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Patrimonio Cultural

Millonario proyecto del alcalde de Jesús María pone en riesgo el Campo de Marte

El Campo de Marte es un monumento histórico y como tal tiene la condición de Patrimonio Cultural de la Nación. A pesar de eso, el alcalde Jorge Quintana pone en riesgo nuestro patrimonio con el lamentable apoyo del Ministerio de Cultura y la inoperancia del alcalde Jorge Muñoz.

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Alcalde de Jesús María Jorge Quintana y alcalde Jorge Muñoz.

El alcalde de Jesús María Jorge Quintana pretende retirar el cerco perimetral al Campo de Marte, y anular la calzada vehicular en la avenida de la Peruanidad. Pero lo más sorprendente es que le cambiará de nombre. El alcalde quiere llamarlo “Gran Parque de la Peruanidad“. 

El Campo de Marte es un gran parque ubicado en el tradicional distrito de Jesús María en Lima y conforme a la Ley Nº 16979, desde el 3 de mayo de 1968 fue declarado como área verde intangible. 

Alcalde de Jesús María Jorge Quintana.

Su área abarca alrededor de 375 mil metros, equivalentes a más de 37 hectáreas y está rodeado de monumentos emblemáticos, como el monumento a los defensores de la frontera, monumento a la Madre, monumento a Jorge Chávez y el monumento a Miguel de Cervantes Saavedra. Asimismo, el gran parque es conocido, porque en el lindero de la avenida de La Peruanidad, ocasionalmente se realiza la Gran Parada Militar. Antiguamente, este parque albergaba al hipódromo de Santa Beatriz.

Este emblemático parque ha sido el gran pulmón en el distrito Jesusmariano y corre el riesgo de ser rediseñado y remodelado, porque se llevará a cabo el proyecto denominado Rehabilitación y Acondicionamiento del Campo de Marte. El arquitecto que realizó el diseño del proyecto fue Augusto Ortiz de Zevallos. Sí, el mismo arquitecto de la gestión de la hoy investigada Susana Villarán.

Augusto Ortiz de Zevallos.

Recodemos que Ortiz de Zevallos fue presidente de la Autoridad Proyecto Costa Verde, y el responsable de maquillar a la playa La Herradura con arena, que luego fue arrastrada por el oleaje, hasta desaparecer.   

El proyecto lo realizará el municipio de Jesús María, a través del alcalde Jorge Quintana; sin embargo, quien realmente tiene la competencia de realizarlo, es la Municipalidad Metropolitana de Lima. Cabe resaltar, que el Campo de Marte es un monumento histórico y fue declarado área verde intangible.


Ley 16979.

Durante los tramites que inició la Municipalidad de Jesús María en el Ministerio de Cultura, ocurrió algo extraño. En principio, el 16 de julio de 2019, la Dirección de Patrimonio Histórico Inmueble, le remitió al alcalde de Jesús María, Jorge Quintana, el Oficio NºD000576-2019-DPHI/MC que mostraba una serie de observaciones al proyecto, porque se vulneraba el patrimonio. El oficio fue firmado por la directora de la Dirección de Patrimonio Histórico Inmueble, Gabriela del Rosario Silva Capelli. Curiosamente al mes de emitir ese oficio, dicha funcionaria renunció a su cargo.  

Oficio del Ministerio de Cultura D000576-2019-DPHI/MC

Pero, al siguiente año, la Municipalidad de Jesús María logró que el Ministerio de Cultura apruebe el proyecto, según la Resolución Directoral Nº 000099-2020 DGPC/MC, del 01 de diciembre de 2020 y entre las decisiones que tomó la Dirección General de Patrimonio Cultural, señalan: “El citado órgano técnico concluye que de la evaluación realizada al expediente presentado y documentación complementaria, se considera de ejecución viable la propuesta de intervención arquitectónica en el espacio público del proyecto denominado Rehabilitación y Acondicionamiento del Campo de Marte, como parte del eje ambiental del distrito de Jesús María”.

Lo extraño es que, en los párrafos de ese documento, como por arte de magia, desapareció, entre los fundamentos legales de observación, la Ley Nº 16979, que anteriormente Silva Capelli había consignado.

En el nuevo documento, que prácticamente le dio luz verde al proyecto del alcalde Jorge Quintana, se lee la firma de la Directora General de la Dirección General de Patrimonio Cultural, Shirley Yda Mozo Mercado (quien reemplazó a Gabriela Silva Capelli).

Resolución Directoral firmada por Shirley Mozo, Directora General de Patrimonio.

Se puede entender, que desde el Ministerio de Cultura sustenten su competencia que se basa en el Reglamento de Organización y Funciones (Decreto Supremo Nº 005-2013-MC). Una pregunta pertinente es ¿Cómo el Ministerio de Cultura adquiere competencia para autorizar la peatonalización de una vía vehicular? Si tomamos en cuenta que, desde el punto de vista jurídico, no la tiene.

Resolución Directoral Nº 000099-2020 DGPC/MC.

Asimismo, los instrumentos legales del Ministerio de Cultura tampoco pueden colisionar y mucho menos ir por encima de lo que estipula la Ley Nº 16979, que señala que el Campo de Marte es un área verde intangible y, por lo tanto, según su artículo segundo, el Campo de Marte queda excluido como lugar de toda clase de juegos recreativos, de exposiciones y ventas de productos comerciales e industriales, así como de toda construcción que reduzca o afecte su área y la perspectiva de su belleza urbana.

La legitima función del Ministerio de Cultura no es otra cosa que defender la conservación, velar por la preservación y luchar contra la alteración y/o destrucción de todos los bienes que hayan sido declarados Patrimonio Cultural de la Nación, tanto, material, e inmaterial, y bajo ese principio el Campo de Marte es una zona verde intangible.

Campo de Marte del distrito de Jesús María.

Entonces ¿Cómo es posible que un defensor del patrimonio cultural como el Ministerio de Cultura, haya aprobado dicho proyecto haciendo una especie de resonancia a las pretensiones de la Municipalidad de Jesús María? a través, de la Resolución Directoral N° 00099-2020DGPC/MC, cuando debió observarlo, ya que el proyecto incumple las siguientes normas legales que establecen su protección:

La Ordenanza Nº 523, que señala que el Campo de Marte es un Parque Metropolitano y como tal está bajo la administración legal de la Municipalidad Metropolitana de Lima; no obstante, el Ministerio de Cultura respalda dicha usurpación con la RD Nº 00099-2020-DGPC/MC, siendo que la Municipalidad de Jesús María administra el espacio público denominado Campo de Marte.

Se vulnera la Ley Nº 16979 del 08 de abril de 1968 que declara en su artículo 1º al Campo de Marte como “Área Verde Intangible”, asimismo, en el artículo 2º queda excluido el Campo de Marte como lugar, de toda clase de juegos recreativos, de exposiciones y venta de productos comestibles e industriales, así como de toda la construcción que reduzca o afecte su área y la perspectiva de su belleza urbana.

Se desconoce la Resolución Jefatural Nº 509-INC y las Resoluciones Directorales 173º y 193º que lo declaran Ambiente Urbano Monumental Intangible.

Se desconoce el artículo 7º de la norma A.140 del Reglamento Nacional de Edificaciones aprobado por D.S. Nº 011-2006-Vivienda, el cual define como objetivo principal de la ejecución de obras en bienes culturales inmuebles, la conservación y preservación. En la misma norma, el artículo 11º desconoce el acondicionamiento como tipo de intervención en los bienes culturales inmuebles.

No se contempla la Ley Nº 27446 que obliga a contar con una Certificación Ambiental debidamente otorgada por el Sistema Nacional del Impacto Ambiental (SEIA). Dado que remueve y altera áreas verdes y pone en riesgo los arboles existentes, desprotegiendo la flora y fauna del parque (aves). La cual también debe contemplar el impacto vial, al eliminar la avenida de La Peruanidad y considerar la obligatoriedad de la consulta ciudadana.

