Política
Partido aprista intenta confundir y da entender que el uso de oxígeno de 99% no se dio en 2010

El jueves 11 de junio Lima Gris denunció una investigación de mi autoría titulada: El doctor Óscar Ugarte firmó una ley que favoreció a los consorcios extranjeros que tienen el monopolio del oxígeno. En dicho artículo señalé que la gente se estaba muriendo a causa de la escasez del oxígeno, y de cómo las poderosas corporaciones Linde y Air Products han ganado fortunas con la producción del gas medicinal en los últimos diez años. Asimismo, señalé que el exministro de Salud Óscar Ugarte firmó la Resolución Ministerial N° 062-2010/Minsa que aprobaba el Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales para exigir que en adelante el suministro de oxigeno medicinal que requerirían los pacientes peruanos debía contar con una concentración del 99%, condición que ha favorecido a esas grandes corporaciones internacionales de oxigeno durante diez años, porque ellos impusieron ese estándar del 99%, y que perjudicó al resto de productores peruanos que sin ningún problema y desde años anteriores abastecieron a los hospitales del Perú de oxígeno al 93% de concentración.
Posteriormente, grande fue mi sorpresa cuando el domingo 14 de junio en el programa periodístico Cuarto Poder se emitió un reportaje denominado que prácticamente trascribió literalmente la denuncia que publicamos unos días antes. En aquel reportaje se habló de indicadores médicos, de los grados de concentración de oxigeno del 93% y 99% que están colisionados en estos momentos en una controversia, también se habló de las normas, incluso del nuevo Decreto de Urgencia N° 066-2020 que el gobierno emitió hace unos días para contrarrestar las críticas con respecto a la nociva práctica de parte de los monopolizadores del oxígeno en Perú, y finalmente de la posición de la OMS que autorizaba sin ningún problema el uso del oxígeno medicinal al 93% de concentración .
No obstante, no tiene mayor relevancia quién haya publicado primero dicha denuncia periodística, porque finalmente, la relevancia radica en que la información llegue a toda la opinión pública que necesita saber qué es lo que realmente está sucediendo en el Perú en medio de una coyuntura de emergencia sanitaria. Y si Cuarto Poder rebotó nuestra denuncia, enhorabuena.
Así las cosas; luego de haberse emitido aquel reportaje, inmediatamente alguien se rasgó las vestiduras y en las redes sociales intentó agitar a los apristas. Aquel personaje que salió con todo en su red social, era nada menos que Ricardo Pinedo, el fiel secretario del expresidente Alan García, porque en su encabezado feisbuquero se lee: “La mentira, y el odio, tienen patas cortas”. LA REVISTA DOMINICAL de canal 4 MIENTE [sic]. La resolución Ministerial que firmó Oscar Ugarte FUE DEROGADA el 2012 por el Dr. Tejada MINISTRO HUMALISTA. Pero claro es más facil para la Revista Dominical señalar a Alan García (fallecido) y Ugarte (con COVID) Se disculparán? Cuarto Poder [sic] pueden explicarme como una Resolución Ministerial derogada el 2012 puede ser la “responsable” de lo que sucede el 2020??? Ni Lucar !!!”.

Entiendo el grado de fidelidad que el señor Pinedo pueda tener con su mentor que hoy ya no está entre nosotros, y entiendo su compromiso con los compañeros y compañeras, en especial con el doctor Ugarte. Y aquí no se trata de defender a Cuarto poder; aquí se trata de dejar las cosas claras, porque el señor Pinedo ha reclamado ofuscado en su protesta virtual que la mentira y el odio tienen patas cortas, y alega que la Revista Dominical de canal 4 miente, (hasta donde sé la Revista Dominical era un programa antiquísimo que conducía Nicolás Lucar, pero en fin… obviamente está hablando del programa Cuarto Poder).
Lo cierto, es que el señor Ricardo Pinedo mejor debería tomarse una infusión con valeriana para calmarse, porque nadie está mintiendo. Porque la ley para modificar la utilización del oxígeno medicinal a una concentración del 99% en todos los hospitales del Minsa, EsSalud y los gobiernos regionales de todo el Perú, fue firmada por Óscar Ugarte. Así son las cosas, porque anteriormente, es decir, hasta el 2009 los hospitales de todo el Perú utilizaban sin ningún problema oxigeno de 93% de concentración. Pero todo eso cambió desde la gestión ministerial de aquel médico, que incluso hoy trabaja con el gobierno de Martin Vizcarra.

