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Sobre la Marcha Ni Una Menos del 25 de noviembre
1.
La marcha Ni Una Menos celebrada el sábado 25 de noviembre fue un contundente mensaje a la opinión pública y, particularmente, a todos los agresores impunes: la mujer peruana nunca más consentirá el abuso y la opresión por parte de quien sea que la ejerza y si antes se consintieron todas las formas que el abuso puede tomar es supremamente valioso que ya no se guarde silencio sino que de viva voz y de cara al sol se expongan los casos silenciados durante tantos años, décadas incluso, no solo con fines de liberación personal y terapia sino como un signo y un señalamiento de que la época del silencio y la alcahuetería ha quedado en el pasado. En este sentido, la marcha ha sido uno de los acontecimientos públicos más relevantes del año.
2.
El colectivo Ni Una Menos se ha consolidado y parece gozar de gran aceptación, al menos, por parte de los transeúntes que el sábado se detenían curiosos e impactados por la masa, el ritmo, el color y el uso de unas arengas con las que es difícil no estar de acuerdo si se tiene un mínimo de sensibilidad social y que son muy distintas de las que típicamente se exponen en todas las marchas que la gente conoce. Sin embargo, Ni una menos halla no pocas reticencias en los sectores más conservadores de la sociedad y, también, en ciertas muestras críticas de todos aquellos que no son incondicionales de nadie como a veces parecen maldecir este tipo de movimientos e ideologías.
Los conservadores, por ejemplo, enrostran a las feministas ser pro aborto, pro LGTB y hasta «pro»-gresistas, entre otras cosas. Estos detalles no pueden ser atendidos por ninguna inteligencia mediana, mucho menos, por una inteligencia aguzada y bien desarrollada. En los cuestionamientos de estos conservadores subyacen prejuicios antes que razones y no tienen nada que ver con los propósitos específicos de la marcha. Pasemos de ellos.
El otro problema está en la conocida violencia e intransigencia del mínimo sector de feministas a quienes brutalmente se les tilda de «feminazis», término ofensivo que, sin embargo, ha tenido amplia repercusión en quienes creen que deben oponerse al feminismo de marchas como Ni Una Menos por considerarlo burgués o por estar apartado de la realidad de la mayoría de mujeres del país. Pese a ello, es innegable que el resto de colectivos feministas ha logrado un posicionamiento social a nivel de visibilización de la violencia contra la mujer y sensibilización respecto de la misma, logro doblemente importante por lo difícil y machista del medio y por la dispersión que hemos expuesto.
Cabe señalar que si no se acepta el ejercicio de un pensamiento crítico y la oposición fundamentada de argumentos, lo que se consigue es una turba de fanáticos o de «borregos» y ambas son fatalmente inútiles en el sentido de beneficiar a cualquiera. ¡Cuidado!
3.
Poco a poco, es deseable que esta movida política ciudadana -no partidaria- crezca hasta establecer que no solo el hombre participa de actos y actitudes machistas sino también las mujeres que no problematizan, critican ni se atreven a pensar por sí mismas. Quizás, en este orden de cosas puedan resaltarse las principales críticas o irregularidades del evento en sí, reiterando que ellas no pueden ni deben desprestigiar a la marcha.
Por ejemplo, no se conoce una lectura nacional del feminismo – es decir, una aprehensión teórica original- y mucho me temo que esta valiosa plataforma de ideas devenga en una práctica sostenida por mera imitación, ignorando que toda ideología que valga el esfuerzo de ser estudiada a fin de ser puesta en práctica no se limitará a ser calco y copia sino que debería ser, sin duda, una «creación heroica». En este sentido, el problema de toda la vida en nuestra historia intelectual, de hecho, ha sido la ausencia de un desarrollo propio y sostenido de toda doctrina que haya pretendido corresponder a nuestra realidad específica. Transplantar ideologías sin hacer un estudio exhaustivo de la realidad nacional nos ha traído y aún nos trae numerosos problemas en tanto se intenta forzar a la realidad a fin de que esta se empalme con las ideas cuando es bien sabido, al menos, desde Lenin, que la fórmula es al revés.
Pese a ello, ¿es acaso negativo que el feminismo se expanda en la conciencia de sus militantes? Yo creo que no, pero en la marcha dejó mucho que desear, el hecho de que muchas de las personas marchantes no sabían bien de lo que iba la cosa. Esto ha sido utilizado por cierta prensa para cuestionar la validez de los fundamentos de los feministas.