Se atenta contra la Ley Nº 27815 que en su artículo 6º señala los: “Principios de la Función Pública: El servidor público actúa de acuerdo a los siguientes principios: 1. Respeto. Adecua su conducta hacia el respeto de la Constitución y las leyes, garantizando que en todas las fases del proceso de toma de decisiones o en el incumplimiento de los procedimientos administrativos, se respeten los derechos a la defensa y al debido procedimiento…”

A pesar de tales inobservancias a la ley, la Municipalidad Distrital de Jesús María se empecina en impulsar a toda velocidad un Proyecto de Inversión Pública (PIP) que pretende transformar el Campo de Marte, usurpando las funciones de la Municipalidad Metropolitana de Lima, quien realmente, es su administrador legal.

Alcalde de Lima Jorge Muñoz.

El proyecto, no respeta las leyes vigentes que protegen al Campo de Marte como un Monumento Histórico integrante del Patrimonio Cultural de la Nación y que fue declarado Ambiente Urbano Monumental; y tampoco toma en cuenta, ni respeta las leyes de Inversión Pública y de Evaluación del Impacto Ambiental. Asimismo, el alcalde Jorge Quintana se ha negado a mostrar el proyecto a los vecinos. Apenas, han mostrado videos en 3D, que él los administra, porque, ni siquiera están en el portal institucional, y menos en las redes sociales. ¿Qué esconde el alcalde?

Es preciso anotar que en el distrito de Jesús María nunca hubo cabildos abiertos, donde los propios vecinos coordinen conjuntamente con las autoridades de la comuna las acciones a realizarse en beneficio del distrito. En esa línea, los vecinos en su mayoría no han sido debidamente informados por la municipalidad sobre este proyecto, ni tampoco han sido consultados sobre su ejecución a pesar de los múltiples pedidos.

Ahora bien, la Municipalidad de Jesús María en febrero emitió un comunicado en su plataforma institucional (no lo ha colgado en las redes sociales porque evidentemente, esto indignará a los vecinos. Aunque es importante señalar que al principio circuló en los chats de WhatsApp y luego en volantes en algunas zonas de Jesús María) que desmiente las aseveraciones de los vecinos y en él señalan que recuperarán el Campo de Marte, lo embellecerán y conservarán las áreas verdes; asimismo señalan que personas inescrupulosas vienen difundiendo información falsa para ganar protagonismo. 

En el comunicado de la Municipalidad de Jesús María no informan correctamente. En él no explican que:

Habrá retiro del Cerco Perimétrico de todo el Campo de Marte.

Que cambiarán el nombre. De Campo de Marte, a Gran Parque de la Peruanidad.

Que construirán la peatonalización de la Av. de la Peruanidad

No explica ¿cómo o por qué? el presupuesto del proyecto pasó de 5 millones, a 15 millones y finalmente, ahora es 19 millones de soles. (Increíble que un presupuesto se eleve tanto).

Que habrá colocación de quioscos móviles (itinerantes).

Que se aumentará sustancialmente el aforo para la realización de ferias gastronómicas, eventos y otras actividades orientadas a concesionar el parque, para la obtención de recursos financieros.

Que se construirá un tanque de agua para consumo.

Que del 100% del presupuesto total, ni siquiera el 5% está destinado a “paisajismo” y que solo 45 mil soles (es decir, casi nada) están destinados a arborización que incluye PALMERAS.

Que el 95% del presupuesto está destinado a concreto, cemento y fierro.

Y que finalmente, construirán 150 estacionamientos en el Jr. Nazca. (Esto nos parece más un gran negocio de estacionamientos).

Lima Gris conversó con algunos representantes de los vecinos y ellos manifestaron que se oponen a toda intervención y modificación de sus áreas verdes y al retiro del cerco perimetral. Así como, a la manipulación de su diseño original, que cambia y distorsiona su escala, uso, nombre, trama peatonal y perspectivas paisajísticas; e introduce comercios ambulatorios, estacionamientos y elementos arquitectónicos (pórticos monumentales).

Resultado de encuestas donde los vecinos rechazan el proyecto.

Incluso, los vecinos se sorprenden del discurso de la municipalidad, porque en su comunicado señala que el Proyecto de Recuperación no afectará áreas verdes; sin embargo, se tiene evidencia que en la solicitud de financiación en el Informe de Consistencia que envía la Municipalidad de Jesús María a la Municipalidad Metropolitana de Lima, que asciende a casi 20 millones, tan solo un millón y medio de soles, corresponde a áreas verdes (arboles); mientras que la mayoría del fondo está destinado para obra gruesa (cemento, concreto, fierro, etc.). Los vecinos manifiestan que respetan y cuidan el Campo de Marte y estarían de acuerdo con que la Municipalidad Metropolitana de Lima proponga un proyecto, considerando una licitación pública que busque su recuperación y puesta en valor respetando las leyes, así como su identidad, su historia, su belleza urbanística y sobre todo sus áreas verdes.

Ante la preocupación colectiva, los vecinos tomaron la decisión de manifestarla por escrito y han enviado un Memorial en mesa de partes virtual Nº 2021-0025050 el 3 de marzo de este año, plasmado en 87 folios y con 730 firmas de vecinos de Lima, dirigida al propio alcalde de Lima Jorge Muñoz y a todos los regidores que conforman el Concejo Metropolitano.

Sin embargo, hasta el cierre de esta nota la Municipalidad de Lima no brindó ninguna respuesta.

MEMORIALMUÑOZ

Al alcalde Jorge Muñoz le compete pronunciarse sobre este desafortunado proyecto, y si él continúa en silencio, estaría permitiendo que la Municipalidad de Jesús María vulnere el respeto irrestricto a las leyes y al debido proceso. Así mismo, el alcalde Muñoz debe garantizar que se escuche la opinión de la mayoría de los vecinos y además considerar que se debe contar con la licencia social para dar pase a un proyecto de inversión pública de gran envergadura, si tomamos en cuenta que es un parque emblemático en Lima Metropolitana.

El proyecto, empezará en julio de 2021 y por el momento en Jesús María no hay dinero para empezarlo. Recordemos que primero se dijo que costaría 5 millones de soles, luego se incrementó en 15 millones y actualmente, el costo del proyecto será casi 20 millones de soles.

Entre tanto, la Municipalidad de Jesús María viene solicitando los fondos a la Municipalidad Metropolitana de Lima a través de Invermet; pero, además, de forma paralela han ingresado al banco de proyectos del Ministerio de Economía y Finanzas.

Es decir, tienen plan A y plan B para conseguir el dinero. Otro detalle curioso, es que ambos alcaldes, Jorge Muñoz de Lima, y Jorge Quintana de Jesús María, son de Acción Popular.

Antes del cierre de esta nota, nos comunicamos con el Ministerio de Cultura para conversar con la directora de la Dirección General de Patrimonio Cultural, Shirley mozo, su descargo fue mediante un documento.

Ministerio de Cultura.

