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“La polarización ideológica, política y social en el Perú es tremenda”

Un homenaje póstumo al jurista, escritor e historiador del derecho peruano, Carlos Augusto Ramos Núñez.

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Carlos Augusto Ramos Núñez nació en Arequipa el 15 de septiembre de 1960 y murió en Lima el 21 de septiembre de 2021. Estudió Derecho en la Universidad Católica Santa María y Literatura en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Prosigue el doctorado en Derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú, se desempeñó como profesor principal en los cursos de Sistema romano germánico y Common Law e Historia del Derecho. Ha sido investigador visitante en el Instituto Max Planck de Fràncfort, Alemania, y en la Universidad de Berkeley, California.

Autor de libros en los campos de historia del Derecho, Derecho y literatura y metodología de la investigación. Recibió el grado de doctor honoris causa por la Universidad Católica Santa María, la Universidad San Agustín y la Universidad Nacional del Altiplano. Fue magistrado del Tribunal Constitucional del Perú.

¿Qué libro trabaja usted ahora?

He concluido un libro, que precisamente acabo de entregar al Instituto Riva-Agüero de la Pontificia Universidad Católica del Perú, titulado, El indio en el Derecho peruano. Es una recopilación de varios artículos, publicados antes en revistas especializadas, de modo que la condición jurídica de nuestros aborígenes en el campo penal, civil y constitucional, es reconstruida y analizada. Sin embargo, debo concluir hacia fines de año otro texto que se titulara, Justicia profética. La lucha por el jurado criminal en el Perú, que sería la continuación de otro libro ya publicado, Justicia profana. El jurado de imprenta en el Perú. 

¿Cuál debe ser la participación de los escritores en el Bicentenario?

Nuestra tarea debe ser reflexiva fundamentalmente. Ese acontecimiento tiene mucho de importante, pero también algo de irreal. Se genera, en efecto, un nuevo Estado, pero la noción de independencia es bastante relativa. Sucumbimos finalmente a poderes quizás más nefastos a partir de ese acontecimiento puramente político de escasa incidencia social y cultural. El mundo colonial quedó casi intacto. Salvo la diferencia entre nobles y plebeyos (propia de las monarquías) y la extinción de la categoría de súbditos por la de ciudadanos (más aparente que real) todo el edificio social quedó intacto.

¿No es el tiempo de plantear un proyecto nacional?

Ciertamente, aunque lo veo muy difícil. La polarización ideológica, política y social en el Perú es tremenda. Hay mucho sectarismo e intolerancia. En el horizonte no se avistan posibilidades de acuerdos a largo plazo que hagan posible y realizable un proyecto nacional. El Acuerdo Nacional es un fantasma que deambula de la mano de una. Es crucial el imperio general e igualitario de la ley ante todo. El país pierde mucho con las actividades desarrolladas al margen de las normas. Impuestos que no reciben, obligaciones sociales que no se cumplen, la pérdida de posibilidad de inversiones y el deterioro atroz del entorno ambiental. 

¿Qué se entiende por reescribir la historia del Perú?

Se trata de dar una mirada distinta, quizás en ocasiones, hasta opuesta a la historia del país, de la que normalmente o tradicionalmente se ha ofrecido. Se trata de romper las cadenas de una historiografía ritualista, concesiva y oficial. Se impone la necesidad de una perspectiva crítica, pero que tampoco apele a la demagogia y a la denuncia fácil. Se corre el riesgo de pasar de un extremo para incurrir en el otro. Sustraerse de la leyenda dorada, por ejemplo, en materia del descubrimiento de América, para envolverse en la leyenda negra. O en la aseveración de una ausencia clamorosa de un proyecto nacional cuando lo hubo aun cuando de menor envergadura durante los siglos XIX y XX.

¿En qué medida la historia del Derecho contribuye a los cambios sociales?