Me pregunto, en ese sentido, ¿por qué la gente se sorprende si se habla de aborto en torno de otras plataformas que encabezan las feministas? , ¿La unión civil?, ¿las causas homosexuales y las del movimiento lgtb?, ¿por qué no se desarrolla el tema de la violencia de mujer contra mujer al seno de una relación de pareja?, etc. Evidentemente, la gente de la marcha ha sido muy cautelosa respecto de exponer todos estos detalles tanto por cálculo como porque nunca se han preguntado de modo orgánico por hallar las respuestas adecuadas, ni les interesa hacerlo de modo público, por el momento.
4.
Hubo dos casos muy controvertidos hace algunas semanas y de alguna manera involucran al mundillo cultural local, al activismo feminista y a la violencia familiar aunque no estrictamente a la violencia de género – ¿acaso otra limitación teórica del feminismo nacional?- Me refiero al caso Ybarra vs. Comando Plath (Ana Cecilia Rodríguez) y Vero Ferrari vs. Brenda Álvarez (Lucero y Rasciel). He puesto entre paréntesis los nombres de las supuestas agraviadas por razones estrictamente metódicas que desarrollaré a continuación.
En primer término, siguiendo el precepto de ser empático con las supuestas agraviadas, debe señalarse que una cosa es ser empático y otra asumir que de buenas a primeras, por una sola sindicación, el presunto agresor ya es culpable de tal o cual acción salvo se expongan pruebas contundentes o que se halle a este en condición de flagrancia, sendos casos en los que para establecer la culpabilidad del agresor solo hará falta el dictamen judicial que confirme los hechos evidentes.
Luego, hubo una demora prolongada desde el momento de los presuntos agravios y el momento en que se han manifestado las «denuncias» en Facebook. El problema específico del caso de Ana Cecilia Rodríguez contra Rodolfo Ybarra es que la mayoría de los hechos imputados sin importar si son verdaderos o falsos, prácticamente, ya han prescrito como sucede, lamentablemente, en la mayoría de casos que se están exponiendo a la luz de la marcha Ni Una Menos.
En cambio, en los casos que señaló Brenda Álvarez, no se tiene hasta el momento un pronunciamiento directo de las supuestas agraviadas: ¿a qué se debe este silenciamiento?, ¿acaso este no es una forma de invisibilización de las víctimas? Según es de conocimiento público, Brenda Álvarez es abogada y es poco probable que se haya atrevido a lanzar un comentario infundado bajo riesgo de ser denunciada por difamación. Sin embargo, en estricto cumplimiento del indubio pro reo, todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario.
En su momento, se cuestionó mucho el hecho de que Brenda Álvarez señalara, genéricamente, el uso del término «agresiones» y que este no fuera específico. Además, hubo «mil» testimonios a favor de Ferrari y en contra de las supuestas víctimas a las que se puso en tela de juicio y a las que se cuestionó respecto del desarrollo de su personalidad y otros motivos que se perdieron en el mar de los posts que infestan las redes sociales, ignorando que la violencia psicológica dependerá de una pericia debidamente realizada -ipso facto- en la que se medirá de qué manera la convivencia y las intervenciones de la pareja agresora han surtido un daño psicológico en la parte afectada. Sin embargo, se vio a tirios y troyanos tratando de determinar el presunto daño causado a cuenta de sus propios estándares cuando lo que correspondía era ver a las personas presuntamente afectadas pero me imagino que ellas al ver el modo deplorable con el que se trataba la gravedad de sus casos dieron «marcha» atrás, como han hecho en el pasado muchas de las que ahora valientemente salen a las calles y elevan su voz sobre el gentío porque nadie puede pisotear a la verdad. O es eso o es el caso de que Brenda Álvarez ha mentido vilmente.
A Rodolfo Ybarra, del mismo modo, no solo se le han brindado muestras de solidaridad espontáneas y otras que han venido sugeridas desde su propio lado, sino que hasta se han armado grupos de Facebook en los que se le muestra la solidaridad requerida denostando de los endebles presupuestos del Comando Plath. Lo preocupante, en este punto, es que se considere a la denuncia por difamación planteada por Ybarra como otra forma de violencia simbólica cuando, en realidad, es lo que cualquier ciudadano en su condición debería hacer.
Reitero, aquí nadie está en condiciones de poner las manos al fuego por nadie pero si se puede especular diversas posibilidades porque si existe un patrón en el caso del abuso, en el encubrimiento del abuso o en el encubrimiento del acusador también existe un patrón y, además, se presentan móviles muy similares y torpes. El primero es desacreditar a la presunta agraviada. Se le señalan mil falencias psicológicas y, luego, se oponen testimonios de terceros como si eso fuese suficiente para atender un perjuicio que en el caso de la violencia psicológica solo corresponde a los integrantes de la pareja y a nadie más. Considérese que nunca un tercero, así viva a un metro de una pareja en la que se presentan agresiones y/o cualquier forma que pueda asumir la violencia psicológica, podrá servir de referencia o de testigo, puesto que no es parte de la intimidad que solo compete a los integrantes de la pareja.
