Actualidad
Sobre la Marcha Ni Una Menos del 25 de noviembre
1.
La marcha Ni Una Menos celebrada el sábado 25 de noviembre fue un contundente mensaje a la opinión pública y, particularmente, a todos los agresores impunes: la mujer peruana nunca más consentirá el abuso y la opresión por parte de quien sea que la ejerza y si antes se consintieron todas las formas que el abuso puede tomar es supremamente valioso que ya no se guarde silencio sino que de viva voz y de cara al sol se expongan los casos silenciados durante tantos años, décadas incluso, no solo con fines de liberación personal y terapia sino como un signo y un señalamiento de que la época del silencio y la alcahuetería ha quedado en el pasado. En este sentido, la marcha ha sido uno de los acontecimientos públicos más relevantes del año.
2.
El colectivo Ni Una Menos se ha consolidado y parece gozar de gran aceptación, al menos, por parte de los transeúntes que el sábado se detenían curiosos e impactados por la masa, el ritmo, el color y el uso de unas arengas con las que es difícil no estar de acuerdo si se tiene un mínimo de sensibilidad social y que son muy distintas de las que típicamente se exponen en todas las marchas que la gente conoce. Sin embargo, Ni una menos halla no pocas reticencias en los sectores más conservadores de la sociedad y, también, en ciertas muestras críticas de todos aquellos que no son incondicionales de nadie como a veces parecen maldecir este tipo de movimientos e ideologías.
Los conservadores, por ejemplo, enrostran a las feministas ser pro aborto, pro LGTB y hasta «pro»-gresistas, entre otras cosas. Estos detalles no pueden ser atendidos por ninguna inteligencia mediana, mucho menos, por una inteligencia aguzada y bien desarrollada. En los cuestionamientos de estos conservadores subyacen prejuicios antes que razones y no tienen nada que ver con los propósitos específicos de la marcha. Pasemos de ellos.
El otro problema está en la conocida violencia e intransigencia del mínimo sector de feministas a quienes brutalmente se les tilda de «feminazis», término ofensivo que, sin embargo, ha tenido amplia repercusión en quienes creen que deben oponerse al feminismo de marchas como Ni Una Menos por considerarlo burgués o por estar apartado de la realidad de la mayoría de mujeres del país. Pese a ello, es innegable que el resto de colectivos feministas ha logrado un posicionamiento social a nivel de visibilización de la violencia contra la mujer y sensibilización respecto de la misma, logro doblemente importante por lo difícil y machista del medio y por la dispersión que hemos expuesto.
Cabe señalar que si no se acepta el ejercicio de un pensamiento crítico y la oposición fundamentada de argumentos, lo que se consigue es una turba de fanáticos o de «borregos» y ambas son fatalmente inútiles en el sentido de beneficiar a cualquiera. ¡Cuidado!
3.
Poco a poco, es deseable que esta movida política ciudadana -no partidaria- crezca hasta establecer que no solo el hombre participa de actos y actitudes machistas sino también las mujeres que no problematizan, critican ni se atreven a pensar por sí mismas. Quizás, en este orden de cosas puedan resaltarse las principales críticas o irregularidades del evento en sí, reiterando que ellas no pueden ni deben desprestigiar a la marcha.
Por ejemplo, no se conoce una lectura nacional del feminismo – es decir, una aprehensión teórica original- y mucho me temo que esta valiosa plataforma de ideas devenga en una práctica sostenida por mera imitación, ignorando que toda ideología que valga el esfuerzo de ser estudiada a fin de ser puesta en práctica no se limitará a ser calco y copia sino que debería ser, sin duda, una «creación heroica». En este sentido, el problema de toda la vida en nuestra historia intelectual, de hecho, ha sido la ausencia de un desarrollo propio y sostenido de toda doctrina que haya pretendido corresponder a nuestra realidad específica. Transplantar ideologías sin hacer un estudio exhaustivo de la realidad nacional nos ha traído y aún nos trae numerosos problemas en tanto se intenta forzar a la realidad a fin de que esta se empalme con las ideas cuando es bien sabido, al menos, desde Lenin, que la fórmula es al revés.
Pese a ello, ¿es acaso negativo que el feminismo se expanda en la conciencia de sus militantes? Yo creo que no, pero en la marcha dejó mucho que desear, el hecho de que muchas de las personas marchantes no sabían bien de lo que iba la cosa. Esto ha sido utilizado por cierta prensa para cuestionar la validez de los fundamentos de los feministas.
Me pregunto, en ese sentido, ¿por qué la gente se sorprende si se habla de aborto en torno de otras plataformas que encabezan las feministas? , ¿La unión civil?, ¿las causas homosexuales y las del movimiento lgtb?, ¿por qué no se desarrolla el tema de la violencia de mujer contra mujer al seno de una relación de pareja?, etc. Evidentemente, la gente de la marcha ha sido muy cautelosa respecto de exponer todos estos detalles tanto por cálculo como porque nunca se han preguntado de modo orgánico por hallar las respuestas adecuadas, ni les interesa hacerlo de modo público, por el momento.
4.
Hubo dos casos muy controvertidos hace algunas semanas y de alguna manera involucran al mundillo cultural local, al activismo feminista y a la violencia familiar aunque no estrictamente a la violencia de género – ¿acaso otra limitación teórica del feminismo nacional?- Me refiero al caso Ybarra vs. Comando Plath (Ana Cecilia Rodríguez) y Vero Ferrari vs. Brenda Álvarez (Lucero y Rasciel). He puesto entre paréntesis los nombres de las supuestas agraviadas por razones estrictamente metódicas que desarrollaré a continuación.
En primer término, siguiendo el precepto de ser empático con las supuestas agraviadas, debe señalarse que una cosa es ser empático y otra asumir que de buenas a primeras, por una sola sindicación, el presunto agresor ya es culpable de tal o cual acción salvo se expongan pruebas contundentes o que se halle a este en condición de flagrancia, sendos casos en los que para establecer la culpabilidad del agresor solo hará falta el dictamen judicial que confirme los hechos evidentes.
Luego, hubo una demora prolongada desde el momento de los presuntos agravios y el momento en que se han manifestado las «denuncias» en Facebook. El problema específico del caso de Ana Cecilia Rodríguez contra Rodolfo Ybarra es que la mayoría de los hechos imputados sin importar si son verdaderos o falsos, prácticamente, ya han prescrito como sucede, lamentablemente, en la mayoría de casos que se están exponiendo a la luz de la marcha Ni Una Menos.
En cambio, en los casos que señaló Brenda Álvarez, no se tiene hasta el momento un pronunciamiento directo de las supuestas agraviadas: ¿a qué se debe este silenciamiento?, ¿acaso este no es una forma de invisibilización de las víctimas? Según es de conocimiento público, Brenda Álvarez es abogada y es poco probable que se haya atrevido a lanzar un comentario infundado bajo riesgo de ser denunciada por difamación. Sin embargo, en estricto cumplimiento del indubio pro reo, todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario.
