Política
Las movidas de Palacio: Bruno Pacheco, Silvia Barrera y Grupo Deltron
¡Exclusivo! Silvia Barrera estaría detrás de las chats que comprometen a Bruno Pacheco. Una fotografía a la que tuvo acceso Lima Gris, evidencia la amistad de Barrera con el fundador y el Director Ejecutivo del Grupo Deltron. Además, Silvia Barrera y su esposo serían cercanos al presidente Pedro Castillo. Aquí el informe.

Bruno Pacheco renunció al cargo de Secretario General de Palacio de Gobierno luego que Lima Gris reveló los chats de las conversaciones y pedidos insistentes que el hombre de confianza del presidente Pedro Castillo le solicitaba al jefe de la SUNAT, Luis Enrique Vera Castillo. El escándalo continuó con la intervención de la Fiscalía Anticorrupción de Lima a Palacio de Gobierno el viernes 19 de noviembre. El equipo de la Fiscalía estuvo presidido por el fiscal Marco Huamán. La intervención duró alrededor de 12 horas y se recopiló información de las computadores y documentos de su despacho pero no se incautó el celular de Bruno Pacheco.
Para entender quiénes estarían detrás de los pedidos que Bruno Pacheco solicitó insistentemente al jefe de la SUNAT, nos centraremos en uno de los chats que fue enviado el 22 de setiembre por Pacheco al Superintendente Nacional, Luis Enrique Vera, en el cual se lee: “Enrique este es el servicio del amigo que te pedí, es respecto a la resolución del 2015 de mi amigo del Grupo Deltron RUC 20212331377. Apóyalo por favor y me comunicas la solución, Confírmame la recepción. Gracias“.
Luego de enviar este mensaje, Bruno Pacheco adjunta un documento titulado «Resolución de Reclamación 2015». El detalle es que este documento es reenviado por Pacheco, pero la persona que se lo envía sería Silvia Barrera Vásquez, exalcaldesa de Villa María del Triunfo.


Lo sorprendente es que Silvia Barrera Vásquez, desde la llegada de Pedro Castillo a la presidencia, visitó las instalaciones palaciegas en repetidas oportunidades. Además, estuvo presente en la juramentación simbólica que realizó el mandatario en la Pampa de la Quinua, en Ayacucho. En la fotografía se le puede observar sonriente, con lentes, un sombrero negro y un vestido típico de la zona.

Su primer ingreso a Palacio de Gobierno lo realiza el 04 de agosto, ese día ingresa a las 8:30 pm y se retira a las 11:09 pm. Según el registro de visitas del Despacho Presidencial, Silvia Barrera tuvo una reunión de trabajo con José Roberto Rodríguez Bustamante, funcionario que pertenece a la Secretaria de Actividades de Palacio.
Siete días después, el 11 de agosto la exalcaldesa de Villa María del Triunfo retorna a Palacio de Gobierno. Esta vez su reunión es con Bruno Pacheco, brazo derecho del presidente Castillo Terrones. Según el registro de visitas, la reunión duró más de cinco horas, desde las 12:56 hasta las 18:03 pm. ¿De qué hablaron durante tantas horas?


Pero estas no serían las únicas visitas, ya que tres días después, el 14 de agosto, Silvia Barrera Vásquez se reúne con Rafael Ysmael Mayuri Quispe, de la oficina de Subsecretaría General. En esta oportunidad su visita dura más de 7 horas. Según el registro, Barrera ingresó a las 14:50 pm hasta las 22:04 pm.
Luego aparecen otras visitas del 09 de setiembre, 16 de setiembre, 27 de setiembre y el 08 de noviembre con Bruno Pacheco. Todas las reuniones duran entre 5 y 7 horas. Aquí se habrían producido algunos de los pedidos que Bruno Pacheco solicitaba presionando al jefe de la SUNAT. Es decir, una cadena de favores a la cual Pacheco accedía sin reproches.


Los vínculos de poder de Silvia Barrera Vásquez
Una pregunta pertinente es ¿cómo una exalcaldesa accede tan rápido al círculo de poder de Palacio de Gobierno? sucede que Barrera Vásquez a parte de haber sido burgomaestre de Villa María del Triunfo (VMT), también es esposa del empresario Raúl Torpoco Cerrón, dueño de Cerámicos Peruanos S.A (Ladrillos Pirámide), quien además es Gerente de Agroindustrias Vanessa EIRL, Gerente General de Consorcio Constructor J & R S.A.C; Apoderado en Compañía Minera JRL S.A.C y Gerente General de Inversiones Inmobiliarias Diego.
¿Qué acercan a Barrera Vásquez y Raúl Torpoco al presidente Pedro Castillo? Silvia Barrera al igual que el presidente Pedro Castillo pertenecieron al partido político Perú Posible de Alejandro Toledo. Barrera postuló a la alcaldía de VMT y se sentó en el sillón municipal desde enero del 2011 hasta enero del 2014. También postuló al Congreso en el 2016 pero no logró los votos suficientes para una curul.

