Los presidentes del Perú y la corrupción 1995-2022 (Primera parte)
Desde Alberto Fujimori hasta la actualidad, los presidentes del Perú han sido denunciados e investigados por corrupción. Recientemente, el procurador público especializado en delitos de corrupción, Amado Enco, reveló que a nivel nacional hay 2,289 gobernadores regionales y alcaldes investigados por casos de corrupción.
El Perú es quizás el único país en el mundo en el que más de cinco expresidentes han estado o están inmersos en procesos penales por diversos delitos. Son conocidos los casos de Francisco Morales Bermúdez (sentenciado a cadena perpetua y fallecido en julio de 2022), Alberto Fujimori, Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski. Existen serios cuestionamientos e investigaciones sobre Martín Vizcarra en torno a su gestión como presidente regional de Moquegua y también investigación fiscal contra el actual mandatario Pedro Castillo Terrones, protegido por la figura legal de “inmunidad presidencial”.
Con el suicidio de Alan García Pérez –quien se disparó en la cabeza el 17 de abril de 2019 cuando la fiscalía se aprestaba a allanar su domicilio y proceder a su detención preventiva– se extinguió la acción penal contra él.
Asimismo, a raíz del escándalo del caso Lava Jato, se sabe que la empresa constructora Odebrecht se dedicó a pagar sobornos (coimas) a funcionarios de gobierno nacional, regionales y municipios para obtener la buena pro de obras como la ruta Interoceánica, entre otras. Además, según las declaraciones de Jorge Barata (exrepresentante de esa empresa en el Perú), Odebrecht presuntamente habría financiado las campañas electorales de Alejandro Toledo, Alan García, Pedro Pablo Kuczynski, Keiko Fujimori, Lourdes Flores Nano y Susana Villarán. La investigación sobre este proceso continúa.
El índice de corrupción de funcionarios en el Perú es muy alto. Según un informe del Poder Judicial difundido por el diario La República, el año 2018 hubo “un total de 27 mil 20 funcionarios procesados por corrupción a nivel nacional. De esta cifra, 6 mil 731 corresponden a Lima y 20 mil 289 están repartidos en las regiones” (https://tinyurl.com/5ean5c8u).
La corrupción se refleja en la economía y en la disminución de la calidad de vida. La Defensoría del Pueblo, en un informe denominado “Radiografía de la corrupción en el Perú” (2017), reveló que se pierde anualmente 12 mil millones de soles, es decir alrededor de 3 mil 600 millones de dólares por actos de corrupción. El documento precisa que esto es equivalente a perder 10 millones de dólares diarios y señala que “el precio de la corrupción asciende al 10% del presupuesto nacional por año”.
En uno de mis anteriores ensayos sobre la corrupción en el Estado peruano señalé lo siguiente: “En el Perú el Estado se ha convertido en la sucursal detrás de la cual operan organizaciones criminales, que bajo diferentes modalidades delictivas y usando la corrupción como metodología tienen como único fin apropiarse del botín que representa el presupuesto nacional. Las estadísticas son contundentes: trece gobernadores regionales procesados por delitos de corrupción y la mayoría con orden de detención preventiva. Asimismo más de veinte alcaldes y exalcaldes provinciales y distritales afrontan procesos judiciales o han sido sentenciados por delitos de corrupción en sus gestiones”.
Recientemente, el procurador público especializado en delitos de corrupción, Amado Enco, reveló que a nivel nacional hay 2 mil 289 gobernadores regionales y alcaldes investigados por casos de corrupción. Y cuatro expresidentes de la República (uno de ellos en prisión), están cuestionados por presuntos delitos.
CASO MORALES BERMÚDEZ
En el mes de enero de 2017, el expresidente peruano Francisco Morales Bermúdez (general del Ejército Peruano que sucedió al dictador Juan Velasco Alvarado en la década del setenta) fue condenado de cadena perpetua por un tribunal de Roma (Italia) por su participación en el “Plan Cóndor”, al ser hallado responsable, junto a otros acusados, de la muerte de una veintena de ítalo-latinoamericanos. Dos exmilitares del Perú también fueron sentenciados.
Este plan –dirigido por los gobiernos militares de Chile y Argentina– fue organizado en esta región de América para acabar con una veintena de ítalo-latinoamericanos, acusados de subversivos que supuestamente buscaban sacar del poder a las mencionadas dictaduras de Pinochet y Videla.
Morales Bermudez.
Cabe anotar que el “Plan Cóndor” fue una operación que ideó el exdictador chileno Augusto Pinochet para acabar con la oposición política entre 1970 y 1980. Esta se ejecutó principalmente en Argentina, Paraguay, Brasil, Uruguay, Bolivia y Chile.