En su momento, se cuestionó mucho el hecho de que Brenda Álvarez señalara, genéricamente, el uso del término «agresiones» y que este no fuera específico. Además, hubo «mil» testimonios a favor de Ferrari y en contra de las supuestas víctimas a las que se puso en tela de juicio y a las que se cuestionó respecto del desarrollo de su personalidad y otros motivos que se perdieron en el mar de los posts que infestan las redes sociales, ignorando que la violencia psicológica dependerá de una pericia debidamente realizada -ipso facto- en la que se medirá de qué manera la convivencia y las intervenciones de la pareja agresora han surtido un daño psicológico en la parte afectada. Sin embargo, se vio a tirios y troyanos tratando de determinar el presunto daño causado a cuenta de sus propios estándares cuando lo que correspondía era ver a las personas presuntamente afectadas pero me imagino que ellas al ver el modo deplorable con el que se trataba la gravedad de sus casos dieron «marcha» atrás, como han hecho en el pasado muchas de las que ahora valientemente salen a las calles y elevan su voz sobre el gentío porque nadie puede pisotear a la verdad. O es eso o es el caso de que Brenda Álvarez ha mentido vilmente.
A Rodolfo Ybarra, del mismo modo, no solo se le han brindado muestras de solidaridad espontáneas y otras que han venido sugeridas desde su propio lado, sino que hasta se han armado grupos de Facebook en los que se le muestra la solidaridad requerida denostando de los endebles presupuestos del Comando Plath. Lo preocupante, en este punto, es que se considere a la denuncia por difamación planteada por Ybarra como otra forma de violencia simbólica cuando, en realidad, es lo que cualquier ciudadano en su condición debería hacer.
Reitero, aquí nadie está en condiciones de poner las manos al fuego por nadie pero si se puede especular diversas posibilidades porque si existe un patrón en el caso del abuso, en el encubrimiento del abuso o en el encubrimiento del acusador también existe un patrón y, además, se presentan móviles muy similares y torpes. El primero es desacreditar a la presunta agraviada. Se le señalan mil falencias psicológicas y, luego, se oponen testimonios de terceros como si eso fuese suficiente para atender un perjuicio que en el caso de la violencia psicológica solo corresponde a los integrantes de la pareja y a nadie más. Considérese que nunca un tercero, así viva a un metro de una pareja en la que se presentan agresiones y/o cualquier forma que pueda asumir la violencia psicológica, podrá servir de referencia o de testigo, puesto que no es parte de la intimidad que solo compete a los integrantes de la pareja.
Así estemos en contra del sistema, existen marcos de acción regulados en el ordenamiento jurídico y, en lugar de ponerlo en entredicho, deberíamos utilizar todas las posibilidades que el sistema brinda a fin de, al menos, resguardar la integridad amenazada o vulnerada, directa o potencialmente, de las hipotéticas víctimas.
Ybarra ha denunciado al Comando Plath, en la persona de Victoria Guerrero, pero no ha precisado que el resto de personas que divulgaron o avalaron la información proporcionada por Ana Cecilia Rodríguez están en la misma condición, sobre todo, la autora de la «denuncia» virtual. En el curso del proceso se verá quién mintió y quién obró conforme a la verdad y punto.
Vero Ferrari debería proceder del mismo modo. Las imputaciones realizadas por Brenda Álvarez no por inespecíficas son menos graves. Si son falsas, deberá repararse el daño causado al honor de la activista feminista. Si son verdaderas, en cambio, se evidenciaría una historia muy turbia. Esperemos que antes de fin de año se presente la denuncia por difamación correspondiente o, por lo menos, que haya las retractaciones públicas de Brenda Álvarez, en el caso de que haya mentido.
5.
Nadie está para poner las manos al fuego por nadie. Tampoco para mostrar solidaridad con los presuntos agresores salvo que estos, a su vez, se vuelvan objeto de alguna forma de violencia y aun así. Por ello, y pese a los miles de razonamientos que te lleven a creer que el Poder Judicial no sirve para nada, desiste de esa creencia falsa y recapacita. Utilizar los medios que el sistema proporciona es muchas veces más efectivo que hacerle un gesto obsceno y fugaz a las instituciones públicas.
La marcha fue, en síntesis, apoteósica, terapéutica y pedagógica:
Apoteósica por el ritmo de frenesí y de alegría de la mayoría de marchantes, las que hace 20 años no hubieran tenido ni la más mínima oportunidad de avanzar por las calles difundiendo una causa, sin duda, justísima, necesaria y urgente dados los altos índices de violencia que afectan a la mujer, los que intentan ser invisibilizados por buena parte de la sociedad y hasta por parte de la farsesca «intelligentzia» marginal que exige se desarrollen temas más de fondo, estando, obviamente, equivocados;
Terapeútica porque las manifestantes, sea que hayan recibido alguna forma de violencia en contra suya o no, al exhibirse de cara al sol dejan que sus cicatrices se oxigenen y se curen y ese impacto beneficia a todos los que son testigos. El pasacalle, la percusión, el sentido de camaradería y comunión permite que las participantes sientan que no están solas y eso es un fenómeno muy positivo para nuestra sociedad; y, Pedagógica porque, salvo algunas excepciones mínimas, la marcha ha demostrado a la ciudadanía que se puede hacer política sin necesidad de partidarizarse con ninguna de las lacras que conforman el sistema político nacional. La entrega de volantes y afiches en los que se señalaban algunos puntos específicos de lo que representa la lucha contra la violencia de género ha sido un buen gesto de instrucción ciudadana. Agréguese, en futuras marchas, algunos considerandos respecto del tema de la violencia familiar y los modos por los que se puede actuar de modos directos ante las autoridades correspondientes a fin de evitar mayores daños así como de procurar la sanción de los agresores más la más adecuada indemnización por los perjuicios sufridos.
7.
No se puede ser una persona de bien y no apoyar la marcha Ni Una Menos. De hecho, se puede y se debe ser crítico de lo que se muestre errado en su materialización pero apoyando, en todo momento. Este el gran deber moral de este momento y es lo que corresponde al espíritu de nuestro tiempo.
8.
El espíritu de cuerpo y la facilidad para encubrir o «proteger» a los que son parte de nuestras «tribus», vicio nacional conocido, también, como alcahuetería, es uno de los grandes lastres que impiden el ejercicio público de la crítica, entre otras formas del pensamiento.
Este se ha visto en su total crudeza en varios de los casos más controvertidos sobre violencia contra la mujer del medio político-cultural-literario. Desde Abraham Valencia hasta Castrillón, pasando por las imputaciones propaladas por el Comando Plath en contra de Rodolfo Ybarra y las imputaciones indirectas de Brenda Álvarez en contra de Verónica Ferrari, lo que ha saltado a la vista de todos los usuarios de las redes sociales es una solidarización exacerbada con los presuntos agresores y, a la vez, una ciega violencia contra los mismos, de parte de las feministas a quienes parece no importarles el principio de presunción de inocencia ni ninguna otra institución jurídica en general salvo que se sea parte del mismo movimiento. Este número es una digresión y empalma mejor con el punto cuatro.