Como se sabe, el presidente Castillo Terrones en el año 2002 postuló por el partido político Perú Posible a la alcaldía de Anguía (Cajamarca), pero no logró llegar al sillón municipal, luego de eso se convirtió en miembro del comité de Cajamarca de Perú Posible, desde el 2005 hasta el 2017. Es decir, durante 15 años.

Por su parte, el señor Raúl Torpoco Cerrón, es un conocido empresario que fue uno de los lazos de Perú Posible, pero desde la llegada de Pedro Castillo a Palacio de Gobierno, Torpoco habría retomado contacto con el mandatario en Lima. Es decir, Silvia Barrera, esposa de Raúl Torpoco, habría visitado las instalaciones de Palacio con una agenda personal para supuestamente mover intereses particulares.

Según nuestra investigación, algunos personajes que figuran haber tenido una reunión con Bruno Pacheco, en realidad lo habrían tenido con el presidente Pedro Castillo. Este hecho fue verificado al consultarle al Secretario Nacional de Avanza País, Óscar Bravo Holguín, quien registra haber tenido una reunión con Bruno Pacheco el 27 de setiembre.
Al ser consultado por Lima Gris sobre su reunión con el ex Secretario General, el señor Óscar Bravo señaló: «Jamás me he reunido con Bruno Pacheco, no conozco a ese señor, jamás le he dado la mano, yo fui a Palacio de Gobierno a reunirme con el presidente Pedro Castillo». Es decir, al mismo estilo del expresidente Martín Vizcarra en el caso Richard Swing, se habría usado el nombre de otros funcionarios de Palacio de Gobierno para hacer ingresar a diversos personajes que habrían terminado en reuniones con el propio mandatario.
Gerente Municipal de Silvia Barrera en Palacio de Gobierno
Otro personaje de confianza de Silvia Barrera Vásquez que llegó al círculo íntimo del presidente Pedro Castillo, es la señora Marta Mercedez Fernández Gálvez, quien acompañó como Gerente Municipal a Barrera en su gestión como alcaldesa en Villa María del Triunfo.

Marta Fernández Gálvez, tiene 26 ingresos a Palacio de Gobierno, en sus visitas aparecen reuniones con Bruno Pacheco y otros funcionarios de las oficinas palaciegas. La primera visita de Fernández Gálvez a Pacheco Castillo, se realiza el 22 de setiembre, la reunión se inicia desde las 14:50 hasta las 17:05 pm. Curiosamente, el 22 de setiembre, es el día que el Secretario General envía a las 7:40 pm, el primer mensaje al Jefe de la SUNAT con el pedido a favor de su «amigo» del Grupo Deltron. Es decir, después de casi dos horas y media de haber estado reunido con la mujer de confianza de Silvia Barrera.


La siguiente reunión entre Marta Fernández y Bruno Pacheco, se realizó al día siguiente, el 23 de setiembre. El ex Secretario General la atendió desde las 12:42 hasta las 16:47 pm. Una semana después, Pacheco vuelve a reunirse a con la ex Gerente Municipal de VMT, pero esta vez fue desde las 17:42 pm hasta las 23:29 pm. Un maratón nocturno que con el pasar de los días se convirtió en ingresos dobles y diarios a Palacio de Gobierno.







La señora Marta Mercedez Fernández Gálvez, llegó ingresar a Palacio de Gobierno en 26 oportunidades y en solo dos meses. Algo totalmente inusual, que incluso supera a las visitas que realizaban los ministros de Estado. ¿Cómo logró tener acceso a Palacio de Gobierno de forma consecutiva? Sin duda, haber sido la mujer de confianza de la señora Silvia Barrera, posibilitó no solo que Marta Fernández logre acceder al círculo de poder del presidente Castillo, también logró ganar S/15 mil soles, por una orden de servicio que la convirtió de ex Gerente Municipal a realizar trabajos de «Apoyo y coordinación en la organización y ejecución de actividades y procesamiento de documentos» en Palacio de Gobierno, tal como figura en el portal de Transparencia y en la página del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).