La historia del Derecho elabora una suerte de estado de la cuestión o estado del arte de la legislación, la ciencia del Derecho y la jurisprudencia. A partir de ese diagnóstico puede determinarse la conveniencia o no de emitir nuevas leyes, otorgar nuevas interpretaciones o trazar un nuevo curso a la jurisprudencia de los tribunales. Ya se trate de cualquier tipo de modernización, esto es capitalista o solidaria. Esto último ya depende de las opciones ideológicas que se encuentren en juego. En los últimos tiempos parece haberse agotado el modelo liberal o neoliberal, como prefieren llamarlo algunos y parece insinuarse en el horizonte social un sistema más bien mixto y plural, que permita cambios sociales valiosos pero conservante el Estado de Derecho o el Estado constitucional.

¿Cuál es su libro más importante?

Creo que la Historia del Derecho civil peruano, que, al final no resultó solo la historia del Derecho civil, sino la historia del Derecho de los siglos XIX y XX. La colección, de la que se han publicado, diez volúmenes, y que me han demandado cerca de veinte años de intenso trabajo, por una disciplina académica a la que abogados e historiadores deberían dispensar mayor importancia, debe ser el libro más importante, pero al final uno depende de los lectores, que pueden de pronto optar por publicaciones mías más breves y quizás, a su juicio, más sencillas de leer. 

Finalmente, ¿Qué le aconsejaría a un joven escritor?

La lectura y el empeño en la escritura. Esto va para escritores e investigadores. En realidad, el trabajo intelectual tiene más de esfuerzo físico y mental que de inspiración poética. Es más sudoración que romance. El amor y el afecto por una actividad es ciertamente un motor esencial, pero de nada sirve si uno se queda en el arranque y llega hasta la meta. La ruta es sacrificada y penosa sin duda, pero esa la naturaleza de nuestros ideales.   

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Fernando Chuquipiunta Machaca, nacido el 15 de junio de 1987, en la provincia de Huancané. Poeta aimara. Estudió Comunicación y publicó los libros "La pipa sinfónica", "La crestomatía del tío arcaico y sus textos literarios", "Brío del Trovador", "Monólogo del aedo y 30 voces contemporáneas en la poesía puneña", textos que han merecido comentarios en la prensa especializada del Perú.

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Mineros informales bloquean siete carreteras tras ser excluidos del REINFO

La exclusión de más de 50 mil mineros del REINFO expone el fracaso de una política de formalización que nunca llegó a los territorios.

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Las tensiones en el sector minero estallaron este lunes 7 de julio, luego de que el Gobierno excluyera a más de 50.000 mineros de la pequeña minería y minería artesanal del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO). La medida ha desencadenado bloqueos en al menos siete vías nacionales, interrumpiendo el tránsito en regiones clave como La Libertad, Arequipa, Cusco e Ica.

El ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, señaló que solo 31.500 mineros han cumplido parcialmente con los requisitos del REINFO y deberán completar cinco etapas adicionales antes de diciembre de 2025. Estas incluyen la formalización laboral, acuerdos de acceso a superficie, firma de contratos con los titulares de concesiones y la incorporación al nuevo Fondo Minero, un mecanismo diseñado para canalizar recursos hacia el desarrollo sostenible del sector.

Por su parte, la presidenta Dina Boluarte justificó la exclusión afirmando que cerca de 45.000 mineros llevaban más de cuatro años sin avanzar en su formalización, a pesar de una prórroga otorgada desde noviembre de 2024. Además, se identificaron 1.500 casos de uso irregular de permisos, incluyendo su alquiler o tercerización en zonas ya concesionadas, lo que habría generado conflictos legales y sociales.

Siete carreteras bloqueadas

De acuerdo con el último reporte de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran), todas las interrupciones en vías nacionales están vinculadas directamente a protestas por parte de mineros informales y pequeños productores. El monitoreo realizado en coordinación con la Policía Nacional, Defensa Civil y concesionarias viales muestra las siguientes rutas afectadas:

Trujillo – Agallpampa – Quiruvilca (km 121), La Libertad: interrumpida por huelga de mineros.

Longitudinal de la Costa Sur (km 443), Ica, Nasca: bloqueada por protesta de la Confederación Nacional de Pequeña Minería.

Mara – Velille (km 37+600), Cusco, Chumbivilcas: vía cerrada por manifestación de mineros artesanales.

Mara – Velille (km 121), Cusco, Chamaca: nuevo punto de bloqueo reportado por la misma confederación.

