(Isabel Cortez, obrera de limpieza pública, luchadora social)

Crónica y fotos por Sol Pozzi-Escot

“Hemos sido retenidas, golpeadas, rociadas con agua sucia con gusanos”, cuenta Isabel Cortez, obrera de limpieza pública y dirigente del SITOBUR (Sindicato de Trabajadores Obreros de Limpieza Pública de Lima), respecto al arbitrario arresto del que fue víctima la noche del lunes 6 de Julio mientras protestaba por sus derechos laborales. Ayer, viernes 10, los golpes no fueron físicos, fueron burocráticos: la sesión extraordinaria del concejo municipal convocada para tal fecha no logró incluir en un muy cuestionado proceso de licitación de personal de limpieza, iniciado por el alcalde de Lima Jorge Muñoz, una cláusula que permita a 504 actuales trabajadores de limpieza pública mantener sus puestos de trabajo cuando se otorgue la buena pro a la eventual empresa elegida, ni, mucho menos, se logró suspender el cuasi-ilegal proceso. Welcome to Limaflores.

La lampa vs. la escoba

“Nosotros hemos laborado en condiciones terciarizadas ilegales”, explica Raúl Oviedo, secretario general de SITOBUR. Conversamos en el plantón convocado por el sindicato, para el día de ayer, en la plazuela Santo Domingo del Cercado de Lima. Eran las 8 de la mañana, y un coro de alrededor de 50 trabajadores de limpieza pública, secundaba con sus cánticos la indignación del líder sindicalista:

“Héroes a la calle, por culpa del alcalde”.

Para Oviedo, el asunto es simple: el actual proceso de licitación iniciado por el acciopopulista Jorge Muñoz es nulo, pues contradice diametralmente dos sentencias: una emitida por el Tribunal Constitucional que determina que, por tratarse de un servicio esencial y continuo, la limpieza pública no debe ser terciarizada, sino debe ser asumida por la Municipalidad de Lima, y otra, de la Corte Suprema, que dictamina que 296 de los actuales 800 trabajadores de INNOVA- de los cuales, por cierto, el 70% son mujeres- deben pasar de la planilla de dicha service, que hoy opera bajo concesión para la Municipalidad, a aquella de la Municipalidad directamente. Oviedo cuenta que el alcalde Muñoz ha dado ciertos pasos para incluir a estos 296, pero los otros 504, quedan en el aire. Un amenazante camión lanzaaguas se estaciona en la esquina frente a la plazuela. Continuamos.

“¡Muñoz se está volviendo Castañeda!”, se lamenta Oviedo: cuando se lanzó por primera vez esta licitación, en marzo de este año, los regidores no fueron notificados, lo que lo lleva a pensar, me confiesa, que el alcalde está actuando por su cuenta, intentando, a como dé lugar, sacar adelante el proceso. Se pregunta por qué no da la cara, por qué se niega a recibirlos y en su lugar les manda a gerentes municipales, quienes, en una oportunidad, llegaron a decirle que una vez se escoja una nueva empresa de limpieza pública, le darían a los trabajadores actuales la dirección de dicha compañía para que vayan a solicitarles trabajo.

Crónica de una sesión accidentada

La sesión parecía arrancar bien. El alcalde Muñoz había incluso tenido el gesto de aceptar el pedido de los regidores del partido Podemos de incluir entre los oradores a Raúl Oviedo, quien no dudó en alzar su voz de reclamo cuando se le dio la palabra. Fue, sin embargo, cuando intervino el regidor Víctor Aguilar, que las cosas tomaron nuevos giros. En efecto, Aguilar cedió minutos de su tiempo de intervención a Isabel Cortez, para que pueda expresarle directamente su indignación al alcalde.

Le cortaron la transmisión. No la dejaron hablar. “Estamos indignadas”, me cuenta después Isabel. “Nosotras las trabajadoras de limpieza somos como hermanas, somos una familia y es muy doloroso encontrarnos en esta situación, genera mucha impotencia». Pero apretar mute en algún sistema de conferencias virtuales no es suficiente para callar esas voces que, juntas y esperanzadas, como una real familia, se alzan en dignidad. Aguilar reclama, Isabel puede hablar: “¡Dé la cara, señor alcalde!”, le exige.

Pero el alcalde siguió en su salsa, y, argumentando otros compromisos relacionados a su gestión, se retiró de la sesión. Uno tras otro, hablaron los 36 regidores. Pasaban las horas pero nada pasaba: el resultado de la sesión era, ya, predecible. Las trabajadoras empezaban a sentarse en el suelo de la plazuela. La repentina llegada de la congresista Cecilia García solo permitió levantar los ánimos por unos cuantos minutos. En la sesión del concejo, todos pontificaban. En la plaza, volaban palomas grises.

Burocracia nuestra de cada día

El proceso iniciado por el alcalde Muñoz está plagado de falencias. El regidor Carlo Ángeles tuvo la amabilidad- y la paciencia- de explicarme, vía telefónica, por qué este proceso debió ser declarado nulo. En efecto, dentro del espectro de las licitaciones, una concesión no es lo mismo que una contratación pública. La primera está prevista en la Ley Orgánica de Municipalidades y representa la cesión, de parte de la Municipalidad, de un sector de sus operaciones. La segunda, por su parte, se rige bajo la ley de Contrataciones del Estado y no está contemplada por la Ley Orgánica de Municipalidades. Sin embargo, explica el regidor Ángeles, el modelo de este proceso no corresponde al de una concesión, sino al de una contratación pública.

¿Por qué se quiere seguir un proceso de una manera que la ley no contempla? Volvamos a la sentencia del Tribunal Constitucional. Esta determina que el servicio de limpieza pública, por ser de carácter permanente y esencial, no se puede terciarizar, pero sí se puede dar en concesión bajo la Ley Orgánica de Municipalidades. Y es en base a esta sentencia que la Corte Suprema dictaminó que los 296 obreros públicos en cuestión deben ser incorporados a planilla municipal. Dar la buena pro en el marco de una concesión implicaría reconocer el dictamen de la Corte Suprema y el TC. Sin embargo, rescata Ángeles, la sesión del día viernes permitió a los regidores municipales llegar a un consenso: la Comisión Legal y aquella de Asuntos Económicos harán un estudio de la actual propuesta para determinar si, posteriormente, incluir en un contrato de concesión una cláusula que garantice el empleo de los actuales 800 obreros de limpieza pública, o, sino, crear una empresa municipal de servicios de limpieza pública que acoja a todos estos trabajadores, siendo ambas propuestas legalmente viables.

