Su cuerpo no resistió más debido a la gravedad de sus quemaduras. Esta mañana, la titular del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), Nancy Tolentino, informó sobre el fallecimiento de Katherine Gómez, joven que fue agredida por su expareja Sergio Tarache Parra, quien la roció gasolina y prendió fuego. La mujer de 19 años tenía el 60% del cuerpo quemado.

El acto se registró en una calle cercana a la Plaza Dos de Mayo, en el Centro de Lima. De acuerdo a los videos difundidos, Gómez había tomado la decisión de terminar la relación sentimental que tenía con el venezolano. Sin embargo, este se habría negado. Actualmente el feminicida se encuentra prófugo de la justicia. Las autoridades tardaron 6 días en dictar orden de prisión.

De acuerdo a la titular del MIMP, la gravedad de las quemaduras de la mujer impidieron que pueda continuar con vida pese al tratamiento médico que recibía. “Comento el sensible fallecimiento de esta joven, lamentablemente. Lucho por su vida, pero la cantidad de cuerpo dañado ha imposibilitado a los médicos poder salvarle la vida y se nos ha comunicado que ha fallecido. Extendemos las condolencias a toda la familia”, dijo a RPP Noticias.

Respecto a la libertad del supuesto agresor, Nancy Tolentino aseguró que el Ministerio de la Mujer se encuentra trabajando junto con el Ministerio del Interior (Mininter) para encontrar al responsable de la muerte de Katherine. “Un poco de consuelo va a llevar a la familia saber que este esté sancionado y pague por el delito que ha cometido”, expresó.

Además, detalló que las autoridades continúan en búsqueda del Tarache Parra. “La policía tiene los medios para poder ubicarlo [al feminicida]. Confiemos en que va a ser prontamente. Nosotros, por nuestra parte, tenemos que reforzar todas las acciones de prevención para que podamos evitar y prevenir que estos casos volvamos a repetirlos para que ninguna mujer falte en nuestro país. Necesitamos realmente, como sociedad, unirnos para poder rechazar y no tolerar ninguna forma de violencia”, aseguró.

El Hospital Arzobispo Loayza también emitió un comunicado donde informó que Gómez venía recibiendo atención médica especializada en el Área de Quemados Críticos de Cuidados Intensivos debido a la gravedad de las quemaduras de segundo y tercer grado que presentaba en el 60% de su cuerpo. “La paciente no pudo superar los daños causados por las quemaduras que presentaba, falleciendo a las 9:20 a. m. del día de hoy”, informó.

Creyeron que nunca iban a ser encontrados. Dos hombres y una mujer fueron detenidos ayer por agentes de la División de Homicidios de la Dirincri, sindicados de ser los presuntos autores del asesinato del suboficial de segunda de la Policía, José Luis Soncco Quispe, quien falleciera de manera brutal tras ser quemado durante las protestas en Juliaca, el pasado 9 de enero.

Según las investigaciones, los dos varones detenidos, identificados como Erusbel Jhonatan Apaza Uturunco (25) y Franklin Díaz Ccallata (28) están comprometidos en el homicidio del policía.

La mujer, Yesenia Marilú Molina Vargas (27), solo fue detenida por estar en flagrancia delictiva, por ser pareja de Apaza y por tener presunta complicidad.

El primero en ser capturado fue Apaza Uturunco, a las 11:15 a.m., en un inmueble de la ciudad de Juliaca, cerca del aeropuerto.

Los agentes policiales encontraron a Apaza un celular, U$23,800 en efectivo, una cacerina de fusil AKM con siete municiones y los accesorios de una pistola Pietro Baretta, como el tubo cañón y resortes, que, según las investigaciones, son parte de las armas de reglamento del policía Soncco, y que se le arrebataron antes de ser asesinado.

Precisamente, fue en el aeropuerto de Juliaca, cerca de la casa de Apaza, donde el 9 de enero se produjo el intento de la violenta toma por parte de los manifestantes, produciéndose un enfrentamiento con las fuerzas del orden que dejó como saldo fatal 17 muertos.

