El abogado especialista en delitos de corrupción, Eduardo Herrera Velarde, se pronunció sobre el caso Shirley Hopkins, quien fue contratada en el Ministerio de Cultura presuntamente por mantener una relación sentimental con el ministro Fabricio Valencia. La locadora de servicio fue beneficiada con varios órdenes de servicio de 30 mil soles sin contar con título universitario.

Sobre el caso el abogado mencionó: «Lo que está detrás —y siempre lo he dicho— es que la corrupción no es un problema en sí, es el síntoma de algo más profundo que no queremos regular: una idea equivocada del poder. En el Perú, hay autoridades que se comportan como reyes absolutistas. Piensan que los fondos públicos son de su propiedad y se rodean de favoritas, argollas y bufones, repartiendo el dinero del Estado como si fuera su botín. No es casual que uno de los delitos más comunes en el país sea el peculado, que consiste justamente en apropiarse de los bienes que uno administra. Esto evidencia que estamos eligiendo mal y que nuestra democracia se ha convertido en una cleptocracia. Al final, pareciera que todos debemos resignarnos y adaptarnos”.

Además, sobre la señora Shirley Hopkins agregó: “Primero, habría que agradecerle —con ironía— la deferencia de haber renunciado. Pero si no fuera por la prensa, esto nunca habría salido a la luz. ¿Cuántos casos más estarán ocurriendo en este mismo momento en otros ministerios y entidades? Y ojo, aquí no se trata de pedir perdón o de arrepentirse. El delito ya se consumó. Hubo un favoritismo evidente, aunque no se haya generado un perjuicio económico directo. Lo grave es que seguimos en un ciclo: la prensa denuncia, la Fiscalía abre investigación, el Congreso cita, hay un allanamiento vistoso… y al final, no pasa nada. El proceso se archiva. ¿Cuál es la lección que queda? La impunidad. Este es un país sostenidamente impune frente a la corrupción”.

Si la Fiscalía comprueba la presunta relación sentimental entre el ministro y la locadora

“Estaríamos ante un posible delito de tráfico de influencias. Todo indicaría que se otorgó una contratación a alguien sin las calificaciones necesarias, con un cargo rimbombante para justificar un favor. El Estado se vuelve una oficina de ‘cajoneo’, donde se reparten títulos para ganar dinero fácil. Si se confirma el vínculo sentimental, más allá de la falta ética, el ministro tendría que asumir su responsabilidad y poner su cargo a disposición. Sería una nueva edición del ‘ministro del amor’”.

Sobre el presunto uso del vehículo oficial

“Sí, eso se conoce como peculado de uso. Aunque no tiene una pena muy grave —menos de cuatro años— el problema de fondo es otro: ¿qué estamos haciendo con el poder? No puede ser que se usen vehículos oficiales, con escolta incluida, para asuntos personales. Es irritante para cualquier ciudadano. Nos recuerda que en este país no importa cuánto te esfuerces o si cumples la ley: siempre habrá alguien por encima de ti, alguien con corona, como en una monarquía decadente”.

Aquí la entrevista completa en el podcast de Lima Gris

El Ministerio Público solicitó al Congreso reconsiderar su decisión de archivar la denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte Zegarra por el escándalo del caso Rolex, denunciando graves irregularidades en el proceso legislativo.

Según la Fiscalía, el Parlamento cometió “graves vicios procesales” al declarar improcedente la acusación por presunto cohecho pasivo impropio. Boluarte habría recibido joyas, incluidos tres relojes Rolex, del gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, a cambio de favores políticos y asignación de millonarias partidas presupuestales para su región.

En su pedido, el Ministerio Público solicitó que se declare nulo todo lo actuado en el Congreso y que se suspenda el proceso hasta que cese la ‘inmunidad presidencial’ que protege por el momento a Boluarte Zegarra y que está establecida en el controversial artículo 117° de la Constitución. “Solo así se podrá garantizar una actuación parlamentaria ajustada a Derecho”, afirmó la Fiscalía.

La crítica más severa recae sobre el momento en que se invocó dicho artículo constitucional. La Fiscalía calificó de “jurídicamente insostenible” que se haya recurrido al artículo 117° solo al final del procedimiento, cuando la denuncia ya había superado varias etapas en el Parlamento y nunca se objetó su tramitación.

