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Política

Así fue la ‘chacra’ de Agustín Lozano

Presidente de la FPF y personas de su entorno enfrentan investigación por ‘organización criminal’. Y es que el exalcalde de Chongoyape inventó acuerdos comerciales para favorecer a compañías, realizó designaciones ilegales, modificó reglamentos internos, creó licitaciones direccionadas, encubrió a Edwin Oviedo, contrató abogados con dinero de la FPF, cedió habitaciones de la Videna a trabajadores afines a él y condonó deudas a clubes deportivos, causando así un millonario perjuicio económico a la institución.

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El detenido Agustín Lozano Saavedra es investigado por los presuntos delitos de fraude en la administración, corrupción y lavado de activos, debido al supuesto uso indebido de los recursos de la Federación Peruana de Fútbol.

Como se sabe, la semana pasada, desde tempranas horas de la mañana del jueves 7 de noviembre, agentes del Ministerio Público, con apoyo de la Policía, allanaron 17 inmuebles en Lima, Tumbes, Piura, Chiclayo, Chachapoyas y Huánuco, y procedieron con la detención preliminar por 15 días del presidente de la FPF, Agustín Lozano Saavedra, así como de otras 7 personas. La orden de detención preliminar recaía en total sobre 12 personas vinculadas a la presunta organización criminal ‘Los Galácticos’.

Durante las diligencias también se detuvo, además de Agustín Lozano, a Gisella Karen Mandriotti, presidenta del club Academia Cantolao; Sabrina Martin Zamalloa, secretaria de la FPF; Jean Marcel Robilliard, exsecretario de la FPF; Genaro Humberto Miñán Armanza, presidente de la Liga de Tumbes; Joel Raffo Olcese, presidente del Sporting Cristal; Norma Rosa Alva Vidal, operadora de venta de entradas y Fredi Climaco Salazar Rondinel, contador de la FPF.

Según el Auto de allanamiento de inmuebles, levantamiento del secreto de las comunicaciones y detención preliminar, y a lo solicitado por el Ministerio Público en relación a los 13  investigados, se cumplieron con los presupuestos procesales fijados en el Código Procesal Penal, en el sentido que se hallaron sufrientes elementos de convicción, al considerar que todos los investigados estarían incursos en los delitos que se les imputa; y porque el pronostico de pena supera a los cuatro años de cárcel.

Agustín Lozano, líder de una ‘organización criminal’

En ese sentido, al imputado Agustín Lozano Saavedra, se le vincula por ser presunto autor del delito de organización criminal, al constituir desde el 7 de diciembre del 2018 hasta la actualidad, la presunta organización criminal enquistada en la Federación Peruana de Fútbol (FPF), la que estaría conformada por 21 personas. No obstante, Lozano Saavedra, preside la Junta directiva del 2019-2021, y 2022-2025, con quienes habrían instrumentalizado sus cargos para incurrir en delitos de Fraude a la Administración de Personas Jurídicas, corrupción en el ámbito privado, así como coacción y lavado de activos.

Asimismo, Lozano instruyó al secretario general de la junta directiva de la FPF para que implementen y ejecuten acuerdos de directorio, sobre otros acuerdos comerciales, como el caso del contrato con ‘1190 Sports’ (compañía que gestiona y comercializa derechos deportivos), donde surgió un conflicto de intereses que vulneró los estatutos de la FPF y la norma de Conmebol y FIFA.

Además, se le atribuye el encargo de proponer a la Junta Directiva para nombrar personal de su confianza en cargos estratégicos dentro de la FPF, con el propósito de consumar su acto criminal, al proponer al directorio las designaciones del secretario general, jefes de finanzas y contabilidad, y a otros miembros, como la comisión de derechos de televisión. Asimismo, habría creado de manera ilegal la “dirección de competiciones” y a los integrantes de la “comisión de organización de competiciones”, con el objetivo de modificar el reglamento interno de la Liga 1 2023, creando sanciones graves a los clubes que se oponían al contrato entre la FPF y ‘1190 Sports’.

Asimismo, habría dirigido la realización de la licitación pública de derechos de televisión de la Liga 1, creando así un conflicto de intereses para favorecer a la empresa ‘1190 Sports’. Además, se le atribuye haber suscrito, en conjunto con el secretario general de la FPF, Jean Marcel Robilliard Ibárcena, el contrato con ‘1190 Sports’, pese a que sabía que existía un conflicto de intereses. En esa línea, su autoría y participación se encuentra acreditada en la mayoría de hechos delictivos atribuidos a la organización criminal, en la cual sería el líder.

FPF realizó licitación para favorecer a la compañía ‘1190 Sports’.