Bruno Pacheco en Villa María del Triunfo
El 27 de octubre el diario Uno publica una noticia titulada «Ejecutivo participó en asamblea popular en Villa María del Triunfo», en la foto principal de la nota informativa aparece Bruno Pacheco con un saco celeste, jean negro y unas zapatillas azules.
En la nota se lee: Participaron de este evento el representante del Ejecutivo, Bruno Pacheco, secretario general del Despacho Presidencial—entre otras figuras representativas del distrito— quién en coordinación con el Ministerio de la Producción hizo entrega de pescados a las ollas comunes. Además, resaltó el compromiso que tiene el gobierno del presidente Pedro Castillo, de acercarse cada vez más al pueblo y no desde una oficina a fin de enfrentar problemas, soluciones y desafíos, así como escuchando a los pobladores dentro de un marco democrático. “Esta es la forma de trabajar, población con el Gobierno justo e inclusivo”, destacó el funcionario.
Además, como si estuviera en campaña, agregó: “De la mano con el pueblo, estaremos enfocados en construir un Estado con rostro humano, trabajar por una calidad de vida para todos, restablecer la seguridad ciudadana, fortalecer la democracia y el Estado de Derecho, hacerle frente a la pandemia, dinamizar la economía, entre otros. Estoy seguro de que juntos lo lograremos”.
Lo curioso es que la nota del periódico terminó siendo compartida en su cuenta de Facebook del Ex Secretario General con un pequeño mensaje señalando que se siente entusiasmado.

Lo importante aquí es que la visita de Bruno Pacheco al distrito de Villa María del Triunfo no fue casual. Sucede que la exalcaldesa Silvia Barrera, quien estuvo visitando Palacio de Gobierno de forma seguida, en las próximas elecciones volverá a postular para la alcaldía de VMT, pero ahora lo hará con el partido Podemos de Pepe Luna.
En una publicación el propio Congresista Luna menciona que el 23 de octubre estuvo con la candidata Municipal Silva Barrera en VMT. Al parecer, el ex Secretario General, estuvo trabajando el terreno días antes, con el fin de apoyar a Barrera en las próximas elecciones. Cuidado que la entrega de pescados y las ollas comunes del Ministerio de la Producción haya sido un proselitismo a favor de la asidua señora a Palacio de Gobierno.

Los «amigos» del Grupo Deltron
En los chats publicados por Lima Gris se evidencia la presión de Bruno Pacheco con mensajes insistentes al jefe de la Sunat. Pacheco los consideraba «amigos» a los del Grupo Deltron, ya que incluso solicitó apoyar a la empresa Deltron para que no quiebren, trató de evitar a toda costa mandarlos a la bancarrota.
Según los chats, lo que se buscaba era un trato especial para la empresa Deltron, que tenía como finalidad perdonarles la deuda. Esto no se logró, ya que el Superintendente Nacional señaló a Lima Gris: «La empresa DELTRON, por la cual me consultas no recibió ningún trato particular, muy por el contrario continúan las fiscalizaciones que corresponden. De otro lado, incluso respecto de una deuda de dicho contribuyente, el íntegro de la misma fue cobrada coactivamente el 07.OCT.21».

Luego del escándalo de los chats, el Grupo Deltron publicó un comunicado en su página web, donde expresan: «Desconocemos las motivaciones por las que se ha utilizado el buen nombre y prestigio de nuestra EMPRESA para tratar de vincularnos a un supuesto intento fallido de gestión de intereses o influencias, que nunca hemos solicitado, necesitado, o requerido.»
Además, en el cuarto punto del comunicado agregan: Finalmente, reiteramos, que desconocemos las razones y motivaciones por las que se pretende tomar el buen nombre de nuestra empresa y vincularlo a situaciones políticas ajenas a nuestras actividades empresariales, hecho que nos agravia, y por el que nos reservamos el derecho de iniciar las acciones legales que correspondan, contra quienes resulten responsables.

Recordemos que el mensaje que reenvía Bruno Pacheco al jefe de la SUNAT, contiene el nombre de Silvia Barrera, quien habría sido el contacto para que esta solicitud se realice vía mensajes de WhatsApp. Además, como mencionamos líneas arriba, Barrera es esposa de Raúl Torpoco, conocido empresario y dueño de Ladrillos Pirámide. A estos hechos se suma que desde que Pedro Castillo llegó a Palacio de Gobierno la señora Silvia Barrera ha sido uno de los personajes que ha tenido reuniones con Bruno Pacheco, el ex Secretario General que presionaba al Superintendente Nacional para intentar favorecer a algunos empresarios.
Una pregunta necesaria que nos tenemos que hacer es ¿Silvia Barrera y Raúl Torpoco conocen a los dueños del Grupo Deltron? la respuesta es sí. Lima Gris tuvo acceso a una fotografía donde aparecen Néstor Quispez-Asin, director y fundador de Deltron; Óscar Zevallos, Director Ejecutivo de Deltron y Raúl Torpoco junto su pareja Silvia Barrera.
La fotografía fue tomada el 17 de noviembre del 2017, en la «Cena Anual» de la Asociación de Graduados de la universidad ESAN donde el fundador de Deltron, Néstor Quispez-Asin fue premiado como el Magister del Año.