Y si bien, esa ley fue derogada (062-2010/Minsa) por la ley 599-2012/Minsa que firmó el 17 de julio de 2012 el exministro de Salud del gobierno humalista, Carlos Alberto Tejada Noriega; tampoco hay ninguna diferencia. Es decir, si bien la ley vigente N° 599 sigue ordenando a las áreas de compras de todos los hospitales del Minsa, Essalud, y gobiernos regionales que obtengan oxigeno de 99% de concentración de las trasnacionales Linde y Air products, eso no fue creación ni iniciativa del doctor Tejada Noriega. Escuche señor Pinedo: ese estándar, o mejor dicho la autorización para el uso de ese tipo de concentración de oxigeno empezó en la gestión ministerial del doctor Ugarte.

Ahora, a pesar que la ley emitida en 2012 ratificó el PNUME de la ley N° 062-2010, usted da entender que de todas maneras se incorporó los criterios para el uso de ese mismo nivel de concentración de 99% en 2012, entonces usted está equivocado, porque sencillamente no fue así. En resumidas cuentas, el doctor Tejada con la ley que firmó en 2012, simplemente ratificó la ley que se originó el 26 de enero de 2010, pero usted está intentando confundir a la opinión pública y está difundiendo la idea de que con la gestión del doctor Ugarte los niveles permitidos del uso de oxigeno medicinal eran del 93% y que posteriormente con la gestión ministerial del doctor Alberto Tejada en 2012 eso cambió y se incrementó a 99%. Y eso no se puede permitir porque es FALSO.
Para variar, el Partido Aprista Peruano acaba de emitir un comunicado que titula “La verdad del oxígeno” y honestamente, no entendemos cómo no se han dado cuenta que con ese comunicado se están disparando a los pies, porque como se dice: El pez por la boca muere. Aquel hilarante comunicado desmiente todo lo dicho por Ricardo Pinedo en su red social, porque la propia misiva reconoce en su punto número uno: de que efectivamente la Resolución Ministerial N° 062-2010/Minsa aprobó el Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales y se habla de la adquisición de oxigeno de 99%. Asimismo, en su punto número tres, menciona que mediante la Resolución Ministerial 599-2012/Minsa, se derogó el Petitorio anterior (PNUME) pero que mantuvo el oxígeno de 99%.

