Lo que mal empieza, mal termina. Luego de hacerse pública la denuncia de Andrés Bravo Pinedo, presidente del Frente de Defensa de los Intereses del Distrito de Ollantaytambo, respecto a un presunto acto de corrupción perpetrado nada menos que por el alcalde de Ollantaytambo Paul Palma, en colusión con la propietaria del hotel Sol Ollantaytambo Boutique, Lucinda Miranda Farfán, y su administrador Derik Miranda Farfán, la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) del Cusco, con apoyo de los efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) paralizaron la construcción del mencionado recinto hotelero como parte de una “medida cautelar” dispuesta por el despacho de Cultura.

La labor fiscalizadora, en principio, le corresponde a la municipalidad de Ollantaytambo, encabezada por Paul Palma, sin embargo, al estar dicha autoridad involucrada en las investigaciones, la encargada de realizar la medida preventiva fue la DDC del Cusco.

Y es que como ya se publicara en este medio, Andrés Bravo Pinedo viene denunciando una presunta red de tráfico de influencias y abuso de autoridad por parte del alcalde Paul Palma y los representantes del hotel Sol Ollantaytambo Boutique.

De acuerdo a los primeros informes obtenidos, la municipalidad de Ollantaytambo otorgó, sin pasar por las comisiones técnicas correspondientes, el permiso de restitución volumétrica para dicha obra, la misma que hasta la fecha no cuenta con una orden de demolición.

“La tardanza en la anulación y la ausencia de una orden de demolición sugieren complicidad o negligencia por parte de las autoridades, permitiendo que el daño al patrimonio continúe”, se lee en la nota publicada el pasado 2 de abril del año en curso.

Asimismo, continúa el informe, “entre las autorizaciones otorgadas de forma irregular se encuentran las siguientes: autorización N° 001-2023-GDUR – MDO, autorización N° 016-2024-GDUR – MDO, y la autorización N° 020-2024-GDUR – MDO.  Además, la ejecución de obras no cumple con la normativa vigente, donde los propietarios deberían presentar el expediente respectivo al procedimiento administrativo, en concordancia al Reglamento de Intervenciones Arqueológicas vigente aprobado mediante Decreto Supremo Nº 011-2022-MC, de fecha 23 de noviembre del 2022”.

La nota completa en el siguiente enlace:

Ollantaytambo: atentado al Patrimonio Arqueológico revela presuntos actos de corrupción, tráfico de influencias y abuso de Autoridad

Finalmente, se tuvo conocimiento que la diligencia realizada esta mañana no acudió personal de la Fiscalía, impidiéndose la incautación de las herramientas y maquinarias, y constatando que al término del encintado aún habían obreros trabajando dentro de dicho inmueble.  

Mientras que el premier Gustavo Adrianzén asegura que la declaratoria de emergencia ha sido un “éxito que se viene observando”, la ola criminal continúa extorsionando y asesinando a los ciudadanos de a pie. Por lo que una comerciante de Comas reveló que se ha visto obligada a rematar su negocio debido a que extorsionadores le exigen una fuerte suma de dinero para no atentar contra su vida.

Entre lágrimas anunció ser víctima de extorsionadores

A través de su red social TikTok, la fundadora de ‘RubyLiz Boutique’, no pudo contener las lágrimas y contó en una trasmisión a sus seguidores que su situación es complicada tras ser víctima de las bandas extorsivas. A pesar de 10 años de dedicación y trabajo en su negocio, la madre de familia no pudo encontrar otra solución, debido a que no contó con el apoyo de la Policía.

En pleno llanto, la comerciante contó que, debido a la constante exigencia de los criminales, tuvo que tomar la decisión de rematar todas sus prendas de ropa en línea para poder juntar el dinero que tanto le exigen los extorsionadores.

“Estimados amigos y clientela, en estos momentos me comunico con ustedes a través de esta plataforma para informarles que voy a hacer una transmisión de remate porque necesito conseguir dinero muy fuerte para mañana. Es de vida o muerte. Espero contar con el apoyo de todos ustedes», expresó la comerciante y reveló que su negocio en Lima Norte dejará de funcionar porque priorizará el bienestar y la integridad de su familia, por lo que pidió contar con el apoyo de sus clientes para que pueda cubrir los pagos de los cupos que le exigen los criminales.

