Al comienzo no me di cuenta. Creí que no era mi turno. Ustedes saben cómo viven las autoridades: siempre distraídas. Pasaban sin mirarme. Yo me decía «siguen ocupados», pero a la segunda semana comencé a sospechar y un día que el Subprefecto Valerio estaba solo me presenté. ¡No me vio! Hablé largo rato. Ni siquiera alzó los ojos. Comencé a maliciar […]

¡Que me había vuelto invisible!

Garabombo el invisible, Manuel Scorza

El pasado 9 de agosto se celebró el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Desde diversos frentes de la sociedad, el gobierno, los partidos políticos, las organizaciones civiles y hasta las empresas se emitieron sendos pronunciamientos altisonantes. Cada pronunciamiento tuvo una inclinación diferente, no quedando claro qué realmente saludaban. Ese mismo día, tres ciudadanos indígenas de las comunidades de Bretania y Bacarachiro en Loreto fallecían ante los disparos de fuego de la Policía Nacional del Perú. Habían pasado tan solo doce días del 28 de julio de 2020, fecha en la que el Perú celebraba el 199 aniversario de independencia de la corona española como una colonia sudamericana. Ese fue el saludo del gobierno peruano para con los indígenas: sangre y fuego. 199 años haciendo lo mismo.  

A casi 200 años de República independiente, el Perú se ha convertido en una nación violenta y agresiva con sus propios ciudadanos. Una vez un ex presidente que se suicidó señaló que existen ciudadanos de segunda clase en el Perú. Su desafortunada frase, expresa lo que todo peruano sabe y vive: hay peruanos y peruanos. Están los primeros que disfrutan de privilegios y los segundos que solo reciben disparos si protestan. Con relación a los primeros, podríamos escribir libros enteros, pero qué duda cabe que ellos conforman aquellas familias que controlan la banca, la minería, las farmacéuticas, las AFP, los Fondos de Inversión y la tierra. Juan Velasco Alvarado quebró la oligarquía peruana del latifundio en los 70. Cincuenta años más tarde, en el 2020, los hijos y nietos de aquellos oligarcas aún pululan cual virus agresivo controlando sectores clave de la economía peruana, y eso les da un poder político que los convierte en peruanos VIP, Black Card o de la “mancha blanca” como los llamaron cuando fueron gobierno con el hoy preso domiciliario Pedro Pablo Kuczynski.

Lo que no esperaban los descendientes de la “mancha blanca” peruana era que durante esos cincuenta años de los cerros –como proféticamente anunció Chacalón antes de morir– bajarían los nuevos reyes del Perú. Tras las grandes olas de migración andina y selvática que se dieron en los años 80 y 90 surgieron en el Perú nuevos potentados empresariales esta vez con apellido quechua, ashaninka, aimara o simplemente castellanos sin mayor abolengo. Estos nuevos peruanos también se han convertido en peruanos VIP como dueños de universidades, transnacionales de las bebidas (como los Añaños), transnacionales de la industria textil (hermanos Flores) y un sin número más de exitosos emprendimientos. La diferencia es que no son blancos, son de provincia o con orígenes provincianos y – horror- hoy están enfrentados a la mancha blanca.

No pontifiquemos de esta nueva clase, el capital no tiene etnia, patria ni nación. Y añadamos a ello las fuertes influencias del narcotráfico. Es muy prematuro para decir que estamos ante el nacimiento de una élite peruana. Lo cierto es que la mancha blanca no constituye una élite y hoy están más solitarias que nunca sin operadores políticos en el nuevo Congreso.

La disputa entre la mancha marrón de provincianos y la mancha blanca se ha trasladado a diversas luchas como en el caso de la SUNEDU y las AFP. Sobre esto último los peruanos estamos asistiendo a un enfrentamiento histórico. La misma lucha se viene dando en el país vecino de Chile donde nacieron estás figuras monopólicas denominadas AFP.

En los años 90 las AFP nacieron como respuesta a la necesidad de un ahorro previsional. Sin embargo, en su estructuración inicial y en su desarrollo se acuñaron el privilegio y la argolla propias de la mancha blanca. Las AFP´s están a cargo de un grupo reducido de millonarias familias peruanas, chilenas y colombianas. Estás a su vez encargan la administración a sus familiares o amigos (parte también de la mancha blanca). Un ejemplo de ello es Luis Carranza, actual presidente de SIGMA Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, ex ministro de Economía y Finanzas y cuya empresa SIGMA administra los fondos de las AFP´s como Prima entre cuyos accionistas esta Dionisio Romero, invitado habitual de Vladimiro Montesinos y personaje principal de un vladivideo.

El esquema de las AFP´s no es solo cuestionable en cuanto a las tasas que cobran así pierdan o ganen sus pensionistas. Tampoco en el hecho de que muchos recibirán pensiones insultantes una vez alcanzada la edad de jubilación. Podríamos enumerar más razones de índole técnico que fundamentan una reforma inmediata y urgente. Pero hay una razón que acabamos de señalar, y es que su administración no obedece a criterios de meritocracia o análisis financiero, lo cierto es que al final del día el gerente de la AFP llama a su amigo del golf de la playa en Asia que administra un Fondo de Inversión y le encarga decenas de millones de dólares de los aportantes para invertirlos en quién sabe qué empresa que este amigo escoja. Que no nos sorprenda, que estas empresas en las que se invierte los fondos de los pensionistas sea a su vez una empresa de otro chico vecino de Playa Blanca o el Golf de San Isidro. Todo queda en familia, o mejor dicho entre patas y muy regio.

