Es oficial. Mediante Resolución Suprema Nº 186 -2023-PCM la presidenta de la República, Dina Boluarte, aceptó la renuncia del que fuera uno de sus hombres de confianza más cercanos desde que la ahora mandataria trabajaba como titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), nos referimos a Morgan Quero, quien se desempeñaba como jefe del Gabinete Técnico dentro de la Presidencia por 10 meses.

La confirmación de su renuncia se dio esta mañana con la resolución publicada en el diario oficial El Peruano, en donde se expresa su agradecimiento por los servicios prestados hasta ayer.

“Se resuelve… aceptar la renuncia formulada por el señor Morgan Niccolo Quero Gaime como Jefe de Gabinete Técnico de la Presidencia de la República; dándosele las gracias por los servicios prestados”.

Asimismo, en la Resolución Suprema 187-2023-PCM se menciona la persona que lo reemplazará. En su lugar ingresará otra persona de confianza de Boluarte Zegarra, Nelly Paredes del Castillo, quien se desempeñó como ministra del Midis entre diciembre del 2022 y setiembre del 2023.

¿Por qué renunció Morgan Quero?

En realidad a Morgan Quero la presidente Dina Boluarte le pidió su renuncia. Según nuestra fuente, quién solicitó su salida fue el premier Alberto Otárola. Esto sorprendió mucho a la presidente pero tuvo que acceder ante el pedido del titular de la PCM.

Uno de los motivos de la salida de Quero, sería los desencuentros que ha tenido con Alberto Otárola, quien en los próximos días prepara un nuevo cambio de gabinete. La finalidad es recuperar algunos ministerios, entre ellos estarían Energía, Salud, MTC y Cultura.

Los videos que implican al Premier

No solo es nerviosismo, también ya se habla de paranoia en la PCM. Desde hace unos días se conoció la existencia de seis videos que implicarían a Alberto Otárola. Estos videos tendrían relación con el caso de las amiguitas del Premier que tras visitarlo consiguieron jugosos contratos. Según nuestra fuente, Otárola aparecería en estos videos, los cuales serían publicados en los próximos días.

¿Cambio o reciclaje?

Cabe recordar que Kelly Paredes del Castillo, fue removida de su cargo cuando se realizaron cambios dentro del Gabinete de Alberto Otárola. Con ella también se fueron los ministros de Educación (Magnet Márquez), Trabajo y Promoción del Empleo (Antonio Varela) y Transportes y Comunicaciones (Paola Lazarte).

Curiosamente, hoy regresa como Jefe de Gabinete Técnico de Palacio de Gobierno.

Se busca. El ex integrante del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) Iván Noguera tiene en curso un proceso penal por el sonado caso ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’ que involucra a distintos jueces del Callao y ex miembros del CNM.

Cabe precisar que en la actualidad el ex consejero Noguera se encuentra no habido, luego de haber viajado a Argentina; es por ello que el Poder Judicial (PJ) ha ordenado la captura nacional e internacional del ex integrante del desactivado CNM a fin de que cumpla 19 meses de prisión preventiva a raíz del proceso penal que se le sigue en su contra.

Tras no presentarse ante las autoridades peruanas, el juez supremo Juan Carlos Checkley adoptó esta medida al declarar a Noguera Ramos como “reo contumaz” y revocar el mandato de comparecencia con restricciones.

El magistrado adoptó esta medida debido a que Iván Noguera no retorno al país luego que la Fiscalía Suprema asignada al caso autorizó su salida del territorio nacional del 14 al 17 de noviembre para cumplir con compromisos laborales en la Universidad Nacional de la Matanza en la ciudad de Buenos Aires, Argentina.

A detalle, la instancia suprema fiscal había requerido a Noguera Ramos que debía apersonarse a las instalaciones de la Fiscalía el último 20 de noviembre a fin de comunicar su retorno al lugar de su residencia, hecho que no fue cumplido por el exconsejero, quien a través de su defensa legal presentó un escrito en el que señala que se quedará en la ciudad de Buenos Aires, y pide que se mantenga la autorización de viaje concedida y que se realicen las audiencias del caso de manera virtual para salvaguardar su vida al denunciar que viene recibiendo amenazas de muerte vía correo electrónico y de vigilancia personal.