Descargo de Shirley Mozo, Directora General de la Dirección de Patrimonio Cultural

  • El Campo de Marte, se emplaza en la primera cuadra de la Av. Salaverry esquina con Av. 28 de Julio, esquina con Av. La Peruanidad y el Jr. Nazca, en el distrito de Jesús María, provincia y departamento de Lima. Se encuentra declarado como Ambiente Urbano Monumental mediante la Resolución Jefatural N° 509 de fecha 01 de setiembre de 1988, y mediante Resolución Directoral N° 173/INC-DREPH, de fecha 19 de octubre de 2007, se aprueba la propuesta de rectificación y ampliación de los linderos del Ambiente Urbano Monumental del Campo de Marte en base al Plano AUM-001-2007-INC-DPHCR-SDR.
  • El proyecto cuenta con la opinión viable desde la etapa de anteproyecto presentado mediante el Expediente N° 2020-014105 en febrero del año 2020. La evaluación ha respetado estrictamente la Ley 16979, dado que las intervenciones a ejecutar en el Campo de Marte no contemplan juegos recreativos, ni exposición y venta de productos comerciales e industriales, ni construcción que reduzca o afecte su área y la perspectiva de su belleza urbana. Si bien no se hizo mención de la citada ley en la etapa del proyecto, esto es porque la misma tiene efecto vinculante con el anteproyecto.
  • El proyecto cumplió con los requisitos establecidos en el numeral 28-A-1.10 y el procedimiento indicado en el artículo 28-A-1 del Reglamento de la Ley 28296. Asimismo, las intervenciones de las áreas verdes respetan las especies arbóreas existentes en el Ambiente Urbano Monumental, dado que se realizará el tratamiento paisajístico para mejorar la percepción visual del ciudadano.
  • Se ha optimizado la infraestructura del espacio público mediante la remodelación de los accesos y los senderos de circulación con materiales de acabado contemporáneos. Cabe destacar que los accesos actuales no jerarquizan los ingresos, asimismo, los senderos actuales carecen de valor patrimonial, toda vez que son veredas de concreto con acabado de cemento pulido. El eje central que divide el espacio público desde la Av. 28 de julio hasta el Jr. Nazca es de asfalto, ambos presentan deterioros.
  • El proyecto respeta los monumentos existentes en el Campo de Marte, mejorando su entorno inmediato y realzando su valor histórico para disfrute del ciudadano. Sólo se ha trasladado el Monumento de César Vallejo a un espacio interior y propio dentro del Ambiente Urbano Monumental. Además, el proyecto mejora las condicionantes de habitabilidad y funcionamiento del espacio público dotándolo de servicios higiénicos, los cuales, no afectan ni reducen el área, ni la perspectiva de la belleza urbana, toda vez que se encuentran soterrados, presentan techos verdes y se mimetizan con el entorno natural para no disturbar la imagen del paisaje del Ambiente Urbano Monumental. Es necesario puntualizar que actualmente el Campo de Marte no cuenta con estos servicios y los ciudadanos hacen uso indebido de las áreas verdes y especies arbóreas para sus necesidades fisiológicas.

Además, la funcionaría del Ministerio de Cultura mencionó: “Finalmente debe destacarse que las intervenciones respetan la normatividad aplicable a los bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación, el uso del espacio público como área verde del Ambiente Urbano Monumental del Campo de Marte establecida en la Ley N° 16979, y están orientadas a mejorar la actual infraestructura para goce y disfrute del ciudadano, razón por la cual esta Dirección General de Patrimonio Cultural emitió la Resolución Directoral N° 099-2020-DGPC/MC, en fecha 01 de diciembre de 2020, resolviendo emitir la autorización sectorial para la ejecución del proyecto denominado Rehabilitación y Acondicionamiento del Campo de Marte, como parte del eje ambiental del distrito de Jesús María, provincia y departamento de Lima. Cabe precisar que dicha autorización no faculta el inicio de las obras, las cuales deben ser gestionadas ante los entes competentes.

El Ministerio de Cultura ha evaluado y autorizado la intervención del proyecto de “Rehabilitación y acondicionamiento del Campo de Marte como parte del eje ambiental del distrito de Jesús María”, respetando el debido procedimiento, respetando nuestras competencias establecidas en la normatividad vigente”.

Luego de leer el descargo del Ministerio de Cultura, tenemos que señalar que sus argumentos no resultan convincentes, en el sentido de que mencionan normativas, pero no precisan las vulnerabilidades que se estarían ejerciendo contra el Campo de Marte, por considerarse intangible.

Asimismo, nos comunicamos con la Municipalidad de Jesús María para poder conversar con el alcalde Jorge Quintana, pero nos atendió Mayra Nieto, Gerente de Comunicaciones, con quien hemos coordinado una entrevista con la Gerente Municipal para el día viernes.

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Cultura

Caral, metáfora del estado y la cultura en el Perú

En plena pandemia “agricultores” han invadido y depredado parte de la zona arqueológica de Caral. En medio del conflicto aparece el congresista Carlos Almerí, quien protege y defiende a los invasores.

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Por: Vicente Otta R.

Caral y su importancia histórica y cultural 

Aprovechando la emergencia sanitaria que produjo el confinamiento que dispersa las fuerzas de seguridad por atención a la pandemia, falsos agricultores han invadido y perpetrado actos predatorios contra Caral, la zona arqueológica de trascendental importancia, a 180 Km. Al norte de Lima (Supe-Barranca).

La cultura Caral es la madre de América. Desarrollada entre los años 3000 y 1800 antes de Cristo, contemporánea de las de Mesopotamia, Egipto, India y China, esta civilización surgió siglos antes que cualquier otra cultura pre hispánica.  

Por dicha condición la UNESCO la declaró Patrimonio Cultural de la Humanidad. Ubica al Perú y su historia como una de las 5 fuentes civilizatorias de la humanidad. Antigüedad que supone conocimiento y organización social.

Esta condición potencia enormemente nuestra arqueología, historia y cultura, que en el contexto de la sociedad del conocimiento y la globalización, se convierte en poderoso factor de atractivo turístico mundial, ya establecido por Machu Picchu. Lo amplía y consolida. 

Falsos agricultores quieren hacer chacra del área arqueológica

Desde mayo-junio del 2020, varias familias han invadido y construido casas precarias y sembrado plantas de paltos y mangos. Al típico estilo de los invasores de tierras eriazas que en muchos lugares del litoral peruano, invaden áreas pertenecientes al Estado peruano o a comunidades campesinas, “toman posesión” mediante estos procedimientos expeditivos ilegales,  solicitan el derecho de posesión, para luego solicitar la propiedad del bien.

En el caso que denunciamos no se trata de tierras eriazas sino de áreas legalmente establecidas como zona arqueológicas. Que cuenta con toda la fundamentación científico-académica: El sitio arqueológico Caral se encuentra reconocido como Patrimonio Cultural de la Nación mediante la Resolución Directoral Nacional del Instituto Nacional de Cultura N.° 720/INC del 20 de setiembre del 2002 y ratificada mediante la Resolución Viceministerial N.° 256-2011-VMPCIC-MC del 3 de marzo del 2011. Y desde el 2009, declarado Patrimonio cultural de la humanidad.

Legal patrimonial: a través de la Res. N.° 138-2006/SBN-GO-JAD, de la Superintendencia de Bienes Nacionales, emitida el 16 de noviembre del 2006, se declaró la transferencia patrimonial predial de Caral a favor del INC. Está inscrito en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos como propiedad del Ministerio de Cultura, con el código N.° 80027096, acreditan y legitiman su pertenencia a la Zona Arqueológica Caral- ZAC. La pertenencia legal de estos terrenos a la ZAC es incuestionable.

Foto: Andina.

Tierras de enorme valor comercial

Una hectárea cultivable con tierra de buena calidad y provisión de agua, como es en el área invadida, tiene un valor de mercado de $ 25-30 mil dólares americanos. Aquí estamos hablando de aproximadamente 40 Has. Lo que hace cerca de un millón de dólares. Estando en producción con plantas de 4-5 años su valor se duplica, serían dos millones de dólares a la vuelta de tres o cuatro años. Así que de pobres agricultores, ni un pelo. Tráfico de terreno y voracidad de dinero simple y llanamente.

La denuncia de la ZAC, dice que estos invasores provienen de la ciudad de Barranca, no residen en la zona; que levantan precarias viviendas y realizan instalación de plantones, para dar la imagen de que residen en la zona y tienen áreas ya cultivadas. Un verdadero montaje para dar visos de legalidad al operativo de afectar el área arqueológica y ganar dinero a costa del estado y nuestra cultura.