“El Congreso no puede aplicar el artículo 117° según conveniencia política. Si realmente era un impedimento, el proceso debió suspenderse desde el inicio. Lo contrario configura un doble estándar y promueve la impunidad”, advirtió el Ministerio Público.

La Fiscalía ya había alertado de esta inconsistencia el pasado 18 de marzo, pero su observación fue ignorada por el Legislativo.

Congresistas blindadores

Los parlamentarios que integran la Comisión Permanente que votaron a favor del archivamiento de la denuncia constitucional contra Dina Boluarte por el ‘caso Rolex’, son:

Por Fuerza Popular: Patricia Juárez, Martha Moyano, Alejandro Aguinaga, Arturo Alegría, Héctor Ventura y César Revilla.

Por Alianza para el Progreso (APP): Alejandro Soto, María Acuña Peralta y Lady Camones.

Por Acción Popular: Silvia Monteza y Wilson Soto.

Por Somos Perú: José Jerí y Héctor Valer.

Y por Honor y Democracia: José Cueto Aservi.

Casi de manera diaria una mujer acude a la comisaría a denunciar que fue víctima de violencia, sea de manera física, psicológica o verbal, siendo muchas veces ignorada por las propias autoridades de impartir justicia. Es así que más adelante puede ocurrir un crimen por feminicidio que bien pudo atenderse en el momento adecuado. Los casos en el Perú son espeluznantes y los perpetradores muchas veces son personas cercanas a la víctima.

Para ello, el Congreso de la República aprobó hoy la modificación de la Ley 30364, que busca fortalecer las acciones para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Un aspecto a recalcar es que esta en esta Ley se otorgará un 10 % de la programación de los medios de comunicación destinado a una “franja educativa”, la misma que buscará sensibilizar e informar a la población.

A detalle con la “franja educativa”

En la modificatoria del artículo 46 de la Ley 30364, se detalla que los medios de comunicación televisivos, radiales, escritos, y de otras modalidades públicas o privadas, se encuentran comprometidos a destinar el 10 % de su programación o “parrilla” para que las instituciones educativas del Estado articuladas en el Sistema Nacional para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar, puedan difundir contenido dirigido a toda la población para generar conciencia sobre cuando ocurre un caso de violencia familiar.

La congresista Mery Infantes, promotora de la modificación, destacó la importancia de utilizar los medios de comunicación como herramientas de cambio social, asegurando que, lejos de implicar una carga financiera, los medios de comunicación podrán beneficiarse mediante una reducción del canon por el uso del espectro radioeléctrico y electromagnético.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, Ilich López, enfatizó que el acceso gratuito a la franja educativa no es una novedad, sino una aclaración de lo ya estipulado en las normas previas. Según el legislador, el enfoque del 10 % en contenidos que condenan la violencia de género es una reafirmación del compromiso de la ley original, donde la autonomía de los medios se mantiene intacta en lo que respecta a la elección de su contenido.

El dato:

El Poder Ejecutivo tiene un plazo de 30 días para adecuar el reglamento y el texto único ordenado de la Ley 30364.

¡Casi se le salen los puntos de la cara! Tras la revelación en el dominical Panorama que la jefa de Estado, Dina Boluarte, habría solicitado que se le aumente el sueldo, furibunda fue su reacción cuando su asesora técnica, Carmen Giordano, le comunicó las malas nuevas, tanto es así que se escuchó un grito estridente, al mismo estilo que María Antonieta, reclamando “rodar las cabezas” de los responsables de filtrar tal información.

Cuenta la jefa de investigaciones del citado dominical, Karla Ramírez, que la chalhuanquina estalló en ira al enterarse que su solicitud para aumentarse el sueldo había salido a la luz, algo que ella prefería mantener bajo siete llaves hasta que se oficialice.

«El día 5 de mayo, cuando publicamos a través de las redes de Panorama y en 24 Horas el informe del Ministerio de Economía dando cuenta de la aprobación del aumento de sueldo, la señora Carmen Giordano […] su mano derecha y mujer de total confianza, corre hacia ella con el celular mostrándole la noticia», afirmó la periodista para Exitosa.

