Un operativo en Comas, comandado por agentes del Ministerio Público, con apoyo de la Policía Nacional del Perú (PNP), terminó por desarticular una peligrosa banda criminal dedicada a la extorsión y al sicariato y capturaron a su presunto cabecilla.

Tras un intenso trabajo de investigación, las autoridades iniciaron con la intervención alrededor de las 2 de la mañana en la vivienda de Daniel Santos Bances de 47 años, presunto líder de la organización conocida como ‘Los Furiosos de la Huerta Perdida’; ubicada en la calle Las Almendras en la urbanización Alameda del Pinar en Comas, así como en distintos inmuebles ubicados, uno en Pro, dos en Barrios Altos, en la zona conocida como La Huerta Perdida y una en Mi Perú, en el distrito de Ventanilla.

El numeroso contingente policial utilizó arietes para derribar las puertas y acorralar a los integrantes de la banda extorsiva que aterrorizaba a mototaxistas de Cercado de Lima, cobrándoles 40 soles semanales, a cambio de brindarles una supuesta protección.

Daniel Santos Bances, presunto líder de ‘Los Furiosos de la Huerta Perdida’, fue capturado. 

La tesis fiscal indica que los criminales tenían en la mira a los mototaxistas del paradero ‘Cueva de Los Pollos’, del distrito del Rímac, muy cerca de la Plaza de Acho y sembraban el terror, amenazándolos con acribillarlos si se rehusaban a pagar los cupos exigidos.

En el operativo montado por la Cuarta Fiscalía Corporativa Provincial penal de Cercado de Lima, Breña, Rímac y Jesús María, se realizó incautación de equipos celulares y registro domiciliario. Asimismo, se consiguió la detención preliminar de cinco personas, que serían miembros del grupo de extorsionadores.

Los efectivos policiales no encontraron armas, ni dinero producto de las extorsiones en la vivienda del cabecilla Santos Bances en Comas, pero sí pudieron decomisar celulares y un automóvil modelo van, vinculado a las actividades ilícitas.

La Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Callao ha logrado la inclusión de Lima Airport Partners (LAP) y de la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac) como terceros civiles responsables en las investigaciones sobre el accidente ocurrido el 18 de noviembre del año 2022 y donde perdieron la vida tres valerosos bomberos. Esta decisión amplía el alcance de la indagación sobre las causas y responsabilidades relacionadas con este trágico evento.

Durante la audiencia, el fiscal provincial Eduardo Alfredo Luna Andaviza presentó argumentos ante el Poder Judicial para justificar la incorporación de LAP y Corpac en la investigación. De esta manera, detalló que existe relación de los trabajadores entre los investigados y las mencionadas entidades, dado que los involucrados laboran en estas.

Asimismo, el presunto delito de homicidio culposo agravado fue cometido en el ejercicio de sus funciones. Es así como el Tercer Despacho de la Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Callao ordenó la incorporación de ambas entidades.

El pedido del Ministerio Público recae en la medida de garantizar una compensación efectiva a los familiares de Ángel Torres García, Nicolás André Santa Gadea Morales y Manuel Hugo Villanueva Alarcón, los tres bomberos que fallecieron.

Trabajadores de LAP y Corpac en investigación preparatoria para determinar su responsabilidad

El 6 de marzo de 2024, se formalizó la investigación preparatoria, por lo cual se inició el proceso contra nueve trabajadores de LAP y Corpac. Entre los que se encuentran son el jefe de rescate de LAP, Paúl Sánchez León; el gerente de seguridad de LAP, Juan Enrique Salas Rivera; el supervisor general, Abraham Vega Mesías; y el supervisor de equipos, Carlos Peña Mendoza.

Mientras que en Corpac son cuatro, el coordinador general de la torre de control, Wilber Ruiz de los Ríos, y los controladores Marcelo Rodríguez Jerí, Juan Diego Izquierdo Escudero, Estrella Alcántara Carty y Reynaldo Bravo Tejada.

El informe sugiere que el cansancio entre los controladores pudo haber influido en su habilidad para mantener un nivel adecuado de alerta y concentración. El escenario se complicó aún más por el hecho de que el equipo estaba compuesto por personal en horario de sobretiempo, cubriendo la ausencia de cuatro miembros.