Costa Sur (km 619), Arequipa, Chala: interrupción por movilización de pequeños mineros.

Costa Sur (km 782), Arequipa, Camaná: manifestación de pobladores vinculados a la minería informal.

Sierra Norte (km 129+500), La Libertad, Quiruvilca: protesta de mineros artesanales.

La situación genera serias afectaciones al transporte de carga, alimentos y personas, además de evidenciar un problema estructural no resuelto: la informalidad minera y la incapacidad del Estado para implementar una política de formalización efectiva y sostenida en el tiempo.

Desde el Gobierno, el mensaje es claro: quienes no cumplan con los pasos establecidos quedarán fuera del proceso. Sin embargo, la falta de acompañamiento técnico, la demora institucional y la débil presencia estatal en zonas mineras explican en parte el fracaso de la formalización. Hoy, esa deuda estalla en las carreteras.

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Miguel Ángel Requejo: una ‘tentativa de homicidio’ que exige justicia

La jueza Kharla Orellana Sánchez dictó nueve meses de prisión preventiva contra Miguel Ángel Requejo, acusado de embestir con su camioneta en el restaurante ‘El Charrúa’.

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En un país donde la impunidad muchas veces se confunde con indulgencia, el Poder Judicial ha ordenado nueve meses de prisión preventiva contra Miguel Ángel Requejo Astochado, el sujeto imputado por tentativa de homicidio calificado, omisión de socorro y otros cargos, tras haber embestido con su vehículo el restaurante «El Charrúa», en La Molina. Este hecho, que dejó cuatro heridos y cuantiosos daños materiales, pudo haber terminado en una tragedia de dimensiones mayores.

La noche del miércoles 2 de julio, Requejo Astochado —según la acusación fiscal— condujo y estrelló su automóvil directamente contra el establecimiento gastronómico, poniendo en grave riesgo la vida de comensales y trabajadores. Entre los lesionados figuran Augusto Fernando Ramengui Quintanilla, Mario Rodolfo Barbacci Quintanilla, Aníbal Aliaga Masías y Dante Ricardo Consiglieri Chávez. Más allá del impacto físico y económico, lo ocurrido revela una profunda irresponsabilidad criminal que hoy intenta disfrazarse de arrepentimiento.

Durante la audiencia, la fiscal Karen Rosario Cueva Quispe fue categórica: el acusado no solo huyó de la escena sin brindar auxilio a los heridos —lo cual evidencia su desprecio por la vida ajena— sino que además tiene antecedentes por lesiones dolosas. A pesar de autodenominarse empresario, no presentó prueba alguna de arraigo laboral. ¿Cómo confiar entonces en que no intentará fugar del país?

Lo más llamativo, sin embargo, fue el cambio de actitud del imputado al escuchar la decisión de la jueza Kharla Orellana Sánchez, quien finalmente acogió el pedido fiscal, dictando 9 meses de prisión de preventiva y dispuso su reclusión hasta abril de 2026. En ese momento, el acusado rompió en llanto y pidió perdón entre balbuceos, apelando a la conmiseración con frases como «El restaurante es como mi casa» o “no sé qué pasó, perdí mis lentes”.

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Técnicos de la FAP son investigados por robar componentes aeronáuticos en Iquitos

Grave escándalo en la Fuerza Aérea del Perú: red de corrupción, robo de componentes aéreos y presuntos vínculos con sicarios comprometen al Grupo Aéreo N.º 42 en Iquitos.

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Por Jorge Linares

El pasado 7 de enero del presente año fue hallado el TIP FAP Boris Meléndrez Seminario en una situación comprometedora con una caja conteniendo diversas piezas pertenecientes a las aeronaves DHC6-Twin Otter Series 300/400, dentro de uno de los almacenes del Grupo Aéreo N° 42 en la ciudad de Iquitos.

Asimismo, se pudo comprobar que no es la primera vez que el TIP FAP Meléndrez incurre en estos actos perniciosos contra la Fuerza Aérea del Perú, como consta en la carpeta fiscal N° 1328-2024, donde se le investiga por ser el único responsable de la pérdida de 4 componentes aéreos: 2 unidades FCU (unidad de control de combustible) y 2 unidades gobernadores de hélices, valorados aproximadamente en medio millón de dólares.