Lo dejaremos aquí por mera continuidad dialéctica pero piénsese que la izquierda, en general, pese a su cese laboral ha sido muy complaciente con Abraham Valencia a tal extremo que algunos izquierdistas decían pero ya que cada uno piense lo que quiera pero para qué exponerlo en Facebook sino creemos en Facebook y, sin embargo, usan Facebook para convocar cuanta actividad les pasa por la mente. Otros decían para que lo van a sepultar si todavía tiene futuro político, es un cuadro promisorio, etc. ¡Nauseas totales! y una buena muestra de cómo se ejerce y se piensa la política en este momento.
Además, llama la atención cómo no se ha dado mayor realce a lo sucedido respecto de Vero Ferrari pese a que, también hubo testimonios de terceros en contra suya. Lamentablemente, estos eran borrados casi de inmediato por quienes los creyeron falsos o calumniosos. Se supo que Nuevo Perú había convocado a las presuntas víctimas a fin de que manifiesten sus testimonios directos ante una comisión conformada ex profeso y bien ¿hasta cuándo harán públicos estos actos?
Reitero, es imposible que se tilde a tal o cual persona de una forma sin demostrar lo que se dice. El camino adecuado para resolver estos impasses es recurrir al Poder Judicial a fin de presentar una denuncia por difamación.
9.
Es claro que una de las pocas cartas decentes que aún emplea la izquierda «electorera» -con todo y sus vicios congénitos como su lineamiento estratégico que se dice es dependencia de ONGs u otros organismos internacionales, etc- es el tema del feminismo.
Sin embargo, la presencia de militantes de diversas asociaciones de izquierda en nada deslegitima a la marcha ni al colectivo. Tampoco, desacreditan los presupuestos de la marcha ni a la marcha misma, la presencia de «extremistas» o de feministas ciertamente violentas.
En todo grupo humano hay quienes no coinciden con un ejercicio sano de la razón pero ellos no pueden desprestigiar a un movimiento social salvo que sean la mayoría y, en este caso, no se cumple este presupuesto.
10.
Hay varios problemas en el país que son gravísimos y debemos denunciarlos e intentar detener la marea de impunidad, abusos y corrupción que arrastran aunque nos parezca imposible. La fetidez del medio político es una de ellas, acaso la principal. Lo peor es que cuando parece que ya no se puede caer más bajo resulta que siempre habrá un piso falso donde desbarrancarnos a fin de seguir siendo testigos del hundimiento de la política en general. Esperamos que el feminismo y la marcha Ni Una Menos no ceda ante el influjo de la pestilente política partidaria actual.
Actualidad
Profesor de Bellas Artes amenaza con querellar a sus colegas por difundir publicación periodística
Mauro Yrigoyen Fajardo, docente y esposo de la directora de Bellas Artes, ha amenazado con denunciar a profesores que compartieron una nota periodística que lo vincula a millonarios beneficios judiciales.
Una reciente publicación de Lima Gris titulada: “Directora y profesores de Bellas Artes tras más de 5 millones de soles por beneficios judiciales” ha reavivado tensiones dentro de la Universidad Nacional Autónoma de Bellas Artes del Perú (UNABAP). El informe periodístico revela que la actual directora general, Eva Dalila López Miranda, su esposo, el profesor Mauro Jacobo Yrigoyen Fajardo, y un grupo de docentes cercanos a la gestión, interpusieron demandas judiciales para obtener millonarios pagos por presuntos beneficios laborales, pese a que existirían fundamentos administrativos que cuestionan la legalidad de tales compensaciones.
Directora General de Bellas Artes, su esposo Mauro Yrigoyen y un grupo de docentes obtienen millonarios pagos, tras demandar a la institución donde laboran
Frente a la difusión de esta información —de acceso público y de interés institucional— el profesor Yrigoyen Fajardo ha optado por una respuesta que ha sido calificada por sus colegas como intimidatoria: ha amenazado con querellas por difamación a quienes compartan o comenten el contenido de la mencionada nota.
«Dejen de replicar una nota que la hace suya al publicarla y que no se ajusta a la verdad, o les haré una querella por difamación», se lee en el mensaje del docente Mauro Yrigoyen.
La advertencia se realizó en un grupo de WhatsApp denominado “DOCENTES_ENSABAP”, donde participan profesores de la casa de estudios. En dicho espacio, Yrigoyen Fajardo afirmó que las demandas iniciadas en 2014 por un grupo de 22 docentes —incluyéndose él mismo— fueron procesos ganados legalmente y que aún se encuentran en etapa de liquidación. También señaló que no se ha percibido monto alguno, y que el desembolso no le corresponde a la universidad bellasartina, sino al Ministerio de Educación y a la Procuraduría General del Estado. Además, alegó que se está atentando contra su honor por bajezas personales.
Actualidad
Directora y profesores de Bellas Artes tras más de 5 millones de soles por beneficios judiciales
La Directora General de Bellas Artes, su esposo Mauro Yrigoyen y un grupo de docentes obtuvieron millonarios pagos tras demandar a la institución donde laboran. A través de procesos judiciales, lograron beneficios que, en algunos casos, superan el medio millón de soles por persona. En total, los requerimientos económicos de este grupo ascienden a la millonaria suma de más de 5 millones de soles.
La actual directora general de la Universidad Nacional Autónoma de Bellas Artes del Perú (UNABAP), antes Escuela Nacional de Bellas Artes del Perú (ENSABAP), Eva Dalila López Miranda, su esposo Mauro Jacobo Yrigoyen Fajardo y un grupo de docentes allegados, han protagonizado una serie de demandas judiciales contra la institución. A través de estas acciones legales, han obtenido y buscan obtener millonarios pagos por supuestos beneficios laborales, pese a que existen fundamentos legales y administrativos que indicarían que tales compensaciones no les corresponden.
Una estrategia judicial
Desde hace varios años, un grupo de docentes vinculados a la Dirección ha instaurado una práctica sistemática de llevar al ámbito judicial diversos reclamos laborales. Esta tendencia, definida por trabajadores internos como el “modus operandi de judicializar todo”, ha resultado en múltiples juicios contra Bellas Artes, los cuales han permitido a los demandantes obtener beneficios económicos que en condiciones regulares serían improbables.
Mauro Yrigoyen, Eva López y Antonio Pimentel.
Entre los casos más llamativos se encuentra el uso de demandas judiciales para obtener grados académicos sin haber cumplido los requisitos establecidos por ley. En algunos expedientes, jueces han ordenado que se reconozca el grado de bachiller a docentes que solo contaban con un título profesional a nombre de la Nación, sin tesis ni el proceso universitario correspondiente. Es la primera vez que un juez dispone homologar un título profesional como equivalente al grado académico de bachiller sin sustentación de tesis.