Una administración eficiente de los fondos de pensiones debe pasar por una selección rigurosa a cargo de técnicos del estado, representantes de los pensionistas y las propias administradoras de pensiones. Pero eso sólo sucede en Francia o Gran Bretaña donde los sindicatos de trabajadores son poderosos, los funcionarios estatales están sujetos a gran escrutinio público y donde hay ciudadanía.

A estos argumentos podríamos añadir más párrafos, pero en concreto fundamentan y otorgan legitimidad a las multipartidarias propuestas legislativas de reforma del sistema privado de pensiones, una de ellas y la más sonada, es la que busca el retiro del 100% de ahorros de aquellos trabajadores que no trabajan por más de doce meses. Sus impulsores son parte de la mancha marrón de congresistas y vienen recibiendo un sistemático ataque de parte de los medios de comunicación tradicionales, entre ellos LATINA, a la sazón receptor de fondos de los pensionistas (¿Alguien dijo conflicto de intereses Mónica Delta?). 

Don´t get me wrong los congresistas que apoyan estas iniciativas no son santos de mi devoción. No quiero mencionar sus nombres porque no merecen esa publicidad gratuita, muchos de ellos son congresistas que apoyan esta demanda ciudadana por razones políticas y con el afán de conseguir votos para sus aventuras políticas. Lo gracioso es que alguno de ellos que postuló al congreso gritando a todos los vientos que desaparecería a las AFP, ahora se ha pasado al lado oscuro y las apoya frontalmente retrasando lo más posible la urgente medida de desembolso del 100% de ahorros de aquellos que hace más de un año no aportan y que hoy necesitan ese dinero por razones de vida o muerte. Dicho señor se llama César Combina, congresista por Junín por el partido Alianza Para El Progreso (APP). ¡Lobby AFP a la vista señores!

Precisamente este partido Alianza Para El Progreso, hoy, a través de su vocero Fernando Meléndez en pleno debate para otorgar la confianza al gabinete de Walter Martos ha señalado públicamente su rechazo al Acuerdo de Escazú. Este sujeto, comenzó su intervención lamentando las muertes de los tres ciudadanos indígenas que narramos al inicio de esta columna, y a continuación se opuso a dicho acuerdo sin más argumento que el de señalar que los ambientalistas solo traen atraso. ¿Sabrá este señor que los indígenas muertos representan, entre otras demandas, la lucha a favor del ambiente y que el Acuerdo de Escazú los habría protegido?

Con una mano este congreso legisla a favor de la desaparición de las AFP por los votos. Pero con otra mano soliviantan la destrucción del medio ambiente a manos de millonarios madereros y mineros informales. Ante nuestros ojos se despliega la lucha de la mancha marrón VIP contra la mancha blanca VIP. Y en el medio de todo ello, sigue, como siempre, Garabombo el invisible, mirando impávido como los grandes voltean la cabeza y lo ignoran… Garabombo son los pueblos indígenas, los aportantes de las AFP, en general los peruanos de a pie. Quizás en el tema de las AFP Garabombo dejo de ser invisible momentáneamente, y oh maravilla, se legisla a su favor. Pero seamos francos, Garabombo no les importa a los congresistas ni les importa a las AFP. Perú no es un país, es un asentamiento de explotaciones destinadas a la exportación. Nada ha cambiado en 199 años. ¡Feliz día de los pueblos indígenas!

Esta vez la sesión del Pleno no fue tan maratónica como en el caso del expremier Pedro Cateriano que duró veinte horas consecutivas; ayer la sesión en el parlamento duró alrededor de diez horas y terminó apenas a las ocho y media de la noche, incluso con aplausos y emociones que casi llegaron a las lágrimas luego de que Walter Martos esbozara: «Escuché a cada uno de los parlamentarios y tomé nota de cada una de sus inquietudes. Es la voz del pueblo que representan”.  “Nadie ama lo que no conoce”.

De esa forma, el Congreso con una cuasi unanimidad de 115 votos a favor, 5 en contra y 4 abstenciones, le otorgó la investidura al general Walter Martos Ruiz. Las bancadas Alianza para el Progreso, Acción Popular, Partido Morado, Somos Perú, Frepap, Fuerza Popular, Podemos y Unión por el Perú, votaron por la confianza, a diferencia del Frente Amplio que tuvo cuatro votos en contra y tres abstenciones. El otro voto en contra fue de UPP y una abstención fue de Acción Popular.  

Evidentemente, hay muchas lecturas con respecto a este nuevo voto de investidura que por primera vez se otorga a un militar en retiro, por lo menos en un régimen de civiles.

Como mencionamos anteriormente, Walter Martos es un personaje que cobró cierta aceptación en su gestión como titular de Defensa durante la cuarentena, a pesar de su notoria subordinación a Martín Vizcarra y de su limitada autonomía de gestión que obedecía al fracaso de los programas gubernamentales en la emergencia sanitaria. Sin embargo, el general Martos de forma activa y diligente se ensució los zapatos y se trasladó por todo el país para monitorear de cerca la escasa ayuda que se dio a los enfermos en todo el territorio nacional.

