional de Lima ratificó la decisión del juez Jonathan Valencia, quien ya había declarado improcedente el recurso. El tribunal consideró que no tenía sentido pronunciarse sobre el fondo del pedido, ya que existe una resolución vigente —emitida el 8 de junio por la jueza Margarita Salcedo— que impide la salida de Kuczynski del país por año y medio.
La defensa alegó una supuesta vulneración al derecho de una adecuada motivación judicial. Sin embargo, el colegiado concluyó que la medida restrictiva ya está activa, y por tanto el pedido no tiene objeto, aplicándose la figura legal de “sustracción de la materia”.
“Nos encontramos ante una situación jurídica que responde al régimen ordinario de sustracción de la materia”, señala la resolución judicial.

En 2016, gran sector de la prensa difundía que PPK era ‘presidente de lujo’.
Como ya es habitual, Kuczynski reaccionó alegando injusticia. El pasado 16 de junio, expresó su malestar por no poder viajar a Estados Unidos, argumentando motivos de salud y el deseo de reencontrarse con su esposa, a quien dice no ver desde hace siete años.
Su plan era acudir a una revisión médica en Miami y luego trasladarse a Wisconsin para reunirse con su pareja y buscar fondos para costear su tratamiento y defensa legal.
Sin embargo, para muchos, este nuevo intento de salir del país no es más que una estrategia más de PPK para evitar enfrentar la justicia en Perú. A lo largo de los años, ha usado distintos argumentos para eludir procesos judiciales, y ahora recurre a su edad, con la esperanza de quedar impune.
Política
Inteligencia de la PNP alerta sobre posible toma del Congreso por parte de mineros
Servicio de inteligencia pone en alerta sobre posible toma del parlamento por parte de CONFEMIN.

Un documento interno de la Policía Nacional del Perú (PNP), al que tuvo acceso este medio, advierte sobre una posible toma de las instalaciones del Congreso de la República y locales conexos, protagonizada por mineros afiliados a la Confederación Nacional de la Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (CONFEMIN PERÚ).
Según el memorando N.º 012-2025-DIRSEEST-DIVSECON-DEPOPEDH/OFIPLOPE, la Unidad Especializada PNP, a través de su canal de inteligencia, ha detectado intenciones radicalizadas dentro del grupo de manifestantes que desde hace días bloquean la Av. Abancay. El reporte señala que estas acciones podrían derivar en “posibles actos violentos contra las instalaciones del Palacio Legislativo”, con el objetivo de provocar desmanes dentro del recinto parlamentario.
Frente a este riesgo, el documento ordena al personal policial que extreme las máximas medidas de seguridad, vigilancia y control ante cualquier situación adversa. Se pide especial atención a la presencia de los manifestantes y al posible escalamiento de sus acciones.
El memorando establece una serie de medidas concretas, entre ellas:
- Garantizar la seguridad personal del Presidente del Congreso, vicepresidentes, congresistas y parlamentarios andinos durante su permanencia en la sede.
- Asegurar la protección de todas las instalaciones del Congreso y sus locales conexos, reforzando los dispositivos de seguridad.
- Incrementar la presencia policial y los controles de identidad en accesos y zonas de alto tránsito dentro del perímetro institucional.
- Establecer coordinación con las unidades de inteligencia y el DEPOPEDH para anticipar, prevenir y neutralizar cualquier amenaza.

Esta alerta ocurre en un contexto de creciente tensión social protagonizado por gremios de la minería artesanal, que exigen mayor reconocimiento legal y rechazan recientes fiscalizaciones del Estado. Hasta el momento, no se ha confirmado si el Ejecutivo ha tomado acciones preventivas adicionales frente a este posible escenario.
Política
Dina Boluarte cobrará S/ 71,136 por Fiestas Patrias
Dina Boluarte cobrará S/ 71,136 por Fiestas Patrias

Mientras el país atraviesa una crisis de legitimidad, pobreza creciente y una gestión estancada, la presidenta Dina Boluarte Zegarra ha decidido priorizar su propio bolsillo. El Gobierno publicó el Decreto Supremo N.º 136-2025-EF, con el cual oficializa un escandaloso aumento del sueldo presidencial: de S/ 15,600 a S/ 35,568 mensuales. La norma fue firmada por la propia Boluarte y el ministro de Economía, Raúl Pérez Reyes.

Decreto Supremo N.º 136-2025-EF que aprueba aumento de sueldo presidencial.
A pesar de tener apenas un 3 % de aprobación —la más baja para un mandatario peruano en las últimas décadas— y sin logros de gestión visibles, Boluarte ha decidido duplicarse el salario. En lugar de responder al clamor ciudadano por mejoras en salud, educación o seguridad, la presidenta opta por asegurarse un sueldo mensual superior a los S/ 35 mil, en un país donde la mayoría sobrevive con el salario mínimo o menos.
El decreto, según el Ejecutivo, se sustenta en la implementación progresiva de la Ley del Servicio Civil (Ley N.º 30057), que establece un nuevo régimen de compensaciones para altos funcionarios. También se argumenta que el aumento no demandará recursos adicionales del Tesoro Público, ya que será financiado con el presupuesto del Despacho Presidencial. Sin embargo, el gesto ha sido duramente cuestionado por la ciudadanía y diversos sectores políticos.