Ese mismo 9 de enero, cerca de la medianoche, el policía José Luis Soncco fue emboscado por un grupo de vándalos.

El suboficial llegó al lugar junto a su compañero Ronald Villasante. Tras ser reducidos, por un grupo de manifestantes, les quitaron sus armas de reglamento, pero solo Villasante pudo huir y salvarse de ser asesinado por los subversivos.

El policía Soncco Quispe fue golpeado y quemado, y su cadáver fue encontrado, al día siguiente, al costado del patrullero que también fue prendido con fuego.

Después de detener ayer a Apaza, los agentes de Homicidios hicieron lo mismo con Franklin Díaz Ccallata, alias ‘Flaco’ o ‘Salvador’

El 14 de febrero pasado, la Pontificia Universidad Católica del Perú publicó un comunicado a través del cual decidió convocar a las universidades privadas para la realización del proceso destinado a elegir al representante que debe integrarse al nuevo Consejo Directivo de la SUNEDU.

El anuncio fue saludable porque la Universidad Católica dio una muestra tangible de respeto tanto a la legalidad como a una decisión del Tribunal Constitucional que, como se sabe, dispuso desde el mes de enero la vigencia de la ley 35120 que pone fin a la gestión de la SUNEDU encabezada desde hace varios años por Oswaldo Delfin Zegarra Rojas, un hombre afín al investigado ex presidente Martín Vizcarra y muy cercano a la congresista Flor Pablo, muy activa en el rubro de las consultorías estatales.

La Universidad Católica rompió la inercia de quienes como el Consejo Directivo de la SUNEDU se negaban a respetar y cumplir la ley. Sin embargo, expertos que han revisado la convocatoria encuentran dos aspectos sobre los que corresponde una alerta.

Para la elección del representante de las universidades privadas, la Universidad Católica ha dispuesto unos lineamientos que contienen dos puntos discutibles y que son ajenos a las normas vigentes, es decir, la Católica no solo cumple con su obligación de llamar a elección sino que, de paso, se atribuye capacidad legislativa lo cual no es correcto.

En efecto, en el Artículo 6 de los Lineamientos se puede leer lo siguiente:

Los candidatos a miembros del Consejo Directivo de la SUNEDU deben contar con el grado académico de doctor registrado en la SUNEDU y experiencia en docencia y experiencia en gestión universitaria.

La experiencia en docencia debe ser de un mínimo de diez (10) años como profesor principal.

Exigir una experiencia de diez años como profesor principal es un requisito que, de manera unilateral, está imponiendo la Universidad Católica. Se trata de un requisito que no está en las normas de la SUNEDU ni en la ley universitaria y tampoco en la reciente ley 35120.

Más aún, la exigencia de diez años de experiencia docente como profesor principal, pone fuera de juego a las universidades privadas licenciadas más recientes y beneficia exclusivamente al Consorcio de Universidades Privadas. Este consorcio está integrado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, la Universidad del Pacífico, la Universidad Peruana Cayetano Heredia y la Universidad de Lima.

Estas universidades son las únicas que podrán presentar como candidato a ocupar un puesto en el Consejo Directivo de la SUNEDU, a profesores principales con diez años de experiencia como mínimo. Significa que sólo podrán existir cuatro candidatos o menos y a partir de la creación de un requisito que la ley no contempla. La Universidad Católica está autorizada a convocar a elecciones pero no tiene facultades para legislar. Por tanto, dicho lineamiento, según varias fuentes consultados, no podrá ser aplicado.

No solo eso, si se revisa el artículo 10 de los Lineamientos para la elección del representante de las universidades privadas ante SUNEDU, se encuentra lo siguiente:

En cualquiera de las modalidades, la PUCP conformará una Comisión integrada por los siguientes tres miembros de su comunidad universitaria: el Jefe del Departamento Académico de Derecho, el Director de la Dirección de Asuntos Jurídicos y el Director Académico de Relaciones con la Iglesia.

