Fuera de las investigaciones. Once oficiales a los que la Inspectoría General de la Policía investigaba por presunta responsabilidad por la muerte de los jóvenes Inti Sotelo y Bryan Pintado, durante las protestas del 14 de noviembre de 2020 contra el régimen de Manuel Merino, fueron completamente absueltos de los cargos que se les imputaba.

Según el informe del inspector general, teniente general PNP Segundo Mejía Montenegro, quien estuvo a cargo del caso e interrogó a los imputados, no encontró evidencia que demostrara que los 11 oficiales cometieran las graves infracciones contra el servicio policial que se les atribuyó.

Entre los absueltos se encuentra el ex subcomandante general PNP teniente general PNP (r) Jorge Lam Almonte, quien ordenó la elaboración del Plan de Operaciones que se ejecutó el día que murieron Inti Sotelo y Bryan por efecto de proyectiles disparados por los efectivos policiales, de acuerdo con el informe del Inspector General PNP, la que fue difundida por el diario La República.

Al teniente general Jorge Lam se le investigaba por infracción grave contra el servicio policial (G-38), “fracasar en el cumplimiento de la misión o incumplir la responsabilidad funcional asignada, por desidia, imprevisión o carencia de iniciativa”.

También fue librado de responsabilidad el exjefe Séptima Región Policial Lima, general PNP (r) Jorge Cayas Medina, quien se encargó de la ejecución del Plan de Operaciones para reprimir las manifestaciones en el Centro de Lima y afrontaba tres graves imputaciones.

Al general Jorge Lam se le atribuía la mencionada infracción G-38, además de MG-52 (contravenir deliberadamente los procedimientos operativos y administrativos establecidos) y G-26 (incumplir directivas, reglamentos, guías de procedimientos y protocolos causando grave perjuicio a los bienes jurídicos).

El exjefe de la División de Servicios Especiales, coronel PNP (r) Carlos Villafuerte Salas, quien también afrontaba tres graves cargos por su actuación el 14 de noviembre de 2020, resultó absuelto.

Al coronel Villafuerte se le imputaron las infracciones G-26, MG-52 y G-8 (incumplir o alterar intencionalmente el orden o los plazos establecidos en la recepción, trámite, emisión o remisión de documentos causando perjuicios).

Los exjefes de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales, coronel PNP (r) Percy Tenorio Gamonal, y de la Oficina de Planeamiento Operativo, comandante PNP Luis Zevallos Saavedra, quienes cumplieron un papel decisivo el día de los hechos, igualmente resultaron absueltos.

Al coronel Tenorio se le investigó por la infracción G-46 (realizar acciones, operaciones o diligencias policiales no autorizadas) y al comandante Zevallos por la infracción G-26 (incumplir directivas, reglamentos, guías de procedimientos y protocolos causando grave perjuicio a los bienes jurídicos).

Estos son los 11 oficiales absueltos

• Teniente general PNP (r) Jorge Lam Almonte (G-38)
• General PNP (r) Jorge Cayas Medina (MG-52, G-38 G-26)
• Coronel PNP (r) Carlos Villafuerte Salas (G-26, G-8, MG-52)
• Coronel PNP (r) Percy Tenorio Gamonal (G-46)
• Comandante PNP Luis Zevallos Saavedra (G-26)
• Comandante PNP Jhon Alfaro Bonilla (G-26)
• Comandante PNP Saúl Luján Ortíz (G-26)
• Comandante PNP (r) Juan Burga Sánchez (G-26)
• Comandante PNP (r) Alan Won López (G-26)
• Comandante PNP Marcos Neria Morales (G-26)
• Capitán PNP Kelly Bustamante Barreto (G-26)

De vuelta a prisión. El Poder Judicial, a solicitud del Ministerio Público, dictó ayer prisión preventiva por 18 meses contra Rocío Leandro Melgar y otros investigados por el presunto delito de afiliación a organización terrorista.

Fue el juez Raúl Justiniano quien tomara la misma decisión para los investigados Alex Gómez Falcón, Alejandro Manay Pillaca, Estefany Jhazmín Alanya Chumbes, Piero Giles Gamboa y Fernando Quinto Cuba.

Ellos estaban detenidos de manera preliminar, en sede policial, desde el 12 de enero por 15 días pero tuvieron que permanecer internados hasta que se defina su situación jurídica.

Solo la procesada Yulisa Gómez Ayala, el juez impuso comparecencia restringida con reglas de conducta y el pago de una caución de 5 mil soles. Ella no podrá participar en ninguna movilización ni manifestación, precisó el magistrado.