Así estemos en contra del sistema, existen marcos de acción regulados en el ordenamiento jurídico y, en lugar de ponerlo en entredicho, deberíamos utilizar todas las posibilidades que el sistema brinda a fin de, al menos, resguardar la integridad amenazada o vulnerada, directa o potencialmente, de las hipotéticas víctimas.
Ybarra ha denunciado al Comando Plath, en la persona de Victoria Guerrero, pero no ha precisado que el resto de personas que divulgaron o avalaron la información proporcionada por Ana Cecilia Rodríguez están en la misma condición, sobre todo, la autora de la «denuncia» virtual. En el curso del proceso se verá quién mintió y quién obró conforme a la verdad y punto.
Vero Ferrari debería proceder del mismo modo. Las imputaciones realizadas por Brenda Álvarez no por inespecíficas son menos graves. Si son falsas, deberá repararse el daño causado al honor de la activista feminista. Si son verdaderas, en cambio, se evidenciaría una historia muy turbia. Esperemos que antes de fin de año se presente la denuncia por difamación correspondiente o, por lo menos, que haya las retractaciones públicas de Brenda Álvarez, en el caso de que haya mentido.
5.
Nadie está para poner las manos al fuego por nadie. Tampoco para mostrar solidaridad con los presuntos agresores salvo que estos, a su vez, se vuelvan objeto de alguna forma de violencia y aun así. Por ello, y pese a los miles de razonamientos que te lleven a creer que el Poder Judicial no sirve para nada, desiste de esa creencia falsa y recapacita. Utilizar los medios que el sistema proporciona es muchas veces más efectivo que hacerle un gesto obsceno y fugaz a las instituciones públicas.
La marcha fue, en síntesis, apoteósica, terapéutica y pedagógica:
Apoteósica por el ritmo de frenesí y de alegría de la mayoría de marchantes, las que hace 20 años no hubieran tenido ni la más mínima oportunidad de avanzar por las calles difundiendo una causa, sin duda, justísima, necesaria y urgente dados los altos índices de violencia que afectan a la mujer, los que intentan ser invisibilizados por buena parte de la sociedad y hasta por parte de la farsesca «intelligentzia» marginal que exige se desarrollen temas más de fondo, estando, obviamente, equivocados;
Terapeútica porque las manifestantes, sea que hayan recibido alguna forma de violencia en contra suya o no, al exhibirse de cara al sol dejan que sus cicatrices se oxigenen y se curen y ese impacto beneficia a todos los que son testigos. El pasacalle, la percusión, el sentido de camaradería y comunión permite que las participantes sientan que no están solas y eso es un fenómeno muy positivo para nuestra sociedad; y, Pedagógica porque, salvo algunas excepciones mínimas, la marcha ha demostrado a la ciudadanía que se puede hacer política sin necesidad de partidarizarse con ninguna de las lacras que conforman el sistema político nacional. La entrega de volantes y afiches en los que se señalaban algunos puntos específicos de lo que representa la lucha contra la violencia de género ha sido un buen gesto de instrucción ciudadana. Agréguese, en futuras marchas, algunos considerandos respecto del tema de la violencia familiar y los modos por los que se puede actuar de modos directos ante las autoridades correspondientes a fin de evitar mayores daños así como de procurar la sanción de los agresores más la más adecuada indemnización por los perjuicios sufridos.
7.
No se puede ser una persona de bien y no apoyar la marcha Ni Una Menos. De hecho, se puede y se debe ser crítico de lo que se muestre errado en su materialización pero apoyando, en todo momento. Este el gran deber moral de este momento y es lo que corresponde al espíritu de nuestro tiempo.
8.
El espíritu de cuerpo y la facilidad para encubrir o «proteger» a los que son parte de nuestras «tribus», vicio nacional conocido, también, como alcahuetería, es uno de los grandes lastres que impiden el ejercicio público de la crítica, entre otras formas del pensamiento.
Este se ha visto en su total crudeza en varios de los casos más controvertidos sobre violencia contra la mujer del medio político-cultural-literario. Desde Abraham Valencia hasta Castrillón, pasando por las imputaciones propaladas por el Comando Plath en contra de Rodolfo Ybarra y las imputaciones indirectas de Brenda Álvarez en contra de Verónica Ferrari, lo que ha saltado a la vista de todos los usuarios de las redes sociales es una solidarización exacerbada con los presuntos agresores y, a la vez, una ciega violencia contra los mismos, de parte de las feministas a quienes parece no importarles el principio de presunción de inocencia ni ninguna otra institución jurídica en general salvo que se sea parte del mismo movimiento. Este número es una digresión y empalma mejor con el punto cuatro.