Intentamos comunicarnos nuevamente durante estos días con el señor Bruno Pacheco, pero no tuvimos respuesta. También estuvimos llamando a la señora Silvia Barrera, pero nunca nos respondió el teléfono. De igual forma, no contestó los mensajes enviados.
Lo cierto es que el celular Bruno Pacheco es pieza clave para la investigación, con ello se sabrá pronto qué otros favores realizó el brazo derecho del presidente Pedro Castillo desde que llegó a Palacio de Gobierno. Por lo pronto, luego de las pesquisas en la oficina del ex Secretario General, se han encontrado en total 40 casos que serán investigados por la Fiscalía Anticorrupción. Todo indica que Bruno Pacheco se la pasaba haciendo favores a medio mundo.
Por lo pronto, se seguirá investigando si el presidente Pedro Castillo conocía de estas acciones que Bruno Pacheco realizaba desde Palacio de Gobierno, por los cuales habría cometido tráfico de influencias, cohecho o patrocinio ilegal. Hay que señalar que para la Fiscalía los chats serían pruebas irrefutables de delito.
Política
Congreso: Presentan PL para anular alza salarial de Dina Boluarte
Legisladora Sigrid Bazán impulsó una iniciativa para revertir el polémico aumento de sueldo a favor de la presidenta Dina Boluarte, calificándolo de injustificado y ofensivo. Jaime Quito anunció que también alista una propuesta legislativa similar.

La polémica por el aumento de sueldo de la presidenta Dina Boluarte continúa generando reacciones en el ámbito político. A través de su cuenta oficial en la red social X (antes Twitter), la congresista Sigrid Bazán anunció que ha presentado un proyecto de ley para dejar sin efecto el Decreto Supremo N.º 136-2025-EF, que oficializa el incremento de la remuneración presidencial a S/35,568 mensuales.

Proyecto de Ley impulsado por parlamentaria Sigrid Bazán.
El mencionado decreto, aprobado con el respaldo del Consejo de Ministros, ha sido duramente criticado por su inoportunidad en medio de una coyuntura marcada por dificultades económicas y baja aprobación ciudadana. Frente a ello, Bazán Narro manifestó su indignación y explicó que su iniciativa se sustenta en el derecho de iniciativa legislativa que le otorga la Constitución y el Reglamento del Congreso.
“Acabo de presentar, con las firmas correspondientes, un proyecto de ley que DEROGA el DS que aprueba el DESCARADO aumento (…) Veremos si el Congreso lo tramita y quiénes están dispuestos a aprobarlo”, escribió la legisladora del Bloque Democrático Popular en su red social, cuestionando tanto el fondo como la forma en que se autorizó el incremento.
El proyecto de ley cuenta con el respaldo de otros parlamentarios, entre ellos Carlos Zevallos, Susel Paredes, Ruth Luque y Reymundo Mercado, quienes también consideran que el reajuste presidencial carece de justificación técnica y sensibilidad política.
Por su parte, el congresista Jaime Quito anunció que también alista una propuesta legislativa para derogar el mismo decreto. Quito argumenta que el aumento vulnera principios clave como el de legalidad presupuestaria y contradice los topes establecidos en la Ley N.º 32185, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025.
La controversia no solo ha puesto en entredicho la decisión del Ejecutivo, sino que también ha abierto un nuevo frente de debate en el Congreso, donde ahora se espera conocer qué bancadas respaldarán la anulación del cuestionado incremento.
Política
Eduardo Arana y Pérez Reyes se zurraron en el Congreso
Pese a ser citados por el presidente de la Comisión de Fiscalización, Juan Burgos, los ministros Eduardo Arana y Raúl Pérez Reyes no asistieron al Congreso, eludiendo su responsabilidad de explicar el alza salarial de Dina Boluarte.