“Lamentablemente (la empresa) dejará de laborar. Ya no atenderá en almacén y quizás ya no vuelvan a verlo en redes sociales por un buen tiempo. Para mí lo más importante es la tranquilidad de mi familia, pero necesito conseguir un dinero muy fuerte», culminó entre sollozos la comerciante extorsionada.

Todo mal. Militares resguardando Larcomar, las estaciones del tren, el parque Kennedy, parados, solo viendo la gente pasar; policías que solo dan vueltas por las avenidas más transitadas, llamándolo a ello “patrullaje”, sin que se atrevan a ingresar a las zonas más peligrosas de la ciudad, intervenciones sin sentido, detenciones a personas con antecedentes penales pero que ya purgaron condena, o a microcomercializadores de drogas, todo para que en la estadística del denominado “Cuarto de Guerra” se indique que han “desarticulado” a una “organización criminal”. Se atrapan a los ‘peces pequeños’, pero jamás a las cabezas.

La jefa de Estado, Dina Boluarte, bien acompañada de los comandantes de las Fuerzas Armadas, repite y repite que la criminalidad ha disminuido, pero minutos después sale una noticia sobre un chofer baleado a plena luz del día, y metros más adelante están los policías y militares parados, sosteniendo sus rifles.

El gremio de transportistas está cansado de tantas mentiras, de tanto “estado de emergencia” que suena imponente, pero que en la realidad es solo un día más; nada cambia, los delincuentes cada vez son más avezados y se graban cuando disparan sin compasión a un conductor, sin siquiera ponerse a pensar que están dejando a dos o tres niños sin su padre.

Segundo paro solo en esta semana. Los grandes perjudicados somos todos los ciudadanos que tenemos que utilizar un medio de transporte para llegar a nuestros centros de trabajo, demorándose para ello dos o tres horas, caminando otros largos trayectos para que ese día no les descuenten; en tanto, sus ministros se ocupan más en asistir a interpelaciones del Congreso que ponerse a atacar frontalmente el problema. Nadie pone de su parte.

Desde las cinco de la madrugada nuevamente Lima y Callao se encuentran paralizados. Los transportistas han anunciado que cerca de 20 mil unidades apagarán sus motores en señal de protesta por las extorsiones y atentados que vienen sufriendo a diario.

Por su parte, las universidades ya se fueron preparando ante el anuncio de los transportistas, avisando a sus alumnos que las clases se realizarán de manera virtual; similar respuesta se ha dado desde los colegios particulares y estatales, pero la realidad de estos últimos les impide a muchos de los estudiantes poder acceder a una conexión estable de internet, y es que en gran parte de la ciudad, sobre todo en las partes más alejadas, la conectividad aún es deficiente.

Es más que probable que culminado este paro nuevamente otro chofer caiga ante la ira descontrolada de los extorsionadores, que día a día van tomando control de toda la ciudad, con o sin estado de emergencia.

Debido a la indiferencia e inacción del Gobierno para contener a la criminalidad que mata todos los días a nuestros compatriotas, un grupo de transportistas del Callao vienen realizando un paro este miércoles 9 de abril, tras los recientes atentados a dos de sus compañeros choferes, en los cuales, uno de ellos perdió la vida tras ser acribillado por sicarios extorsionadores.

Un gran grupo de transportistas, familiares y vecinos del Callao con una actitud enfurecida y con indignación debido a la ola de inseguridad ciudadana, extorsiones y sicariato, que los azota diariamente salieron a las calles chalacas para alzar su voz de protesta y exigir justicia al Gobierno por el ataque y la muerte de sus compañeros mientras cubrían sus respectivas rutas de transporte, como los recientes casos registrados el día de ayer, 8 de abril.

El primer ataque ocurrió alrededor de las 11:30 a.m. en la cuadra 52 de la avenida Venezuela, contra una combi de placa AJU-943 de la empresa de transportes Emisca S.A., que trasladaba a pasajeros de Lima-Callao. El conductor, identificado como Luis Chinchay (65) fue baleado por sicarios que iban a bordo de una moto lineal. Producto del ataque, el vehículo se descarriló y chocó contra la fachada de un almacén. El chofer quedó herido y tuvo que ser llevado al Hospital Naval para una operación. Actualmente, su estado se mantiene en reserva.

Daniel Alexis Guillermo Díaz, de tan solo 25 años, otro chofer de combi que cubría la misma ruta que Chinchay, también falleció, tras ser herido de bala por delincuentes motorizados.

