Si en Pataz la situación resulta insostenible debido a la minería ilegal, la realidad en Iquitos es de una región olvidada a su suerte desde hace muchos años. Los mismos pobladores, ‘off the record’, nos cuentan que la corrupción se encuentra enquistada en todos los niveles del Ministerio Público y el Poder Judicial, teniendo los extorsionados a aliados desde esas instituciones del Estado, que más que proteger al buen ciudadano que trabaja honestamente y quiere llevarle un pan a sus hijos les brindan impunidad total a los delincuentes para saquear los recursos naturales, para contaminar los ríos y asesinar a cuanto opositor se ponga en su camino.

Hace tan solo un día Luz Mariana Anable Montalván, de tan solo 21 años, fue cruelmente asesinada de un balazo en el abdomen al querer poner resistencia durante un robo a un grifo en Iquitos. Ahora, esa hermosa ciudad amanece nuevamente ensangrentada por la muerte del periodista Raúl Celis López, quien fuera interceptado por una moto lineal mientras se dirigía a su centro de labores.

Cuentan los testigos del hecho que el hombre de prensa se dirigía a bordo de una mototaxi a su trabajo para conducir su programa radial Hora Cero. Cuando de pronto, al promediar las 5:20 de la madrugada, dos sujetos a bordo de una motocicleta lo interceptaron en la intersección de las calles Brasil y Fanning, en Iquitos, disparándole en tres ocasiones a Celis López; lastimosamente, uno de los disparos cayó en la cabeza del periodista, provocándole la muerte instantánea.

Aún se desconoce el móvil del asesinato, así como los responsables de la misma. Por su parte, desde radio La Karibeña indican que no estaban al tanto si Raúl Celis venía recibiendo amenazas contra su vida.

“Él no ha recibido ninguna amenaza. No me ha comentado nada. Él era directo, comentaba sobre políticos, inseguridad ciudadana, pero no me comentó nada. Me tiene sorprendida lo que ha ocurrido. Él tomaba esta ruta todos los días con el señor de confianza”, manifestó la productora de Radio Karibeña.

De acuerdo con los testigos, descartan que el ataque al periodista habría sido con intenciones de asaltarlo, pues su mochila continuaba en el motocarro al lado de su móvil.

Segundo hombre de prensa asesinado en los primeros cinco meses del 2025

Esta noticia resulta sumamente preocupante desde el Consejo de la Prensa Peruana, pues el asesinato del Raúl Celis se suma a lo ocurrido a principios de año con su colega de Chincha Gastón Medina, quien fuera baleado en la puerta de su casa.

En esa ocasión, Medina, propietario del medio ‘Cadena Sur TV’, horas antes de su muerte había presentado una denuncia pública que involucraba a la gestión del comisario del Frente Policial Ica División Policial Chincha.

“¿Qué pasa en la comisaría de Chincha? Ayer se hizo viral un video donde una jovencita con minifalda llegó hasta la oficina del coronel de la policía en Chincha y filmó que estaba esperándolo con una botella de pisco, obviamente para celebrar algo”, había manifestado Medina en su programa en vivo.

Todo parece indicar que la situación de inseguridad desde hace rato se le ha escapado de las manos a la mandataria; en tanto, sus ministros aduladores continuarán saliendo al frente para defenderla de aquellos “enemigos de la patria”. Es ella quien desde hace años nos viene haciendo “la vida a cuadritos”.

Como ‘Pedro en su casa’. Tuvieron tiempo para elaborar una enorme soga de más de 9 metros de longitud, hecha con retazos de tela, tuvieron tiempo para romper el alambrado, para bajar el enorme muro del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima (mejor conocido como ‘Maranguita’), e irse caminando como si nada hacia un automóvil que los estaba aguardando, porque no fue uno el fugitivo sino ¡seis! los que escaparon la madrugada de este viernes.

Ante tanta permisividad, es completamente válida la hipótesis de que los seis fugitivos, de nacionalidad venezolana y mayores de edad, habrían tenido el apoyo del personal de seguridad de ‘Maranguita’, pues resulta sumamente sospechoso que se hayan escapado teniendo tantas facilidades.

Aún puede apreciarse en lo alto del muro un polo negro enganchado en el alambrado, así como rastros de sangre, huellas de los seis extranjeros en la pared, así como un par de sandalias de uno de ellos, así como la enorme soga confeccionada de manera rústica.

Horas después del vergonzoso escape, Carlos Tineo, gerente de Seguridad Ciudadana del distrito de San Miguel, confirmó para Exitosa que se trataron de seis extranjeros mayores de edad.