Grado de Eva Dalila López Miranda (Directora General de Bellas Artes).
Grado de Mauro Jacobo Yrigoyen Fajardo (Esposo de la Directora General).
Grado de Herminio Andía Chávez (Director de Centro Pre Bellas Artes (Cepreba).
Demandas por beneficios millonarios
El patrón se repite en el terreno económico. Eva López Miranda, en su rol de directora general, junto con su esposo Mauro Yrigoyen Fajardo y otros colaboradores cercanos, han interpuesto demandas para exigir pagos por nivelación de sueldos, bonificaciones por preparación de clases y otros conceptos. Algunos de estos montos alcanzan cifras que superan el medio millón de soles por persona.
Esposo de la Directora General de Bellas Artes demandó a la escuela por nivelación de sueldos.
Por ejemplo:
Mauro Jacobo Yrigoyen Fajardo (esposo de la directora) ha solicitado el pago de S/ 484,519.74.
Herminio Andía Chávez, actual director del Centro Pre Bellas Artes (Cepreba), exige S/ 573,641.92.
Antonio Pimentel Nieto, exdirector de dicho centro, demanda S/ 326,068.74.
A esto se suma un juicio global por S/ 2’898,987.44 ya en etapa de ejecución.
En total, los requerimientos judiciales interpuestos por Mauro Yrigoyen Fajardo y este grupo ascenderían a aproximadamente S/ 5,374,502 (cinco millones trescientos setenta y cuatro mil quinientos dos soles), monto que representa una carga presupuestal que afectaría las arcas de la institución universitaria.
¿Les corresponde por ley?
La base legal a la que apelan estos docentes para justificar sus demandas es la Ley N.º 29944, Ley de Reforma Magisterial. En particular, argumentan tener derecho a beneficios señalados en el artículo 41° de dicha ley, como vacaciones, asignaciones, compensaciones por tiempo de servicio, subsidios por luto y otros.
Sin embargo, existe una omisión crucial: el artículo 4° de la misma norma establece como requisito indispensable para acceder a estos beneficios ser profesional de la educación, es decir, contar con título de profesor o licenciatura en educación, con calificaciones y competencias debidamente certificadas.
Al revisar la situación académica de los demandantes, se observa que muchos no cumplen con este requisito. Según información de SUNEDU, ni la directora Eva López Miranda, ni su esposo Mauro Yrigoyen, ni sus funcionarios cercanos como Herminio Andía Chávez y José Lino Ayala, cuentan con títulos pedagógicos que los acrediten como profesionales de la educación.
En consecuencia, su inclusión en el régimen de la Ley 29944 es jurídicamente cuestionable. De hecho, por no cumplir con los requisitos mínimos exigidos por ley, los beneficios reclamados no deberían ser reconocidos. Más aún, se sostiene que parte de lo ya cobrado podría haber sido obtenido de manera irregular y, por tanto, debería ser devuelto.
Reincorporados, no nuevos contratados
Otro punto crítico es el régimen laboral al que pertenecen estos docentes. Según la Ley N.º 26860 de 1997, que reorganiza la Escuela Nacional de Bellas Artes, el personal que ingresó a laborar después de su entrada en vigencia se sujeta al régimen laboral de la actividad privada. Sin embargo, los docentes demandantes no ingresaron como nuevos contratados, sino que fueron reincorporados o repuestos por orden judicial, lo cual implica que mantienen su régimen original: el del Decreto Legislativo N.º 276 (administrativo público).
Como se recuerda, el 27 de junio de 2012, una sentencia del Tribunal Constitucional declaró fundada la demanda de amparo presentada por Mauro Yrigoyen Fajardo y otros docentes, por despido arbitrario. En consecuencia, se ordenó a la Escuela Nacional de Bellas Artes la reposición de Eva Dalila López Miranda, Herminio Andía Chávez, Serafín López Fabián, José Lino Ayala, Juan Marcelino León Dextre y Martina Martínez Rodríguez. Este grupo de docentes ha mantenido una relación muy estrecha y “coordinada” desde entonces.
Sentencia del TC falló a favor de la “cofradía” de docentes bellasartinos.
Pese a ello, en sus demandas utilizan como argumento la Ley del Profesorado N.º 24029, que también requiere título profesional de profesor para pertenecer a la carrera pública. Una vez más, muchos de los demandantes no cumplen ese requisito básico, por lo que su inclusión en dicha carrera y los beneficios asociados también carecerían de sustento legal.
En busca de más millones
La controversia alcanzó un punto álgido con la Resolución N.º 33 del 28 de diciembre de 2023, emitida por el juzgado que atiende el pedido del Sr. Mauro Yrigoyen Fajardo. En dicha resolución, se autoriza el embargo en forma de retención de hasta S/ 2’898,987.44, ordenando que la Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú retenga fondos no ejecutados del presupuesto 2023 para cubrir el pago.
Resolución N° 33 que atiende pedido de Mauro Yrigoyen y se autoriza embargo.
Este hecho se torna aún más preocupante cuando se revela que el propio demandante conocía con anticipación el monto no ejecutado en el área de Recursos Humanos. Tal como consta en documentos oficiales, el presupuesto del área en 2023 fue de S/ 2’495,048, de los cuales solo se ejecutaron S/ 1’107,088, quedando S/ 1’387,960.46 sin usar.
Resolución 34 que se integra como parte de la Resolución 33.
El 28 de marzo de 2025, mediante la Resolución N.º 38, el juzgado aprobó las pericias de parte de los demandantes y otorgó un plazo de diez días para que Bellas Artes cumpla con abonar los siguientes montos:
Mauro Yrigoyen Fajardo (esposo de la directora López Miranda) : S/ 484,519.74
Cuadro de reintegro e intereses a favor de Mauro Yrigoyen Fajardo.
Serafín López Fabián: S/ 479,368.34
Cuadro de reintegro e intereses a favor de Serafín López Fabián.
Herminio Andía Chávez: S/ 573,641.92
Cuadro de reintegro e intereses a favor de Herminio Andía Chávez.
Antonio Pimentel Nieto: S/ 326,068.74
Cuadro de reintegro e intereses a favor de Antonio Pimentel Nieto.
Estas cifras no incluyen los S/ 611,919.88 ya cobrados entre 2011 y 2014 (según se indica, en promedio 27 mil soles por persona, (incluida la directora López Miranda), ni el juicio general de casi tres millones en ejecución.
Total estimado:
S/ 5,374,502 (cinco millones trescientos setenta y cuatro millones) en beneficios judiciales.
Resolución N.º 38 que ordena a Bellas Artes abonar cientos de miles de soles a los docentes demandantes.
¿De dónde saldrá el dinero?
