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Política

Ministra Betssy Chávez en graves aprietos luego que se conociera que habría favorecido a toda una familia vinculada a Perú Libre [VIDEO]

Fiscalía ya inició las investigaciones y congresistas exigen su renuncia.

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En el nombre del padre, del hijo, del otro hijo, y de la otra hija también; un poco más y hasta la mascota de la familia Sotelo habría conseguido trabajo por obra y gracia de la ahora ministra de Cultura Betssy Chávez, quien a propósito es ministra por la anuencia del presidente Pedro Castillo, teniendo él la última palabra para colocarla en cualquier ministerio del Estado si le place.

Luego de que el pasado domingo el programa periodístico Cuarto Poder revelara que la ministra engreída del mandatario tiene una estrecha relación con la familia Sotelo, en particular con Abel, quien sostendría una relación sentimental, los parlamentarios no se han quedado de brazos cruzados, pues la titular del Ministerio de Cultura (Mincul) habría cometido los delitos de negociación incompatible y tráfico de influencias agravado, al supuestamente haber favorecido a toda una familia vinculada con Perú Libre.

Sobre ello, los parlamentarios coinciden en señalar que Betssy Chávez tiene que salir a dar explicaciones concretas y dilucidar si se contrató o no a los familiares de su aún no confirmada pareja sentimental.

Por ejemplo, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Héctor Ventura, anunció ayer que citará a Chávez Chino para que explique ante dicho grupo de trabajo los contratos a sus presuntos allegados.

“Hasta el momento, la ministra de Cultura no da explicaciones sobre el presunto favorecimiento en cargos públicos a familiares de personas cercanas a ella. Por tanto, desde Fiscalización las pediremos formalmente”, escribió desde su cuenta de Twitter.

A su turno, Martha Moyano, de Fuerza Popular, opinó que las relaciones sentimentales son personales, pero que si en ellas se involucran elementos del Estado -como podría ser el caso de Betssy Chávez- entonces hay un problema.

La legisladora abordó así el caso en alusión a imágenes captadas por el dominical en el que se aprecia a la ministra salir del edificio en el que se encuentra su departamento acompañado de Abel Sotelo, con quien sube a un auto del Ministerio de Cultura.

“Si usa vehículos del Estado, que la esperan hasta altas horas sin ejercer la función pública, ahí tenemos un problema”, cuestionó Moyano.

Agregó que su bancada discutirá el tema en la interna.

Mucha confianza. Betssy Chávez y Abel Sotelo saliendo del departamento de la primera. Foto: captura Cuarto Poder.

Desde el flanco de Renovación Popular, el legislador Jorge Montoya pidió a Chávez que renuncie.

Añadió que su agrupación tomará acciones sobre el caso, si en caso no hay dimisión.

“Lo que debe hacer la ministra es renunciar, es lo más correcto que puede hacer. Dependiendo de lo que suceda vamos a tomar acciones, si renuncia, ahí queda el caso y se verá si hay delito, sino vamos a analizar la bancada qué acciones tomar”, declaró en diálogo con la prensa.

Su colega Patricia Juárez, de Fuerza Popular, opinó de forma similar. Ella dijo que beneficiar a sus allegados sería una infracción a la Constitución y advirtió que se configurarían delitos.

fuente: willax.

Cabe recordar que la ahora ministra de Cultura fue censurada en el mes de mayo del presente año cuando ella ejercía la titularidad en el ministerio de Trabajo luego de su pésimo manejo en la huelga de controladores aéreos, ocasionando que muchos vuelos queden suspendidos en todo el país durante Semana Santa. A pesar de ello, el presidente Castillo decidió colocarla en un ministerio que durante los últimos años es tomado como la última rueda del coche como es el de Cultura.

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Política

Omar Vásquez Quispe, el amigo de Betssy Chávez designado a dedo como asesor del Estado

Betssy Chávez de manera irregular designó a su amigo que le cargaba los cables, como asesor del Ministerio de Trabajo y del Ministerio de Cultura.