Cabe mencionar que los abogados de los investigados apelaron a la resolución del magistrado.

En su lectura de resolución, el magistrado determinó que todos los investigados serían parte de una organización criminal y subversiva “de naturaleza clandestina” que habrían ejecutado paros y movilizaciones a nivel nacional.

Añadió que el Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho (Fredepa), al que pertenecen los investigados, sería un organismo generado por la Nueva Fracción Roja de Sendero Luminoso.

Como se recuerda, ‘Cusi’ y los otros intervenidos fueron detenidas el pasado 12 de enero en Ayacucho, sindicadas de haber azuzado y financiado las violentas protestas que a mediados de diciembre se realizaron en ese departamento.

El general PNP José Zavala, titular de la Dirección contra el Terrorismo (Dircote),informó que en las investigaciones se halló material de adoctrinamiento para formar nuevos cuadros terroristas con el denominado ‘pensamiento Gonzalo’, un plan para el Fredepa 2022-2024 y un plan operativo para acciones concretas en Ayacucho, así como conversaciones telefónicas y chats que evidenciarán la organización que existe entre estas personas.

Asimismo, indicó que el comité regional de Ayacucho responde a las directivas que da el Comité Central Histórico de Sendero Luminoso, por intermedio de Elena Iparraguirre, camarada ‘Miriam’, quien es la viuda del cabecilla terrorista Abimael Guzmán, fallecido en setiembre de 2021.

Detenido en flagrancia. Así terminó el abogado Wilder Omar More Palacios en Tumbes, quien minutos antes había pactado con un empresario el pago de 10 mil soles para que no se le incauten sus bienes inmuebles en Tumbes, lo cual según la Divincri se habría configurado el delito de corrupción de funcionarios pues al momento de su detención por los efectivos policiales se le encontró en sus bolsillos 5 mil soles.

La publicación del medio Noticias Tumbes reveló que el operativo lo realizó un equipo especial de la Fiscalía en coordinación con agentes de la sección de investigación de extorsiones de la Divincri de Tumbes, debido a que un empresario denunció que le estaban solicitando una fuerte cantidad de dinero.

Parte del dinero solicitado (5,000 soles) fue entregado al abogado, quien decía que lo iba a entregar al fiscal David Sialer Vargas para que supuestamente anule una resolución de incautación en contra de los bienes muebles e inmuebles del empresario y así anular la investigación patrimonial.

Debido a esto, los policías se trasladaron al Paseo Libertadores (frente al BCP y La Curacao), donde detuvieron a More Palacios, quien vestía un polo gris, bermuda beige y sandalias negras, quien había sido seguido por los policías de la Divincri. Las autoridades grabaron cuando recibía un sobre con los cinco mil soles, que lo guardó en su bolsillo derecho de la trusa.

Al realizarle el registro personal, los policías le encontraron el sobre con billetes de 100 soles por el monto total de cinco mil soles, motivo por el cual se procedió a intervenirlo y detenerlo, por encontrarse en presunta flagrancia delictiva por el presunto delito de corrupción de funcionarios en la modalidad de tráfico de influencias.

Debido a esto, Wilder More Palacios fue trasladado a las instalaciones de la Divincri para las investigaciones, en coordinación con la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios.

More Palacios se desempeña como funcionario del Ministerio de Cultura de Tumbes

Asimismo, de acuerdo a la Resolución de Secretaria General N° 000075-2022-SG/MC, Wilder More Palacios también forma parte del Ministerio de Cultura de Tumbes, en mayo pasado fue Director de Órgano Desconcentrado de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Tumbes, en ausencia de Rafael Mariano Diaz Montalvo. Actualmente se desempeña como abogado del Ministerio de Cultura en Tumbes.

Según fuentes de la DDC de Tumbes, Wilmer Omar More Palacios, es un hombre de confianza de Rafael Mariano Díaz Montalvo, actual director del Ministerio de Cultura de Tumbes, quien carga sobre sus hombros fuertes cuestionamientos a su gestión, tema que será materia de investigación.

La siguiente fotografía que fue tomada en una reunión navideña donde participaron los funcionarios de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Tumbes, entre ellos se aprecia en círculo rojo de pie el actual director de la DDC, Rafael Díaz Montalvo y de cuclillas el detenido Wilmer More Palacios.

Lima Gris se comunicó con la DDC de Tumbes para tener conocimiento sobre la situación del abogado More Palacios, pero no tuvimos respuesta. De la misma forma llamamos al área de comunicaciones de la sede central del Ministerio de Cultura, y nos señalaron que en las próximas horas publicarán un comunicado sobre la detención del funcionario.