Asimismo, habría encubierto a Edwin Oviedo Picchotito (quien fue presidente de la FPF 2014-2018) y demás funcionarios de la FPF, omitiendo denunciar los hechos, causándole un perjuicio económico a la FPF. Dicho encubrimiento se realizó a los diversos hechos de fraude en la gestión de Oviedo Picchotito, Juan Matute (secretario general), y donde Lozano Saavedra, en dicha época cumplía el cargo de vicepresidente de la FPF.  

Agustín Lozano encubrió al expresidente de la FPF, hoy preso Edwin Oviedo.

Utilizó indebidamente dinero de la FPF para contratar abogados para sus investigaciones

A Agustín Lozano Saavedra se le atribuye haber propuesto y aprobado el 21 de septiembre de 2020 la contratación de abogados para que ejerzan la defensa en la investigación preliminar, seguida por la Segunda Fiscalía Supranacional Corporativa contra la Junta Directiva y los que resulten responsables por el delito de lavado de activos. Contratación que causó un perjuicio económico a la Federación, ya que ésta no iba a recibir ninguna contraprestación a cambio, sino, todo lo contrario.

Honorarios de abogados con dinero de la FPF.

Asimismo, se hizo uso indebido de las instalaciones de la FPF en provecho de personal no calificado como deportista. En ese sentido, Lozano Saavedra avaló y permitió que las instalaciones de la FPF sean utilizadas por personas que no eran deportistas calificados, y en desmedro de las normas que establecen dicha exclusividad, concretamente se utilizaron las habitaciones N° 2, 7, 9, 11, 18, 20, y 28 en provecho de los trabajadores de la FPF, Jorge Andrés Guillén Ochoa, Franklin Félix Chávez García, Edgar Danilo Santos Oyola, Diana Carolina Aguilar Guevara, Manuel, Federico Barrantes Diaz y Víctor Manuel Lossio Diaz, para que vivieran allí.

Lozano compró la deuda de clubes de futbol con la SAFAP

Asimismo, el 23 de diciembre del 2020 el presidente de la FPF Agustín Lozano propuso y aprobó comprar las deudas de los clubes de futbol con la Agremiación de Futbolistas Profesionales del Perú (SAFAP) para que los clubes logren su saneamiento y estabilidad económica. En tal sentido, se le imputa haber comprado las deudas a los Clubes de la Liga 1 y Liga 2, fondos que no retornaron a las arcas de la Federación Peruana de Futbol, afectando así a la institución, que es una Asociación Civil sin fines de lucro. 

Lozano compró deudas de clubes de futbol con la SAFAP.

Lozano Saavedra también otorgó un apoyo económico de entre S/3 mil a S/5 mil para los gastos personales del presidente de la Liga Departamental de Futbol de Piura, Hugo Vizcardo Herrera. Esto fue el 10 de marzo de 2021.

Además, en sesión de directorio del 8 de febrero de 2021, Lozano Saavedra acordó condonar la deuda que solicitó el club Ayacucho FC/ AYAC, de fecha 15 de agosto de 2024, representado por su presidente, Rolando Bellido Aedo. En tal sentido, de los US$150 mil otorgados por la FPF, al club Ayacucho FC, US$54 mil fueron en calidad de préstamo, pero el club solo habría cumplido con el pago de 3 cuotas por un total de US$20 mil 250, habiéndose condonado al club en mención, un monto de US$33, 750.

La FPF le condonó deuda de US$33,750 al club Ayacucho.

Lozano también ordenó transferir una camioneta a favor de la Liga Departamental de Amazonas. Esto fue el 27 de abril de 2021, tras aprobar la transferencia en compraventa por el monto de US$8 mil del vehículo marca Hyundai modelo Santa Fe, año 2013, de placa N° F3L-517, a favor de la Liga Departamental de Futbol de Amazonas.  Es decir, la FPF otorgó un bien patrimonial de la institución, en provecho de una persona jurídica.

Lozano indemnizó con US$250 mil al Club ‘Carlos Stein’

Asimismo, en su calidad de presidente de la FPF, se la tribuye a Agustín Lozano Saavedra, haber propuesto y aprobado la entrega de US$250 mil al “Club Carlos Stein”, por concepto de indemnización. Dicha suma correspondía al 50% del monto propuesto por el club en mención.  

Indemnizaron con US$250 mil al Club ‘Carlos Stein’.

PJ determinó que detención preliminar contra 12 personas es de ‘carácter de urgencia’

En este caso, las medidas de detención preliminar judicial de los investigados, el allanamiento de 17 inmuebles y el levantamiento del secreto de las comunicaciones e incautación de 6 inmuebles, resultan ser de estricta necesidad y urgencia; porque llevar adelante esta investigación sin adoptar dichas medidas puede alertar a estas personas, sea para fugar del país, o pasar a la clandestinidad y por ende llevar al fracaso a la indagación y no esclarecer los hechos que se imputan, e incluso, con la probabilidad de que obstaculicen la actividad probatoria.  