Asimismo, a pesar de su formación castrense él dio muestras de ejercer prudencia y respeto hacia el resto de agentes políticos que conforman otros Poderes del Estado y desde luego, tuvo muy claro que en política las dinámicas son distintas al cuartel y hoy podemos corroborar que con su discurso basado en el diálogo, acuerdo y consenso, más allá de la imposición, consiguió el objetivo del voto de confianza, con cuya palabra mágica UNIDAD se metió al bolsillo desde el principio a un parlamento que ya tenía prácticas circenses.

No obstante, luego de que Martos expuso su política general del gobierno y las medidas que se requieren para su gestión, en realidad no vimos nada nuevo con respecto a la línea del Ejecutivo; aunque tuvo algunos esbozos inclusivos como el replanteamiento de activar a las Mypes, el seguimiento a la terrible ola de violencia contra las mujeres, las ganas de luchar contra la impunidad, la reactivación económica a través de un incremento del 20% en la inversión pública, y la promesa de lanzarles la nueva consigna a todos sus ministros/as para que de una vez se bajen de sus nubes y contesten las llamadas y los correos, y sobre todo que ya no despachen desde sus cómodas oficinas, sino, que también se ensucien los zapatos y que acudan a los últimos rincones del Perú, a los lugares donde realmente queman las papas.

En suma, el Premier Martos debería darle una clase de Media training y de Administracion de crisis a Pedro Cateriano, que más parece estar acostumbrado a tomar el vino desde un penthouse frente al mar con sus amigos periodistas, a diferencia de Martos, que sí tiene el perfil del que tira plancha con sus borceguíes en los cerros del Perú. Y eso exactamente fue lo que captó no solo el pueblo, sino el Parlamento. A eso se le denomina gesto político, y Walter Martos lo tuvo, por lo menos para obtener la confianza; es decir, el Premier cumplió con la forma, y ¿qué del fondo?

Ahora, lo que se vendrá después es más complicado, porque en términos fácticos ¿qué tan viable es ejecutar lo que el nuevo Premier ha prometido? ¿Vizcarra dejará que él articule realmente a todas las fuerzas políticas? Si tomamos en cuenta la escaramuza de nunca acabar, entre el Ejecutivo y Legislativo.

Se necesita paños fríos y estamos seguros que el Premier los pondrá; no obstante, ¿qué pasará cuando se vengan las inminentes interpelaciones que más huelen a censura? nos referimos al pedido de las próximas cabezas de los ministros Martín Benavides de Educación y María Antonieta Alva de Economía. Nos guste o no, esa prerrogativa es legítima y lícita en los congresistas (artículo 131° y 132° de la Constitución Política del Perú).

Pero si llegáramos a ese escenario, ¿continuaría la guerra? Realmente es poco probable, pues, por más que Vizcarra siga presionado por las cofradías empresariales que lograron captar los miles de millones de Reactiva Perú, él ya no tendrá los bríos para enfrentar a un Congreso que se encuentra muy empoderado, sencillamente porque éste ya no puede ser disuelto en el último año del gobierno, y además porque, al presidente se le fue su asesor estrella, ese que le dictaba jugar a policías y ladrones con el Congreso. Aquel que ya cobró sus millones y que acaba de abandonar a Martín Vizcarra porque ya no hay nada qué hacer con este mandato; ese coach es nada menos que el argentino Maximiliano Aguiar.

El 5 de junio de 2018 se firmó la resolución ministerial N° 715-32018 DE/MGP que autorizó el viaje del oficial de marina de Guerra del Perú José Abelardo Martín Huertas Centurión con CIP 00963240 para una comisión especial a los Estados Unidos.

Lo curioso es que aquel oficial de marina que fue promovido durante el mandato de Martín Vizcarra, es el hermano de la periodista y conductora del programa televisivo 2020, Mávila Huertas Centurión. 

Hay que resaltar, que si bien aquella designación no es una noticia porque se dio hace dos años; tampoco es menos cierto que en esta coyuntura, evidentemente cobra más atención. También es cierto que no existe una ley que prohíba designar al hermano de una periodista a una misión extranjera; no obstante, siempre resultó extraña aquella designación, más allá de las calidades profesionales del hermano de la periodista, si tomamos en cuenta que en la Armada Peruana habían casi dos mil oficiales superiores que también hubieran podido ser designados por sus propios méritos.

También hay que tomar en cuenta la férrea defensa que ha ejercido Mávila Huertas hacia la gestión de Martín Vizcarra a través de su programa televisivo desde que él asumió la presidencia en 2018, porque ella siempre adoptó un rol parcializado con respecto a los desaciertos del gobierno; e incluso, en una entrevista que le hizo a Vizcarra en agosto de 2019, de forma inconsciente patinó y mencionó: “Me están pidiendo desde Palacio que vaya acelerando el paso… digo”, y Martín Vizcarra con mucha sorna y relajo le respondió: ¿De palacio? ¡Yo estoy acá!

Asimismo, luego de la reciente no otorgación de confianza negada a Pedro Cateriano, surgió en los medios una especie de campaña que la denominaban “La extorsión hacia el premier”. Dicha campaña fue inicialmente orquestada por los periodistas Rosa María Palacios y Augusto Álvarez Rodrich, que por esos días le hacían la resonancia al gobierno, ya que estuvieron rabiosos y agresivos en las redes sociales porque que le habían cerrado las puertas de la PCM, nada menos que a su amigo en común: don Pedro Cateriano Bellido.

