Han trascurrido más de 15 meses, desde que el 12 de enero del 2023, el Pleno del Congreso aprobara con 71 votos la creación de una comisión multipartidaria para investigar durante 90 días, las presuntas responsabilidades penales por las muertes ocurridas durante las protestas que se registraron cuando la mandataria Dina Boluarte ingresó al poder en diciembre del 2022.

Sin embargo, dicha comisión que se encargaría de investigar los hechos que dieron un saldo de 60 fallecidos durante las manifestaciones “antiboluarte”, hasta hoy no se instala, ni cuenta con miembros acreditados de las bancadas.

Fuente: Latina.

Ante ello, la vocera de Perú Libre, Margot Palacios, envió un oficio al presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Alejandro Soto, el 6 de noviembre de 2023, en el que indica que la comisión investigadora no se instalaba desde hace meses y exigía explicaciones.

Asimismo, adjuntó un cuadro de las bancadas que no habían cumplido con el deber de incluir a sus miembros.

Entre ellas, Fuerza Popular, que tiene dos cupos, Alianza para el Progreso, Renovación Popular y Avanza País, con un cupo cada uno; sin embargo, no informaron quiénes los representarían en el grupo de trabajo.

Sin embargo, Perú Libre sí acreditó a Margot Palacios, Cambio Democrático hizo la mismo con Ruth Luque, el Bloque Magisterial puso a Pasión Dávila, y Acción Popular tiene como representante a Elvis Vergara.

Fuente: Latina.

No hay interés e investigar ¿Las razones?

Por su parte, José Cevasco, exoficial mayor del Parlamento, en dialogo con Latina indicó que la inactividad de esta comisión incumple el acuerdo tomado en el Pleno hace más de un año.

«No se está cumpliendo el acuerdo del Pleno. El presidente [Alejandro Soto] tiene que generar que en la Junta de Portavoces se establezcan los integrantes para que luego el Pleno los nombre y se cumpla con ese acuerdo. Se debería consultar por qué no se ha instalado ni ha acreditado a los miembros para que pueda funcionar y cumplir la función que les han encomendado en el plazo establecido», señaló.

Asimismo, el exoficial mayor del Congreso, César Delgado Guembes, resaltó que el Parlamento “nunca tuvo aparentemente una decisión real de investigar, sino una decisión simulada para aparentar la voluntad de indagar por un asunto de interés público”, en alusión a las muertes de las marchas regionales.

«Los grupos son los responsables del problema. Si los grupos no tienen interés, disposición ni voluntad de acreditar a sus integrantes ante la comisión, esta nunca se podrá constituir ni conformar. Este hecho lo que nos revela es que se ha tratado más que una decisión efectiva de un gesto temporal para hacer de cuenta o simular el interés que tiene el Congreso», concluyó.

En la Comisión de Cultura se viene tratando temas neurálgicos del sector cultural. Esta mesa de trabajo es presidida por el legislador Segundo Héctor Acuña Peralta (No agrupado). El parlamentario es un ingeniero civil y empresario que viene cuestionando las acciones que se realizan en la actual gestión de la Ministra de Cultura Leslie Urteaga.

En esta entrevista, Acuña Peralta habla claro sobre el contrato irregular de Joinnus, el papel de la Ministra Leslie Urteaga, las críticas sobre el Archivo General de la Nación, los cuestionamientos a los trabajos en Kuélap y Chan Chan. Además, señala “estoy seguro de que el Ministerio Público va a que actuar, no creo que sea indiferente. Entonces, creo que tenemos que esperar que inicien las acciones. Nosotros como Congreso, Ministerio Público, y creo que también la Procuraduría”.

Para responder sobre el caso de Joinnus, el próximo lunes 18, la ministra de Cultura Leslie Urteaga se debe presentar en la Comisión de Cultura del Congreso.

Aquí la entrevista:

Quisiera que nos comente sobre el nuevo informe de la Contraloría sobre la empresa Joinnus y la contratación que realizó el Ministerio de Cultura ¿Desde la Comisión como se está trabajando en ese sentido?

