Por Tino Santander Joo

La rebelión cívica del 23 de octubre inaugura una nueva etapa en la historia del movimiento popular; la primera lección que hemos aprendido es que la izquierda en todas sus versiones y las CGTP traicionaron a la inmensa mayoría de ciudadanos que se enfrentaban a la delincuencia común y a la corrupción de la clase política. La CGTP con excusas pueriles abandonó la lucha para concentrarse en marchas amarillas que se convierten en pasacalles carnavalescos que paradójicamente consolidan al gobierno. Nace un nuevo periodo en el movimiento popular de autonomía frente a las caducas y burocráticas centrales sindicales.

Ahora, se ha comprobado que ningún partido político de la derecha, ni de la izquierda fue solidario con las millones de familias que padecen la delincuencia común; no les importa la seguridad, ni la vida de los peruanos. A la clase política sólo les interesa sus sinecuras y granjerías que da el poder. El Congreso de espaldas al país; el gobierno en contra de la inmensa mayoría; los gobernadores regionales mudos o de vacaciones. El Perú, tiene claro quiénes son sus enemigos.

Los laboratorios pueden concertar precios y desabastecer las farmacias de los hospitales públicos; los bancos pueden convertirse en inmobiliarias y concesionarios de autos, porque, miles de familias no pueden pagar sus créditos como sucede en el Cusco y otras regiones del país, pero, los podridos que gobiernan y los que están en el parlamento solo piensan en robarles el sueldo a sus trabajadores o en organizar la farsa electoral del 2026 con 40 partidos y diez mil candidatos a diputados y senadores. El Perú, esta abandonado, ayer se comprobó que a los peruanos solo nos queda organizarnos de otra manera.

La movilización en las calles no fue contundente en todo el país; el sur no acató el paro, porque la crisis económica los agobia y un día de paralización es muy duro para ellos; en el sur el crimen organizado está asociada a la política y se han constituido en mafias que organizan empresas constructoras y proveedoras de los gobiernos regionales y locales; son ellos los que financian candidaturas por doquier y lavan el dinero del narcotráfico a través de la minería ilegal y otras actividades. El crimen organizado tiene legitimidad y los podridos del gobierno y del congreso son cómplices de estas mafias.

El norte esta tomado por el crimen organizado y el gobernador de La libertad César Acuña, representa a esas mafias como lo demuestra la justicia norteamericana que lo investiga por lavado de activos. Acuña, cogobierna con Boluarte y es repudiado por la inmensa mayoría de peruanos; La amazonia peruana está abandonada y olvidada, como si fuese otro país con otra lengua tan lejana a todos. El movimiento popular y sus dirigentes están divididos y desconcertados escuchando ilusamente los cantos de sirena de los aventureros que buscan enriquecerse en el poder el 2026.

Al otro lado del mundo en la ciudad de Kazán-Rusia-, se consolida el bloque geopolítico y financiero creado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica (BRICS), se han unido Etiopia, Egipto, Emiratos árabes, Irán, Arabia Saudita; pronto se unirá Turquía y mas de 30 países han solicitado su ingreso al nuevo bloque que supera en capacidad adquisitiva al otrora poderoso grupo de los 7 del mundo occidental. El objetivo de los BRICS y del sur global es desdolarizar el comercio internacional para acabar con las sanciones unilaterales de Estados Unidos que imponen sus intereses al mundo. Los BRICS están creando un Banco de desarrollo y tienen como objetivo fortalecer la seguridad alimentaria y energética del mundo en desarrollo. Nace un nuevo orden mundial.

Gramsci decía: “Cuando lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer, hay una tiniebla”. En esa niebla espesa como la Lima Gris, surgen los canallas salvadores. Tenemos que acabar con lo viejo, para evitar que nazcan los canallas.

Por Rafael Romero

Los trabajadores legítimos o fundadores que acompañan a Ricardo Belmont Cassinelli, la original persona jurídica RBC Televisión y los seguidores del referido broadcaster tienen todo el derecho de pedir información sobre la actual situación de esta televisora, así como solicitar la acción inmediata del Ministerio Público y del INDECOPI frente al proceder de Martín Belmont Vallarino, principal responsable de un provocado conflicto laboral, corporativo y concursal.

El susodicho ciudadano ha tenido la frescura de burlarse de las resoluciones firmes del Poder Judicial, de infringir el precepto bíblico de honrar padre y madre (Éxodo, 20:12), así como el atrevimiento de cambiar el nombre del emblemático RBC Televisión por el de “Viva TV”, hoy con sede en la calle Amador Merino Reyna Nro. 295, Int. 801, San Isidro. 

Él es quien ha sido sancionado con multa por el INDECOPI, conforme a la Resolución Nº 5132-2024/CCO-INDECOPIporque “ocultó de manera intencional, a los acreedores y a la autoridad concursal, la existencia de bienes de Red Bicolor (de Comunicaciones S.A.A.)”.