Dicha comisión está integrada exclusivamente por miembros de la Universidad Católica y si tenemos en cuenta la exigencia del mencionado artículo 6 sobre experiencia docente, estaríamos ante un escenario en el que pareciera que el candidato a elegir apuntaría a un miembro de la Universidad Católica.

Asimismo, en la comisión creada por el artículo 10 de los Lineamientos se convoca  al Director Académico de Relaciones con la Iglesia. La pregunta es ¿por qué tiene que participar la Iglesia en la elección de una autoridad universitaria? Nuevamente, la duda asoma: ¿la Universidad Católica está convocando a una elección y de paso se está asegurando que el electo sea un miembro de la Pontificia Universidad Católica del Perú?

Dudas sobre la imparcialidad que debería existir y que el rector de la Universidad Católica, Carlos Garatea Grau, haría bien en corregir en aras de un correcto proceso electoral.

De vuelta a prisión. El Poder Judicial, a solicitud del Ministerio Público, dictó ayer prisión preventiva por 18 meses contra Rocío Leandro Melgar y otros investigados por el presunto delito de afiliación a organización terrorista.

Fue el juez Raúl Justiniano quien tomara la misma decisión para los investigados Alex Gómez Falcón, Alejandro Manay Pillaca, Estefany Jhazmín Alanya Chumbes, Piero Giles Gamboa y Fernando Quinto Cuba.

Ellos estaban detenidos de manera preliminar, en sede policial, desde el 12 de enero por 15 días pero tuvieron que permanecer internados hasta que se defina su situación jurídica.

Solo la procesada Yulisa Gómez Ayala, el juez impuso comparecencia restringida con reglas de conducta y el pago de una caución de 5 mil soles. Ella no podrá participar en ninguna movilización ni manifestación, precisó el magistrado.

Cabe mencionar que los abogados de los investigados apelaron a la resolución del magistrado.

En su lectura de resolución, el magistrado determinó que todos los investigados serían parte de una organización criminal y subversiva “de naturaleza clandestina” que habrían ejecutado paros y movilizaciones a nivel nacional.

Añadió que el Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho (Fredepa), al que pertenecen los investigados, sería un organismo generado por la Nueva Fracción Roja de Sendero Luminoso.

Como se recuerda, ‘Cusi’ y los otros intervenidos fueron detenidas el pasado 12 de enero en Ayacucho, sindicadas de haber azuzado y financiado las violentas protestas que a mediados de diciembre se realizaron en ese departamento.

El general PNP José Zavala, titular de la Dirección contra el Terrorismo (Dircote),informó que en las investigaciones se halló material de adoctrinamiento para formar nuevos cuadros terroristas con el denominado ‘pensamiento Gonzalo’, un plan para el Fredepa 2022-2024 y un plan operativo para acciones concretas en Ayacucho, así como conversaciones telefónicas y chats que evidenciarán la organización que existe entre estas personas.

Asimismo, indicó que el comité regional de Ayacucho responde a las directivas que da el Comité Central Histórico de Sendero Luminoso, por intermedio de Elena Iparraguirre, camarada ‘Miriam’, quien es la viuda del cabecilla terrorista Abimael Guzmán, fallecido en setiembre de 2021.

Detenido en flagrancia. Así terminó el abogado Wilder Omar More Palacios en Tumbes, quien minutos antes había pactado con un empresario el pago de 10 mil soles para que no se le incauten sus bienes inmuebles en Tumbes, lo cual según la Divincri se habría configurado el delito de corrupción de funcionarios pues al momento de su detención por los efectivos policiales se le encontró en sus bolsillos 5 mil soles.