Al respecto, el juez supremo Juan Carlos Checkley determinó en su resolución que estas amenazas de muerte son del último semestre del 2018; es decir, hace más de 5 años. Sin embargo, no consta ni se ha presentado denuncia sobre dichas amenazas y recién el 13 de noviembre el exconsejero solicitó protección para su vida.

Agrega que Noguera Ramos denuncia que fue víctima de amenazas por un sujeto al que fotografió en el interior de un vehículo el 6 de noviembre último, día en el que viajó a la ciudad de Buenos Aires, según un reporte de la Superintendencia Nacional de Migraciones.

El juez Checkley Soria añade que los correos electrónicos dónde se amenaza de muerte a Iván Noguera son del 18 y 22 de noviembre, cuando ya encontraba vencido su autorización de viaje.

Finalmente, el magistrado cursó un oficio de ubicación y captura de Noguera Ramos a la Policía Nacional Interpol y la Superintendencia Nacional de Migraciones, respectivamente.

Acceso denegado. Tras asumir temporalmente la titularidad de la Fiscalía de la Nación, la primera medida del fiscal Pablo Sánchez Velarde fue restringir el acceso a las oficinas de la Fiscalía a la fiscal Patricia Benavides, luego que esta fuera suspendida por seis meses por la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

Es así que el fiscal Sánchez Velarde dispuso restringir el ingreso a las diferentes oficinas del Ministerio Público, detallando que la investigada fiscal “no lleven documentación vinculada a las investigaciones”.

En un oficio que remitió la secretaria general de la Fiscalía de la Nación, Fiorella Casique, al gerente de la Oficina de Seguridad y Defensa Nacional del organismo público, Edgar Peralta Lino, se señala que “de manera urgente e inmediata” se restrinja el acceso del personal a las oficinas del Despacho de la Fiscalía de la Nación, de los asesores de dicho despacho, del Área Especializada de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, y del Área Especializada de la Fiscalía de la Nación en Denuncias contra Magistrados.

“En el caso que se encuentre personal fiscal o administrativo en las instalaciones mencionadas, se debe requerir que se retiren de las mismas hasta nuevas indicaciones del Despacho de la Fiscalía de la Nación, verificando que no lleven consigo documentación vinculada a las investigaciones y/o documentos institucionales, y dejar constancia que corresponde”, dice la misiva.

Fiscal Sánchez Velarde declinará su cargo este lunes 11

Por otro lado, el fiscal supremo Pablo Sánchez Velarde, a quien por ley le corresponde asumir el cargo de fiscal de la Nación tras la suspensión provisional de Patricia Benavides, declinará del cargo este lunes 11 para que su colega Juan Carlos Villena Campana tome las riendas de un golpeado Ministerio Público.

Como se sabe, Villena y Sánchez conforman la Junta de Fiscales Supremos (JFS) y en noviembre de este año exigieron la renuncia de Patricia Benavides como fiscal de la Nación por supuestamente liderar una organización criminal enquistada en las altas esferas del Ministerio Público y con vínculos en el Congreso.

Juan Mario Peña Flores, defensa legal de la suspendida fiscal suprema, Patricia Benavides, tildó de ‘arbitraria’ la medida impuesta por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) contra la fiscal de la Nación, al suspenderla seis meses.

Esta medida cautelar de suspensión preventiva de la JNJ, es un procedimiento disciplinario iniciado a la servidora, con el fin de asegurar el normal desarrollo del mismo y para impedir algún tipo de obstaculización, a fin de garantizar la eficacia de la resolución. En esa línea, la retiran temporalmente a Benavides de su cargo como fiscal suprema del Ministerio Público y, consecuentemente, de la posición de fiscal de la Nación.

Ante ello, el abogado Peña Flores afirmó que presentará un recurso de reconsideración, y califica la suspensión como ‘arbitraria’ porque no se respeta la presunción de inocencia ni el procedimiento administrativo sancionador.

Sin embargo, pese a que presentarán la reconsideración, son conscientes de que será evaluada por el mismo órgano de justicia, y por tanto, la decisión de la JNJ sería la misma.

Asimismo, explicó que la suspensión perjudicó a Patricia Benavides, incluso si la JNJ declara infundado el procedimiento administrativo sancionador en el futuro.

Cabe recordar que el pasado 27 de noviembre Equipo Especial contra la Corrupción del Poder (Eficcop) inició el operativo ‘Valkiria V’, que investiga a Patricia Benavides por presuntamente liderar una red criminal dentro del Ministerio Público.

