Era el año 2011 y la entonces congresista Hilaria Supa Huamán sustentó el proyecto de ley para la creación de la primera universidad pública en el distrito más poblado del Perú, San Juan de Lurigancho (SJL), siendo aprobada por la Comisión Permanente del Congreso, y posteriormente promulgada por el ex presidente Alan García Pérez el 28 de enero del mismo año; sin embargo, la construcción de la tan ansiada universidad pública tenía un gran inconveniente: no tenía terreno factible.

La Ley 29659 indicaba que la nueva casa de estudios iba a ser edificada sobre la base de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), la cual se encuentra situada en el kilómetro 10.5 de la avenida Wiesse, donde funciona el Centro Preuniversitario de la San Marcos, y cuyo terreno consta de 40 mil metros cuadrados. Como se puede entender dicha Ley vulneraba el principio de autonomía universitaria, y es así que la UNMSM no cedió el terreno hasta esta fecha.

Doce años después, ante ese gran inconveniente que impedía el funcionamiento de la Universidad Nacional Tecnológica de San Juan de Lurigancho (UNTSJL), el Pleno del Congreso aprobó por unanimidad las modificatorias de la Ley 29659, (Proyectos de ley 3716, 4298 y 4590) para que de esta manera se corrija el error.

Esas modificaciones permitieron retirar la referencia de que la UNTSJL sea creada sobre la base del inmueble de la UNMSM, respetando ahora sí la Ley 30220, Ley de Universitaria.

El dictamen en referencia fue sustentado por los presidentes de las comisiones de Educación, Juventud y Deporte, y de Presupuesto y Cuenta General de la República, José Balcázar (PB) y José Jerí (SP), respectivamente, quienes presentaron un formula sustitutoria en consenso.

Balcázar Zelada explicó que la universidad, en el artículo uno de la propuesta, se crea como persona jurídica de derecho público interno, con sede en el distrito de San Juan de Lurigancho, provincia y departamento de Lima, la misma que constituye un pliego presupuestario.

Además, la iniciativa ha previsto la transferencia a la Universidad Nacional Tecnológica de San Juan de Lurigancho, en calidad de dominio, del terreno ubicado en el lote 3, etapa segunda, grupo cuatro, del pueblo joven Cruz de Motupe del distrito San Juan de Lurigancho, departamento de Lima; con partida N.° PO2017464 del Registro de Predios de Lima.

Jerí Oré consideró que es justa la creación del pliego presupuestario para la universidad de SJL y puso en relieve el rol propositivo de los integrantes de la Comisión de Presupuesto.

Para ello, dijo, se hizo una mesa de coordinación con el superintendente de Bienes Estatales, el alcalde de San Juan de Lurigancho, Jesús Maldonado; el coordinador de la universidad creada y la participación activa de los legisladores José Luna Gálvez (Podemos Perú), Margot Palacios (Perú Libre) autora de uno de los proyectos modificatorios, entre otros parlamentarios.

La iniciativa fue exonerada, por unanimidad, del trámite de segunda votación, por lo que quedó expedita para ser enviada al Poder Ejecutivo para su eventual promulgación.

Le han dado el visto bueno. El titular del Ministerio del Interior (Mininter), Vicente Romero, tras sostener una reunión con los alcaldes distritales de Lima, sostuvo que todos se muestran de acuerdo con la creación de la Policía de Orden y Seguridad, la cual consiste en un proyecto para combatir la inseguridad ciudadana.

Ante esta acción, el titular del Mininter aseguró que todos los burgomaestres han aceptado esta nueva idea, ya que todos están cansados del alto índice de criminalidad que viene perjudicando a la sociedad. En ese contexto, Romero reiteró que existe una necesidad urgente de contar con más policías en las calles ante el incremento de la violencia.

Por ello, afirmó que espera que esta semana se pueda tener noticias sobre el proyecto de ley que plantea la conformación de una nueva categoría en la Policía.

“En realidad, nosotros ya cumplimos con entregar (el proyecto de ley) al Congreso para que lo puedan debatir. Esperamos que esta semana tengamos noticias al respecto. Hay una necesidad urgente de tener más policías en las calles”, subrayó.