Cabe precisar que, ambas entidades han negado su responsabilidad del accidente, debido a que aseguraron que no tenían permiso.

Tras el operativo Valkiria XI realizado por el Eficcop junto con la Diviac y la PNP desde la madrugada de hoy, la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, se pronunció en un video publicado en su cuenta “X”, y tildó de “burda maniobra” dicho operativo, en el que se han allanado 21 viviendas y se ha detenido hasta siete personas de su entorno personal.

Benavides Vargas aseguró también que se intenta montar un “psicosocial” con fiscales y policías para forzar su injusta destitución.

“Rechazo la burda maniobra, evidentemente concertada de montar un psicosocial con fiscales y policías para impresionar a las autoridades y opinión pública y así forzar la injusta destitución pese a la inexistencia de pruebas”, refirió de forma enérgica.

La suspendida fiscal de la Nación también ha condenado la mención de sus hijos menores en el proceso, calificándolo de un ataque personal inaceptable.

Finalmente, en su mensaje audiovisual, Patricia Benavides añadió que su defensa legal ofrecerá una conferencia de prensa “para aclarar esta situación”.

La ministra de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) Elizabeth Galdo Marín durante su visita a Cusco, protagonizó una confrontación bochornosa con periodistas de la prensa local que le hacían preguntas sobre la presidenta Dina Boluarte y sobre la cuestionada contratación de la empresa Joinnus en dicha región.

Según testigos presenciales, la ministra Galdo Marín se encontraba desplazándose dentro de las instalaciones del Gobierno Regional de Cusco para participar de una reunión con la Asamblea Nacional de Gobernadores Regionales y el Gobierno Regional de Cusco, para tratar temas referentes a la preocupante situación política del país.

Ministra de Comercio Exterior le quitó el micrófono a periodista en Cusco.

En la cobertura informativa, durante un corto desplazamiento a pie entre la gente de prensa y la titular de Comercio Exterior, el periodista Néstor Larico se acercó a la ministra para realizarle preguntas, entre las que mencionó: ¿Y por qué acepta usted el cargo de ministra de Turismo? sin embargo, la ministra de forma inexplicable le quitó el micrófono al periodista de ‘Nueva Tv Nacional’, y le respondió: “con mucho orgullo”, mientras el hombre de prensa decía: “me está quitando el micro” y luego ella lo arrojó al suelo.

Testigos presentes en el lugar denunciaron que la reacción de la ministra fue desmedida y lamentable, considerando que los medios de comunicación cumplen un rol fundamental de informar a la ciudadanía.

 Este incidente pone en entredicho la capacidad de la ministra Galdo Marín para manejar situaciones de presión y crítica por parte de la prensa, lo cual es esencial en el ejercicio de un cargo público de tal envergadura.

Hasta el momento, ni la ministra Galdo Marín, ni el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo se han pronunciado y han emitido una disculpa o explicación por la lamentable conducta de la titular de la cartera. Se espera que las autoridades competentes tomen las medidas correspondientes ante este lamentable hecho.

Al parecer, a la ministra de Comercio Exterior le molestó algunas preguntas de los periodistas cusqueños, porque su respuesta fue: “Voy a hablar sobre el sector, sobre el desarrollo económico de nuestro Perú y de mi querido Cusco”.

¿Quién es la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Elizabeth Galdo Marín?

Ella es abogada, afiliada a Avanza País desde el 2020, e ingresa por primera vez a un cargo ministerial, tras más de quince años laborando para Fundación Telefónica.

Hasta el momento, ocupó diferentes posiciones dentro del Grupo Telefónica y se desempeñó como directora ejecutiva de dicha entidad desde el año 2014. De igual manera, pasó por los cargos de directora de Regulación, secretaria general, y desarrolló diferentes tareas en Telefónica Internacional. Anteriormente, la nueva cabeza de la cartera de Comercio Exterior y Turismo fue consultora en las oficinas de Arthur Andersen de Lima y Caracas.