Mientras las principales autoridades del Ejecutivo, Legislativo, o el Ministerio Público se encuentran en el foco inquisidor de la población por presuntos actos de corrupción, de manera casi desapercibida otro actor político se sigue moviendo para que su partido sea aceptado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

El líder del etnocacerismo, Antauro Humala, continúa pugnado para que su organización política Alianza Nacional de Trabajadores Agricultores Universitarios Reservistas y Obreros (A.N.T.A.U.R.O) se mantenga en la carrera electoral, esa que podría colocarlo en el sillón presidencial en el año 2026.

El JNE ratificó esta mañana el proceso de inscripción del partido político de Antauro Humala, luego de declarar infundado un recurso de apelación que buscaba dejar sin efecto el rechazo a una tacha presentada contra el eventual registro de la agrupación política A.N.T.A.U.R.O.

A través de una resolución del diario El Peruano, el órgano electoral indicó que con esta decisión confirma una resolución de septiembre de 2023 emitida por la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas (DNROP), que había declarado infundada una tacha formulada contra la inscripción de la organización política A.N.T.A.U.R.O.

Tras esa decisión del JNE, la organización que lidera el hermano del ex presidente Ollanta Humala se mantiene expectante a su eventual inscripción como partido político.

Como se recuerda, el autor del recurso de apelación, Óscar Alberto Balladares de la Piniella, también había interpuesto la tacha contra la solicitud de inscripción del partido A.N.T.A.U.R.O el pasado 1 de setiembre, alegando la “vulneración a lo establecido en el artículo 2 de la Ley N° 28094, Ley de Organizaciones Políticas”.

Entre sus argumentos, indicó que el partido del líder etnocacerista “es una agrupación política antidemocrática” y su fundador e ideólogo “es abiertamente contrario a la democracia representativa”.

Además, señaló que “la doctrina del partido reivindica la utilización del terror” y su líder político, Antauro Humala, “en diversas entrevistas de 2022 y 2023, anunció que va a desconocer la Constitución”. 

La tacha también mencionaba que el referido partido “tiene como modelo político un régimen dictatorial” y “propone la exclusión de ciudadanos en base a criterios étnicos”, entre otros argumentos.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) ha decidido archivar el proceso contra la ex fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, señalando entre sus argumentos que no cometió el delito de omisión de funciones al suspender las investigaciones que se le realizaban al entonces presidente de la República Pedro Castillo.

Como se recuerda, el pasado junio, el Congreso de la República decidió inhabilitar a Zoraida Ávalos por un plazo de 5 años, alegando que la alta funcionaria del Ministerio Público “incumplió las obligaciones inherentes de dicha institución de ejercer la acción penal, siendo precisamente la fiscal de la Nación la única funcionaria apta para investigar los presuntos delitos cometidos por los altos funcionarios”.

“De esa manera, a través de su conducta omisiva, Zoraida Ávalos Rivera habría contravenido lo establecido tanto en la Constitución Política del Perú, como en las normas infraconstitucionales que se han invocado en el acápite 3.1.2.1, así como las normas procesales que regulan lo concerniente a la investigación preliminar y su finalidad”, concluyó el Parlamento.

Es así que ayer 6 de diciembre, el juez Juan Carlos Checkley declaró fundada la excepción de improcedencia de acción impuesta contra Ávalos Rivera, “tipificado en el artículo 377°, primer párrafo del Código Penal, en consecuencia, sobreseer la causa en este extremo”.

Además, indicó que, si bien la ex fiscal de la Nación no abrió de manera inmediata la investigación preliminar en dos carpetas fiscales contra Castillo, no existe un plazo legal establecido para disponer diligencias preliminares.

“(La decisión recae sobre) el proceso seguido en su contra por el delito contra la administración pública, delitos cometidos por funcionarios públicos, modalidad omisión de actos funcionales tipificado en el artículo 377, primer párrafo del Código Penal, en consecuencia sobreseer la causa en este extremo y archívese definitivamente una vez sea consentida o ejecutoriada”, detalló el PJ.

Repercusiones. El ex presidente Alberto Fujimori recobró su libertad ayer por la tarde, pero su tan ansiada excarcelación estaría cubierta de distintos matices que empañan un debido proceso de liberación, pasando por el pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a el propio fuero nacional, más precisamente de algunos de los miembros del Tribunal Constitucional (TC) que han salido a denunciar públicamente que no se les consultó sobre el polémico fallo.