Esa sanción es un hecho muy grave que lo descoloca como empresario y le hace perder la más absoluta credibilidad en el mercado porque el propio INDECOIPI sostiene que actuó “con dolo”, no siendo idóneo para continuar como presidente de la junta de acreedores ni como gerente general de RBC Televisión.

Bajo ese marco pronto el INDECOPI tendrá que informar qué fue de la multa, ¿si Martín Vallarino la está pagando o no?, y además ¿cómo está haciendo para honrar las deudas que tiene con los acreedores laborales si está completamente deslegitimado? Asimismo, estas obligaciones del sancionado no pueden pasar por alto para la Secretaría Técnica de la Comisión de Procedimientos Concursales ni para la Secretaría de Fiscalización del referido INDECOPI. De oficio tienen que poner los remedios del caso

No obstante, contra Martín Vallarino también existen casos abiertos en la Fiscalía y otras carpetas que están por abrirse, pues, tras la resolución administrativa sancionadora del INDECOPI, habría un abanico de supuestos delitos que tendrá que enfrentar, mucho más cuando la autoridad concursal verificó que Martín Vallarino, en su condición de administrador y gerente general, bien pudo pagar las deudas a los acreedores con los ingresos que percibía por los servicios prestados como Viva TV, pero no lo hizo al desviar dichos fondos a las cuentas de sus empresas personales y al haber ocultado los bienes de RBC Televisión.

El INDECOPI también fue contundente al señalar que el “administrador (Martín Vallarino) es quien, conforme al artículo 61 de la Ley General de Procedimientos Concursales, administra los bienes de la concursada; y esquien conoce sobre los ingresos obtenidos producto de sus operaciones comerciales e informa sobre su existencia a los acreedores y a la autoridad concursal”.

De manera que era ilegal mentir, ocultar y desviar los ingresos de RBC Televisión a otras cuentas que no sean las del otrora Canal 11, pero lo hizo según el INDECOPI, vulnerando el sancionado su propio y antojadizo plan de reestructuración patrimonial, habiendo faltado a su deber de defender el patrimonio de la empresa, así como causando daños y perjuicios a su padre RBC y a todos los trabajadores.

La autoridad concursal también recordó en su resolución (ítem 60) que “el ocultamiento de bienes de la concursada menoscaba la confianza de los agentes económicos partícipes de los procedimientos concursales, especialmente de los acreedores reconocidos en el procedimiento, toda vez que se ve afectado el patrimonio del deudor sobre el cual se pretende maximizar su valor”. Este ítem debe ser evaluado y socializado por los gremios empresariales y entes reguladores del mercado, como la CONFIEP, la CCL, ADEX, COMEX, IPAE, la BVL, Cavalli, la SMV y la SBS.

Empero, regresando al tema de Martín Vallarino frente al Ministerio Público, a partir de la resolución y de los hechos revelados por el INDECOPI, ¿qué delitos habría cometido entre abril del 2016, tiempo en el que tomó con violencia el canal, hasta el presente donde funge de presidente de una junta de acreedores?

Dejamos a los lectores, al foro y la academia para que planteen y presenten los delitos supuestamente cometidos por quien sigue al frente de Viva TV, aunque entre los comunicadores y televidentes del país a dicha empresa la llaman con animus jocandi “VIVO TV”.  Los lectores, el Ministerio Público y el INDECOPI, tienen la palabra.

Por Edison Mamani

El ministro fue interpelado el 2 de octubre, y respondió 29 preguntas. En el debate solo cinco congresistas propusieron una censura o renuncia: Alex Flores y Jaime Quito (Bancada Socialista), Milagros Rivas (Perú Libre), Susel Paredes (Bloque Democrático) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú). ¿Por qué no se tuvo el apoyo de la mayoría del Congreso y de la mayoría de la izquierda, y solo tuvo un respaldo progresista y afines? Porque la interpelación fue presentada por Susel Paredes (Bloque Democrático), que tenía como fin no cuestionar principalmente las acciones contra la inseguridad ciudadana, 13 de las 29 (no hubo ninguna pregunta concreta sobre la migración descontrolada de los venezolanos, por ejemplo), sino criticar fundamentalmente los audios del ministro y su actitud con la DIVIAC, 16 de las 29: era una “interpelación ideologizada” que solo fue aprobada por 41 votos, a diferencia de la interpelación al ministro del Ambiente, aprobada también en la misma fecha, pero con 84 votos.