Lo dejaremos aquí por mera continuidad dialéctica pero piénsese que la izquierda, en general, pese a su cese laboral ha sido muy complaciente con Abraham Valencia a tal extremo que algunos izquierdistas decían pero ya que cada uno piense lo que quiera pero para qué exponerlo en Facebook sino creemos en Facebook y, sin embargo, usan Facebook para convocar cuanta actividad les pasa por la mente. Otros decían para que lo van a sepultar si todavía tiene futuro político, es un cuadro promisorio, etc. ¡Nauseas totales! y una buena muestra de cómo se ejerce y se piensa la política en este momento.
Además, llama la atención cómo no se ha dado mayor realce a lo sucedido respecto de Vero Ferrari pese a que, también hubo testimonios de terceros en contra suya. Lamentablemente, estos eran borrados casi de inmediato por quienes los creyeron falsos o calumniosos. Se supo que Nuevo Perú había convocado a las presuntas víctimas a fin de que manifiesten sus testimonios directos ante una comisión conformada ex profeso y bien ¿hasta cuándo harán públicos estos actos?
Reitero, es imposible que se tilde a tal o cual persona de una forma sin demostrar lo que se dice. El camino adecuado para resolver estos impasses es recurrir al Poder Judicial a fin de presentar una denuncia por difamación.
9.
Es claro que una de las pocas cartas decentes que aún emplea la izquierda «electorera» -con todo y sus vicios congénitos como su lineamiento estratégico que se dice es dependencia de ONGs u otros organismos internacionales, etc- es el tema del feminismo.
Sin embargo, la presencia de militantes de diversas asociaciones de izquierda en nada deslegitima a la marcha ni al colectivo. Tampoco, desacreditan los presupuestos de la marcha ni a la marcha misma, la presencia de «extremistas» o de feministas ciertamente violentas.
En todo grupo humano hay quienes no coinciden con un ejercicio sano de la razón pero ellos no pueden desprestigiar a un movimiento social salvo que sean la mayoría y, en este caso, no se cumple este presupuesto.
10.
Hay varios problemas en el país que son gravísimos y debemos denunciarlos e intentar detener la marea de impunidad, abusos y corrupción que arrastran aunque nos parezca imposible. La fetidez del medio político es una de ellas, acaso la principal. Lo peor es que cuando parece que ya no se puede caer más bajo resulta que siempre habrá un piso falso donde desbarrancarnos a fin de seguir siendo testigos del hundimiento de la política en general. Esperamos que el feminismo y la marcha Ni Una Menos no ceda ante el influjo de la pestilente política partidaria actual.
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Imponen multa de más de 600 mil soles a Clínica Delgado -Auna por filtrar historial médico de Shakira
Susalud indicó que vulneración de confidencialidad de datos de la artista colombiana configura como una “falta grave”.
Tremenda multaza que le acaba de caer a la Clínica Delgado–Auna, la misma que en pandemia recibió una ola de críticas por el excesivo cobro de “garantías” cuando un paciente se quería hospitalizar por Covid-19, llegando a pagar hasta 60 mil soles, y que la misma era solo una fracción del monto total.
Sí, el karma existe, y ahora le tocó el turno a la mencionada clínica privada, luego que la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud), entidad adscrita al Ministerio de Salud (Minsa) le impusiera una sanción administrativa equivalente a S/668,750 por filtrar información confidencial sobre la salud de la cantante colombiana Isabel Mebarak Ripoll, mejor conocida en el mundo artístico como ‘Shakira’, quien sufriera un malestar estomacal el pasado mes de febrero.
Como se recuerda, la cantante barranquillera ingreso de emergencia a la mencionada clínica luego de acusar un severo malestar estomacal que le impidió poder presentarse en la primera fecha de sus conciertos previstos en Lima. Horas después, personal que ya fue identificado por la propia clínica difundió parte de su historial clínico en las redes sociales. Ante ello, el centro de salud privado se pronunció sobre lo ocurrido, precisando que ya se había iniciado una “investigación exhaustiva”.
«Siempre hemos actuado con el máximo respeto por nuestros pacientes, su privacidad y cumpliendo con el marco normativo existente. El incidente ocurrido, en el que se filtró información confidencial de uno de nuestros pacientes, no representa en absoluto la ética profesional que rige nuestra institución. Lamentamos, profundamente lo sucedido y reiteramos nuestra tolerancia cero contra todo acto que vulnere la información personal de nuestros pacientes», indicó.
