El ministro de Cultura, Fabricio Valencia Gibaja, negó tener una relación sentimental con Shirley Hopkins, la locadora de servicios mejor remunerada del Ministerio de Cultura en lo que va de su gestión. La polémica crece tras revelarse que Hopkins habría recibido múltiples órdenes de servicio por montos significativos, algunas de ellas firmadas durante la gestión de Valencia.

Desde Cusco, en declaraciones brindadas al periodista Néstor Larico de Nueva TV, el titular del Mincul intentó justificar las contrataciones. “Lo que hay que precisar es lo siguiente. Primero, hay que tener en cuenta el buen uso del recurso público. El monto exacto no supera los 100 mil soles”, afirmó, antes de aclarar que Hopkins no ocupó un cargo de confianza, sino que fue contratada bajo la modalidad de orden de servicio. “Las dos primeras órdenes fueron emitidas antes de que asuma como ministro”, añadió. Sin embargo, reconoció que hubo otras dos posteriores, aunque aseguró no haber tenido “ninguna participación” en dichas contrataciones.

Sobre el manejo de esos procesos, Valencia deslindó responsabilidades. “Yo no propongo montos, ni tiempos, ni absolutamente nada. La Fiscalía ya ha intervenido y se le brindará todas las facilidades. Esta servidora ya presentó su carta de desistimiento y dejó de prestar servicios al ministerio”.

Consultado directamente sobre su presunta relación sentimental con Hopkins, el ministro respondió: “Pueden especular una serie de cuestiones. Lo que nos importa es el manejo del recurso público. Si la pregunta es si tengo una relación sentimental con ella, la respuesta es no. No he tenido ningún tipo de relación sentimental con ella”.

Pese a sus declaraciones, la Fiscalía Anticorrupción ha iniciado una investigación preliminar para determinar si existió tráfico de influencias o algún tipo de favorecimiento indebido. En paralelo, la Comisión de Fiscalización del Congreso ha anunciado que citará al ministro para que rinda cuentas sobre los contratos otorgados a Hopkins y la presunta utilización de un vehículo oficial para fines personales, otro aspecto que forma parte del expediente fiscal.

El caso reaviva el debate sobre el uso discrecional de las órdenes de servicio en el sector público y los riesgos de que estas se conviertan en una vía opaca para beneficiar a allegados o personas cercanas a altos funcionarios.

Aquí las declaraciones del ministro esta mañana.

Los perros ladran, y no es precisamente porque se esté avanzando. Una guerra intestina viene ocurriendo dentro del partido Progresemos luego que su rostro más visible, el economista Hernando de Soto, anunciara que no se vienen respetando los acuerdos firmados con el presidente de dicho movimiento político, Paul Jaimes, calificando la situación de “engaño y demagogia” al pretender incluir en el partido a sujetos con procesos judiciales abiertos.

“Han salido personas que han estado en la cárcel, que deberían estar en la cárcel, personas acusadas de atracar bancos, de apuñalar a sus parientes”, indicó.

Ante ello, el economista de 83 años adelantó que de no cumplir hasta el fin de semana con los acuerdos firmados en julio del año pasado declinaría de su postulación presidencial.

Asimismo, el también excandidato presidencial indicó que busca tomar control del partido a través de delegados regionales “que realmente hayan sido elegidos como candidatos y no impuestos por el círculo íntimo que actualmente controla la agrupación”.

Menciona de Soto, que en el primer punto del “Acuerdo Político”, se establecía que él sería el candidato presidencial. El segundo, que presidiría la Comisión Política para la campaña hasta junio de 2026, con la facultad de modificar el estatuto del partido antes del 27 de este mes —plazo que vence hoy—, en cumplimiento con la ley electoral, que permite cambios solo hasta el 11 de junio. Esta reforma sería clave para inscribir a los precandidatos a alcaldías y gobernaciones regionales, y candidatos al Congreso.

Por su parte, en declaraciones para Perú21, Jaimes respondió que el “Acuerdo Político” estaba sujeto a modificaciones para adecuarse a la normativa electoral, y que De Soto estaba al tanto de todo eso. La Ley dice que los candidatos se eligen en elecciones internas, no a dedo, como él pretendía, sostuvo el presidente de Progresemos.

Es más, de Soto asegura que distintas personas se han acercado a él para reclamar compromisos pendientes luego de haber entregado importantes sumas de dinero.