En el artículo “Cuatro claves para entender la sentencia contra Francisco Morales Bermúdez” de Cristina Blanco, coordinadora académica y de investigaciones del IDEHPUCP (https://tinyurl.com/2s95j9ms), señala que, para entender esta sentencia, “se debe recurrir a los supuestos habilitantes de jurisdicción interna frente a graves violaciones de derechos humanos en impunidad”.
“Hay que recordar que las investigaciones fiscales en Italia se inician con la denuncia de un familiar de detenidos-desaparecidos contra el exmarino uruguayo Jorge Néstor Troccoli, quien fugó a Italia tiempo antes para evitar ser procesado en su país. Uruguay solicitó la extradición de Troccoli, la cual fue denegada y exigió a Italia aplicar el principio aut dedere aut judicare, por el cual si un país se niega a extraditar, debe juzgar al extraditable por los delitos que se le acusan. La denuncia contra Troccoli fue seguida por varias otras en los años siguientes y, tras la acusación fiscal, se inició el juicio penal contra 27 imputados nacionales de Bolivia, Chile, Perú y Uruguay; en perjuicio de 43 víctimas, entre ellos 23 ítalo-latinoamericanos y 20 uruguayos”, comenta.
Y añade que “si bien, como principio general, los tribunales tienen competencia sobre crímenes cometidos dentro de su territorio, existen ciertos nexos jurisdiccionales para que el Estado ejerza competencia por hechos ocurridos fuera de este, supuesto conocido como jurisdicción extraterritorial. Una de las habilitantes más comunes, y que establece el ordenamiento italiano, es el de la nacionalidad de las víctimas, aplicado en este caso. Pero también es posible -como ocurriría con relación a las víctimas no italianas- que una instancia penal conozca hechos cometidos fuera de su territorio, y con acusados y víctimas extranjeras cuando se trate de graves crímenes internacionales que, de otro modo, quedarían en la impunidad. Estamos aquí ante el principio de jurisdicción universal por el cual, aunque no estén presentes los factores tradicionales de conexión (lugar de los hechos, nacionalidad de víctimas o acusados), los tribunales nacionales pueden procesar a una persona sospechosa de haber cometido un crimen internacional en cualquier parte del mundo al entender que atentan contra la comunidad internacional en su conjunto”.
CASO ALBERTO FUJIMORI
El expresidente Alberto Fujimori actualmente cumple una condena de 25 años por haber sido considerado como autor mediato de homicidio calificado con alevosía, lesiones graves y secuestro agravado correspondientes a los casos de las matanzas de La Cantuta, Barrios Altos, y al empresario Samuel Dyer Ampudia. La sentencia se emitió el año 2009.
Alberto Fujimori.
Para sus seguidores, las condenas son un exceso porque consideran que Fujimori hizo una lucha frontal contra el terrorismo para poder pacificar el país de la violencia iniciada por Sendero Luminoso y el MRTA. Ellos argumentan que en esa guerra frontal hubo consecuencias e incluso excesos por parte de elementos de las fuerzas armadas, razón por la cual están en desacuerdo.
Desde que fue extraditado desde Chile en el año 2007, el historial de los procesos penales contra Fujimori ha tenido varios episodios. A fines del año 2000, Alberto Fujimori viajó del Perú hacia Brunéi en el marco de la cumbre anual de la APEC. Desde allí se dirigió a Japón, desde donde renunció a la presidencia del Perú vía fax. En Japón permaneció hasta el año 2005, y amparado en su doble nacionalidad, pudo evadir las acusaciones judiciales en su contra por delitos de corrupción, de peculado y de lesa humanidad (https://tinyurl.com/3j2azxpz).
El 6 de noviembre de 2005, Alberto Fujimori viajó a Chile, donde fue detenido al día siguiente por las autoridades de aquel país y desde entonces se inició, exactamente el 11 de noviembre de ese año, un proceso de extradición en su contra.
El 21 de septiembre de 2007, la Corte Suprema de Chile aprobó la petición del Poder Judicial del Perú para extraditarlo. Tras su arribo a nuestro país, afrontó diversos procesos en su contra y terminó siendo condenado por lo señalado líneas arriba.
Una década después, el 24 de diciembre de 2017, el expresidente Pedro Pablo Kuczynski le concedió un indulto humanitario a Fujimori, debido a que “una junta médica oficial ha evaluado al interno y ha determinado que el señor Fujimori padece de una enfermedad progresiva, degenerativa e incurable y que las condiciones carcelarias significan un grave riesgo a su vida, salud e integridad”.
A las horas de anunciado el indulto, la defensa de los deudos de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta interpuso un recurso para revocar la gracia concedida.