Carlos Almerí Veramendi, congresista de Podemos que apadrina a los invasores

El señor Almerì, transitorio inquilino del parlamento, no ha tenido mayor inspiración que cobijar bajo sus paternales alas al grupo de invasores de Caral. Para otorgar cierta apariencia de carácter social a este despropósito ha llamado a los traficantes de terreno, “agricultores emprendedores”, que merecen el apoyo y protección legal de las autoridades.
De esta manera neutraliza y deja sin piso las acciones judiciales y policiales de los encargados de Caral, que en varias ocasiones han visto fracasadas las acciones de desalojo de las áreas invadidas. 

Los encargados de la zona arqueológica han denunciado que la policía y las autoridades municipales se hacen de la vista gorda ante estas acciones atentatorias del patrimonio arqueológico, que cuentan con la protección de Almeri. 

Don dinero se da la mano con don Almerì y neutralizan la acción de la justicia.  

Área invadida. Foto: El Comercio.

Congresista Almeri pide Mesa de Diálogo que legitima a los traficantes.

Carlos Almerí, congresista por las filas de Podemos Perú, se ha proclamado “el defensor de los agricultores” del Valle de Supe. En tal condición,  presiona a las autoridades judiciales  y policiales, y  ha llegado al extremo de enviar un oficio a la Presidencia del Consejo de Ministros, con fecha 11 de enero último, solicitando una Mesa de Dialogo pues según él, “agricultores del valle de Caral han sido afectados con la destrucción de sus cultivos”. 

El mundo al revés. Una autoridad  parlamentaria apoyando a los que violan la ley. Solicitar la Mesa de Dialogo, lejos de establecer un canal de comunicación o de acercamiento entre las partes, es legitimar las acciones criminales de los traficantes de tierra puesto que otorga visos de legalidad a sus acciones criminales, y condición de contraparte en una situación de conflicto, que existe solamente por su invasión.

En otras palabras, según dicha solicitud, los representantes de la Zona Arqueológica Caral estarían actuando abusiva e ilegalmente, provocando una situación de conflicto social que la Mesa de Dialogo debe ayudar a resolver.

Esta intervención irresponsable e impertinente del congresista Almerí, envalentona a los traficantes y los empodera a tal punto que realizan amenazas y ataques violentos contra el personal del proyecto arqueológico y rechazan las decisiones judiciales y la presencia policial.

Han llegado a tal extremo, que Ruth Shady, directora del proyecto Caral, se vea obligada a realizar serias denuncias, “Estamos recibiendo amenazas de personas que se están aprovechando de las condiciones de pandemia para ocupar los sitios arqueológicos e invadirlos para establecer cabañas, pasar maquinarias por las tierras… destruyen lo que encuentran”, dijo Shady durante una entrevista. Y agrega: “Un día llamaron al abogado que trabaja con nosotros y le dijeron que lo iban a matar junto conmigo y nos iban a enterrar cinco metros debajo del suelo” si persistían los trabajos en el lugar, denunció.

Arqueóloga Ruth Shady.

Esta conducta mafiosa es consecuencia de un accionar coordinado entre los traficantes y ciertas autoridades como el congresista Almeri, puesto que las acciones ilegales y criminales que realizan los traficantes de tierras, encuentran su complemento en las gestiones  oficiales (solicitud de Mesa de Dialogo) mientras son protegidos para evitar el desalojo.

Sheraton versus muro inca en el Cusco, precedente resuelto acertadamente

Un acto de lesa cultura equiparable al de Caral se produjo el año 2012, cuando la cadena de hoteles Sheraton quiso ampliar su cadena y para edificar un nuevo local, destruyó un muro inca de más de 500 años de antigüedad en el centro histórico del Cusco. Contraviniendo normativas legales realizó la construcción de un hotel de siete pisos. 

Luego de un largo y engorroso proceso judicial, que se prolongó por la actitud ambigua y concesiva de algunas autoridades locales y regionales, finalmente la Corte Suprema sentenció, el año 2019, la demolición del edificio y la restauración del muro inca dañado. Previamente, el año 2016, multó a Sheraton con dos y medio millones de dólares por la infracción cometida.

Congresista Carlos Almerí.

Comisión de ética y no Mesa de Diálogo para Almerí

Este congresista en lugar de cumplir sus obligaciones principales, elaborar y promulgar leyes, fiscalizar el cumplimiento de la legislación existente, y representar los intereses de los ciudadanos se dedica a proteger grupos delictivos. De Almerì lo poco que se conoce es su vinculación con los traficantes de tierras que atentan contra Caral, violando las disposiciones legales existentes y presionando a autoridades judiciales y policiales para que no sean sancionados. 

Este congresista debiera ser sometido a la Comisión de ética en lugar de pedir que se forme una Mesa de Dialogo contra la Zona Arqueológica Caral.

Es abundante la cantidad de actos ilegales y criminalidad que se cometen desde el poder político o con su apoyo. Es una de las razones por la que la política ha ido perdiendo legitimidad. El propio Estado ha debilitado seriamente su condición de garante de la justicia y protección del interés común.

Pocas cosas son tan valiosas para el bien común, la historia y la identidad nacional de un pueblo como su cultura. Defender Caral, tribunal ético para Almerí.

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Actualidad

Por falta de mantenimiento famoso puente inca de Q’ eswachaka se desploma

Considerado Patrimonio Cultural de la Nación no fue atendido durante la pandemia.

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Lamentable. A través de mensajes de pesar los comuneros de la zona de Quehue, ubicado en la provincia de Canas, informaron acerca de la caída del rústico puente, elaborado a base de fibra vegetal (ichu), debido a que el año pasado su mantenimiento anual se vio interrumpido debido a la pandemia.

Su mantenimiento era realizado tradicionalmente el primer domingo de junio por los propios pobladores quienes año a año se encargaban de reemplazar las fibras por unas nuevas, sin embargo el año pasado no se pudo realizar su refacción debido a la inmovilización decretada por el Estado.

Dicho mantenimiento era famoso por locales y extranjeros quienes se acercaban a presenciar la “minka” para restaurar el puente inca.

Foto: diario Correo.

Historia del puente Q’eswachaka

Atravesando el río Apurímac, este hermoso puente cuenta con una extensión de 29 metros de largo y 1.20 de ancho; se ubica a tres horas y media de la ciudad imperial del Cusco, en el distrito de Quehue, a una altura de 3700 metros sobre el nivel del mar.

Considerado el último puente inca “vivo”, esta obra de ingeniería ancestral se mantuvo en pie durante generaciones gracias a los cuidados de los mismos comuneros de Quehue, quienes se encargaban de reemplazar las fibras vegetales por otras nuevas, año a año. El proceso de refacción se encuentra envuelto de rituales, pagos a la Pachamama y los Apus. Durante cuatro días todos los miembros de las familias participaban en ese evento religioso andino.

En agosto de 2009 el entonces Instituto Nacional de Cultura del Perú (INC) declaró como Patrimonio Cultural de la Nación el “ritual de renovación del puente Q’eswachaka, así como los conocimientos asociados a su historia y construcción”.

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Patrimonio Cultural

Ministerio de Cultura: Las mentiras de la intocable viceministra Leslie Urteaga

Un informe que revela el favorecimiento a una minera canadiense y que pone al descubierto las mentiras de la viceministra Leslie Urtega. Una de las funcionarias más cuestionadas del MINCUL que viene siendo protegida por el ministro Alejandro Neyra.

