El canciller peruano Elmer Schialer manifestó durante una entrevista que el Perú se viene preparando para presentar ante la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) una propuesta de resolución para declarar como “organización terrorista regional” al grupo criminal venezolano el ‘Tren de Aragua’, por la ola de criminalidad que viene sembrando en distintos países de Latinoamérica.

“Vamos a presentar en la próxima asamblea general de la OEA, que será en junio próximo, un proyecto de resolución para que se declare organización terrorista a nivel regional, es decir, interamericano, al tren de Aragua, porque lo que genera en el país, lo que genera en la población, en las madres de familia, en el hombre honesto, es terror, y así no se puede construir ningún país, y eso lo tenemos que decir claramente y en voz alta, todos los gobierno de la región”, declaró el canciller este último miércoles en Radio Nacional.

Schialer informó que la inseguridad ciudadana, inmigración, entre otros, fueron parte de los temas que abordó en su reunión con el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, quien agradeció a Perú por el apoyo brindado en la recepción de los connacionales deportados de Estados Unidos, por asuntos migratorios.

La autoridad nacional se mostró confiado de alcanzar en la OEA el consenso suficiente para aprobar la resolución, incluso por unanimidad, al recordar que Ecuador ya declaró al Tren de Aragua organización terrorista criminal, y que, incluso Estados Unidos ha desplegado una serie de intervenciones contra esta banda, con algunos de sus miembros enviados a cárceles en El Salvador.

Disminución de deportaciones

Por otro lado, el canciller Elmer Schialer también se refirió al flujo de peruanos deportados desde Estados Unidos, en razón de la política migratoria aplicada por el presidente Donald Trump desde su llegada al poder en enero pasado.

Al respecto, comentó que “curiosamente” se observa una baja en el ritmo de deportaciones en la era Trump respecto a la administración Biden, que hace, de enero a la fecha, alrededor de 400 connacionales deportados.

«Tenemos curiosamente una baja en el ritmo de las deportaciones de peruanos, a diferencia de otros países y de otros momentos en el pasado del Perú, con Estados Unidos”, comentó.

Con el objetivo de acercar el mundo de las telecomunicaciones a los más jóvenes, el Gobierno Regional de Loreto, a través de la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones y con el respaldo de la Dirección Ejecutiva de Comunicaciones, llevó a cabo una serie de charlas educativas en colegios ubicados a lo largo de la carretera Iquitos–Nauta.

Más de 200 estudiantes de primaria y secundaria de las instituciones educativas N.º 60110 (Quistococha) y N.º 601586 (Mi Refugio), en la ciudad de Nauta, participaron con entusiasmo en estas sesiones didácticas. Durante las charlas, se abordaron temas clave sobre la importancia de las telecomunicaciones en la vida diaria, su impacto en la educación, el trabajo y la conectividad en nuestra región.

Estas actividades forman parte de un compromiso firme del Gobierno Regional de Loreto liderado por su gobernador René Chávez y su gerente Pio Flores Tang, con la finalidad de construir una ciudadanía digital más preparada e inclusiva. Apostando por la educación desde las aulas, se busca que niños, niñas y adolescentes comprendan el papel fundamental que juega la tecnología en el desarrollo de sus comunidades.

¿Compras directas para una institución salpicada de corrupción? Nadie puede negar que la Policía Nacional del Perú (PNP) carece de muchos implementos para combatir la delincuencia, como patrulleros, chalecos, armamento o logística; sin embargo, dotarle de acceso inmediato a las arcas del Estado es sumamente riesgoso, sobre todo si no hay la confianza necesaria de parte de sus representantes.

El Congreso de la República ha aprobado, por unanimidad, un dictamen que declara en emergencia la PNP por un plazo de 180 días calendario, esto como parte de una estrategia legislativa orientada a fortalecer la seguridad ciudadana y enfrentar el crecimiento de la criminalidad.