¿Cuál es la relación del ministro del Interior con Dina Boluarte y Vladimir Cerrón? Cuando se presentó la moción de interpelación el 18 de setiembre, no se señalaba expresamente en el texto que en uno de los audios del ministro se mencionaba un presunto favorecimiento del gobierno de Boluarte para que Cerrón permanezca prófugo de la justicia, sin embargo, era evidente que eso era parte del trasfondo político. Entonces, esto afectaba tanto a Dina Boluarte, sostenida por la derecha, como a Vladimir Cerrón, líder del principal partido de izquierda, Perú Libre. Ello explica el por qué no se pone al voto en el pleno el otorgamiento de facultades de comisión investigadora a la Comisión de Fiscalización, que ya fue aprobado en la comisión, a iniciativa de Juan Burgos. Sin embargo, siendo realista, en el supuesto que la izquierda y el sector progresista, estuviesen unidos, solo podrían presentan la moción de censura, ya que solo requiere 33 firmas, estando muy lejos de los 66 votos para censurar al ministro, puesto que esto último implica tener el apoyo de la derecha y el centro. Para mayor detalle, pueden revisar mi columna “Dina, Vladimir y el Congreso: crónicas en la Comisión de Fiscalización”.

¿Quiénes son los responsables de la ola de extorsiones? Brevemente, podemos resumir que los principales culpables en el tiempo de este salvajismo importado, extorsión con granada en mano, fue la derecha que acompañó a PPK y el sector progresista, por hacer de nuestras fronteras una coladera, permitiendo el ingreso de extranjeros sin ningún filtro técnico, luego de ello, los responsables fueron los sucesivos gobiernos, desde Vizcarra hasta Boluarte, que no tuvieron el diagnóstico correcto o los “pantalones” frente a la presión de los medios, a pesar de tener el apoyo de la población, para imponer “mano dura” a esta migración descontrolada. Para mayor detalle, pueden revisar mi columna “Terrorismo urbano y el Congreso: ¿Una medida populista?”.

¿La “narrativa progresista del crimen organizado” nos hizo perder un mes en la lucha contra las extorsiones?: el 26 de setiembre los transportistas paralizaron Lima pidiendo “mano dura”, “Estado de Emergencia”, intervención de las Fuerzas Armadas y tipificar el delito de “terrorismo urbano”, y se tenía certeza que el Ejecutivo era el principal responsable porque ellos son los encargados de la seguridad ciudadana según la Constitución. Sin embargo, a la semana siguiente, la “narrativa progresista del crimen organizado” (que solo buscaban en última instancia el adelanto de elecciones), apoyada infantilmente por los principales medios de comunicación y el sector empresarial, cambió el panorama: ahora los transportistas, informales, pedían derogar la Ley 32108, sobre el crimen organizado, y “archivar” la tipificación del delito de “terrorismo urbano”, argumentando que era el “clamor popular”, es decir, según los progresistas, el Perú no quiere “mano dura” frente a las extorsiones con granadas, sino “luchar contra la supuesta corrupción de los partidos”, y para ello se justificaron en las “encuestas objetivas ideologizadas” de Ipsos y Datum, fanáticos del “enfoque o ideología de género”, que querían tapar el sol con un dedo. Es decir, que la única solución era normativa, y que las víctimas eran los jueces, pero sobre todo los fiscales que tenían problemas de comprensión lectora durante el allanamiento, por ejemplo, ocultando la “politización de la justicia” o la “judicialización de la política” que existe actualmente, y no se preguntaba a la población qué opinaba de los magistrados que liberan delincuentes en flagrancia. Esta narrativa trajo como consecuencia que haya gente que piense que el responsable de las extorsiones ya no era el Ejecutivo sino el Legislativo. Esta novela hizo perder un mes de trabajo al Congreso, pero sobre todo a la policía, y además hizo creer al Ejecutivo que la realidad de las extorsiones no era de tal gravedad, y que estaban haciendo bien su labor. El Congreso “fue extorsionado” (porque la mayoría no tienen formación ni experiencia política), y se modificó la Ley 32108, sin embargo, en la práctica no hubo un gran cambio normativo, así que no se ganó ni perdió. Lo de terrorismo urbano solo fue aprobado en primera votación con el nombre de “criminalidad sistemática”. Sin embargo, el Congreso, por lo menos hizo algo a los ojos de la población, y con ello se volteó la mirada ya no al Legislativo, sino nuevamente al Ejecutivo, trayendo como consecuencia a un presidente del Congreso relativamente empoderado, con ganas de sentarse en el sillón presidencial, y a un ministro del Interior como centro de todas las críticas. Para mayor detalle, pueden revisar mi columna “Populismo, crimen organizado, terrorismo urbano y el Congreso”.