De acuerdo a las fuentes palaciegas de Ramírez, a Boluarte le tuvieron que alcanzar agua de azahar para tranquilizarla, y es que su solicitud estaba a un paso de debatirse en el Consejo de Ministros. Lamentablemente, ese informe periodístico terminó por arruinarle sus planes.

«Ese miércoles, 7 de mayo, se iba ya a aprobar en Consejo de Ministros, pero la noticia un poco que aguó la fiesta porque ya la gente reclamó y se hizo el escándalo que todos sabemos», expresó.

Boluarte quería “rastrear” al responsable de la filtración

Añade la periodista que Boluarte Zegarra se comunicó inmediatamente con su entonces premier Gustavo Adrianzén, exhortándole que se haga un rastreo digital para localizar al funcionario que tuvo acceso al documento del Ministerio de Economía.

«Ella en el enojo, entre el griterío, hace caer la taza. La taza se rompe, cae al piso y ella pide que llamen al premier, en ese momento Gustavo Adrianzén, y le dice textualmente, según nuestras fuentes y testigos de la escena, que rueden las cabezas de todos, que haya un rastreo digital de todos los funcionarios públicos que hayan tenido acceso al documento del Ministerio de Economía«, añadió.

Coincidentemente, una semana después, el titular del Ministerio de Economía, José Salardi, estaba siendo reemplazo, pese a que muchos gremios empresariales calificaban su desempeño de manera positiva. ¿Habrá alcanzado la furia de Boluarte hasta Salardi? En tanto, ni corta ni perezosa, la mandataria no tardó en responder estas acusaciones.

El ministro de Cultura, Fabricio Valencia Gibaja, negó tener una relación sentimental con Shirley Hopkins, la locadora de servicios mejor remunerada del Ministerio de Cultura en lo que va de su gestión. La polémica crece tras revelarse que Hopkins habría recibido múltiples órdenes de servicio por montos significativos, algunas de ellas firmadas durante la gestión de Valencia.

Desde Cusco, en declaraciones brindadas al periodista Néstor Larico de Nueva TV, el titular del Mincul intentó justificar las contrataciones. “Lo que hay que precisar es lo siguiente. Primero, hay que tener en cuenta el buen uso del recurso público. El monto exacto no supera los 100 mil soles”, afirmó, antes de aclarar que Hopkins no ocupó un cargo de confianza, sino que fue contratada bajo la modalidad de orden de servicio. “Las dos primeras órdenes fueron emitidas antes de que asuma como ministro”, añadió. Sin embargo, reconoció que hubo otras dos posteriores, aunque aseguró no haber tenido “ninguna participación” en dichas contrataciones.

Sobre el manejo de esos procesos, Valencia deslindó responsabilidades. “Yo no propongo montos, ni tiempos, ni absolutamente nada. La Fiscalía ya ha intervenido y se le brindará todas las facilidades. Esta servidora ya presentó su carta de desistimiento y dejó de prestar servicios al ministerio”.

Consultado directamente sobre su presunta relación sentimental con Hopkins, el ministro respondió: “Pueden especular una serie de cuestiones. Lo que nos importa es el manejo del recurso público. Si la pregunta es si tengo una relación sentimental con ella, la respuesta es no. No he tenido ningún tipo de relación sentimental con ella”.

Pese a sus declaraciones, la Fiscalía Anticorrupción ha iniciado una investigación preliminar para determinar si existió tráfico de influencias o algún tipo de favorecimiento indebido. En paralelo, la Comisión de Fiscalización del Congreso ha anunciado que citará al ministro para que rinda cuentas sobre los contratos otorgados a Hopkins y la presunta utilización de un vehículo oficial para fines personales, otro aspecto que forma parte del expediente fiscal.

El caso reaviva el debate sobre el uso discrecional de las órdenes de servicio en el sector público y los riesgos de que estas se conviertan en una vía opaca para beneficiar a allegados o personas cercanas a altos funcionarios.

Aquí las declaraciones del ministro esta mañana.

Los perros ladran, y no es precisamente porque se esté avanzando. Una guerra intestina viene ocurriendo dentro del partido Progresemos luego que su rostro más visible, el economista Hernando de Soto, anunciara que no se vienen respetando los acuerdos firmados con el presidente de dicho movimiento político, Paul Jaimes, calificando la situación de “engaño y demagogia” al pretender incluir en el partido a sujetos con procesos judiciales abiertos.