El origen de los fondos para cubrir estos pagos ha generado alarma. Documentos judiciales demuestran que la Dirección de Planificación de Bellas Artes liderada por el señor Alfredo Ocrospoma proporcionó a la Secretaría General de la escuela mediante el FUT N.º 8643, información detallada sobre la ejecución presupuestal de los años 2016 al 2023. Esa data fue utilizada para identificar los saldos disponibles, los cuales están siendo comprometidos judicialmente para pagar los beneficios en litigio.
Por ejemplo, del presupuesto 2023 de S/ 2’495,048 asignado a Recursos Humanos, solo se ejecutó S/ 1’107,088, dejando disponible S/ 1´387,960.46; cantidad suficiente para cubrir lo solicitado judicialmente.
Una ejecución presupuestal en crisis
La ejecución presupuestal general de la institución también ha sido motivo de pronunciamiento por parte del Sindicato de Trabajadores Administrativos. En un comunicado fechado el 24 de junio de 2025, el gremio alerta que “la ejecución presupuestal se hace agua”.
Pronunciamiento del Sindicato de Trabajadores de Bellas Artes.
Según el portal del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Bellas Artes ha ejecutado apenas S/ 4´133,880 de un presupuesto total de S/ 14´687,497, es decir, menos del 30% a mitad de año.
El sindicato se pregunta con ironía si la razón detrás de esta baja ejecución es el deseo de reservar fondos para el cumplimiento de sentencias judiciales como las aquí descritas. Mientras tanto, los recursos que deberían invertirse en mejoras académicas, obras, equipos, atención estudiantil y otros fines prioritarios, siguen sin ejecutarse. ¿Será que no hay ejecución para luego pagar millonarios beneficios que están judicializados?
Un detalle importante, aquí la directora Eva López sería juez y parte, ya que ella dirige Bellas Artes, y al mismo tiempo impulsa procesos judiciales que la benefician directamente.
Eva López.
El caso de la UNABAP revela un patrón preocupante: el uso del aparato judicial para obtener beneficios económicos personales a costa del presupuesto público, incluso cuando existen fundamentos legales para cuestionar dichas demandas. La falta de títulos pedagógicos, el régimen laboral inaplicable, el conocimiento previo del presupuesto disponible y la sospechosa inejecución de fondos institucionales conforman un escenario que merece la atención de las autoridades fiscalizadoras.
Lima Gris intentó comunicarse vía telefónica con Mauro Yrigoyen Fajardo, su esposa Eva Dalila López Miranda, Antonio Pimentel Nieto, Herminio Andía Chávez, y Serafín López Fabián, para que brinden sus descargos respectivos, y se les dejó un mensaje en el chat del WhatsApp.
Hasta el cierre del informe la única funcionaria que respondió el mensaje fue la directora general Eva Dalila López Miranda; sin embargo, se abstuvo de responder las preguntas que se le formuló y únicamente indicó que todas las consultas le sean derivadas a la secretaria general de la UNABAP, Mabel Lizarzaburu Rodríguez, con quien luego de entablar comunicación se le formuló las preguntas correspondientes; sin embargo, tampoco respondió las mismas.
Mientras tanto, la universidad más importante de formación artística del país enfrenta una crisis financiera que afecta directamente su misión educativa. Finalmente, el Ministerio de Educación, hasta el cierre de este informe, tampoco se pronuncia oficialmente sobre este escandaloso caso.
Actualidad
El controvertido viaje de la alcaldesa de Barranco a Israel
Mientras Barranco afronta caos urbano y obras inconclusas, su alcaldesa Jessica Vargas hará una gira a Israel para asistir a la MUNI EXPO 2025. La agenda incluye visitas a zonas de conflicto, memoriales de ataques terroristas y encuentros políticos. Es decir, será parte de la campaña proisraelí.
El pasado 7 de julio, la Municipalidad Distrital de Barranco recibió una invitación del Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado de Israel dirigida a la alcaldesa Jessica Vargas Gómez, para participar en la MUNI EXPO 2025. El evento, organizado por la Federación de Autoridades Locales de Israel, se llevará a cabo entre el 12 y el 19 de julio en Jerusalén y Tel Aviv. La invitación fue canalizada por la Secretaría General a través de Jorge Luis Rey de Castro y remitida a la Gerencia Municipal para su evaluación.
Invitación a la alcaldesa de Barranco Jessica Vargas para viaje a Israel.
Desde el primer momento, el procedimiento burocrático siguió su curso. El gerente municipal, Manuel Milenco Espinoza Loarte, solicitó un dictamen legal a la Gerencia de Asesoría Jurídica, bajo la dirección de Jorge Aurelio Alferrano D’Onofrio, para determinar la procedencia del viaje. En su informe, Alferrano concluyó que el Consejo Municipal debía autorizar o rechazar la solicitud, dado que los costos del viaje (pasajes aéreos, alojamiento, alimentación, visitas técnicas, transporte interno y entrada al evento) serán asumidos por los organizadores, a excepción del seguro médico y de viaje.
Memorándum enviado por el Gerente Municipal al Gerente Legal de la MDB.
No obstante, en un matiz significativo, el asesor legal recomendó que, en caso de no obtener la autorización del Consejo, la alcaldesa podía optar por hacer uso de su descanso vacacional para asistir al evento, siempre que se dejara constancia oficial de la encargatura del despacho edil al teniente alcalde, Jaime Chihuán León.
Informe del Gerente Legal, que eleva autorización de viaje al Consejo Municipal.
¿Un viaje de “interés nacional”?
Más allá de los tecnicismos legales, el informe jurídico de Alferrano citó la Ley N° 27619, que regula los viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos. Esta norma establece, en su artículo 2°, que los viajes deben estar debidamente sustentados en un interés nacional o institucional. La pregunta inevitable es: ¿responde este viaje a una necesidad urgente del distrito o representa un genuino interés institucional? ¿O estamos frente a otro caso de turismo diplomático disfrazado de gestión pública?
Informe del abogado Alferrano señala que viaje obedece a un interés institucional.
La agenda oficial del evento deja dudas razonables. Incluye actividades con un marcado tinte político e incluso militar, como visitas a zonas afectadas por ataques con misiles iraníes, recorridos por kibutzim atacados por Hamás el 7 de octubre de 2023, y encuentros con sobrevivientes de estos eventos, como la fatídica Fiesta Nova.
Itinerario a seguir el 14 de julio en Israel.
También se contempla un diálogo con el periodista Henrique Cymerman, especialista en temas de Medio Oriente, y recorridos por lugares históricos y turísticos como el Monte Bental, la Galilea, el Mar de Galilea, Cesarea Marítima, y el Museo del Holocausto Yad Vashem.
Itinerario a seguir el 16 de julio en Israel.
Uno se pregunta: ¿qué beneficio directo o indirecto obtiene el distrito de Barranco de estas actividades geopolíticas? ¿De qué manera la visita a un sitio de conflicto bélico en el Mediterráneo oriental se traduce en mejoras para la congestión vial, la seguridad ciudadana, el ordenamiento urbano o la gestión ambiental de este pequeño distrito limeño?