La norma aprobada tiene su origen en los proyectos de ley 07567/2023-CR, 10044/2024-CR, y otras iniciativas, y establece un conjunto de medidas extraordinarias para modernizar operativamente a la PNP y dotarla de mayores recursos.

El rol de la Contraloría para el acceso directo de bienes para la PNP

Durante este periodo de emergencia, que tendría un plazo de 180 días, se autoriza la intervención inmediata del Ministerio del Interior (Mininter), así como de los gobiernos regionales y locales, para que adquieran bienes y servicios sin procesos administrativos ordinarios, con el fin de ejecutar acciones urgentes contra la inseguridad. Estas contrataciones estarán bajo control concurrente de la Contraloría General de la República.

La ley también autoriza una asignación económica adicional para el personal policial que, de forma voluntaria, realice patrullajes a pie o motorizados, así como operaciones focalizadas de investigación en el marco de esta emergencia.

Asimismo, el Mininter tendrá 90 días de plazo para presentar una evaluación situacional sobre el estado de la PNP a fin de que se desarrolle una reestructuración de las dos mencionadas instituciones.

La congresista de la bancada de Fuerza Popular, Nilza Merly Chacón Trujillo, en su calidad de delegada de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, luego de elaborar un informe, ha propuesto declarar improcedente la denuncia constitucional presentada por el exfiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, contra la presidenta Dina Boluarte, por el denominado «caso Rolex».

Congresista Chacón propone el archivo amparándose en el artículo 117° de la CPP

En su informe final, la fujimorista Chacón Trujillo argumenta que los hechos imputados contra Boluarte Zegarra como autora del presunto delito de cohecho pasivo impropio no están contemplados en el artículo 117° de la Constitución, por lo que el Congreso no puede procesar a la mandataria mientras ejerza el cargo.

A la presidenta se le acusa de haber recibido tres relojes Rolex, un par de aretes de oro y una pulsera Bangle de parte del cuestionado y también investigado gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, presuntamente a cambio de decretos supremos que autorizaron transferencias presupuestales a dicha región.

«El archivo de la acusación es la única opción que estaría alineada con el orden constitucional, evitando interpretaciones arbitrarias y garantizando el equilibrio de competencias entre los poderes del Estado», argumenta la parlamentaria Chacón en el documento.

Pese a que Subcomisión no suspendió la denuncia, Chacón pide el archivo

Lo extraño del informe de Chacón Trujillo consiste en que no analiza el fondo del caso, ni valora los elementos de convicción presentados por el Ministerio Público. En cambio, se limita a señalar que la denuncia no procede por motivos constitucionales. Esta postura genera contradicción con el informe de calificación inicial de la misma Subcomisión, que sí consideró la denuncia como procedente.

Además, el informe sugiere que el Congreso podría evaluar una eventual infracción constitucional por parte del exfiscal Juan Carlos Villena por haber promovido una acusación que, según el análisis de Chacón, está prohibida por la Constitución. Sin embargo, el informe omite que la Fiscalía, a través del fiscal adjunto supremo Hernán Mendoza, solicitó suspender el trámite de la denuncia precisamente por el impedimento constitucional, pedido que fue rechazado por la propia Subcomisión.

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales deberá decidir si respalda este enfoque o encarga una nueva evaluación, lo que marcaría el rumbo del proceso parlamentario en torno al caso Rolex. De ser rechazado el informe de Chacón en la próxima sesión, un nuevo legislador delegado deberá elaborar un nuevo documento con una evaluación propuesta.

El informe presentado por la congresista Nilza Chacón Trujillo propone archivar la denuncia contra Dina Boluarte basándose en la limitación constitucional del artículo 117°, sin ingresar al análisis de las pruebas, ni del fondo del caso.

