Todas las sangres. Nacido en Chicago, Estados Unidos, y también DNI peruano desde el 2015, Robert Prevost, hoy bautizado como León XIV, se muestra contrario a la política de Donald Trump al pretender cerrar las fronteras de su país a los migrantes, pues él en carne propio es un claro ejemplo de que nadie debe de ser mirado o juzgado por sus raíces.

Su padre fue Louis Marius Prevost, un ciudadano de ascendencia francesa e italiana, mientras que su madre fue Mildred Martínez Prevost, de procedencia española. En 1982, Robert se nombró como sacerdote y tres años después dejo los Estados Unidos para viajar al Perú, país donde ejercería como obispo hasta el 2023. Ese mismo año el papa Francisco lo nombre como cardenal.

Así, su durante su primer discurso convertido en León XIV, le dedicó unas breves palabras en español a su querida Chiclayo al Perú, pues pasó más de dos décadas difundiendo la palabra de Dios en ciudades como Chiclayo, Trujillo, Lima e Iquitos.

“Si se me permite, también un saludo a todos aquellos, y en modo particular a mi querida Diócesis de Chiclayo, en Perú”, mencionó ante la multitud de fieles que se habían congregado en la plaza de San Pedro.

Con su nombramiento la Iglesia Católica ha querido dar un mensaje de apertura y renovación, pues se trata del segundo papa en la historia no europeo, abriendo la posibilidad para que todos los cardenales aptos puedan convertirse en el nuevo representante de Dios.

“El obispo no debe ser un principito sentado en su reino. Está llamado auténticamente a ser humilde, a estar cerca de la gente a la que sirve, a caminar con ellos, a sufrir con ellos”, fueron las palabras de Prevost antes de convertirse en el papa número 267.

Con esto, León XIV continuará el camino de su predecesor al defender a los migrantes y caminar junto a ellos y no permanecer desde una posición privilegiada.

Alzaron su voz de protesta. A través de un comunicado, la Central Única Provincial de Rondas Campesinas de Pataz, se ha mostrado en contra de las medidas adoptadas por la presidenta de la República, Dina Boluarte, al querer suspender por 30 días la actividad minera en Pataz.

En su comunicado indican que esa medida no será una solución efectiva contra la criminalidad, “sino una maniobra para desviar la atención de los verdaderos responsables del saqueo de nuestro oro y de la masacre de 13 jóvenes, cuyas muertes siguen impunes”.

Ante ello, le exigen al Gobierno Central las siguientes medidas:

• Justicia y verdad para los 13 jóvenes
• De suspenderse la actividad minera, también debería de suspenderse la actividad artesanal, así como la pequeña y mediana minería.
• No más persecución a los mineros artesanales.
• Salida inmediata de las Fuerzas Armadas y de la Policía de sus comunidades.

Ese comunicado es firmado por las bases ronderas de Pataz, las comunidades campesionas, las asociaciones de mineros artesanales y el pueblo organizado. Finalmente, indican que convocarán un paro provincial indefinido de no mediarse una solución.

Al promediar las 11: 20 de la mañana (horario del Perú) una tenue fumata blanco finalmente emergió de la estufa de la Capilla Sixtina, señal inconfundible de que el Cónclave cardenalicio había elegido al nuevo sucesor de San Pedro. En tercera oportunidad, luego de las tres fumatas negras, la Iglesia Católica tiene a León XIV como el papa número 267, tras el sensible fallecimiento de su predecesor Francisco, el primer papa argentino en toda la historia.

Alrededor de 250 mil asistentes que se congregaron en la Plaza de San Pedro escucharon las primeras palabras del nuevo pontífice.

“La paz sea con todos”, inició su discurso el santo padre ante una multitud que esperaba ansiosa desde varias horas su aparición en el balcón.

Sobre Robert Prevost, el papa León XIV

Nacido en Chicago (Estados Unidos) el 14 de setiembre de 1955, en el año 2015 obtuvo la nacionalidad peruana. Se ordenó como sacerdote en el año 1982 y posteriormente fue destinado a trabajar en la misión de Chulucanas (Piura) del 1985 al 1986. Un año después viajó a los Estados Unidos para ser el director de las misiones de la Provincia agustiniana “Madre del Buen Consejo”. En 1988 regresó al Perú para ser enviado a la misión de Trujillo, laborando cerca de dos décadas en nuestro país.