Un distrito que espera soluciones
Mientras la alcaldesa prepara su maleta, Barranco sigue sumido en problemas urgentes y cotidianos. Las obras inconclusas en la avenida 28 de Julio y Alfonso Ugarte mantienen cerradas vías clave del distrito, generando congestionamiento vehicular, desvíos improvisados y el malestar creciente de los vecinos. Se han tenido que habilitar ambos sentidos en la avenida Grau como medida de emergencia, un reflejo claro del desorden urbano. La paciencia de los barranquinos se agota ante demoras sin explicación técnica clara ni cronogramas realistas de ejecución.
La sensación general es que la gestión edil prioriza el protocolo internacional por encima de las urgencias vecinales. En un contexto donde cada día de inacción pesa sobre la calidad de vida de los ciudadanos, la imagen de una alcaldesa ausente en una gira que difícilmente se traducirá en mejoras concretas para su distrito no es bien recibida.
Sesión extraordinaria y votos divididos Ante la solicitud de autorización del viaje, el Secretario General, Rey de Castro convocó a una sesión extraordinaria del Concejo Municipal, celebrada el miércoles 9 de julio por la mañana.
Secretario General Rey de Castro convocó a Sesión de Consejo para tratar autorización de viaje.
El resultado no fue unánime, pero bastó para aprobar la solicitud. Cuatro regidores votaron a favor del viaje: Juan Mariluz, Aldair Santa Cruz, Cristina Vásquez y Marcos Montes de Oca. Tres se pronunciaron en contra: Jaime Chihuán, Katia Tataje y Fiorella Muñoz. Resulta particularmente llamativo que dos de los votos en contra provinieran de regidores afines a la actual administración (Chihuán-Tataje), lo cual sugiere un posible desacuerdo interno.
Esta división política no es menor. Revela que, incluso entre los aliados, existe incomodidad sobre la forma en que se priorizan las actividades de la alcaldesa. Para muchos, el mensaje es claro: se está más interesado en las relaciones internacionales que en los vecinos de siempre.
¿Turismo disfrazado de gestión?
El itinerario de la alcaldesa Jessica Vargas en Israel refuerza la impresión de que el viaje tiene más de turismo que de gestión municipal. Desde cenas de bienvenida hasta visitas a sitios religiosos, memoriales del Holocausto, mercados y calles históricas, la agenda está salpicada de actividades de carácter más simbólico y cultural, que técnico o administrativo. Aunque se prevé la asistencia a la MUNI EXPO y algunas reuniones con autoridades israelíes, la proporción de actividades turísticas parece desproporcionada para un viaje que se ampara en el supuesto “interés institucional”.
El viernes 18 de julio, por ejemplo, la agenda incluye visitas al Monte Bental, un volcán en inactividad en el Golán; y a lugares cristianos en Galilea, como Capernaum, Tabgha y Yardenit en el Río Jordán, donde se realizan bautismos simbólicos. Un día después, la alcaldesa paseará por las ruinas de Cesarea Marítima, ciudad portuaria construida por el rey Herodes hace más de 2000 años. ¿Cuál es el valor técnico de esta experiencia para la administración de un distrito de 3 km² al sur de Lima?
El viernes 18 de julio la alcaldesa visitará el volcán Bental y el Río de Jordán.
¿Una nueva tendencia en la política local?
Este tipo de viajes internacionales no es un fenómeno aislado. En los últimos años, varios alcaldes y autoridades locales han aprovechado invitaciones diplomáticas para justificar desplazamientos al extranjero, muchas veces sin resultados tangibles. La ciudadanía empieza a ver con escepticismo estos periplos, que suelen coincidir con periodos de crisis interna o baja aprobación política.
Alcaldesa Jessica Vargas viajó en marzo de 2024 a Punta Cana con invitación falsa.
En el plano nacional, es inevitable recordar el caso de la presidenta Dina Boluarte, cuyas prioridades personales —como cirugías estéticas, viajes oficiales y aumentos de sueldo— han sido objeto de crítica por parte de la opinión pública, mientras el país enfrenta problemas estructurales profundos. ¿Está ocurriendo lo mismo en la escala distrital? ¿Se está replicando esta lógica—al estilo Boluarte—de desconexión entre la agenda del poder y las necesidades del pueblo?
La alcaldesa de Barranco, Jessica Vargas Gómez, viajará a Israel con la venia del Concejo Municipal. Sin embargo, su decisión revela una preocupante desconexión con la realidad de su distrito. El contexto no acompaña: grúas implacables que aún operan pese a la ilegalidad de sus operaciones; calles colapsadas, obras sin terminar y vecinos molestos por la falta de respuestas concretas. Mientras tanto, se opta por asistir a un evento en el extranjero cuyo impacto en la gestión local es, como mínimo, cuestionable.
En una época donde se demanda austeridad, eficacia y transparencia, la autoridad edil parece seguir una ruta contraria. La interrogante sigue en el aire: ¿estamos ante un viaje institucional o ante un sofisticado periplo turístico financiado en parte por terceros, pero legitimado por la estructura del Estado?
Actualidad
Pataz se levanta: Rondas campesinas inician paro indefinido y bloquearán vías clave
Anunciaron que el paro será indefinido. Exigen al Gobierno central atención urgente a sus demandas.
En un acto de protesta contundente, las Rondas Campesinas de la provincia de Pataz, en la región La Libertad, han anunciado e iniciado un paro indefinido que incluye el bloqueo de puentes estratégicos y aeródromos usados por empresas mineras. La medida fue formalizada mediante un comunicado firmado por la Central Única de Rondas Campesinas de Pataz, con el respaldo de sus principales dirigentes.
El paro, según el documento difundido este martes, surge como respuesta a lo que consideran una sistemática exclusión de los pequeños mineros del proceso de formalización, así como una política estatal que favorece abiertamente a las grandes compañías mineras en desmedro de las comunidades locales.
Entre los puntos de bloqueo mencionados se encuentran el Puente Mamahuaje, Puente Antonio Raimondi, Puente Calemar y Puente Marcos. Asimismo, las Rondas de los distritos de Pías y Huayo han anunciado que tomarán control de los aeródromos utilizados por las empresas mineras, interrumpiendo así el tránsito aéreo relacionado con estas actividades.
“Alertamos a la población a abastecerse de alimentos y medicinas, pues no habrá paso para vehículos de carga de las empresas mineras”, advierte el comunicado, dejando entrever la magnitud de la paralización.
Exigencias al Estado
Las Rondas Campesinas exigen al gobierno central y al Congreso de la República la atención urgente de tres demandas concretas:
- La exclusión arbitraria de pequeños mineros en el proceso de formalización. Exigen que se revise y corrija lo que consideran una marginación injusta, que deja fuera a gran parte de quienes dependen de esta actividad para sobrevivir.