¿Existe responsabilidad del Gobierno? Si bien en el Congreso no hay los votos para censurar al ministro, todo tiene un límite. En todo caso, la renuncia sería la vía adecuada. Dina Boluarte, en su conferencia de prensa del 22 de octubre no pudo dar más propuestas concretas contra las extorsiones porque nunca ha tenido un diagnóstico claro ni el respaldo político necesario. Señaló sin convicción alguna que ahora la responsabilidad es de la migración descontrolada, lo cual es cierto, pero solo lo dijo porque la encuesta de CPI, indicaba que más del 95% de peruanos exige la expulsión inmediata de extranjeros que cometan delitos en el país. ¿Acaso el Gobierno no lo sabía desde antes? ¿Acaso no tienen ministros y asesores a la altura de las circunstancias? ¿Existe responsabilidad política del ministro del Interior? Dina Boluarte debería irse, eso es evidente. ¿Pero qué pasaría después de la salida de Dina? ¿Cambiaría en algo las extorsiones? ¿Quién asegura que el próximo “presidente interino” tenga el respaldo político necesario? ¿Quién asegura que el sector progresista, que siempre pide adelanto de elecciones, pero que es incapaz de ganar en dichas elecciones, se calmará con ello? Lo más práctico es cambiar al Premier y al ministro del Interior. Cuando la situación es adversa, cuando hay un problema que no se ha resuelto, no interesa quién es el culpable, la cabeza tiene que asumir la responsabilidad política: si no se va Dina que se vaya el Premier, si no se va el Premier entonces que se vaya el ministro. ¿Este cambio de ministro del Interior cambiará las extorsiones a corto plazo? Claro que no, pero sí calmará las protestas sociales, siempre y cuando se cambié el chip del ministro, para que tenga el diagnóstico correcto, y pueda imponer la “mano dura” que la población exige. También es cierto que todo depende de la contundencia de la protesta social, porque desde la mayoría del Congreso le han dado plazo por lo menos hasta después del APEC. Para conocer las posturas de las 13 bancadas, pueden leer mi  columna “Nuevo mapa político del Congreso”.

Carolina Tohá, ministra de interior de Chile bien podría estar a la altura de la incompetencia del ministro de interior de Perú, Juan José Santiváñez. Chile que era un país seguro, ha pasado a convertirse en otro país víctima del crimen organizado.

Cada vez se hace más frecuente leer noticias en Chile como estas: «Cuatro muertos dejó el ataque de una banda narco en Santiago de Chile. Las víctimas son todos colombianos indocumentados y el hecho ocurrió en un conventillo de la comuna de Lo Prado». Esto hace solo dos días.

Sin embargo, el marcador de muertes se actualiza con las horas. «Al día siguiente se contabilizaron otros tres crímenes. El primero de ellos fue en la madrugada, cuando un grupo de delincuentes que se movilizaban en un auto acuchillaron a un hombre para robarle su bicicleta, en la comuna de Recoleta (…) También en Puente Alto un haitiano fue asesinado de disparos en la cara (…) A eso de las 6 de la mañana, otra persona aún no identificada ingresó apuñalada al hospital San Borja, en el centro de Santiago. Allí falleció producto de sus heridas y sin poder dar mayor información sobre qué le había sucedido (…) Por la tarde, la policía confirmó el hallazgo del cuerpo sin vida de un conductor de aplicaciones de origen peruano, en la comuna de La Pintana, apuñalado en el cuello al interior de su fuente de trabajo». Todo esto en las últimas 72 horas.

Una característica de lo que acontece en Chile a diferencia de Perú, es que mientras en el país de los incas los asesinatos por sicariato se dan prácticamente todos los días sin excepción, en Chile ocurren de manera intermitente; cada dos meses se dan entre 48 y 72 horas, olas de crímenes de sangre con promedios de muerte de diez personas asesinadas de manera cruel. Está claro para carabineros que en la mayoría de casos se debe a sicariato, al no robarse absolutamente nada.  Es como si las bandas fueran calculando el timing de sus fechorías mientras van escalando en su frecuencia. Algo interesante a considerar, es que en algunas ocasiones los criminales en lugar de huir después de cometer el crimen, llegan a la frescura de perseguir a los sobrevivientes como ocurrió hace un par de meses, en qué después de acribillar a un sujeto y herir a otros dos, los sicarios fueron a perseguir la ambulancia donde estaba una de las víctimas heridas, una niña de 13 años.

Por su parte el gobierno desde su portavoz, Camila Vallejo, declaró hace unos meses lo siguiente: «Chile no está al mismo nivel que los países vecinos (…) Chile es un país seguro».

A esto el diputado por la UDI, Henry Leal, miembro de la Comisión de Interior declaró que «cualquier país decente cuando se registran más de diez homicidios en menos de 48 horas debe contar con la renuncia de quienes están a cargo de la seguridad del país. Esto es de extrema gravedad y por lo tanto los equipos de seguridad deben asumir su responsabilidad, la ministra Toha, los subsecretarios Monsalve Vergara no pueden seguir explicando los hechos. Son verdaderos comentaristas, pero no evitan que los homicidios sigan ocurriendo. El plan calle sin violencia es un completo fracaso (…) Yo creo que debiesen renunciar». Sin embargo, ni entonces ni ahora ha ocurrido. Más bien recientemente esta semana el subsecretario de seguridad, Monsalve, ha sido acusado de violación sexual, lo cual ha generado una crisis del gobierno de Gabriel Boric, justo ahora en que se da otra ola de muerte en Santiago. Monsalve, al parecer habría utilizado a la policía para esconder pruebas de su presunto delito, a través de miembros de fuerzas de seguridad.