En suma, independientemente que luego haya habido estudios que hoy comprueban que el uso del oxígeno medicinal al 93% siempre fue el adecuado para consumo humano, y que no necesariamente se tenga que requerir un oxigeno de 99%, no es ninguna novedad. Y por más que en los últimos dos quinquenios, los gobiernos de turno no se hayan dignado a legislar para que dé el retorno del uso al 93% de oxígeno, no quita que dicha iniciativa fue un despropósito y que hoy a la vista de los terribles fallecimientos de peruanos que no pudieron acceder al uso de oxigeno… no quita que fue originada durante la gestión de Óscar Ugarte en 2010.
Bonus track
Acápite
Resolución Ministerial N° 062-2010/Minsa firmada el 26 de enero de 2010 por el doctor Óscar Ugarte Ubilluz, ministro de Salud de aquel entonces.
De conformidad con lo dispuesto en el inciso I) del artículo 8° de la Ley N° 27657, Ley del Ministerio de Salud;
SE RESUELVE:
En el artículo 1° Aprobar el “PETITORIO NACIONAL UNICO DE MEDICAMENTOS ESENCIALES”, el mismo que en Anexo forma parte integrante de la presente Resolución Ministerial.
Resolución Ministerial N° 599-2012/Minsa firmada el 17 de julio de 2012 por el doctor Carlos Alberto Tejada Noriega, ministro de Salud de aquel entonces.
De conformidad con lo previsto en el literal I) del artículo 8° de la Ley N° 27657, Ley del Ministerio de Salud;
SE RESUELVE:
Artículo 1°.- Aprobar el Documento Técnico: «Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales para el Sector Salud», que en documento adjunto forma parte integrante de la presente resolución.
Artículo 2°.- Dejar sin efecto la Resolución Ministerial N° 062-2010/MINSA.
Análisis de ambas normas
El espíritu de la norma N° 062-2010/Minsa es sencillo de explicarlo, porque aquella es similar a la norma N° 599-2012/Minsa, en el sentido de que ambas contemplan e incorporan en sus textos el Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales” PNUME, y ambas impusieron barreras burocráticas precisamente contenidas en aquel petitorio nacional y que consistían en la imposición de la condición que para comercializar oxigeno medicinal en el Perú, éste debía tener una concentración del 99 al 100%. Pese a que desde años anteriores se contaba con derechos adquiridos a través de los respectivos registros sanitarios para comercializar oxígeno con una concentración de 93% en Perú; lamentablemente eso cambió y a través del PNUME que incorporó la nueva norma N° 062-2010 promulgada desde el 26 de enero de 2010 por iniciativa del ministerio de Salud y en cuya cartera se encontraba en aquella época como titular: el doctor Óscar Ugarte, se dispuso que el oxígeno medicinal a utilizarse en lo sucesivo debía contar con una concentración de 99%.
Conclusiones:
Si bien, la ley N° 062-2010/Minsa fue derogada por la ley N° 599-2012/Minsa, eso no significa que ambas no tengan el mismo espíritu en la esencia que se detalla en su PNUME, con respecto a la imposición del 99% de concentración del oxígeno medicinal, que en lo sucesivo y por mandato del Minsa desde el año 2010 se obligaba utilizarse en el país.
Es decir, desde el punto de vista normativo actualmente la ley N° 599-2012/Minsa sencillamente no varió ni incluyó otra especificación y/o estándar con respecto al uso del oxígeno medicinal al 99% de concentración, y más bien, continuó con la exigencia primigenia de la legislación firmada en el año 2010 por el doctor Óscar Ugarte.
Política
Ministerio de Cultura acepta abstención de viceministra Moira Novoa en ‘caso Armatambo’
La cuestionada viceministra de Patrimonio Cultural pidió abstenerse de opinar sobre el retiro parcial de la condición cultural de la Parcela Arqueológica O en el Morro Solar. El ministro Fabricio Valencia, declaró procedente su solicitud mediante resolución ministerial.

Mediante la Resolución Ministerial N.º 158-2025-MC, el Ministerio de Cultura aceptó y declaró procedente la abstención formulada por la viceministra de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales, Moira Novoa Silva, respecto al procedimiento que evalúa el retiro parcial de la condición cultural de la Parcela O de la Zona Arqueológica e Histórica de Armatambo – Morro Solar, ubicada en el distrito de Chorrillos, Lima.

En su lugar, será el viceministro de Interculturalidad, Percy Yhair Barranzuela Bombilla, quien se pronunciará sobre el procedimiento mencionado.
La resolución, firmada por el ministro de Cultura Fabricio Valencia, señala en sus considerandos que Novoa Silva solicitó abstenerse por haber emitido previamente opinión técnica sobre el tema, cuando se desempeñaba como directora general de Patrimonio Arqueológico Inmueble. En ese cargo, suscribió los informes N.º 000050-2025-DGPA-VMPCIC/MC y N.º 000141-2025-DGPA-VMPCIC/MC, en los que se abordaba el caso. Por esta razón, y conforme al numeral 2 del artículo 99° del Texto Único Ordenado de la Ley N.º 27444 (Ley del Procedimiento Administrativo General), se configuraría una causal de abstención.

Sobre el retiro parcial de la condición cultural de la Parcela O de Armatambo, especialistas advierten que deben evaluarse rigurosamente los motivos detrás de la decisión. Si la zona fue intervenida con un proyecto formal de rescate arqueológico y se concluyó que ya no existen restos patrimoniales, entonces podría justificarse la desprotección. Sin embargo, existen cuestionamientos por el uso de cateos mínimos o informes técnicos limitados como sustento para retirar la protección, lo cual representa un tema especialmente sensible dada la fragilidad del patrimonio arqueológico.
Cabe recordar que hace poco más de un mes, la misma viceministra Novoa Silva fue duramente criticada por firmar la controvertida Resolución Viceministerial N.º 000128-2025-VMPCIC/MC, que redujo en casi un 50% el perímetro de protección de las Líneas de Nasca y Palpa, lo que generó un fuerte rechazo por parte de la comunidad arqueológica y defensores del patrimonio cultural en todo el país.
Política
Congreso blinda a la JNJ y archiva denuncia por retorno de Benavides
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso rechazó investigar a los seis miembros de la Junta Nacional de Justicia que avalaron la controvertida reposición de Patricia Benavides como fiscal de la Nación. Con esta decisión, ya no serán procesados.