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Una nueva denuncia contra Betssy Chávez sale a la luz. Así como benefició a la familia de Abel Sotelo, la actual premier desde que llegó al gobierno hizo gala de su gran ignorancia. Hace unos años esta desconocida abogada tacneña tenía un programa en las redes sociales en vivo desde su habitación llamado “Los Malpensados”, el mil oficios que le cargaba los cables y la ayudaba tras cámara era Omar Vásquez Quispe. De ganar S/ 1,680 soles en la universidad Basadre de Tacna, terminó convertivo en asesor del Estado ganando más de S/ 17,680 soles mensuales, todo esto con ayuda de Betssy Chávez Chino.

En su programa de Betssy Chávez, que transmitia desde su habitación, Omar era su ayudante y era con quien hablaba detrás de cámaras. Cuando Betssy Chavéz llegó a convertirse en ministra de Trabajo, lo convirtió en asesor II del estado Peruano. Una designación irregular de un personaje que no estaba capacitado para el cargo. Una forma sistemática de robarle al Estado.

Sin experiencia para el cargo

Omar Vásquez Quispe era un simple ayudante que se ganaba la vida con un sueldo básico en la universidad Basadre em Tacna. Antes de que Chávez Chino llegué al gobierno, jamás ocupó un cargo de asesror ni había trabajado en un ministerio. Su único talento para convertrise en asesor del Estado, fue ser amigo de Betssy Chávez y su ayudante en los videos que compartía en sus redes sociales.

Tras la censura de Betssy Chávez por el Congreso, Omar dejó el cargo de asesor en el Ministerio de Trabajo, pero semanas después, la gran ignoracnia de Betssy Chávez lo volvió a desgidnar como asesor ahora en el Ministerio de Cultura. Es así que Omar Vásquez Chino se convirtió en Asesor de la Secretaría General del Archivo de la Nación en el MINCUL.

Nuevos hechos de la designaciones irregulares que continúan demostrando el saqueo del actual gobierno.

Aquí el reportaje completo de Panorama:

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Política

La OEA en el Perú y su cuestionada misión

Lee la columna de Raúl Allain.

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El pasado 20 de noviembre arribó a Lima una misión de la Organización de Estados Americanos (OEA). Como ya la opinión pública conoce, este “grupo de alto nivel” tenía sobre todo un objetivo político: defender y apoyar al cuestionado presidente Pedro Castillo en momentos que es investigado por presuntos actos de corrupción y con nada más ni nada menos que seis investigaciones preliminares en la Fiscalía de la Nación.

La historia de esta trama en la que se pretende confundir a la población, empieza en una sesión extraordinaria en Washington, en la que el Consejo Permanente, órgano ejecutivo de la OEA, decidió el supuesto “respaldo a la preservación de la institucionalidad democrática” en Perú y llamó “a todos los actores” a actuar dentro “del estado de derecho”.

Nada más risible que esto, pues Castillo y sus adláteres para defenderse de las graves acusaciones en vez de declarar ante las autoridades y responder a los cuestionamientos, se están victimizando con el argumento de que se trata de un golpe de Estado.

Pedro Castillo, denunció a mediados de octubre un supuesto intento de golpe de Estado supuestamente inspirado por el Ministerio Público, horas después de que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, presentara una denuncia constitucional en su contra ante el Congreso de la República.

“Se ha iniciado la ejecución de una nueva modalidad de golpe de Estado en el Perú, un golpe de Estado con libretos creados utilizando al Ministerio Público políticamente y hacer creer al país de que mi persona lidera una red criminal, lo cual rechazo rotundamente”, dijo en una conferencia a la prensa extranjera en el Palacio de Gobierno.

Definitivamente, esta es una coartada en la que recurre al viejo cuento de hacerse la víctima. Y por esa razón es que recurrió a sus aliados procomunistas de la OEA para que vengan al Perú a defenderlo.

Castillo pidió “auxilio” a la OEA de esta manera, mediante una misiva de donde citamos el siguiente párrafo: “Solicitar a usted, señor secretario general (Luis Almagro), que disponga las medidas de urgencia que permitan abrir un diálogo entre los diversos poderes del Estado para resolver la crisis política que afecta a la democracia peruana, evitando al mismo tiempo la configuración de una nueva modalidad de golpe de Estado”, reza la misiva enviada a la OEA y publicada por varios medios de comunicación (https://tinyurl.com/3nreun3m).