El 3 de mayo del 2016 el Tribunal Constitucional del Perú rechaza la nulidad de la condena de Alberto Fujimori, razón por que se determinó que prosiga su condena de 25 años impuesta por responsabilidad en las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, bajo la polémica teoría de “autor mediático”.
El 03 de octubre de 2018, tras meses de audiencias, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria declaró inaplicable el indulto otorgado al expresidente Alberto Fujimori y ordenó su ubicación y captura inmediata.
A pesar de todas las acusaciones y condena en su contra, muchos peruanos de las zonas urbanas y rurales se muestran a favor de un indulto humanitario, considerando que fue un presidente que estabilizó la economía y derrotó al terrorismo con una estrategia frontal que terminó con la captura, juicio y condena de los principales cabecillas terroristas.
Esto es solo parte del panorama de las denuncias, investigaciones, juicios y condenas contra expresidentes. Los casos de Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski los analizaremos en un próximo artículo.
Raúl Allain. Escritor, poeta, editor y sociólogo peruano (Lima, 1989). Estudió en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha sido incluido en antologías como Antología de poetas críticos (Cisnegro, México DF, 2019), Antología décimo aniversario de Lord Byron Ediciones (Liber Factory - Lord Byron Ediciones, Madrid, 2013), Veinte poetas: muestra de poesía contemporánea (I.F.D. Editor; Lima, 2010), Poesía y narrativa hispanoamericana actual (Visión Libros - Lord Byron Ediciones, Madrid, 2010), Abofeteando a un cadáver (Bizarro Ediciones - Centro Cultural de España, 2007), entre otras. Sus textos aparecen en diversos medios literarios tanto nacionales como internacionales. Actualmente preside el Instituto Peruano de la Juventud (IPJ) y dirige el sello independiente Río Negro. Ha publicado Poéticas, Poiesis hispanoamericana: selección de poesía contemporánea, Eros & Tánatos: poesía y arte contemporáneos, entre otras antologías, ¡Yo no hice nada!: Sobre la idiosincrasia peruana, ¡Palaciego In Memoriam!: Selección de textos de Humberto Pinedo, así como el ensayo La cientificidad del consciente (Editorial Emooby, 2011). Premio Mundial a la Excelencia Cultural y Premio Mundial el Águila Internacional a la Excelencia Sociológica de la Unión Hispanomundial de Escritores (UHE).
Los monopolios matan: De Intercorp a Medifarma, los pobres siguen poniendo los muertos
La historia se repite: los monopolios en el Perú no solo acumulan fortunas, sino que también acumulan cadáveres. Mientras las grandes corporaciones expanden su control sobre mercados esenciales desde supermercados hasta medicamentos, los más pobres pagan con su salud, su vida y su silencio. Dos casos emblemáticos lo demuestran: la desgracia silenciada de INTERCORP en Trujillo y la reciente tragedia de los sueros contaminados de MEDIFARMA, que domina el 70% del mercado farmacéutico peruano.
El monopolio que enterró la verdad: INTERCORP y Real Plaza en Trujillo
En 2023, el derrumbe de un muro durante la construcción del Real Plaza en Trujillo dejó tres trabajadores muertos y decenas de heridos. La prensa local apenas lo mencionó, las investigaciones se estancaron y el caso quedó sepultado bajo el peso de los intereses económicos. INTERCORP, el gigante financiero y comercial de los Rodríguez Pastor, manejó la narrativa: no hubo titulares nacionales, no hubo responsables tras las rejas, solo familias destruidas y un silencio comprado.
El caso de la caída del techo del Real Plaza de Trujillo es otro incidente trágico que ocurrió el 21 de febrero de 2025. Ese día, el techo del patio de comidas del centro comercial colapsó, dejando un saldo de seis personas fallecidas y más de 80 heridos.
La tragedia ocurrió mientras el recinto se encontraba en plena operación, con decenas de clientes en la zona afectada. Las labores de rescate se extendieron por más de 40 horas, y las autoridades iniciaron una investigación para determinar las causas del siniestro.
Intercorp, la empresa propietaria del Real Plaza, se vio envuelta en una crisis debido a este incidente. La empresa aseguró que se haría cargo de la atención médica de los afectados y cubriría los gastos derivados de la tragedia.
Sin embargo, la responsabilidad de Intercorp saltó a la luz, por la seguridad y el mantenimiento del centro comercial, los familiares de las victimas han pedido una investigación más a fondo sobre las causas del colapso. El silencio de los medios de comunicación y de las autoridades sobre este caso causa sospecha.