Transportistas piden que se vaya Dina Boluarte

Los enardecidos transportistas llegaron hasta el cruce de las avenidas Venezuela con Elmer Faucett, donde también llegó un gran contingente policial para impedir que sigan avanzando más y mantener la calma en la zona. Asimismo, uno de los trabajadores del transporte, cuestionó la inacción del Gobierno de Dina Boluarte para acabar con las bandas criminales.

«Seguridad y justicia por Daniel. Estamos cansados por pagar (S/5 soles diarios) en distintas partes, Lima-Callao. El gobierno dice que hay seguridad, pero no es así. (…) ¡Que se vaya Dina Boluarte, porque no hace nada por el pueblo! No hay seguridad, no estamos seguros. ¡Mañana también vamos a parar!», exclamó.

Asimismo, lamentó que los choferes del transporte público se hayan convertido en el nuevo blanco de los extorsionadores. Por ello pidió justicia por la muerte de su compañero Daniel Guillermo Diaz y pidió la renuncia de la presidenta de la República Dina Boluarte, porque «no hace nada por el país».

Como se recuerda, tras la propuesta de la Defensoría del Pueblo, que pedía que las motos lineales no salgan a circular de 6 p.m. hasta las 6 a.m. la Asociación de Motociclistas del Perú, a través de su vocero David Montes, rechazó dicha restricción horaria y respondieron: «La gente no trabaja solo hasta las 5 p.m.».

Sin embargo, luego de haber mantenido una reunión con el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, el presidente de la Asociación de Motociclistas del Perú, Ricardo Millones, contó que fijaron algunos acuerdos bilaterales. El más importante consiste en la modificación de la propuesta original, y se fijó introducir el uso de salvoconductos para permitir que dos personas viajen en una moto lineal.

Copilotos de motos deberán portar salvoconducto

El representante de los motociclistas explicó para Exitosa que, debido a que muchos ciudadanos respetuosos de la ley transitan en compañía de familiares, amigos u otras personas, se debe establecer excepciones a la norma propuesta. Por tal motivo, se implementará un sistema de salvoconducto.

“Nosotros hemos cedido en aceptar que las motos sean unipersonales durante el estado de emergencia. Pero llevamos copilotos: esposa, primos, hermanos, hijos, mamá o hasta un amigo. Se podrá llevar siempre y cuando estén registrados mediante un salvoconducto, el cual será gestionado a través de una aplicación diseñada para tal fin».

¿Qué datos tendrá el salvoconducto?

El representante del gremio de motorizados afirmó que el documento incluirá nombre completo, DNI del pasajero y el motivo del traslado, ya sea por parentesco o simplemente por tratarse de una persona cercana.

«Se va a registrar a esta persona para tener constancia e identificación del motivo por el que va en la moto durante el estado de emergencia. Es una medida disuasiva», señaló. Según la versión de Ricardo Millones, las modificaciones se incorporarán en la propuesta que la Defensoría del Pueblo presentará al Poder Ejecutivo.

Solo en el imaginario del ministro Morgan Quero la educación en nuestro país está de maravillas. A inicios del año escolar, cientos de centros educativos no se encontraban en la condición de albergar a los estudiantes, presentando severos problemas de infraestructura, con ventanas rotas, techos de calamina partidos o carpetas carcomidas por el tiempo, y cómo no las extorsiones que obligan a cerrar indefinidamente a muchas de ellas. A pesar de ello, el titular del Ministerio de Educación (Minedu), Morgan Quero Gaime, afirmó la continuidad de los colegios a nivel nacional.

Todas sus palabras se estrellan con la lamentable realidad que viven miles de niños que tienen que asistir a un aula defectuosa, sentándose en un ladrillo o lo que sea que encuentren. Ahora, en la institución educativa Juan José Bardales Chuquipiondo, ubicada en Iquitos, cerca de 100 alumnos tienen que proseguir con sus clases en un restobar luego que su colegio fuera declarado como “no habitable”.

En medio de cajas de cerveza y botellas de licor, los menores reciben sus clases en ese insólito espacio, a la espera de que las autoridades se dignen a reparar su centro educativo.

En tanto, la directora de la mencionada institución educativa, Margia Lita Gálvez Ochavano, ha detallado que, pese a los esfuerzos realizados, no se ha logrado aún una solución concreta para reubicar a los alumnos en un ambiente adecuado. Por su parte, una docente de la institución educativa en cuestión, hizo un llamado al gobernador regional para que los ayude en esta difícil situación.