Entretanto está semana, Interior informó un aumento en el incremento de incautación de armas de un 511%. Pero a su vez, ayer en plena plaza de armas de Talca un hombre intento robar la agencia del banco Scotiabank, y anteayer en Cartagena intentaron robar un camión que llevaba mercadería para un supermercado, y fueron los trabajadores de la basura los que lo impidieron y esto frente al municipio.

Una modalidad de crimen menos sangriento que se viene desarrollando en Santiago, es la del robo de cajeros automáticos, que cada vez se hace más frecuente. Solo hoy se robó el único cajero automático de una comuna rural, esto junto a un centro médico.

En Chile como en Perú a las bandas de crimen no les importa la hora y el lugar, lo hacen cuando quieren. Otro problema, es que ciertos actos de sicariato aprovechan la ‘porosidad’ de la frontera norte de Chile, pasando a Perú para cometer crímenes allá y luego volver a Chile y viceversa, esto a través de bandas de criminales extranjeros, lo que garantiza la impunidad. Esto y la ineficacia en ambos países, Perú y Chile, de sus sistemas de inteligencia y de fiscalía, pues así como el sicario mata vida, ciertos malos fiscales y jueces matan investigaciones y con ello la esperanza de justicia.

Por Edwin A. Vegas Gallo

En Cali, corazón del Valle del Cauca, Colombia desde el 21 octubre al 01 de noviembre próximo, se lleva a cabo la XVI CONFERENCIA DE LAS PARTES (PAÍSES) SOBRE LA CONVENCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA (COP 16).

El lema escogido “PAZ CON LA NATURALEZA”, está en la filosofía de la SOSTENIBILIDAD, como “nuevo modelo económico que no priorice la extracción, sobre explotación y contaminación de la naturaleza”.

Esta reunión debiera ser eminentemente de política ambiental, no faltan los matices económicos contenciosos, entre los países con mayor poder económico, pero sin recursos naturales, versus los países sin poder económico, pero con ingentes y de pronto, diezmados recursos naturales.

Los primeros países, con su sociedad muy involucrada con el Síndrome NIMBY, NOT IN MY BACKYARD –NO EN MI PATIO TRASERO- colisionan abiertamente con el lema de la COP 16, pues sus gobernantes y gobernados, satisfacen sus necesidades plenas y desbordantes, fuera de sus territorios, ahondando la huella ecológica; traducida en pobreza, inseguridad alimentaria y ciudadana, violencia delincuencial, corrupción, en los territorios de los segundos países, los cuales, con sus políticas públicas de corto plazo, favorecen la economía del sistema predominante: ecosistema-mercancía-lucro, lo que trae minería ilegal, deforestación, incendios forestales provocados para la expansión de la frontera agrícola y la sobre explotación de los recursos terrestres y marinos.

Es en este contexto que América Latina tiene que lidiar, con el índice de pérdida de su diversidad biológica (94%) y con la convivencia de 800 pueblos indígenas, verdaderos guardianes de la naturaleza; aún más, con los 200 pueblos en aislamiento voluntario y/o contacto inicial, que merecen respeto y protección de sus derechos humanos, ya que la pérdida de la biodiversidad, los pone al borde de su extinción.

Hacer las paces con la naturaleza, requiere superar el nivel de violencia delincuencial contra los defensores ambientales, que según el informe de Global Witness, en la pasada década se reportaron 2106 muertes de personas defensoras de la Tierra y en la región latinoamericana se reportaron 196 y de ellas 50 sólo en el Perú.

De hecho, en esta COP 16, se comprobará lo acordado en la COP 15 pasada, hace dos años en Montreal, Canadá en torno a las Estrategias Nacionales y Planes de Acción en Biodiversidad.

Respecto a esta, Perú llega con 29 metas en documento de papel, con un ministro del Ambiente sin liderazgo con sus homólogos y en medio del avance de actividades extractivas ilegales, debido al narcotráfico, comercio ilegal de fauna silvestre, como las aletas de tiburones, caballitos de mar, maderas tropicales y lo más reprobable, con un Congreso peruano que cambia las leyes a su antojo, para favorecer esa nefasta secuencia ecocida de “pan para hoy y hambre para mañana”.

El Perú carece de una estrategia manifiesta, para el uso sostenible y conservación de su biodiversidad, porque las 29 metas planteadas, no tienen criterio de priorización basado en enfoque integrado de manejo. Integración que debe ser intersectorial, Interinstitucional, entre los diferentes niveles de gobierno, integración espacial entre el borde terrestre y el oceánico e integración interdisciplinaria.

Obviamente si solo miramos la estrategia en construcción de escritorio, estamos caminando como el cangrejo y será imposible hacer la paz con la naturaleza peruana en su entorno cultural, biológico y económico.