“Gente ha venido y ha pedido cita conmigo y me dicen: ‘yo he contribuido con 40 mil dólares, 50 mil dólares, tres oficinas, y hasta ahora no me dicen lo que tengo que hacer’”.

La ‘jauría’ ladra dentro de Progresemos y tal parece que el primero en dar marcha atrás será de Soto, quien a sus 83 años verá cómo se deslizan una vez más sus aspiraciones presidenciales.

Si en la actualidad existen congresistas que se muestran abiertamente a favor de la renovación del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) no es de manera gratuita, ya que durante toda su vida jamás han tenido un contacto sumamente cercano con los mineros informales; y es que lo que verdaderamente les estaría motivando a votar a favor de la extensión de un programa notablemente fallido no es precisamente el afecto o entendimiento pleno que tienen sobre esa problemática, sino los miles de dólares que podrían recibir de parte de ellos. No es amor al chancho, sino a los chicharrones, dirían algunos.

Es tanto el dinero que se mueve en la minería ilegal que esto representa alrededor de S/23 mil millones en pérdidas para el país solo en el año 2022, monto equivalente al 2.5 % del Producto Bruto Interno (PBI), según datos de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE). Esa cifra sigue en aumento con el transcurso de los años y el año pasado eso representó el 2.8 % del PBI. Lo peor de todo eso es que resulta imparable debido a una deficiente respuesta del Gobierno Central.

Pero, ¿en qué momento hablamos de minería ilegal? La socióloga e investigadora Zaraí Toledo, experta en minería ilegal, explica en el paper “Legal, or Illegal? Varieties of Artisanal Mining in the Global South”, publicado en la prestigiosa revista World Politics en el año 2024, algunas diferenciaciones que nos permitan reconocerla.

• Minería informal: el Estado no la regula, ni recibe protección de este, y tampoco paga impuestos.
• Minería ilegal: es aquella que se realiza en zonas prohibidas, como una reserva natural, y se asocia a una violación extensiva de reglas y prácticas delictivas y criminales.
• Minería artesanal: se realiza con instrumentos rústicos o semimecánicos.

La minería ilegal y la política, su influencia a futuro

Un reciente estudio de campo de IPSOS arrojó una cifra preocupante, pero que para varios conocedores del tema es solo una confirmación del problema: 71 % de los encuestados respondió que la minería ilegal va a financiar la próxima campaña electoral. De corroborarse, daría pie a que los futuros diputados y senadores inclinen sus votos a para regulaciones más favorables a los mineros ilegales, ya sea modificando zonas que en la actualidad son consideradas como santuarios ecológicos, protección legal, impunidad, etc.

De esta manera, 7 de cada 10 peruanos considera que el dinero proveniente de la minería ilegal servirá para el pago de los afiches, los viajes al interior del país, el pago para los músicos, fuegos artificiales, enormes estrados, banderolas, polos y demás pagos relacionados a una campaña electoral.

Mineros llaman a la puerta del Congreso

El problema resulta sumamente complejo, pues muchos de los mineros ilegales se camuflan como mineros informales para realizar la ilícita extracción del oro, que a propósito se estima que para fines del 2025 su valor llegue a los 3,700 dólares por onza.

Recientemente, se conoció que 168 mineros informales de Pataz, inscritos al REINFO, figuran como militantes del partido político Alianza para el Progreso (APP), liderado por César Acuña, quien en la actualidad es el gobernador regional de La Libertad, región donde se encuentra Pataz. ¿Coincidencia?

Asimismo, el año pasado, entre enero y mayo, periodo donde se debatía la extensión del REINFO, se registró al menos 158 veces la visita de dirigentes relacionados a la minería informal.

El Perú es minero por naturaleza y el negocio del oro es sumamente lucrativo para muchos; además, da trabajo de manera directa e indirecta a millones de peruanos que conscientes o no de ese ilícito trabajo, prefieren guardar silencio luego de recibir en sus manos un considerable sueldo. Total, ellos solo son una pieza de un terrible engranaje de una maquinaria que busca más y más poder, arrasando con todo lo que encuentre a su paso.

Con las ‘lunas’ bien limpias. El mejor amigo de los mineros informales y el REINFO, aquel que cobija a ‘perro, pericote y gato’ dentro de su bancada congresal, el de la universidad con fachada ‘bamba’, sí, estamos hablando del congresista José Luna Gálvez, el mismo que fuera suspendido por 5 años por presuntamente recibir dinero de Vladimiro Montesinos, el siniestro asesor de Alberto Fujimori.