Como se sabe, Castillo está protegido por la figura de la “inmunidad presidencial”, que prohíbe que sea procesado judicialmente hasta que termine su mandato como presidente. Sin embargo, tal como lo han señalado expertos en jurisprudencia, nada impide que sea investigado.

Como se sabe, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, ha sido calificado como un “camaleón político” por el prestigioso diario español “El País”, que recordó en una de sus ediciones que el uruguayo Almagro dio su respaldo al dictador venezolano Hugo Chávez: “Ahí está la consolidación de un proceso que ha sido plenamente exitoso en su política interna y exitoso en su proyección internacional (…) ese es el camino” (https://tinyurl.com/26m87bs6).

En otra oportunidad, tuvo palabras de elogio para un dictador que llevó al pueblo de Venezuela a la peor crisis política, económica y humanitaria: “Ojalá que cada uno de nosotros, en el ámbito que corresponda, recoja su ejemplo y lo lleve adelante, como de alguna manera intento yo cada día con cada gestión que hago”, dijo cuando se cumplió un año del fallecimiento del dictador (https://tinyurl.com/3hfvj4az).

Con estos antecedentes, ya sabemos que la OEA pretende sumarse al cuento de que Castillo es un perseguido político y que las acusaciones en su contra son parte de un complot “orquestado por la derecha golpista”.

Una vez en Lima, la misión de la OEA se reunió con diversos actores políticos para “evaluar la situación”, en un clima de descontento de gran parte de la población por la pésima gestión de Pedro Castillo.

De manera unánime, los medios de prensa en el Perú y el extranjero vienen dando cuenta de la serie de presuntos actos de corrupción, investigaciones y denuncias contra Castillo y su entorno de asesores y familiares.

Sin embargo, la Fiscalía de la Nación sí ha sabido defender ante la misión de la OEA –con argumentos de peso– su denuncia constitucional contra Pedro Castillo. Durante una reunión con la Organización de Estados Americanos (OEA) tras la petición del mandatario de activar la Carta Democrática Interamericana.

La Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, ha asegurado ante la delegación de la OEA que es «falso» que dicha denuncia constitucional contra Castillo esté motivada por asuntos políticos o que sea parte de una «estrategia de ruptura del orden democrático», tal y como ha denunciado en reiteradas ocasiones el presidente del país.

Además ha precisado que existen 190 «elementos de convicción sobre la existencia de una presunta organización criminal enquistada en el Poder Ejecutivo», producto de una investigación preliminar autorizada por el Tribunal Supremo de Perú, informó el diario La Razón.

Según Benavides, la denuncia constitucional es «lo único que podía efectuar su despacho» a nivel procesal y constitucional, añadiendo que «era su obligación» presentarla después de haber recabado «indicios suficientes de la comisión de delitos», ha informado la propia Fiscalía General en una misiva.

Muchos se preguntan, ¿de qué se le acusa a Castillo? En efecto, la Fiscalía de la Nación acusó formalmente, a través de una denuncia constitucional, al presidente Pedro Castillo de liderar una organización criminal

Según la fiscal, Patricia Benavides, la investigación ha revelado indicios de que Castillo es el cabecilla de una red responsable de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión.

El portal “BBC Mundo” lo resume así: “Benavides también dijo que se estaba produciendo “una feroz obstrucción a la justicia” desde esa red supuestamente “enquistada en el Gobierno con la finalidad de copar, controlar y direccionar procesos de contrataciones para obtener ganancias ilícitas” (https://tinyurl.com/33dx5ur9).

Por lo tanto, y que queda claro, Castillo se está victimizando. Y esto no es nuevo, porque desde su elección (también cuestionada por la existencia de un presunto fraude electoral) la OEA lo defendió a capa y espada. Tal como lo ha señalado el periodista Luciano Revoredo en su artículo “Fuera OEA” en el portal laabeja.pe: “Hubo un hecho en esos días que conviene recordar. Luis Almagro, Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), llegó al Perú sorpresivamente, se reunió en Palacio de Gobierno con Castillo y le expresó su público respaldo. Lo calificó como un hombre de buenas intenciones, comprometido con la lucha contra la corrupción y el desarrollo del país. Conviene también recordar dos hechos más. En primer lugar, el papel lamentable que jugaron los observadores de la OEA en el último proceso electoral. Convalidaron todas las irregularidades que sucedieron. Fueron ciegos, sordos y mudos ante los actos a todas luces antidemocráticos del Jurado nacional de Elecciones y de la ONPE y finalmente mostraron su indolencia apareciendo ante los ojos de todos y mientras aún se discutía el posible fraude, en una francachela indigna de funcionarios de su nivel en visita oficial” (https://tinyurl.com/yrkefmu7).