Después del anuncio del MEF de una reducción del drawback de 3% a 1%, el mismo ministerio da marcha atrás a la medida que funcionaba como una «curita» ante el déficit fiscal, pero que ponía “en jaque” inversiones y contrataciones en el marco de una crisis exportadora. Como ya sabemos, la economía no va bien. En setiembre de este año, por quinto mes consecutivo, el déficit fiscal anualizado del sector público no financiero representó el 4% del PBI. Se trata de un récord que hace apenas unos años atrás sería un escándalo, pero como van las cosas en “desgobierno” nos vamos acostumbrando. Y para ilustrar el desgobierno, el MEF luce galones.

La medida que impulsaba reducir el drawback buscaba incentivar la competitividad de las empresas productoras-exportadoras, al reducir los costos asociados a la importación de insumos necesarios para la producción de bienes destinados a la exportación. Sin embargo, se excluyeron de este beneficio aquellos insumos fabricados en el país con materias primas importadas, esto con la intención de fomentar el uso de insumos nacionales. Hasta ahí todo bonito. Pero había un problema, el MEF quería realizarlo a partir de este año, y no es que estemos en el mejor momento económico. La eliminación del drawback se produce en un momento crítico, cuando los sectores involucrados enfrentan desafíos significativos, como es la crisis económica, la imposibilidad de ajustar los precios de exportación ya pactados con los clientes internacionales, y un gobierno a la deriva. En definitiva, el MEF no ha tomado en cuenta las dificultades actuales que enfrentan las industrias afectadas.

El plan del MEF era el siguiente. Iba a dar una primera actualización para este viernes 25 de octubre (o sea, ahorita). El drawback, es un régimen aduanero que permite la devolución de un porcentaje del valor FOB de las exportaciones, el cual se había mantenido a una tasa del 3% desde 2019.  A partir del 25 de octubre, la tasa de restitución de derechos arancelarios, conocida como ‘drawback’, se iba a reducir del 3% al 1%, según una disposición del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Esta medida, se mantendrá vigente hasta el 30 de junio de 2025, formando parte de una modificación al Reglamento de procedimiento de restitución simplificado de derechos arancelarios, aprobado por el Decreto Supremo N° 104-95-EF. Y ya para el 1 de enero de 2026 se habría liquidado dicha restitución arancelaria.

Sin embargo, según un comunicado conjunto de diversas asociaciones, la reducción y eventual eliminación del Mecanismo de Restitución Simplificada de Derechos Arancelarios (drawback) podría afectar significativamente a un sector que genera más de 4 millones de empleos directos e indirectos. Esto según la patronal, quienes argumentan que la medida incrementará los costos internos y afectará la competitividad del país. Los gremios han expresado su preocupación por el impacto que esta normativa podría tener en sectores claves como la pesca de consumo humano directo, la acuicultura, la agroexportación, la confección textil, y la producción metalmecánica, siderúrgica y maderera.

La reducción del drawback, según los representantes de los gremios, podría llevar a la paralización de envíos y a pérdidas económicas considerables para las empresas involucradas.

Ahora bien, la medida del MEF no era tan descabellada, se comprende en la medida en que busca reducir el déficit porque están desesperados por recaudar. Esta serie de ajustes refleja un esfuerzo desesperado por parte del gobierno para fomentar la competitividad de las empresas nacionales en el mercado internacional, aliviando supuestamente la carga fiscal sobre las importaciones. Pero a los gremios la medida no les ha hecho nada feliz como ya comentamos. Está claro que el MEF necesita más recursos.

En el 2025, se cumplían 30 años de creación del drawback, mecanismo de restitución de derechos arancelarios que fue creado para impulsar las exportaciones mediante una fórmula bastante sencilla: la devolución de parte, de lo que los exportadores pagan para importar una materia prima o insumo que luego usan para producir localmente, antes de volver a enviar el producto final al exterior. Con ello, se reducen los costos y, claro, se compite mejor afuera. Precisamente, 2025 fue el año que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) vio a bien para jubilar la norma, en un entorno en el que según el MEF, el drawback, en muchas ocasiones, ya no es necesario por los TLC firmados por el Perú y, en buena cuenta, por la inauguración del megapuerto de Chancay, que debería multiplicar los ingresos de los exportadores sin necesidad de este tipo incentivos caducos.

Los gremios enojados con la medida son cinco. Y son de los gremios más poderosos del país quienes se reunieron en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) para exigir la derogación del Decreto Supremo N° 104-95-EF, que reducía el drawback (de 3% a 1%, apenas el 25 de octubre, para luego llegar a 0,5% a mediados del 2025 y su eliminación total el 31 de diciembre de ese año).

Los representantes de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), la Cámara de Comercio de Lima (CCL), la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP) y la Sociedad de Comercio Exterior (Comex Perú) lograron su cometido: que el gobierno “arrugue”. Así se da una prórroga de la norma que deberá ser publicada en las próximas 48 horas, hasta julio del 2025, debido a que hay sectores aun presionados que no han salido de la crisis, como el textil y la agroexportación. Se sabe, o al menos se ha dicho que en la reunión estuvo presente, al menos virtualmente, el ministro de Economía José Arista, de viaje fuera del país y cuya ausencia viene retrasando la elección del nuevo directorio de Petroperú.