Además, Mávila Huertas en otra de sus habituales patinadas, en una entrevista de la semana pasada que dio al expremier Cateriano, éste la hizo quedar mal y durante el diálogo en vivo, luego de que ella aseguró que había toda una orquestación de extorsión de parte del parlamento, su entrevistado simplemente la desmintió enfáticamente y afirmó que él nunca habló de que se trataba de una extorsión o chantaje.

Aquí el breve diálogo:

“Cuando nosotros dimos a conocer  en nuestro caso y en el de otros periodistas que teníamos esa información, estaba claro para la interpretación de cualquier periodista que se estaba condicionando, que era una advertencia que llevaba un mensaje y que ese mensaje tenía que ver directamente con la presencia del ministro de educación y esto sí se lo decimos, desde nuestra propia perspectiva y autoría, desde la capacidad que podemos tener algunos de sacar conclusiones y es que evidentemente el Congreso a través de algunas bancadas como la bancada de Podemos ha venido intentando boicotear el trabajo de la Sunedu y traerse abajo la reforma universitaria, entonces era coherente con la información que recibíamos lo que estaba sucediendo. Esa fue una interpretación y nosotros sí dijimos (sic) acá hay una extorsión o hubo una extorsión, pero entiendo que usted ya no se quiera referir concretamente a esa reunión con el señor Merino”.

Y esta fue la respuesta de Pedro Cateriano:

“Pero a ver Mávila, yo ya declaré. En ningún momento he empleado el término extorsión o chantaje. Y mi papel en este momento no es azuzar los ánimos”.

¿Por qué en su explicación Mávila Huertas insistió en decir que el famoso chantaje fue una “interpretación” y que lo hizo desde su “propia perspectiva y autoría”? ¿Acaso no se dio cuenta que con esa aseveración al defender sus derechos de autora de la tesis del chantaje y extorsión estaba quedando peor como periodista? Pero ella insistió y apeló a su dizque interpretación periodística, sin tomar en cuenta que así estaba evidenciando sus vínculos con el gobierno; no olvidar que hace unos meses se le vio ingresar al despacho de la ministra de Economía María Antonieta Alva.

Según la resolución del ministerio de Defensa que fue firmada por el exministro extinto José Huerta Torres, el hermano de Mávila Huertas se desempeñó como Oficial Adjunto a la Delegación del Perú ante la Junta Interamericana de Defensa (JID) y participó en el Colegio Interamericano de Defensa (CID) que se realizó en la ciudad de Washington D.C, Estados Unidos, del 3 de julio de 2018, al 2 de julio de 2020, a órdenes del Ministerio de Relaciones Exteriores.   

Lo curioso de esta misión diplomática es que, más allá de que haya sido un trabajo de agregaduría y de asesoría militar al servicio del país enviado; ha sido más bien, una especie de curso estrella para que a través de las experiencias que se hayan adquirido a nivel estratégico, así como el conocimiento de nuevas doctrinas, permitirán a futuro a la Marina de Guerra del Perú contar con las capacidades del capitán Huertas Centurión, porque luego de aquella misión ya se habría convertido en un personal altamente capacitado en todos los aspectos inherentes al desarrollo humano, profesional y ocupacional (Así mencionan en la Resolución Ministerial).

Obviamente, eso suena rimbombante. En otros términos, el gobierno envió a Estados Unidos al hermano de la periodista, para que a través de sus nuevos conocimientos adquiridos, luego su propia institución naval se vea beneficiada. ¿Eso es verosímil?

Todo fue en dólares

Lo cierto es, que aquella misión según el documento firmado por el ministerio de Defensa, se desarrolló por 24 meses y se pagó con el presupuesto del sector público de los años fiscales 2018 y 2019. Asimismo, el costo incluyó gastos generales de la esposa e hijos. Estos gastos incluyeron el concepto de cuatro tickets aéreos, que en total fueron US$ 4,365.08 dólares americanos, más la Compensación Extraordinaria por Servicio en el Extranjero de US$ 10,693.80 dólares americanos por mes; es decir, de julio a diciembre de 2018 el oficial cobró US$ 63,472.88 dólares. Además, los gastos de traslado solamente de ida, que correspondieron a equipaje, menaje e instalación, ascendieron a US$ 10,693.80 dólares por persona, pero como la compensación se duplicó a 2, ésta se incrementó a US$ 21,387.60 dólares. Es decir, solamente por 6 meses durante el 2018, el capitán Huertas Centurión recibió casi 90 mil dólares del Estado peruano. 

Ahora bien, si tomamos en cuenta la escala del Decreto Supremo N° 262-2014-EF, el capitán Huertas Centurión habría cobrado durante 24 meses (si es que cumplió con su estadía hasta el 02 de julio de este año) alrededor de 270 mil dólares, ya que de acuerdo a la norma vigente, él durante su misión extranjera debió ganar como Oficial Superior alrededor de US$ 7,505 dólares americanos como salario, aunque algunas fuentes refieren que ganaba 10 mil dólares mensuales.