También, recordemos el desaire que la OEA hizo a una delegación de peruanos que viajaron para presentar pruebas del fraude electoral y a quienes ni siquiera se les permitió ingresar a las oficinas de la OEA, dejándolos parados en la puerta.

Evidentemente, es necesario recalcar que Castillo, tarde o temprano, se sentará en el banquillo de los acusados y si tiene la conciencia tranquila– deberá demostrar que es inocente. De lo contrario, tendrá que recibir todo el peso de la ley.

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Política

Javier Arévalo se convierte en el nuevo presidente del Poder Judicial

Juez supremo es elegido para el periodo 2023 -2024.

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El juez supremo titular Javier Arévalo Vela fue electo presidente del Poder Judicial para el periodo de enero del 2023 hasta diciembre del 2024. Arévalo reemplazará en este cargo a la jueza suprema Elvia Barrios, cuyo mando culmina este 31 de diciembre del año en curso.

Arévalo Vela fue electo en un proceso electoral desarrollado por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, integrada por 15 jueces titulares, entre un total de tres candidatos.

Se requirió una segunda vuelta para elegir, luego de que ninguno de los candidatos obtuviera el 50% más uno del total de electores. En primera vuelta, Arévalo alcanzó siete votos, los jueces supremos Héctor Lama More y Carlos Arias Lazarte lograron cuatro votos cada uno.

La ley establece que en caso ninguno de los candidatos obtenga en primera vuelta la mayoría calificada, debe procederse a una segunda votación con los dos más votados.

Tras la elección, el pleno de jueces de la Corte Suprema ofreció una conferencia de prensa, en la cual la actual presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, presentó a su sucesor.

“Decirle a todo el país que voy a cumplir con el deber que recae sobre mi persona. Asimismo, que las políticas que tiene el Poder Judicial son políticas de Estado, por lo tanto, continuaremos en la línea de lo que se ha venido trabajando”, afirmó Arévalo Vela.

“Indudablemente perfeccionaremos otros temas, pero creemos que el Poder Judicial está enrumbado sobre algunos ejes importantes, como son la lucha contra la corrupción, el tema de la lucha contra la violencia de género, el buscar mejora en los aspectos informáticos y lograr mejorar la seguridad ciudadana”, agregó el flamante presidente del Poder Judicial.

Arévalo sucederá a Elvia Barrios en la presidencia del Poder Judicial. Foto: difusión.

El dato:

Javier Arévalo tiene 61 años, ejerce la especialidad de derecho civil y, hasta el 31 de diciembre, presidirá la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria.

Antes de integrar la Corte Suprema fue juez superior de Lima, donde ejercía desde el año 2011.

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Política

De Montesinos a Fernández: desinteligencia palaciega [VIDEO]

La historia se repite. El Servicio de Inteligencia en manos equivocadas.

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Por segunda vez en la historia del Perú se ha detenido a un hombre que dirige la inteligencia del país. Esta vez se trata del jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), José Luis Fernández Latorre.

La operación denominada Valkiria III, se ejecutó el último viernes y estuvo liderada por el Equipo Especial de la Fiscalía Contra la Corrupción del Poder, con apoyo de la Policía.

Como parte de la operación, se allanaron 11 inmuebles en Lima y Callao. Uno correspondía a Fernández Latorre, otro al exasesor palaciego Henry Shimabukuro, cuatro vinculados al empresario Samir Abudayeh y otro del exgerente general de Petroperú Hugo Chávez.

Cabe remarcar que Fernández Latorre fue quien se entregó a la Fiscalía, tras dictársele prisión preliminar por 10 días, por los presuntos delitos de organización criminal, encubrimiento personal y tráfico de influencias en el caso Petroperú.