En el año 2014, el papa Francisco lo nombra obispo y administrador apostólico de Chiclayo.

Cuestionamientos

En el año 2023 el sacerdote de Chiclayo, Eleuterio Vásquez Gonzáles, fue denunciado por presunto abuso sexual infantil ante el Ministerio Público y el Obispado de Chiclayo. La denuncia fue en abril del año 2022 cuando estaba como arzobispo Robert Prevost, quien se mantuvo a cargo de esa diócesis desde el año 2015 hasta marzo del 2023. A Prevost se le critica por no tomar acciones contra esa denuncia, indicando que en ese momento que no existían las pruebas suficientes para culpabilizar a Vásquez Gonzáles, archivando su caso.

Los retos del nuevo papa

Tras la elección del mensajero de Dios, este tendrá una dura tarea para recuperar o atraer nuevamente a la fe católica a millones de personas que han visto últimamente escándalos de agresión sexual por parte de algunos de los más altos representantes del Vaticano. Asimismo, tendrá que dar a conocer la postura que tendrá su ministerio, si será conservador o tendrá una visión más abierta con relación a las nuevas generaciones. ¿Continuará con la ideología de inclusión del papa Francisco o se inclinará por reforzar la doctrina católica?

En una contundente conferencia de prensa realizada esta mañana en la ciudad de Cusco, la arqueóloga Mildred Fernández, vocera del colectivo de docentes contratados de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC), denunció una serie de vulneraciones a los derechos laborales y humanos por parte de la autoridad universitaria, en el marco de la aplicación de la Ley 32171.

La Ley 32171, promulgada el 21 de noviembre de 2024, autoriza de manera excepcional el nombramiento de docentes contratados como profesores auxiliares y asociados, sin exigir requisitos adicionales a los ya establecidos en la norma. Sin embargo, según Fernández, la UNSAAC implementó un proceso de nombramiento a través de un concurso público, contraviniendo lo dispuesto en dicha ley.

El colectivo intentó establecer diálogo con la universidad, pero fue rechazado, por lo que optaron por recurrir al Poder Judicial. La respuesta fue favorable: se emitieron 23 sentencias de amparo y dos medidas cautelares que paralizaron el concurso, además de dos sentencias de acción popular que declararon nulas las resoluciones universitarias que contradecían la ley.

Pese a ello, la autoridad universitaria emitió en febrero de 2025 la Resolución CU-152-2025, que excluye de los procesos de evaluación a los docentes que tengan procesos judiciales en curso contra la institución. Esto, según Fernández, constituye un acto de “persecución, amedrentamiento y discriminación”. Como consecuencia, 27 docentes fueron retirados de sus funciones, pese a que ya se encontraban dictando clases.

Fernández también denunció la participación de un pequeño grupo de docentes contratados que actuaron como opositores en los procesos judiciales, sin éxito, ya que el Poder Judicial falló a favor del colectivo.

Finalmente, anunció que, tras la presión legal, la universidad emitió el Comunicado N° 17-2025, en el que se compromete a convocar al Consejo Universitario para discutir la implementación efectiva de la Ley 32171. Fernández hizo un llamado a la comunidad universitaria y a la ciudadanía a mantenerse vigilantes para evitar una nueva vulneración de derechos.

“El Poder Judicial nos ha dado la razón. Exigimos respeto a nuestros derechos y que se cumpla la ley tal como fue promulgada”, concluyó Fernández, antes de ceder la palabra al asesor legal del colectivo.

El boicot

Durante la conferencia de prensa ofrecida esta mañana por el colectivo de docentes contratados de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC), en defensa de la Ley 32171, se produjo un incidente con la irrupción de cuatro docentes nombrados.

Este grupo interrumpió el evento alegando que sus propios derechos también estaban siendo vulnerados y que no existían plazas disponibles para nuevos nombramientos en la universidad. La presencia y el accionar de estos docentes, aparentemente vinculados a la autoridad universitaria, fue interpretada por los organizadores como un intento deliberado de boicotear la conferencia.

Docente nombrada de la UNSAAC que intentó boicotear la conferencia.