“Han salido personas que han estado en la cárcel, que deberían estar en la cárcel, personas acusadas de atracar bancos, de apuñalar a sus parientes”, indicó.

Ante ello, el economista de 83 años adelantó que de no cumplir hasta el fin de semana con los acuerdos firmados en julio del año pasado declinaría de su postulación presidencial.

Asimismo, el también excandidato presidencial indicó que busca tomar control del partido a través de delegados regionales “que realmente hayan sido elegidos como candidatos y no impuestos por el círculo íntimo que actualmente controla la agrupación”.

Menciona de Soto, que en el primer punto del “Acuerdo Político”, se establecía que él sería el candidato presidencial. El segundo, que presidiría la Comisión Política para la campaña hasta junio de 2026, con la facultad de modificar el estatuto del partido antes del 27 de este mes —plazo que vence hoy—, en cumplimiento con la ley electoral, que permite cambios solo hasta el 11 de junio. Esta reforma sería clave para inscribir a los precandidatos a alcaldías y gobernaciones regionales, y candidatos al Congreso.

Por su parte, en declaraciones para Perú21, Jaimes respondió que el “Acuerdo Político” estaba sujeto a modificaciones para adecuarse a la normativa electoral, y que De Soto estaba al tanto de todo eso. La Ley dice que los candidatos se eligen en elecciones internas, no a dedo, como él pretendía, sostuvo el presidente de Progresemos.

Es más, de Soto asegura que distintas personas se han acercado a él para reclamar compromisos pendientes luego de haber entregado importantes sumas de dinero.

“Gente ha venido y ha pedido cita conmigo y me dicen: ‘yo he contribuido con 40 mil dólares, 50 mil dólares, tres oficinas, y hasta ahora no me dicen lo que tengo que hacer’”.

La ‘jauría’ ladra dentro de Progresemos y tal parece que el primero en dar marcha atrás será de Soto, quien a sus 83 años verá cómo se deslizan una vez más sus aspiraciones presidenciales.

Si en la actualidad existen congresistas que se muestran abiertamente a favor de la renovación del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) no es de manera gratuita, ya que durante toda su vida jamás han tenido un contacto sumamente cercano con los mineros informales; y es que lo que verdaderamente les estaría motivando a votar a favor de la extensión de un programa notablemente fallido no es precisamente el afecto o entendimiento pleno que tienen sobre esa problemática, sino los miles de dólares que podrían recibir de parte de ellos. No es amor al chancho, sino a los chicharrones, dirían algunos.

Es tanto el dinero que se mueve en la minería ilegal que esto representa alrededor de S/23 mil millones en pérdidas para el país solo en el año 2022, monto equivalente al 2.5 % del Producto Bruto Interno (PBI), según datos de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE). Esa cifra sigue en aumento con el transcurso de los años y el año pasado eso representó el 2.8 % del PBI. Lo peor de todo eso es que resulta imparable debido a una deficiente respuesta del Gobierno Central.

Pero, ¿en qué momento hablamos de minería ilegal? La socióloga e investigadora Zaraí Toledo, experta en minería ilegal, explica en el paper “Legal, or Illegal? Varieties of Artisanal Mining in the Global South”, publicado en la prestigiosa revista World Politics en el año 2024, algunas diferenciaciones que nos permitan reconocerla.

• Minería informal: el Estado no la regula, ni recibe protección de este, y tampoco paga impuestos.
• Minería ilegal: es aquella que se realiza en zonas prohibidas, como una reserva natural, y se asocia a una violación extensiva de reglas y prácticas delictivas y criminales.
• Minería artesanal: se realiza con instrumentos rústicos o semimecánicos.

La minería ilegal y la política, su influencia a futuro

Un reciente estudio de campo de IPSOS arrojó una cifra preocupante, pero que para varios conocedores del tema es solo una confirmación del problema: 71 % de los encuestados respondió que la minería ilegal va a financiar la próxima campaña electoral. De corroborarse, daría pie a que los futuros diputados y senadores inclinen sus votos a para regulaciones más favorables a los mineros ilegales, ya sea modificando zonas que en la actualidad son consideradas como santuarios ecológicos, protección legal, impunidad, etc.