Justo hemos tenido una sesión ordinaria, donde dentro de los temas tratados ha sido justamente la invitación por nuestra parte, y también aceptar el oficio de la señorita ministra (Leslie Urteaga) para que pueda participar en nuestra Comisión el próximo lunes. Hacer una sesión extraordinaria no es el caso, como tenemos una sesión ordinaria el lunes ella debe venir para explicar lo concerniente a esta acción de control, que ya es conocido por todos nosotros, qué es lo que ha encontrado la Contraloría, donde ellos bien claro consideran muchas irregularidades. Por eso que queremos que dé el descargo, porque ya nosotros hemos tenido a la señorita ministra en fechas anteriores; también ha ido al Pleno, ha sido parte de una interpelación. A esa fecha no teníamos la acción de control o el informe y ahora los momentos son otros, y esperar qué nos puede decir.

Como presidente de la comisión votó a favor de la censura de la ministra Leslie Urteaga, pero no existió el apoyo o los votos suficientes para censurarla. En ese sentido, señor congresista, después de todo lo que ha pasado, y ahora con la nueva confirmación de Contraloría, ¿Cómo evalúa el comportamiento de algunos congresistas en el Parlamento?

Hay muchos congresistas que quieran documentos. Nosotros como comisión teníamos una opinión, teníamos informes, pero creo que una opinión mucho más seria, una opinión como de una autoridad como de la Contraloría debe hacer cambiar. Espero que con toda la información que tenemos los congresistas deberían cambiar de opinión y actuar en forma distinta. Realmente es solo entender que lo que nosotros buscamos es defender los recursos, el patrimonio; necesitamos una administración mucho más transparente.

Ministra de Cultura Leslie Urteaga.

En Cusco ha sorprendido la ausencia de varios nombres en el informe final de Contraloría, solo se leen tres responsables. ¿Qué le dice a esa población cusqueña que está atenta lo que pasa con el caso de Joinnus?

Creo que estamos frente a un inicio de esta fiscalización, las acciones de control tienen para rato porque la forma como hemos visto el informe, estoy seguro de que el Ministerio Público va a actuar, no creo que sea indiferente. Entonces, creo que tenemos que esperar que inicien las acciones. Nosotros como Congreso, Ministerio Público, y creo que también la Procuraduría.

Congresistas del Cusco, como Guido Bellido, han solicitado a la presidenta Dina Boluarte la salida de la ministra Leslie Urteaga, ¿cree que es momento de que la ministra Urteaga dé un paso al costado?

En mi caso que interactúo con varios ministros, varios sectores, pertenezco a la Comisión de Transporte, en una comisión de Proinversión, donde vemos que realmente hay un Ejecutivo que le falta gestión, no solo es la ministra de Cultura. Yo creo que la presidenta debió cambiar no solo a cuatro ministros, era que cambie más. Por ejemplo, el cambio del ministro de Comercio Exterior, francamente ha sido una sorpresa porque venía trabajando mucho mejor que otros, pero no cambió a otros ministros que no están haciendo bien su trabajo.

Congresista Guido Bellido.

Se habla de una nueva renovación de Gabinete, sobre todo por los enfrentamientos que ha tenido el ministro de Economía y Finanzas con algunas precisiones ante los medios de prensa.

Creo que el ministro de Economía se pasó de técnico. Técnicamente creo que tiene la información, los datos, pero políticamente un poco que ahí no le acompañó. Muchas veces, estando en un cargo muy importante, actúan solo como técnicos, también tienen que actuar en concordancia con la política.

Congresista, regresando al tema cultural. Aquí en la comisión se ven varias problemáticas del sector. Hace poco ya hay cuestionamientos desde Kuélap, y ahora desde Chan Chán, por estas especies de modificaciones o construcciones de fierro y cemento que viene haciendo el propio Ministerio de Cultura. ¿Ustedes ya han revisado información, han pedido el argumento técnico por parte del ministerio?

Lo que más nos preocupa es que el Mincul sea un ministerio muy centralizado, que todas las decisiones se den directamente a través de una persona o dos. Las direcciones desconcentradas como hemos visto ¿quiénes nombran a los directores?, ¿a quiénes dan cuenta?, realmente ahí hay un problema que corresponde a los gobiernos regionales; de alguna forma no están actuando como la ley les obliga. Ellos ya deberían ir asumiendo mayor responsabilidad; eso hace que finalmente el Mincul se mantenga en el nivel que quieren que esté.