“Lo que nos han informado es que el personal de seguridad de este centro de rehabilitación, luego de hacer un reconteo luego del evento que se ha producido, puede constatarse que las seis personas que han huido serían de nacionalidad extranjera y ya habían cumplido la mayoría de edad”, indicó el general en retiro.

¿Se cumple la finalidad rehabilitadora en ‘Maranguita’?

Ese centro juvenil, ubicado en pleno corazón del distrito de San Miguel, fue inaugurado en el año 1945 con la finalidad de albergar a adolescentes entre los 14 y 18 años de edad que hayan cometido delitos graves como homicidios, robo agravado, violación u otros similares, pues debido a su menoría de edad no podían ser colocados en prisiones comunes junto a otros avezados delincuentes de largo prontuariado.

Entre sus principales objetivos se encuentran su rol rehabilitador y la reinserción social de los adolescentes, utilizando para ellos programas educativos, laborales y socioeducativos, sin embargo, en la actualidad, son pocos los casos en que se ve una verdadera reinserción. En el mayor de los casos, ese centro juvenil se convierte en una pequeña escuela de la delincuencia y esto se debe en gran medida al abandono por parte del Estado, teniendo como claro ejemplo las cárceles a nivel nacional.

El centro de ‘Maranguita’ se encuentra bajo la supervisión del Programa Nacional de Centros Juveniles (Pronacej), adscrita al Ministerio de Justicia, y es ahí donde también puede radicar su falencia, teniendo una institución tan cuestionada en los últimos años con recurrentes casos de corrupción.

Hace falta una reubicación del centro juvenil, así como una recomposición del personal de seguridad, el cual estaría colaborando por lo bajo con temibles organizaciones criminales extranjeras. Hasta el cierre de esta nota, el director de ‘Maranguita’ no se ha pronunciado al respecto.

Loco de amor. Vuelve a ser noticia el comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Víctor Zanabria, y no por una importante captura o desarticulación de una temible organización criminal, sino por sus viajes al extranjero con su pareja Miluska Araceli Vargas Zapata, suboficial de segunda de la PNP.

Nada tendría de indebida la relación si no fuera por los privilegios y ventajas que estaría teniendo su pareja, tanto en el ámbito laboral como fuera de ella, según su reporte migratorio.

Da cuenta el programa 24 horas que solo este 2025 el comandante Zanabria viajó dos veces al extranjero. El primero fue a República Dominicana en enero, y el segundo, más recientemente, a Colombia en abril. Lo que ha llamado la atención es que las fechas de estos desplazamientos coinciden con los registros migratorios de Miluska Vargas, lo que ha generado dudas sobre si estos viajes fueron realizados por razones oficiales o si hubo un uso indebido de recursos.

La coincidencia de fechas en estos viajes, especialmente el que ocurrió en abril, hace pensar que Vargas podría haber viajado junto a su pareja en el mismo vuelo, lo que no es común en el protocolo de viajes oficiales.

Al respecto, cuenta el abogado y ex suboficial José Antonio Palacios, que no es habitual que una suboficial de segunda, como Vargas, viaje al extranjero sin una autorización formal y menos en dos ocasiones en tan corto tiempo.

Por si fuera poco, la pareja sentimental del general Zanabria viene realizando tareas administrativas, cuando le corresponde por su rango cumplir funciones operativas.

Este lunes 21 de abril de 2025, en horas de la noche, el recluso venezolano John Kennedy Javier Sebastián se fugó como ‘Pedro en su casa’ del penal de Lurigancho, tras escalar el alto muro de la fachada del reclusorio, burlando al personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y de la Policía Nacional del Perú, mientras los vecinos sanjuanluriganchinos grababan asustados con sus celulares la insólita escena.

Los que hemos visto algunas películas de temática carcelaria, entre ellas, Fuga de Alcatraz, El Gran Escape, Papillon, Fuga de Absolom, La Roca, entre otras, pudimos vislumbrar que las cárceles no son cien por ciento seguras y que los antihéroes se convierten en héroes. Sin embargo, la realidad siempre superará a la ficción y es más cruda de lo que podemos imaginarnos. No obstante, en Estados Unidos, en algún momento clausuraban las cárceles que habían sufrido fugas importantes. Como es el caso de Alcatraz en 1963, la prisión de West Virginia en 1995, y el Mecklenburg Correctional Center, también en Virginia, en 2012.