Es por estas consideraciones, que el juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, Richard Concepción Carhuancho resolvió declarar fundado el requerimiento que presentó el Ministerio Público, sobre la detención preliminar judicial hasta por el plazo de 15 días naturales, de los trece investigados, Agustín Lozano Saavedra, Joel Raffo Olcese, José Carlos Isla Montaño, Genaro Humberto Miñan Armanza, Gisella Karen Mandriotti Nightingale, Fredy Climaco Salazar Rondinel, Susan Cinthia Cochon Baldarrago, Sabrina Gisella Martín Zamalloa, Jean Marcel Robilliard Ibárcena, Óscar Chiri Gutiérrez, Franklin Aly Chuquizuta Alvarado, Juan Francisco Quispe Cáceres, Norma Rosa Alva Vidal.

Todos los detenidos son investigados por los presuntos delitos de fraude, corrupción, lavado de activos y por el supuesto uso indebido de los recursos de la Federación Peruana de Futbol (FPF), favoreciendo indebidamente a algunos clubes peruanos, así como a empresas que comercializan derechos de trasmisión y por la reventa de entradas durante el repechaje al Mundial Qatar 2022. No cabe duda que Agustín Lozano tendrá mucho qué responder a la justicia peruana y además deberá explicar cómo es posible que haya utilizado a la FPF, como si fuera su “chacra”. 

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Política

Carlos Álvarez rumbo a Palacio: ¿Con qué personajes se rodea el cómico que quiere ser presidente?

El denominado outsider televisivo que se presenta como ajeno a la corrupción, ha vinculado su candidatura a un partido liderado por figuras seriamente cuestionadas. Su silencio frente al juicio por presunta corrupción que enfrenta Vladimir Meza, pone en entredicho la coherencia y transparencia de su discurso.

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En un contexto donde la ciudadanía exige cada vez más integridad y rendición de cuentas, resulta fundamental que quienes aspiran a la presidencia de la República lo hagan desde una posición ética incuestionable. En ese escenario, el comediante y actual precandidato presidencial Carlos Álvarez ha irrumpido en la arena política bajo el lema de ser una opción “limpia” frente a la corrupción, una propuesta que, a simple vista, puede resultar atractiva para un electorado harto de escándalos.

Sin embargo, detrás de esta promesa de renovación política emergen cuestionamientos relevantes sobre el entorno que acompaña a Álvarez en su intento por llegar a Palacio de Gobierno. En los últimos meses, el precandidato ha sido visto públicamente junto a figuras que arrastran serios cuestionamientos legales y éticos, lo que obliga a preguntarse con franqueza: ¿puede alguien liderar una cruzada contra la corrupción rodeado de personajes que enfrentan acusaciones por prácticas de presunta corrupción?

Uno de los nombres que genera mayor preocupación es el de Vladimir Meza Villarreal, actual presidente del partido ‘País Para Todos’, agrupación que respalda la candidatura de Álvarez. Meza actualmente enfrenta un juicio oral por el presunto delito de colusión agravada, relacionado con su gestión como alcalde provincial de Huaraz (2011-2014), en el denominado caso ‘Consorcio Huaraz’. La Fiscalía ha solicitado diez años de prisión. A ello se suma una sentencia previa por violencia familiar, emitida en 2015, así como investigaciones en curso por presunto lavado de activos y corrupción durante su paso por la administración pública.

Vladimir Meza, presidente del partido ‘País Para Todos’.

La cercanía de Carlos Álvarez con Vladimir Meza no ha sido aclarada públicamente, pese a que este último dirige la organización política con la que postula. Álvarez ha optado por mantener silencio ante las investigaciones que rodean a su principal aliado político, una actitud que resulta poco coherente con su discurso de frontal oposición a la corrupción.

Pero Meza no es el único personaje en la órbita del precandidato que genera controversia. Otra figura que ha cobrado protagonismo dentro del partido ‘País Para Todos’ es Delsy Yesely Romero Álvarez, Secretaria General Nacional de la agrupación política y empresaria del sector construcción. Según diversas fuentes, Romero estaría siendo investigada por presunto tráfico de influencias y habría sido vinculada a un entramado de conflictos de interés con la Municipalidad de San Marcos, en la región Áncash.

Delsy Yesely Romero, forma parte de la cúpula del partido ‘País Para Todos’.

Romero, exfuncionaria edil, habría aprovechado su cercanía con Meza para beneficiarse de información privilegiada y asegurar contratos de obra pública a favor de empresas vinculadas a su entorno familiar y personal. Las pesquisas apuntan a que su empresa, ‘Inversiones Generales Dyra E.I.R.L.’, así como consorcios relacionados con su pareja, Raúl Rodolfo Domínguez Ramírez, habrían obtenido adjudicaciones por millones de soles a través de licitaciones en distintas municipalidades del país.