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso, presidida por la parlamentaria de APP María Acuña Peralta, ha vuelto a actuar como muro de contención para los intereses de ciertos sectores del poder. Esta vez, al declarar improcedentes las denuncias constitucionales contra los seis miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que votaron por la restitución de Patricia Benavides Vargas como fiscal de la Nación, a pesar de las evidentes irregularidades en el proceso y la ausencia de unanimidad.
El blindaje es evidente: mientras la misma SAC sí decidió abrir investigación contra los miembros de la Junta de Fiscales Supremos por una controversia similar, a la JNJ se le concede impunidad institucional. Esta doble vara confirma la falta de coherencia y la clara intencionalidad política de las decisiones parlamentarias.

Las denuncias rechazadas fueron presentadas por los congresistas Alfredo Pariona (Bancada Socialista) y Elías Varas (Juntos por el Perú – Voces del Pueblo). Acusaban a los magistrados de la JNJ de usurpación de funciones, avocamiento indebido y abuso de autoridad, al intervenir en decisiones que, según sus críticos, correspondían exclusivamente al ámbito del Ministerio Público y no al de la JNJ.
Los magistrados protegidos por el Congreso son Gino Ríos Patio (presidente), María Teresa Cabrera, Jaime De La Puente, Víctor Hugo Chanduví, Germán Serkovic y César Cayo Galindo. Todos ellos firmaron la resolución que repuso no solo a Benavides Vargas, sino también a la fiscal Azucena Solari y a la jueza Enma Benavides Vargas.
Pero el escándalo no termina ahí. El acta de la sesión extraordinaria en la que se decidió la reposición confirma que no hubo unanimidad, ya que el magistrado Francisco Távara no participó. Peor aún, la secretaria general de la JNJ, Giovanna Díaz, no fue convocada a la reunión, lo cual ella misma dejó consignado en el acta. Esta omisión plantea serias dudas sobre la legalidad de la sesión y abre la puerta a sospechas de manipulación institucional.
A pesar de estos hechos, el Congreso prefirió mirar hacia otro lado. Lo que debió ser un acto de fiscalización y defensa del orden constitucional terminó siendo otro ejemplo más de cómo las instituciones se protegen entre sí, incluso a costa de la legalidad y la confianza ciudadana. El blindaje a la JNJ por parte de la SAC deja una pregunta inquietante en el aire: ¿a quién sirve realmente el Congreso?
Política
MML derrochó más de 9 millones de dólares en estudio de abogados para luego despedirlo
Gestión de López Aliaga responsabilizó al estudio Foley Hoag LLP de perder los dos laudos arbitrales, acusándolos de omitir información que lo vincularía con Brookfield, empresa matriz de Rutas de Lima.

Plata al agua o al charco, para ser más precisos cuando se habla del alcalde de Lima. Como el dinero no sale de su bolsillo y sí de todos los peruanos, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), encabezada por el errático y explosivo Rafael López Aliaga, decidió dar por terminado el vínculo contractual que tenía con el estudio de abogados Foley Hoag LLP, alegando que la firma estadounidense le habría omitido información relevante relacionada a su cercanía con Brookfield, empresa matriz de Rutas de Lima.
Cabe mencionar que en la actualidad la MML y Rutas de Lima tienen un conflicto legal derivado de la cancelación del cobro de peajes de parte de la empresa concesionaria, la cual le viene exigiendo a la comuna capitalina el pago de más de 200 millones de dólares.
Según documentos judiciales y registros de contrataciones del Estado, la MML suscribió cuatro contratos con Foley Hoag LLP, tres durante el mandato del exalcalde Jorge Muñoz y uno bajo la administración de López Aliaga. La comuna destinó más de US$ 8 millones en tres procesos arbitrales que terminó perdiendo, y un contrato adicional por US$ 1.6 millones en 2024 para frenar la ejecución de los fallos. Esta última contratación fue anulada tras revelarse un conflicto de interés no declarado.
El municipio alega que Foley Hoag LLP ocultó que también representaba a Brookfield Asset Management, empresa matriz de Rutas de Lima, mientras defendía a la comuna en procesos contra dicha concesionaria. Esta falta de transparencia habría condicionado la estrategia legal y perjudicado gravemente a la municipalidad que dirige ‘Porky’.
“El conflicto de intereses no divulgado de Foley contaminó su representación de MML, y los resultados fueron devastadores”, se lee en el escrito presentado ante la Corte de Columbia por el nuevo estudio defensor, Boies Schiller Flexner LLP. En este documento se exige anular la sentencia que valida los laudos arbitrales por US$ 200 millones, alegando que Foley Hoag omitió recursos clave para proteger a la comuna.