Así las cosas, en Perú, parece que cuando un centro penitenciario es protagonista de una escandalosa fuga, más bien adquiere mayor prestigio y se incentiva su funcionamiento. ¿Acaso cerraron el penal Miguel Castro Castro luego de la fuga de 48 terroristas del MRTA? Aquel 9 de julio de 1990, Víctor Polay (camarada Rolando) y sus secuaces escaparon por un túnel de 250 metros y como decía Martínez Morisini: —Aquí no pasa nada—una prueba de ello, es la vigencia de este centro penitenciario que aún continúa funcionando en Canto Grande; pese a que, en mayo del 2023, el condenado Romario Robin Correa Sarria, durante el relevo de turno también se escapó de este penal, supuestamente de “máxima seguridad”. ​

Lo mismo sucedió un mes antes en el Penal de Puerto Maldonado en Madre de Dios, en el cual tres reclusos que fueron sentenciados por violación sexual a menores de edad se escaparon por un torreón sin vigilancia policial. Y así sucesivamente, otro violador sexual Roberto Ancco Checa, en febrero del año pasado en el Penal de Socabaya en Arequipa, casi escapa, al intentar llegar al muro exterior; sin embargo, felizmente quedó atrapado en la concertina (alambre de púas). Asimismo, apenas hace 4 meses en el Penal de Piura, otro sentenciado a 20 años de cárcel por robo agravado se valió del habitual relevo de policías y saltó por el pabellón en pleno cambio de turno.

“El INPE parece nuevo”

Como es habitual, luego de producirse una escandalosa fuga, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), se ‘pone las pilas’, se vuelve diligente y anuncia medidas disciplinarias. Esta vez rodó la cabeza del director del penal de Lurigancho y acaba de ser destituido, como para ‘calmar las aguas’. Incluso, se ha relevado al personal de custodia que fue testigo del grave incidente; es decir, se los habría reasignado a otra cárcel-coladera. También se han suspendido las visitas familiares, se viene coordinando con la Policía Nacional la recaptura del prófugo, y quizá se le incluya en el Programa de Recompensas del Ministerio del Interior. Y como ‘cereza del pastel’, que pretende ‘taparle la boca’ a la opinión pública, ya iniciaron una exhaustiva investigación para determinar las probables complicidades producidas internamente.

La crisis penitenciaria en nuestro país se ha convertido en un cáncer, y en especial el penal de Lurigancho, por cierto, el más grande del país con más de 20 pabellones y que alberga a casi 10 mil internos, pese a que fue inaugurado hace 51 años, para una capacidad original de 3,200 convictos. En otros términos, “Luri” tiene una superpoblación de 190%, algo indecible que solo ocurre en Perú.

Asimismo, este establecimiento ya debería ser clausurado y trasladado a otro lugar, no solo por el tremendo hacinamiento que enfrenta; sino, porque la urbe colindante, prácticamente ya se ‘comió’ el terreno del penal. Por ejemplo, urbanizaciones como Villa Huanta, albergan a numerosas familias que han convertido ese rincón en una creciente zona residencial.   

En suma, el sistema penitenciario en el país, es fallido, insuficiente y corrupto. Prácticamente, se ha convertido en un ecosistema que mantiene e impulsa ‘resorts de confort’, como una especie de ‘escuelas del crimen’ que subsisten gracias a las coimas y a la negligencia reinante, que hace oídos sordos ante la recurrente “desactivación de los protocolos de seguridad”. 

¿Qué daño ha cometido el Perú que tiene gobernantes indolentes? ¿Acaso es imposible que en nuestro país se construya un CECOT como en El Salvador?

Varios gobiernos desde hace décadas prometieron construir nuevos penales con mejores infraestructuras y con sustanciales reformas carcelarias; sin embargo, hasta el día de hoy se quedaron en promesas y “quienes ganan son los preciosos, que con toda su batería emprenden una pichanga, mientras se ven chalequeados por la propia PNP”.

A plena luz del día un presunto sicario acabó con la vida del fiscalizador de la municipalidad de San Juan de Lurigancho (SJL), Rubén Alfonso Guillén (52), desatando el pánico entre los presentes.

De acuerdo a las cámaras de vigilancia, el asesino se aproximó a la víctima por detrás, disparándole en su cabeza para posteriormente escapar hacia la vía contraría de la cuadra 3 de la avenida Los Postes. Testigos del hecho indicaron que una moto lineal lo venía esperando, la misma con la que se dio a la fuga con dirección hacia la avenida Las Flores.