¿Por qué? Porque en el Perú, los monopolios tienen más poder que el Estado. Controlan medios de comunicación, influyen en fiscales y entierran sus errores con dinero. Mientras tanto, los trabajadores precarios sin contratos, sin seguridad siguen siendo carne de cañón para sus ganancias.
MEDIFARMA: Cuando el monopolio de los medicamentos se convierte en veneno
Ahora, el mismo patrón se repite con MEDIFARMA, la empresa que domina el mercado de insumos médicos en el Perú. Sus sueros fisiológicos contaminados han sido vinculados a muertes de pacientes en hospitales públicos y clínicas donde el pueblo recibe tratamientos con productos de dudosa calidad. ¿La razón? No hay competencia real. MEDIFARMA controla el 70% del mercado, fija precios y, ante la falta de alternativas, el Estado y las clínicas siguen comprando sus productos, aunque fallen.
Este no es un error aislado: es la consecuencia natural de un sistema que permite que unas pocas empresas decidan quién vive y quién muere. Cuando no hay competencia, no hay incentivos para mejorar. Cuando no hay regulación, los abusos son inevitables.
El costo humano de los monopolios: los pobres siempre pierden.
Los monopolios no son solo un problema económico: son una sentencia de muerte para los excluidos. En un país donde el Estado es débil y la corrupción abre puertas, las grandes corporaciones:
1. Ahogan a la competencia: Pequeñas farmacéuticas o comercios locales no pueden competir con sus precios predatorios o su influencia política.
2. Controlan la información: Casos como el de Trujillo se silencian porque los mismos dueños de las empresas tienen acciones en medios.
3. Externalizan sus riesgos: Los trabajadores precarizados y los pacientes pobres asumen los costos de su negligencia.
Hasta cuándo?
El Perú necesita urgentemente:
Leyes antimonopolio fuertes, que rompan los oligopolios en sectores clave (salud, alimentación, banca).
Fiscalías independientes, que investiguen sin miedo los abusos de estos grupos de poder.
Medios valientes, que dejen de ser voceros de sus anunciantes y denuncien las injusticias.
Mientras tanto, los muertos siguen apilándose. Los de Trujillo bajo el cemento de un mall, los de los hospitales y clínicas por sueros envenenados. Y la pregunta queda flotando: El próximo serás tú? ¿O seguiremos esperando que el monopolio decida cuándo y cómo morimos?
Basta ya. Los monopolios matan, y lo estamos permitiéndo!
Lo estulto de la declaración del congresista Ernesto Bustamante Donayre (FP), biólogo, Magister, Universidad Cayetano Heredia, Dr. Universidad Jhons Hopkins, USA; ex Decano Colegio Nacional de Biólogos; referida a que las mujeres “por su condición biológica, no pueden ser científicas”, es otra muestra más, de su estulticia.
Ya antes de ser congresista, pontificando en la pandemia, como ex jefe del Instituto Nacional de Salud, señaló, “que a falta de alcohol gel o jabón para desinfección de manos, se use la saliva”.
Recientemente defendiendo al ex ministro del Interior Santiváñez señaló, “el ministro no es el gran papá que tiene que cuidar de todos, ya que cada uno debe de cuidarse”, poco le faltó añadir, como en el viejo oeste americano, salvo que esté pensando en hacer lobbies de venta de armas.
El biólogo congresista se olvidó de su clase de “condición biológica”, que no es más que, el grado de bienestar de las personas humanas u organismos no humanos, dentro de su comunidad, sin que tengan efectos adversos nocivos correspondientes, según la composición taxonómica.
Lo estulto del biólogo congresista y ex Decano Nacional, de manera monda y lirondo, es su absoluta falta de respeto de sus colegas mujeres, que hacen ciencia con mucha dificultad, ya sea por falencia del mismo CONCYTEC o por otras cosas, pero no por condición orgánica diferente. Ello es querer ser “súper macho”, al estilo de Lando Buzzanca.
No está demás recordarle al biólogo congresista que dentro de las laureadas con el Premio Nobel de la Paz, hay 19 mujeres, en el de Física 4, Química 8, Fisiología y Medicina, 13 mujeres (todas ellas biólogas), Literatura 18 y Economía 3.
Finalmente, para señalar que lo estulto no se quita con los grados académicos ni en universidades de élite y Bustamante con sus declaraciones infelices es señal inequívoca que él pasó por la universidad, pero que la universidad no entró en él ni en 0.0001%.
Ministro de Salud César Vásquez sobre suero defectuoso: “Es natural que genere pánico en la población”
El titular del Minsa llegó a la Comisión de Salud para referirse a la crisis de suero que se ha generado. Padres de una de las víctimas también estuvieron presentes en la sesión.