El colectivo denunció que esta acción se suma a una serie de actos de amedrentamiento y persecución contra los docentes contratados que defienden la implementación íntegra de la Ley 32171. Según indicaron, dicha norma reconoce el derecho al nombramiento excepcional sin exigencias adicionales, derecho que consideran vulnerado por las autoridades de la UNSAAC.

Aquí el texto completo de lo mencionado por Mildred Fernandez en la conferencia del caso UNSAAC.

«Señores periodistas, muy buenos días, gracias por haber escuchado nuestro llamado, gracias por estar aquí, quiero empezar esta conferencia con voz fuerte y Clara,

Diciéndole a la autoridad universitaria basta de violar los derechos humanos fundamentales, basta de marginar, basta de estigmatizar a nosotros los docentes contratados de la UNSAAC que defendemos la ley 32171.

Dicho esto, señores periodistas pongo en su conocimiento los siguientes hechos:

1.- El jueves 21 de noviembre de 2024 fue promulgada la Ley que autoriza excepcionalmente el nombramiento de los docentes contratados en las universidades públicas para las categorías de profesores auxiliares y profesores asociados, Ley N° 32171.

2.- Dicha ley en su Art. 2 establece los requisitos para que los docentes contratados se acojan a la mencionada ley.

2.1) Los docentes contratados en las universidades públicas que se acojan a la presente ley deben acreditar a la entrada en vigor de la presente ley lo siguiente:

a) Experiencia en docencia universitaria y/o en el ejercicio profesional no menor de 5 años.

b) Vínculo laboral hasta el semestre académico 2023-2.

c) Adjudicación de una plaza por concurso público.

Dicha ley en su Art. 2, numeral 2, dispone para el nombramiento excepcional queda prohibida toda exigencia adicional que no esté establecida en esta ley.

3.- La referida ley en su Art. 3, nombramiento por categorías, establece dos categorías de la siguiente forma:

a) Para el nombramiento en la categoría de profesor asociado, el docente debe tener siete años o más de experiencia en docencia universitaria, consecutiva o alternada y contar con el grado de doctor.

b) Para el nombramiento en la categoría de profesor auxiliar, el docente debe tener un mínimo de cinco años de experiencia en la docencia universitaria y/o en el ejercicio profesional, consecutiva o alternada, y contar con el grado de maestro.

4.- Pese a la claridad de la presente ley, la autoridad universitaria de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC), dispuso la realización de un concurso incumpliendo totalmente la disposición de la Ley 32171, so pretexto de una autonomía universitaria.

5.- El colectivo de docentes contratados de la UNSAAC, en defensa de la Ley 32171, buscó el diálogo con la autoridad universitaria, el que fue negado manifestándonos que el poder judicial se encargará de darnos la respuesta.

6.- Al ver vulnerados nuestros derechos constitucionales y, consiguientemente, derechos humanos fundamentales como el derecho al trabajo y a la igualdad, nos hemos visto obligados a entablar una denuncia penal por abuso de autoridad en contra de la autoridad universitaria, asimismo, planteamos medidas cautelares, acciones de amparo y acciones populares.

7.- El Poder Judicial ha dado la razón al colectivo de docentes contratados de la UNSAAC, en defensa de la Ley 32171, es así que el Segundo y Sexto Juzgado Civil – sede central, de la ciudad de Cusco, ha otorgado la admisión de dos medidas cautelares paralizando el ilegal concurso, camuflado en el supuesto cumplimiento de la Ley 32171, convocado por la autoridad universitaria de la UNSAAC, en fecha 18 de diciembre de 2024.

8.- Así también, el Poder Judicial de Cusco ha sentenciado, a favor, de los miembros del colectivo de docentes contratados de la UNSAAC, en defensa de la Ley 32171, siendo 23 las sentencias de acciones de amparo, disponiendo y declarando que el Consejo Universitario de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco al emitir la Resolución N° CU-629-2024-UNSAAC, de fecha 18 de diciembre de 2024,  ha vulnerado los derechos fundamentales al trabajo y a la igualdad, asimismo, declara inaplicable la resolución referida, en aplicación de la Ley 32171.