En la escena del crimen se encontraron dos casquillos, aunque los testigos afirman que el delincuente llegó a realizar más de cinco disparos.

“El señor sale por una llamada telefónica y, en esa llamada, pasa un sujeto y le dispara por la cabeza y se da vuelta. Y dicen que por allá lo esperaba una moto”, manifestó una mujer.

Hasta el momento se desconoce el móvil del crimen, pero no se descarta que se trate de un ajuste de cuentas. El hecho se produce en medio del estado de emergencia decretado en Lima y Callao por el incremento de la violencia.

Desde la Municipalidad de SJL lamentaron el fallecimiento de uno de sus fiscalizadores, exigiendo una “profunda investigación” para dar con la captura de los responsables.

Sede maldita. La sede de Los Olivos de la Universidad César Vallejo (UCV) desde hace unos meses se viene convirtiendo en un lugar donde los jóvenes encuentran trágicamente la muerte. Este último domingo, un joven de iniciales R. A. I. I., de nacionalidad venezolana, perdió la vida tras lanzarse del octavo piso de uno de los edificios del campus.

Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) llegaron hasta esa casa de estudios para iniciar las primeras diligencias; minutos después, representantes del Ministerio Público fueron realizando las primeras pesquisas.

En las redes sociales se viene difundiendo un video donde aparece un joven anunciando que tomaría medidas radicales, presuntamente indicando que tomaría la peor de las decisiones, aunque ello aún se encuentra bajo investigación. Al respecto la UCV hizo un llamado para “evitar la difusión de información confirmada” hasta que se corrobore la autenticidad del video.

«Agradecemos la comprensión y el respeto de la opinión pública frente al dolor de la familia y de quienes compartieron vivencias con nuestro estudiante. Pedimos evitar la difusión de información no confirmada (…) Esta noticia nos conmueve profundamente y nos compromete aún más a seguir construyendo un entorno cada vez más humano y solidario», finalizan en su comunicado.

Joven falleció en enero en la misma sede

Cabe recordar que el pasado 6 de enero un estudiante de 22 años también falleció tras caer desde el piso 12 del mismo campus universitario. En ese entonces, la Policía Nacional reportó que el cuerpo fue encontrado en el área exterior del edificio, tras una caída desde gran altura. Aunque se iniciaron investigaciones, las causas del hecho aún no han sido esclarecidas públicamente.

Aquel episodio también fue atendido por la Fiscalía y peritos en criminalística, que recogieron evidencia para determinar si se trató de un accidente, un suicidio o si existió algún tipo de responsabilidad adicional. A la fecha, no se ha difundido un informe oficial con las conclusiones de ese caso.

Escándalo en la Policía Nacional del Perú. El analista de datos, Juan Carbajal, presentó un informe basado en la información de la Central Única de Denuncias, que revela una preocupante cifra que tiene que ver con el desempeño de los miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) durante sus deberes y jornadas laborales. Solo entre enero y marzo de este 2025, se registraron más de mil denuncias por conductas indebidas y otras acciones contra personal policial.

Mediante su red social, Juan Carbajal, reportó las alarmantes cifras que lanzó la Central Única de Denuncias del Ministerio del Interior, las cuales reflejan la crisis de valores que enfrenta la institución policial, y que la ubica como una de las entidades con más crisis institucional, entre las que existen dentro del Estado peruano, ya que se han registrado, en solo estos tres primeros meses del presente año (de enero al 31 de marzo), 1,121 denuncias y quejas por conductas indebidas.

Esta cifra es superior a las 671 y 976 registradas en los años 2023 y 2024, respectivamente, en el mismo período. Las quejas y conductas indebidas que presentan más denuncias tienen que ver con negligencia en el ejercicio de sus funciones (407), abuso de autoridad en el ejercicio de sus funciones (288), realizar actividades ajenas al servicio que menoscaban la imagen institucional (93).

Asimismo, otras de las denuncias sobre atenciones indebidas u omisiones dentro de las fuerzas de policiales que contravienen con sus deberes funcionales y las normas vigentes se encuentran las siguientes:

Actuar con negligencia en a atención y tramitación de denuncias por violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar (53).

Negarse a recibir denuncia o no registrarla en el sistema de denuncias respectivo (87).

Atender al público en forma displicente o dirigirse a las personas con términos vejatorios o irrespetuosos o gestos inadecuados (36).

Conductas indebidas del personal del Sector Interior (26).

No prestar auxilio a cualquier persona cuando esta así lo requiera (23).