Por cuarta vez la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República, presidida por el legislador Juan Burgos, ha invitado al médico cirujano Mario Cabani Ravello, director de la ‘Clínica Cabani’, para que brinde detalles sobre cuáles fueron las operaciones estéticas que le realizó a la presidenta de la República, Dina Boluarte Zegarra.

La cita ha sido fijada para este viernes 11 de abril a las 9:00 a.m. en la Sala de Sesiones n.º 1 ‘Carlos Torres y Torres Lara’ del edificio Víctor Raúl Haya de la Torre. No obstante, el cirujano no acudió a las tres citas anteriores que le fueron cursadas. En detalle, la del 4 y 10 de diciembre del 2024, y la tercera cita del 19 de marzo, de la cual también se ausentó. 

Ante tres inasistencias anteriores Cabani deberá responder por ‘operaciones’

En esta cuarta cita, Mario Cabani, deberá dar detalles sobre la evaluación preoperatoria, intraoperatoria y posoperatoria durante el periodo del 29 de junio al 10 de julio del 2023 que le realizó a la presidenta Dina Boluarte. Asimismo, piden que el cirujano explique con detenimiento cuáles habrían sido los tratamientos efectuados y programados, así como los otros médicos que intervinieron en las operaciones estéticas realizadas a la cuestionada jefa de Estado.

Asimismo, la Comisión de Fiscalización le pide a Cabani Ravello que también explique cuál fue el periodo de recuperación de Dina Boluarte y sobre todo, si dicho tiempo acarreaba un periodo de descanso médico total, lo cual generaba la imposibilidad de realizar labores o actividad alguna, razón por la cual actualmente la mandataria se encuentra investigada, específicamente por presunto de abandono de cargo y omisión de actos funcionales. La Comisión también abordará el contenido de las cartas notariales que envió la clínica Cabani a Dina Boluarte, en las que se exige el pago de las intervenciones quirúrgicas que realizó.

La casa de los tontos. Durante los últimos decenios el Congreso de la República se ha convertido en cualquier otra cosa menos un lugar donde se debatían, con sólidos argumentos, leyes o modificatorias de ley, para solamente escuchar insultos, gritos, y presenciar uno que otro puñetazo cobarde, así como de enterarnos que se permitía el ingreso de señoritas de dudosa reputación, las mismas que no cuentan con los requisitos indispensables. En otras palabras, un turbio lupanar.

Preocupados más por fomentar la ‘Semana del King Kong’ o el día de la papa rellena, estos ‘padres de la Patria’ cada semana nos sorprenden negativamente con cada propuesta, ya sea promoviendo la creación de más universidades de cartón, o presentando proyectos que tienen como título los beneficios de la IA, pero que en su contenido se lee sobre las ollas comunes.

El congresista no agrupado Edwin Martínez, aquel que le diera trabajo a una chica que hasta hace poco subía fotos y videos en Only Fans solamente por tener un “buen corazón”, ahora ha salido a sugerir que “nuestros asesinos asesinen a esos malditos (extranjeros)”.

“Nos matan o los matamos, ya no hay que ser tibios. (…) Exhortar al Ejecutivo que de una vez deporte a todos los extranjeros ilegales. Ilegalidad es sicariato, es delincuencia, es asesino, es violador. No merecen estar en nuestro país (…) Ojalá que nuestros asesinos los asesinen a esos malditos y no los dejen seguir asesinando al pueblo”, añadió el parlamentario sin precisar quiénes eran “nuestros asesinos”, si los efectivos del orden (Policía y Ejército) u otros delincuentes de nacionalidad peruana.

"Que los asesinos peruanos maten a los asesinos venezolanos" esa es la solución de Edwin Martinez para acabar con la delincuencia. El mismo sujeto que metió prostitutas al Congreso ¡Una verguenza! pic.twitter.com/X3rZr53LAy

— Chacotero (@ChacoteroPeru) April 10, 2025

Ante ello, no resulta para nada jalado de los pelos incluir un nuevo requisito para ser congresista, y sería el realizarles un examen psicológico antes de iniciarse cada periodo legislativo.

La Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso presidida por el legislador de izquierda Isaac Mita Alanoca aprobó por unanimidad una propuesta que instaura penas de prisión efectiva de entre 30 años y cadena perpetua para los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional (PNP) que colaboren directamente con organizaciones criminales para que consuman actos delictivos con consecuencias graves y de muerte.

La iniciativa, presentada por el congresista de Alianza para el Progreso, Idelso Manuel García Correa, bajo el proyecto n.° 7922, también propone que se aplique la cadena perpetua en casos en los que las organizaciones criminales con las que los policías o militares colaboren, cometan actos violentos que resulten en muertes o lesiones graves de terceros. Esta medida se aplicaría incluso, si los miembros de las fuerzas del orden no participan directamente en el acto criminal. Por su parte, el presidente de la Comisión de Justicia remarcó que el fin de esta iniciativa es modificar el artículo 65° del Código Militar Policial, que está relacionado con la colaboración con grupos criminales.

«Propone agravar la pena privativa de libertad de 30 años hasta con cadena perpetua para miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional que colaboren con material bélico para la perpetración de actos violentos que provoquen la muerte o lesiones graves de personal civil o terceros», expresó Mita Alanoca.

¿En qué se basa el dictamen aprobado?

El dictamen señala que, en los últimos seis años, más de 23,000 oficiales y subalternos han estado involucrados en diversas faltas, como violaciones graves, actos ilegales e incluso delitos graves. De este total, 1,000 efectivos fueron dados de baja en 2023 debido a su implicación en actos de corrupción y conexiones con grupos criminales.

«En donde en los últimos 06 años más de 23.000 oficiales y subalternos han sido protagonistas de distintas faltas, faltas muy graves, actos ilegales y hasta delitos agravados; de ellos un total de 1000 efectivos policiales fueron pasados a retiro en el año 2023 por actos de corrupción y vínculos con organizaciones ilegales», se lee en el oficio.

Asimismo, la iniciativa indica que, en el caso de las Fuerzas Armadas, es común observar que militares provean de armamento procedente del arsenal de las distintas instancias del Ejército a delincuentes.

«Con respecto a las Fuerzas Armadas, se aprecia que también han sido mermadas por la criminalidad desde su interior; en donde es común observar la presencia de militares que colaboran con organizaciones ilegales; principalmente mediante el proveimiento de armamento procedente del arsenal de las distintas ramas del Ejército», concluye el texto del dictamen.

Este martes la hija de Salvador Allende, la senadora Isabel Allende se despidió en el congreso después de 31 años como legislativa a raíz de una negligencia suya al ser (siendo miembro de un poder del Estado) parte en el intento de la compra que quiso hacer el Estado chileno de la casa de su padre el ex presidente Salvador Allende, esto con el fin de convertirlo en museo. Los contratos entre legisladores y el Estado están prohibidos en la Constitución y el TC falló por su destitución.

Junto a la senadora histórica del PS cayó también su sobrina Maya Fernández Allende, quien un mes antes renunció a su cargo como ministra de defensa (¿Nepotismo?).

Crónica de una incompetencia

Ya está, la muerte histórica de la hija del presidente Salvador Allende marca un precedente: el Tribunal Constitucional de Chile destituye del cargo Legislativo a una senadora, algo jamás visto en Chile. Y todo por una compra venta fallida. Cabe considerar que las casas de los ex presidentes Alwyn y Frei fueron donadas por sus familiares al Estado para que se vuelvan museos.

En el caso de la familia Allende estos prefirieron venderla al Estado y no precisamente a un precio bajo. La iniciativa partió del interés del presidente Boric de materializar la compra de la casa del ex presidente Allende para hacerla un museo, esto después de los 50 años de la conmemoración del golpe del 11 de septiembre de 1973.