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El 16 de marzo Lima Gris publicó el informe titulado: Ministerio de Cultura: Viceministra Leslie Urteaga firmó resolución que favorece a Minera canadiense “La Arena” en Huamachuco. En la nota, se hizo alusión a la Resolución Viceministerial Nº 000044-2021-VMPCIC/MC firmada por la viceministra de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales, Leslie Urteaga, y que anula la Resolución Directoral anterior, N° 000345-2020-DGPA/MC (que desaprueba el informe final del Proyecto de Rescate Arqueológico) y a además declara FUNDADO el Recurso de Apelación interpuesto por la Minera La Arena S.A. Asimismo, ordena retrotraer el procedimiento administrativo al momento de la evaluación de la solicitud de aprobación del informe final, presentada por la empresa La Arena.

Lima Gris tuvo acceso a información clave que revela que, debido a las inconsistencias de la Resolución Viceministerial en conflicto, el expediente de aprobación del Informe Final del Proyecto de Rescate de la Minera La Arena, ha retornado a la Dirección de Calificaciones de la Dirección General de Patrimonio Arqueológico Inmueble (DGPA) para que de todas formas sea aprobado. 

A pesar de la irregularidades, Leslie Urteaga es protegida por el ministro Alejandro Neyra.

A continuación, las mentiras e inconsistencias de la Resolución que firmó Leslie Urteaga 

La Resolución Viceministerial N° 000044-2021-VMPCIC/MC de fecha 24 de febrero de 2021 declaró NULA la Resolución Directoral N° 000345-2020-DGPA/MC que desaprobó el informe final del “Proyecto de Rescate Arqueológico del Sitio Arqueológico N° 18 – La Arena, distrito Huamachuco, provincia Sánchez Carrión, departamento La Libertad”. Asimismo, dispone que la Oficina de Recursos Humanos del Ministerio de Cultura habrá proceso administrativo a los servidores que participaron de la evaluación del expediente.

Si observamos el contenido de la Resolución Viceministerial, lo primero que podemos advertir: que no se consigna el número de expediente con el cual, la empresa Minera La Arena S.A. interpuso el Recurso de Apelación al Ministerio de Cultura. Esa omisión es inusual, si consideramos que es el punto de partida referencial para el desarrollo de los argumentos en todo acto resolutivo y de por sí, es irregular porque dificulta el acceso a todo el expediente a los administrados que pretendan solicitar una copia de los actuados (documentos que conforman la totalidad del expediente) por acceso a la información pública.

 Asimismo, entre otras consideraciones de esta Resolución Viceministerial: señala que el equipo de conservación del proyecto recomendó el desmontaje de las estructuras arqueológicas, dizque, por los efectos negativos que las lluvias y las voladuras en áreas cercanas, pudieran ejercer sobre dichas estructuras.

En primer lugar, se debe indicar que quien debió recomendar el desmontaje de las estructuras arqueológicas debió ser el inspector del Ministerio de Cultura, y no el equipo de conservación del proyecto, porque ellos no tienen ninguna responsabilidad administrativa, ni legal. En este sentido, la responsable ante la administración pública es la Directora del Proyecto de Rescate, María Eugenia Lucía Bellido Villanueva. En segundo lugar, argumentar que las lluvias perjudicarían la estabilidad de las estructuras arqueológicas, y que por eso no pudieron aguardar a la fecha pactada con los inspectores, es por demás absurdo, si tenemos en cuenta, que estamos hablando de una arquitectura que data del Periodo Formativo, y por ende ha resistido aproximadamente 4,000 años de embates de la lluvia e intemperismo.

Y en última instancia, justificar el desmontaje, argumentando que en un área cercana estaban realizando voladuras, es un argumento que se cae por sí solo, ya que Minera La Arena S.A. al inicio del procedimiento presentó una carta de compromiso de no afectación del monumento arqueológico prehispánico. ¿Y qué fue lo primero que hicieron? Simplemente, evidenciar el incumplimiento de dicho compromiso, y sí afectaron el monumento arqueológico.

Sin embargo, la Resolución Viceministerial N° 000044-2021-VMPCIC/MC, sigue fundamentándose sobre argumentos falaces fáciles de advertir, y entre sus párrafos, literalmente se puede leer:

“Que, según el Acta Informatizada de Inspección N° 146-2020-DCE/MC, no se señala incumplimiento alguno por parte de los responsables de la intervención arqueológica, así como tampoco se reporta afectación al patrimonio cultural, no obstante, precisa que no se pudo observar sobre el área materia de intervención el cumplimiento de objetivos, en la medida que, al efectuarse la inspección, los trabajos habían concluido”.

Fragmento de Resolución Viceministerial Nº 000044-2021-VMPCIC/MC   

FALSO: Dicha aseveración en el párrafo anterior, se contradice plenamente con la observación N° 3 del Acta N° 146-2020-DCE/MC firmada el día de la inspección, que literalmente dice:

“De acuerdo al artículo Décimo Segundo de la Resolución Directoral N° 414 2019/DGPA/VMPCIC/MC se indica respecto a las inspecciones lo siguiente: Precisar que a fin de verificar y dar conformidad a los trabajos realizados, se realizarán las inspecciones oculares que sean necesarias e indefectiblemente la primera inspección ocular se llevará a cabo al inicio de los trabajos de rescate, la segunda se realizará durante la ejecución de las excavaciones arqueológicas; y la tercera durante el desmontaje de las estructuras, así como para dar conformidad a los trabajos de delimitación, demarcación física y señalización de los remanentes de los sitios arqueológicos, de darse el caso.

Por lo expuesto en la cita, el administrado incumplió este artículo, puesto que en la primera inspección efectuada en noviembre de 2019 no se habían iniciado las excavaciones, quedando los trabajos paralizados. En la segunda inspección de fecha 27.02.2020, solicitada mediante Expediente N° 2020-0014234 de fecha 10.02.2020, se observa que los trabajos ya culminaron totalmente; es decir, que ya terminó la excavación y desmontaje de estructuras. De este modo, los inspectores no pueden dar conformidad, dado que no se ha hecho seguimiento del proceso de excavación, lo cual se hace con el propósito de verificar la metodología planteada y dar las recomendaciones que eventualmente ameriten”.

Fragmento del Acta Nº 146-2020.

Claramente, podemos vislumbrar que la Viceministra Leslie Urteaga no leyó el acta de inspección, o en su defecto, falta a la verdad de manera grosera, al obviar y pasar por alto, la principal razón para la desaprobación (que es el argumento de fondo), que consiste en el desmontaje de estructuras arqueológicas, antes de la inspección, incumpliendo flagrantemente el artículo 12° de la Resolución Directoral Nº 414-2019/DGPA/VMPCIC/MC que autorizó el proyecto materia de rescate.

 Asimismo, la Resolución Viceministerial que estamos analizando, se sustenta en otra mentira orquestada por el propio Ministerio de Cultura cuando manifiesta lo siguiente:

“Que, la descoordinación surgida entre la administración y el administrado en lo que respecta a la fecha y hora de la segunda y tercera inspección no pueden ser atribuidos exclusivamente al administrado, cuando dicha responsabilidad según la resolución que autoriza el PRA y conforme lo dispone la Directiva N° 002-2015-MC, Lineamientos para la inspección ocular de bienes arqueológicos prehispánicos, aprobado mediante la Resolución Ministerial N° 272-2015-MC, corresponde a ambas partes, asimismo no resulta viable jurídicamente disponer la no conformidad del procedimiento por dicha descoordinación, máxime si la administración por causas atribuibles a su gestión de tramite interno no cumplió con efectuar la inspección ocular en los plazos previstos en las resoluciones de autorización y renovación del PRA…”

Fragmento de Resolución Viceministerial Nº 000044-2021-VMPCIC/MC.

FALSO: En dicho párrafo, nuevamente hallamos un argumento que no es verdadero; porque previamente a la inspección, hubo coordinación entre los supervisores del Ministerio de Cultura y los encargados de la Ejecución del Proyecto de Rescate, lo cual, es fácil de confirmar con el registro de la firma de la Directora en el acta N° 146-2020-DCE/MC. Asimismo, de no haberse coordinado la inspección, no hubiera sido posible que los inspectores del Ministerio de Cultura hayan ingresado a propiedad de la mina; teniendo en cuenta, los rígidos sistemas de seguridad que rigen en estos ámbitos. Como se puede ver el propio Ministerio de Cultura interpone argumentos falaces y fáciles de desmentir en su afán sospechoso de anular el procedimiento que desaprueba el informe final del proyecto de rescate.