De esta manera, 7 de cada 10 peruanos considera que el dinero proveniente de la minería ilegal servirá para el pago de los afiches, los viajes al interior del país, el pago para los músicos, fuegos artificiales, enormes estrados, banderolas, polos y demás pagos relacionados a una campaña electoral.

Mineros llaman a la puerta del Congreso

El problema resulta sumamente complejo, pues muchos de los mineros ilegales se camuflan como mineros informales para realizar la ilícita extracción del oro, que a propósito se estima que para fines del 2025 su valor llegue a los 3,700 dólares por onza.

Recientemente, se conoció que 168 mineros informales de Pataz, inscritos al REINFO, figuran como militantes del partido político Alianza para el Progreso (APP), liderado por César Acuña, quien en la actualidad es el gobernador regional de La Libertad, región donde se encuentra Pataz. ¿Coincidencia?

Asimismo, el año pasado, entre enero y mayo, periodo donde se debatía la extensión del REINFO, se registró al menos 158 veces la visita de dirigentes relacionados a la minería informal.

El Perú es minero por naturaleza y el negocio del oro es sumamente lucrativo para muchos; además, da trabajo de manera directa e indirecta a millones de peruanos que conscientes o no de ese ilícito trabajo, prefieren guardar silencio luego de recibir en sus manos un considerable sueldo. Total, ellos solo son una pieza de un terrible engranaje de una maquinaria que busca más y más poder, arrasando con todo lo que encuentre a su paso.

Con las ‘lunas’ bien limpias. El mejor amigo de los mineros informales y el REINFO, aquel que cobija a ‘perro, pericote y gato’ dentro de su bancada congresal, el de la universidad con fachada ‘bamba’, sí, estamos hablando del congresista José Luna Gálvez, el mismo que fuera suspendido por 5 años por presuntamente recibir dinero de Vladimiro Montesinos, el siniestro asesor de Alberto Fujimori.

Detrás de Fuerza Popular y Alianza para el Progreso, la bancada de Podemos es una de las peores en el Congreso de la República, reciclando a cualquier parlamentario sin importarle sus antecedentes ni investigaciones fiscales. Total, son tal para cual.

Huancavelicano de nacimiento, Luna Gálvez siempre ha tenido la intención de convertirse en presidente de la República, aburrido tal vez de siempre ser electo como legislador a través de distintos partidos (Solidaridad Nacional, Alianza Unidad Nacional, Unidad Nacional, Alianza Solidaridad Nacional, Podemos Perú).

Su abogado Miguel Ángel Soria (ex viceministro de Justicia y aspirante a defensor del Pueblo) presentó el pasado 20 de enero un recurso de habeas corpus para anular tres investigaciones vinculadas a los presuntos delitos de lavado de activos, sobornos y organización criminal. El encargado de aprobarlo fue el juez Juan Carlos Núñez Matos.

Es en esa línea que el juez correspondiente al Primer Juzgado Constitucional de Lima declara no solo declara fundado el recurso a favor del legislador, sino que dispone la nulidad de las investigaciones y “ordena a los fiscales demandados abstenerse de investigar al beneficiario José León Luna Gálvez, sin antes cumplir con lo establecido en el Artículo 99° de la Constitución Política”.

Es así que cuatro días después, en tiempo récord, el magistrado admitió la demanda y el pasado 24 de abril procede con anularlas.

Luna Gálvez era acusado de haber transferido S/180 mil a la cuenta del fallecido alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, entre los años 2013 – 2015, en su calidad de dueño de la Universidad Telesup. El dinero habría provenido de la trama de corrupción del Caso Lavajato.

Asimismo, se le investigó por haber transferido de Telesup S/ 912 mil a Iván Noguera Ramos, cuando fue miembro del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). Noguera fue parte de la red ‘Los Cuellos Blancos’.

Además, Luna Gálvez era investigado por haber sobornado a miembros del CNM para elegir al jefe de la ONPE para que lo favorezca en elecciones.

Por su parte, el Ministerio Público ya ha anunciado que presentará una apelación al fallo del juez Núñez Matos; será la Segunda Sala Constitucional de la Corte Superior de Lima quien determine si revoca o no el fallo.