Inversiones Generales DYRA, empresa de Delsy Yesely Romero Álvarez. Fuente: Sunat.

Constructora C y R SAC, empresa de Raúl Rodolfo Domínguez. Fuente: Sunat.

Por ejemplo, en enero de 2021, el ‘Consorcio Fraguapampa’ —integrado por la empresa de Delsy Romero y la constructora de Domínguez Ramírez— recibió una adjudicación por más de 4.5 millones de soles por parte de la Municipalidad de San Marcos para la ejecución de una obra cultural denominada: “Mejoramiento de los servicios de difusión de actividades artísticas y culturales”.

Municipalidad de San Marcos otorgó contrato millonario a consorcio de Domínguez Ramírez y Delsy Romero.

Las empresas involucradas, además de compartir vínculos personales, tienen domicilio fiscal en la misma dirección en San Martín de Porres, lo que refuerza las sospechas de una estructura empresarial familiar dedicada a captar recursos públicos.

Raúl Rodolfo Domínguez Ramírez, pareja de Delsy Romero.

No se trata de un caso aislado. En mayo de 2024, la Municipalidad del Rímac otorgó al ‘Consorcio San Cristóbal’ —compuesto por las empresas de Domínguez Ramírez (C y R S.A.C) y un socio con domicilio legal compartido (Constructora y Consultores GSA S.A.C)— un contrato por casi 900 mil soles (S/ 889,890.44 exactamente) para la mejora de una losa deportiva. Las repeticiones en el patrón de adjudicación, los vínculos personales y la cercanía política con la dirigencia del partido hacen que el asunto no pueda ser simplemente ignorado.

Municipio del Rímac otorgó al consorcio de Domínguez Ramírez un contrato por casi S/900 mil.

Además, otras figuras del entorno de Delsy Romero, como Benancio Fidel Espinoza Saavedra —quien también ha sido presentado como parte del equipo de Carlos Álvarez—, tienen un historial de investigaciones fiscales. A pesar de estas circunstancias, el precandidato comediante aún no ha respondido con claridad sobre los criterios con los que elige a sus colaboradores y dirigentes de confianza.

Abogado Benancio Fidel Espinoza Saavedra sería parte del equipo de Carlos Álvarez.

Más allá de las personas, lo que parece emerger es una red preexistente de poder con origen en la gestión edil de San Marcos, trasladada ahora al partido político ‘País Para Todos’, donde Delsy Romero tendría una influencia decisiva. Fuentes cercanas al movimiento señalan que ella controla la toma de decisiones, la selección de candidatos y las negociaciones locales. Esta centralización del poder dentro del partido, sumada a los antecedentes descritos, compromete severamente la credibilidad del proyecto político que pretende liderar Carlos Álvarez.

Relación de contratos de Inversiones Generales DYRA, realizados con el Estado. Fuente: Osce.

Fuente: Osce.

El silencio del comediante devenido en político frente a estas conexiones resulta, cuando menos, inquietante. En Huaraz, un militante que prefiere mantenerse en el anonimato lo resume así: “Es inaceptable que personas con acceso al poder usen sus cargos para enriquecerse a costa del erario público. Si el señor Álvarez dice ser distinto, entonces debe dar explicaciones”.

El caso Meza y ‘País Para Todos’

No se trata únicamente de una cuestión de acompañantes. El partido mismo está bajo sospecha. ‘País Para Todos’ es liderado por Vladimir Meza, un economista natural de Huari, quien tras un fallido intento de volver a la política en 2022 —fue excluido por el JNE por errores documentales en su postulación a la gobernación de Áncash— ahora opera como presidente de la agrupación que impulsa la candidatura de Carlos Álvarez. Meza ha sido protagonista de diversas denuncias por actos de corrupción, incluyendo las que motivan su actual proceso judicial. Su rol en la configuración de la estrategia electoral del partido, y su cercanía con Delsy Romero, revelan un aparato político con intereses cruzados que contrastan con la imagen que se quiere proyectar.

Al cierre de este informe, Lima Gris intentó comunicarse telefónicamente con la señora Delsy Romero Álvarez para formularle básicamente dos interrogantes.

Primero: ¿si su empresa Inversiones Generales Dyra E.I.R.L. y consorcios vinculados a su pareja recibieron adjudicaciones millonarias de municipios donde ella y su entorno tuvieron influencia directa?  y si ¿puede garantizar que dichos contratos se obtuvieron sin acceso privilegiado ni favoritismo político?

Y segundo: ¿Qué rol jugó ella en la selección de candidaturas, como la del señor Carlos Álvarez, y cómo responde a quienes señalan que existe una red de poder heredada de la Municipalidad de San Marcos ahora reconfigurada en la estructura partidaria?