Se estima que la eliminación del drawback podría haber generado más de S/700 millones adicionales cada año. Dinero que con la puesta en reversa que le dio el MEF, ya no se verá. Más allá de, si la medida era idónea o no, lo cierto es que el gobierno no es sólido en sus decisiones y todo hace ver que el déficit en el país seguirá creciendo.

Por Tino Santander Joo

El miércoles 23 de octubre será un hito en la historia de la insurrección democrática; esta rebelión cívica es impulsada por la inmensa mayoría de peruanos que sufren la incompetencia y el latrocinio de la clase política gobernante. El bloque de los corruptos está representado en el congreso, en el ejecutivo, y en los gobiernos regionales que mayoritariamente han sido tomados por el crimen organizado.

Los transportistas, las asociaciones de comerciantes, los mercados, los trabajadores libres y los emprendedores de todo el país saben que es necesario una movilización generalizada para acabar con la delincuencia y la corrupción. Los gremios empresariales como la Confiep y otros han señalado que el paro es una respuesta a la inacción del gobierno; los medios de comunicación limeños tratan de desprestigiar la rabia y el odio de los peruanos al sistema político, son la llamada prensa mermelera que nadie escucha, ni respeta, porque apoyan a los grupos de poder y a los corruptos.

Algunos escribas del gobierno señalan que esta movilización tiene tinte político y que la rebelión se desvirtúa. La insurgencia es un inmenso río caudaloso que trae piedras, lodo, y que está a punto de desbordarse; no se dan cuenta que millones de peruanos no tienen educación, salud, agua potable, desagüe, empleo digno; crédito barato, infraestructura agraria. La percepción de abandono y degradación es asfixiante que incluso las ambiguas clases medias y altas se suman tímidamente a la movilización popular.

No olvidemos que el caos y la inseguridad que nos ahogan a todos los peruanos la promueve el bloque corrupto liderado por Keiko Fujimori en el parlamento; su estrategia es aparecer como la alternativa de la ley y el orden; son “los fachos que van a salvar al Perú del crimen organizado”, una burda versión de Alberto Fujimori. Los mastines de Keiko son: Perú Libre, Alianza para el progreso, Avanza País, Acción Popular, y los grupos de “izquierda” al que solo les interesa su salario y sus gollerías.

Keiko y sus aliados en el congreso promueven la farsa electoral del 2026; ellos creen que con treinta candidatos a la presidencia y diez mil candidatos a diputados y senadores tienen más posibilidades de ganar. El 2026 es un fraude que está organizado para que el recambio en el poder sea del mismo bloque corrupto que controla el congreso y que gobierna a través de Boluarte.

Los podridos creen que la rabia y el odio que sienten la inmensa mayoría silenciosa será olvidada en la campaña del 2026. Buscan mantener el capitalismo corrupto de los compinches estableciendo alianzas mafiosas con empresarios serviles, a los que favorecen con privilegios y monopolios; no olvidemos los delitos del club de la construcción, del Banco de crédito, y de los laboratorios que acuerdan los precios de las medicinas para la seguridad social y las farmacias de los hospitales públicos.

El país se ve dominado por el odio, el miedo, y la sed de venganza, mantenernos indiferentes nos puede traer un redentor que será peor que todos los males que padecemos ahora; para evitar el mesianismo de izquierda o de derecha; el Perú, no tiene otro camino que la revolución social liderada por los emprendedores y los trabajadores; las organizaciones sociales, los colegios profesionales; las fuerzas armadas y policiales.

Por Rafael Romero

Departía no hace mucho con Carlos Torres, director de Nacional TV Perú, Luis Alfonso Morey y Ian Paredes, compartiéndome ellos una reveladora entrevista que la semana pasada hizo Ian, joven talento de la comunicación social, al embajador Fortunato Quesada y me dieron el enlace de dicho contenido colgado en YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=u69gNF-d51g) bajo el título “Complot, corrupción y argollas en la Cancillería, entrevista a Fortunato Quesada”.

Las personas que vean esa entrevista tendrán como denominador común dos impresiones personales o reacciones. Primero: la indignación por lo injusto de un sembrado de supuestas pruebas con el objetivo subalterno de terminar, bajo un complot de escándalo en televisión, con la carrera profesional de una persona. Y segundo: la sorpresa o vergüenza ajena frente a la forma infantil y caprichosa cómo se comportan algunos funcionarios estatales, donde la Cancillería no es la excepción, demostrando bajeza, falta de profesionalismo e irresponsabilidad que harían sonrojar a cualquier gestión madura, pública o privada, del mundo.

Me enteré en detalle del caso Quesada por mi amigo Jesús Alvarado, destacado y reconocido chef, quien a mediados del año pasado decidió darme una entrevista para “Habla el Pueblo” (RBC Televisión) y romper su silencio contando valientemente toda la verdad en una historia en la cual él fue uno de los protagonistas.