Detrás de Fuerza Popular y Alianza para el Progreso, la bancada de Podemos es una de las peores en el Congreso de la República, reciclando a cualquier parlamentario sin importarle sus antecedentes ni investigaciones fiscales. Total, son tal para cual.

Huancavelicano de nacimiento, Luna Gálvez siempre ha tenido la intención de convertirse en presidente de la República, aburrido tal vez de siempre ser electo como legislador a través de distintos partidos (Solidaridad Nacional, Alianza Unidad Nacional, Unidad Nacional, Alianza Solidaridad Nacional, Podemos Perú).

Su abogado Miguel Ángel Soria (ex viceministro de Justicia y aspirante a defensor del Pueblo) presentó el pasado 20 de enero un recurso de habeas corpus para anular tres investigaciones vinculadas a los presuntos delitos de lavado de activos, sobornos y organización criminal. El encargado de aprobarlo fue el juez Juan Carlos Núñez Matos.

Es en esa línea que el juez correspondiente al Primer Juzgado Constitucional de Lima declara no solo declara fundado el recurso a favor del legislador, sino que dispone la nulidad de las investigaciones y “ordena a los fiscales demandados abstenerse de investigar al beneficiario José León Luna Gálvez, sin antes cumplir con lo establecido en el Artículo 99° de la Constitución Política”.

Es así que cuatro días después, en tiempo récord, el magistrado admitió la demanda y el pasado 24 de abril procede con anularlas.

Luna Gálvez era acusado de haber transferido S/180 mil a la cuenta del fallecido alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, entre los años 2013 – 2015, en su calidad de dueño de la Universidad Telesup. El dinero habría provenido de la trama de corrupción del Caso Lavajato.

Asimismo, se le investigó por haber transferido de Telesup S/ 912 mil a Iván Noguera Ramos, cuando fue miembro del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). Noguera fue parte de la red ‘Los Cuellos Blancos’.

Además, Luna Gálvez era investigado por haber sobornado a miembros del CNM para elegir al jefe de la ONPE para que lo favorezca en elecciones.

Por su parte, el Ministerio Público ya ha anunciado que presentará una apelación al fallo del juez Núñez Matos; será la Segunda Sala Constitucional de la Corte Superior de Lima quien determine si revoca o no el fallo.

El ministro de Cultura Fabricio Valencia Gibaja hasta el día de hoy continúa sin dar declaraciones a la prensa sobre el escándalo que involucra a la señora Shirley Hopkins Cerna, quien sin contar con título universitario —y al mismo estilo ‘Richard Swing’— fue beneficiada con órdenes de servicios por 127,500 soles.

Sin embargo, recién por la noche del viernes 23 de mayo, el ministerio de Cultura emitió un comunicado que intentaba confundir al público y ocultar el favoritismo en la contratación de Hopkins Cerna para que cumpla el servicio de coordinación administrativa para el Gabinete de Asesores en el Despacho Ministerial.

Asimismo, tras el escándalo, este lunes 26 de mayo antes del mediodía, el Mincul nuevamente ha emitido un comunicado en el que pretende ejercer distancia de la señora Hopkins Cerna, y luego de la intervención de la Fiscalía en el Mincul, la entidad anunció que ya canceló el contrato con la locadora de servicios.

Parte del comunicado del 23 de mayo del Mincul:

«Ante la publicación que viene circulando en las redes sociales, respecto a presuntas irregularidades en la contratación de una locadora de servicios en la gestión del ministro de Cultura, Fabricio Valencia, se informa lo siguiente:

La contratación de dicha locadora se realizó conforme a la normativa vigente, cumpliendo con los procedimientos internos establecidos por la entidad, a través de la Oficina General de Administración y la Oficina de Abastecimiento.

La información difundida en dicha publicación se basa en versiones inexactas y tendenciosas, que reflejan prácticas contrarias a la ética. En ese sentido, rechazamos categóricamente cualquier acto que atente contra la honra, honorabilidad y dignidad de las personas”.

Mincul emite nuevo comunicado

Mientras, que desde el Congreso piden que la Contraloría y Fiscalía investiguen de oficio este caso, desde el Ministerio de Cultura nuevamente rompieron su silencio con un segundo comunicado que intenta justificar los jugosos pagos a una locadora que no ostenta título universitario y que es muy cercana al ministro Fabricio Valencia Gibaja.