A la fecha, la Corte de Apelaciones ya ha ratificado la validez de los laudos arbitrales, pero la MML aún espera una decisión de la jueza de primera instancia en EE. UU. que podría cambiar el rumbo de este escándalo legal y financiero.
Política
¿A quién beneficia la millonaria compra de aviones de guerra?
¡Escandalo! en vez de invertir en hospitales, cárceles o vías de transporte, el gobierno destina más de S/ 13 mil millones a aviones de guerra sin enemigo a la vista. Una decisión desconectada de las prioridades nacionales, que podría esconder millonarios negociados oscuros antes de dejar el poder.

Esta semana se confirmó: la presidenta Dina Boluarte ha decidido endeudar al Estado peruano por la exorbitante suma de 3,500 millones de dólares para adquirir 24 aviones de caza ‘Gripen E’ a la empresa sueca Saab. En un país que no enfrenta ninguna amenaza bélica real, este acuerdo resulta escandaloso, cuestionable y oportunamente silencioso. ¿Por qué ahora? ¿Para qué esta compra? ¿Y a quién realmente beneficia?
El argumento oficial es que esta adquisición forma parte del proyecto de modernización de la Fuerza Aérea del Perú (FAP). La presidenta Boluarte Zegarra, flanqueada por el comandante general de la FAP, Carlos Chávez, el ministro de Defensa, Walter Astudillo, y el premier Eduardo Arana, justificó el grosero gasto alegando que es una “decisión histórica” para “garantizar la paz mediante la disuasión”. ¿alguien puede creer eso?

Pero mientras la mandataria se alista para abandonar Palacio de Gobierno –como ya lo han hecho otros expresidentes–, deja atado al país a un endeudamiento que se pagará hasta 2050, y que no prioriza las verdaderas urgencias nacionales.
Gastos de guerra en tiempos de crisis
Dina Boluarte anuncia con orgullo esta compra, al tiempo que su propio gobierno apenas ha destinado 800 millones de soles para construir cinco penales en todo el país. Es decir, solo una fracción mínima de lo que costarán estos aviones, en un país donde el hacinamiento carcelario, la inseguridad ciudadana y la falta de infraestructura penitenciaria son un clamor nacional.
¿Por qué no destinar esos 3,500 millones de dólares a construir al menos 30 o 40 nuevos penales a nivel nacional, mejorar hospitales colapsados y construir decenas de estos, o cerrar la brecha de infraestructura educativa? ¿cuántas líneas de Metro de Lima se podrían implementar con esa millonada de dinero? ¿O es que existe un interés oculto detrás de este contrato con Saab?

Un proveedor cuestionado
Saab, la compañía sueca elegida por el gobierno peruano, está actualmente bajo investigación del Departamento de Justicia de EE. UU. por su venta de aviones a Brasil en 2014. El caso, conocido como Operación Zelotes, involucró presuntos sobornos y tráfico de influencias, nada menos que con participación del actual presidente brasileño Lula da Silva y su hijo. Aunque el proceso fue archivado en Brasil, las investigaciones internacionales siguen en curso.
No se trata solo de antecedentes incómodos. Saab ha ofrecido “compensaciones legales” al Perú bajo el esquema offset, que supuestamente incluiría transferencia tecnológica y eventuales inversiones en sectores no militares. En teoría, suena bien. Pero en la práctica, es un terreno fértil para sobrecostos, contratos opacos y beneficios indirectos para actores políticos y empresariales.
Más aún: se ha revelado que parte de los aviones podrían ser ensamblados en Brasil, desde una planta inaugurada en 2023, lo que supondría una preocupante dependencia tecnológica y logística del Perú respecto al gobierno de Lula da Silva, un actor político que ya ha sido señalado por su participación directa en la anterior venta de Saab y que calificó como “intromisión” las investigaciones internacionales.