Nos referimos a los magistrados del TC Manuel Monteagudo y César Ochoa, quienes aseveraron en diferentes medios que ni siquiera se había anunciado que un tema como el de la liberación de un ex presidente se encontraba en la agenda del TC. Como se recuerda, ya causaba suspicacias que solo cuatro de los siete magistrados hayan participado de tan importante decisión. Los jueces que participaron en la votación fueron: Francisco Morales, Luz Pacheco y Gustavo Gutiérrez Ticse; también se incluye al tribuno Helder Dominguez Haro, quien presentó un voto singular.

El primero en anunciar su sorpresa por el intempestivo fallo del TC fue el juez Monteagudo, aseverando que a él nunca le llegó la notificación de que se tomaría una decisión al respecto.

“A mí me resulta tremendamente sorprendente, me siento profundamente triste por un procedimiento que no hemos sido informados a los miembros del Tribunal al momento de tomar esa decisión. Se ve en la resolución que he conocido hace poco que se pretende justificar el rechazo del juez, son ellos mismos los que deciden, dicho sea de paso no son cuatro magistrados sino tres. Creo que una decisión que desconoce resoluciones de la Corte Interamericana tenía que ser materia del pleno del TC”, declaró para el diario La República.

Por su parte, el magistrado César Ochoa Cardich afirmó que se enteró de la decisión del colegiado a través de los medios de comunicación.

Para el referido juez, el presidente del TC, Francisco Morales, debió convocar al pleno para definir si solo los cuatro tribunos podían definir la liberación del ex dictador.

Así, recordó que, según se establece en el artículo 10 del reglamento del TC, el colegiado requiere de un quórum de cinco miembros para resolver y adoptar acuerdos.

“En mi opinión debió convocarse al pleno con una agenda extraordinaria si le parecía necesario. Y ahí, con el quorum de cinco miembros, analizar el tema”, alegó.

Finalmente, Ochoa Cardich indicó que sus colegas magistrados actuaron con una “inusual celeridad” y un “hiperactivismo” para resolver el caso.

Jalada en conducta. La Junta Nacional de Justicia (JNJ) dispuso, por unanimidad, suspender provisionalmente de su cargo a la actual titular del Ministerio Público (MP), Patricia Benavides, esto en el marco del procedimiento disciplinario iniciado en contra de la fiscal de la Nación.

Según la institución, esta medida contra la titular del MP se da para asegurar el normal desarrollo del mismo para su resolución final.

“La JNJ actúa en estricto cumplimiento de la Constitución, su Ley Orgánica y su Reglamento de Procedimientos Disciplinarios, garantizado el debido proceso y cautelando el derecho de defensa de la investigación”, se lee en el pronunciamiento.

Como se recuerda, el Equipo Especial contra la Corrupción del Poder (Eficcop) inició el pasado lunes 27 de noviembre el operativo ‘Valquiria V’, en el cual se investiga a Patricia Benavides de ser la lideresa de una presunta organización criminal dentro del MP.

De esta manera, de acuerdo con la tesis fiscal, Benavides se encuentra dentro del marco del caso ‘La Fiscal y su cúpula de poder’. Esto se sustenta gracias a las pruebas ofrecidas por el ex asesor de la fiscal de la Nación, Jaime Villanueva, el cual confirmó la autenticidad de las conversaciones entre él y diversos congresistas para ‘vender’ su voto a favor de la destitución de la ex fiscal Zoraida Ávalos, así como la remoción de los titulares de la JNJ, o la designación del defensor del Pueblo.

Pablo Sánchez Velarde reemplazará a Benavides como fiscal de la Nación

En tanto, el fiscal supremo titular Pablo Sánchez Velarde asumirá interinamente la Fiscalía de la Nación desde este jueves 7 de diciembre, tras la suspensión de Patricia Benavides.

Sánchez Velarde cumplirá dicha labor en su condición de fiscal supremo titular más antiguo en ser nombrado como tal. Sánchez ya había asumido la titularidad del Ministerio Público en anteriores ocasiones. Primero, como fiscal de la Nación electo y luego también interinamente tras la caída de Pedro Chávarry.

Esta mañana deberá pedirle a la suspendida fiscal Benavides la entrega del cargo y de toda la documentación que corresponda. Sánchez permanecerá en dicho puesto hasta que se cumplan los 6 meses de suspensión, o hasta que la JNJ tome una decisión definitiva en el proceso disciplinario contra Benavides.