Un megaoperativo en Lima y Callao, ejecutado en conjunto por el Cuarto Despacho de la Fiscalía Especializada en Criminalidad Organizada – FECOR del Callao y efectivos de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad – DIVIAC, permitió detener a 18 integrantes de la organización criminal “Los Alfiles”, un clan dirigido por el exalcalde del Callao Juan Sotomayor García. 

La intervención, liderada por el coordinador nacional de las FECOR, el fiscal superior Jorge Chávez Cotrina, incluyó el allanamiento de 28 inmuebles, donde las autoridades detuvieron a ocho regidores de la Municipalidad Provincial del Callao, quienes son investigados por los presuntos delitos de organización criminal, cohecho activo genérico, pasivo propio y pasivo impropio en agravio del Estado. 

Según la carpeta fiscal, estos funcionarios públicos habrían sido captados por los integrantes de la organización criminal, entre ellos “Los cabezas de barrio del Callao” quienes, bajo órdenes de Sotomayor García, antes que sea recluido como investigado como parte de otra agrupación delictiva, habrían contratado trabajadores fantasmas en las gerencias de Mantenimiento, Seguridad Ciudadana, Comercialización y Fiscalización y de la Municipalidad del Callao, bajo la modalidad de locadores de servicios.

Para ello, y en recompensa a sus acciones, habrían recibido ventajas económicas como dinero y vehículos, algunos de los cuales fueron incautados durante la madrugada. 

De esta manera, se habrían generado cupos provenientes de las arcas municipales, administradas por la organización criminal, pues los sueldos eran cobrados sin realizar las labores de las órdenes de servicio.

La investigación, a cargo del fiscal provincial Roger Saldaña Pineda, de la FECOR Callao, alcanza a una secretaria judicial contra quien pesa también la orden de detención preliminar por el plazo de 15 días.

En total, las 28 diligencias se desarrollaron en los distritos de San Miguel, Bellavista, Callao, Miraflores, Surco, Puente Piedra, San Martín de Porres, Ventanilla, Jesús María y La Molina, bajo la supervisión del fiscal superior Roberto Eduardo Lozada Ibañez, presidente de la Junta de Fiscales del Callao y el comandante de la Diviac Callao, Willy Gallardo. 

Desde hace más de un año se viene denunciando que miles de patrulleros, de distintas comisarías, se encuentran prácticamente al abandono, con las llantas desinfladas, sin sus accesorios, empolvadas y dejadas al olvido en algún depósito. Los patrulleros inteligentes le han costado al Estado miles de soles por su adquisición y que ahora se encuentren fuera de servicio, cuando solo se requiere de mantenimiento constante, le cuesta a todos los ciudadanos no solo dinero, sino que esos vehículos policiales no estén brindando seguridad.

La Contraloría General de la República (CGR) ha detectado que la Policía Nacional del Perú (PNP) gastó un total de S/ 742,712 para poner el servicio de internet a patrulleros inteligentes que se encontraban inoperativos o dados de baja, pese a que, según la entidad, la PNP tenía información previa del estado de los vehículos.

Según un reciente informe de control, la Policía contrató la instalación de internet para 1957 patrulleros inteligentes, de los cuales 1059, más del 50%, no utilizaron nunca el servicio por su condición de inoperatividad, lo que ocasionó un “gasto innecesario e irregular” en beneficio de la empresa proveedora.

Un gasto que asumimos todos los peruanos

La CGR precisó que la finalidad pública de la contratación era “mejorar el servicio de seguridad ciudadana”, permitiendo que los Centros de Datos de la PNP “cuenten con comunicación de datos en banda ancha hacia internet, que permita el uso de las aplicaciones policiales, así como la interoperabilidad con otras entidades públicas”.

Por ello, en diciembre del 2020, la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones (DIRTIC) de la PNP suscribió una contratación directa por S/ 37,149.673 por el “servicio de Banda Ancha de acceso a internet para comisarías y unidades especializadas a nivel nacional, transmisión de datos IP VPN para complejos policiales y puestos de frontera PNP, servicios de fibra oscura (…) y servicio de tercerización de seguridad informática gestionada”. Dicho servicio tendría lugar entre el 2 de diciembre de 2020 al 23 de agosto de 2021.

En dicho contrato estaba incluido el servicio de datos para interconectar a 1957 patrulleros inteligentes a través de la instalación de SIM CARD o chips (internet 4G o 3G). Por ello, se pagó un total de S/ 25,546.445. De ese monto, según la CGR, S/ 742,712 correspondieron al pago del servicio por las mencionadas unidades.