Según las investigaciones de este caso, llama la atención que dos de los testigos claves —el TIP FAP Ronal Borbor Reátegui y el TC3 FAP César Vega Paredes— expresan contradicciones con respecto a la presencia de ambos en un área restringida como es el almacén de alto costo.

De acuerdo con las investigaciones por parte de la Policía y el Ministerio Público, se viene descubriendo más nombres relacionados a otros hechos similares y se puede vincular con una organización criminal dentro de la institución aérea, porque estas personas se han valido de los servicios de un sicario para atentar contra la vida del personal denunciante o de cualquier persona que atente contra sus intereses. Esta afirmación lo corroboró el SO3 FAP Gonzalo Jesús Espinoza Camacho en una colaboración notarial (16 de julio de 2024) al verse descubierto y ser parte de esta estructura criminal, como consta en la carpeta fiscal 17-2025, derivada de la carpeta fiscal 1161-2024.

El SO2 FAP (r) Carlos Andrés Burgos Huapaya, quien en su momento fue abogado de los implicados, manifestó que había dejado de llevar la defensa legal del SO3 FAP Anghelo Albornoz Córdova porque era indefendible ante las evidencias que hay en su contra por haber envenenado al perro guardián para ingresar sin autorización al hangar del Escuadrón de Mantenimiento N° 426 del Grupo Aéreo N° 42 el 13 de julio del 2024 a las 3:40 a.m. y que contó con la participación de los técnicos TC3 FAP César Vega Paredes, SO2 FAP Julio Gonzáles Ramírez y el sicario, quien hasta la fecha no está identificado; pero hay una probabilidad de que sea un mal miembro de la PNP del grupo terna. Burgos también aseveró que este robo de piezas de aviones es una práctica antigua en el Grupo Aéreo N° 42.

Desde el inicio de las investigaciones hasta la fecha, ninguno de los investigados se presentó a dar sus declaraciones, dejando entrever una posición obstruccionista y sospechosa para esclarecer estos hechos execrables que son materia de investigación, a excepción del SO3 FAP Gonzalo Jesús Espinoza Camacho, quien se ratificó de su primera manifestación en la sede policial y fiscal. Todos los implicados pertenecían al área de mantenimiento de motores del Grupo Aéreo N° 42 y ya fueron dados de baja, a excepción del TIP FAP Ronal Borbor Reátegui, quien pidió de manera voluntaria su pase a retiro, despertando mayor sospecha en su persona ya que tenía una carrera militar ascendente.

Es de mucha valía que las autoridades del Ministerio de Defensa y de la Fuerza Aérea del Perú, brinden importancia a este escándalo de corrupción dentro de la institución aérea, porque más allá del evidente robo millonario que le vienen haciendo al país estos malos efectivos, perjudican de manera directa la gran labor social que realiza el Grupo Aéreo N° 42 en la Amazonía peruana.

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Pisaq y Tipón bajo amenaza: turistas defecan en nuestro patrimonio por falta de baños

Una denuncia ciudadana revela que, por falta de baños y señalización, turistas estarían utilizando zonas arqueológicas como letrinas

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Hay actos que no solo denotan ignorancia, sino un desprecio inconsciente –y por eso más brutal– por la historia que nos sostiene. Lo que está ocurriendo en los Parques Arqueológicos de Pisaq y Tipón no es una simple anécdota escatológica, como algún burócrata desganado podría resumir en un parte olvidable. Es, en verdad, una forma sutil y cruel de profanación.

El 29 de junio, según denuncias de guías turísticos, visitantes defecaron y orinaron entre las piedras sagradas de nuestros ancestros. Y no lo hicieron por rebeldía o vandalismo gratuito, sino porque no hay baños. Así de sencillo. Así de grotesco.

La escena sería cómica si no fuera tan trágica: turistas desesperados, buscando dónde aliviarse, mientras la brisa andina arrastra los ecos de un pasado glorioso convertido en letrina. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo es posible que un país que se llena la boca hablando de su riqueza patrimonial no sea capaz de instalar un baño seco, una letrina digna, un mísero cartel que diga “por aquí no”?