“No nos vamos a quedar de brazos cruzados”, afirma Isabel Cortez una vez concluida la sesión extraordinaria. “Estamos cansadas: pasan los alcaldes por el sillón municipal, pero ninguno tiene esa mirada humana”. Me habla, y es como si en su voz siguieran retumbando los ecos de los cánticos de sus compañeras: “No somos objetos descartables, no somos objetos descartables”. La lucha continúa, y no habrá lampa que pueda con la escoba.

El Congreso de la República hace unos días aprobó la creación de una Comisión Investigadora para indagar en las irregularidades que asomaron en el licenciamiento que la Sunedu otorgó a las universidades UTP y UPAL. La reacción del ministro de Educación, Martín Benavides Abanto, fue organizarse uno de los tours mediáticos complacientes que ha puesto de moda el gobierno cada vez que aparecen evidencias de malos manejos. Su frase fuerza —de acuerdo al media training— fue que las críticas “representan un ataque a la reforma universitaria” y que se trata de una “investigación que no es seria” en alusión a los informes de Lima Gris que pusieron al descubierto los extraños manejos en la Sunedu cuando Benavides era el Superintendente. A su vez, Oswaldo Zegarra, el actual titular interino de la Sunedu, salió de pronto a luz pública con dos curiosos ataques: la amenaza de una denuncia penal a Lima Gris por haber “iniciado la campaña” y la reprimenda a las más altas autoridades del país en estos términos: “No escucho al presidente ni al primer ministro defender la reforma universitaria”.

Ambos dislates pueden ser entendibles porque durante semanas el ministro Benavides se pasó declarando como si fuera jefe de la Sunedu que, al final, el real jefe mostró estar totalmente fuera de forma y se despistó y volcó dando tales declaraciones.

En Lima Gris hemos venido investigando y publicando el proceso de los licenciamientos que recibieron la UTP —licenciada sin tener locales, bibliotecas, laboratorios, licencia de funcionamiento— y UPAL —la universidad fantasma que nunca dictó una clase y no tiene un solo alumno—. Hemos mostrado una parte de la frondosa y contundente documentación con que contamos y la nerviosa reacción del ministro Benavides, en lugar de dar respuestas, ha consistido en un ejercicio humorístico, pues, según él aquello que se publica en un portal web “no es una investigación seria”. Traicionado por el inconsciente, Benavides terminó diciendo que la legitimidad de un medio de comunicación es la que dicta el gobierno, es decir, “si hablan a mi favor son serios”.

La legitimidad a un medio periodístico no se la da el gobierno o un ministro. La clave de la legitimidad surge de la información fidedigna que los lectores reciben y evalúan. Es por eso que nosotros trabajamos en función al compromiso con nuestros lectores. No somos El Grupo El Comercio cuyos medios reciben importantes pautas publicitarias de parte del Gobierno y, además, han resultado beneficiados con millonarios préstamos de Reactiva Perú. Sabemos que existe un divorcio entre periodistas y medios, pero en Lima Gris esa relación sigue latente y vigorosa y no tenemos interés en divulgar la “verdad” oficial y tampoco incurrir en los bochornosos discursos de las conferencias del medio día.

Intentar deslegitimar o amedrentar a un medio y sus periodistas es una vieja práctica de los malos políticos que siempre terminan arrollados por la verdad. Quizá al ministro Benavides y a su guiñol Zegarra les sirva esta cita del periodista Edward R. Murrow “No descendemos de hombres temerosos, de hombres que temían escribir, hablar, asociarse y defender causas que eran, por el momento, impopulares”.

Se habla de una supuesta reforma universitaria, una reforma a la que tratan de darle el estatus de intocable porque, según Benavides y su prensa, es cuasi perfecta. Lo hacen con el fácil escudo de que se cerraron universidades que no merecían funcionar, pero un acierto no justifica las sombras de presunta corrupción que se debe investigar en la Sunedu. Y hay un punto central que no se debe olvidar y es el que sostiene las investigaciones de Lima Gris: una reforma universitaria que deja en la calle a los estudiantes, no es un buena reforma. Una reforma que no beneficia a los estudiantes, no es una reforma válida. Las universidades se sustentan en la presencia de los estudiantes. Sin ellos, no hay universidad. ¿Cómo puede ser buena una reforma que expulsa a casi 200 mil estudiantes sin darles alternativas? 

El ministro Benavides y su coro de periodistas hablan de “una campaña en contra de la reforma”. Y cuestionan que se organice “una campaña”. Curiosa manera de ver la paja en el ojo ajeno porque resulta, precisamente, que quienes se pasean por los medios de comunicación son el ministro Benavides y Oswaldo Zegarra, el ¿titular? de la Sunedu. Y detrás de ellos, con primera plana del diario El Comercio los exministros de Educación Marilú Martens, Idel Vexler, Daniel Alfaro y Flor Pablo, todos ellos personajes cuestionados que bajo el titular de “Una mirada profunda a la reforma universitaria” intentan construir un respaldo al hoy investigado Martín Benavides Abanto.

Si esos personajes tuviesen respeto a sí mismos deberían dirigir su “mirada profunda” a las oscuridades de un licenciamiento organizado para entregarle el mercado universitario de provincias a la UTP. Es evidente que el profundo atractivo es que esa universidad pertenece a Intercorp. ¿Por qué no se preguntan qué va a pasar con los estudiantes que la Sunedu puso en las calles negándoles un futuro profesional?

El Congreso de la República es cuestionado e incurre en actos que generan críticas, es verdad, pero, también es cierto que ya fue creada la Comisión investigadora con 101 votos a favor, 16 en contra y 8 abstenciones. Quiérase o no es un claro mensaje contra la gestión de Martín Benavides en la Sunedu. La Comisión de Educación por un periodo de 120 días, investigará y evaluará los licenciamientos otorgados a la Universidad Tecnológica del Perú (UTP) y la Universidad Privada Peruano Alemana (UPAL). Esa será la ocasión para confrontar los actos de Benavides que los titulares de prensa amistosos intentan ocultar.