La foto a continuación es de la primera inspección ocular; se observa al inspector Hugo Benavides (al centro) con personal de la mina. Al lado izquierdo, las bases del monumento arqueológico antes de la intervención de rescate. La imagen muestra el ámbito de supervisión, donde se aprecia personal del Ministerio de Cultura con Minera La Arena y no se evidencia una descoordinación en la inspección, sino todo lo contrario.

Hugo Benavides en medio con personal de la mina.

En esta segunda imagen que es de la segunda inspección ocular; se observa al inspector Christian Moncada con chaleco kaki y está rodeado de arqueólogos con chaleco color naranja. Con ellos se efectuó el rescate y también se observa al personal de la mina con casaca amarilla fosforescente, ellos están en el ámbito de intervención registrando las piedras que formaron las estructuras arqueológicas ya desmontadas sobre el plástico azul. La imagen tampoco demuestra una descoordinación entre los intervinientes al momento de la inspección, sino todo lo contrario.

Inspector Christian Moncada en la inspección ocular.

Sumado a lo expuesto, advertimos otro detalle que llama poderosamente la atención. Sucede, que una vez ingresada la solicitud de apelación de parte de la minera, la Oficina General de Asesoría Jurídica, solicitó a través del memorando N° 000580-2020-OGAJ/MC, a la Dirección General de Patrimonio Arqueológico Inmueble: información complementaria respecto del recurso impugnativo. Y como consecuencia, el área técnica respondió a través de los siguientes documentos:

Memorando N° 000101-2021-DGPA/MC que adjunta los Informes N° 000010-2021- DCIA/MC y N° 000011-2021-DCIA-MPS/MC de la Dirección de Calificación de Intervenciones Arqueológicas, así como los Informes N° 000010-2021-DCE/MC y N° 000004-2021-DCE-MRC/MC de la Dirección de Certificaciones.

Todos estos informes provenientes de dos Direcciones distintas, de forma unánime ratifican que la solicitud de aprobación del Informe Final del Rescate Arqueológico de Minera La Arena S.A. no ha cumplido con los requisitos previstos en el Reglamento de Intervenciones Arqueológicas, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 003-2014-MC (en adelante, el RIA), así, como lo previsto en el Texto Único de Procedimientos Administrativos – TUPA.

A pesar de las opiniones técnicas y legales emitidas, el Viceministerio de Patrimonio Cultural, a través de la Viceministra Leslie Urteaga, basado en argumentación falaz, decidió anular el procedimiento por el cual se desaprueba el informe final y encima ordena abrir proceso sancionador a los servidores públicos que cumplieron con su trabajo de hacer respetar la normativa y de defender el Patrimonio Cultural.

Viceministra Leslie Urteaga.

Asimismo, la Resolución Viceministerial N° 44-2021-VMPCIC/MC que declara la nulidad de la Resolución Directoral N° 000345-2020-DGPA/MC se ampara en el principio de informalismo.

Al respecto, es preciso señalar que dicho principio consiste en la dispensa a los administrados de cumplir con las formas no esenciales, siempre que no estén exigidas por el orden público administrativo. Este principio tiene por finalidad evitar que los administrados pierdan un derecho por el incumplimiento de un deber formal, siendo un mecanismo que obliga a la administración a que elija una solución más favorable para el administrado. No obstante, el informalismo tiene límites, como la afectación de otro derecho subjetivo, o del bien común.

Según nuestras fuentes, por estas presuntas irregularidades plasmadas en la Resolución Viceministerial N° 44-2021-VMPCIC/MC que no resiste el menor análisis, por las mentiras sobre las cuales se fundamenta, es que el expediente de aprobación del Informe Final del Proyecto de Rescate de la Minera La Arena S.A. ha vuelto a la Dirección de Calificaciones, para que esta vez sea aprobado, con la “amenaza” de seguir abriendo procesos administrativos a los servidores que con su actuar honesto y transparente puedan interferir en la aprobación del expediente de Minera La Arena S.A.

Desde el 16 de marzo estuvimos comunicándonos con Maritza Colmenares, encargada de prensa del Ministerio de Cultura. Le pedimos una respuesta sobre la resolución firmada por la viceministra Leslie Urteaga. En todo caso también solicitamos una respuesta de ministro del Cultura Alejandro Neyra. Como se puede apreciar en los mensajes de WhatsApp hasta la fecha siempre optaron por el silencio.

Es muy grave que el ministro de Cultura Alejandro Neyra y la viceministra Leslie Urteaga no salgan a dar explicaciones sobre el favorecimiento a la minera canadiense. Al parecer, en el mismo ministerio donde se le pagaba miles de soles a Richard Swing, continúan las irregularidades. La Contraloría y la Comisión de Cultura del Congreso de la República deben investigar este favorecimiento donde sobrevuela la palabra corrupción.

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Patrimonio Cultural

Municipalidad de Jesús María canceló entrevista con Lima Gris y no respondió la denuncia del proyecto en el Campo de Marte

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Alcalde de Jesús María Jorge Quintana

El 10 de marzo Lima Gris publicó el informe: Millonario proyecto del alcalde de Jesús María pone en riesgo el Campo de Marte”. En la nota informamos sobre los entretelones de aquel proyecto y puntualizamos que el Campo de Marte es un monumento histórico y como tal tiene la condición de Patrimonio Cultural de la Nación (Según, Ley Nº 16979, desde el 3 de mayo de 1968 fue declarado como área verde intangible).

En este sentido, el alcalde de la Municipalidad de Jesús María, Jorge Quintana pretende realizar aquella mega-obra con el apoyo del Ministerio de Cultura y la inoperancia del alcalde de Lima Jorge Muñoz.

Entre las prioridades del proyecto, se encuentran: el retiro del cerco perimetral del Campo de Marte, anular la calzada vehicular en la avenida de la Peruanidad y el cambio de nombre del gran parque. El alcalde Quintana quiere llamarlo “Gran Parque de la Peruanidad”.

Tal como mencionamos, el miércoles 10 de marzo publicamos la nota en nuestro portal; no obstante, antes nos comunicamos con la Gerente de Comunicaciones de la Municipalidad de Jesús María, la señora Mayra Nieto Manga para que el alcalde Jorge Quintana nos brindara una entrevista para disipar las dudas e interrogantes sobre el próximo cambio y reingeniería que su gestión pretende ejecutar en el Campo de Marte, pero ella nos respondió que por el momento el alcalde no brindaría declaraciones al respecto.

Alcalde Jorge Quintana.

Sin embargo, la señora Nieto Manga luego de realizar las consultas respectivas, nos agendó una entrevista con la Gerente General de la Municipalidad de Jesús María, la señora Mariela Pinto Rocha. Es decir, primero le consultaron a la señora Pinto Rocha y como no podía dar declaraciones el jueves 11, ella aceptó y confirmó la entrevista para el viernes 12 de marzo a las 9.30 de la mañana.

En tanto, el día viernes a las 09.32 de la mañana, nuestro editor Luis Felipe Alpaca se comunicó directamente con el anexo de la Gerente General Mariela Pinto y luego de insistencias, le respondió (presumimos que era la secretaria) una señora que no sabía nada de la entrevista agendada y al mismo tiempo no le pasó con la funcionaria Pinto, aduciendo que ella no se encontraba.