9.- El poder judicial ha sentenciado dos acciones populares a favor del colectivo de docentes contratados de la UNSAAC, en defensa de la Ley 32171, declarando fundadas las demandas de acción popular interpuestas en contra de la UNSAAC, por ende se declara nula y sin efecto legal la resolución que aprueba los lineamientos y cronograma para la aplicación de la Ley 32171, que autoriza excepcionalmente el nombramiento de los docentes contratados de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, desde la vigencia de dicha disposición, es decir, en efectos retroactivos y generales para todos los involucrados en dicho nombramiento.

10.- En respuesta a todas estas acciones legales, en defensa de la Ley 32171, la autoridad universitaria ha emitido la Resolución N° CU-152-2025-UNSAAC, en la que, en un acto de persecución, de amedrentamiento y violación de derechos humanos la autoridad universitaria, en el literal segundo de dicha resolución dispuso que los docentes que tengan conflictos judiciales con la institución ante el Poder Judicial o el Ministerio Público no serán considerados en dicho proceso de evaluación.

11.- Al amparo de esta resolución discriminatoria y atentatoria a los derechos humanos han sido retirados 27 docentes contratados de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, pese que ya se encontraban dictando clases por tres semanas.

12.- Asimismo, informamos a la opinión pública a través de ustedes señores periodistas que un minúsculo grupo de docentes contratados de la UNSAAC, cual felipillos, a favor, de la autoridad universitaria presentaron oposiciones a nuestras demandas judiciales, asimismo se presentaron como litisconsorte en muchos de los procesos, pero el poder judicial nos ha dado la razón, anulando el concurso ilegal que venía haciendo la autoridad universitaria.

13.- El Poder Judicial a través de las sentencias y resoluciones ha dado la razón al colectivo de docentes contratados de la UNSAAC, en defensa de la Ley 32171, por lo que la autoridad universitaria, recientemente, en fecha 01 de mayo del presente, ha lanzado el Comunicado N° 17-2025, indicando que convocará a Consejo Universitario para ver las medidas de implementación de la Ley 32171.

14.- Por último, pedimos a la comunidad universitaria y a la ciudadanía que estén alertas en el desarrollo del proceso convocado por la autoridad universitaria de la UNSAAC que hasta el momento nos ha discriminado, violando nuestros derechos humanos fundamentales como es el derecho al trabajo y a la igualdad, al haber intentado, so pretexto de la Ley 32171, politizar dicho nombramiento excepcional.

Los miembros del colectivo de docentes contratados de la UNSAAC, en defensa de la ley 32171.

Señores periodistas agradezco su presencia, agradezco ese fino gesto de ustedes de acompañarnos en nuestra lucha por eso sin miedo digo y que la autoridad universitaria escuche a los miembros del colectivo de docentes contratados de la UNSAAC, en defensa de la ley 32171, ¡siempre estaremos de pie y nunca de rodillas…!

Gracias señores periodistas dicho esto cedo la palabra al doctor Bravo para que también le dé algunos alcances legales respecto a este proceso».

¿Será la fecha definitiva o habrá que esperar hasta fin de año? Mucho más que un dolor de cabeza viene resultando el inicio de las operaciones del nuevo aeropuerto Jorge Chávez, trayendo consigo un malestar por parte de los conductores debido al intenso tráfico generado en la avenida Morales Duárez, así como las complicaciones al momento de querer ingresar al aeropuerto.

Al respecto, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ha anunciado que el próximo 1 de junio finalmente se dará inicio a las operaciones del nuevo aeropuerto.

«El aeropuerto actual va a estar vigente hasta el 30 de mayo a las 23:59. Va a haber un periodo de doce horas, las primeras doce horas del 1 de junio, va a estar cerrado el aeropuerto, tanto el actual, como este. No va a haber operación aeronáutica. Y a partir de la 12 del mediodía del 1 de junio, este aeropuerto toma el total de operaciones de las aerolíneas en nuestro país, tanto nacionales como internacionales».

Es así que el nuevo aeropuerto, a partir del mediodía del 1 de junio, asumirá la totalidad de las operaciones aéreas, tanto nacionales como internacionales, explicó el titular del MTC, Raúl Pérez-Reyes.