Existe un hecho que genera el nerviosismo de Benavides que fue expresado por su subordinado Oswaldo Zegarra que funge de jefe de la Sunedu: el silencio del presidente Vizcarra y del premier Zeballos sobre la “magnífica” reforma universitaria. Ese silencio tiene una gran elocuencia en privado: la salida de Benavides del gabinete ministerial se aproxima y sin los resguardos del poder y las pautas publicitarias, tendrá que rendir cuentas sobre los sombríos licenciamientos a las universidades UTP y UPAL. Y también entenderá que las investigaciones serias se hacen, hoy, en los portales web.

El 4 de Julio de 1776 los padres de la patria norteamericana redactaron la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, bajo el paradigma de la igualdad; pero esos hombres iguales no eran todos los hombres que se habían constituido en suelo norteamericano y la Constitución diseñada posteriormente bajo el abstracto preámbulo: “Nosotros el pueblo” no incluía a todos los estadounidenses. La esclavitud, que venía desde los primeros asentamientos de colonos, se aparejó con el nacimiento oficial del país. Se puede decir, sin embargo, que estos padres de la patria no veían la esclavitud como una próspera y honorable institución sino como una especie de perversidad funcional con la cual no estaban necesariamente conformes.

De hecho ellos mismos a nivel personal y político tuvieron actitudes para controlar y (en un futuro) disminuir dicha institución. Que su abolición oficial haya comenzado luego del separatismo de los estados sureños que se ampararon en la potestad estatal y llevaron al país a una desgastante guerra civil, de profundas resonancias actuales, es reflejo de los profundos desencuentros y contrariedades de una sociedad que en su épica histórica intentó mostrarse como el lugar de los sueños y la libertad. Pero ese intento de igualdad que comenzó luego de la guerra de secesión no tuvo el camino libre; muchos estados buscaron los modos de perpetuar la opresión amparados en su potestad de decidir las leyes, así, no solamente los afroamericanos vieron acotadas sus reivindicaciones sino también las numerosas etnias indígenas, muchas de ellas desaparecidas en los albores de las guerras de independencia. Sin ir más lejos y en pleno siglo XX la construcción del monumento a la épica norteamericana en el monte Rushmore, lugar considerado sagrado por la etnia sioux, expresa muy bien las fracturas del estabilishment norteamericano con sus coterráneos.

Esta herencia dolorosa y controversial lejos de disminuir se ha ido actualizando callada o de modo grandilocuente en el imaginario norteamericano, opiniones y argumentos en dichos sentidos siguen generando recuerdos y heridas que polarizan a sus ciudadanos. Por eso el discurso de Donald Trump – en el sentido que Norteamérica se encuentra en una lucha contra unos intereses que buscan destruir la historia y el modo de vida americano que comenzó desde la llegada de Colón en 1492 – no solamente demuestra una inexactitud histórica sino que remueve los mismos sentimientos que el país del norte no puede superar.

Inexactitud, pues la llegada de Colón a América en la búsqueda de una ruta comercial hacia las Indias no generó per se ningún modo de vida americano. Descontando que Colón llegó con el aval de la monarquía española, luego de haber ofrecido su empresa a la corona británica, quienes rechazaron sostener dicho proyecto por el costo económico que representaba para un imperio envuelto en constantes gastos para mantener su poderío bélico frente a las demás naciones hegemónicas de la época.

Así pues y como es sabido la corona española tomo posesión de los dominios americanos, por lo que la llegada de los colonos británicos al norte del continente –  espacio geográfico que la corona española no había tenido interés en explotar – se produjo mucho después, luego de la ocupación de este lugar por franceses, holandeses y miembros de otras naciones. Hablar así de un modo de vida americano desde 1492 es un despropósito. Fueron, además, los ingentes recursos que la tierra americana les proporcionaba a los colonos británicos más el tráfico esclavista y la política colonial lo que proporcionó las bases de su prosperidad económica, y esto a su vez les dotó de recursos para erigirse como un esforzado rival contra el imperio británico. Pero ni aún en vísperas de la consolidación de su independencia se podía hablar cabalmente de un modo de vida americano, de hecho los estados eran políticos en su interior, pero muy poco unidos; los protestantes, puritanos, agricultores, esclavistas y traficantes de los diversos estados de la futura nación tenían menos cosas en común aparte del sueño de independencia; fue recién ante las duras coacciones británicas que el ansia de libertad se erigió como parangón y nacieron los sueños federados. La guerra de independencia no fue pues por defender un modo de vida americano estable y cabal, sino por el derecho de consolidar formalmente un proyecto de vida americano que comenzaba a dar sus primeros pasos.

Por eso las palabras de Trump  en el contexto de la pandemia tienen analogías escabrosas con el pasado. Si en el interín de las guerras de independencia Washington ordenó a sus tropas inocularse el virus de la viruela -que había comenzado a diezmar a los habitantes del país– para controlar sus efectos y decidir los hombres que eran aptos para la guerra; y si Wilson en el contexto de la Primera Guerra Mundial no priorizó las implicancias de la gripe española por enfocarse en la participación norteamericana en el contexto bélico; Trump por el contrario enmarca las protestas recientes –que expresan fracturas antiquísimas– en el contexto de una guerra cultural. Así la mascarilla, lejos de ser una medida sanitaria, se ha convertido en un emblema político.

 El coronavirus -como la viruela en el contexto de las guerras por la independencia y la gripe española en el contexto de la primera guerra mundial– se ha vuelto el telón de fondo de una guerra enmarcada por Trump: la guerra cultural. Que se libra no solamente en el espacio físico sino también en el virtual. Sin embargo, no ver el otro aspecto de las protestas sería tener sesgado el panorama; el justo reclamo de Black Lives Matter a raíz de la muerte de George Floyd ha degenerado en varios casos de vandalismo y destrucción de monumentos, no necesariamente de personalidades racistas o de confederados de la guerra civil, sino también de personalidades que en muchos casos fueron artífices de la derrota de los proyectos de confederación.