La publicación del medio Noticias Tumbes reveló que el operativo lo realizó un equipo especial de la Fiscalía en coordinación con agentes de la sección de investigación de extorsiones de la Divincri de Tumbes, debido a que un empresario denunció que le estaban solicitando una fuerte cantidad de dinero.

Parte del dinero solicitado (5,000 soles) fue entregado al abogado, quien decía que lo iba a entregar al fiscal David Sialer Vargas para que supuestamente anule una resolución de incautación en contra de los bienes muebles e inmuebles del empresario y así anular la investigación patrimonial.

Debido a esto, los policías se trasladaron al Paseo Libertadores (frente al BCP y La Curacao), donde detuvieron a More Palacios, quien vestía un polo gris, bermuda beige y sandalias negras, quien había sido seguido por los policías de la Divincri. Las autoridades grabaron cuando recibía un sobre con los cinco mil soles, que lo guardó en su bolsillo derecho de la trusa.

Al realizarle el registro personal, los policías le encontraron el sobre con billetes de 100 soles por el monto total de cinco mil soles, motivo por el cual se procedió a intervenirlo y detenerlo, por encontrarse en presunta flagrancia delictiva por el presunto delito de corrupción de funcionarios en la modalidad de tráfico de influencias.

Debido a esto, Wilder More Palacios fue trasladado a las instalaciones de la Divincri para las investigaciones, en coordinación con la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios.

More Palacios se desempeña como funcionario del Ministerio de Cultura de Tumbes

Asimismo, de acuerdo a la Resolución de Secretaria General N° 000075-2022-SG/MC, Wilder More Palacios también forma parte del Ministerio de Cultura de Tumbes, en mayo pasado fue Director de Órgano Desconcentrado de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Tumbes, en ausencia de Rafael Mariano Diaz Montalvo. Actualmente se desempeña como abogado del Ministerio de Cultura en Tumbes.

Según fuentes de la DDC de Tumbes, Wilmer Omar More Palacios, es un hombre de confianza de Rafael Mariano Díaz Montalvo, actual director del Ministerio de Cultura de Tumbes, quien carga sobre sus hombros fuertes cuestionamientos a su gestión, tema que será materia de investigación.

La siguiente fotografía que fue tomada en una reunión navideña donde participaron los funcionarios de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Tumbes, entre ellos se aprecia en círculo rojo de pie el actual director de la DDC, Rafael Díaz Montalvo y de cuclillas el detenido Wilmer More Palacios.

Lima Gris se comunicó con la DDC de Tumbes para tener conocimiento sobre la situación del abogado More Palacios, pero no tuvimos respuesta. De la misma forma llamamos al área de comunicaciones de la sede central del Ministerio de Cultura, y nos señalaron que en las próximas horas publicarán un comunicado sobre la detención del funcionario.

Un megaoperativo en Lima y Callao, ejecutado en conjunto por el Cuarto Despacho de la Fiscalía Especializada en Criminalidad Organizada – FECOR del Callao y efectivos de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad – DIVIAC, permitió detener a 18 integrantes de la organización criminal “Los Alfiles”, un clan dirigido por el exalcalde del Callao Juan Sotomayor García. 

La intervención, liderada por el coordinador nacional de las FECOR, el fiscal superior Jorge Chávez Cotrina, incluyó el allanamiento de 28 inmuebles, donde las autoridades detuvieron a ocho regidores de la Municipalidad Provincial del Callao, quienes son investigados por los presuntos delitos de organización criminal, cohecho activo genérico, pasivo propio y pasivo impropio en agravio del Estado. 

Según la carpeta fiscal, estos funcionarios públicos habrían sido captados por los integrantes de la organización criminal, entre ellos “Los cabezas de barrio del Callao” quienes, bajo órdenes de Sotomayor García, antes que sea recluido como investigado como parte de otra agrupación delictiva, habrían contratado trabajadores fantasmas en las gerencias de Mantenimiento, Seguridad Ciudadana, Comercialización y Fiscalización y de la Municipalidad del Callao, bajo la modalidad de locadores de servicios.