Un Congreso cómplice
Este endeudamiento no sería posible sin la venia del Congreso de la República, que aprobó el financiamiento en dos tramos: 2,000 millones de dólares en 2025 y 1,500 millones en 2026, utilizando deuda interna del Banco de la Nación. El plazo de pago será de entre 18 y 24 años. ¿Por qué un Congreso tan crítico del gasto público autoriza sin mayor resistencia esta compra? ¿Cuáles son los intereses detrás?
Esta práctica de dejar “herencias envenenadas” se repite peligrosamente. El exencargado de Palacio de Gobierno, Francisco Sagasti comprometió al país en deudas a 100 años por vacunas y compras durante la pandemia, sin rendición de cuentas claras. Más recientemente, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, ha endeudado a la Municipalidad Metropolitana de Lima por más de 4,000 millones de soles, comprometiendo a sus sucesores durante los próximos 20 años.
Una ‘disuasión’ sin enemigo
El argumento de la “disuasión” esgrimido por el viceministro de Políticas para la Defensa, César Torres, no resiste un análisis serio. Perú no enfrenta amenazas bélicas ni tiene conflictos armados en el horizonte. En cambio, sí vive una guerra interna contra la delincuencia, el narcotráfico, la corrupción y la impunidad judicial. Es en esos frentes donde urge invertir.
Invertir miles de millones de dólares en armamento sin enemigo visible es no solo irresponsable: es un acto de desconexión total con las prioridades nacionales, y podría esconder negociados oscuros en nombre de la defensa nacional. Se repite así la historia de gobiernos que, antes de irse, amarran contratos millonarios para beneficios ajenos a los intereses del pueblo.
El legado de Boluarte: deuda, armas y desconfianza
No cabe duda que Dina Boluarte pasará a la historia como una mandataria sin respaldo popular, que accedió al poder por la vía sucesoria, que ejerció con represión y terminó comprometiendo el futuro económico del país en acuerdos sin consenso ni transparencia.
La compra de aviones de guerra en tiempos de paz, sin consulta pública, sin licitación internacional abierta y con un proveedor extranjero bajo investigación, es más que una mala decisión política: es una afrenta al pueblo peruano, que exige justicia, desarrollo y seguridad real, no fantasmas de guerra ni herencias de deuda.
¿Quién se beneficia de este negocio? Esa es la pregunta que el país debe hacerse ahora, antes de que sea demasiado tarde.
Política
Perú Libre presenta PL para que solo jueces y fiscales supremos titulares puedan investigar a funcionarios de alto rango
Iniciativa presentada por el congresista Américo Gonza pretende realizar importantes cambios en el Código Procesal Penal.

No les gusta ser investigados y ahora pretenden elegir quiénes les pueden investigar. La bancada de Perú Libre cuenta con bastantes de sus integrantes con investigaciones abiertas, ya sea por sus vínculos con ‘Los Niños’, acusados de ser ‘Mochasueldos’, y demás barbaridades al momento de votar en el hemiciclo, y ni qué decir de sus antiguos miembros que terminaron desperdigados en distintas bancadas. Igual ellos tienen ‘rabo de paja’.
Como les incomoda que la justicia nacional esté a todo momento detrás de ellos, el congresista perulibrista Américo Gonza ha presentado el Proyecto de Ley (PL) n.° 11750/2024-CR, el cual propone modificar varios artículos del Código Procesal Penal para que solo los jueces y fiscales supremos titulares puedan investigar y juzgar a los altos funcionaros comprendidos en el artículo 99 de la Constitución Política, es decir, el presidente de la República, los parlamentarios, ministros de Estado, magistrados supremos y otros altos cargos.
De acuerdo a la iniciativa, se busca modificar artículos 44, 450, 451, 452 y 453 del Nuevo Código Procesal Penal para excluir a magistrados provisionales o supernumerarios de los procesos, pues, según el congresista Gonza, el objetivo es “asegurar un proceso penal transparente, imparcial y libre de cualquier influencia o presión política”. Esto debido a que, actualmente, la mayoría de jueces y fiscales son provisionales, lo que no ofrecería “garantías de autonomía e independencia”.
«La provisionalidad, al no estar amparada por la estabilidad que otorga la titularidad, puede propiciar una vulnerabilidad institucional, en tanto los fiscales provisionales, por el temor de ser removidos o no confirmados en sus cargos, podrían actuar condicionados por intereses externos, particularmente en investigaciones de alta carga política», sostiene el legislador cajamarquino.