Según las declaraciones del general Óscar Arriola para RPP, las funciones que esta nueva categoría debe cumplir son:

• Realizar labores de vigilancia y seguridad en áreas designadas.
• Auxilio y protección inmediata a los ciudadanos.
• Brindar la primera atención a las víctimas de delito, falta o accidentes.
• Orientar al ciudadano en caso requiera de ayuda.
• Efectuar detenciones a vehículos sospechosos.
• Ayudar en el tránsito para evitar la congestión de vías.
• Apoyar al agente PNP en tareas en su zona de servicio.
• Asimismo, podrá hacer uso de armas de fuego y detención, como cualquier otro agente.

Cabe recalcar que los ciudadanos que han pasado por la Escuela de Oficiales o Suboficiales de la PNP, así como los licenciados de las Fuerzas Armadas, pueden acceder a esta nueva categoría luego de completar una preparación de 6 meses.

Por otro lado, las personas mayores de 18 años sin formación previa en las Fuerzas Armadas o las escuelas de la PNP, deberán someterse a un proceso de capacitación de un año.

Además, se requiere que los interesados gocen de una buena salud, dado que esta profesión conlleva riesgos, y también deben superar exámenes psicotécnicos como parte del proceso de selección.

Xiomara, Aramir, Fabrizzio y Gabriela son cuatro jóvenes de la Toulouse Lautrec y sonamantes de los animales, y como parte de un proyecto han creado una página de Instagram de nombre ‘Paw Protectors’ en donde publican casos de animalitos rescatados, así como las leyes vigentes relacionadas a su defensa, y consejos si uno se encuentra con un caso de maltrato animal.

En colaboración con el albergue temporal ‘Misi Miau’ estos chicos que fluctúan entre los 17 a 21 años se encargan de darle una segunda oportunidad a los animalitos callejeros o que han sido abandonados por sus anteriores dueños, ofreciéndoles un lugar cálido, alimentación y cuidados.

Lima Gris conversó con Xiomara, una de las integrantes, comentándonos que tratan de realizar diversas actividades para solventar los gastos, como la venta de galletas o rifas solidarias, sin embargo, eso no es suficiente para los diversos tratamientos.

Ella nos contó que en la actualidad el albergue temporal cuenta con más de 70 animales rescatados y ya está llegando a su límite, es por ello que aparte de las actividades que vienen realizando los cuatros, por redes sociales, también buscan la colaboración de personas caritativas que se sumen a su proyecto, sea por Yape, transferencias bancarias, o con medicinas o alimentos.

“En lo personal me gustan muchísimo los animales, en casa tengo 7 gatitos y 3 perros, y aparte doy de comer a los animalitos de la calle; y a mis compañeros les gusta también los animalitos. En clase nos pidieron elegir una problemática que sea apto para nosotros en poder solucionarlo y que nos llame la atención. A los cuatro nos gustan los animales y creemos que ayudarlos era más para nuestro alcance, entonces decidimos elegir esta problemática, y ya más adelanto fuimos viendo las formas en concientizar a las personas en que el maltrato no es solo golpes sino también es psicológico, como por ejemplo cuando el dueño de la mascota le grita constantemente, tenerlo encerrado mucho tiempo o no alimentarlo bien. Por medio de nuestra página de Instagram queremos hacerle saber eso a las personas, brindamos información sobre las leyes existentes que protegen a los animales, o las vías para poder denunciar cualquier tipo de maltrato”, nos comentó Xiomara, la más joven del grupo.

El albergue temporal ‘Misi Miau’ se ubica frente a StarBucks Coffee de la avenida Mariscal Castilla cruce con la avenida Castellana – Surco, a 6 cuadras del Ovalo Higuereta, y su administradora es Consuelo Garrido.

Todas las cuentas están a nombre de la administradora del albergue. Los cuatro jóvenes les estarán muy agradecidos.

•           Yape: 995 090 085

•           BCP: 19105406127033

•           Código interbancario: 00219110540612703352

De vuelta al ‘ring’. El congresista de la bancada del Bloque Magisterial, Pasión Dávila, retomó sus actividades en el Congreso tras golpear a Juan Burgos y aseguró que esta agresión a su colega parlamentario fue “una acción, de repente, simbólica”, pero que no volverá a repetirse.

El parlamentario, quien fue suspendido 120 días por golpear a su colega Juan Burgos durante la sesión plenaria del pasado 11 de diciembre, retornó a sus actividades en el Congreso de la República.

En declaraciones para RPP, indicó que toda acción negativa tiene consecuencias. Además, aseguró que no volvería a agredir a otro congresista. Sin embargo, afirmó que su accionar, de repente, fue simbólica.