Un replanteamiento de los sucesos no puede hacerse pues tumbando cualquier tipo de símbolo del pasado, solamente por pertenecer al pasado, sin tener una claridad mínima sobre qué expresaban dichas manifestaciones. Aunado a eso la censura moral e ideológica en diversos medios norteamericanos, las diversas posturas en redes y las decisiones de varios empresarios basados en una corrección política han llevado a un grupo nutrido de intelectuales a publicar una carta en la revista Harper’s advirtiendo sobre la escalada de intolerancia. En resumen; han dicho que Trump representa un peligro para la democracia, pero ciertas actitudes progresistas a favor de la justicia social y la inclusión, desarticulan el debate, pues en lugar de generar espacios de discusión recurren a la censura, al boicot y al ostracismo de las opiniones discordantes rebajando así el ideal democrático por el que dicen luchar.

El punto de advertencia de los firmantes genera un breve cisma en la unidad del progresismo norteamericano, pero la discordancia desde el interior no se agota en ellos. En el lado republicano son muchas las personalidades que desde la entrada al gobierno de Trump le han puesto el alto a sus posturas políticas, desde la carta de un alto funcionario de la administración norteamericana, quejándose por el errático comportamiento del presidente, publicado el año pasado en The New York Times, hasta los diversos libros de funcionarios de las altas esferas que retratan a Trump como un energúmeno que genera inseguridades en su propia administración; pasando por el proyecto Lincoln, de republicanos que buscan deshacerse políticamente de su líder. Así pues incluso desde adentro se genera un clima polar en los proyectos de los diversos actores políticos.

Con miras a las elecciones de noviembre varios políticos demócratas y republicanos coinciden en que Trump no ha prestado atención a la llamada trama rusa, además de criticar su aislacionismo frente a los aliados tradicionales en el espectro geopolítico norteamericano y su acercamiento a líderes de tendencia dictatorial. Joe Biden su rival demócrata en las elecciones de noviembre ha capitalizado estas ideas y comienza a ascender en las lides electorales. Mientras tanto Trump sigue apelando a las palabras que su ya catequizado auditorio conoce: guerra, democracia, historia, libertad. Como decía Gotfried Benn: “Palabras, palabras … sustantivos, solamente tienen que abrir las alas y milenios caen de su vuelo”.   

¿En qué consiste el Acuerdo de Escazú? El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe fue adoptado el 04 de marzo de 2018 en Costa Rica, por 22 países del Caribe y América Latina, y según su comunicado oficial, éste impulsará protocolos que protegerán el medio ambiente. Asimismo, refieren que implementará los derechos de acceso a la información ambiental, la participación pública en la toma de decisiones ambientales, así como el acceso a la justicia en asuntos ambientales.

Posteriormente, se firmó el 27 de septiembre de 2018 en Nueva York y aún se encuentra a la espera de la ratificación de cada uno de los países firmantes. En ese sentido, durante la Asamblea General de las Naciones Unidas, Perú como negociador firmó en la fecha mencionada, pero ahora se requiere su ratificación, porque solo faltan dos meses; según el artículo 21° del tratado, el plazo final para la firma de todos los países de América Latina y el Caribe es hasta el 26 de septiembre de 2020.

El Congreso nacional será el responsable de tomar la decisión, y deberá priorizar los intereses nacionales, antes que los intereses de terceros. Precisamente, el artículo 56° de la Constitución señala que el Parlamento es quien debe aprobar aquel tratado, por tratarse de temas de Derechos Humanos, Soberanía, dominio o integridad del Estado, y Defensa Nacional.

Veamos qué dicen las normas peruanas con respecto a la soberanía nacional:

El 16 de diciembre de 1822 el nuevo Congreso Constituyente decretó las Bases de la Constitución Política de la República Peruana y en su segundo artículo señala claramente: “La soberanía reside esencialmente en la Nación: ésta es independiente de la Monarquía Española, y de toda dominación extranjera, y no puede ser patrimonio de ninguna persona ni familia”. Justamente, esa Nación es definida en su siguiente artículo, como la denominada República Peruana.

Asimismo, en nuestra Carta Magna vigente, claramente se señala:

Artículo 44°.- Son deberes primordiales del Estado: defender la soberanía nacional; garantizar la plena vigencia de los derechos humanos; proteger a la población de las amenazas contra su seguridad; y promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la Nación.

Artículo 54°.- El territorio del Estado es inalienable e inviolable. Comprende el suelo, el subsuelo, el dominio marítimo, y el espacio aéreo que los cubre.

El dominio marítimo del Estado comprende el mar adyacente a sus costas, así como su lecho y subsuelo, hasta la distancia de doscientas millas marinas medidas desde las líneas de base que establece la ley.

En su dominio marítimo, el Estado ejerce soberanía y jurisdicción, sin perjuicio de las libertades de comunicación internacional, de acuerdo con la ley y con los tratados ratificados por el Estado.

El Estado ejerce soberanía y jurisdicción sobre el espacio aéreo que cubre su territorio y el mar adyacente hasta el límite de las doscientas millas, sin perjuicio de las libertades de comunicación internacional, de conformidad con la ley y con los tratados ratificados por el Estado.

Sin embargo, en el artículo 55° nace una relativización en los tratados internacionales, y que eventualmente podría cobrar una peligrosa dualidad. El artículo en mención señala: “Los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho nacional”.

¿Por qué hay tanto interés en defender este acuerdo?

Cuando éste se firmó, las ONGs ambientales aseveraron que había sido algo histórico a favor del ambiente y el ciudadano. Ahora entendemos por qué la ministra del Ambiente Fabiola Muñoz fue la que suscribió el acuerdo, en lugar del titular de Relaciones Exteriores, que es el que nos debió representar como Estado. Sin embargo, el propio presidente Martín Vizcarra, y el canciller Néstor Popolizio fueron los que firmaron la Resolución Suprema 183-2018-RE para que la ministra viajara a Nueva York para cumplir con la misión. Actualmente, el diplomático Néstor Popolizio se desempeña como Representante Permanente del Perú ante la Organización de las Naciones Unidas.

En tanto, la ministra Muñoz ha afirmado más de una vez, que este acuerdo fortalece la transparencia y la participación de la sociedad en los temas ambientales y que los ayudará a trabajar con la sociedad civil y con las industrias. Además, menciona que conforme a su trabajo en equipo con otros sectores como el de Cultura y Relaciones Exteriores, este acuerdo es positivo para el país, porque es un tema de participación ciudadana. Entonces, uno se pregunta ¿Acaso el ciudadano común sabe de estos temas y realmente desea participar? ¿Quiénes serán los grupos de ciudadanos o asociaciones que realmente querrán participar? Sin embargo, Fabiola Muñoz insiste en su tesis dizque altruista y asegura que ellos buscan defender los derechos de los líderes ambientalistas en materia de seguridad, y sobre todo, para que puedan tener espacios de diálogos con el sector privado.