Luego, nuestro editor, llamó a la señora Nieto Manga alrededor de las 09.44 am, pero tampoco respondió el celular. Pasados unos minutos a las 09.53, ella le devolvió la llamada y le confirmó que la Gerente General Mariela Pinto Rocha, ya no le daría la entrevista y dijo:

“Ayer hemos querido comunicarnos contigo, he llamado del fijo y también del celular, pero no me respondían. La entrevista en realidad ya no se va a realizar, porque salieron publicadas las notas en la página de Facebook de Lima Gris y lo que han determinado aquí, es que cuando ya terminé la revisión del proyecto ya vamos a colgar un comunicado oficial”.

En ese momento, nuestro editor respondió que de todas formas quería conversar con el alcalde para que dé algunas explicaciones y la funcionaria de Comunicaciones señaló:

“Pero ahorita estamos esperando la revisión del proyecto en sí, cuando ya tengamos esa revisión que la está realizando Lima, ya él alcalde se va a manifestar”.

Entendemos que la Gerente de Comunicaciones ha cumplido su función de informar al alcalde Quintana y a la Gerente General Pinto Rocha, que deseábamos una entrevista para que nos den sus descargos y expliquen detalles sobre el proyecto que pretenden impulsar; sin embargo, no es cierto que nuestro editor tenga una llamada perdida de la municipalidad y tampoco del celular de la señora Nieto.

Asimismo, nos parece una falta de respeto que una autoridad municipal que se debe a la opinión pública y a sus vecinos, primero acepte sostener una entrevista y/o conversación y luego decida cancelarla, si tomamos en cuenta que de acuerdo a los principios de la rama de las comunicaciones corporativas, dos puntos fundamentales para el manejo de una institución: son la imagen y en ese sentido, el público de interés ya sabrá qué imagen percibirá eventualmente, de su organización municipal y la reputación que la municipalidad debe saber cautelar.

Finalmente, una organización necesita comunicar a sus públicos de interés y satisfacer a sus vecinos de los “servicios municipales” que esta brinda.

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Cultura

Machu Picchu abre sus puertas al turismo desde este lunes 1 de marzo

Desde este lunes Machu Picchu vuelve a recibir a turistas nacionales y extranjeros.

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Luego de que el gobierno levantara la cuarentena, se dio a conocer que el turismo en la ciudad del Cusco retorna como parte de la reactivación de las actividades económicas por el levantamiento de la cuarentena.

El Ministerio de Cultura estableció que desde el 1 de marzo, se reinicia las visitas a la ciudadela de Machu Picchu, con un aforo máximo del 40% de su capacidad total. Es decir, el límite de personas que podrán acceder diariamente es de 897.

La Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, fue la encargada de dar a conocer la reactivación del turismo en en el Parque Arqueológico Machu Picchu, principal atractivo turístico del Perú. Pero es importante conocer que para visitar el sitio arqueológico se debe cumplir con los protocolos sanitarios como el uso adecuado y permanente de la mascarilla, respetar el distanciamiento social, y todas las medidas de bioseguridad dictadas por el personal del sitio a fin de evitar la propagación del COVID-19.

El Ministerio de Cultura mencionó que los visitante pueden adquirir sus boletos de ingreso con anticipación en la web machupicchu.gob.pe o en las boleterías oficiales. El boleto es indispensable para el ingreso.

Los domingos es gratis para los cusqueños

Los domingos se mantiene el ingreso gratuito de los ciudadanos cusqueños a la ciudadela de Machu Picchu. Deberán obtener el boleto ingreso costo cero, para eso se deben registrar en el sistema electrónico de reservas.

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Cultura

En defensa de Chinchero

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Foto @viajero.peruano

Por Eduardo Bryce

No obstante que soy crítico del enfoque legal adoptado, de todos modos aplaudo y agradezco a la Asociación Ciudadana por la Defensa y la Valoración del Patrimonio Cultural y del Ambiente por haber presentado dos acciones de amparo para detener el daño irreversible que está por sufrir Chinchero y el Valle Sagrado de los Incas. Un crimen de lesa peruanidad que viene cometiéndose en total flagrancia y cuya consumación no debemos permitir observando pasivamente.

Se requiere apoyo ciudadano masivo para los miembros de la asociación, garantías para su seguridad e integridad física, y garantías también para que los jueces puedan administrar justicia sin ceder a la presión política de las autoridades locales, las cuales están buscando indisponer a los vecinos de sus distritos y de la ciudad del Cusco, desinformándolos e invocando un engañoso interés general que presenta como promesa de desarrollo lo que en realidad es y será el negocio de unos pocos, trayendo consigo la destrucción de los mismísimos cimientos patrimoniales y culturales de la economía del turismo cusqueño. De buena fe quisiera creer que se trata de autoridades inducidas al error, pero si vemos los antecedentes penales de algunas de ellas, me temo que en más de un caso se trate de políticos con agendas subalternas. Ni qué decir si nos remitimos al mercantilismo de alto vuelo que explica todas las irregularidades, investigaciones y acusaciones que tiñen el proceso que ha seguido este proyecto desde los días del contrato con Kuntur y Andino Investments, pasando por la adenda, su resolución y ahora el opaco esquema de contratación de gobierno a gobierno dejado por Vizcarra.

Hagamos llegar por todas las vías posibles nuestro apoyo a los demandantes y solidaricémonos con ellos frente a los irresponsables cuestionamientos que les están haciendo, tan solo por ejercer sus derechos y buscar proteger los de todos nosotros. Expresémosle al juez civil de Urubamba y al del 2do Juzgado Civil del Cusco nuestro respaldo a la independencia de sus judicaturas frente a la presión de las autoridades políticas, empresarios cegados por el afán de lucro y sus operadores mediáticos; nuestra esperanza en que admitirán las demandas de amparo; y nuestra confianza en que aplicarán la ley, darán protección a los derechos constitucionales invocados, y —por qué no—, que la ampliarán en virtud de sus prerrogativas jurisdiccionales, para así cubrir aquellos derechos que están siendo igualmente vulnerados y no se ha incluido en las demandas, como es el caso del derecho a la consulta previa.

Sea como fuere, toda vez que no hay paisaje cultural que pueda protegerse sin la participación activa del sujeto colectivo cuyas prácticas tradicionales le dan ese particular carácter cultural al medio natural, queda en manos de l@s comuner@s quechuas de los distritos de las provincias de Urubamba, Calca y Cusco, sumarse a esta gesta expresando su sentir, movilizándose de ser necesario, e inclusive interponiendo las acciones legales que quepan para que se les respete su derecho a ser consultados por el Estado. Se han adoptado medidas que pueden afectar sus derechos colectivos, y la obligación de consultar ha sido flagrantemente incumplida por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ante el silencio del Ministerio de Cultura y la pasividad de la Defensoría del Pueblo. El festín del dinero de las compras de tierras y las expectativas por unas migajas en el futuro no debieran doblegar la voluntad de proteger la herencia cultural y asegurar la sostenibilidad de un paisaje cultural que no sólo es emblemático de la grandeza de los hombres y mujeres de los Andes, sino base indispensable para su buen vivir futuro.

El gobierno de Corea, por último, al entrar en un convenio con el de Perú para la ejecución del proyecto de aeropuerto, incumple también con sus obligaciones de colaboración internacional para el respeto de los derechos humanos, los cuales comprenden aquellos que asisten a los pueblos indígenas.

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Cultura

Nuevo incendio en Cusco dañó sitio arqueológico

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La ciudad imperial de Cusco sufrió de un voraz incendio nuevamente. Una de las personas que levantó la voz ante de falta de reacción de los gobiernos locales fue David Canal Ontón, ex alcalde, y actual presidente del ente Gestor de la reactivación de la economía del distrito de Ollantaytambo, Provincia de Urubamba.

Durante cincos días el incendio no puede ser controlado, la voracidad del fuego arremetió contra Ollantaytambo y afectó sitio arqueológico Huanacaure,  y puso en riesgo riesgo a las comunidades de Quellqanqa,  Pallata.