Pero ¿quién es José Luis Fernández Latorre?

Este mayor de la Policía en retiro y que también es abogado, y que fue designado hace más de 14 meses como director de la DINI por el presidente Castillo y el expremier Bellido, también es natural de Chota, pero antes ya se desempeñaba como jefe del gabinete de asesores de la misma institución. Y a pesar de contar con más de 20 años de servicio en la Policía, sus ascensos fueron tardíos, porque su historial arrojó tres registros de inaptitud para el ascenso; pero también cuenta con 2 sentencias judiciales: la primera, en 1999 que fue condicional por enajenación; y la segunda en 2003 con reclusión militar por abuso de autoridad por haber agredido sin razón alguna al alumno de la policía Percy Ramírez; ocasionándole una lesión en el oído izquierdo.

Luego, se desempeñó como comisario policial en Tacabamba, Chota, localidad de la que es oriundo el presidente Castillo; y en 2005 fue denunciado por, presuntamente, haber cobrado cupos a los transportistas de la zona; por haber detenido arbitrariamente a un ciudadano y por agredir a un estudiante policial.

También lo sancionaron por dedicarse al consumo de alcohol y por ingresar en estado etílico al dormitorio de oficiales de una Comisaría acompañado de una fémina de dudosa reputación.

Pero a pesar de los graves cuestionamientos, su paisano Pedro Castillo se obstinó en nombrarlo para que sea sus ojos y sus oídos, por ser una persona de su entera confianza, pese a que no reunía el perfil, ni la experiencia para manejar la inteligencia nacional.

Entre tanto, hace unos días, el exsubsecretario general del Despacho Presidencial, Beder Camacho, reveló a la Fiscalía, que Fernández Latorre le entregó un sobre manila con la suma de 3 mil soles para entregarle a Bruno Pacheco, y también indicó que se le habría informado de dicha entrega al presidente Castillo.

Tras este escándalo que involucra gravemente a Fernández Latorre, el presidente Castillo se vio obligado a removerlo del cargo, aunque en la resolución que firmó el 26 de noviembre, el jefe de Estado le da las gracias por los servicios prestados.

Por el momento Fernández Latorre viene afrontando 10 días de detención preliminar.

Luego que se venza este breve encarcelamiento ¿Acaso habrá un pedido de prisión preventiva para que la Fiscalía ahonde en su investigación?

¿Fernández Latorre también se acogería a la colaboración eficaz para atenuar las presuntas penas que afrontaría en el futuro?

Sin duda, la función principal de Fernández Latorre como jefe de la DINI fue algo muy similar a lo que Vladimiro Montesinos realizó hace 30 años como jefe del SIN para cautelar a Alberto Fujimori. Brindar información clave al Presidente Castillo, para poder formular acciones para neutralizar las estrategias políticas de la oposición, y al parecer, obstruir las pesquisas fiscales que hoy afronta el gobierno.

Pero con una Dirección de Inteligencia descabezada en estos momentos, sin un Fernández Latorre, justo en pleno tramite de una nueva vacancia presidencial contra Pedro Castillo, ¿Aquello jugará en contra del régimen chotano, a tal punto de quedarnos sin mandatario antes de lo previsto?

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Política

Los últimos días de Pedro Castillo [VIDEO]

Vacancia o suspensión, dos caminos para el fin de un desgobierno.

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La continuidad del presidente Pedro Castillo en Palacio de Gobierno parece ya tener fecha de caducidad. Ayer por la noche el pleno del Congreso admitió la accesibilidad para debatir la moción de vacancia contra Castillo Terrones. Incluso parlamentarios de Perú Libre votaron a favor de la admisión al debate de la vacancia.

En Lima Gris, los periodista Edwin Cavello y Luis Felipe Alpaca, analizaron la coyuntura política que tiene sumergido al país en una constante crisis. Las investigaciones por presunta corrupción contra el mandatario y las equivocadas designaciones de oscuros personajes en su gobierno que hasta hoy se encuentran prófugos, ha sido la gran muestra del hartazgo sistemático de un desgobierno.

También en el programa se habló de la designación de la ministra de Cultura, Silvana Robles, una dentista de la bancada de Perú Libre, que no tiene ninguna experiencia en el sector cultural.