«Ratifico en la solidaridad con las víctimas, comparto la indignación de ellos y la frustración». Fueron las palabras del ministro de Salud César Vásquez, ante la comisión del mismo que se centró hoy en las muertes ocasionadas por el caso de «Los sueros de la muerte». El ministro solicitó venir a la comisión para comparecer y aclarar el panorama.
Qué sucedió. Primero «El laboratorio Medifarma a quien nosotros denunciamos el 24 de julio del año pasado, que junto a 14 laboratorios más formaban una red criminal que llamé La Red De Las Medicinas y que no me hicieron caso y que estaba detrás de una campaña de desestabilización en mi contra porque les era incómodo para ellos (…) Indecopi inició las investigaciones y hoy con frustración extraoficialmente me he informado que la Fiscalía ha archivado el caso. Nosotros hemos denunciado que estas empresas concertaban precios. Buscaban en las licitaciones se paguen precios mayores al mercado. No sé presentaban y quedaban desiertos. Ganaban así que se retrasasen las compras y ante un aparante desabastecimiento brutal no quedaba al Estado más que comprar directamente».
Además, mencionó: «A pesar de los errores y el destiempo en que se informó… El día en que se supo de los casos graves se sacó la alerta sanitaria y se inspeccionó el laboratorio y se concluyó con el cierre de esa área de producción y se concluyó también que se hizo mala producción y que no cumplieron con hacer un buen control de calidad. Nosotros hicimos nuevos controles de calidad para comprar los más de 10 millones de frascos que se compraron en 2024 para todo 2025. Pero el sector privado también debió hacer control de la calidad propia antes de administrarlo. Hemos hecho la denuncia al laboratorio y a la clínica».
La respuesta de los congresistas
El primero en hablar fue Muñante que pidió cortara su alocución el ministro ante mucha explicación.
Según la tesis del ministro se trataría de «una estrategia de ellos [los laboratorios] es generar una incertidumbre de desabastecimiento».
Por su parte, la congresista Sigrid Bazán refirió que «son 22 millones de frascos de suero que la empresa a través de contratos que Digemin mismo ha permitido. El certificado los expide el Ministerio de salud». Luego arremetió contra Sonia Delgado «nombrada directora de Digemin es accionista de dos empresas farmacéuticas que asesoran a laboratorios de regulación en la misma entidad por lo que hay un conflicto de interés».
Susel Paredes, por su parte señaló: «Están aquí los padres de Alejandra Landers que tiene muerte cerebral (…) ¿Tiene identificados a todos? Porque aparentemente están apareciendo casos nuevos en clínicas (…) Casi es un monopolio el tema este del laboratorio respecto al uso de este medicamento, 85% en el sector público y 60% en el privado (…) ¿Se harán compras internacionales de emergencia? ¿Hay plan de eliminación? No vaya ser que sigan esos frascos y lo vendan en las boticas».
Por otra parte, Katy Ugarte mencionó: «¿Quién devuelve esas vidas? (…) Pasó esto con los niños de Qali Warma intoxicados y ahora esto».
Recordemos que en el 2008 una portada de la revista ANDA News curiosamente se refería al INDECOPI, y en páginas interiores su editorial declaraba a RBC Televisión y a Ricardo Belmont Cassinelli como “enemigos de la industria”.
Han transcurrido 17 años desde esa declaratoria de guerra por parte de una revista perteneciente a los medios de comunicación de la era fujimorista, pese a que la persecución personal contra el dos veces alcalde de Lima y candidato a la presidencia en 1995, Ricardo Belmont, venía de más atrás en la línea del tiempo, pues la campaña demoledora contra su imagen empezó en 1994 con el Decreto Legislativo 776, que le cortó las rentas ediles para boicotear su gestión, sino que arreció al día siguiente de dejar el cargo de burgomaestre, en enero de 1996, con los programas Panorama y Contrapunto, entonces digitados desde el SIN de Montesinos.
Pero lo extraño o curioso es que la última batalla contra el promotor de la Teletón y de las causas nobles en provecho de la niñez más pobre, Ricardo Belmont, fue precisamente en los predios del INDECOPI, ese mismo ente referido en la portada de la revista ANDA News, pues mientras Ricardo ganaba su derecho a retornar al Canal en los fueros del Poder Judicial, de la SMV, del MTC o de la Bolsa de Valores de Lima (Cavalli), tomado por el primero de sus hijos junto a matones en abril del 2016, finalmente su regreso a gestionar y conducir su medio de comunicación fue obstaculizado por el INDECOPI.