Es importante mencionar que esta transición implicará una serie de reprogramaciones de vuelos que las aerolíneas comunicarán a sus pasajeros. Por ello, el MTC y los actores de la industria trabajarán para minimizar el impacto, estableciendo exenciones en horarios y adaptaciones rápidas, especialmente durante la primera semana.

Incluso, se instalarán luces portátiles en ciudades como Piura, Cajamarca y Ayacucho para permitir operaciones nocturnas y facilitar la reprogramación de vuelos cancelados durante el cierre.

El ministro resaltó que esta transición con un cierre temporal es una práctica común en aeropuertos que se trasladan a nuevas ubicaciones.

Se alista “marcha blanca” a partir de quincena de mayo

Asimismo, se indicó que se realizará una «marcha blanca» (operación de prueba con vuelos limitados) a partir de la quincena de mayo.

«Aproximadamente, hacia la quincena de mayo, vamos a iniciar una marcha blanca con un número pequeño de vuelos controlados que nos van a permitir ir viendo cómo los servicios se van prestando y haciendo los ajustes», precisó Pérez Reyes.

Pérez Reyes también destacó los significativos beneficios del nuevo aeropuerto en comparación con el actual. Mientras el terminal existente tiene una capacidad para 15 millones de pasajeros al año, el nuevo aeropuerto arrancará con una capacidad de 30 millones y en menos de un año alcanzará los 40 millones. 

El nuevo terminal es descrito por el ministro como «mucho más grande, más espacioso, más cómodo, sin duda moderno, sin ninguna duda».

Don Marcelino, victoriano de la ‘vieja guardia’ me comentó indignado y molesto ayer por la noche: “El Mundialito de El Porvenir ya no es como antes, se ha vuelto un negocio nada más”. En efecto, en esta ocasión al septuagenario vecino de La Victoria le doy toda la razón.

A inicios de la década de 1950, tres amigos (Mario y Emilio Chávez y Jorge Falla), todos ellos de La Victoria, se animaron a realizar un torneo de fútbol callejero en las pistas de su querido vecindario, convocando a doce equipos y teniendo como trofeo una lata de café que en su interior guardaba un poco de dinero recaudado (otros indican que el premio fue la pelota de fútbol con la que disputó ese primigenio torneo).

Setenta y cinco años después, ese torneo creado por amigos, inspirados en el fabuloso mundial de Brasil 1950, se ha convertido en un lucrativo negocio para los vecinos que cuentan con viviendas colindantes a la cuadra 6 del jirón Parinacochas, alquilando sus balcones y azoteas hasta por 300 soles dependiendo del partido que se dispute; esa cifra podría incrementarse mientras más se avanza en el torneo.

En un ambiente donde los vendedores ambulantes esperan la aglomeración de los propios y extraños que paulatinamente van llenando tribunas improvisadas, los equipos se enfrascan en un juego donde lo último que pegan es la pelota. Golpes, patadas, empujones, agresiones verbales, invasión de las hinchadas, lanzamiento de botellas, todo eso ocurre ante la mirada de la Policía que poco puede hacer para contener a las masas. Increíblemente desde el 2018 la Municipalidad de La Victoria la considera como “patrimonio cultural deportivo” dicho evento, normalizando los actos violentos que regularmente se registran.

Lo peor de todo es que algunos medios escritos y televisivos continúan calificándolo como “fiesta”, “evento deportivo”, “la esencia del fútbol en su forma más pura”, intentando romantizar justamente las falencias que vienen arrastrando el fútbol peruano desde hace décadas: el poco profesionalismo en todos los ámbitos del denominado ‘Deporte Rey’.

Resulta curioso que semanalmente esos mismos periodistas deportivos critiquen el torneo local, condenando las terribles condiciones que se encuentran las canchas de fútbol, las agresiones a los árbitros, los comentarios racistas, la poca preparación de muchos jugadores que justamente salieron de esos ‘barrios picantes’, pero que traten de manera diferente todo lo que ocurre en el Mundialito de El Porvenir. ¿No es que quieren cambiar la realidad del fútbol peruano o solo lo dicen para quedar bien? Más coherencia.

Coincidentemente este año la semifinal y final del Mundialito tuvo que suspenderse debido a la invasión de un hincha que agredió a un jugador, lo que ocasionó que las barras invadan, una vez más, la cancha. Fue así que la Comisión de Justicia del Mundialito decidió cancelar el encuentro.