Además, todo sobre la renuncia del Gerente de prensa de IRTP y se presentó un informe sobre el caso del exjefe de la DINI. “De Montesinos a Fernández: desinteligencia palaciega”.

Aquí el video del programa:

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Política

Tribunal Constitucional le ordena al Gobierno que no puede interpretar como denegada cuestión de confianza

Máximo tribunal concedió medida cautelar al Congreso si es que el Ejecutivo planteaba un posible cierre del Congreso.

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Le dijo que ni se atreva a cerrar el Congreso. El Tribunal Constitucional (TC) otorgó la medida cautelar solicitada por el Congreso en su demanda competencial y ordenó al Gobierno de Pedro Castillo abstenerse de interpretar como denegada la cuestión de confianza que planteó el ex primer ministro Aníbal Torres sobre la ley que regula el referéndum. De esta manera, se busca evitar una posible disolución indebida del Congreso.

En el fundamento 29 del auto que otorga la medida cautelar, los magistrados Morales Saravia, Pacheco Zerga, Gutiérrez Ticse, Domínguez Haro, Monteagudo Valdez y Ochoa Rodrich consideran que “el Poder Ejecutivo podría, a partir de su interpretación, plantear una cuestión de confianza y considerar, en caso de ser rechazada, como una segunda denegatoria de confianza”.

“Si se espera hasta la resolución del fondo de la presente controversia, momento en el que se establecerá en definitiva si la decisión expresada por el Poder Ejecutivo, de interpretar que se ha producido el rehusamiento de la confianza a la que se hace referencia en el artículo 133, resultó irregular y vulneratoria de la competencia del Parlamento — o no —, el Poder Ejecutivo podría haber disuelto el Congreso de la República con base en dicho acto”, se lee en la resolución.

Ex premier Aníbal Torres había presentado cuestión de confianza el pasado 8 de noviembre. Foto: Andina.

El Pleno del TC alega que “para evitar los graves efectos institucionales” se debe suspender cualquier efecto que pueda derivarse del acuerdo del Consejo de Ministros de entender como denegada la cuestión de confianza sobre la Ley 31399.

“En consecuencia, disponer que el Poder Ejecutivo no altere ni modifique la situación de hecho o de derecho del Congreso de la República”, se lee en el texto.

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Política

Congreso debatirá este 7 de diciembre moción de vacancia contra presidente Castillo

Con 73 votos a favor se aprobó moción para debatir presunta incapacidad moral.

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Con el tiempo en contra. El Perú viene viviendo tal vez los últimos días de Pedro Castillo en el sillón presidencial luego de que el Pleno del Congreso aprobara con 73 votos a favor la moción de vacancia presentada contra el presidente por presunta incapacidad moral.

La discusión y votación final de la propuesta, impulsada por el legislador no agrupado Edward Málaga, se tiene prevista para el próximo miércoles 7 de diciembre a las 3 de la tarde. El mandatario, junto a su abogado, deberá acudir al hemiciclo a fin de que ejerza su derecho a defensa durante 60 minutos.

El Congreso pretendió notificar materialmente a Castillo anoche pero el documento no fue recibido por Palacio debido al horario de oficina. Recién hoy se le alcanzará la citación.

En la moción de más de 100 páginas y presentado el último martes 29 de noviembre, precisa que es “inaceptable” que un mandatario continúe ejerciendo el cargo “en medio de fuertes indicios de corrupción, grave indignidad o cuestionamientos morales y éticos”.

Su admisión a debate fue respaldada por las bancadas de Fuerza Popular (21), Acción Popular (10), Alianza para el Progreso (9), Renovación Popular (8), Avanza País (8), Podemos Perú (3), Integridad y Desarrollo (3), No Agrupados (4) y un sector de Perú Libre (4).

En tanto, los grupos de izquierda se opusieron a la medida.

Visto eso, solamente faltarían 14 votos para alcanzar los 87 requeridos para declarar la vacancia de la Presidencia de la República.

Mandatario o su abogado podrán hace uso de 60 minutos para su defensa en el Congreso. Foto: Andina.