Boluarte no solo firmó su propio aumento de sueldo, sino que ahora se ubica entre las funcionarias mejor pagadas del país, a pesar de no tener resultados concretos que justifiquen semejante privilegio. La decisión se hizo oficial tras la aprobación del Cuadro de Puestos de la Entidad (CPE) por parte de Servir, cumpliendo con los requisitos técnicos exigidos por la Ley de Presupuesto 2025. Pero lo legal no siempre es lo legítimo.
La Comisión de Fiscalización del Congreso presidida por el legislador Juan Burgos ya ha citado de urgencia a los titulares de la PCM, Eduardo Arana, el MEF, Raúl Pérez-Reyes y Servir para que este viernes 4 de julio expliquen el sustento real de este incremento. Porque más allá del tecnicismo, lo cierto es que el país no ve reflejado en la gestión de Boluarte Zegarra una razón válida para premiarla con más dinero.
El contraste es evidente. Hace no mucho, la presidenta declaró públicamente que con 10 soles se podía comer en el Perú. Hoy, con un ingreso mensual que supera los S/ 35 mil —sin contar gratificaciones—, la brecha entre su discurso y sus actos se vuelve insostenible. En julio, por ejemplo, recibirá una gratificación adicional por Fiestas Patrias del mismo monto, es decir, S/ 71,136 en un solo mes.

Decreto Supremo N.º 136-2025-EF.
Pero más allá del descontento social, el aumento podría tener implicancias legales. La Ley 28212, que regula las remuneraciones de altos funcionarios del Estado, establece que ningún funcionario público puede ganar más que el Presidente de la República, y fija como tope máximo diez Unidades de Ingreso del Sector Público (UISP). Cada UISP equivale a S/ 2,600, por lo que el salario presidencial no debería superar los S/ 26,000.
Con el nuevo decreto, Boluarte sobrepasa ampliamente ese límite, lo cual podría configurar una infracción a dicha ley. Además, la misma norma indica que cualquier pago que exceda este tope es nulo de pleno derecho y genera responsabilidad administrativa para quienes lo autoricen.
De acuerdo con la Ley 28212, toda modificación en la escala salarial debe responder a principios de racionalidad y equidad en el uso de recursos públicos. Sin embargo, el aumento aprobado por el Consejo de Ministros va en contra de esta lógica, y evidencia una desconexión preocupante entre el gobierno y las necesidades reales del país.
Mientras millones de peruanos enfrentan precariedad económica, la presidenta ha decidido recompensarse a sí misma, como si estuviera liderando un país exitoso y en bonanza. La medida, aunque revestida de legalidad, refleja una ambición personal incompatible con el momento crítico que vive el Perú.
Dina Boluarte no solo es la presidenta más impopular en la historia reciente, sino que ahora también será una de las mejor pagadas. Una contradicción que retrata con claridad sus prioridades: primero su sueldo, después —muy después— el país.
Política
Premier Arana: “Un juez supremo gana mucho más que la presidenta”
El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana sobre el aumento de sueldo presidencial brindó un absurdo y polémico argumento, minimizando el contexto social y priorizando comparaciones que poco justifican el privilegio.

Tras la aprobación formal del controvertido aumento de sueldo a la presidenta Dina Boluarte, en el Consejo de Ministros, duplicando su remuneración mensual. Según explicó el ministro de Economía, Raúl Pérez Reyes, la medida responde a una supuesta “homologación” con los salarios de otros jefes de Estado en América Latina.
Sin embargo, más allá de los argumentos técnicos, la defensa incondicional del premier Eduardo Arana ha despertado cuestionamientos. En lugar de mostrar sensibilidad ante el contexto de crisis económica y el rechazo ciudadano, Arana optó por justificar el incremento apelando al rango constitucional del cargo presidencial. Afirmó que la presidencia es la más alta función del Estado y, por ende, debería ser la mejor remunerada.
“Con relación a la institución presidencial, no se debe hacer ni demagogia ni escarnio (…) tenemos funcionarios que están incluso por encima de S/ 60 mil soles, solo un juez supremo gana más que el sueldo aprobado”, señaló, en una inusual comparación que parece más una defensa personal que un análisis técnico.

El premier intentó deslindar el beneficio directo a Boluarte, señalando que no se trata de una persona, sino de un cargo. Según él, la iniciativa busca “darle el lugar que merece” la figura presidencial, completando así la reforma pendiente de Servir, que ya había ajustado los salarios ministeriales.
No obstante, su insistencia en justificar lo injustificable parece más alineada con una estrategia de blindaje político que con un criterio de equidad o eficiencia del gasto público. La decisión de aumentar el salario presidencial en medio de recortes sociales, crisis de legitimidad y baja aprobación ciudadana, refleja una desconexión preocupante entre el Ejecutivo y la realidad del país.
Boluarte, cuya remuneración era una de las más bajas de Sudamérica, ahora se ubica entre las presidentas mejor pagadas del continente. Sin embargo, la pregunta persiste: ¿merece el país este tipo de prioridades mientras millones enfrentan precariedad y abandono estatal?
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