- La aprobación de una ley que beneficie a la mayoría de pequeños mineros del país, garantizando su derecho al trabajo frente a la hegemonía de la gran minería y la minería transnacional.
- El derecho al trabajo digno para las familias de la provincia de Pataz, que actualmente se ven perjudicadas por decisiones centralistas y políticas que no consideran la realidad local.
Con el lema “¡Basta de saqueo y mentiras!”, las Rondas han declarado que no cederán hasta obtener respuestas. “Si no hay solución, no habrá producción minera en Pataz”, enfatiza el comunicado. Se trata, según sus palabras, de una lucha justa y legítima en defensa de la dignidad de la provincia.
Un paro con raíces sociales y económicas
La provincia de Pataz ha sido históricamente una zona de intensa actividad minera, tanto formal como informal. Sin embargo, el proceso de formalización iniciado por el Estado en los últimos años ha dejado fuera a decenas de pequeños productores, que ahora enfrentan criminalización y pérdida de sustento. Para muchos de ellos, la minería artesanal es su única fuente de ingreso.
La Central Única de Rondas Campesinas denuncia que, mientras las grandes corporaciones continúan explotando los recursos con protección estatal, los pequeños mineros son acosados, perseguidos y privados de sus derechos. En ese contexto, el paro representa no solo una protesta económica, sino también una reivindicación social frente a lo que consideran un modelo extractivista excluyente.
La medida ha generado expectativa y preocupación en toda la región, especialmente por el posible impacto en el abastecimiento de bienes y en la operatividad de las empresas mineras, muchas de las cuales podrían paralizar su producción debido a los bloqueos logísticos.
Desde Lima, hasta el momento, no ha habido un pronunciamiento oficial por parte del Ministerio de Energía y Minas ni de la Presidencia del Consejo de Ministros, a pesar de la advertencia explícita de que el paro será indefinido.
El comunicado concluye con una promesa firme: “Defenderemos nuestro derecho al trabajo amparado en la Constitución”. Las Rondas Campesinas, organizadas y determinadas, han dejado claro que no abandonarán su lucha hasta lograr una respuesta estatal concreta y satisfactoria.
Actualidad
Condenaron a 20 años de prisión a integrantes de ‘Los injertos del Tren de Aragua’
Proxenetas venezolanos pensaron que en el país la impunidad aún manda.
Creyeron que en el Perú todo se podía hacer sin consecuencias. Pero no fue así. Cuatro integrantes de la banda criminal venezolana ‘Los injertos del Tren de Aragua’ fueron condenados a 20 años de prisión por el delito de explotación sexual de 10 mujeres extranjeras en el distrito limeño de San Martín de Porres.
Tony Suárez (22), María Griman (27), Izmaury Galindo (26) y Yohan Pedra (34) deberán además pagar, de forma solidaria, una reparación civil de S/ 20 000 a favor de las víctimas, según informó la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Trata de Personas de Lima Norte.
La investigación reveló que las mujeres habían sido engañadas con la promesa de trabajo en Chile. Pero al llegar a Lima, se les informó que no podían continuar su viaje. Allí comenzó la pesadilla: fueron retenidas y obligadas a ejercer la prostitución, bajo amenazas de muerte.
Ante la gravedad de los hechos y tras recibir pedidos de auxilio, las autoridades lograron ubicar el 3 de septiembre de 2022 un inmueble en la urbanización Fiori, en Lima norte, donde operaba esta red criminal. Allí fueron detenidos los delincuentes venezolanos y se rescató a las víctimas.
La fiscal Luisa Inés Quispe Asmat presentó pruebas contundentes en el juicio: peritajes psicológicos, testimonios, actas de intervención, informes policiales y documentos incautados. Todo confirmó el accionar violento y sistemático del grupo criminal.
Este caso deja una lección clara: el Perú no es tierra sin ley, y quienes llegan del extranjero a delinquir creyendo que no habrá castigo, se equivocan. La justicia puede tardar, pero llega. Y en este caso, fue firme contra quienes buscaron lucrar con el sufrimiento humano.
Actualidad
Más de 140 mil escolares se benefician con mejoras en 168 colegios
El Ministerio de Educación invierte más de 14 millones de soles para garantizar ambientes seguros y adecuados para el aprendizaje.
El Ministerio de Educación (Minedu) ha destinado más de S/14 millones para mejorar las condiciones de 168 colegios públicos en 31 distritos de Lima Metropolitana, beneficiando directamente a casi 140 mil escolares. Esta intervención incluye desde reparaciones estructurales hasta la entrega de mobiliario escolar, con el objetivo de asegurar entornos seguros y funcionales para estudiantes y docentes.
Las obras se vienen realizando de forma progresiva durante todo el año y contemplan la instalación de mallas raschell contra la radiación solar, renovación de carpetas, sillas y mesas, mantenimiento de estructuras metálicas, y acondicionamiento de puertas, ventanas y otros ambientes. Ante las lluvias persistentes, se ha priorizado la atención en los distritos más afectados, como San Juan de Miraflores y Villa María del Triunfo. En estos sectores ya se trabaja en instituciones como Sol de Los Milagros, Juan Guerrero Quimper, José Olaya Balandra y Bartolomé Mitre.
La intervención se ha dividido en cuatro etapas. Las dos primeras, desarrolladas entre marzo y mayo, beneficiaron a más de 57 mil estudiantes en 61 colegios con una inversión de S/4.5 millones. Actualmente, se ejecuta una tercera fase en 51 instituciones, con S/4.7 millones destinados para mejorar la educación de más de 40 mil escolares. A partir del 7 de julio, arranca una cuarta etapa que atenderá a 56 colegios adicionales, con una inversión similar y más de 41 mil beneficiarios.
Estas acciones del Minedu se respaldan en las leyes 32272 y 32260, que permiten intervenciones inmediatas y financiamiento directo en instituciones educativas públicas afectadas por daños estructurales o emergencias climáticas.
Los colegios intervenidos están ubicados en distritos como Villa El Salvador, San Juan de Lurigancho, El Agustino, Lurín, Ate, Los Olivos, Comas, Chorrillos, Ventanilla, entre otros, abarcando un amplio sector de Lima Metropolitana.
Actualidad
Mineros informales bloquean siete carreteras tras ser excluidos del REINFO
La exclusión de más de 50 mil mineros del REINFO expone el fracaso de una política de formalización que nunca llegó a los territorios.
Las tensiones en el sector minero estallaron este lunes 7 de julio, luego de que el Gobierno excluyera a más de 50.000 mineros de la pequeña minería y minería artesanal del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO). La medida ha desencadenado bloqueos en al menos siete vías nacionales, interrumpiendo el tránsito en regiones clave como La Libertad, Arequipa, Cusco e Ica.
El ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, señaló que solo 31.500 mineros han cumplido parcialmente con los requisitos del REINFO y deberán completar cinco etapas adicionales antes de diciembre de 2025. Estas incluyen la formalización laboral, acuerdos de acceso a superficie, firma de contratos con los titulares de concesiones y la incorporación al nuevo Fondo Minero, un mecanismo diseñado para canalizar recursos hacia el desarrollo sostenible del sector.