Más allá de las investigaciones iniciadas por la Clínica Delgado-Auna, Susalud mencionó que tal divulgación de datos representaba una “falta grave” y por ello ameritaba una sanción pecuniaria.
«Susalud enfatiza que, toda persona usuaria de los servicios de salud, independiente de su nacionalidad, seguro, y tipo de establecimiento donde se atienda, tiene derecho a ser atendido con pleno respeto de su dignidad e intimidad, con la garantía de la confidencialidad y protección de los datos referidos a su atención», se puede leer en el portal web de la institución.
Asimismo, recalcó que los centros médicos deben de proteger datos acerca del diagnóstico, tratamiento y condición médica de los pacientes, y que resaltó que esta información no puede ser revelada sin consentimiento previo, de su familiar responsable o representante legal.
«La garantía de este derecho tiene su amparo en la Constitución Política del Perú, la Ley General de Salud, así como la Ley que establece los derechos de las personas usuarias de los servicios de salud, que reconocen el derecho fundamental de toda persona a su dignidad, a la intimidad personal y familiar, así como, guardar la reserva de la información en salud», añadió.
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Nombramientos Irregulares en la UNSAAC: nepotismo y despilfarro de recursos públicos
El derrumbe institucional de la UNSAAC. Una historia que incluye a un familiar de la presidenta Dina Boluarte.
La Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, otrora símbolo de sabiduría andina y resistencia intelectual, atraviesa uno de los momentos más oscuros de su historia reciente. Las paredes coloniales que la rodean ya no resguardan el espíritu crítico, sino los ecos de la indignación. Una federación estudiantil en pie de guerra, docentes que denuncian a gritos el desmoronamiento ético de su alma máter, y autoridades que —con el silencio como único argumento— se atrincheran tras resoluciones y formalismos.
La causa inmediata de esta crisis: el proceso de nombramiento de docentes contratados, amparado en la Ley N.º 32171, convertido en botín político y familiar. La ley, que buscaba regularizar a miles de docentes precarios, se ha transformado en Cusco en un instrumento para beneficiar a allegados, parientes y amigos de autoridades universitarias, bajo el manto cómplice de la burocracia y la opacidad.
El Rector Eleazar Crucinta Ugarte y la vicerrectora Paulina Taco han sido señalados públicamente por actos de presunto nepotismo. Más de seis artículos documentadas han encendido las alarmas. Mientras tanto, la comunidad estudiantil —en un acto que recuerda las viejas huelgas universitarias— tomó las instalaciones, exigiendo que las actividades se trasladen a la virtualidad, como si el problema pudiera esconderse tras una pantalla.
El caso más escandaloso, sin embargo, lo protagoniza la Escuela Profesional de Antropología. En un documento fechado el 26 de junio de 2025, los docentes de dicha escuela denuncian un proceso plagado de irregularidades: nombramientos sin sustento técnico, ampliación indiscriminada de plazas sin análisis de carga académica, y vínculos familiares que rozan el tráfico de influencias.
Entre los casos más indignantes figura el del director del Departamento Académico, Dr. Máximo Cama Tito, cuya esposa, Alejandra Tito Tica, aparece nombrada. Similar situación se presenta con el Antropólogo David Ugarte Vegacenteno, cuya hija —Luz Gabriela Ugarte Boluarte, sobrina de la presidenta de la República— figura entre las beneficiadas, pese a no cumplir con los requisitos de la ley. ¿Coincidencia? ¿Amnesia legal? ¿O simple impunidad disfrazada de meritocracia?
La evaluación de candidaturas parece haberse realizado con la ligereza de quien selecciona nombres al azar. Morvely Karen Núñez del Prado, declarada «apta», jamás figuró como docente contratada durante el semestre exigido por ley. Su inclusión en el listado revela la precariedad —y quizás la perversidad— de los criterios utilizados. En cualquier administración seria, este sería motivo suficiente para anular el proceso. En Cusco, sin embargo, todo sigue igual.
La Federación Universitaria del Cusco, en su oficio N.º 036-2024-FUC-SAG, ha denunciado incluso el pago de sueldos a docentes sin carga académica. Es decir, funcionarios que cobraban sin enseñar. Entre ellos, una vez más, la ya mencionada Luz Gabriela Ugarte Boluarte. ¿Quién autoriza estos pagos? ¿Quién los supervisa? ¿Quién los encubre?
Peor aún, el acuerdo firmado el 8 de mayo entre el rector y el Centro Federado de Estudiantes, donde se comprometía a priorizar la demanda real antes de los nombramientos, fue flagrantemente ignorado. No solo se incumple la palabra dada; se traiciona a una comunidad entera.
Para hablar de estos temas, nos comunicamos con el rector Eleazar Rucinta, pero hasta el cierre del artículo no tuvimos respuesta.