Los fiscales del equipo especial contra la corrupción en el poder (Eficcop), que lidera Marita Barreto, desde la madrugada del martes 23 de abril allanaron 21 inmuebles en el marco del operativo ‘Valkiria II’ y también allanaron la vivienda del periodista Juan Carlos Tafur, en el distrito de Barranco.

Según, la notificación fiscal, sindican a Tafur como integrante de la organización criminal que lideraría la exfiscal de la Nación Patricia Benavides y que él como comunicador cumplía el rol de operador.

“Aprovechando que es periodista y tiene apertura a los medios periodísticos, (Tafur) se habría puesto a disposición del programa criminal, publicando a sabiendas un reporte sobre desprestigio a la fiscal superior Marita Barreto, que había sido formulado por el abogado de su gran amigo José Luis Castillo Alva; además de ello, participó activamente en las coordinaciones para la destitución de fiscales y el nombramiento de aquellos que respondan a los intereses de José Luis Castillo Alva, investigado por el caso Cuellos Blancos del Puerto”.

Juan Carlos Tafur se defiende y dice que es una venganza fiscal

El director del portal Sudaca dijo que el allanamiento de su casa en Barranco responde a una persecución fiscal.

En declaraciones a una radio local, señaló que el allanamiento es una represalia por un reportaje que exponía los viajes que realizó la fiscal coordinadora del Eficcop, Marita Barreto, a Punta Cana y Estados Unidos entre el 2022 y el 2023; para tomar las declaraciones de la empresaria Sada Goray, quien es investigada por supuesta corrupción en el gobierno de Pedro Castillo.

Desde la madrugada del martes 23 de abril el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop), que dirige la fiscal superior Marita Barreto, con el apoyo de 23 fiscales y más de 100 policías, realizó el operativo Valkiria XI en Lima, Perú.

El operativo del Ministerio público que consiste en allanamiento y detenciones preliminares por las investigaciones que se siguen contra la presunta ‘organización criminal’ que lideraría la exfiscal de la Nación Patricia Benavides, dio como resultado, a siete implicados que quedaron con detención preliminar por los delitos de organización criminal, colusión agravada, tráfico de influencias y otros.

Además 21 viviendas ubicadas en diferentes distritos de Lima, como El Agustino, Jesús María, San Isidro, Magdalena de Mar, Ate, Lince y Barranco, fueron allanadas.

Los detenidos son allegados a Patricia Benavides

Miguel Ángel Girao Isidro (exasesor de Patricia Benavides)

Abel Hurtado Espinoza (exasesor de Patricia Benavides).

José Luis Castillo Alva (abogado de Patricia Benavides).

Giancarlo Valer Enciso

Jorge Luis Palomino Quesada

Mirtha Cristina Gonzales Yep (esposa del abogado José Luis Castillo Alva).

Jorge Jonathan Rodríguez Menacho (capitán exagente PNP de la Diviac).

Según indicó el Ministerio Público en sus redes sociales, la intervención fiscal se da en el marco de las investigaciones a cargo del fiscal Christian Niño Torres, seguidas contra Jaime Villanueva, Miguel Girao Isidro, José Luis Castillo y Alva y otros, que vincularían también Liz Patricia Benavides Vargas.

La presunta organización criminal habría instrumentalizado el poder constitucional del monopolio de la persecución penal para intereses particulares y generar ganancias ilícitas producto de actividades corruptivas.

La fiscal suspendida Patricia Benavides cuando asumió la titularidad de la Fiscalía de la Nación, con el fin de favorecer en la investigación que se seguía contra su hermana Enma Benavides Vargas, destituyó a la fiscal suprema Bersabeth Felicitas Revilla Corrales, responsable de promover la acción penal contra su hermana, acción que le trajo como consecuencia acusaciones constitucionales en el Congreso.

Desde ello, la organización criminal logró su consolidación, desplegando acciones para evitar ser procesada y sancionada y así sostenerse en el máximo cargo de la titularidad de la acción penal, haciendo que sus exasesores Jaime Villanueva Barreto, Miguel Ángel Girao Isidro y Abel Hurtado Espinoza, influyan ilícitamente en las decisiones de Congresistas para que procuren promover la destitución de Zoraida Avalos Rivera como fiscal suprema, quien sería una potencial sucesora ante su eventual destitución, dando como contraprestación el archivamiento de denuncias de carácter penal que ella tenía a cargo, también habrían influido en la designación del Defensor del Pueblo y procurar la remoción de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) para impedir su destitución.