Se exige una auditoria urgente para conocer los criterios reales que llevaron a designar a dicha misión a este Oficial Superior de la Armada Peruana porque no deja de ser un asunto de interés público y porque en honor a la transparencia se debe poner las cosas claras, ya que tenemos conocimiento que muchos esposos, esposas y hermanos de otras periodistas que se marketean como incisivas, están realizando suculentos negocios con el Estado, mientras que la gente común sufre para obtener un trabajo que apenas le reditué un salario mínimo.

Se ha instalado en el ambiente político del país una forma de razonamiento muy perniciosa. Los “buenos” y los “malos”. Luego, se convierte al bando “bueno” en alguien intocable. El resultado de este absurdo mecanismo es que muchos pícaros se sitúan en el bando de los buenos y empiezan a generarse beneficios a través del tráfico de influencias y los actos de corrupción.

El tema de la reforma universitaria es una muestra. El concepto básico fue hagamos la reforma universitaria. Y todos estuvimos de acuerdo en eso. Hay que cerrar universidades que no merecen tal nombre, por ejemplo, la Telesup de José Luna Gálvez o la Garcilaso de la Vega al mando de Luis Cervantes. Y todos estuvimos de acuerdo. Entonces, amparado en ese contexto apareció el “bueno” de la película: Martín Benavides Abanto, el jefe de la Sunedu y luego ministro de Educación.

Gracias a ese escudo fabricado por las apariencias, cuando salen a la luz los actos oscuros de Benavides, empieza el coro: si atacan a Benavides, están atacando la reforma universitaria. Si atacan a Benavides, están apoyando a Telesup y a Luna Gálvez. Ese es el escudo fabricado por el presidente Martín Vizcarra y los medios de comunicación y utilizado por el ministro Benavides. Es una estrategia canallesca para ocultar supuestos actos de corrupción. Es la misma lógica del condenable invento: “Roba pero hace obra”, una lógica con la cual muchos lograron impunidad, la misma impunidad que hoy pretende el ministro Benavides.

Cuando Benavides fue jefe de la Sunedu, acertó en el cierre de las universidades que no merecían seguir funcionado pero eso no debe significar que su reforma universitaria fue impecable y deba ser considerada como intocable. La reforma de Benavides tiene un balance negativo porque dejó en la calle a 180 mil estudiantes sin preocuparse por darles una alternativa; modificó las reglas de juego en plena ejecución de la reforma para atender conveniencias; y, lo peor, incurrió en actos que, por ahora, hay que llamar de presunta corrupción y presunto tráfico de influencias, y que una vez que sean investigados van a generar más de una sorpresa, sobre todo, la existencia de un socio que ejerce un cargo muy importante.

Entonces, en vista de que el coro monocorde de la prensa oficialista empezará a decir que es una injusta interpelación maquinada por los enemigos de la reforma universitaria, es importante señalar que existen muchos elementos para los cuales Benavides no tiene una respuesta pero sí mucha responsabilidad. Anotemos algunos.

Como jefe de la Sunedu realizó una reforma universitaria modificando las normas de evaluación durante el proceso de licenciamiento. Un acto que quebró toda imparcialidad porque no se puede efectuar licenciamientos en base a evaluaciones diferenciadas porque eso significó quebrar un requisito fundamental: la seguridad jurídica.

Existe un concepto que Benavides, el presidente Vizcarra y las diversas portátiles que aplauden, han utilizado de manera insistente: la reforma universitaria buscó el cumplimiento de las Condiciones Básicas de Calidad. Sin embargo, ese es uno de los requisitos que más pisoteó el reformador Benavides.

Sostuvo que no se podían licenciar universidades que habían llegado a compartir sus locales con colegios porque, de acuerdo a las Condiciones Básicas de Calidad, la infraestructura de un colegio es muy distinta a la infraestructura necesaria para una universidad. Todos estamos de acuerdo. Pero, ¿por qué le otorgó licenciamiento a la UPAL que iba a operar en el local de una ferretería con apenas tres aulas y un campo deportivo alquilado al colegio Aleph cuyo director León Trahtenberg es asesor de Benavides?

Las Condiciones Básicas de Calidad son muy importantes e imprescindibles. Todos estamos de acuerdo. Entonces ¿por qué le otorgó licenciamiento a la UTP cuando sus filiales en provincias aún se encontraban en construcción? ¿Cómo podía la Sunedu del reformador Benavides verificar si se cumplían las Condiciones Básicas de Calidad de locales que estaban en proceso de construcción? ¿Cómo pudo la Sunedu verificar las Condiciones Básicas de Calidad de los laboratorios, las bibliotecas, los salones de clase si no estaban terminados y solo habían obreros cargando ladrillos y cemento? ¿Cómo pudo el gran reformador de la intocable reforma universitaria dar un licenciamiento a la UTP cuando las propias normas de la Sunedu exigían que los locales tengan licencia municipal y éstas no existían porque, sencillamente, esos locales recién se estaban construyendo?

Si tenemos en cuenta que el propietario de la UTP es el monopólico grupo Intercorp ¿no será que el reformador Benavides verificó más bien las Condiciones Básicas de Calidad de su presunto beneficio propio y también el beneficio del socio que lo sostiene en el cargo? La historia completa saldrá a luz pública más temprano que tarde.