“Ya tenemos, señor gobernador, el título que usted nos prometió para hacer nuestra escuela. Ayúdenos, no a nosotros, los maestros, sino a los niños que tienen derecho a la educación. Ese derecho no se lo podemos quitar”, manifestó la docente.

Recordemos otra desatinada declaración del ministro Quero

Durante la realización del APEC 2024 en nuestro país, el titular del Minedu salió muy risueño a declarar que mientras dure ese importante evento los alumnos recibirían clases virtuales, afirmando que ellos “están conectados y felices”; sin embargo, la realidad, nuevamente, es totalmente distinta.

De acuerdo al ex viceministro de Gestión Institucional del Minedu, José Luis Gargurevich, solo el 46 % de los hogares en Lima tiene acceso a una conexión a internet estable.

El vocero de la Asociación de Motociclistas del Perú, David Montes Quiñones, rechazó la propuesta de la Defensoría del Pueblo de restringir la circulación de motos entre las 6 p.m. y las 6 a.m. como medida para reducir la ola criminal y el sicariato. En ese sentido, refirió para Exitosa que la Defensoría está «promoviendo» que se vulnere el derecho al libre tránsito de «personas de bien».

«La Defensoría del Pueblo está promoviendo que se vulnere el derecho al libre tránsito de personas de bien, de personas que van a trabajar. Las personas no trabajan hasta las 5 de la tarde. Muchas personas viven lejos de su zona de trabajo y no podrán usar su moto porque el defensor del Pueblo tiene la primacía de la realidad muy alejada de la que vivimos», aseveró Montes Quiñones. Asimismo, indicó que en Colombia se adoptaron medidas similares, pero que no funcionaron para disminuir la criminalidad.

«La delincuencia está campando a sus anchas a nivel nacional. No negamos que deben tomarse medidas drásticas para reducir la delincuencia, pero que sean efectivas. Hemos mostrado informes y estudios de lugares donde también se ha ejecutado esta medida, como Colombia, que señalan que esta disposición no funciona», sostuvo.

Afirma que restricción afectará a más de 3 millones de moteros

Por otro lado, David Montes continuaba arremetiendo contra la Defensoría del Pueblo y advirtió que la propuesta de la Defensoría de restringir la circulación de motos lineales por una franja de 12 horas, afectará a cerca de 3.5 millones de personas a nivel nacional.

«Estamos hablando de afectar a cerca de 2 millones de personas en Lima o 3.5 millones de personas a nivel nacional por un impacto que ni siquiera está propuesto. En esta propuesta, ni siquiera se menciona cuál podría ser el resultado beneficioso para la seguridad ciudadana», concluyó.

La Superintendencia Nacional de Migraciones, en un trabajo conjunto con la Policía Nacional del Perú (PNP), realizó 1,123 operativos de verificación y fiscalización migratoria, entre enero y marzo del presente año, y ha ordenado la expulsión de más de 760 personas extranjeras de nacionalidad venezolana, por haber vulnerado la legislación migratoria.

Los operativos se realizaron en 16 regiones

Del total de operativos que efectuó Migraciones, 20.93 % se realizaron en Puno, 11.84% en Pucallpa, 10.15 % en Tumbes, 9.26 % en Tarapoto, 7.21 % en Lima, 5.88 % en Arequipa, 5.25 % en Chimbote, y el resto de porcentaje lo completan Callao, Chiclayo, Cusco, Huancayo, Ica, Iquitos, Puerto Maldonado, Trujillo y Tacna. En los operativos se verificó los documentos de los extranjeros intervenidos, para poder acceder al control de sus identidades y conocer sus situaciones migratorias, mediante la corroboración en tiempo real de la información proporcionada, a través del uso de tabletas electrónicas, que se encuentran interconectadas a la base de datos de Migraciones.

A los 760 ciudadanos venezolanos se les aplicó el Procedimiento Administrativo Sancionador Especial Excepcional (PASEE), que establece la rápida expulsión de los infractores en un plazo máximo de 24 horas, por haber ingresado al Perú sin cumplir con la normativa migratoria y/o representar una amenaza para la seguridad nacional y el orden interno. El PASEE consta de una fase instructora y otra sancionadora, mediante la cual se les comunica a los infractores las respectivas imputaciones en su contra. Tras finalizar dicho proceso, Migraciones, a través de sus jefaturas zonales, emite las órdenes de expulsión, que inmediatamente son ejecutadas por la Policía Nacional del Perú (PNP).