UNSAAC en cuidados intensivos
La UNSAAC está enferma. Y su enfermedad no es solo burocrática, sino moral. La corrupción, ese viejo mal peruano que se infiltra en los pasillos del poder como una hiedra venenosa, ha encontrado terreno fértil en la universidad más antigua del sur del país.
La pregunta ya no es si estas denuncias son ciertas —los documentos hablan por sí solos—, sino cuánto tiempo más la sociedad cusqueña y el Estado peruano permitirán que esta situación se prolongue. ¿Dónde están los organismos fiscalizadores? ¿Dónde está la Sunedu? ¿Dónde está la presidenta, cuya sobrina es parte del escándalo?
Urge una intervención que no sea decorativa. Una auditoría real. Un castigo ejemplar. Porque si dejamos que la UNSAAC se hunda, con ella se hundirá también una parte esencial de nuestra historia académica, de nuestro futuro colectivo. Y lo más terrible: no nos daremos ni cuenta.
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Cámaras inoperativas, vehículos de serenazgo en mal estado, equipos defectuosos, todo eso ha encontrado la Contraloría en 248 municipios
Inspección realizada en mayo por la Contraloría ha revelado que muchos gobiernos locales no cuentan con las medidas necesarias para vigilar sus jurisdicciones.
Desprotegidos. La Contraloría General de la República realizó un operativo a 248 gobiernos locales durante los días del 8 al 14 de mayo, detectando severas deficiencias en los servicios de seguridad ciudadana. El operativo denominado “Servicios de seguridad ciudadana ejecutados por los gobiernos locales” arrojó que en todos eso municipios no existe un correcto funcionamiento en herramientas que deberían de ayudar al personal a combatir la delincuencia urbana.
Así, figuran 1553 cámaras de videovigilancia inoperativas (el 20 % de las 6144 instaladas), siendo las regiones más afectadas Arequipa (255), La Libertad (180) y Lima Provincias (153). Además, el 22 % de las cámaras no almacenan las grabaciones por el plazo mínimo de 45 días, como exige la norma, y el 86 % de las municipalidades no tiene un plan de mantenimiento para estos equipos.
Respecto a los equipos de radiocomunicación, se detectaron 1054 unidades inoperativas (el 19 % del total) y se constató que el 32 % de las municipalidades no cuenta con un centro de telecomunicaciones para monitoreo y respuesta ante emergencias.
En cuanto al patrullaje municipal, 378 vehículos (el 14 % del total) están inoperativos, mientras que 34 gobiernos locales no realizan patrullaje conjunto con la Policía Nacional, lo que debilita la coordinación interinstitucional.
El personal de serenazgo también enfrenta condiciones precarias: el 63 % de las municipalidades supervisadas no les proporciona equipo de protección completo, y el 20 % solo les entrega equipamiento parcial, sin chalecos antibalas, rodilleras ni coderas.
De forma aún más crítica, seis municipalidades no cuentan con servicio de serenazgo ni con cámaras de videovigilancia, lo que refleja una ausencia total de presencia municipal en materia de seguridad.
Recomendaciones de la Contraloría
La Contraloría General ha comunicado los resultados del operativo a los titulares de los gobiernos locales visitados con la finalidad de que adopten las medidas preventivas y correctivas que contribuyan a optimizar la gestión de seguridad ciudadana que vienen desarrollando.
Asimismo, ha recomendado la elaboración e implementación obligatoria de planes objetivos específicos para el servicio de serenazgo en todos los gobiernos locales, alineados con directivas nacionales y bajo enfoque de gestión de riesgos. Esto permitirá optimizar el uso de recursos, fortalecer la capacidad operativa y mejorar la articulación del sistema de seguridad ciudadana.
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Caos en la Vía Expresa: Metropolitano colapsó otra vez
Más de 20 buses del Metropolitano quedaron varados en la Vía Expresa de Paseo de la República. Según la ATU, el incidente fue causado por un acto de vandalismo que puso en peligro a un conductor.
Este lunes 30 de junio, Lima volvió a experimentar lo que para miles de ciudadanos ya no es una excepción, sino una lamentable rutina: el colapso del servicio del Metropolitano. Más de 20 buses quedaron varados durante horas en plena Vía Expresa, entre el Centro de Lima y San Isidro, dejando a cientos de pasajeros atrapados, molestos y sin respuestas claras.
Según la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), la causa de este nuevo episodio de caos fue un “acto de vandalismo” que afectó a uno de los conductores. Si bien el comunicado oficial señala que el servicio fue “restablecido”, la realidad es que no existen protocolos efectivos para enfrentar imprevistos, ni mucho menos un plan de contingencia que priorice a los usuarios.