Quienes utilizan el pretexto de las frases: “Hay que defender la reforma universitaria” o “Se quieren traer abajo la reforma universitaria” lo que están haciendo es defender a un sospechoso de actos de corrupción disfrazado de gran reformador. ¿Por qué el documento de licenciamiento de la UPAL se estuvo ofreciendo en tres millones de dólares? La UPAL nunca funcionó y su supuesto local era el local de una ferretería pero su licenciamiento pasó por las manos de un poderoso grupo mediático que luego lo vendió a personajes allegados y estos lo ofertaban en tres millones de dólares. ¿Eso es una “impecable reforma universitaria? ¿Esa es la reforma que defiende el presidente Vizcarra? 

Los curiosos defensores de la “reforma universitaria” deberían hacerse varias preguntas. ¿Saben que el presidente Vizcarra nombró a Martín Benavides como jefe de la Sunedu? ¿Saben por qué el licenciamiento se volvió uno de los documentos más valiosos en el sistema educativo peruano? ¿Saben que el presidente Vizcarra nombró como ministro de Educación a Benavides cuando ya la reforma estaba ejecutada al 99 por ciento? ¿Saben por qué el presidente Vizcarra mantuvo en el gabinete a Benavides al punto que perdió a su flamante premier y tuvo que armar un nuevo gabinete ministerial? ¿Se han preguntado por qué vale tanto Benavides? y ¿por qué el Grupo Intercorp mantiene cercanas relaciones con el gobierno?

Hay sombras de corrupción. Un dato final. La ley universitaria no le concede a la Sunedu la facultad de cerrar universidades. Cuando Vizcarra lo nombra como jefe de la Sunedu, Martín Benavides fabrica un Reglamento de cierre de universidades y, de pronto, cuando nunca antes había existido el cierre de universidades, Benavides clausuró 46 universidades en apenas 20 meses, a un ritmo de 2.3 universidades por mes, es decir, cada 13 días cerraba una universidad. Algo imposible de ser hecho con seriedad pero que tuvo un efecto: la licencia de funcionamiento se volvió el documento más valioso. Entiéndase valioso en todas sus interpretaciones.

La interpelación a Martín Benavides Abanto es un acto necesario. Su remoción del cargo tendría que ser el primer paso para que, una vez perdida la protección gubernamental, tenga que ser sometido a las investigaciones necesarias en los ámbitos fiscales y judiciales y tenga que rendir cuentas a los 180 mil estudiantes a los que dejó sin un futuro profesional.

Por Francisco Adrianzén Merino

El día viernes 7 en una reunión virtual convocados por la Dirección del Audiovisual, la Fonografía y Nuevos Medios, DAFO, del ministerio de Cultura, representantes de 12 gremios cinematográficos (¿?) «aprobaron» el Reglamento del Decreto de Urgencia, DU 022-2019, Ley de Cine, pendiente aún de ratificación por el Congreso. El Reglamento sería presentado públicamente el próximo jueves, según el acuerdo de los virtualmente presentes en la reunión. No sabemos para qué: si para someterlo a consulta pública o bien cómo información de un texto inamovible que a todas luces representaría «la eficiente voluntad del ministerio de un debate democrático»

Varios temas llaman la atención en esta carrera de mérito burocrático, que aparenta mas bien un verdadero ejercicio de maniobras o manipulación de la voluntad de los cineastas:

1.- ¿Cómo se puede aprobar un Reglamento que no se conoce, o que tan sólo se ha conocido de manera muy parcial mediante un powerpoint? La DAFO, nunca llegó a entregar una propuesta escrita de Reglamento y las observaciones se hicieron en base a lecturas (virtuales) del director del ente burocrático del ministerio de Cultura. ¿Es ésta la mejor manera de elaborar un Reglamento?

2.- El Reglamento nunca ha sido consultado detalladamente, no sólo con «los representantes de los gremios presentes», sino que mucho menos con las bases de estos gremios. Evidentemente no puede serlo, pues al haberse mantenido su texto completo en total secreto no hay mucho que debatir y aportar mediante un PowerPoint.

3.- Una vez mas llama la atención la actitud de los gremios (¿12?), que son incapaces de demandar un trato digno por la burocracia del ministerio, claudicando a sus mas elementales principios, evidenciando que son esencialmente cúpulas burocráticas que se sostienen en base a la anomia que impera entre los cineastas, donde al desinterés y convenido silencio cómplice, se suma la falta de democracia, y que la DAFO conoce, explota y alienta muy bien. ¿Qué promesas o presiones hacen que se sometan tan fácilmente?

4.- ¿Qué niveles de confianza se pueden tener respecto a un texto debatido y aprobado a escondidas? ¿Qué garantiza que no se cambiará a último momento? Y sobre todo ¿Qué o quien garantiza que se atenderán las sugerencias u observaciones que se le puedan hacer?

Recordemos que cuando se aprobó, en primera votación, en mayo del 2019 la ley de cine en el Congreso, aparecieron un artículo abiertamente censor y represivo, así como también varios artículos que le confieren poder omnímodo a un solo funcionario del ministerio de Cultura (¿adivinen quien?). Se «colaron» a último momento y nunca se dieron explicaciones convincentes de su inclusión tan sólo contradictorias versiones en el caso del artículo censor. (los de los poderes omnímodos se mantienen hasta ahora, sin explicación alguna, en el DU)¿Quien puede garantizar que no ocurrirá lo mismo con el Reglamento?