Sin embargo, no obtuvimos respuesta.

En este panorama, el mensaje anticorrupción de Carlos Álvarez requiere más que palabras. La ciudadanía tiene derecho a saber con quién se alía un candidato que aspira al más alto cargo del país. ¿Qué compromisos adquiere con quienes lo acompañan? ¿Está dispuesto a cortar vínculos con personajes cuestionados, o se trata simplemente de una figura que presta su popularidad a una estructura tradicional?

El momento exige transparencia. Si Carlos Álvarez verdaderamente quiere marcar distancia de la política que critica, debe explicar ante la opinión pública cuál es su relación con Meza, Romero y su entorno. No basta con el silencio ni con el humor. La lucha contra la corrupción comienza por casa.

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Política

Congreso blinda una vez más a Dina Boluarte, archivando su denuncia por las muertes en las protestas del 2022

Subcomisión de Acusaciones Constitucionales pone fin, desde el lado político, las investigaciones contra la mandataria.

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Apretón de manos y cada uno por su lado. El Congreso de la República decidió archivar la denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte por las muertes acontecidas durante las protestas de fines de 2022 e inicios de 2023. Cabe recordar que dicha denuncia fue presentada por la Fiscalía de la Nación, pero el Parlamento consideró que no había pruebas suficientes para seguir con el proceso.

A los familiares de las 28 personas fallecidas no le parecerá correcto ese archivamiento. Foto: Ojo Público.

Tal decisión fue tomada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), significando el cierre del caso desde el lado político; sin embargo, eso no impide que la Fiscalía continúe investigando por su cuenta.

El informe final fue elaborado por el congresista José Jerí, quien recomendó que se archive la denuncia. En su presentación explicó que no había elementos suficientes para imputar a la presidenta. El documento fue aprobado por mayoría durante la sesión encabezada por la legisladora de Alianza para el Progreso (APP), María Acuña.

Jerí, voceado para ser el nuevo titular de la Mesa Directiva del Congreso, mencionó que este archivamiento no bloquea el trabajo de la Fiscalía. Es decir, el proceso penal sigue su curso, quitando de esa manera cualquier responsabilidad política al Legislativo.

Esta decisión del Congreso tiene impacto en cómo se gestionan las responsabilidades del Gobierno. Al archivar el caso, se limita la posibilidad de un juicio político contra Boluarte, lo que genera críticas de algunos sectores que esperaban una mayor fiscalización.

Además, pone en evidencia cómo el Congreso y el Ejecutivo pueden protegerse mutuamente en temas sensibles. Sin embargo, la Fiscalía aún puede encontrar pruebas y llevar el caso por la vía penal, lo que podría cambiar el escenario más adelante.

De esta manera, la jefa de Estado ya no enfrentará un proceso político en el Congreso, pero las investigaciones seguirán su curso desde la Fiscalía. En caso de encontrarse nuevas pruebas que comprometan a la autodenominada “mamá de todos los peruanos”, el Ministerio Público podría presentar una nueva denuncia en un futuro no muy lejano.

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Política

Ollas comunes de SJL critican declaraciones despectivas del alcalde de Lima sobre una de sus integrantes [VIDEO]

López Aliaga tildó de “asesina” y ladrona” a Abilia Ramos, quien indicó que la sangre de pollo entregada por la MML no se encontraba apta para el consumo humano.

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Embarrado y descarrilado. El infame burgomaestre capitalino, Rafael López Aliaga, no para de soltar una retahíla de sinsentidos que solo lo celebra su portátil y sus cientos de trolles en las redes sociales. Está de más decir sobre su fantasía con el tren de Lima a Chosica, ya que no cuenta con ningún tipo de estudio técnico ni el aval del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), repitiendo una y otra vez que este año entrará en funcionamiento cuando la realidad es que los vagones solamente fueron desembarcados para estar almacenados hasta nuevo aviso.

Ahora, para no desentonar con sus disparates, ‘Porky’ nuevamente no pensó lo que salía de su boca para insultar a varias dirigentes de las ollas comunes de San Juan de Lurigancho (SJL), entre ellas la ama de casa Abilia Ramos, calificándola de “ladrona”, “mentirosa” y hasta de “asesina”, solamente porque las madres reclamaron que la sangre de pollo entregada por la gestión municipal presentaba un fuerte olor y no se encontraba en condiciones aptas para el consumo humano.

Tras esas indebidas declaraciones del alcalde que dijo que iba a traer drones que iba a explotar delante de los ladrones, las organizaciones integrantes del Grupo Impulsor del Pacto de Gobernabilidad de SJL emitieron un comunicado rechazando categóricamente las vomitivas declaraciones de ‘Porky’, y expresar tu total apoyo para Abilia Ramos.