Ambos ministros fueron citados por el presidente de la Comisión de Fiscalización, Juan Burgos y no acudieron al Congreso y esquivaron la rendición de cuentas sobre el aumento de sueldo a la presidenta Boluarte.
Una vez más, el Ejecutivo da la espalda al Congreso. El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, y el titular de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes, decidieron no presentarse ante la Comisión de Fiscalización, pese a estar citados para ofrecer explicaciones sobre el polémico incremento de sueldo a la presidenta Dina Boluarte. Su ausencia, lejos de pasar desapercibida, ha sido interpretada como una burla al control parlamentario y una muestra de desprecio por la transparencia.
La sesión, programada para las 10:30 de la mañana, arrancó con la lectura de asistencia. Ninguno de los dos altos funcionarios se hizo presente en el hemiciclo. Ambos enviaron oficios en los que comunicaban su inasistencia, sin brindar argumentos de fondo que justifiquen su decisión de no acudir.
La falta de compromiso del Ejecutivo llega en un momento particularmente sensible, cuando el país atraviesa una crisis de representación y una creciente desaprobación ciudadana hacia sus autoridades. Diversas voces dentro del Congreso ya se alistan para pedir que se reitere la citación, e incluso, que se recurra a mecanismos más severos como la convocatoria por grado o fuerza, amparados en el reglamento parlamentario.
Además de exigir la presencia de los ministros, la Comisión ha anunciado que requerirá los informes legales y técnicos que respaldan el cuestionado decreto supremo que elevó el salario presidencial. Se ha señalado especialmente la necesidad de acceder a los pronunciamientos de SERVIR y del propio MEF, que habrían sido clave para autorizar la medida.
El presidente ejecutivo de SERVIR, Guillermo Valdivieso, también brilló por su ausencia. Su participación era crucial, dado que su entidad fue parte del sustento técnico del aumento. Al igual que los ministros, Valdivieso optó por enviar una carta excusándose, sin aclarar los motivos concretos de su inasistencia.
La estrategia de silencio adoptada por el Ejecutivo no hace más que profundizar el malestar público. En un contexto donde miles de peruanos exigen mayor eficiencia del Estado, el reajuste salarial a Boluarte se percibe como un acto de desconexión con la realidad nacional. La negativa a rendir cuentas solo incrementa las sospechas de arbitrariedad, y abre un nuevo frente de conflicto entre el Ejecutivo y el Parlamento.
Política
REINFO: ¿Formalización o vía libre para la minería criminal?
La ampliación del Reinfo hasta 2025 reabre el debate sobre su eficacia. Mientras el Gobierno de Dina Boluarte defiende el proceso, expertos advierten que podría seguir siendo un escudo para actividades ilegales y delitos ambientales.

El ministro de Energía y Minas, Jorge Luis Montero Cornejo, anunció que más de 31 mil mineros inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) podrán continuar su proceso de formalización hasta el 31 de diciembre de 2025. Sin embargo, la medida, que excluye a más de 50 mil inscripciones inactivas, ha generado una fuerte controversia sobre su efectividad y posibles consecuencias.
El titular del Minem aseguró que se ha realizado un «sinceramiento» del padrón de mineros, con el objetivo de ordenar el proceso y reforzar el combate a la minería ilegal. Montero Cornejo también señaló que se replicarán modelos de intervención como el aplicado en Pataz, que combina acciones de interdicción con mesas de desarrollo lideradas por autoridades locales y sectores del Ejecutivo.
“Reafirmamos nuestro compromiso con la formalidad, la erradicación de la minería ilegal y la construcción de un país con paz social”, declaró el ministro en un medio radial. No obstante, su optimismo contrasta con los cuestionamientos de instituciones especializadas, que consideran que el REINFO ha fracasado en su objetivo original.

Pese a ola de crímenes por la minería ilegal, Gobierno extiende por cuarta vez el Reinfo.
Según el Colegio de Abogados de Lima (CAL), la extensión del REINFO puede terminar favoreciendo el crecimiento de la criminalidad asociada a la minería informal. En un comunicado reciente, el CAL advirtió que, tras nueve años de vigencia, apenas el 2.31 % de los inscritos logró formalizarse. El resto permanece en un limbo legal que, en muchos casos, sirve de cobertura para operaciones ilícitas.
Además, el Tribunal Constitucional ha señalado que el REINFO no puede interpretarse como una figura que otorgue exención penal frente a delitos ambientales. La prolongación del plazo, según el TC, no resulta constitucionalmente amparable si se convierte en una puerta trasera para evitar sanciones legales.
Desde el Ejecutivo se insiste en que la exclusión de 50 mil REINFOS demuestra voluntad de depuración. El 90 % de estos registros, dijo el ministro Montero Cornejo, llevaban más de cuatro años suspendidos y no presentaban ningún avance en el proceso.
Sin embargo, el dilema de fondo persiste: ¿puede el Estado seguir ampliando plazos sin fortalecer la capacidad institucional para fiscalizar y sancionar? Si la formalización se convierte en una excusa para la inacción, el riesgo es que la minería ilegal siga expandiéndose, esta vez con una aparente fachada legal.
Política
Fiscalía Investiga al ministro de Cultura Fabricio Valencia por escándalo de Nasca
La denuncia contra el titular del Mincul y la investigación fiscal surgen por un presunto atentado contra las Líneas de Nasca, Patrimonio Mundial de la Unesco, que habría sido impulsado desde el propio Gobierno.