Para ello, y en recompensa a sus acciones, habrían recibido ventajas económicas como dinero y vehículos, algunos de los cuales fueron incautados durante la madrugada. 

De esta manera, se habrían generado cupos provenientes de las arcas municipales, administradas por la organización criminal, pues los sueldos eran cobrados sin realizar las labores de las órdenes de servicio.

La investigación, a cargo del fiscal provincial Roger Saldaña Pineda, de la FECOR Callao, alcanza a una secretaria judicial contra quien pesa también la orden de detención preliminar por el plazo de 15 días.

En total, las 28 diligencias se desarrollaron en los distritos de San Miguel, Bellavista, Callao, Miraflores, Surco, Puente Piedra, San Martín de Porres, Ventanilla, Jesús María y La Molina, bajo la supervisión del fiscal superior Roberto Eduardo Lozada Ibañez, presidente de la Junta de Fiscales del Callao y el comandante de la Diviac Callao, Willy Gallardo. 

Desde hace más de un año se viene denunciando que miles de patrulleros, de distintas comisarías, se encuentran prácticamente al abandono, con las llantas desinfladas, sin sus accesorios, empolvadas y dejadas al olvido en algún depósito. Los patrulleros inteligentes le han costado al Estado miles de soles por su adquisición y que ahora se encuentren fuera de servicio, cuando solo se requiere de mantenimiento constante, le cuesta a todos los ciudadanos no solo dinero, sino que esos vehículos policiales no estén brindando seguridad.

La Contraloría General de la República (CGR) ha detectado que la Policía Nacional del Perú (PNP) gastó un total de S/ 742,712 para poner el servicio de internet a patrulleros inteligentes que se encontraban inoperativos o dados de baja, pese a que, según la entidad, la PNP tenía información previa del estado de los vehículos.

Según un reciente informe de control, la Policía contrató la instalación de internet para 1957 patrulleros inteligentes, de los cuales 1059, más del 50%, no utilizaron nunca el servicio por su condición de inoperatividad, lo que ocasionó un “gasto innecesario e irregular” en beneficio de la empresa proveedora.

Un gasto que asumimos todos los peruanos

La CGR precisó que la finalidad pública de la contratación era “mejorar el servicio de seguridad ciudadana”, permitiendo que los Centros de Datos de la PNP “cuenten con comunicación de datos en banda ancha hacia internet, que permita el uso de las aplicaciones policiales, así como la interoperabilidad con otras entidades públicas”.

Por ello, en diciembre del 2020, la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones (DIRTIC) de la PNP suscribió una contratación directa por S/ 37,149.673 por el “servicio de Banda Ancha de acceso a internet para comisarías y unidades especializadas a nivel nacional, transmisión de datos IP VPN para complejos policiales y puestos de frontera PNP, servicios de fibra oscura (…) y servicio de tercerización de seguridad informática gestionada”. Dicho servicio tendría lugar entre el 2 de diciembre de 2020 al 23 de agosto de 2021.

En dicho contrato estaba incluido el servicio de datos para interconectar a 1957 patrulleros inteligentes a través de la instalación de SIM CARD o chips (internet 4G o 3G). Por ello, se pagó un total de S/ 25,546.445. De ese monto, según la CGR, S/ 742,712 correspondieron al pago del servicio por las mencionadas unidades.

Sin embargo, el órgano de control evidenció irregularidades en dicha contratación de internet, ya que, en el bloque de 1957 unidades, se consideraron 510 patrulleros inteligentes inoperativos o dados de baja por lo que era innecesario instalarles el servicio. Esta inclusión se dio pese a que los funcionarios del área usuaria tuvieron conocimiento del estado de los vehículos antes del requerimiento, debido a informes previos de la División de Logística de la PNP.

“A esta irregularidad se suma que de los 510 SIM CARD innecesariamente requeridos, en 217 se registraron consumo de datos, lo que evidencia que fueron utilizados de forma indebida ya que las unidades en las que se encontraban eran inamovibles y sin funcionamiento”, refiere el informe del órgano de control.