Sin embargo, el órgano de control evidenció irregularidades en dicha contratación de internet, ya que, en el bloque de 1957 unidades, se consideraron 510 patrulleros inteligentes inoperativos o dados de baja por lo que era innecesario instalarles el servicio. Esta inclusión se dio pese a que los funcionarios del área usuaria tuvieron conocimiento del estado de los vehículos antes del requerimiento, debido a informes previos de la División de Logística de la PNP.

“A esta irregularidad se suma que de los 510 SIM CARD innecesariamente requeridos, en 217 se registraron consumo de datos, lo que evidencia que fueron utilizados de forma indebida ya que las unidades en las que se encontraban eran inamovibles y sin funcionamiento”, refiere el informe del órgano de control.

Asimismo, el informe evidenció que en 549 patrulleros inteligentes operativos, “o que luego dejaron de estarlo”, se instaló el mismo número de SIM CARD que no registraron consumo de datos pese a contar con el servicio, “según se verificó en el informe sobre Tráfico de consumo de datos, elaborado por la DIRTIC”. Pese a ello, se realizó el pago sin observación alguna.

Todos los ciudadanos de bien viven atemorizados debido a las extorsiones y amenazas por parte de un grupo criminal proveniente de Venezuela denominado ‘El tren de Aragua’, los cuales se dedican al chantaje, sicariato, explotación sexual, y otros delitos que les permiten vivir rodeados de lujos a expensas del sacrificio de cientos de empresarios que buscan levantar un negocio.

Las calles de Lima se han vuelto mucho más peligrosas luego de la aparición de esa banda criminal que practica técnicas de terrorismo nunca antes vista, asesinando a sangre fría a sus víctimas, o extorsionando en a muchos emprendedores, quemando sus negocios o agrediéndolos física y mentalmente.

La gente ya vive cansada de ver cómo los capturan, se les deportan, pero ingresan nuevamente por la frontera norte de nuestro país, muchas veces en complicidad con malos funcionarios y policías que permiten su reingreso. El círculo delictivo parece nunca romperse y todos esperan una solución más drástica contra esas lacras de la sociedad.

Contraria a esa tendencia, la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ministerio Público, realizaron de manera conjunta, un megaoperativo en el distrito de Surco para detener a un grupo de extranjeros relacionados a diversos actos delictivos.

Se trataría de los integrantes de la presunta banda criminal conocida como el “Tren de Aragua”, quienes, además, al momento de su intervención, fueron encontrados con una gran cantidad de armas, sin obtener los documentos necesarios de acuerdo a la normativa peruana.

De acuerdo a la información brindada por la PNP, iniciaron su recorrido por algunos distritos de Lima y Callao hasta encontrar a los principales sospechosos, todos de nacionalidad venezolana. De esta manera, el Ministerio Público llegó hasta el distrito de Santiago de Surco, donde se encontró a los culpables, hallándosele todo un arsenal de guerra en su posesión.

80% de los detenidos son venezolanos

Por su lado, el fiscal César Changa, de la Fiscalía Especializada contra el Crimen Organizado, detalló que estas armas eran empleadas por delincuentes extranjeros, básicamente según reportaron, eran venezolanos, las cuales empleaban para cometer actos delictivos.

Entre las principales operaciones de este grupo de delincuentes, se trataban de asaltos, acciones de sicariato, extorsión y cobro de cupos. del mismo modo, hasta el lugar llegó el fiscal Jorge Chávez Cotrina, coordinador de las Fiscalías contra la Criminalidad Organizada.

De acuerdo a lo señalado por dichas autoridades, a mencionada la banda se le imputa los delitos de organización criminal, extorsión, trata de personas, explotación sexual agravada, sicariato y homicidio. Sin embargo, según las autoridades, existen otras acciones que atentan contra la normativa peruana.

“Dentro de la temática penal, ellos serán sancionados en su momento con 35 años de pena privativa de la libertad”, informó a la prensa el fiscal Jorge Chávez Cotrina, quién también precisó que esta acción criminal azota no solo el Perú sino a países vecinos como Colombia, Ecuador y Chile.

Por otro lado, informaron que durante la intervención de las autoridades se logró detener a 30 involucrados, en donde el 80% son venezolanos, aunque también hay peruanos entre el grupo de delincuentes.

“Serán derivados a la Dirincri para los procesos e investigaciones correspondientes. El juez dio 10 días para la investigación preliminar y al cabo de ello el fiscal solicitará prisión preventiva por 36 meses”, puntualizó.