La Fiscalía ha iniciado una investigación contra el ministro de Cultura, Fabricio Valencia, por una controvertida decisión que puso en riesgo uno de los patrimonios arqueológicos más valiosos del país: las Líneas de Nasca.
Todo comenzó cuando el Ministerio de Cultura redujo drásticamente el área protegida que cubre las milenarias líneas y geoglifos ubicados en la región Ica. Esta decisión —formalizada mediante una resolución viceministerial a fines de mayo— dejó fuera de protección más de 2,300 kilómetros cuadrados. Para muchos, ese recorte abrió las puertas a la minería informal, que ya amenaza la integridad del sitio arqueológico.
La investigación está a cargo de la Fiscalía de Ica, con el respaldo de la Fiscalía Superior Penal de Lima. También participa el Primer Despacho de la Segunda Fiscalía Penal Corporativa de Nasca, liderado por el fiscal José Alejandro Meléndez Curasi, que ha iniciado una pesquisa preliminar de 60 días, con posibilidad de extensión.

Fuente: Ministerio Público.
Además del ministro Valencia, están bajo la lupa la viceministra de Patrimonio Cultural, Moira Novoa Silva —quien firmó la resolución—, así como funcionarios clave de la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Ica y el alcalde provincial de Nasca.
Los investigados incluyen a Jeanette Gutiérrez Achulla, responsable interina de la DDC de Ica; Johny Isla Cuadrado, arqueólogo a cargo del Sistema de Gestión Nasca-Palpa; y William Bravo Quispe, alcalde de Nasca. Se les acusa de presuntos delitos como atentado contra monumentos arqueológicos, omisión de deberes funcionales y abuso de autoridad.
El foco está en la resolución N° 000128-2025-VMPCIC/MC, que modificó los límites del área protegida establecida en 1993 y reafirmada en 2004 por la Unesco. La zona original comprendía 5,633 km², pero con la nueva norma se redujo a 3,235 km², sin que —según la denuncia— se cumplieran los procedimientos legales.
Política
PPK no podrá salir del país: PJ le rechaza habeas corpus
El expresidente Pedro Pablo Kuczynski insiste en evadir a la justicia, pese a estar investigado por presuntos aportes ilegales en su campaña de 2016, vinculados al caso Odebrecht.

Pedro Pablo Kuczynski, expresidente de la República, sigue buscando salidas para esquivar los procesos judiciales en su contra. Esta vez, el Poder Judicial rechazó un nuevo recurso de habeas corpus presentado por su defensa, con el que intentaba levantar la orden de impedimento de salida del país que pesa sobre él por 18 meses.
PPK enfrenta una investigación preparatoria por los presuntos aportes irregulares a su campaña presidencial de 2016, relacionados al caso Odebrecht, uno de los escándalos de corrupción más grandes en América Latina. A pesar de ello, el exmandatario ha insistido en su derecho a viajar al extranjero, ahora apelando a su edad y estado de salud.

En junio PPK se quiso ir del país en silla de ruedas, pero fue impedido por Migraciones.
La Segunda Sala Constitucional de Lima ratificó la decisión del juez Jonathan Valencia, quien ya había declarado improcedente el recurso. El tribunal consideró que no tenía sentido pronunciarse sobre el fondo del pedido, ya que existe una resolución vigente —emitida el 8 de junio por la jueza Margarita Salcedo— que impide la salida de Kuczynski del país por año y medio.
La defensa alegó una supuesta vulneración al derecho de una adecuada motivación judicial. Sin embargo, el colegiado concluyó que la medida restrictiva ya está activa, y por tanto el pedido no tiene objeto, aplicándose la figura legal de “sustracción de la materia”.
“Nos encontramos ante una situación jurídica que responde al régimen ordinario de sustracción de la materia”, señala la resolución judicial.