Comunicado del lunes 26 de mayo del Mincul:

“El Ministerio de Cultura, respecto a la contratación de la señora Shirley Hopkins Cerna bajo la modalidad de locación de servicios, informa lo siguiente:

1.- La referida locadora ha venido prestando servicios en la Oficina del Gabinete de Asesores del Ministerio de Cultura desde mayo de 2024.

2.- Mediante carta de fecha 25 de mayo de 2025, la mencionada locadora presentó su solicitud de desistimiento respecto de la Orden de Servicio N° 1925. Dicha solicitud ha sido canalizada conforme a los procedimientos internos vigentes, a través de la Oficina General de Administración.

3.- Rechazamos cualquier acto, expresión o insinuación que atente contra la honra, honorabilidad y dignidad de las personas.

El Ministerio de Cultura reafirma su compromiso con el uso adecuado y transparente de los recursos del Estado”.

La falta de transparencia del Ministerio de Cultura frente a un caso tan sensible como el de la señora Shirley Hopkins Cerna reflejaría una preocupante continuidad de prácticas clientelistas y de favorecimiento irregular en la administración pública.

La ausencia de respuestas oficiales, sumada al evidente paralelismo con casos anteriores como el de Richard Swing, evidencia no solo una falla institucional, sino también una alarmante tolerancia hacia la improvisación y el uso político de recursos del Estado. El silencio, en este contexto, no solo es cómplice, es inaceptable.

La presidenta Dina Boluarte viene evaluando el relevo del ministro de Cultura, Fabricio Valencia, luego de que se conociera un caso de presunto favoritismo en contrataciones al interior de su despacho. Según fuentes de Palacio de Gobierno, la jefa de Estado solicitó información detallada del caso que involucra al titular del Mincul y a la señora Shirley Hopkins, una locadora de servicios sin título universitario.

Hopkins fue contratada con montos superiores a los de otros profesionales con mayor experiencia, en actividades que no guardarían relación directa con su perfil. El caso ha generado preocupación en el entorno presidencial, donde algunos asesores advirtieron sobre el impacto negativo que tendría mantener a Valencia en el cargo.

El premier Eduardo Arana también analiza la posibilidad de solicitar el cambio del titular de Cultura. Según fuentes del Ejecutivo, Arana considera que la permanencia de Valencia entorpecería la legitimidad de nuevas medidas culturales, en momentos en que el gobierno intenta recuperar imagen tras la caída de aprobación presidencial.

Valencia Gibaja, designado en septiembre de 2024, ha evitado declarar sobre el tema. Su oficina de prensa se limitó a señalar que “todo contrato ha seguido el procedimiento correspondiente”. El ministro no anunció una investigación interna alguna. Mientras tanto, un alto funcionario ha señalado que es importante que la Fiscalía revisé las cámaras de seguridad y el registro del GPS del vehículo oficial del ministro de Cultura.

El caso nos recuerda a las órdenes de servicio que recibió Richard Swing, otro personaje que tampoco contaba con título universitario.

La persona que no cuenta con título universitario ni experiencia en temas culturales, es Shirley Hopkins Cerna, locadora de servicios que gana 10 mil soles mensuales. Actualmente se ha convertido en la mejor pagada sin título universitario bajo la gestión del ministro Fabricio Valencia Gibaja.

Hopkins Cerna, no cuenta con estudios universitarios pero aún así ha logrado conseguir jugosas órdenes de servicio en el Ministerio de Cultura por un valor de 127,500 soles. Su presunta relación sentimental con el titular del Mincul, sería su mejor carta de presentación para que la oficina de Abastecimiento haya aprobado su contratación.

Esto es solo la punta del icerberg de un caso que involucraría al ministro de Cultura, una exministra y varios funcionarios del Ministerio de Cultura.

En el programa de Lima Gris por radio Planicie 91.5 FM, se habló sobre todos los detalles que encierra este nuevo escándalo que nos recuerda al caso Richard Swing.

No cabe duda de que el cuestionado exministro del Interior, Juan José Santiváñez Antúnez, y actual funcionario del gobierno de Dina Boluarte, sigue siendo protagonista de titulares por razones que poco tienen que ver con méritos públicos y sí mucho con escándalos, sospechas e impunidad. El nombre de Santiváñez se ha convertido en sinónimo de una preocupante normalización del uso del poder para fines particulares, en un país que ya no se escandaliza fácilmente por la corrupción, pero que sí continúa pagando su precio.