El presidente del Poder Judicial (PJ), Javier Arévalo Vela, tras estar al tanto de las noticias diarias que anuncian asesinatos por parte de sicarios, cobro de cupos y extorsiones con detonación de explosivos en diversas viviendas del país, exhorta a que las autoridades competentes realicen una reevaluación del marco legal y sugiere que ya es momento de que las organizaciones criminales sean consideradas como terroristas.

El vocal supremo Arévalo Vela señala que: “La colocación de explosivos, el cobro de cupos, asesinatos… y la pregunta es ¿a qué se parece esto? se parece al terrorismo. Pues bien, hay qué hacer algo. Creo que las autoridades deben reflexionar, que de repente ya es hora de considerar a estas organizaciones criminales, como organizaciones terroristas y por supuesto, previa definición legislativa, se necesita una ley y además pedir el apoyo de las Fuerzas Armadas. Tenemos que hacer algo, porque esto cada día va de mal en peor”.

La posición que toma el presidente del Poder Judicial surge en respuesta al incremento de la criminalidad y propuso la integración de las Fuerzas Armadas para combatir a este tipo de delincuencia terrorista.

Como se recuerda, el congresista Eduardo Salhuana Cavides desde julio de 2021 apoyó al hoy preso Pedro Castillo, incluso votó en contra de su vacancia presidencial. Sin embargo, —“A rey muerto, rey puesto”—, dice el refrán en referencia a la asunción de Dina Boluarte en el poder. En ese sentido, Salhuana inmediatamente cambió de opinión y desde el 2023 vive para a la mandataria.

¿A quién representa realmente el congresista Eduardo Salhuana? Se ha comprobado que gran número de congresistas ya no ingresan al Parlamento para cumplir las funciones específicas que dicta la norma parlamentaria mediante el Reglamento del Congreso de la República; sino para cazar los jugosos lobbies que se presentan y/o que se acuerdan durante campaña, con grandes mineras, constructoras o empresas internacionales.

En esa línea, los intereses de Salhuana siempre estuvieron dirigidos en la PCM, el Ministerio de Economía y Finanzas, y en especial, el Ministerio de Energía y Minas, porque, no olvidemos que, según el portal de Transparencia, Salhuana sostuvo reuniones con el expremier Alberto Otárola, el exministro Alex Contreras y con los exministros y exviceministros del sector Energía y Minas (MINEM).

¿A quién patrocinaba Salhuana?

Al revisar la hoja de vida del vocero de la bancada de APP, encontramos una contundente respuesta. Eduardo Salhuana ha sido en el 2013 Asesor legal de la Federación Minera de Madre de Dios, luego en el 2015, se convirtió en Gerente General del Gobierno Regional de Madre de Dios, y en el 2017, volvió a ser asesor legal en la Federación Minera. De ahí, que como congresista presentó el Proyecto de ley N° 3377; ley que establece el Régimen Especial de Concesiones Mineras en las zonas de pequeña minería y minería artesanal de Madre de Dios, comprendidas en el anexo 1 del Decreto Legislativo 1100°. ¿Un lobby a la vista como exasesor legal de la Federación Minera de Madre de Dios?; no obstante, eso no le importó a la Comisión de Energía y Minas, y a su expresidente, “El Niño” Jorge Luis Flores Ancachi.

Salhuana y su apoyo incondicional a Dina Boluarte

El vocero de la bancada de Alianza para el Progreso (APP), Eduardo Salhuana, se reinventó, y tras haber apoyado al profesor chotano, luego mostró su apoyo incondicional a la gestión de la presidente Dina Boluarte, entre otras decisiones congresales. 

Como la sesión del pleno en la medianoche del jueves 25 de mayo de 2023, fecha en la cual, el Congreso aprobó una norma para que la maquinaria incautada a los extractores de oro ilegal, durante las labores de interdicción, ya no sea destruida y que a través del PRONABI, pase a manos de gobiernos locales y regionales. El autor del proyecto, fue nada menos que el congresista de APP, Eduardo Salhuana.