Por su parte, la presidenta Dina Boluarte justificó la exclusión afirmando que cerca de 45.000 mineros llevaban más de cuatro años sin avanzar en su formalización, a pesar de una prórroga otorgada desde noviembre de 2024. Además, se identificaron 1.500 casos de uso irregular de permisos, incluyendo su alquiler o tercerización en zonas ya concesionadas, lo que habría generado conflictos legales y sociales.
Siete carreteras bloqueadas
De acuerdo con el último reporte de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran), todas las interrupciones en vías nacionales están vinculadas directamente a protestas por parte de mineros informales y pequeños productores. El monitoreo realizado en coordinación con la Policía Nacional, Defensa Civil y concesionarias viales muestra las siguientes rutas afectadas:
Trujillo – Agallpampa – Quiruvilca (km 121), La Libertad: interrumpida por huelga de mineros.
Longitudinal de la Costa Sur (km 443), Ica, Nasca: bloqueada por protesta de la Confederación Nacional de Pequeña Minería.
Mara – Velille (km 37+600), Cusco, Chumbivilcas: vía cerrada por manifestación de mineros artesanales.
Mara – Velille (km 121), Cusco, Chamaca: nuevo punto de bloqueo reportado por la misma confederación.
Costa Sur (km 619), Arequipa, Chala: interrupción por movilización de pequeños mineros.
Costa Sur (km 782), Arequipa, Camaná: manifestación de pobladores vinculados a la minería informal.
Sierra Norte (km 129+500), La Libertad, Quiruvilca: protesta de mineros artesanales.
La situación genera serias afectaciones al transporte de carga, alimentos y personas, además de evidenciar un problema estructural no resuelto: la informalidad minera y la incapacidad del Estado para implementar una política de formalización efectiva y sostenida en el tiempo.
Desde el Gobierno, el mensaje es claro: quienes no cumplan con los pasos establecidos quedarán fuera del proceso. Sin embargo, la falta de acompañamiento técnico, la demora institucional y la débil presencia estatal en zonas mineras explican en parte el fracaso de la formalización. Hoy, esa deuda estalla en las carreteras.
Actualidad
Miguel Ángel Requejo: una ‘tentativa de homicidio’ que exige justicia
La jueza Kharla Orellana Sánchez dictó nueve meses de prisión preventiva contra Miguel Ángel Requejo, acusado de embestir con su camioneta en el restaurante ‘El Charrúa’.
En un país donde la impunidad muchas veces se confunde con indulgencia, el Poder Judicial ha ordenado nueve meses de prisión preventiva contra Miguel Ángel Requejo Astochado, el sujeto imputado por tentativa de homicidio calificado, omisión de socorro y otros cargos, tras haber embestido con su vehículo el restaurante «El Charrúa», en La Molina. Este hecho, que dejó cuatro heridos y cuantiosos daños materiales, pudo haber terminado en una tragedia de dimensiones mayores.
La noche del miércoles 2 de julio, Requejo Astochado —según la acusación fiscal— condujo y estrelló su automóvil directamente contra el establecimiento gastronómico, poniendo en grave riesgo la vida de comensales y trabajadores. Entre los lesionados figuran Augusto Fernando Ramengui Quintanilla, Mario Rodolfo Barbacci Quintanilla, Aníbal Aliaga Masías y Dante Ricardo Consiglieri Chávez. Más allá del impacto físico y económico, lo ocurrido revela una profunda irresponsabilidad criminal que hoy intenta disfrazarse de arrepentimiento.
Durante la audiencia, la fiscal Karen Rosario Cueva Quispe fue categórica: el acusado no solo huyó de la escena sin brindar auxilio a los heridos —lo cual evidencia su desprecio por la vida ajena— sino que además tiene antecedentes por lesiones dolosas. A pesar de autodenominarse empresario, no presentó prueba alguna de arraigo laboral. ¿Cómo confiar entonces en que no intentará fugar del país?
Lo más llamativo, sin embargo, fue el cambio de actitud del imputado al escuchar la decisión de la jueza Kharla Orellana Sánchez, quien finalmente acogió el pedido fiscal, dictando 9 meses de prisión de preventiva y dispuso su reclusión hasta abril de 2026. En ese momento, el acusado rompió en llanto y pidió perdón entre balbuceos, apelando a la conmiseración con frases como «El restaurante es como mi casa» o “no sé qué pasó, perdí mis lentes”.
Profesor de Bellas Artes amenaza con querellar a sus colegas por difundir publicación periodística
El Datazo: Gravísima alarma en ESSALUD por el voluminoso historial de investigaciones que realiza la Fiscalía
De ‘Qali Warma’ a ‘Desayuno en mi Cole’: Midis cambia de nombre, pero la problemática continúa
Ministerio de Cultura en Cajamarca autoriza destrucción de ‘muro Inca’ para construcción de puente
El Picaflor del Perú profundo
MINCUL: La cuestionada designación del CAS de Karla Alarcón
La historia detrás de los mensajes de WhatsApp enviados al ministro de Cultura
Ninoska Chandía renunció a la presidencia ejecutiva del IRTP
Cecilia Cebreros, esposa de César Azabache, le cerró la puerta a fiscal Patricia Benavides
Ruraq Maki: conflicto y malas artes
Patrimonios arqueológicos olvidados [VIDEO]
Entrevista: Giovanna Gutierrez, entre la docencia universitaria y la literatura [VIDEO]
Sujeto embiste su camioneta en conocido restaurante porque local lo había expulsado debido a que se encontraba presuntamente bajo los signos del alcohol [VIDEO]
Entrevista: Luis Castellanos nos habla sobre su infancia, su paso por Bellas Artes y su exposición por sus 30 años de trayectoria [VIDEO]
Porky en su laberinto: entre trenes viejos y los 200 millones de dólares que se pagará a Rutas de Lima
-
Política5 años agoLas licencias de Benavides [VIDEO]
-
Política5 años agoLa universidad fantasma de Benavides
-
Actualidad5 años agoRichard Swing: «Con esta conferencia he dado un gran aporte a nuestra institución y a la humanidad»
-
General5 años agoDan ultimátum de 48 horas al presidente Sagasti para derogar Decreto que atenta nuestra Soberanía Nacional
-
Política4 años agoAltos oficiales de FF.AA a través de comunicado exigen la salida de Jorge Luis Salas Arenas
-
Actualidad2 años agoCarlos Alcántara: «Crees que voy a pretender hacer una película como Tarantino. Hay que ser huev… para pensar que voy a querer algo así»
-
Cultura5 años agoMINISTERIO DE CULTURA PAGÓ 175 MIL SOLES AL CANTANTE RICHARD SWING
-
Cultura4 años ago«Es que somos muy pobres», por Juan Rulfo