En palabras de esta ministra… todo suena bonito, porque resalta las bondades que traería la ratificación de nuestra nación en el acuerdo de Escazú y lo marketea como la panacea absoluta en temas de transparencia para que la gente común ejerza su derecho a informarse. Pero hay que tomar en cuenta que Perú es un territorio muy recurrente en sus conflictos sociales, precisamente por las enésimas controversias ambientales surgidas entre comunidades originarias y otros poderosos agentes que pertenecen al gran empresariado y al emporio industrial, minero, y extractivista.   

Precisamente, en lo que se refiere a ese aspecto, quizá sigamos siendo testigos de futuras y encarnizadas controversias nacionales; que luego podrían convertirse en una guerra, porque justamente si se diera el tratado, todo lo que pudiera surgir en temas ambientales dentro de los territorios peruanos, quizás ya no podrían resolverse de acuerdo al derecho nacional o interno, porque dada su relativización, probablemente se tendría que recurrir a la Corte Internacional de Justicia. Y sin duda, con ese criterio, incluso Ecuador podría aprovechar la oportunidad para demandarnos ante la Corte Internacional, y luego de tantas décadas de conflictos, estaríamos a merced del tribunal exterior, porque en este acuerdo no se admiten reservas. En otras palabras, nuestra soberanía correría el riesgo de verse soterrada, a pesar que nuestra ley magna expresa claramente que ella es absoluta. 

Algo que resulta asombroso, es ver cómo todo ese grupo de ONGs caviares ambientalistas que están integradas al CEPAL de la ONU, están adquiriendo poder en los últimos años. Y además están desesperadas para que pronto se firme la ratificación, con el pretexto de que se preocupan de cautelar los derechos de los indígenas y de la conservación del ambiente amazónico; como si ellas trabajaran gratis y vivieran en condiciones espartanas. 

Por su parte, en Chile a pesar del gran auspicio de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Michelle Bachelet, y a pesar que fueron uno de los principales promotores del acuerdo, hoy parece que lo tienen claro, porque aún no han firmado su ratificación. Chile está tomando una postura reacia, y alega que el tema requiere un análisis más profundo y que necesariamente están involucrando a otras instituciones sectoriales para evaluar sus implicancias. Mientras tanto, las ONGs ambientalistas han dado el grito en el cielo en el pais Mapocho y han mostrado un agresivo rechazo. Incluso, más de 130 juristas han avalado la tesis del desarrollo sostenible y han exigido al gobierno que firme el acuerdo para que no sigan perdiendo la confianza de los organismos internacionales.

Volviendo a nuestro país ¿qué pasaría si el Congreso ratifica el acuerdo en las próximas semanas? Las respuestas no se han dejado esperar. Por su parte, un importante grupo de generales de la Fuerza Aérea en situación de Retiro han manifestado su preocupación y enviaron una carta al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, General del Ejército, César Astudillo Salcedo.

Aquí un extracto de la misiva:

“Los Oficiales Generales de la Fuerza Aérea en situación militar de Retiro que suscriben el presente, desean hacerle saber su profunda preocupación, ante la posibilidad que el Congreso de la República apruebe en las próximas semanas o días, el Acuerdo de Escazú (Costa Rica), para su posterior ratificación por el Presidente de la República, que se daría a más tardar el 26 de setiembre de 2020, tal como lo establece el artículo 21o del mencionado tratado.

Este Acuerdo Regional impulsado por la CEPAL, tiene la particularidad de permitir la participación del público, de las comunidades y de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG’s) de derechos humanos y asuntos ambientales, entre otros, en los procesos de toma de decisiones sobre inversiones mineras y utilización de recursos naturales, en donde puedan existir controversias, originadas por los intereses propios de alguna de estas ONG’s; utilizando para tal fin a distintas comunidades, así como pueblos indígenas o grupos étnicos. Es claro que en el caso del Perú, se refiere a zonas mineras y principalmente a la Amazonía, cuya superficie abarca aproximadamente el 53% del territorio nacional, en donde las mencionadas ONG’s bloquearían la explotación de los recursos mineros y demás recursos naturales, impidiendo ulteriormente, el ingreso de divisas necesarias para el desarrollo del país.

El problema central de este acuerdo, se encuentra en el artículo 19o, donde se establece que, en el caso de controversias respecto a los procesos nacionales, sobre la aplicación de lo establecido en este tratado, dicha controversia se someterá a la Corte Internacional de Justicia de La Haya, a fin que sea la “justicia internacional” quien decida por sobre lo resuelto en los tribunales nacionales, con lo cual la Soberanía del Estado Peruano se vería menoscabada, por una supuesta controversia entre nacionales. En pocas palabras, el Perú perdería soberanía sobre gran parte del territorio nacional”.

Asimismo, la Asociación de Oficiales Generales y Almirantes del Perú (ADOGEN) ya manifestaron su rechazo e invocan al Congreso no ratificar el controvertido acuerdo. Y el día de ayer emitieron el Comunicado N° 20-2020 y en uno de sus puntos refieren: “es el proyecto más ambicioso y audaz de la ONU para ejercer presión supra nacional sobre los asuntos internos de los Estados con relación al empleo y uso de sus recursos naturales; la dimensión e implicancias de sus alcances, subordinan de hecho, cualquier consideración sobre la soberanía de los Estados y de la autoridad de gobierno a los principios que se exponen en dicho acuerdo. La incorporación del concepto de Justicia Ambiental dentro del marco de los llamados Derechos Ambientales y Gobernabilidad que define la Cepal, subordina la toma de decisiones sobre el empleo de los recursos naturales de cada país a la dinámica e intereses de los organismos internacionales como las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), Fundaciones Internacionales, movimientos, agrupaciones, personas e individuos que no tienen ningún alcance de responsabilidad, ni compromiso directo con el Estado Peruano, más allá de la imposición de una ideología de alcance supra nacional”.

Aquí las normativas del CEPAL incluidas en el Acuerdo de Escazú

Hay que tomar en cuenta y analizar tres artículos puntuales del Acuerdo de Escazú, para poder avizorar qué efectos acarreará en el futuro cuando se recurra al Depositario, que no es otro que el Secretario General de las Naciones Unidas.