En otras palabras, Gonza sostiene que los fiscales provisionales, al no tener un puesto seguro, pueden ser influenciados por la presión política o son más susceptibles a la agenda mediática y brindar una decisión «imparcial». «Esto por estar condicionadas por la necesidad de conservar el cargo o satisfacer a quienes tienen el poder de nombramiento o remoción», anota el proyecto.
Para sustentar su propuesta, el proyecto presenta una comparativa de la cantidad de fiscales provisionales frente a los titulares. Según ello, en 2023, de 8,338 fiscales, 4,662 eran provisionales y solo 3,676 titulares. «Mientras las plazas provisionales han aumentado en más de 1,400 en los últimos cinco años, el número de fiscales titulares ha disminuido», indican.

Política
El Congreso avanza hacia la inhabilitación de Betssy Chávez
El peso de la responsabilidad por intentar quebrar el orden constitucional. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó el informe que recomienda inhabilitar por 10 años a la exprimera ministra Betssy Chávez.

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, presidida por la legisladora de APP María Acuña Peralta, aprobó el informe que recomienda la inhabilitación por diez años para toda función pública de la expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez Chino. Señalada como una de las figuras clave detrás del intento de golpe de Estado encabezado por Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022, Chávez enfrenta ahora una de las sanciones políticas más severas previstas por la Constitución.
El proceso avanza con rapidez. La exministra no presentó defensa ante la subcomisión, ni de forma personal ni mediante un abogado, lo que facilitó el trámite y dejó su situación aún más comprometida. Esta ausencia levanta preguntas sobre su estrategia legal, pero también refuerza la percepción de una falta de interés por enfrentar las consecuencias institucionales de sus actos.
Actualmente detenida mientras avanza el proceso penal en su contra, Chávez Chino ha quedado políticamente aislada. Aunque tendrá la oportunidad de ejercer su defensa ante la Comisión Permanente y ante el pleno del Congreso, el camino hacia la inhabilitación parece cada vez más inevitable.

Más allá de la figura de Betssy Chávez, este caso marca un punto de inflexión en la respuesta del sistema político frente a intentos de quebrar el orden democrático. Sin embargo, también se exige autocrítica del Congreso: no debe confundirse justicia con revancha política. La transparencia y el respeto al debido proceso son cruciales para que la sanción tenga legitimidad, y no se perciba como una simple maniobra punitiva.
El informe aprobado es parte de un paquete de acciones contra exfuncionarios vinculados al intento de disolver el Congreso. Pero el castigo político debe estar acompañado de una reflexión institucional más profunda: cómo evitar que quienes llegan al poder, como Pedro Castillo o sus principales aliados, vuelvan a intentar socavar la democracia desde dentro.
Política
Polémico ‘proyecto de ley’ busca devolver brevetes a conductores ebrios
¿Segunda oportunidad o riesgo público? En Perú, conducir en estado de ebriedad es incurrir en delito de ‘peligro común’. El artículo 274° del Código Penal sanciona esta conducta con prisión, e inhabilitación, subrayando la gravedad de manejar bajo efectos del alcohol o drogas.

El congresista Jorge Flores Ancachi, ahora legislador ‘no agrupado’ tras su salida de Podemos Perú, ha reactivado la polémica con su proyecto de ley 11781/2024-CR, conocido informalmente como la “Ley del borrachito”. La iniciativa propone permitir que conductores sancionados por manejar en estado de ebriedad puedan recuperar su licencia de conducir, siempre que no hayan causado muertes, ni daños permanentes.