Realmente si tuviéramos gobernadores con una decisión más descentralista, con ganas de trabajar más y de asumir responsabilidades, estoy seguro de que muchas direcciones desconcentradas ya estuvieran a un paso de estar en el gobierno regional.

Comisión de Cultura tras debatir la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, a fin de promover el saneamiento físico – legal de los bienes inmuebles prehispánicos.

En esta Comisión de Cultura hay varios congresistas que se preocupan por el Museo Nacional del Perú. ¿Usted sabe cuándo se va a inaugurar?

Nosotros sí lo tenemos en cuenta eso, nosotros sí tenemos dentro de nuestras observaciones. Tenemos un tema pendiente todavía; hemos hecho la visita y queda pendiente otra visita para ver realmente qué se ha avanzado. Para nosotros es una preocupación grande, porque es como un elefante blanco en un 50%. En un 50% lo están ocupando, pero el resto no. Contestando a tu pregunta, no me han comentado si es que mañana o el próximo año, el 2026 o 2027 vamos a inaugurarlo. Nada. No hay fecha, y es una preocupación de nuestra comisión también, y seguro que cuando viene vamos a tocar ese tema.

Otro tema que se viene debatiendo es el financiamiento de las películas peruanas, creo que es un tema que ya se debe examinar delicadamente porque durante mucho tiempo hay solamente un grupo del sector cinematográfico que se beneficia con esto, pero, además, las películas, su desarrollo y el tratamiento son discutibles. ¿Cómo están viendo eso en la comisión?

Acá hay dos o tres congresistas que han planteado proyectos de ley que tienen que ver con el cine y la forma de cómo mejorar la administración. El tema está en que muchas veces nos sacrificamos como país en darles una subvención, pero muchas veces en la forma nos equivocamos. En la forma no está bien porque muchas veces se concentra en personas que no deberían tener esos privilegios. Entonces, creo que con estos proyectos de ley, de una forma podemos ir mejorando ese problema que tenemos.

Comisión de Cultura: Congresistas Isaac Mita y Héctor Acuña.

Para finalizar, el Archivo General de la Nación es otro problema. Parece mentira pero creo que en estos dos últimos años se viven problemas graves en el sector cultural.

En mi caso yo puedo ser amigo de todos los ministros. No visito los ministerios, pero tengo la oportunidad de interactuar cuando vienen a las comisiones. Quieras o no, casi todos los proyectos tienen que ver con ingeniería, todos los proyectos tienen que ver con estructuras; en este momento que hemos hablado del MUNA, la fortaleza de Kuélap, Chan Chan, todos tienen que ver con estructura.

Si vamos a otros sectores, en mi caso el hecho de ser ingeniero me da una ventaja enorme y realmente vemos que hay un descuido. Realmente vemos que en el Mincul tiene que haber otra gestión, una que ayude realmente a valorar nuestro patrimonio, a cuidarlo, pero en lo real y no en la teoría, donde muchas veces solo es discurso. Necesitamos presencia a todo nivel, un gobierno francamente con mejores gestores. Recursos tenemos, plata hay pero no lo sabemos invertir o lo invertimos mal.

Con el tiempo contado. El actual jefe de la Oficina Nacional de Proceso Electoral (ONPE), Piero Corvetto, solo obtuvo cuatro de los cinco votos requeridos para que su mandato se extienda cuatro años más luego que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) decidiera no ratificarlo en su puesto; por consiguiente, su jefatura culmina el próximo 31 de agosto del presente año.

En un video publicado en las redes sociales de la JNJ, se hizo público el sentido de los votos. Votaron a favor los consejeros Humberto de la Haza, Guillermo Thornberry, María Zavala e Imelda Tumialán. El único voto en contra fue de Marco Falconí, quien fue incorporado al organismo constitucionalmente autónomo por una sentencia del Tribunal Constitucional.

“Habiendo emitido los 5 miembros del Pleno su voto, el señor Corvetto no ha obtenido los votos suficientes para su ratificación”, indicó De la Haza.