El problema no es nuevo. Lo nuevo es la frecuencia con la que se repite, la indiferencia con la que se recibe, y la absoluta desidia de quienes deben solucionarlo. La Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, órgano que debería velar por estos santuarios, parece vivir en un letargo administrativo. La escasa señalización, la falta de personal de resguardo y la inexistencia de puntos de información para los visitantes no son fallas técnicas: son síntomas de una renuncia institucional a proteger lo que nos define.

Pero la responsabilidad no termina ahí. El Ministerio de Cultura, que debería ser la conciencia vigilante del país, se ha convertido en una oficina de trámites opacos, más preocupada en sostener convenios insólitos con asociaciones ufológicas que en evitar que las ruinas se llenen de heces.

Lo que ocurre en Pisaq y Tipón no es solo un atentado físico contra las piedras: es una erosión simbólica. Cada micción entre muros incas es una bofetada a nuestra identidad. Cada excremento, una prueba de que el Estado se desentiende de su misión civilizatoria. Porque eso es, al final, el patrimonio: un recordatorio de que venimos de algo más alto que nosotros mismos.

No basta con declarar la indignación. Urge que el Estado reaccione, que asigne presupuesto, que entienda –de una buena vez– que la defensa del patrimonio no es un lujo, sino una urgencia nacional. Que los caminos del turismo no pueden estar sembrados de basura, ni los templos ancestrales convertidos en urinarios.

Si no somos capaces de proteger ni siquiera las huellas de quienes nos precedieron, ¿cómo aspiramos a dejar alguna huella nosotros?

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Respuesta a Carta Notarial de Hotel Casa República

El gerente general del ‘Hotel Casa República’ envió una carta notarial requiriendo que se rectifiquen las supuestas expresiones falsas y difamatorias publicadas en una nota periodística del 17 de junio en nuestra web. Esta es la respuesta de Lima Gris.

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Llegó a nuestra redacción una carta notarial fechada el 25 de junio de 2025, recibida con fecha 2 de julio del presente, enviada por el gerente general del Hotel Casa República, señor Juan José Mendoza Arredondo, en la que se nos requiere la rectificación de una nota periodística publicada el 17 de junio de 2025 en el portal digital de la revista Lima Gris, titulada: “Barranco y el ruido del Hotel Casa República”, bajo el argumento de que la misma contendría afirmaciones «falsas y difamatorias».

Al respecto, como medio de comunicación debidamente constituido y en ejercicio legítimo de la libertad de prensa, respetuosamente expresamos lo siguiente:

  1. Libertad de información y de expresión protegidas constitucionalmente

La publicación realizada por Lima Gris responde a la labor periodística de informar sobre hechos de interés público, en este caso, las quejas y preocupaciones de vecinos del distrito de Barranco respecto al impacto de ciertas actividades nocturnas en su entorno urbano y patrimonial. Esto se encuentra amparado por el artículo 2 inciso 4 de la Constitución Política del Perú, que reconoce el derecho fundamental a «buscar, recibir y difundir información de toda índole por cualquier medio de comunicación». Este derecho no solo ampara a los periodistas, sino también a la ciudadanía que tiene derecho a ser informada.

  • Veracidad y sustento de la información publicada

Contrario a lo afirmado en su carta notarial, la publicación en mención no contiene expresiones difamatorias ni afirmaciones falsas. La información difundida ha sido elaborada con base en fuentes verificables, incluyendo testimonios directos de residentes, material audiovisual y reportes ciudadanos disponibles en redes sociales y otras plataformas. En ningún momento se ha atribuido de manera maliciosa o con intención de dañar, la generación de «escándalos nocturnos» al hotel sin fundamento fáctico.

  • No existe animus difamandi

El contenido publicado se enmarca en un ejercicio legítimo de crítica y fiscalización periodística. Como lo ha sostenido reiteradamente el Tribunal Constitucional del Perú y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el debate público admite expresiones incluso severas cuando se trata de asuntos de interés común. La publicación no ha tenido como propósito afectar la imagen de su representada, sino evidenciar un problema urbano percibido por un sector de la comunidad.