En 2016, gran sector de la prensa difundía que PPK era ‘presidente de lujo’.
Como ya es habitual, Kuczynski reaccionó alegando injusticia. El pasado 16 de junio, expresó su malestar por no poder viajar a Estados Unidos, argumentando motivos de salud y el deseo de reencontrarse con su esposa, a quien dice no ver desde hace siete años.
Su plan era acudir a una revisión médica en Miami y luego trasladarse a Wisconsin para reunirse con su pareja y buscar fondos para costear su tratamiento y defensa legal.
Sin embargo, para muchos, este nuevo intento de salir del país no es más que una estrategia más de PPK para evitar enfrentar la justicia en Perú. A lo largo de los años, ha usado distintos argumentos para eludir procesos judiciales, y ahora recurre a su edad, con la esperanza de quedar impune.
Política
Inteligencia de la PNP alerta sobre posible toma del Congreso por parte de mineros
Servicio de inteligencia pone en alerta sobre posible toma del parlamento por parte de CONFEMIN.

Un documento interno de la Policía Nacional del Perú (PNP), al que tuvo acceso este medio, advierte sobre una posible toma de las instalaciones del Congreso de la República y locales conexos, protagonizada por mineros afiliados a la Confederación Nacional de la Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (CONFEMIN PERÚ).
Según el memorando N.º 012-2025-DIRSEEST-DIVSECON-DEPOPEDH/OFIPLOPE, la Unidad Especializada PNP, a través de su canal de inteligencia, ha detectado intenciones radicalizadas dentro del grupo de manifestantes que desde hace días bloquean la Av. Abancay. El reporte señala que estas acciones podrían derivar en “posibles actos violentos contra las instalaciones del Palacio Legislativo”, con el objetivo de provocar desmanes dentro del recinto parlamentario.
Frente a este riesgo, el documento ordena al personal policial que extreme las máximas medidas de seguridad, vigilancia y control ante cualquier situación adversa. Se pide especial atención a la presencia de los manifestantes y al posible escalamiento de sus acciones.
El memorando establece una serie de medidas concretas, entre ellas:
- Garantizar la seguridad personal del Presidente del Congreso, vicepresidentes, congresistas y parlamentarios andinos durante su permanencia en la sede.
- Asegurar la protección de todas las instalaciones del Congreso y sus locales conexos, reforzando los dispositivos de seguridad.
- Incrementar la presencia policial y los controles de identidad en accesos y zonas de alto tránsito dentro del perímetro institucional.
- Establecer coordinación con las unidades de inteligencia y el DEPOPEDH para anticipar, prevenir y neutralizar cualquier amenaza.

Esta alerta ocurre en un contexto de creciente tensión social protagonizado por gremios de la minería artesanal, que exigen mayor reconocimiento legal y rechazan recientes fiscalizaciones del Estado. Hasta el momento, no se ha confirmado si el Ejecutivo ha tomado acciones preventivas adicionales frente a este posible escenario.
Política
Dina Boluarte cobrará S/ 71,136 por Fiestas Patrias
Dina Boluarte cobrará S/ 71,136 por Fiestas Patrias

Mientras el país atraviesa una crisis de legitimidad, pobreza creciente y una gestión estancada, la presidenta Dina Boluarte Zegarra ha decidido priorizar su propio bolsillo. El Gobierno publicó el Decreto Supremo N.º 136-2025-EF, con el cual oficializa un escandaloso aumento del sueldo presidencial: de S/ 15,600 a S/ 35,568 mensuales. La norma fue firmada por la propia Boluarte y el ministro de Economía, Raúl Pérez Reyes.

Decreto Supremo N.º 136-2025-EF que aprueba aumento de sueldo presidencial.
A pesar de tener apenas un 3 % de aprobación —la más baja para un mandatario peruano en las últimas décadas— y sin logros de gestión visibles, Boluarte ha decidido duplicarse el salario. En lugar de responder al clamor ciudadano por mejoras en salud, educación o seguridad, la presidenta opta por asegurarse un sueldo mensual superior a los S/ 35 mil, en un país donde la mayoría sobrevive con el salario mínimo o menos.
El decreto, según el Ejecutivo, se sustenta en la implementación progresiva de la Ley del Servicio Civil (Ley N.º 30057), que establece un nuevo régimen de compensaciones para altos funcionarios. También se argumenta que el aumento no demandará recursos adicionales del Tesoro Público, ya que será financiado con el presupuesto del Despacho Presidencial. Sin embargo, el gesto ha sido duramente cuestionado por la ciudadanía y diversos sectores políticos.