“El campeonato lo hemos suspendido en salvaguarda de la integridad física de los miles de asistentes. No podíamos continuar porque había riesgo, porque los ánimos estaban alterados. Hubo reclamo generalizado, la gente invadió el campo, y en previsión de que pueda haber un conato o una bronca”, aseguró el presidente de la Asociación del Mundialito de El Porvenir, Alfredo Franco Quispe, en conversación con América Televisión.

Y pensar que años atrás pasaron figuras del balompié peruano como Hugo Sotil o Teófilo Cubillas en esas pistas. Ahora, los encuentros consisten en agarrones, empujones, tacles, agresiones, patadas y puñetes. Más parece el lugar ideal para que bandos contrarios tengan una excusa para agredirse mutuamente. Eso, definitivamente no es fútbol.

El 22 de junio del año 2017 dos jóvenes fallecieron en la galería Nicolini, en el Cercado de Lima, imposibilitados de poder escapar de un contenedor donde eran encerrados para que cumplan sí o sí su larga y extenuante jornada laboral.

En diciembre del año pasado, Vilma Marveli Zeña Santamaría, dueña del local donde fallecieron los dos jóvenes, había presentado ante el Tribunal Constitucional (TC) un recurso de agravio constitucional exigiendo una verdadera motivación en  la resolución expedida por la Cuarta Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, la misma que la condenaba a 15 años de pena privativa de la libertad por ser la autora de los delitos de trata de personas y esclavitud agravada. Finalmente, el TC declaró fundado el recurso (Sentencia 1759/2024), ordenando a la mencionada sala que emita un pronunciamiento debidamente motivado.

Este caso da pie a revisar las condiciones laborales que muchos nacionales y extranjeros se encuentran sometidos en la actualidad. Bastaría darse una vuelta en los denominados “emporios” comerciales del Mercado Central o Gamarra, donde muchas veces las personas tienen que laborar más de 12 horas continuas en diminutos almacenes, fuera del contacto de la luz solar, recibiendo por ello un poco más del sueldo mínimo.

Algo que destacar en lo dicho por el TC en el citado caso es la distinción entre “explotación laboral” y “laborar en pésimas condiciones laborales”. De acuerdo al alto tribunal, cuando se refiere a explotación laboral “no existe el consentimiento del explotado debido a que su autonomía de la voluntad se encuentra coaccionada mediante amenazas de violencia física o psicológica, o a través de cualquier otra forma analógica de intimidación”; en tanto, laborar en pésimas condiciones (el caso de jovi Herrera Alania y Jorge Luis Huamán Villalobos, de 20 y 19 años, respectivamente, los jóvenes fallecidos) el subordinado sí brinda su consentimiento a trabajar en dichas condiciones.

Aunque en la realidad muchas empresas ofrecen pésimas condiciones laborales, observándose muchas veces actitudes casi gamonalísticas de los empleadores hacia sus trabajadores, de acuerdo al TC, es finalmente el trabajador quien termina aceptando “voluntariamente” someterse a ese tipo de trato.

El tema de fondo sigue siendo una deuda pendiente desde hace muchos años: ¿quién podrá cambiar esas malas prácticas laborales? Desde el TC se ha formulado una delgada línea de diferenciación entre explotación y condiciones laborales, lo que en la vida laboral muchas veces termina por confundirse en grises a favor del empleador.

En la rama del derecho existe el Decreto Legislativo n.° 728, lo que significa un compendio normativo de los derechos de los trabajadores en sus distintas modalidades de contratación, las obligaciones de la empresa, la promoción laboral, etc., sin embargo, eso más se aplica cuando estamos hablando de un trabajador formal, aquel que ha celebrado un contrato de trabajo.

Está de más mencionar que cerca del 70 % de trabajadores se encuentra en el mercado informal, muchos de ellos trabajando de manera independiente o ambulatoria, apartados de la regulación tributaria y laboral. Es ahí donde el Estado y los gobiernos distritales deben de centrar su atención cuando de fiscalización se refiere. En teoría, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) es la encargada de la inspección y fiscalización laboral, pero muchas veces su misión se queda reducida a un pequeño sector y esto se debe a almacenes similares al de Nicolini operan de manera clandestina.