Lamentablemente en esa entidad se manipuló el despojo y arrebato de una televisora, como Canal 11, y desde allí también se facilitó el incumplimiento de las sentencias del Poder Judicial que otorgaban beneficios sociales a los legítimos trabajadores de RBC Televisión, además de atentar contra las libertades de prensa y opinión de un medio de comunicación social.
Es decir, el INDECOPI -con su Comisión y Sala de Procedimientos Concursales- fue instrumentalizado directa o indirectamente para que -mediante una junta de acreedores hecha a la medida- se destruya el Estado de derecho, el derecho laboral, el derecho de propiedad y la libertad de prensa.
No obstante, hoy la batalla por superar ese impasse fraudulento o inventado para llevar a RBC Televisión ante una comisión concursal por supuesta falencia económica, sí puede acabar en pocos minutos con tamaña injusticia, y ello se concretaría más rápido si la Fiscalía, los trabajadores y el Poder Judicial ponen en verada a la Comisión de Procedimientos Concursales y al presidente de la junta de acreedores que ya tiene sanciones de multa por actuar dolosamente y mantiene alrededor de cinco procedimientos sancionadores a vista y paciencia de la susodicha comisión de procedimientos concursales.
Aún más, el propio INDECOPI de oficio podría sancionar y expectorar al actual presidente de dicha junta de acreedores, dejando así como entidad pública su triste papel de Celestina que ha venido practicando hasta ahora, pues está obligada a respetar la Constitución, las leyes laborales y penales, así como ejercer la buena fe corporativa, el “compliance”, la ética pública, la transparencia, la integridad e idoneidad.
Reitero, en minutos, puede regresar Ricardo Belmont a su canal si los funcionarios del INDECOPI (Comisión de Procedimientos Concursales) actúan en consecuencia de un Estado de derecho que haga del Perú una gran nación y no una República bananera.
Julia Wong nos dejó hace un año. Pero su producción literaria no se ha detenido, más bien ha tomado cauce como un río vertiginoso o una estrella fugaz en el cielo limpio. Y en estos últimos meses, dos de sus libros han visto la luz incorpórea: “El libro aún no escrito por las mariposas” por Máquina Purísima de Cecilia Podestá y “La Campana de barro” por Maquinaciones narrativa que dirige el escritor José Donayre Hoefken. Y también un importante premio literario ha tomado su nombre.
La Campana de barro nos trae un texto híbrido a caballo entre la novela, la poesía y el ensayo donde la escritora indaga en la idea del suicidio o su promesa siguiendo las huellas de Esther Greenwood en La Campana de vidrio, de Silvia Plath y que le sirve para entregarnos un texto maduro sobre su infancia o de cómo miraba el mundo desde el Empire State de Nueva York; o sus viajes por Argentina, Korea, Alemania, etc. Sus amores, sus amantes, su madre, su hija y el futuro incierto.
Este artefacto literario que nos entrega Wong le permite reflexionar o cuestionar su mundo interior incluido el sexo, pero también lo que sucede afuera: el término “gay”, el feminismo del cual no se siente parte y la sociedad en general donde ella siempre aparece como la migrante que trata de entender los matices por ejemplo entre los coreanos, chinos o japoneses.
Julia Wong nos habla del suicidio y se incluye en la lista: Plath, Luis Hernández, Florbela Espanca, Arguedas, su tía J; pero esto no es un rechazo a la vida, es más bien todo lo contrario. Julia amaba la vida, las librerías, las playas, las conversas con los buenos amigos y una copa de vino; y los festivales que organizaba en Chepén y a los que asistía de invitada. Y a pesar de su larga y penosa enfermedad nunca abandonó la sonrisa. Solo cuando ya no había nada qué hacer escribió en su Facebook: “No-soy-Guerrera,-ni-estoy-hecha-de-fierro.”
Y eso es lo que caracterizaba a Julia, una mujer sencilla con mucho mundo; naif por ratos y que te decía de frente: “eso me gusta de ti” o “no me gusta que digas esto o lo otro”. Repasar las conversaciones que tuvimos con ella es escribir otra novela mientras resuena esta Campana de barro donde Julia está llena de vida y de cuestionamientos.
Asistimos en los últimos días a casos públicos de violencia vecinal, pese a que hay otros hechos graves que no llegan a los medios de comunicación y menos a convertirse en denuncias ante la Policía Nacional, el serenazgo o la Fiscalía. Es decir, hay una cifra negra que se mantiene fuera de la estadística.
Miraflores es uno de los distritos que más ha sufrido un cambio en su fisiognomía vecinal, pues hace treinta años no tenía la proliferación de edificios en zonas residenciales, tampoco recibía de lleno el vertiginoso incremento del parque automotriz o la multiplicación de mascotas, existiendo nuevos vecinos con tres, cuatro y hasta cinco canes o gatos.