“Más que arrepentimiento, hay una reflexión. En este caso, toda acción negativa hay que reconocerla como corresponde y que sirva de reflexión (…) Jamás en la vida va a pasar eso (sobre volver a golpear a un colega). Soy un educador. Somos personas que dialogamos. Fue una acción, de repente, simbólica“, afirmó.

Al ser consultado sobre si fue justa la suspensión de 120 días, aseguró que nunca se arrepintió y que asumió con responsabilidad la decisión de sus colegas. “Nunca me arrepentí. Asumí con responsabilidad los 120 días. Nunca pise el Parlamento los 120 días. Hay que respetar las normas y las acciones como corresponden. Eso se llama disciplina”, enfatizó.

Pasión Dávila justifica agresión hacia su colega

Al ser consultado sobre por qué aseguró que el golpe al congresista Juan Burgos fue una acción simbólica, indicó que lo hizo porque se sintió maltratado.

“Todos los días hay golpes en el Parlamento. Todos los días hay maltratos y ahí están las consecuencias. Eso no debe existir, Debemos respetarnos en todos los niveles. ¿Quién ha juzgado lo que dijo? ¿Alguien dijo eso? Nadie. O sea, ¿fui loco para agredir a alguien? Y eso también hay que igualar. Hay que ser igualitario. ¿Saben ustedes lo que me dijo? Me dijo terrorista, violentista, incapaz. ¿Eso lo vamos a soportar? No, pues” argumentó.

Por último, afirmó que -hasta el momento- no se ha reunido con Burgos, pero espera hacerlo en los próximos días. “Hasta ahorita no conversamos y espero estos días conversar”, finalizó.

Ahora las ‘mochadas’ serían ellas. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) admitió a trámite los cuatro informes de calificación de las denuncias presentadas en contra de las parlamentarias Rosío Torres, Katy Ugarte, Magaly Ruiz y María Acuña por el presunto delito de concusión.

Por unanimidad la SAC aprobó las cuatro denuncias constitucionales contra las congresistas acusadas por el presunto recorte de sueldos a sus trabajadores.

Los cuatro informes de calificación contra las parlamentarias Rosio Torres, Katy Ugarte, Magaly Ruiz y María Acuña fueron admitidos a trámite, a fin de que sean elevados a la Comisión Permanente.

Estas denuncias fueron presentadas por ciudadanos y ante ello un congresista debía tomar el cargo para formular el pedido. De eso se encargó la congresista Kira Alcarraz como delegada.

En el caso de Rosio Torres (APP) fueron 18 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones en el informe de calificación 361 y 370. Por Katy Ugarte fueron 19 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones en relaciones al informe de calificación 362.

En el caso de Magaly Ruiz (APP) fueron 19 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones en relación con el informe de calificación 363.

Por último, respecto al informe de calificación 364, con respecto a María Acuña (APP), se logró 19 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

Asimismo, durante la sesión de la Subcomisión se acordó que el congresista Juan Carlos Lizarzaburu sea el delegado de la denuncia constitucional contra la congresista Heidy Juárez.

¡Que se vayan todas!

Por otra parte, la empresa Ipsos Perú elaboró un estudio para el diario Perú 21 para conocer la opinión de la población de las ‘mocha sueldos’. Cerca del 75% de sus encuestados es de la idea de que las parlamentarias mencionadas deberían ser desaforadas de sus curules y que se dicte prisión contra ellas porque cometieron un delito que, en este caso, sería el de concusión.

En el desglose de esta cifra, el 80% de Lima Metropolitana rechaza la práctica de las congresistas Cordero, Ugarte, Torres, Acuña, Ruíz y Juárez. En tanto, el 73% del interior del país tiene similar postura frente a este escándalo.

Por su parte, el 19% considera que solo deben ser desaforadas o expulsadas del Legislativo. En tanto, el 3% menciona que deberían recibir una suspensión y continuar en sus escaños. Finalmente, el 3% no cuenta con una opinión formada del último cuestionamiento del Parlamento que no hace más que perjudicar la deteriorada imagen de este poder del Estado ante la opinión pública.

Proyecto de Ley con controversias y distintas aristas, pero que podría beneficiar a miles de estudiantes de bajos recursos; sin embargo, el precio sería una reducción de la calidad educativa. La congresista de Renovación Popular, Noelia Herrera, a través de un cambio en la Ley N° 30220 Ley Universitaria, pretende que los estudiantes de institutos superiores puedan convalidar sus estudios en universidades públicas.