“Condenamos la intimidación ejercida por el alcalde metropolitano mediante frases como “una olla común que estamos localizando, que es politizada y está ligada a una señora de izquierda, mentirosa, asesina y ladrona. Una olla dice que huele mal, pero el resto de ollas la usa. Estoy viendo lo que se puede hacer”, se lee en el comunicado.

Tras varias declaraciones absolutamente condenables de parte del alcalde Rafael López Aliaga, ya resulta necesario cuestionar su perfil psicológico y si ello le impide poder ejercer de manera ordinaria sus funciones dentro de la municipalidad de Lima, pues ya son varias las veces en que se desaparece por varios días, y las veces en que da declaraciones se le ve desorientado y poco lúcido.

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Política

Denuncian al juez Juan Carlos Checkley por presunto cohecho

Fiscalía de la Nación lo acusa de haber favorecido a la exfiscal Patricia Benavides.

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Una guerra sin cuartel. La Fiscalía de la Nación acaba de presentar una denuncia constitucional ante el Congreso de la República contra el juez supremo provisional Juan Carlos Checkley Soria y el fiscal supremo provisional Helder Uriel Terán Dianderas, a quienes se le atribuye la presunta comisión del delito de cohecho pasivo específico en agravio del Estado peruano. el documento, elaborado por el Área Especializada en Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, expone una supuesta red de intercambio de favores entre ambos funcionarios y la exfiscal de la Nación Patricia Benavides Vargas.

De acuerdo con el documento, los hechos habrían tenido lugar entre finales de agosto de 2022 y noviembre de 2023, periodo en el que se habría concretado una serie de acuerdos entre los ahora denunciados y la exfiscal Benavides. A Checkley Soria se le atribuye aceptar la promesa de ventaja ofrecida por la entonces fiscal de la Nación, que consistió en archivar la investigación seguida en su contra ante la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, a cargo del entonces fiscal supremo provisional Helder Uriel Terán Dianderas, a cambio de declarar fundado el sobreseimiento de las imputaciones realizadas contra Enma Benavides Vargas, programando la audiencia en una fecha oportuna para los intereses de esta.

En tanto, a Helder Uriel Terán Dianderas también se le atribuye aceptar la promesa de ventaja realizada por Benavides, que consistió en conservarlo en dicho cargo, a cambio de que mantenga en trámite la investigación seguida contra el juez supremo provisional Juan Carlos Checkley Soria, por la presunta comisión del delito de cohecho pasivo específico, por hechos relacionados a su actuación como juez superior de la Corte Superior de Justicia de Piura, la cual se tramitaba en la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos.

De esta manera, se evidenciaría un mecanismo entre ambas figuras y Patricia Benavides, que le habría permitido a la exfiscal desarrollar una estrategia favorable para cumplir sus objetivos en favor de su hermana Enma Benavides quien ya retornó al Poder Judicial, luego de que la Junta Nacional de Justicia anulara la destitución que había recaído en su contra.

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Política

Renzo Reggiardo en la mira del JEE por presuntamente haber vulnerado la neutralidad electoral

“Será un gran presidente”, manifestó recientemente el teniente alcalde de ‘Porky’.

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Una cosa es ser partidario y otra un lamebotas. En el mundo de la política todo aquel que quiere seguir ascendiendo en la escalera del poder es consciente de que tiene que embarrarse hasta el cuello y besar varias manos para conseguir sus objetivos. Es así que cada cierto tiempo aparecen personajes patéticos que tratan de defender lo indefendible.

Cómo olvidar aquel expremier que gritaba a los cuatro vientos que el expresidente Pedro Castillo no recordaba nada de lo que había dicho durante su mensaje a la Nación del 7 de diciembre del 2022; o ese otro expremier que era capaz de inmolarse por la chalhuanquina, pese a que todas las evidencias la dan como responsable.

Tanta será la efervescencia por el poder que termina embriagando a muchos, como el caso del teniente alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, saliera a decir muy tranquilo durante la presentación de los trenes de segunda traídos por Rafael López Aliaga que él “será un gran presidente” cuando se le consultó si iba a postular a la presidencia el popular ‘Porky’.

Ante ello, el Jurado Electoral Especial (JEE) emitió un documento donde señala con claridad que Reggiardo habría infringido el principio de neutralidad durante esa presentación en el Parque de la Muralla.

De acuerdo al JEE, tales comentarios de Reggiardo favorecerían directamente al partido Renovación Popular y a López Aliaga.

«El regidor provincial de la Municipalidad Metropolitana de Lima, Renzo Reggiardo, habría infringido el principio de neutralidad en periodo electoral, mediante los mensajes que pronuncia en la inauguración de obras ejecutadas por la MML y que de forma directa estaría favoreciendo a la organización política ‘Renovación Popular’ cuya imagen representativa es Rafael López Aliaga», indica dicho oficio.