  • Exigencia desproporcionada y amedrentamiento a la prensa

La amenaza de iniciar acciones penales y civiles en caso de no acceder a un pedido de «rectificación total en 24 horas» constituye una forma de censura indirecta y presión indebida sobre la libertad de prensa, prohibida por el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Resulta preocupante que un actor privado pretenda condicionar la labor informativa mediante la judicialización de contenidos críticos.

  • Posibilidad de réplica o descargo

Como corresponde a un medio que respeta el pluralismo, reiteramos que el Hotel Casa República pudo ejercer su derecho a réplica en el mismo portal, en vista que pudimos comunicarnos telefónicamente con el gerente Juan José Mendoza Arredondo, y cuyas versiones fueron debidamente transcritas en la misma publicación en calidad de descargo.

Por lo tanto, no existe obligación legal de rectificar contenidos que han sido redactados de buena fe, con base en hechos y bajo un interés informativo legítimo. En consecuencia, rechazamos el requerimiento de rectificación exigido en su carta notarial.

Sin otro particular, reafirmamos nuestro compromiso con el periodismo independiente, crítico y respetuoso del estado de derecho.

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Sujeto embiste su camioneta en conocido restaurante porque local lo había expulsado debido a que se encontraba presuntamente bajo los signos del alcohol [VIDEO]

Miguel Ángel Requejo Astochado ahora será denunciado por tentativa de homicidio.

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Un demente al volante. La noche de ayer, comensales del restaurante ‘El Charrúa’, ubicado en el distrito de La Molina, previo el incidente, indicaron que Miguel Ángel Requejo (51 años), había discutido con los mozos del local, quienes procedieron a expulsarlo ya que el sujeto había ingerido bastante alcohol y estaba incomodando a los demás comensales.

Minutos después, el sujeto se sube en su moderna camioneta para conducir sin frenos hasta la fachada del local, colisionando sin importarle que adentro se encontraban personas consumiendo.

Producto del salvaje impacto resultaron heridas dos personas, además del daño material ocasionado por el irresponsable conductor.

Uno de los afectados mencionó que procederá a denunciar penalmente a Requena, calificando el hecho de tentativa de homicidio, tildando además de “enfermo mental” al ebrio chofer, quien no paraba de gritar en todo momento, relata el agraviado, que era un magnate y podía hacer cualquier cosa.

«Ya está detenido. Es un enfermo mental. Esto es un intento de homicidio. Nosotros estamos pidiendo la cuenta y pagando. En un principio estaba sentado y me levanté no sé cómo segundos antes de que el carro se empotre por eso que estaba a un costado e igual me hizo volar», detalló a Canal N.

fuente: latina.

En tanto, el restaurante ‘El Charrúa’, lamentó el incidente ocurrido anoche, manifestando que colaborará directamente con la Policía para suministrar las grabaciones dentro del local.

«Desde ‘El Charrúa’, reafirmamos nuestro firme compromiso con la seguridad y el bienestar de todos nuestros clientes y colaboradores. Como medida preventiva y con el objetivo de reforzar nuestros protocolos internos, hoy miércoles 3 de julio permaneceremos cerrados», indicaron.

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Clínica Delgado-Auna responde a sanción de Susalud por filtración del historial médico de Shakira

Centro de salud privado indicó que el caso se encuentra en “proceso de revisión” y que apelará multa de más de 600 mil soles.

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Quieren ir hasta las últimas. La Clínica Delgado-Auna recientemente emitió un comunicado respondiendo a la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud) por el caso que los involucra con la cantante colombiana Shakira. Al respecto, indicaron que dicho caso aún se encuentra en “proceso de revisión”, pues no existe hasta el momento una resolución final.

Como se recuerda, en febrero pasado, el historial clínico de la cantante barranquillera fue divulgado públicamente por personal de ese centro de salud privado, constituyéndose una grave vulneración a la confidencialidad de los datos de las personas, sean nacionales o extranjeras.

Es así que Susalud le impuso una multa a la clínica equivalente a S/668,750 por la difusión no autorizada del parte médico de la cantante Isabel Mebarak Ripoll, mejor conocida como Shakira.