A modo de conclusión

Seguramente este jueves 1 de mayo cientos de miles de personas continuarán trabajando en “pésimas condiciones” pues no tienen otra alternativa (y porque su jefe le ordena a no faltar) ya que empieza un nuevo mes y tienen que pagar el alquiler de la habitación, la luz, el agua, el colegio de los niños, al banco, etc., y es más que probable que otros jóvenes terminen muriendo absurdamente en almacenes pre fabricados, en algún rincón de una oscura galería, porque “voluntariamente” así lo desean.

Nadie, en su sano juicio, quiere trabajar ante el rigor inhumano de un empleador abusivo, lamentablemente muchos ciudadanos terminan cayendo en el oscuro mercado informal laboral.

Las leyes están hechas para un mundo donde todos trabajan formalmente, sin embargo, en la práctica ocurre una serie de abusos cometidos por sujetos que solo piensan en lucrar.

Hace falta mayor vigilancia dentro del área de fiscalización de las municipalidades, como por parte de Indeci y la propia Sunafil, para que de alguna manera se reduzca la tasa de informalidad.

El Congreso de la República se encuentra a punto de aprobar, en segunda votación, una controvertida modificación al Decreto Legislativo 892 que elevaría progresivamente el reparto de utilidades en las empresas del sector eléctrico, del 5% actual al 10% hacia el año 2030.

Aunque presentada como un avance en derechos laborales, la iniciativa esconde un alto costo económico y social. El incremento beneficiaría a un pequeño grupo de trabajadores, mientras arriesga el equilibrio financiero del sistema público de pensiones y podría traducirse en un aumento de tarifas eléctricas para millones de hogares peruanos.

Golpe al Fondo de Reserva para jubilados

El dictamen no es inocuo. En el caso de empresas públicas como Electroperú, las utilidades no solo representan ganancias empresariales: son una fuente clave de financiamiento para el Fondo Consolidado de Reserva (FCR), creado para garantizar el pago de pensiones a través de la Oficina de Normalización Previsional (ONP).

Como lo ha explicado el abogado previsional Raúl Canelo, cada punto porcentual adicional en el reparto de utilidades significa menos recursos para ese fondo. El artículo 77 de la Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público establece que los excedentes de las empresas estatales deben contribuir al FCR. Sin embargo, esta obligación parece haber sido ignorada por los promotores de la norma.

Advertencias ignoradas

Pese a la magnitud del impacto, la propuesta avanza sin una evaluación técnica seria. El Ministerio de Trabajo ya ha calificado la medida como “inviable”. Pero el dictamen ha seguido su curso sin pronunciamientos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ni del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), organismos que deberían haber intervenido dada la implicancia fiscal y energética del cambio normativo.

Pocos ganan, muchos pagan

El proyecto beneficiaría a cerca de 7,000 trabajadores del sector eléctrico, muchos de los cuales ya reciben utilidades equivalentes a 18 sueldos anuales, el máximo permitido por ley. Pero el costo sería socializado: más de 30 millones de usuarios podrían enfrentar alzas de hasta 4% en sus tarifas eléctricas, según cálculos de gremios como la CONFIEP, la SNI y AmCham.

Y no solo los usuarios pagarían la factura. Los más de 500,000 pensionistas del sistema nacional también se verían perjudicados. Menores ingresos para el FCR significan menos respaldo para el pago de pensiones futuras, en un contexto en el que el sistema previsional público ya enfrenta serias limitaciones.

Una ley sin sustento

La iniciativa legislativa —impulsada por los congresistas Ilich López, Diego Bazán y Elvis Vergara— ha sido defendida como un acto de justicia para el trabajador eléctrico. Sin embargo, la ausencia de respaldo técnico, las advertencias no atendidas y el perjuicio potencial a sectores vulnerables plantean una seria contradicción entre el discurso y la realidad.

Aumentar las utilidades al 10% no es solo una decisión administrativa: es una política regresiva que privilegia a una minoría y pone en riesgo el acceso a energía asequible y el sustento de miles de jubilados. Legislar de espaldas al análisis técnico y al interés público no es justicia laboral. Es irresponsabilidad política.