Les gustan los lujos y el dinero fácil, sin embargo los medios empleados para obtenerlos era la extorsión, el sicariato, la explotación sexual de sus propias compatriotas, y la venta de drogas. La gran mayoría de los intervenidos no pasa de los 30 años y son de nacionalidad venezolana. Muchos de ellos ingresaron al país de manera ilegal, por la frontera, a vista y paciencia de las autoridades.

La organización criminal ‘Los Puros Hermanos Sicarios’ (PHS) han tomado las calles de la ciudad no para conseguirse un pan de manera hornada ni servir de ejemplo para sus demás compatriotas, sino todo lo contrario. Su forma de vida es la obtención de dinero a base de sangre y muerte, es decir, la extorsión y el sicariato. Muchos de ellos son reincidentes como el caso de Freddy Toro Acosta, alias ‘El Chivo’, el mismo que fue intervenido en el año 2020 durante la redada en el infame ‘Búnker’ de Punta Negra.

Pero eso no es todo. También han sido sindicados de estar detrás de la red de trata de personas que inundan las principales calles de la ciudad, teniendo bajo amenaza de muerte a sus propias connacionales.

Armados con pistolas, rifles de largo alcance, e incluso granadas, esa temible banda, de acuerdo al reportaje elaborado por Panorama, mantenía atemorizados a todas sus víctimas, siendo capaces de no dudar en quitarle la vida a un humilde comerciante o a una joven que llegó al país con falsas promesas de trabajo.

Durante la intervención realizada por la Policía el día 31 de octubre en las costas del Callao, los 19 venezolanos capturados (12 varones y 7 mujeres) intentaron ocultar las pruebas de sus delitos arrojando al mar sus celulares, sin embargo, la policía de salvataje un día después logró recuperarlos sumergiéndose a las frías aguas chalacas.

Bajo el control de la Policía se pudo constatar a través de los chats y mensajes la forma en que operaba esa banda. Fotos de armas de fuego con mensajes intimidatorios, mensajes de voz advirtiendo a las demás personas que las calles de Lince o Cercado de Lima sin de ‘propiedad’ de esa banda criminal, son solo algunas de las pruebas encontradas por los peritos de la Policía.

Ahora solo queda preguntarse si se les volverá a ver en las calles de la ciudad, volviendo a extorsionar a nacionales y extranjeros. Eso solo depende de las autoridades.

Desde las primeras horas de la mañana de hoy, la Fiscalía, con apoyo de la Policía Nacional, ha detenido a 25 presuntos integrantes de una organización criminal a la que pertenecerían funcionarios de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

Las diligencias se realizan en mérito a una resolución del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia del Callao que ha dispuesto la detención preliminar de un total de 25 personas en diferentes distritos de la capital y en Tacna, La Libertad y Arequipa.

En Lima, la actuación fiscal se realizó en la cuadra 4 del jirón Cortijo, en Surco, donde fue detenido Fredy Aguilar Anaya, jefe de la División de Importaciones de Aduanas de la Sunat, quien, de acuerdo a la teoría fiscal, tenía conocimiento y facilitaba que los importadores no paguen al Estado los aranceles correspondientes.

Asimismo, en el distrito de Pueblo Libre, se detuvo a Ivonne Valverde Mori, supervisora del despacho de Aduanas. En total, la Fiscalía ha realizado allanamientos en 32 inmuebles en distintas jurisdicciones regionales.

También se ha intervenido algunos locales donde las empresas importadoras guardan este material, sobre todo telas, que habrían ingresado al país sin pagar los impuestos aduaneros correspondientes.

Habrían defraudado a través de Aduanas desde hacer varios años

Según información policial, en total serían tres funcionarios de Aduanas de la Sunat que estarían involucrados en esta presunta organización criminal. Además de agentes de las oficinas de Aduanas.

El general PNP José Ludeña, director de la Policía Fiscal, precisó que dicha organización habría defraudado al Estado por más de un millón y medio de dólares al facilitar a empresas importadoras que no paguen la documentación correcta de aranceles e impuestos.

“Acá hay tres funcionarios de nivel de Aduanas. Luego, hay como colaboradores 2 oficiales de Aduanas. También tenemos a agentes de Aduanas de las agencias y una decena de importadores, dentro de ellos tenemos a ciudadanos chinos que eran gerentes de empresas importadoras”, indicó.

De ese modo, el presunto grupo delictivo se habría coludido con 15 empresas importadoras de origen chino, principalmente del rubro textil, para cometer la referida defraudación en perjuicio del Estado.

Trascendió que las autoridades venían investigando a este supuesto grupo criminal desde 2019, estos tenían como modus operandi el brindar “apoyo” a empresas textiles importadoras para que estas puedan evadir el pago de los impuestos correspondientes por su mercadería.