El Ministerio Público abrió recientemente diligencias preliminares contra Santiváñez por el presunto delito de tráfico de influencias agravado. La resolución, fechada el 7 de mayo de 2025, detalla que el exministro habría utilizado su posición para interceder ante la presidenta de la República, el comandante general de la Policía Nacional, Víctor José Zanabria Angulo y el jefe del Estado Mayor, Óscar Manuel Arriola Delgado, buscando colocar a sus allegados en cargos estratégicos en embajadas peruanas en el extranjero. La denuncia, de origen anónimo, provino de un correo electrónico enviado el pasado 20 de enero. Un hecho que, más allá de su forma de ingreso al sistema judicial, refleja la desconfianza ciudadana en las vías oficiales y el temor a las represalias.

Entre los supuestos beneficiados por esta presunta red de favores figuran el coronel PNP Luis Huamán Santamaría (designado en Paraguay), el comandante PNP Allan Villaverde Erazo (en EE.UU.) y el comandante PNP Dante Velasco Marín (en Italia). Según la tesis fiscal, estos oficiales habrían prometido “guardar en secreto actividades ilícitas” cometidas por Santiváñez, e incluso se sugiere una posible implicación de la propia presidenta Boluarte. Si esto se confirma, estaríamos ante un caso que no solo erosiona aún más la credibilidad del Ejecutivo, sino que compromete la institucionalidad del Estado en su conjunto.

Pese a estas graves acusaciones, Santiváñez no ha desaparecido de la administración pública. Todo lo contrario: ha sido reciclado, reinsertado y premiado. Actualmente, ocupa dos cargos en el Estado. Por un lado, forma parte del Consejo Directivo de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec), y por otro, funge como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental del Despacho Presidencial. Esta duplicidad de funciones plantea una inquietante pregunta: ¿está Santiváñez percibiendo doble remuneración con recursos públicos mientras afronta investigaciones fiscales por delitos graves?

Lo más indignante, sin embargo, es que el Estado —el mismo que lo investiga— ha financiado su defensa legal. Según el semanario Hildebrandt en sus trece, durante el segundo semestre de 2024, el Ministerio del Interior aprobó cuatro resoluciones para pagar los servicios jurídicos de Santiváñez. El monto total supera los 410 mil soles. Esta desfachatez de financiar la defensa de un exfuncionario por investigaciones de organización criminal y encubrimiento personal, no hace sino confirmar que la institucionalidad está siendo secuestrada por los mismos a quienes debería fiscalizar.

El historial de Santiváñez está plagado de sombras. En marzo de 2025, su vivienda fue allanada por la Fiscalía como parte de las investigaciones por presunto abuso de autoridad. Días después, él mismo pidió al Poder Judicial que anulara dicha diligencia. Sin embargo, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema declaró infundado su pedido, ratificando la legalidad del procedimiento. La Fiscalía incluso reveló que en los domicilios de una de sus colaboradoras, Yessenia de la Cruz, se encontraron documentos relevantes. Pese a estos hallazgos, Santiváñez continúa moviéndose con comodidad dentro del aparato estatal.

Peor aún, se le vincula con un audio enviado al capitán PNP Junior Izquierdo, alias “Culebra”, donde el exministro le habría pedido que el coronel (r) Harvey Colchado “controle” al periodista Marco Sifuentes. De confirmarse este hecho, estaríamos ante una grave intromisión en la libertad de prensa y un claro intento de coacción desde el poder.

La permanencia de Santiváñez Antúnez en el Ejecutivo, a pesar de sus escándalos, no es solo una afrenta a la ética pública: es una señal de la putrefacción de los mecanismos de control. ¿Cómo se explica que alguien investigado por delitos tan graves siga tomando decisiones desde una posición de poder? ¿Qué garantías tiene la ciudadanía de que las instituciones no están siendo utilizadas como escudos para la impunidad?

Este caso, más allá de los detalles judiciales, revela un patrón peligroso: la captura del Estado por redes de lealtades personales y clientelismo. Juan José Santiváñez, lejos de ser un accidente, es un síntoma. Su ascenso, caída y reciclaje ilustran con crudeza cómo la política peruana permite —y hasta premia— la desvergüenza.

A estas alturas, ya no se trata solo de una investigación fiscal. Se trata de recuperar el sentido de lo público. La continuidad de Santiváñez Antúnez en el aparato estatal es una provocación al sentido común, una bofetada a los peruanos que todavía creen que el Estado debería estar al servicio de los ciudadanos y no de sus verdugos.

El caso Santiváñez es, en resumen, un espejo de la corrupción estructural que carcome al Perú.