El helicóptero contra incendio del Gobierno Regional de Cusco solo voló por los alrededores, y fue el pueblo distrito de Ollantaytambo quienes realizaron labores contra incendios. Lamentablemente fue encontrado muerto un niño de 11 años,  producto de la asfixia y quemaduras. 

Aquí la entrevista con David Canal, quien detalle todo lo sucedido en estos cinco días del inmenso incendio.

¿Qué es lo que pasó en Ollantaytambo?

Hace cinco días se inició el incendio en la zona de Huanacaure que es una zona arqueológica, luego se ha extendido hacia la comunidad de Jelcanca, luego a la comunidad de Sundurmayo que está ubicado en la cuenca de Pasacancha, luego ha avanzado hacia el Parque arqueológico de Pumamarca, Choquebamba. Son más o menos 140 familias afectadas. Un niño despareció en la humareda, al buscarlo lo han encontrado muerto al niño de aproximadamente 11 años.

David Canal.

¿Cómo se inició el incendio?

Unos trabajadores agrícolas estaban haciendo el roce, que es una costumbre un poco tradicional de hacer un roce para cultivar la tienda, creo que el viento les ha vencido, es probable que también los hayan identificado porque es una familia que estaba haciendo esa actividad agrícola, ya los han detenido. El incendio ha sido fuerte y a afectado a la comunidad.

¿Por qué se demoran tanto en apagarlo? ¿el Gobierno Regional como la Municipalidad o los bomberos no tuvieron la capacidad?

El problema es que las autoridades como es el Gobierno Regional, la Compañía de bomberos tienen una información un poco retrasada y cuando actúan el fuego está avanzando, sin embargo la comunidad por su propia cuenta, a través de las rondas campesinas, se ha organizado y ha ido a apagar el día de ayer el fuego, y entre tanto los bomberos se han hecho presentes pero no han hecho casi nada, y el personal del Gobierno Regional han venido en un número de aproximadamente ocho personas, miraron, han conversado con la gente y se regresaron. El incendio con el viento pasó el sitio arqueológico de Huanacaure, ya llegó cerca al sitio arqueológico de Choquebamba, un conjunto arqueológico muy grande, lleno de andenes.

Todo indica que no hay un plan ni siquiera por parte del Ministerio de Cultura, ni la Dirección Desconcentrada de Cultura para actuar en estos casos.

Lo cierto señor periodista es que la Dirección Desconcentrada de Cultura no tiene una presencia efectiva en Ollantaytambo, tiene como 40 vigilantes dedicados a controlar el parque arqueológico principal que está ubicado en la capital distrital, sin embargo Ollantaytambo tiene 204 sitios arqueológicos, de los 204 los más importantes son 17, en estos 17 no hay una presencia efectiva del Ministerio de Cultura, ni qué decir un equipo contra incendios que pueda ayudar a resolver este problema en cuanto se presenten los incendios, no hay un equipo del Ministerio de Cultura que esté preparado para inmediatamente evitar de que los incendios crezcan, es casi nula su presencia. Ahora el Gobierno Regional con la burocracia que tiene instalada se le solicitó el helicóptero, pero demoraron en responder.

Me esta diciendo que el gobernador regional, Jean Paul Benavente, no ha hecho nada?

No ha venido, no ha hecho nada, ha mandado una especie de vigilantes que han venido a observar, no han hecho nada absolutamente; han regresado ofreciendo traer el día de hoy una ayuda superior pero no han vuelto a venir. La gente estaba desesperada, 140 familias con sus viviendas sufrían en medio del incendio, entonces se desató una desesperación por parte de la población.

Señor David ¿De cuántas hectáreas afectadas estaríamos hablando?

Sin exagerar unas 7 mil u 8 mil hectáreas, en temas de kilometraje estamos hablando de la zona de Choquebamba, que está en la comunidad campesina de Ollantaytambo hasta la comunidad de Quelcanga, que tiene más o menos unos 20 kilómetros de distancia, ahora de los laterales estamos hablando de aproximadamente tres cerros quemados.

Qué le diría a los responsables del Gobierno.

Lo que queremos es que el Gobierno Regional envíe el helicóptero cuando se les necesite, hay un helicóptero contra incendios en el Gobierno Regional que debió ser enviado a tiempo. Que el Ministerio de Cultura mediante la Dirección Desconcentrada de Cultura nunca se ha hecho presente en este tipo de acontecimientos, apenas los vigilantes que tienen ahí en el parque arqueológico apoyan un poco con sus charamoscas, con sus palos un poco para apagar el incendio, no hay una capacidad instalada contra incendio.

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Cultura

Machu Picchu: un santuario profanado por los funcionarios del Gobierno [VIDEO]

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El circo que armaron los funcionarios de PromPerú en el santuario de Machu Picchu con la autorización del Ministerio de Cultura, es una evidencia más de la atrevida ignorancia contra el Patrimonio de la Humanidad.

Para realizar esta grosera actividad llamada “Reapertura de Machu Picchu”, PromPerú contrató sin concurso público a la empresa Digital Televisión S.A.C por el monto de S/ 660 482,58 soles por el servicio de producción de evento y espectáculo en Cusco. Un despilfarro del dinero por parte del gobierno en plena crisis económica. Machu Picchu es uno de los sitios arqueológicos más visitados en el mundo. No necesita de promociones absurdas ni de profanaciones burocráticas.

Documento oficial del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.

Las críticas en las redes sociales contra este grosero accionar de PromPerú no se hicieron esperar. Monika Barrionuevo señaló:

“Machupicchu es uno de los sitios arqueológicos más famosos del mundo. Sí, no estamos hablando del Perú, sino del mundo. Cuando empezó la pandemia, Machupicchu cerró y muchos turistas se quedaron prácticamente en la entrada sin poder visitarlo. ¿Y qué hicieron? Esperar. Exactamente, varios de ellos decidieron quedarse en Perú y esperar meses para poder visitarlo. Machupicchu NO necesita un relanzamiento. Machupicchu NO necesita convertirse en un circo para captar turistas. Machupicchu NO necesita gastar s/660, 482 para promocionarse. Lo que necesita Machupicchu es una gestión inteligente y que no vea al sitio como la mamadera de los ministerios de Cultura y Turismo. En un país en que el sector cultural está sufriendo gravemente (a todo nivel) gastos como este, lo único que hacen es reflejar la incompetencia de las autoridades y el poco conocimiento que tienen de un sector, al que todavía no se le da el verdadero rol que la cultura y el arte debe cumplir en una sociedad.Desde su creación, el Ministerio de Cultura ha demostrado que no tiene la menor idea de los que significa la palabra “prioridad”. ¿Hasta cuándo los que trabajamos en el sector cultura vamos a seguir soportando esto?”.

Un lugar sagrado se tiene que respetar. Lamentablemente esto visibiliza la gran ignorancia de los ministros y funcionarios del Gobierno de Martín Vizcarra.

Uno de los primeros periodistas en denunciar el caso en Cusco fue Mario Carrión, vía telefónica señaló: “Más allá del escándalo que implica un otorgamiento directo sin que se cumplan las bases del concurso, esta el hecho de que Machu Picchu es un lugar muy especial como santuario, y de pronto en ese santuario vemos grupos musicales extendiendo los cables, gente poniendo parlantes y lamparas por todos lados. El Estado ha pedido también restricciones para el resguardo patrimonial, donde incluso se prohibía utilizar un palito selfie para tomar la foto, de pronto lo ha convertido en una gincana. El Ministerio de Cultura mantiene un silencio increíble frente al tema y eso no esta bien”.

El programa de Beto Ortiz también criticó el circo organizado por PromPerú y el despilfarro de dinero. Ante todo esto, nos preguntamos ¿Por qué el ministro de Cultura Alejandro Neyra permitió está grosera actividad?

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