Ahora, este documento será evaluado por el Pleno del JEE Lima Centro para que notifique el mismo a Reggiardo a fin de que ofrezca los descargos. Luego, el tribunal determinará si el teniente alcalde efectivamente vulneró la neutralidad electoral.

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Política

¿Estado laico? Gobierno destina S/ 540 millones a ‘ruta católica’ del papa León XIV

¿Inversión papal? El gobierno de Dina Boluarte a través del Mincetur gastará cientos de millones de soles en una ruta centrada en la figura de Robert Prevost, pese a que el Estado peruano es constitucionalmente laico y no debe favorecer a ninguna religión.

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En un país que constitucionalmente se declara laico, el reciente anuncio del gobierno de Dina Boluarte ha reavivado el debate sobre la separación entre Iglesia y Estado. El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) ha confirmado la inversión inicial de 40 millones de soles en la llamada “Ruta del Papa León XIV”, un proyecto turístico centrado en los lugares que recorrió el actual sumo pontífice, Robert Prevost, durante su vida pastoral en el Perú. Esta inversión, sería parte de los S/ 540 millones que se emplearán en la ruta religiosa.

La ministra del sector, Úrsula Desilú León, informó durante una conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros que ya se ha aprobado la transferencia de recursos a distintas entidades públicas para el desarrollo del circuito turístico. “Ya hemos dispuesto de 40 millones de soles para impulsar la ruta del papa, a través de una ley que autoriza el financiamiento de acciones en el marco de este proyecto”, precisó.

Ministra de Comercio Exterior Úrsula Desilú León anunció la medida de la ruta papal.

Los beneficiarios incluyen al Gobierno Regional de Lambayeque, la Municipalidad Provincial del Callao y la Municipalidad Provincial de Chiclayo, entre otras instituciones. Según el Ejecutivo, esta inversión busca promover el turismo religioso con un enfoque patrimonial y espiritual, en línea con una estrategia más amplia de dinamización económica en regiones históricas y de alto valor cultural.

El circuito abarcará cuatro regiones del país: Piura, Lambayeque, La Libertad y el Callao. Entre los puntos más destacados del recorrido figuran el Obispado de Chulucanas, el Santuario de la Cruz de Motupe, la Catedral de Chiclayo y la Diócesis del Callao, todos ligados a la trayectoria eclesiástica del cardenal Robert Prevost, hoy Papa León XIV.

El lanzamiento oficial del proyecto está programado para el 21 de julio y se realizará simultáneamente en las cuatro regiones involucradas. “Estamos mapeando una inversión más amplia, que podría alcanzar hasta 540 millones de soles, priorizando también obras de transporte, vivienda y saneamiento en las zonas donde pasará la ruta”, explicó la ministra León.

Sin embargo, el proyecto no ha estado exento de cuestionamientos. Diversos especialistas en derecho constitucional y defensores del laicismo han recordado que el artículo 50 de la Constitución del Perú reconoce la independencia del Estado frente a cualquier confesión religiosa. Aunque la Iglesia Católica mantiene un vínculo especial con el Estado por razones históricas y culturales, este no debería traducirse en un trato preferencial financiado con fondos públicos, afirman.

Aún no se han anunciado rutas equivalentes para otras tradiciones religiosas presentes en el país, lo que ha generado dudas sobre la equidad del enfoque gubernamental. Mientras el Ejecutivo defiende el proyecto como una apuesta por el turismo y la recuperación económica regional, el debate de fondo —¿puede un Estado laico financiar una ruta explícitamente católica? — sigue sin resolverse.

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Política

Ministerio de Defensa propone que se escuche dos veces el himno nacional en todos los medios de comunicación

Según la Resolución Ministerial n.° 00836-2025-DE, lo que se busca es reforzar la “identidad nacional”.

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No solo en julio se escuchará el himno nacional. Durante las últimas décadas, el Perú viene sufriendo por una crisis de identidad de los símbolos patrios; atrás quedaron cuadras enteras cubiertas por los colores patrios, en las formaciones se cantaba, a todo pulmón, obligatoriamente el himno nacional, y miles de escolares ansiaban formar parte de la escolta para así poder marchar el 29 de julio.

A propósito de esa crisis, el Ministerio de Defensa (Mindef) viene proponiendo que todos los medios de comunicación que emitan señales de manera regular incluyan en su parrilla el himno nacional al menos dos veces al día. «Las transmisiones deben realizarse a las 08:00 y las 18:00 horas», señala el documento oficial, destacando la importancia de esta práctica para reforzar la identidad nacional.

De acuerdo al documento oficial elaborado por el Mindef, los canales y emisoras, tanto público como privadas, están obligados a seguir la versión oficial del himno nacional.