Artículo 2

Definiciones

a) por “derechos de acceso” se entiende el derecho de acceso a la información ambiental, el derecho a la participación pública en los procesos de toma de decisiones en asuntos ambientales y el derecho al acceso a la justicia en asuntos ambientales;

d) por “público” se entiende una o varias personas físicas o jurídicas y las asociaciones, organizaciones o grupos constituidos por esas personas, que son nacionales o que están sujetos a la jurisdicción nacional del Estado Parte;

Artículo 19

Solución de controversias

1. Si surge una controversia entre dos o más Partes respecto de la interpretación o de la aplicación del presente Acuerdo, esas Partes se esforzarán por resolverlo por medio de la negociación o por cualquier otro medio de solución de controversias que consideren aceptable.

2. Cuando una Parte firme, ratifique, acepte o apruebe el presente Acuerdo o se adhiera a él, o en cualquier otro momento posterior, podrá indicar por escrito al Depositario, en lo que respecta a las controversias que no se hayan resuelto conforme al párrafo 1 del presente artículo, que acepta considerar obligatorio uno o los dos medios de solución siguientes en sus relaciones con cualquier Parte que acepte la misma obligación:

a) el sometimiento de la controversia a la Corte Internacional de Justicia;

b) el arbitraje de conformidad con los procedimientos que la Conferencia de las Partes establezca.

3. Si las Partes en la controversia han aceptado los dos medios de solución de controversias mencionados en el párrafo 2 del presente artículo, la controversia no podrá someterse más que a la Corte Internacional de Justicia, a menos que las Partes acuerden otra cosa.

Artículo 23

Reservas

No se podrán formular reservas al presente Acuerdo.

Los puntos enunciados en los tres artículos son contundentes. Porque primero se confirma que la participación pública no necesariamente va a ser a través de una comunidad nativa afectada, sino, por terceros. Es decir, a través de asociaciones y/o organizaciones, como por ejemplo una ONG. Asimismo, el sometimiento de las futuras controversias será ante la Corte Nacional de Justicia. Y por último, en este acuerdo no están permitidas las reservas.

Así las cosas, el Congreso deberá ponerse firme y no debe aprobar aquel Acuerdo que luego pasaría a la condición de Tratado Internacional. Porque el área total del territorio de la Amazonia peruana, así como el resto de territorios que gozan de grandes recursos naturales y donde existen yacimientos mineros, le pertenece a la soberanía nacional y sería inadmisible que luego de las decisiones políticas que están siendo negociadas por este gobierno, la prerrogativa de decidir el uso de los recursos naturales so pretexto de defender a la ecología de los pueblos amazónicos, pase a manos de los grupos radicales y de ONGs ideológicas para defender intereses individuales y de organismos internacionales, más allá de los derechos ancestrales, como siempre ellos lo hacen ver.

En ese sentido, nuestra Amazonía nacional corre el riesgo de pasar a ser patrimonio común de la humanidad como ha sucedido con la Antártida; evidentemente, eso no significa que el Perú perderá el territorio de la Amazonía; sin embargo, desde el punto de vista jurídico perdería el manejo y la autonomía para resolver conflictos que normalmente se deben solucionar por la vía del derecho interno y/o nacional.

Finalmente, la soberanía de un territorio es innegociable, pero con el refrendo ratificatorio del tratado que el gobierno de Martín Vizcarra pretende realizar junto a su ministra del Ambiente y a la Cancillería, la soberanía de la Amazonía se convertiría en una soberanía relativizada, y eso bajo ninguna circunstancia es admisible. ¡Basta de más concesiones y de vender a la patria!      

Fernando Tuesta Soldevilla, ex jefe de la ONPE y ex presidente de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, se hizo tendencia luego de la publicación de una llamada telefónica grabada por un periodista del portal Infórmate Perú.

La llamada telefónica y las amenazas se debieron a la publicación que el portal tituló «Ministro de Justicia contrata a Tatiana Mendieta Barrera como Directora General de Justicia». En la nota se menciona a Tatiana Mendieta Barrera, pareja de Fernando Tuesta Soldevilla. Como se recuerda, en el año 2004 Tuesta Soldevilla «renunció a su cargo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) por haber incorporado como asesora personal, que es un cargo de confianza, a su pareja Tatiana Mendieta Barrera, con un sueldo de 10 mil soles de ese entonces. Tuesta indicó que la madre de su hijo llegó a ese cargo por “méritos propios”».

El portal recordó este hecho de conflicto de interés y además señaló que «Tatiana Mendieta ha seguido laborando en el Estado, pero exclusivamente en cargos de confianza, como jefa de la Oficina de Apoyo Técnico de la Defensoría del Asegurado, Secretaria General de Devida, y como Secretaria General del RENIEC.

Pero también Tatiana Mendieta fue designada en el cargo de Secretaria General del Ministerio de Educación el 6 de Marzo del 2020 mediante la resolución Ministerial Nº 556-2019-MINEDU. Y recientemente el 30 de junio de 2020 el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Castañeda designó  a la señora Tatiana Irene Mendieta Barrera en el cargo de confianza de Directora del Programa Sectorial IV, Nivel F-5, Directora General de la Dirección General de Justicia y Libertad Religiosa del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos mediante la Resolución Ministerial Nº 0169-2020-JUS.

Fernando Tuesta fue designado el 21 de diciembre de 2018 como Presidente de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política por el mandatario Martín Vizcarra, cargo que ocupó hasta marzo de 2019. Es decir, actualmente no ocupa ningún cargo en el Gobierno.

Si bien no existe un directo conflicto de interés en la actualidad, lo que existe es un antecedente. Nos preguntamos ¿Por qué el gobierno no apuesta por profesionales que no tengan antecedentes de escándalo de conflicto de interés? ¿Acaso no existe gente capacitada con un historial probo sin antecedentes de escándalo para ocupar esos cargos en el Gobierno?

En la grabación se le escucha a Fernando Tuesta decir: «Te exijo que borres esa mierda», «¿Tú tienes, cuántos, 10 mil seguidores? Yo te aplasto en redes sociales, yo te saco la mierda en redes sociales si yo hablo mal de tu maldito informate.pe«.

El periodista del mencionado portal le pregunta: ¿Qué es lo falso en la noticia? Tuesta rotundamente señala «Vete a la mierda. Te voy a denunciar».