La propuesta contempla una amnistía parcial hasta el 31 de diciembre de 2025, permitiendo a los infractores —previo pago de una multa con descuento del 80% y la aprobación de un curso de capacitación— volver a conducir legalmente. Según Flores Ancachi, no se trata de fomentar la impunidad, sino de reconocer la posibilidad de rehabilitación y evitar sanciones “eternas” para quienes desean reinsertarse laboralmente.
Miles de conductores inhabilitados por conducir en estado de ebriedad han mostrado respaldo a la medida, argumentando que están arrepentidos, necesitan trabajar y que han sido castigados por años. Sin embargo, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) se opone con firmeza, señalando que el proyecto representa un serio retroceso en la lucha por la seguridad vial.
El debate pone sobre la mesa una tensión legítima: ¿puede una sociedad negar toda posibilidad de reinserción a un infractor que no causó daños irreparables? Pero también es necesario recordar que conducir ebrio no es un simple error: es una conducta peligrosa con potencial letal, porque es considerado un delito.
Conducir bajo influencia del alcohol es delito
Como se recuerda, conducir en estado de ebriedad en Perú constituye el delito de peligro común. El artículo 274° del Código Penal «Conducción en estado de ebriedad o drogadicción», establece que manejar bajo la influencia del alcohol o drogas es un delito, y se sanciona con pena privativa de la libertad no menor de seis meses ni mayor de dos años, o con prestación de servicios comunitarios, además de la inhabilitación para conducir.
El proyecto de ley, aunque bien acertado para algunos, corre el riesgo de normalizar una falta grave y un presunto delito. Las segundas oportunidades son valiosas, pero deben estar siempre subordinadas a la responsabilidad, la prevención y el bien común.
economía
Presentan PL para que el Banco de la Nación pueda comprar y vender oro de la minería artesanal
Iniciativa presentada por el congresista Jorge Montoya busca modificar la Ley 16000 para incrementar las funciones del banco.

Arroz con mango. Pretender dotar atribuciones que no corresponden a determinada institución es como forzar a los abogados que operen a un herido, o que un ingeniero se dedique a cosechar papas; es decir, cargarles con atribuciones que no van con la naturaleza de su oficio.
A propósito de ese desbarajuste, la Comisión de Economía del Congreso de la República viene evaluando el Proyecto de Ley (PL) n. 8491 para que el Banco de la Nación (BN) pueda comprar, vender, exportar y comercializar oro proveniente de la minería artesanal y de pequeña escala.

La iniciativa ha sido presentada por el congresista Jorge Montoya (Renovación Popular) y propone la modificatoria de los artículos 2 y 6 de la Ley 16000, la misma que regula las funciones del banco estatal.
En el mencionado PL se estipula además que la entidad deberá implementar tecnología y procedimientos para asegurar la trazabilidad, calidad y exportación de los minerales, todo ello respetando normas ambientales, tributarias y de prevención de lavado de activos.
Según el texto, el Ejecutivo tendría un plazo de 90 días para aprobar la reglamentación necesaria, en caso se apruebe la ley. El financiamiento, según se indica, se haría con cargo al presupuesto institucional del banco y sin recurrir a recursos adicionales del Tesoro Público.
Cabe precisar que uno de los argumentos principales de la propuesta es que gran parte del oro producido por la minería artesanal no es trazado ni declarado formalmente, lo que facilita su desvío hacia canales ilegales. El proyecto también afirma que países como Bolivia y Tanzania han implementado esquemas similares con resultados positivos, aunque no ofrece mayores detalles al respecto.

La postura del Banco de la Nación
En tanto, el BN envió un informe donde advirtió sobre los riesgos de aprobar el PL que propone ampliar las facultades operativas de la entidad para permitirle participar en la compra, venta y exportación de oro y minerales. Según el documento, el Banco no cuenta con experiencia en estas actividades, ya que su labor está orientada a brindar servicios financieros a entidades públicas, instituciones del sistema financiero y trabajadores del sector público, conforme a lo establecido en su Estatuto.
En adición, se señaló que habilitarlo para operar en el comercio de minerales podría generar resultados negativos debido a la falta de recursos y conocimientos técnicos, afectando incluso su desempeño actual en la prestación de servicios bancarios. Por estas razones, la Gerencia Legal no recomienda la aprobación de la iniciativa legislativa.
Por su parte, ADEX señaló que existe un alto riesgo de que la compra de oro sin conocer la procedencia de este pueda involucrar metales de origen ilegal e informal, significaría blanquear activos ilegales, con lo cual se estaría incentivando aún más la ilegalidad e informalidad del sector al monetizar el oro.
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