La ATU se limitó a publicar en redes sociales: “Se ha superado el incidente”, como si con eso bastara para justificar horas de retraso y desorden en el servicio. Es inaceptable que un sistema de transporte que moviliza a miles de personas a diario dependa del azar, sin medidas preventivas ni capacidad de reacción frente a emergencias mínimas.
Como si fuera poco, la estación Naranjal del Metropolitano también sufrió bloqueos debido a manifestantes. Aunque finalmente se dispersaron con apoyo policial, el daño ya estaba hecho: más demoras, más caos, y más ciudadanos afectados.
La ATU parece olvidar que gestiona un servicio esencial para la vida diaria de la ciudad. La falta de inversión en infraestructura de respaldo, la carencia de información oportuna a los usuarios y la absoluta ausencia de un plan de manejo de crisis evidencian un sistema colapsado por la improvisación.
Los limeños no merecen más excusas ni comunicados vacíos. Necesitan un sistema de transporte urbano que funcione, que sea seguro, previsible y, sobre todo, respetuoso con su tiempo y su dignidad. Si la ATU no puede garantizar eso, entonces la pregunta es obligada: ¿para qué existe?
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TC determinó que demolición de muro en la plazuela de la iglesia San Francisco no vulneró ningún patrimonio
Máximo intérprete de la Constitución indicó que demolición de cerco perimétrico fue completamente legal.
Se acabaron las barreras. El Tribunal Constitucional (TC) puso punto final a la controversia legal sobre la demolición del muro perimétrico que rodeaba la plazuela San Francisco, en el Cercado de Lima.
A través de una sentencia emitida esta semana, el colegiado declaró infundada la demanda de amparo presentada por la Provincia Franciscana de los Doce Apóstoles contra la Municipalidad Metropolitana de Lima y el Ministerio de Cultura (Mincul).
De acuerdo con el fallo, el muro, que fue construido en 1989 como medida de seguridad, no contaba con protección como patrimonio cultural, ni a nivel nacional ni internacional.
El fundamento 16 de la sentencia señala que la construcción original respondió a necesidades de seguridad durante la época del terrorismo y comercio ambulatorio en el Centro de Lima. «Esta situación ha variado […] ya no sería necesario», indicó el TC, respaldando el criterio municipal.
Por el contrario, incluso la Unesco respaldó su demolición al considerar que no formaba parte de los elementos reconocidos como parte del valor universal excepcional del Centro Histórico de Lima.
El TC también precisó que la demolición, realizada por la comuna limeña en febrero de 2022, fue parte de un plan integral de recuperación y peatonalización del entorno monumental.
La decisión se sustentó en que el muro estaba levantado sobre un bien de propiedad pública y no generaba derechos adquiridos que impidieran su retiro.
En su sentencia, el tribunal descartó que la medida haya afectado la libertad religiosa o las actividades propias del convento y la iglesia San Francisco. Los magistrados señalaron que no se acreditó ninguna restricción al ingreso de fieles ni a las celebraciones litúrgicas.
Finalmente, el TC exhortó a la Municipalidad de Lima y a la comunidad franciscana a establecer mecanismos de coordinación para garantizar que los proyectos de mejoramiento urbano no interfieran con el normal desarrollo de las actividades religiosas.
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Hallan muerto a José Miguel Castro, exfuncionario clave del caso Susana Villarán
Degollaron al testigo clave que iba a declarar contra la ex alcaldesa Susana Villarán. PNP descarta suicido por la escena encontrada.
Hoy, 29 de junio, la Policía Nacional del Perú halló sin vida a José Miguel Castro Gutiérrez, de 51 años, exgerente municipal de la gestión de Susana Villarán y testigo clave en el caso de financiamiento ilegal de campañas políticas en Lima. Castro fue encontrado en el baño de su domicilio, ubicado en la calle Madrid, distrito de Miraflores, con un profundo corte en el cuello de aproximadamente 14 centímetros.
Según el parte policial, al que este medio tuvo acceso, fue su padre, Julio Sergio Castro Gómez, de 81 años, quien halló el cuerpo alrededor de las 10:15 a. m. al ingresar a los servicios higiénicos del inmueble. Castro Gutiérrez había sido visto por última vez a las 10:00 p. m. del día anterior y se encontraba en pijama, tendido en el piso y con signos evidentes de sangrado.
Al lugar acudieron agentes policiales y personal del SAMU, quienes constataron la muerte. El paramédico Kenneth Encinas Panduro indicó que el cuerpo presentaba una herida cortante en el cuello. Además, se hallaron en la escena un cuchillo de cocina con mango de color negro, manchado de sangre, y otro cuchillo con mango de color rojo con similares características.