«La difusión, incluyendo subtítulos y lenguaje de señas para las emisiones televisivas, pública y en vivo, debe cumplir con el himno nacional oficial a las 08:00 y las 18:00 horas», se indica en la regulación. Esta medida busca garantizar que la ciudadanía acceda a una representación unificada del símbolo patrio, promoviendo su valor cultural en todos los hogares.

No se podrá alterar el himno nacional

La norma también prohíbe modificaciones arbitrarias en la ejecución del himno. «Queda prohibida la difusión de versiones no oficiales, con arreglos, modificaciones, superposición de imágenes, sonidos de fondo u otros efectos», según el artículo 47 de la Resolución Ministerial n.° 00836-2025-DE. Esta restricción asegura que la esencia del himno se mantenga intacta, respetando su diseño original y evitando alteraciones que puedan desvirtuar su significado.

Finalmente, la implementación de estas reglas recae en el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP), ente encargado de supervisar su cumplimiento.

Críticas

Por su parte, el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, expresó su desacuerdo con el proyecto que obliga a los medios a transmitir el himno nacional en horarios fijos, como contempla el pre reglamento elaborado por el Ministerio de Defensa. Gutiérrez consideró que esta medida no aporta una solución real y subrayó que la difusión de los símbolos patrios debería ser parte de la política institucional de cada medio de “manera voluntaria”.

El funcionario advirtió que, aunque los medios utilizan el espectro radioeléctrico que pertenece a todos los peruanos, el compromiso de promover valores cívicos no se debe imponer desde el Estado. En su opinión, una alternativa sería incorporar mensajes patrióticos u homenajes a héroes nacionales, especialmente durante festividades como Fiestas Patrias.

Aquí la palabras del congresista José Cueto.

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Política

Pedro Castillo exige garantías para la vida de Betssy Chávez

Para el expresidente Castillo, Betssy Chávez no es solo una exministra, sino una íntima compañera de lucha que hoy, según él, sufre persecución y odio por parte del mismo aparato que lo sacó del poder.

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Desde su celda, el expresidente Pedro Castillo ha vuelto a alzar la voz. Esta vez, no por su propio proceso judicial, sino para defender a su incondicional exprimera ministra, Betssy Chávez Chino, quien enfrenta su propia batalla tras iniciar una huelga de hambre en el penal Anexo Mujeres de Chorrillos. La medida extrema, según su defensa, responde a presuntas agresiones y restricciones que vulnerarían sus derechos fundamentales.

Castillo Terrones, procesado junto a Chávez Chino por su fallido intento de disolver el Congreso en diciembre de 2022, utilizó su cuenta oficial en la red social X (antes Twitter) para solidarizarse públicamente con ella. No solo exigió garantías para su integridad, sino que la describió como “víctima del odio” de un “régimen usurpador”, acusando al actual gobierno de ser cómplice de su situación.

“Expreso mi total solidaridad con la compañera Betssy Chávez, ex primera ministra del Perú, hoy víctima del odio y la persecución. Exigimos garantías para su vida, el cese del hostigamiento y el respeto pleno a sus derechos humanos”, escribió el exmandatario, reiterando la narrativa de persecución política que ha sostenido desde su detención.

Carta redactada por Pedro Castillo dirigida a la Judicatura y a la opinión pública.

Las denuncias de Betssy Chávez no son menores. A través de su abogado, Raúl Noblecilla, ha señalado que sufre tratos vejatorios: se le prohibiría el uso de los baños los fines de semana, el libre tránsito por los pasillos del penal, y el acceso regular a su defensa técnica y a sus visitas familiares. Además, hace apenas unas semanas denunció ante la opinión pública un intento de chantaje sexual dentro del centro penitenciario.

El actual primer ministro, Eduardo Arana, fue consultado por la prensa sobre estas acusaciones. Aunque no confirmó los hechos, sí declaró que “cualquier forma de maltrato será rechazada y, de comprobarse, se tomarán las medidas correctivas necesarias”.

Castillo Terrones, quien enfrenta un pedido de 34 años de cárcel por presunta rebelión, abuso de autoridad y perturbación del orden público, ha encontrado en Betssy Chávez una aliada política firme. Ella, por su parte, afronta una posible condena de entre 15 a 25 años. La huelga de hambre que ha iniciado Chávez recuerda el mismo acto simbólico adoptado por Castillo al comenzar su juicio oral, reforzando la narrativa de resistencia frente al poder que ambos comparten.

En medio de procesos judiciales y aislamiento carcelario, el exjefe de Estado no duda en defender a quien considera parte esencial de su círculo más leal. Para Castillo, Betssy no es solo una exministra: es una íntima compañera de causa, hoy —según su visión— víctima del mismo aparato que lo derrocó.

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