Los motivos para vacar al presidente Castillo

El legislador no agrupado Edward Málaga Trillo inició su sustentación señalando su plena convicción de que “la salida más exitosa a la crisis política es el adelanto de elecciones con reformas políticas”, escenario en el cual la moción de vacancia “debería servir como primer paso para el reacomodo y rearreglo de nuestras condiciones democráticas”.

En ese sentido, sostuvo que la figura planteada es el de tratar de devolver el orden constitucional “ante la amenaza expresa hecha de un eventual cierre o sometimiento del Congreso”.

“Quiero precisar que el espíritu de esta moción de vacancia es de control político, no hay aquí rivalidades ideológicas, inspiraciones de consignas de partidos ni mucho menos odios como se querrá interpretar”, señaló.

Málaga sostuvo que, si bien la elaboración del texto de la moción se cerró el 13 de octubre, hasta la fecha “no han dejado de ocurrir más hechos cuestionables o inmoralidades que nos llevan a una primera conclusión: que no hay enmienda”.

“Lo único que hay es la seguridad de que la incapacidad moral es permanente porque seguirá ocurriendo en el tiempo próximo”, dijo Málaga antes de añadir que no se realizará una valoración judicial sino de la conducta del mandatario a partir “de la legitimidad y de la confianza ciudadana a una autoridad que representa a la Nación”.

El legislador recalcó que la interpretación de la vacancia presidencial está relacionada a las graves acusaciones contra el jefe de Estado “que tornan inviable, en términos políticos, que continúe en el cargo”; así como el hecho de que “tales inconductas generen, a su vez, una álgida convulsión social y la pérdida de legitimidad” del mandatario.

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Política

Nepotismo ahora es causal de vacancia para gobernadores regionales

Comisión de Descentralización aprobó dictamen para modificar Ley Orgánica de Municipalidades y Gobiernos Regionales.

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No más familiares favorecidos en los gobiernos regionales. La Comisión de Descentralización del Congreso aprobó ayer el dictamen que propone modificar la Ley Orgánica de Municipalidades y Gobiernos Regionales, en materia de causal de vacancia y suspensión de las autoridades elegidas.

El dictamen recaído en los proyectos de ley 049, 581, 692, 928, 2503, 2686 y 2353 fue aprobado con 13 votos a favor, 3 abstenciones y 1 en contra. También precisa las restricciones de contratación en los gobiernos regionales y municipalidades.

La presidenta del grupo de trabajo, Diana Gonzáles (Avanza País), precisó que en ambas leyes orgánicas se incorporan como causal de suspensión impedir la ejecución y la no promulgación de las ordenanzas que correspondan a fin de garantizar el ejercicio de las funciones de los consejos municipales y regionales.

Congresista Gonzáles preside la Comisión de Descentralización. Foto: Congreso.

En ese sentido, la parlamentaria indicó que las autoridades regionales y municipales tienen un plazo máximo 15 días para promulgar las ordenanzas, de lo contrario aplicaría la causal de suspensión.

Explicó que la propuesta incorpora el nepotismo como causal de vacancia en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, a fin de homologarla con la Ley Orgánica de Municipalidades que sí permite vacar a alcaldes y regidores que incurren en dicho delito.

Al respecto, el parlamentario Eduardo Castillo (Fuerza Popular) destacó que también se haya incorporado a la Junta Médica para diagnosticar incapacidad física y mental.

Otras causales de vacancia

El dictamen aprobado acumula siete proyectos de ley y propone que las causales para vacar o suspender a una autoridad regional sean las mismas que para una autoridad municipal.

De esta manera, establece que las autoridades regionales y municipales que han sido sentenciadas en primera instancia por la comisión de delito doloso serán suspendidas de sus cargos. Actualmente se aplica la suspensión de dichas autoridades cuando hay sentencia en segunda instancia.

Asimismo, señala que gobernadores regionales y alcaldes serán suspendidos por no incorporar en el presupuesto institucional los acuerdos o compromisos adquiridos en las distintas fases del presupuesto participativo.

De igual manera, se incorpora como causal de suspensión en ambas leyes orgánicas, la no designación de un nuevo gerente municipal o un nuevo gerente general regional, según corresponda, en un plazo de veinte días hábiles, luego de ser cesados por sus respectivos concejos o consejos.

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