Cabe mencionar que, según la Ley Orgánica de la JNJ, para la ratificación se requiere del voto conforme de los dos tercios del número legal de los miembros, es decir de cinco votos.

El jefe de la @ONPE_oficial, Piero Corvetto, no alcanzó los cinco votos a favor de su ratificación para un periodo adicional de cuatro años. Por consiguiente la @JNJPeru convocará a un concurso público de méritos para seleccionar a su sucesor. (1/2) pic.twitter.com/5mxMB59oeS

— Junta Nacional de Justicia (@JNJPeru) May 7, 2024

Ahora, la JNJ deberá convocar un concurso público de méritos para nombrar a un nuevo jefe de la ONPE en reemplazo de Corvetto quien fue designado en agosto de 2020 por un periodo de cuatro años, sucediendo en el cargo a Manuel Cox Ganoza, quien estuvo en el cargo de manera interina desde el año 2018.

Comisión de Constitución debate hoy reemplazo de la JNJ

Por otro lado, la Comisión de Constitución del Congreso de la República debate hoy el predictamen de reforma constitucional que desaparece la JNJ y crea, en su reemplazo, la Escuela Nacional de la Magistratura. 

Como se recuerda, la congresista de Renovación Popular, Gladys Echaíz, presentó un proyecto de ley que propone crear la Escuela Nacional de la Magistratura, la cual estaría encargada de la selección y formación de los aspirantes a ser jueces o fiscales y de su nombramiento. 

Asimismo, la iniciativa legislativa propone que dicha nueva entidad cuente con un Consejo Directivo, integrado por un juez y fiscal supremo titular, en actividad o cesantes, elegidos por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia y la Junta de Fiscales Supremos, respectivamente.

Los parlamentarios que pertenecían al grupo parlamentario Perú Libre, a iniciativa del congresista Guido Bellido Ugarte, presentaron la Ley de Reforma Constitucional que modifica el artículo 12° de la Constitución Política del Perú, cuyo capitulo II refiere: “De los derechos sociales y económicos”. 

El proyecto de ley tiene como objetivo realizar una reforma constitucional en dicho artículo de la Carta Magna, a fin de garantizar la subsistencia de los aportantes, tanto del Sistema Nacional de Pensiones y de las Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (AFP), en caso, estos atraviesen contingencias económicas, y autorizar la devolución de hasta la mitad de sus montos aportados, sean estos en ambos sistemas de pensiones, siempre que pongan en riesgo su salud o subsistencia.

Proyecto de Ley N° 1975/ 2021-CR que busca la devolución de aportes a la ONP y AFP.

Sobre este tema pensionario, la Constitución vigente del año 1993 dice en su acápite 12°:

Artículo 12°. – Los fondos y las reservas de la seguridad social son intangibles. Los recursos se aplican en la forma y bajo la responsabilidad que señala la ley.

Entre tanto, la propuesta de modificación que plantea el congresista Bellido Ugarte, se da en los siguientes términos:

Artículo 12°. – Los fondos y las reservas de la seguridad social son intangibles, a excepción de los que corresponden a los aportes realizados al Sistema Nacional de Pensiones y a las Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, en cuyo caso se puede devolver hasta la mitad del monto total aportado, con el propósito de que los aportantes afronten situaciones excepcionales que pongan en riesgo su salud o subsistencia. Los recursos se aplican en la forma y bajo la responsabilidad que señala la ley.

Con este proyecto de ley de reforma constitucional del artículo 12° de la Constitución, se pretende que todos los aportantes al SNP-ONP y SPP-AFP, accedan a sus aportaciones en caso se les presente contingencias de emergencia, como son situaciones de salud y de subsistencia.