Hacer uso de la fuerza en forma innecesaria o desproporcionada o maltratar a los intervenidos (18).

Abuso de autoridad (5) y presentarse o consumir drogas o bebidas alcohólicas o fumar durante el ejercicio policial (5).

Denuncias por ausentismo laboral de policías

Además de estas conductas, se han registrado denuncias menos frecuentes, pero de gran gravedad como favorecer a amigos o compañeros, haciendo uso de su cargo (4), demora o retraso en la tramitación de documentos (3), actuar con negligencia en atención y tramitación de denuncias en la PNP por persona desaparecida (2), ausentismo laboral (2).

Los ciudadanos también denuncian que los policías habrían tenido actos de discriminación por razón de origen, raza, idioma, religión, género, preferencia sexual o de cualquier otra índole, hostigamiento sexual u omitir información o consignar información falsa, inexacta, tardía o incompleta en la tramitación de los documentos.

Desafortunadamente, la Central Única de Denuncias del Ministerio del Interior pone en manifiesto que la región donde se evidencian más denuncias por conductas indebidas de la PNP es Lima Metropolitana, con 697 casos. Le sigue la provincia constitucional del Callao con 57 denuncias, Lima con 40, Piura con 34 casos, y Cusco con 25.

¡En Perú el mundo está al revés! y en lugar de ajusticiar a los criminales, se encierra a los efectivos del orden. La Corte Superior de Justicia de Lambayeque condenó a 10 años de prisión efectiva por el delito de ‘homicidio simple’ al suboficial PNP Gilmer Torres Bello, tras abatir a un delincuente armado que le robó sus pertenencias y que luego intentó robarle su auto en Chiclayo. Asimismo, al policía se le impuso una reparación civil de S/ 5,000.

El 7 de mayo de 2022, Torres Bello, trabajaba en la Unidad de Emergencia en la ciudad norteña, y mientras prestaba servicio de taxi en su día de descanso, un grupo de cinco menores lo detuvo como servicio para un traslado hasta la urbanización Las Palmas en Chiclayo. Y al llegar al destino, los delincuentes tras amenazarlo con armas de fuego y un arma blanca, le robaron dinero, el celular y las llaves del auto. Mientras uno de ellos intentó huir con el vehículo del suboficial Torres Bello, él inmediatamente reaccionó para impedirlo.

Mientras pretendía escaparse, el criminal adolescente identificado como Leonel E.M.R. disparó contra el policía, y en ‘legítima defensa’ éste respondió con su arma de fuego, lo que terminó con la vida del delincuente de 16 años.

Luego, los efectivos policiales confirmaron el fallecimiento y hallaron un revólver junto al cuerpo del menor, lo cual respaldaba la versión del suboficial sobre el enfrentamiento armado. Por ende, inmediatamente después, el hermano de Leonel fue detenido por su participación en el asalto a mano armada.

PJ desestimó la ‘legítima defensa’

El Poder Judicial a través de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque determinó que la conducta del policía no encajaba en la figura de legítima defensa, por lo que no fue eximido de responsabilidad penal y lo condenó a prisión efectiva por el delito de ‘homicidio simple’. Mientras tanto, la sentencia está pendiente de confirmación en la Segunda Sala Penal de Apelaciones de Lambayeque.

Este caso ha causado indignación y controversia y ha sido criticado por el congresista Fernando Rospigliosi, quien arremetió contra el sistema judicial en sus redes sociales. «Policía que abatió a un delincuente armado, que junto con otros cómplices lo había asaltado, es condenado a 10 años de prisión en Chiclayo. El sistema judicial controlado por la mafia caviar está podrido. No se puede derrotar a la delincuencia así. Hay que barrer la Fiscalía y el Poder Judicial. ¡Soluciones radicales!».

Asimismo, Rospigliosi hizo mención a la ley vigente en defensa de los policías. «Existe una Ley de Defensa Policial promulgada el 2020 y otra reiterándola y ampliándola del 2024, que debería aplicarse porque favorece al policía. Pero no hay manera, el sistema judicial favorece a los delincuentes y maltrata a las fuerzas de orden pisoteando las leyes. Se requieren soluciones radicales», expreso desconcertado.

Revisarán la sentencia

Este caso aún está pendiente de apelación; por lo que el próximo viernes 28 de marzo de 2025, la Segunda Sala Penal de Apelaciones de Lambayeque revisará la sentencia en una audiencia que será clave y cuyo veredicto final marcaría un precedente.