5.- La DAFO aparece una vez más mostrando un peligroso juego de maniobras burocráticas, que evidencian la debilidad estructural del ministerio de Cultura y que a lo único que conducen es a profundizar lo que ya viene ocurriendo: el debilitamiento de la institucionalidad en el cine peruano. Pero esto ¿le importa mucho? Según parece no, con tal de mantener un sistema y un cargo que ya va por los ocho años ininterrumpidos, un verdadero récord de «eficiencia y supervivencia» en un ministerio donde son tan frecuentes los cambios de ministros.

En marzo último analicé el mapa de la pobreza en Amazonas, teniendo en cuenta los datos últimos del INEI en cuanto a pobreza monetaria, y donde la Provincia de Condorcanqui se encontraba entre las 10 provincias más pobres del país, en el séptimo lugar. Es más, Amazonas cuenta con 08 distritos ubicados entre los 200 distritos más pobres del Perú, dos ubicados en la provincia de Condorcanqui (El Cenepa y Río Santiago), cinco en Luya (Santa Catalina, Pisuquia, Lónguita, Cocabamba y San Juan de Lopecancha) y uno en Chachapoyas (Sonche). Por otro lado, cabe anotar que 15 distritos amazonenses están entre los 300 distritos más pobres del país de un total de 1,874 distritos a nivel nacional.

Hoy el Instituto Peruano de Economía, acaba de presentar el Índice de Competitividad Regional –INCORE 2020 donde analiza los avances en el desarrollo económico y social de las regiones del Perú, teniendo en cuenta 06 pilares de competitividad: Entorno Económico, Infraestructura, Salud, Educación, Laboral e Instituciones. La competitividad es entendida como la capacidad de un gobierno (nacional, regional o local) para generar altas tasas de crecimiento, por lo que es necesario desarrollar un clima económico, político y social que le permita incrementar la productividad de sus factores de producción.

Según el INCORE 2020, Lima Metropolitana y Callao es la región más competitiva con 7,69 puntos, completándose el top 5 de regiones más competitivas con regiones de la costa sur: Moquegua, Tacna, Arequipa e Ica. Al otro lado de la tabla, la región menos competitiva es Huancavelica con un puntaje de 2,86. Esta región cuenta con los peores índices en cuanto a entorno económico, en infraestructura y en mercado laboral presentando la mayor informalidad laboral.

¿Y qué pasa con nuestra región Amazonas? Amazonas se ubica en el puesto 20 de regiones menos competitivas del país de un total de 26 analizadas (3.8 de puntaje), diríamos que estamos retrocediendo si nos comparamos con el Índice de Competitividad del 2019, ya que ese año estábamos ubicados en el puesto 18, y hoy, hemos retrocedido dos puestos. De los 40 indicadores del INCORE 2020, en 14 hemos mejorado, en 12 seguimos igual y en otros 14 hemos empeorado.

Causas de esta caída en cuanto a competitividad, se debe a que en Amazonas no se está impulsando proyectos de impacto que permitan dar sostenibilidad a la competitividad regional; así tenemos, carreteras paralizadas desde al año pasado como Cáclic-Luya-Lamud o proyectos de agua potable y hospitales en las provincias del norte que nunca se hacen realidad. El índice de Competitividad 2020, nos vuelve a mostrar nuestra lúgubre realidad de ubicarnos como una región no competitiva; excluida del escenario nacional en cuanto a crecimiento y desarrollo.

En suma, la no competitividad de Amazonas es el reflejo de nuestra pobreza e incompetencia institucional regional, provincial y distrital que generacionalmente han empujado a la región a ubicarse con los peores indicadores socioeconómicos, instalándonos en el fondo del crecimiento y desarrollo a nivel país. La competitividad depende de políticas bien planificadas, elaboradas, estructuradas y monitoreadas, y por tanto necesita de autoridades competentes.

Generacionalmente las autoridades regionales y locales de Amazonas en su gran mayoría, NO han hecho esto. La crisis post pandemia que se nos avecina, seguramente deteriorará aún más la alicaída situación competitiva de nuestro Amazonas, y allí hay un gran reto para las autoridades regionales y municipales de conocer, medir y evaluar nuestros pilares de competitividad para poder fortalecerlos y construir políticas regionales que permitan la recuperación de Amazonas.

¡Un gran reto que necesita de autoridades con capacidades! ¿Lo tenemos?, es la gran pregunta.

La revista ONCE publicó lo que se habló en la conversación privada entre el presidente Martín Vizcarra, el técnico de la selección nacional Ricardo Gareca y Juan Carlos Oblitas. El motivo de la reunión fue suspensión del torneo nacional de fútbol.

En la publicación el periodista Umberto Jara menciona «El enojo del Tigre se hizo rugido cuando el presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, salió a declarar manifestando que “No hay garantías y lo más seguro es que se el torneo se suspenda definitivamente”. La incertidumbre que se abría llevó a Gareca a plantear su despedida del país hasta que las cosas se pudieran trabajar con un mínimo de seriedad profesional».

«La reunión se llevó a cabo a las 8 de la mañana de ayer domingo en las oficinas del IPD ubicadas en el Estadio Nacional. Los asistentes fueron, por el lado del gobierno, el presidente Vizcarra; el jefe del IPD, Gustavo San Martín y Pedro Cateriano como nexo. Por el lado del fútbol, el Director Técnico, Ricardo Gareca; el Director Deportivo, Juan Carlos Oblitas; y el asistente de Gareca, Ricardo Bonillo», agrega Jara.