Nos comunicamos vía telefónica con Carlos Torres, editor del portal Infórmate Perú. Esto fue lo que nos comentó sobre la publicación.

«Si ella no hubiera estado involucrada en un escándalo del 2004, hubiera pasado desapercibida; pero como ella estuvo inmersa en el escándalo publicamos que el Ministerio de Justicia la contrató. Eso es lo que hemos querido resaltar. En la publicación nosotros hemos sido cuidadosos, no hemos mencionado que haya sido bajo sus influencias (de Fernando Tuesta)».

El señor Fernando Tuesta el día de ayer llamó en dos oportunidades al portal Infórmate Perú, para amenazar e insultar como se escucha en el audio. El día de hoy, hasta el cierre de esta nota, Carlos Torres nos confirmó que no han vuelto a recibir más llamadas y tampoco algún documento o carta de parte de Tuesta Soldevilla.

«Tampoco hemos recibido nada el día de hoy, pero imagino que en cualquier momento va a enviar una carta. La cual nosotros tenemos que responder», agregó Torres.

«El señor Tuesta dice ¿por qué no me han llamado?, es que no hay una denuncia contra él, o que se diga que fue contratada bajo su influencia. Simplemente lo que se confirma es que la señora es contratada luego del escándalo que tuvo», menciona el editor de Infórmate Perú.

También nos comunicamos vía telefónica con Fernando Tuesta Soldevilla para recoger su descargo sobre el hecho ocurrido. En una primera llamada a las 9:22 am me presenté como periodista de Lima Gris y me dijo que lo volviera a llamar ya que se encontraba dictando clases. La segunda llamada fue a las 11:09 am, pero no nos respondió. La tercera llamada la realizamos a las 12:08 del mediodía, tampoco nos contestó. La cuarta llamada la realizamos a las 4:55 de la tarde, nuevamente no nos respondió.

Luego de revisar la información y escuchar el audio queríamos preguntarle al señor Tuesta Soldevilla ¿Qué era lo que consideraba falso en la información? y lo segundo ¿amenazar e insultar a los periodistas es una práctica constante?

El sábado por la madrugada el Congreso aprobó con 82 votos a favor, 14 en contra y 25 abstenciones el proyecto de ley del retiro de la Inmunidad Parlamentaria. Aquel proyecto había sido planteado justamente el año pasado por el Ejecutivo, conforme a la Reforma Política que buscaba colocar a la Inmunidad Parlamentaria en manos de la Corte Suprema.

Sin embargo, como no alcanzó los 87 votos gracias los oficios de Fuerza Popular, UPP y Acción Popular (a pesar que en su campaña electoral proclamaban luchar contra la inmunidad parlamentaria, ellos tuvieron 14 abstenciones), el domingo fuimos testigos de una especie de berrinche de parte del presidente Martín Vizcarra que se mostró indignado y en un inesperado mensaje a la nación anunció que llevaría el texto a un referéndum para la primera vuelta en abril de 2021.

Es decir, surgió una especie de batallita campal entre ambos poderes del Estado con el único afán de desacreditarse entre ellos, para así obtener a toda costa la credibilidad y simpatía del pueblo.

Pero lo más sorprendente sucedió a pocas horas del mensaje presidencial moqueguano. Eso nos hizo recordar el ultimátum que Vizcarra dio a las clínicas privadas hace dos semanas.

Resulta que el Congreso se alocó y de manera improvisada, convocó a una sesión dominical del pleno, y en apenas 3 horas… sin debates, ni dictámenes previos, aprobó con 110 votos a favor, 13 en contra, y cero abstenciones, el texto sustitutorio que retira la inmunidad parlamentaria. Parece que se olvidaron que para hacer una reforma de esa naturaleza se requiere ponderación, análisis y sobre todo, cumplir con los debates en los tiempos razonables.

Ahora bien, los congresistas creen que nadie se ha percatado del desbalance de poder que están originando entre sus propias instituciones. Y una de las modificaciones más disparatadas que han realizado, obedece a su propio blindaje, por cierto, sigiloso y que expresan en la redacción de su texto sustitutorio, con respecto a la modificación del artículo 93° de la Carta Magna.

Aquí las diferencias:

 Extracto del Artículo 93° en la Constitución vigente: “No son responsables  ante autoridad ni órgano jurisdiccional alguno por las opiniones y votos que emiten en el ejercicio de sus funciones”.

Extracto del Artículo 93° modificado por el Congreso: “No son responsables ante autoridad ni órgano jurisdiccional alguno por las opiniones y votos que emiten ni por las acciones legislativas, de representación, de fiscalización, de control político u otras inherentes a la labor parlamentaria, que realicen en el ejercicio de sus funciones.

Los procesos penales contra los congresistas por delitos comunes cometidos durante su mandato parlamentario son de competencia exclusiva de la Corte Suprema de Justicia”.

En esta modificación, si bien se retira la inmunidad parlamentaria para los delitos comunes; no se está haciendo lo mismo con los delitos funcionales; es decir, los congresistas en el futuro de acuerdo a esta modificación constitucional dirán: “Yo ya no soy responsable por mis actos funcionales”, por lo tanto, sus actos funcionales han sido fortalecidos por ellos mismos y eso no es otra cosa que un blindaje a futuro, porque solamente podrán ser procesados por delitos comunes; más no, por acciones legislativas que realicen en el ejercicio de sus funciones. Es decir, independientemente del antejuicio político, eventualmente en el próximo Congreso podría haber nuevos casos como el de Héctor Becerril y Luciana León. 

También han quitado el antejuicio político a los ministros de Estado, así como su inmunidad durante el ejercicio de su cargo, según el artículo 99° modificado de la Carta Magna. Como si los ministros alguna vez hubieran tenido inmunidad.  

Con respecto a Martín Vizcarra, si pretenden quitarle la inmunidad presidencial, que lo hagan bien ¿no? porque según el texto modificatorio, él no es inmune para ciertos delitos funcionales, pero sí lo es para delitos comunes. Eso significa, que le hicieron un gran favor al presidente, porque si a él se le ocurre asesinar a alguien, o realizar hostigamiento sexual contra cualquier agraviada, estaría inmunizado, y no podría ser acusado y menos procesado por esos presuntos ilícitos.