No obstante, es el mundo y la sociedad en general los que se han visto más violentos sobre todo a causa de una falta de educación del carácter y de manejo del estrés laboral, por lo que Miraflores no es la excepción, pero los últimos acontecimiento sobre vecinos díscolos pueden ayudarnos a dar una clarinada de alerta y ejecutar ya mismo planes piloto con las principales autoridades de una comuna muy caracterizada que es guía o referente en muchos aspectos para otros distritos del país.
Por eso la Municipalidad de Miraflores debe liderar una campaña masiva de valores y coordinar planes específicos de prevención del delito con la Policía Nacional, teniendo el antecedente positivo -por ejemplo- de que en el último 2024 y en lo que va del 2025, se ha visto una importante labor con líderes policiales que aman a la comunidad y que tienen vocación de servicio como el comisario Cmte. PNP Jhon Luján, pero al otro lado de la moneda lamentablemente hay una enorme cantidad de vecinos, de familias miraflorinas e instituciones públicas que no han tomado verdadera conciencia de sus responsabilidades.
En este contexto, sobre la base de la labor del municipio miraflorino, de la Policía y la familia, vienen otros actores como la escuela (ya sea pública o privada), el sector salud distrital con especial cuidado en la prevención de las salud mental y en ello deben trabajar juntos la UGEL 07 y el MINSA con el objetivo de detectar desde temprana edad en la comunidad educativa los posibles casos de riesgo y violencia potenciales.
No obstante, hay un área capital y es el de las juntas vecinales, que en Miraflores tendrán una renovación en abril, pues con vecinos líderes y con la comunicación oportuna se pueden evitar actos no solo vergonzosos sino peligrosos para la vida de los buenos vecinos, a fin de no repetir las noticias recientes donde una persona arroja un objeto contundente desde el balcón de su departamento a la edificación del frente o cuando una mujer patea a una joven paseadora de perros, aunque existe un tercer caso resiente de acoso y agresividad de una mujer contra un joven publicista reconocido que con su trabajo apoya a grupos musicales, artísticos y culturales no solo en el distrito sino en el Perú.
En conclusión, unidos las autoridades municipales, la Policía Nacional, el Serenazgo, la Fiscalía, los líderes educativos y el personal del MINSA, entre otras instituciones públicas y privadas, se puede evitar que nuestro distrito deje lo que le ha caracterizado siempre, la residencialidad, la paz pública, el apoyo al arte y la cultura, así como el respeto a sus autoridades y buenos vecinos.
Donde estemos inculquemos los valores morales, el diálogo, el dominio de sí mismo y el respeto al otro, pues con acciones simples se construye una mejor sociedad, por ejemplo, cuando se pasea a una mascota con su correa obligatoria, y si hay alguien que no lo hace pues debe aplicársele la multa municipal correspondiente. Recordemos que tenemos derechos, pero también deberes. Igualmente, no permitamos la prepotencia contra nuestros amigos policías, serenos o buenos vecinos, y menos la discriminación, el acoso y el racismo. No dejemos que esas taras se conviertan moneda corriente en nuestro distrito.
Jaime de Althaus, el intelectual más lúcido de la oligarquía se ha convertido en el operador político más importante de los partidos, movimientos, colectivos y membresías de la derecha conservadora, liberal y neofascista del Perú. Althaus anunció la semana pasada en El Comercio —vocero de las dictaduras y de los grupos de poder económico— el «programa común» de la derecha peruana en materia de seguridad ciudadana. Presentó una serie de medidas administrativas desde la visión oligárquica que, supuestamente, acabarían con el crimen organizado y mejorarían la seguridad ciudadana. Incluso señaló que este «programa común» podría extenderse a educación, salud, transporte, entre otros ámbitos. Lo importante es el compromiso político de estos sectores con los intereses económicos de la oligarquía peruana.
Althaus tomó prestado, coincidentemente, el nombre de «programa común» de la izquierda francesa que, en 1972, anunció la unión entre socialdemócratas y la izquierda marxista de entonces.[1] Dicho programa consistía en:
Nacionalización de sectores estratégicos (banca, industria pesada).
Reformas sociales: reducción de la jornada laboral y aumento del salario mínimo.
Mayor justicia fiscal: impuestos progresivos a los ricos.
Mejoras en servicios públicos: educación y salud.
Política exterior independiente, crítica al capitalismo y al imperialismo.
Este programa común de la izquierda francesa de 1972 no ha perdido vigencia para muchos sectores de la «Francia insumisa» y de los socialistas franceses.