“Todo esto revela la imperiosa necesidad de hacer una reforma estructural de nuestro sistema de pensiones lo cual va a generar un trabajo cuyos resultados se verán a mediano o largo plazo, mientras tanto el derecho a la seguridad social de los ciudadanos peruanos no puede venir siendo relegado, este es el motivo principal que impulsa el desarrollo de este proyecto de ley; por lo tanto, al pretender mediante este proyecto, permitir que los aportantes al SNP y SPP que accedan a sus aportaciones frente a contingencias presentadas en un contexto de emergencia como el que se ha generado por la pandemia ocasionada por el COVlD-19, no se contraviene el objetivo último de la intangibilidad de los fondos que es perseguir el otorgamiento de una pensión, pues de otra forma, carecería de sentido que se persiga asegurar que un aportante pueda recibir su pensión de jubilación a futuro cuando cumpla los 65 años de edad, si hoy no puede conseguir su subsistencia”, se lee en el folio 5 del texto del proyecto de ley.

Asimismo, plantean modificar la condición de intangibilidad de los fondos pensionarios, tal como actualmente en el articulo 12° de la Carta Magna se establece; y platean modificarlo, para que los ciudadanos disfruten de la finalidad de lo que implica el derecho a la seguridad social.

“Por consiguiente, al mantener el artículo 12 de nuestra Constitución que declara la intangibilidad de los fondos pensionarios, entendida esta como una inmovilización de los fondos en cualquier contexto sin tener en consideración contextos especiales como lo fue la crisis sanitaria global; resulta necesario replanteamos que si queremos dar cumplimiento a la finalidad de lo que implica el derecho a la seguridad social, este artículo de la constitución política debe ser modificado a fin de que el Estado peruano garantice a sus ciudadanos su pleno disfrute”; se lee en el folio 6.

¿Cuál será el impacto de la propuesta de la norma? Finalmente, La presente iniciativa de reforma constitucional —según el espíritu de la propuesta —producirá un cambio en la Constitución y contribuirá en el fortalecimiento del sistema de seguridad social, en respeto irrestricto de los derechos fundamentales de los ciudadanos peruanos.

Retoquitos. Un informe del semanario Hildebrandt en sus Trece (H13) indicó que la presidenta de la República, Dina Boluarte, se ausentó durante 12 días de sus funciones como mandataria luego de haberse sometido a una supuesta cirugía estética. Este hecho, según el semanario, se dio a mediados del año pasado luego de haber celebrado su cumpleaños número 61; casualmente, la jefa de Estado empezó a exhibir los relojes Rolex “prestados” por su ‘wayki’ Wilfredo Oscorima.

Su asistente personal, Patricia Muriano, cercana a la mandataria desde que laboraban en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), consiguió una cita para ella con el reconocido cirujano plástico Mario Cabani. Allegados a Palacio dijeron a la revista H13 que Boluarte buscaba corregir la curvatura de su nariz, que le producía insatisfacción, especialmente en fotografías de perfil publicadas en los medios.

La gobernante, según esas mismas fuentes, estaba descontenta con otras imperfecciones como ojeras, bolsas bajo los ojos, patas de gallo, líneas de expresión marcadas en la frente y manchas faciales.

El 28 de junio de 2023, después de condecorar a oficiales y suboficiales de la Policía Nacional (PNP), se retiró a su residencia en Surquillo y se mantuvo alejada de la vida pública durante 12 días. En este período, no participó en los Consejos de Ministros, no realizó visitas oficiales ni inauguraciones de proyectos, ni recibió a visitantes en la Casa de Gobierno.

Su retiro temporal pasó relativamente desapercibido mientras se recuperaba de la rinoplastia y otros retoques en el rostro a los que se sometió, de acuerdo con tres fuentes oficiales citadas por el semanario. 

Tras casi dos semanas de reposo, el 10 de julio la gobernante retornó a la vida pública y sostuvo una reunión con Sergio Díaz Granados, presidente ejecutivo del Banco de Desarrollo de América Latina. En esa cita mostró un rostro notablemente renovado, con una nariz perfilada, ausencia de ojeras y una visible reducción de las patas de gallo.

De acuerdo con el semanario, desde entonces Boluarte ha estado recibiendo regularmente otros tratamientos menos invasivos que ayudan a disimular los signos del envejecimiento. Hasta el momento, el Ejecutivo no ha hecho mención respecto al informe del semanario, pese a que en la víspera fue presentado el portavoz de la Presidencia, Fredy Hernán Hinojosa, quien se encargará de comunicar las actividades de la jefa de Estado.