Movidas en la Comisión de Economía

En la Comisión de Economía del Congreso, presidida por el parlamentario César Revilla desde el año pasado, se pretendió inhibir sin evaluar y dictaminar los proyectos de ley N°2139/2021-CR, que propone la “ley que incentiva la inversión en recursos energéticos renovables destinados a la generación de energía en el mercado eléctrico peruano”, y el Proyecto de Ley N° 4748/2022-CR, ley de Transición Ecológica, mediante el cual tenían la misión de modificar la ley de la generación eléctrica, sin tener en cuenta el riesgo en el que pondrán al país al pretender confiar principalmente la generación eléctrica a las energías renovables.

En ese sentido, es necesario resaltar la conexión entre congresistas, empresas vinculadas a energías renovables, y la influencia ejercida ante la Comisión de Economía para inhibirse de la evaluación técnica de propuestas legislativas.

Según expertos, la Comisión de Economía sí tendría competencia en estos asuntos, debido a que una propuesta sobre la transición hacia fuentes de energía renovables y la promoción de la sostenibilidad del sistema son cuestiones que tiene un impacto significativo en la economía del país.

Salhuana defendió a la minería informal

Una vez más, el legislador Eduardo Salhuana el pasado 3 de abril, utilizó su corta intervención en el debate para decidir otorgar el voto de confianza al premier Gustavo Adrianzén y aprovechó para publicitar su incondicional apoyo a los mineros informales, ¿acaso esto es casualidad?

Y finalmente, votó a favor de darle la confianza al premier Adrianzén. En su intervención mencionó: “El apoyo al Ministerio de Energía y Minas para que implemente nuevos proyectos mineros que podrían implicar $54 mil millones de dólares de inversión que podrían generar un aporte del 2% al PBI.  Hay enormes riquezas que no estamos explotando en el país y sobre eso tenemos que ponernos de acuerdo”.

Además, sobre los mineros ilegales manifestó: “En el sector minero, hay medio millón de peruanos y en vez de perseguirlos y adjetivarlos y generar toda una leyenda negra sobre ellos, vamos a formalizarlos, vamos a ordenarlos, pero hay que poner recursos, hay que poner logística, profesionales y voluntad política del gobierno. Los ministerios tienen que actuar de acuerdo a las políticas del gobierno. El Ministerio de Ambiente está creando una Reserva Nacional exactamente sobre lotes petroleros que están en exploración y explotación. El Minam pretende afectar nuevamente a los castañeros de Madre de Dios”.

Minería ilegal en Madre de Dios, que defiende el congresista Eduardo Salhuana.

Recordemos que hace tres semanas el Observatorio de Minería Ilegal y Actividades Vinculadas en Áreas Claves de Biodiversidad (OMI) publicó un pronunciamiento donde solicitan a las autoridades investigar al congresista de Alianza para el Progreso (APP), Eduardo Salhuana Cavides, luego de la difusión de un reportaje de Punto Final que denunció un posible conflicto de interés por parte del despacho del parlamentario.

Según el informe de Punto Final: “La controversia surgió luego de que Erasmo Mestas, minero informal de Madre de Dios, recordara que Eloy Saxi Arapa utilizó su concesión minera para inscribirse en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), en setiembre de 2020. En una primera instancia, la Dirección Regional de Energía y Minas e Hidrocarburos de Madre de Dios le dio la razón a Mestas y excluyó del padrón administrado por el Ministerio de Energía y Minas (Minem) a Saxi Arapa. Sin embargo, el minero denunciado logró revertir la decisión de la autoridad regional, pero esta vez con el asesoramiento legal de Eduardo Salhuana”.

El caso continuó en el Consejo de Minería del Minem. Esta vez el presunto minero invasor tuvo como abogada a Saby Meza, asesora nivel II del despacho del congresista Eduardo Salhuana.

Al parecer, desde el despacho del congresista se estaría impulsando intereses privados del sector energético y minero. La pregunta es ¿a cambio de qué?