La finalidad de la reunión era encontrar una solución para la reactivación de la Liga 1. Sobre esto Umberto Jara comenta «En la reunión, Gareca y Oblitas expusieron las razones por las cuales era necesario que el torneo se reinicie a la mayor brevedad y que se retire la idea de una cancelación definitiva. El técnico Gareca explicó en detalle que dada la situación actual de la pandemia en el mundo no estaba claro si los clubes extranjeros dejarían venir a los jugadores peruanos que actúan en el exterior y eso acrecentaba la necesidad de que los jugadores del torneo local recuperen la actividad para que puedan ser evaluados y ver con quienes se puede contar para una convocatoria al seleccionado que tendrá que iniciar las eliminatoria mundialistas, un torneo que acapara la atención de todo el país».

Según la revista ONCE, Gareca expresó su preocupación ya que esto afectaría a la selección peruana. «El Tigre también explicó que un futbolista profesional no puede estar muchos meses sin actividad porque eso acrecienta el riesgo de lesiones musculares lo que terminaría generando otro problema toda vez que nuestro fútbol no tiene precisamente una gran cantidad de jugadores en condiciones de competir internacionalmente».

Otro de los que estuvo presentes en esta reunión privada de emergencia fue el ex futbolista Juan Carlos Oblitas, quien expresó que los protocolos sanitarios y deportivos con que cuenta la Liga 1 son los correctos y están bien planteados para la realización de los partidos y que lo ocurrido el día viernes fue un episodio que se puede evitar con una organización previa sobre todo porque la cantidad de hinchas que podrían intentar movilizarse es menor y el repudio público ante lo acontecido dará lugar a que otras hinchadas y la misma de Universitario, entiendan que no deben acercarse a los estadios.

Umberto Jara dio más detalles sobre el encuentro y aseguró que «En la reunión que duró cincuenta minutos, se evaluaron también los efectos negativos que tendría una suspensión definitiva de la Liga 1, pues, se quedarían sin trabajo 600 futbolistas profesionales con contrato además de directores técnicos, médicos, fisioterapeutas, masajistas, utileros y los clubes ingresarían en una inevitable quiebra por cuanto el único ingreso con que cuentan actualmente son los derechos por televisión y si la televisión no tiene partidos que transmitir los clubes tendrían que dejar de operar. El acuerdo final fue que el torneo peruano se reiniciará esta semana y que se harán las coordinaciones necesarias entre el IPD, la Liga 1 y el Ministerio del Interior».

El ministro Benavides ha sido ratificado en el cargo, quiere decir eso que es el único paladín de la educación en el Perú. Para sus defensores es Bolognesi enfrentándose al enemigo. Benavides es un prócer. Las acusaciones en su contra no interesan porque es un héroe y los héroes son inmaculados.

Nadie moraliza al moralizador. La educación no se negocia, aunque su paladín sea de papel. Y del otro lado ¿Los podemistas son cabales defensores de la democracia? ¿Su único interés es el tantas veces manoseado pueblo peruano? Tampoco.

Lo de Benavides contra sus adversarios, en el congreso, es la lucha de Satán versus Belcebú. Con el decorado de la pandemia. Pero la denegación de confianza a Cateriano no se reduce, en lo absoluto a eso, sino a su modo de concebir la política.

Porque Cateriano ha dado a entender que las otras bancadas que no le dieron el voto de confianza no conocen el manejo de la cosa pública; por lógica eso implica que el sí conoce. Y es verdad, sí conoce. No solamente el manejo de la cosa pública y el modo de hacer política sino también la Historia del Perú. Y eso es lo peligroso, porque su conocimiento no sirve para instruir o para buscar el bien general sino para manipular.

Que Cateriano diga que el Perú es un país minero desde el período prehispánico y que, en ese sentido, el Coricancha no fue un templo dedicado al sol sino un lugar cubierto de planchas de oro, es manipular la historia y tiene que ver con la educación. Pero no con un desconocimiento de ella, sino con un uso y abuso del conocimiento.  Cateriano conoce, no es un neófito, pero usa sus conocimientos para tergiversar y acomodar las situaciones para sus intereses.

¿Qué es peor? ¿Un ignorante o un hombre versado, que usa sus conocimientos para engañar? ¿Es eso democracia? Mientras la educación siga siendo un privilegio de unos pocos, esos pocos utilizarán su conocimiento de manera táctica para acomodar y falsear los acontecimientos según sus intereses. Eso no es democracia. ¿De qué vale un político versado cuando su conocimiento no aporta al progreso de la mayoría? Le vale para ningunear: los otros son los ignorantes.

El rechazo al gabinete Cateriano ha sido por un cúmulo de factores: el ninguneo a la pandemia, el privilegio a una minería irracional donde la redistribución no tiene anclaje en los sectores más urgentes y la tantas veces manoseada educación que es solamente un recurso político de ambos bandos.

La educación es un asunto primordial y necesario; pero no necesita de próceres, de héroes ni de adversarios. Necesita un uso limpio, adecuado, que llegue a sus legítimos destinatarios para que ningún político entendido y culto venga luego a falsear la historia y menos aún a ningunear.

Veremos qué pasa mañana en el Congreso.