El hecho ocurre a pocas semanas de que Castro declarara nuevamente ante la Fiscalía en el marco del proceso que investiga la presunta recepción de aportes ilegales de Odebrecht y OAS a las campañas del «No a la revocatoria» y la reelección municipal de Villarán. La Fiscalía ya había incluido a Castro como colaborador eficaz.
La noticia ha generado conmoción y suspicacias en sectores políticos y de la opinión pública, dado el contexto judicial que enfrentaba. El Ministerio Público ha iniciado las diligencias correspondientes para esclarecer si se trató de un suicidio, como sugiere el informe preliminar, o si hay indicios de participación de terceros.
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NEO TV irrumpe en la televisión peruana: arte, análisis, cultura y política en una nueva señal
Una nueva propuesta televisiva.
Una nueva forma de ver televisión ha llegado al Perú. Se trata de NEO TV, un canal diferente, audaz y necesario, que apuesta por contenidos de calidad, pensamiento crítico y conexión con lo esencial: el arte, la cultura, la información y el análisis profundo de la realidad.
NEO TV ya está disponible en múltiples plataformas de acceso nacional, incluyendo Win, Win Plus, TV 360 de Bitel, Zapping, Best Cable, Megatel, Bantel, Yotta TV y en señal abierta a través del canal 18.6 de la Televisión Digital Terrestre.
Bajo el lema “La nueva televisión ya está aquí”, NEO TV presenta una propuesta fresca y comprometida con el contexto actual del Perú, ofreciendo una programación diversa y de alta calidad, pensada para un público exigente, curioso y con ganas de ver más allá del entretenimiento vacío.
Estos son algunos de sus programas emblema:
• Tecnología y Negocios con Juan José Sandoval – los protagonistas de la innovación y el mundo empresarial comparten su visión.
• Ver para Crear con Luis Agusti – entrevistas íntimas con los artistas más importantes del país.
• Lima Gris – periodismo de investigación con la conducción de Edwin Cavello.
• Lo que es y no lo que parece con Ian Paredes – análisis político directo y sin concesiones.
• Hombro a Hombro – el entorno natural bajo la lupa: clima, mareas y sostenibilidad.
• El Ojo está en la Cabeza – una exploración del mundo a través de la fotografía.
• Viajando con Uchi Vargas – rutas y destinos que inspiran y conmueven.
• Al final del día con César Sánchez Torrealva – un late night con conversaciones inteligentes.
• Influencer de la semana con Milagros Salinas – un podcast fresco, con voces que importan.
• La homilía del Padre Arens – espiritualidad y reflexión en tiempos de cambio.
NEO TV no es solo un canal, es una declaración de principios. Es la respuesta a una audiencia que pide algo distinto. Es la televisión que pone en valor el contenido, el talento nacional y la mirada crítica sobre nuestro presente.
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— Revista Lima Gris (@Limagris) June 27, 2025
Actualidad
Pronunciamiento de la Asociación de Bibliotecólogos del Perú ante el caos que reina en la BNP
Asociación muestra su “profunda preocupación” por la designación de personal sin experiencia dentro de la Biblioteca Nacional.
Descompaginados. La reciente designación de Keila Miroslava Garrido Gonzales como directora de la Dirección de Desarrollo de Políticas Bibliotecarias ha ocasionado que la Asociación de Bibliotecólogos del Perú (ABP) dé un grito al cielo debido a que la mencionada funcionaria se especializa en criminología y no cuenta con experiencia comprobada en el área de bibliotecología.
Es así que la ABP viene señalando, mediante un pronunciamiento publicado en sus redes sociales, su “profunda preocupación y enérgico rechazo” a lo que sería una designación de una persona sin perfil idóneo para tan importante cargo dentro de la Biblioteca Nacional del Perú (BNP).
“Hemos tomado conocimiento, con gran inquietud, la designación de la Sra. Keila Miroslava Garrido Gonzales en la Dirección de Desarrollo de Políticas Bibliotecarias y la Dirección de Gestión y Articulación de Bibliotecas. Es ALARMANTE que una funcionaria con una trayectoria profesional ajena al ámbito bibliotecario y cultural, especializada en criminología, ocupe puestos donde se necesita personal técnico con conocimiento del tema”, se lee en el pronunciamiento de hoy.
En efecto, según su perfil profesional, Keila Miroslava se dedica a la criminología, trabajando previamente para el Ministerio del Interior que en ese momento lo dirigía el exministro Vicente Romero.
La ABP espera una pronta rectificación por el bienestar y correcto funcionamiento de la BNP, respetándose esta vez la meritocracia y la experiencia requerida.
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