En total fueron 17 los funcionarios del Estado chileno los que revisaron la compra y ninguno alertó de su inconstitucionalidad, siendo muchos de estos abogados, pero todos prácticamente con cargos de confianza política, o sea, de amistad por sobre la competencia profesional como se luce a la luz de los acontecimientos que no fueron prevenidos. El periodista chileno Mocciatti de Radio Bio Bio los calificó de masa de inoperantes y como señaló en una carta editorial, “a medida que el documento pasaba de funcionario en funcionario ellos iban poniendo sus moscas, las medias firmas de aquiescencia, de aprobación, el visto bueno de burocracia superficial. Es cierto que hubo algunas advertencias pero que no fueron precisas, poco claras, superficiales. Ejemplo, el servicio nacional del patrimonio envió una minuta a la subsecretaría de patrimonio y el oficio dice que hay dos personas que tienen calidad de autoridad para efectos jurídicos. ¿Se entiende? ¿Es preciso? No invoca ninguna norma, nada concreto”.

En su defensa la ahora ex senadora arguyó ignorancia y buena fé, cosa que el TC no lo consideró en su sentencia tomando en cuenta que si bien el contrato no se perfeccionó la voluntad de las partes estaba expresada y se había violentado una norma que expresamente prohibía negocios entre representantes del Legislativo con el Estado, toda vez que no era una donación sino una compraventa.

El legado del presidente Allende en entredicho.

Consecuencias

La ahora exsenadora Isabel Allende se despidió este martes 8 de abril de su cargo en el Senado con un sentido discurso donde reiteró su inocencia.

“Confié plenamente en los órganos encargados de llevar adelante la adquisición de la casa familiar donde funcionaría la casa-museo del presidente Salvador Allende. Y lo hice convencida de que se trataba de un acto de memoria, de reparación, de futuro”, afirmó.

“Quizás mi error fue no haber consultado más. Pero en ningún momento —repito, en ningún momento— ningún ministerio, ningún funcionario, ninguna autoridad involucrada, nos advirtió o recordó que existía una posible inhabilidad constitucional”, cerró diciendo la exsenadora sobre su error.

“Hoy enfrento una sanción que considero injusta. La vivo con dolor, pero también con la tranquilidad que da la conciencia limpia. Me voy con la frente en alto, reiterando que nunca que he usado mi cargo para beneficio personal. No busqué jamás el lucro ni el privilegio”.

Respecto al fallo del TC señaló: “En los próximos días se conocerá el fallo del Tribunal Constitucional. Como corresponde en una democracia, este fallo será acatado. Pero acatar no significa guardar silencio. No significa renunciar a expresar el profundo dolor y la honda injusticia que esta decisión representa… Más allá de su aparente legalidad, vulnera principios elementales de justicia, proporcionalidad y sentido democrático”.

La senadora socialista también calificó su eventual destitución como “injusta” y reconoció que debió “tener presente el artículo 60 de la Constitución, pero no soy abogada”.

Reacciones de la derecha

“Abusó del poder y el apellido” fue lo que dijo elmlider de la oposición, José Antonio Kast quien no se guardó nada y arremetió contra Isabel Allende tras su destitución del Senado. El candidato presidencial del Partido Republicano además señaló que la ahora exsenadora “le echó la culpa al empedrado”. Y no contento con ello hizo leña del árbol caído.

“Yo me alegro de la destitución de Allende, qué dolor voy a sentir yo por alguien que abusó del poder y el apellido“, aseguró durante la jornada de este miércoles 9 de abril José Antonio Kast, al arremeter contra la ahora exsenadora Isabel Allende, tras ser destituida de su cargo por el Tribunal Constitucional (TC).

En ese sentido, José Antonio Kast indicó en Tele13 radio que “ella (la senadora Allende) ayer le echó la culpa al empedrado, diciendo ‘nadie nos advirtió‘, pero acaso no leyó la Constitución. No tiene compresión lectora”.