Entre las funciones de la SUNEDU, se pretende señalar que esta pueda “establecer los criterios técnicos para la convalidación de planes de estudios de institutos superiores públicos licenciados a fin de convalidarlos en una universidad pública licenciada”. Esto con el fin de que los estudiantes puedan obtener el grado de bachiller y posteriormente ostentar un título profesional, siempre y cuando cumpla con las exigencias de la institución.

En total son cuatro artículos que se pretender cambiar. El 57.11 señalaría que son las Asambleas Universitarias las que evalúan y aprueban los planes de estudios de los institutos. Asimismo, se permiten convenios entre las instituciones para “la determinación de la correspondencia de los sílabos, de los créditos obtenidos y convalidados para continuar los estudios superiores”.

Asimismo, queda en manos de las universidades determinar el número de vacantes que deben simbolizar al menos el 5% de plazas existentes. “Los postulantes se sujetan a una evaluación individual, a la convalidación de los estudios realizados en atención a la correspondencia de los sílabos, a la existencia de vacantes y a los demás requisitos que establece cada universidad”, se lee en los planteamientos.

La autora del proyecto de ley señala que la población económicamente activa no creció significativamente en el 2021, siendo “uno de los factores la falta de formación técnica y profesional, lo que provoca la carencia de mano de obra calificada”. Asimismo, lamenta que “el acceso a la educación está condicionada a la economía del estudiante”. Por ello promueve que el Estado permita la convalidación de estudios de quienes tuvieron acceso a una educación técnica.

“Actualmente la formación obtenida a los egresados de institutos superiores no les beneficia cuando quieren seguir estudios universitarios; pues están en las mismas condiciones que los postulantes que recién egresan de educación secundaria y no tiene formación técnica o que ya laboran en actividades semejantes a las que desean ingresar en la universidad”, se lee en el texto presentado la semana pasada.

De aprobarse la medida, la autora considera que logrará en avanzar en objetivos del Estado como eliminar las brechas de calidad entre la educación pública y privada, mejorar la calidad de la educación superior pública, universitaria y no universitaria, así como la educación técnica adecuada a nuestra realidad, crear mecanismos de certificación que aumenten las exigencias para la institucionalización de la educación y promover la educación entre jóvenes y adultos.

Más candados para la seguridad de sus datos personales. El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) informa que, desde hoy, viernes 31 de marzo, entra en vigencia el uso obligatorio de la contraseña única, como mecanismo adicional de seguridad, para validar la identidad de los abonados en la contratación de una línea adicional, reposición de chip o cambio de titularidad del servicio móvil.

Lo que busca esa medida es evitar fraudes vinculados al servicio móvil, como la suplantación de identidad y las contrataciones no solicitadas. Solo en el año 2022 las empresas operadoras registraron más de 10 mil cuestionamientos de titularidad de servicios móviles. De este total, Entel (4472) y Claro (4379) reportaron el mayor número de cuestionamientos de titularidad, seguidas de Bitel (940) y Movistar (332).

Durante ese mismo año, las cuatro empresas operadoras más grandes también registraron 77 597 reclamos de abonados por la contratación no solicitada del servicio móvil. En Movistar se presentó la mayor cantidad: 61 126 reclamos. Luego, se ubicaron Claro con 8214 reclamos, Entel con 7374 y Bitel con 883.

Según lo dispuesto por el OSIPTEL, las empresas operadoras del servicio móvil, desde el 12 de junio de 2022, están obligadas a entregar la contraseña única e informar sobre su uso a sus abonados; y desde el 31 de marzo de 2023, su uso es obligatorio en tres trámites: contratación de una línea móvil adicional, reposición de chip móvil o cambio de titularidad del servicio móvil. Además, los usuarios pueden personalizar esta clave.

Esta contraseña única no reemplaza a la verificación biométrica de huella dactilar, sino que es un mecanismo adicional de seguridad (un candado más) para validar la identidad de los abonados en los trámites anteriormente mencionados.

Seis datos importantes sobre la contraseña única

1.         La entrega de la contraseña debe realizarse al momento de la contratación del servicio o en cualquier otro en el que la identidad del abonado sea validada a través del sistema de verificación biométrica, en sus oficinas o centros de atención, así como puntos de venta habilitados para trámites en provincias y a través de otros mecanismos aprobados por el regulador.