Por otro lado, en el Perú, los sectores populares están construyendo un «programa común» de la revolución social, que ya está en marcha y es indetenible. Este programa propone:
Democratización del crédito mediante la libre competencia, acabando con el oligopolio de los «cuatro jinetes del apocalipsis» (BBVA, BCP, Scotiabank, Interbank).
Reformas sociales: eliminar el monopolio farmacéutico.
Reforma del Estado: acabar con la burocracia corrupta, haciéndolo más eficiente y empoderando a SERVIR; suspender el proceso de regionalización durante un año para, junto a los gobernadores actuales y las organizaciones sociales, económicas, educativas y gremiales, construir un verdadero proceso de descentralización.
Convertir la minería en «el salario de los peruanos», es decir, ponerla al servicio del país, promoviendo proyectos mineros por cincuenta mil millones de dólares para financiar el déficit en infraestructura agraria, educativa y de salud.
El programa común de la revolución contempla también:
Construir carreteras, trenes y conectar al país con la revolución digital mundial.
Organizar al pueblo junto a las Fuerzas Armadas y Policiales para combatir la delincuencia común y la corrupción política y empresarial.
Reformar los organismos reguladores controlados por las empresas que deberían ser reguladas (el caso de la Superintendencia de Banca es escandaloso).
Promover la cultura como instrumento para afianzar la diversidad y construir una gran industria multicultural que produzca reconocimiento y riqueza.
Diez millones de peruanos sin agua ni desagüe no pueden vivir en la indignidad, ni millones de mineros artesanales pueden permanecer al margen del país. El programa de la revolución social plantea incorporarlos al Estado a través de empresas en las que este pueda asociarse con ellos para producir valor agregado y riqueza para todos.
El programa del pueblo no excluye a nadie, a diferencia de los grupos de derecha capitaneados por Althaus y los grupos de poder económico. El mundo enfrenta una guerra comercial desatada por Norteamérica con el fin de afianzar su hegemonía. Frente a esto, el programa del pueblo promueve una política de paz, libre comercio y unidad entre los hispanoamericanos y los pueblos del tercer mundo.
Estas son las diferencias entre el «programa común de las derechas fascistas peruanas» y la revolución social en marcha que construye el pueblo y que está abierto a todos los peruanos. La alternativa es clara: o avanzamos al futuro con la inmensa mayoría popular o retrocedemos con los opresores y corruptos de siempre. ¡De usted depende de qué lado quiere estar!
En la Cali de los años setenta, un grupo de jóvenes cinéfilos, escritores y cineastas se rebeló contra las convenciones del arte y la cultura, dando origen a un movimiento que hoy conocemos como Caliwood. Luis Ospina, Carlos Mayolo y Andrés Caicedo fueron los principales exponentes de este fenómeno que combinó cine, literatura y un espíritu contestatario.
La esencia de Caliwood se gestó en espacios como la mítica Ciudad Solar, donde estos artistas encontraron refugio e inspiración en la colectividad y la transgresión. En palabras de Ospina, eran “hijos de lo que pasó en mayo del 68”, una generación que rechazaba el statu quo y buscaba nuevas formas de expresión. Más que un simple grupo de cineastas, eran una comuna artística que desafiaba su origen de clase acomodada para sumergirse en la marginalidad de su país.
La propuesta de Caliwood se caracterizó por su estilo irreverente, su sentido del humor negro y su crítica mordaz a las estructuras de poder. Películas como Agarrando Pueblo (1978) de Ospina y Mayolo denunciaban la “pornomiseria”, término acuñado para cuestionar la explotación de la pobreza en el cine documental de la época. Lejos de la complacencia del cine comercial, estas producciones buscaban incomodar y abrir un debate sobre la ética de la representación cinematográfica.
Andrés Caicedo, por su parte, aportó la visión literaria y cinéfila al movimiento. Su pasión por el cine se reflejó en la creación del Cine Club de Cali y en su mítica revista Ojo al Cine. A pesar de su temprana muerte a los 25 años, su legado sigue vivo en obras como Que viva la música, traducidas a varios idiomas y reconocidas internacionalmente. Ospina, su amigo y compañero, defendió su genio asegurando que no fue un simple mito construido por su círculo, sino una voz excepcional cuya influencia ha perdurado por más de tres décadas.
El término “Caliwood” nació como una broma entre copas, pero se convirtió en un emblema de la identidad cinematográfica caleña. Desde su origen espontáneo hasta la actualidad, ha dejado huella en la cultura popular, al punto de inspirar museos, canciones y hasta letreros de negocios locales. Lo que comenzó como una pequeña revolución de cinéfilos terminó consolidándose como un hito del cine latinoamericano, demostrando que la verdadera transgresión artística es aquella que no solo desafía, sino que también perdura.