Boluarte no solo firmó su propio aumento de sueldo, sino que ahora se ubica entre las funcionarias mejor pagadas del país, a pesar de no tener resultados concretos que justifiquen semejante privilegio. La decisión se hizo oficial tras la aprobación del Cuadro de Puestos de la Entidad (CPE) por parte de Servir, cumpliendo con los requisitos técnicos exigidos por la Ley de Presupuesto 2025. Pero lo legal no siempre es lo legítimo.
La Comisión de Fiscalización del Congreso presidida por el legislador Juan Burgos ya ha citado de urgencia a los titulares de la PCM, Eduardo Arana, el MEF, Raúl Pérez-Reyes y Servir para que este viernes 4 de julio expliquen el sustento real de este incremento. Porque más allá del tecnicismo, lo cierto es que el país no ve reflejado en la gestión de Boluarte Zegarra una razón válida para premiarla con más dinero.
El contraste es evidente. Hace no mucho, la presidenta declaró públicamente que con 10 soles se podía comer en el Perú. Hoy, con un ingreso mensual que supera los S/ 35 mil —sin contar gratificaciones—, la brecha entre su discurso y sus actos se vuelve insostenible. En julio, por ejemplo, recibirá una gratificación adicional por Fiestas Patrias del mismo monto, es decir, S/ 71,136 en un solo mes.

Decreto Supremo N.º 136-2025-EF.
Pero más allá del descontento social, el aumento podría tener implicancias legales. La Ley 28212, que regula las remuneraciones de altos funcionarios del Estado, establece que ningún funcionario público puede ganar más que el Presidente de la República, y fija como tope máximo diez Unidades de Ingreso del Sector Público (UISP). Cada UISP equivale a S/ 2,600, por lo que el salario presidencial no debería superar los S/ 26,000.
Con el nuevo decreto, Boluarte sobrepasa ampliamente ese límite, lo cual podría configurar una infracción a dicha ley. Además, la misma norma indica que cualquier pago que exceda este tope es nulo de pleno derecho y genera responsabilidad administrativa para quienes lo autoricen.
De acuerdo con la Ley 28212, toda modificación en la escala salarial debe responder a principios de racionalidad y equidad en el uso de recursos públicos. Sin embargo, el aumento aprobado por el Consejo de Ministros va en contra de esta lógica, y evidencia una desconexión preocupante entre el gobierno y las necesidades reales del país.
Mientras millones de peruanos enfrentan precariedad económica, la presidenta ha decidido recompensarse a sí misma, como si estuviera liderando un país exitoso y en bonanza. La medida, aunque revestida de legalidad, refleja una ambición personal incompatible con el momento crítico que vive el Perú.
Dina Boluarte no solo es la presidenta más impopular en la historia reciente, sino que ahora también será una de las mejor pagadas. Una contradicción que retrata con claridad sus prioridades: primero su sueldo, después —muy después— el país.
Política
Premier Arana: “Un juez supremo gana mucho más que la presidenta”
El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana sobre el aumento de sueldo presidencial brindó un absurdo y polémico argumento, minimizando el contexto social y priorizando comparaciones que poco justifican el privilegio.

Tras la aprobación formal del controvertido aumento de sueldo a la presidenta Dina Boluarte, en el Consejo de Ministros, duplicando su remuneración mensual. Según explicó el ministro de Economía, Raúl Pérez Reyes, la medida responde a una supuesta “homologación” con los salarios de otros jefes de Estado en América Latina.
Sin embargo, más allá de los argumentos técnicos, la defensa incondicional del premier Eduardo Arana ha despertado cuestionamientos. En lugar de mostrar sensibilidad ante el contexto de crisis económica y el rechazo ciudadano, Arana optó por justificar el incremento apelando al rango constitucional del cargo presidencial. Afirmó que la presidencia es la más alta función del Estado y, por ende, debería ser la mejor remunerada.
“Con relación a la institución presidencial, no se debe hacer ni demagogia ni escarnio (…) tenemos funcionarios que están incluso por encima de S/ 60 mil soles, solo un juez supremo gana más que el sueldo aprobado”, señaló, en una inusual comparación que parece más una defensa personal que un análisis técnico.

El premier intentó deslindar el beneficio directo a Boluarte, señalando que no se trata de una persona, sino de un cargo. Según él, la iniciativa busca “darle el lugar que merece” la figura presidencial, completando así la reforma pendiente de Servir, que ya había ajustado los salarios ministeriales.
No obstante, su insistencia en justificar lo injustificable parece más alineada con una estrategia de blindaje político que con un criterio de equidad o eficiencia del gasto público. La decisión de aumentar el salario presidencial en medio de recortes sociales, crisis de legitimidad y baja aprobación ciudadana, refleja una desconexión preocupante entre el Ejecutivo y la realidad del país.
Boluarte, cuya remuneración era una de las más bajas de Sudamérica, ahora se ubica entre las presidentas mejor pagadas del continente. Sin embargo, la pregunta persiste: ¿merece el país este tipo de prioridades mientras millones enfrentan precariedad y abandono estatal?
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