Al respecto, la Clínica Delgado-Auna también indicó que apelará la millonaria sanción, argumentando que el caso se encuentra bajo evaluación por el Tribunal de Susalud, contando para ello con 15 días hábiles para presentar formalmente su impugnación.

“Clínica Delgado presentará la impugnación correspondiente para que el caso sea evaluado por el Tribunal de SuSalud, conforme lo establece el debido proceso, confiando en la solidez de los argumentos que nos respaldan. Cabe señalar que contamos con un plazo de 15 días hábiles para impugnar”, concluye el comunicado.

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Fiscalía investiga a Johny Isla y a Jeanette Águeda Gutiérrez por caso ‘Líneas de Nasca’

El Ministerio Público abrió una investigación preliminar contra los dos funcionarios de la DDC de Cultura de Ica y el alcalde de Nasca, William Jorge Bravo Quispe, por presunto atentado contra las Líneas y geoglifos de Nasca, Patrimonio Mundial de la Unesco.

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El Primer Despacho de la Segunda Fiscalía Penal Corporativa de Nasca, a cargo del fiscal provincial José Alejandro Meléndez Curasi, ha iniciado una investigación preliminar de 60 días —con posibilidad de ampliarse— contra dos funcionarios de la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Ica y el alcalde de la Municipalidad Provincial de Nasca. Están siendo investigados por los presuntos delitos de atentado contra monumentos arqueológicos, omisión de deberes funcionales y abuso de autoridad, en agravio del Estado Peruano.

Fiscalía Nasca abrió investigación contra funcionarios de la DDC de Cultura de Ica.

Los involucrados son la arqueóloga Jeanette Águeda Gutiérrez Achulla, responsable interina de la DDC de Ica, Johny Augusto Isla Cuadrado, arqueólogo responsable del Sistema de Gestión Nasca-Palpa de dicha dirección; y William Jorge Bravo Quispe, actual alcalde de Nasca.

Investigada Jeanette Águeda Gutiérrez Achulla, es responsable interina de la DDC de Ica.

La investigación se origina tras la modificación del área de reserva arqueológica de las Líneas y geoglifos de Nasca y Palpa, declaradas Patrimonio Mundial por la Unesco. Esta zona protegida fue delimitada inicialmente en 1993 y reafirmada en 2004, cubriendo un total de 5,633.47 km². Sin embargo, una reciente resolución viceministerial —la N° 000128-2025-VMPCIC/MC, firmada a fines de mayo por la viceministra de Patrimonio Cultural, Moira Novoa Silva— redujo esta área a solo 3,235 km². Es decir, se recortaron 2,397 km² de territorio protegido.

La denuncia sostiene que esta reducción no cumplió con los procedimientos legales requeridos. Además, acusa que la resolución habría sido emitida como una “maniobra falaz” para encubrir posibles irregularidades.

Investigado Johny Isla Cuadros, es uno de los responsables del informe de la DDC de Ica.

El Ministerio Público investiga si la resolución favoreció intereses mineros. Se han detectado petitorios mineros en las zonas que quedaron fuera de la protección, así como posibles vínculos familiares y políticos entre los involucrados. También se denunció la exclusión de más de 100 sitios arqueológicos, y se presume la existencia de una red político-económica que habría actuado para facilitar la reducción del área protegida con fines de lucro y tráfico de terrenos.

Este caso surge semanas después de que el ciudadano Leonardo Favio Rojas Escajadillo denunciara ante la Fiscalía Especializada de Restos Arqueológicos y Monumentos de Nasca y Palpa a varios altos funcionarios, incluyendo al ministro de Cultura, Fabricio Valencia, y a la viceministra Novoa Silva.

Denuncia penal contra Ministro Valencia y Viceministra Novoa.

En la acusación también figuran el director de la DDC de Ica, Injante Tipismana; Miriam Moquillaza Ramos; Johny Isla; Henmer Alva Neyra; el gobernador regional Jorge Hurtado Herrera; Javier Borjas Olaechea; el alcalde William Bravo Quispe y el ministro de Energía y Minas, Jorge Luis Montero Cornejo. Sin embargo, la Fiscalía por el momento inició investigación preliminar contra las tres personas indicadas en la introducción de esta nota.

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