Aquí la modificación del texto sustitutorio que corrobora el análisis. Extracto del Artículo 117° modificado por el Congreso: “También podrá ser acusado por delitos contra el patrimonio del Estado cometidos durante su mandato o con anterioridad”.

Lo que sí ha sido acertado y oportuno en esta fallida reforma del Congreso, son los dos artículos constitucionales modificados 34° y 36°, que señalan, que ya no pueden postular ni ostentar cargo público las personas condenadas en sentencias de primera instancia vigentes. ¿Y qué pasó con las personas procesadas y acusadas? Supongo que, como gran porcentaje de postulantes al Congreso tienen procesos pendientes, mejor es dejar el statu quo.

El parlamento está aguardando esta segunda legislatura para definir si finalmente se aprueba, o no, la Reforma Constitucional. Y que tendría que alcanzar los 87 votos para que ya no haya referéndum, tal como señala el artículo 206° de la Carta Magna.

De igual manera, no podría ser observada por el presidente Vizcarra, y tampoco podría convocar a un referéndum bajo su propia iniciativa en caso que el Congreso no le remitiera la autógrafa aprobada. Y por más que el autor del texto sustitutorio y presidente de la Comisión de Constitución Omar Chehade haya declarado orgulloso que esta reforma marca un punto de inflexión en la historia del Congreso… aún hay mucho pan por rebanar, porque si finalmente la ley se aprueba en la segunda legislatura, y el Ejecutivo decide interponer una Acción de Inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, es más seguro, que por un tema de forma, este la declare FUNDADA.

En medio de todas las denuncias y cuestionamientos contra el Ejecutivo, se destapa un nuevo caso, se trata de los contratos del cuñado del presidente Martín Vizcarra. Fredy Herrera Begazo, esposo de Doris Vizcarra Cornejo logró ganancias de más de medio millón de soles en 5 años de servicios.

El cuñado del presidente Vizcarra desde mayo de 2015 y mayo de 2019, obtuvo contratos a diferentes servicios al programa subsectorial de irrigaciones, órgano adscrito al Ministerio de Agricultura, que tiene como objetivo es el desarrollo de los sistemas de riego en la costa y sierra del país. Recordemos que en el mismo ministerio también obtuvo órdenes de servicio Jorge Mere Vidal, ex pareja y padre de la hija de Mirian Morales, Secretaría General de Palacio de Gobierno y mano derecha del presidente Martín Vizcarra.

Herrera Begazo es esposo de Doris Vizcarra Cornejo, hermana del presidente Vizcarra.  Sorprendentemente durante la gestión de Vizcarra primero como Vicepresidente y luego como presidente de la República, Herrera Begazo inicia un ascenso económico trabajando para el Estado. El monto total de los contratos suman más de medio millón de soles. Según la ley de contrataciones el cuñado del presidente estaba impedido de contratar con el Estado.

Con PPK y Vizcarra en el poder, en noviembre de 2016, firmó un contrato por 36 mil soles, luego otro de 20 mil soles en 2017. En el reportaje Cuarto Poder también halló contratos a partir de abril de 2018, cuando Vizcarra ya era presidente. Incluso en 2019, Herrera tuvo contratos hasta por 190 000 soles, siempre dando servicios como especialista en resolución de conflictos de comunidades.

Aquí el video completo de la denuncia de Cuarto Poder.

Con 110 votos a favor, 13 en contra y cero abstenciones, el pleno del Congreso de la República aprobó esta noche la reforma constitucional que elimina la inmunidad para los parlamentarios y altos funcionarios públicos, entre ellos, el presidente de la República.

De manera unánime, votaron a favor las bancadas de Acción Popular, Somos Perú, Alianza para el Progreso, Frepap, Unión por el Perú, Podemos Perú, Somos Perú; Fuerza Popular registró nueve a favor y cinco en contra; Frente Amplio, uno en contra y seis a favor; el Partido Morado votó en contra.

El texto sustitutorio del dictamen aprobado modifica los artículos 93, 99, 117, 161 y 201 de la Constitución, precisando en el primer caso que los congresistas representan a la Nación y no están sujetos a mandato imperativo ni a interpelación.

Además, subraya que «no son responsables ante autoridad ni órgano jurisdiccional alguno por las opiniones y votos que emiten ni por las acciones legislativas, de representación, de fiscalización, de control político u otras inherentes a la labor parlamentaria, que realicen en el ejercicio de sus funciones».

Remarca, asimismo, que los procesos penales contra los congresistas por delitos comunes cometidos durante su mandato parlamentario son de competencia exclusiva de la Corte Suprema de Justicia.
De igual forma, se modifica el artículo 99 señalando que corresponde a la Comisión Permanente acusar ante el Congreso al presidente de la República, a los congresistas, miembros del Tribunal Constitucional, de la Junta Nacional de Justicia, vocales de la Corte Suprema, fiscales supremos, defensor del Pueblo y el contralor por infracción de la Constitución y por todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones y hasta cinco años después de que hayan cesado en estas.

Los ministros de Estado no cuentan con antejuicio político ni ningún tipo de inmunidad durante el ejercicio del cargo.

Además, el texto señala que el artículo 117 indicará que el presidente de la República puede ser acusado durante su periodo por traición a la patria, por impedir elecciones parlamentarias, regionales o municipales, por disolver el Congreso, salvo casos previstos en el artículo 134 de la Constitución, y por por impedir reunión o funcionamiento, o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral.

También podrá ser acusado por delitos contra la administración pública cometidos durante su mandato o con anterioridad.

Respecto al artículo 161, señala que el defensor del Pueblo es elegido y removido por el Congreso con el voto de los dos tercios de su número legal.

En cuanto al artículo 201, subraya que para ser miembro del Tribunal Constitucional se exigen los mismos requisitos que para ser vocal de la Corte Suprema. «A los miembros del Tribunal Constitucional les alcanzan las mismas incompatibilidades que los congresistas. No hay reelección inmediata».

De acuerdo con el titular de la Comisión de Constitución, Omar Chehade, se trata de un texto que equilibra las sugerencias de los parlamentarios y acorde al derecho constitucional.
«La lucha contra la corrupción es transversal», argumentó.

La bancada del Partido Morado presentó una cuestión previa respecto al texto sustitutorio del dictamen, pero fue rechazada por el pleno.

Fuente: Andina.