Asimismo, el informe evidenció que en 549 patrulleros inteligentes operativos, “o que luego dejaron de estarlo”, se instaló el mismo número de SIM CARD que no registraron consumo de datos pese a contar con el servicio, “según se verificó en el informe sobre Tráfico de consumo de datos, elaborado por la DIRTIC”. Pese a ello, se realizó el pago sin observación alguna.

Todos los ciudadanos de bien viven atemorizados debido a las extorsiones y amenazas por parte de un grupo criminal proveniente de Venezuela denominado ‘El tren de Aragua’, los cuales se dedican al chantaje, sicariato, explotación sexual, y otros delitos que les permiten vivir rodeados de lujos a expensas del sacrificio de cientos de empresarios que buscan levantar un negocio.

Las calles de Lima se han vuelto mucho más peligrosas luego de la aparición de esa banda criminal que practica técnicas de terrorismo nunca antes vista, asesinando a sangre fría a sus víctimas, o extorsionando en a muchos emprendedores, quemando sus negocios o agrediéndolos física y mentalmente.

La gente ya vive cansada de ver cómo los capturan, se les deportan, pero ingresan nuevamente por la frontera norte de nuestro país, muchas veces en complicidad con malos funcionarios y policías que permiten su reingreso. El círculo delictivo parece nunca romperse y todos esperan una solución más drástica contra esas lacras de la sociedad.

Contraria a esa tendencia, la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ministerio Público, realizaron de manera conjunta, un megaoperativo en el distrito de Surco para detener a un grupo de extranjeros relacionados a diversos actos delictivos.

Se trataría de los integrantes de la presunta banda criminal conocida como el “Tren de Aragua”, quienes, además, al momento de su intervención, fueron encontrados con una gran cantidad de armas, sin obtener los documentos necesarios de acuerdo a la normativa peruana.

De acuerdo a la información brindada por la PNP, iniciaron su recorrido por algunos distritos de Lima y Callao hasta encontrar a los principales sospechosos, todos de nacionalidad venezolana. De esta manera, el Ministerio Público llegó hasta el distrito de Santiago de Surco, donde se encontró a los culpables, hallándosele todo un arsenal de guerra en su posesión.

80% de los detenidos son venezolanos

Por su lado, el fiscal César Changa, de la Fiscalía Especializada contra el Crimen Organizado, detalló que estas armas eran empleadas por delincuentes extranjeros, básicamente según reportaron, eran venezolanos, las cuales empleaban para cometer actos delictivos.

Entre las principales operaciones de este grupo de delincuentes, se trataban de asaltos, acciones de sicariato, extorsión y cobro de cupos. del mismo modo, hasta el lugar llegó el fiscal Jorge Chávez Cotrina, coordinador de las Fiscalías contra la Criminalidad Organizada.

De acuerdo a lo señalado por dichas autoridades, a mencionada la banda se le imputa los delitos de organización criminal, extorsión, trata de personas, explotación sexual agravada, sicariato y homicidio. Sin embargo, según las autoridades, existen otras acciones que atentan contra la normativa peruana.

“Dentro de la temática penal, ellos serán sancionados en su momento con 35 años de pena privativa de la libertad”, informó a la prensa el fiscal Jorge Chávez Cotrina, quién también precisó que esta acción criminal azota no solo el Perú sino a países vecinos como Colombia, Ecuador y Chile.

Por otro lado, informaron que durante la intervención de las autoridades se logró detener a 30 involucrados, en donde el 80% son venezolanos, aunque también hay peruanos entre el grupo de delincuentes.

“Serán derivados a la Dirincri para los procesos e investigaciones correspondientes. El juez dio 10 días para la investigación preliminar y al cabo de ello el fiscal solicitará prisión preventiva por 36 meses”, puntualizó.