2.         Para generar la contraseña única, la operadora puede enviar un enlace al correo electrónico que el abonado previamente indicó, o un mensaje de texto (SMS), entre otros. En caso no cuenten con su contraseña única o desean recuperarla, los abonados deben solicitarla a su empresa operadora, la cual indicará el procedimiento a seguir y sus canales habilitados.

3.         En caso un abonado no reciba la contraseña única en una nueva contratación o cuando la haya solicitado a la empresa operadora, puede reportar su caso a Osiptel para evaluar las acciones a ser adoptadas y gestionar la entrega de su contraseña.

4.         Cada empresa determina la extensión y las características de la contraseña única. Por ejemplo, los usuarios de Movistar podrán usar 6 caracteres numéricos; mientras que los de Entel, de 6 a 8 caracteres numéricos. Por su parte, los usuarios de Claro pueden optar por una clave alfanumérica de 8 a 12 caracteres; y los de Bitel, de 6 a 12 caracteres alfanuméricos (incluye símbolos).

5.         El ente regulador ha dispuesto que bajo ninguna circunstancia el sistema implementado por las empresas operadoras permitirá que su personal de atención tenga acceso a la contraseña única de los usuarios.

6.         A través del uso de la contraseña única, se busca evitar fraudes vinculados al servicio móvil, como la suplantación de identidad y las contrataciones no solicitadas.

Lo coloca como prácticamente un héroe nacional que prefirió quedarse en su país para continuar luchando por su tan mentado pueblo. Lilia Paredes, investigada por el Ministerio Público, brindó un breve mensaje desde México, país que le brindó asilo político a ella y sus dos hijos en diciembre del año pasado.

Sobre la docente recaen acusaciones, desde mediados del 2022, por su presunta colaboración en una organización criminal. Dicha red, según la tesis fiscal, estaba liderada por su esposo, el expresidente Pedro Castillo, desde Palacio de Gobierno.

A través de una videoconferencia, Paredes Navarro narró una supuesta conversación que tuvo con su cónyuge el último siete de diciembre, fecha en la que el exmandatario dictó un golpe de Estado no respaldado por las Fuerzas Armadas (FF.AA.) y la Policía Nacional del Perú (PNP).

“Quiero contarlo al Perú y al mundo entero lo último que pude hablar con mi esposo él me dijo: ‘Me calumniarán, me difamarán, pero nunca traicionaré a mi pueblo’. Son las últimas palabras que él me dijo”, manifestó.

A ello, agregó que el ex jefe de Estado es un “preso político” puesto que no “hubo acto de rebelión”. Actualmente, sin embargo, este permanece en prisión preventiva en el penal de Barbadillo (Ate), tras el fallo del juez Juan Carlos Checkley, por los presuntos delitos de “rebelión, conspiración y abuso de autoridad”.

“Me dijo: ‘Vamos, les dejo a ustedes en la embajada de México y yo me regreso y voy a luchar junto con todo mi pueblo peruano porque desde un inicio nunca me dejaron trabajar. Me acusaron de muchas cosas, me difamaron, pero yo nunca traicionaré a mi pueblo’”, agregó Paredes.

Lágrimas de cocodrila ? Ó
Lágrimas de asna ?
La misma narrativa de la izquierda bruta y COJUD@ pic.twitter.com/puayThXmkr

— Renegón Anticomunista (@PatriotaRenegon) March 7, 2023

Por ahora, el expresidente residirá en la citada sede penitenciaria por 18 meses. Además de ello, también enfrenta un nuevo pedido para cumplir con una prisión preventiva de 36 meses en el marco de la denuncia constitucional, presentada en octubre del año pasado por la Fiscalía, por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, colusión agravada y tráfico de influencias.

El fallo del magistrado Checkley Soria, también a cargo de esta solicitud, se resolverá este jueves nueve de marzo a las tres de la tarde.

“Algunos medios dijeron que se estaba escapando y eso es mentira, porque él nunca se iba a separar de su pueblo. ‘Me separaré de mi familia, pero no de mi pueblo’. Fueron las últimas palabras que él me lo dijo”, afirmó Lilia Paredes mediante la mencionada videoconferencia.

Dichas declaraciones son completamente opuestas a lo que se vio en vivo y en directo en ese nefasto 7 de diciembre cuando el ex presidente Castillo se desplazaba, junto con su familia, rumbo a la embajada de México. Hecho no caprichoso porque minutos antes intentó dar un golpe de Estado a través de un mensaje a la Nación en señal abierta. Ni tampoco el destino es casual, pues es harto conocido que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, es muy cercano a Castillo Terrones.