Desde entonces hemos hecho el seguimiento periodístico del caso en sus diversos ángulos; pero los detalles que se acaban de revelar en el programa de Ian, no deberían ser ignorados por ningún funcionario serio, sobre todo de la Corte Suprema de Justicia y del Ministerio de Relaciones Exteriores, instancias que están obligadas a resolver este caso y darle la razón a Quesada no solo porque la tiene, sino porque fue agraviado y maltratado ilegalmente.

Veamos brevemente el hecho principal revelado por Ian Paredes, consistente en que Fortunato Quesada fue víctima de una represalia, siendo el hecho original o causal el pedido que un día de agosto del 2016 le hizo el entonces canciller Ricardo Luna a Quesada, destacado este por la Cancillería a la Dirección General de Protocolo de Palacio de Gobierno durante la gestión de PPK.

¿Qué le pidió Ricardo Luna? Que sea un soplón y le dijera todo sobre PPK, con quién se reunía y hasta con quien conversaba, sea de forma presencial o remota. Obviamente, el Director de Protocolo de entonces, Fortunato Quesada, no lo hizo y rechazó ese pedido porque no era su función; además debía ser leal con su jefe inmediato que no era otro que el presidente Kuczynski, quien enterado de esto lógicamente mostró su enfado e incomodidad con Luna.

Transcurrió el tiempo y alguien seguramente se quedó con sangre en el ojo, buscando la oportunidad de empezar a armar un muñeco contra Fortunato Quesada, lo que seguramente resultó oportuno cuando en diciembre del 2017 se iba designado como embajador del Perú en Israel.

Así, llegando al mes de marzo del 2018, se ordenó desde Lima al número dos de dicha embajada, Pedro Rubín, que inicie las grabaciones ocultas al embajador Quesada, en su casa, en su intimidad, utilizando a dos personales de servicio en la residencia del embajador peruano en Tel Aviv, uno de ellos, Jesús Alvarado y la persona era Romina Tevez.

Según lo revelado, fueron 40 horas de grabaciones, las que fueron manipuladas, tergiversadas y editadas por personal de la Cancillería hasta que se escogieron determinadas partes y las entregaron -¡como primicia de escándalo!- al programa dominical Panorama para su emisión del 17 de junio de dicho año.

Luego del programa, en cuestión de horas, se abrió un proceso de destitución contra el embajador Quesada, se le hizo venir a Lima y fue expulsado de la carrera, dizque por haber sumido a la Cancillería en un escándalo mayúsculo. Pero hoy todo indica que hubo una venganza contra él, siendo la causa del hecho el no haberse alineado en la deslealtad y la soplonería dentro de Palacio de Gobierno, cuando el 2016 fue director general de protocolo durante la gestión presidencial de PPK. Alguien le quería regresar el vuelto.

Posteriormente, a través de pruebas irrefutables existentes en 31 folios de chats de WhatsApp se descubrió que gente cercana a Luna fue artífice del complot durante el gobierno de Vizcarra (esa argolla estaba conformada por el canciller Popolizio; el vice canciller De Zela; el número dos de la embajada de Perú en Tel Aviv, Pedro Rubín; y el jefe del gabinete de asesores del Ministerio de RR.EE., José Boza).

Respecto de esos funcionarios, los cancilleres Wagner, Maúrtua, Landa, Rodríguez Mackey y González-Olaechea practicaron la política del avestruz y hasta la fecha hay impunidad al no abrirles un proceso disciplinario para individualizar la cadena de órdenes en las grabaciones ilegales a Quesada, más allá de que el complot existió. ¿O se seguirá privilegiando la corrupción en este acto delincuencial?

Recomiendo ver esa entrevista porque es un caso único en la historia de la Cancillería, sin precedentes, y daña su imagen. Estoy seguro que lo indignará y sorprenderá, evidenciándose que cosas así, baladíes, infantiles y pedestres -como el pedido inicial del entonces canciller Ricardo Luna-, son las que le bajan la llanta al Estado peruano que dizque pretende ingresar a la OCDE; y son hechos que se dan a diario en todas las entidades del Estado.

Por eso es que reinan la corrupción, las argollas, la impunidad y el atraso, razones por las cuales también se justifica que la gente realice paros de protesta y hasta debería ser la proscripción de la vendetta uno de los puntos de cualquier plataforma de lucha regional o nacional. Es decir el de condenar y rechazar a los que usan al Estado para sus complots particulares o venganzas personales.

El caso de Fortunato Quesada ha visibilizado ese tipo de taras ilegales, cobardes y de mala fe que deben acabar de una vez por todas si queremos una administración pública profesional y madura. Quesada, fue víctima de una represalia, pero cuántos casos más habrá en los ministerios, gobiernos locales, fiscalías, UGELES, comisarías, etc. Confucio decía que “saber lo que es justo y no hacerlo es la peor de las cobardías”. Las autoridades del Estado tienen la palabra.