Congresista Ruth Luque solicita que se aclare esa ‘desaparición’ de la presidenta

Al respecto, la congresista Ruth Luque (Cambio Democrático-Juntos por el Perú) solicitó a través del oficio N° 660-2023-2024-RLI-CR mayores detalles sobre ese lapso donde la mandataria habría abandonado sus funciones para someterse a una cirugía estética.

Para ello solicitó:

1. La agenda de la presidenta de la República correspondiente a los días 29 de junio al 09 de julio del 2023.
2. La documentación de descanso médico por motivos personales prescrito a la presidenta de la República entre el 29 de junio al 09 de julio de 2023.
3. El descuento de los haberes de la presidenta de la República correspondientes al periodo del 29 de junio al 09 de julio de 2023.
4. Las actas de las sesiones del Consejo de Ministros realizadas entre los días 29 de junio al 09 de julio de 2023.

La involución de Darwin. Por unanimidad, con 14 votos a favor, cero en contra y ni una abstención, la Comisión de Ética del Congreso aprobó la tarde de ayer el informe de calificación que recomienda iniciar una investigación contra el parlamentario Darwin Espinoza (Acción Popular), por el presunto uso indebido de recursos del Estado.

El caso denominado como ‘Chapafirmas’ por el programa dominical Punto Final que recopiló el testimonio de ex trabajadores del despacho del legislador que manifestaron que fueron utilizados para recoger firmas para las intenciones políticas de Espinoza Vargas.

De acuerdo a los relatos de sus antiguos colaboradores, el congresista, quien también tiene una investigación fiscal por el caso ‘Los Niños’, usó al personal a su cargo para recoger firmas para su futuro movimiento político, Movimiento Regional Adelante Áncash.

Según el dominical, Espinoza solicitó en enero de este año una considerable cantidad de material de oficina al Poder Legislativo con fines electorales. Esta situación, para expertos, pone en tela de juicio el uso adecuado de recursos públicos.

En detalles más específicos, se informó que el congresista Espinoza ‘transformó’ su oficina parlamentaria en un centro operativo para la recolección de firmas. El informe de Latina reveló que no lo consiguió solo, pues, supuestamente, implicó directamente a sus trabajadores en estas actividades fuera de sus funciones oficiales.

Trabajadores actuales y anteriores revelaron para ese informe, bajo la reserva de su identidad, cómo fueron instigados a viajar a diversas provincias de Áncash para obtener firmas, asumiendo personalmente los costos asociados.

También habría hecho uso indebido de la base de datos del Reniec

El informe del programa periodístico también destacó el supuesto uso indebido de una base de datos del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) para verificar datos personales.

De acuerdo a los testimonios, los trabajadores del despacho ingresaron al sistema de Reniec, utilizando la cuenta cedida por el Congreso de la República a Darwin Espinoza. Se trata de un usuario, vinculado a su DNI, que permite consultar los datos personales de cualquiera de los 33 millones de peruanos.

Reniec informó que solo en marzo, desde la cuenta de consulta de Darwin Espinoza, se realizaron, casi dos mil consultas. Y durante las primeras tres semanas de abril, la cifra ya superaba las mil consultas.

La autoridad electoral registró un número anormalmente alto de consultas realizadas desde la cuenta vinculada a Espinoza, lo que podría implicar un uso indebido de información confidencial para fines políticos personales.

Por este caso, Reniec informó que la cuenta del legislador fue suspendida, mientras que la Procuraduría del Estado recabó información para esclarecer los hechos. En su momento, el presidente de la Comisión de Ética del Parlamento, Diego Bazán, anunció que el grupo “propondrá iniciar de oficio el procedimiento de indagación preliminar por presuntas faltas a la ética parlamentaria”.

El Gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, no cumplió con su obligación de someterse al escrutinio público y evadió a la prensa tras reaparecer en una Asamblea de Gobiernos Regionales, en La Molina, donde también participó el ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho.

“El prestador” de Rolex presidenciales, Oscorima Núñez, se negó a responder las preguntas de los periodistas y argumentó que no declarará porque está en calidad de investigado en caso Rolex.

Al momento de retirarse del evento y al ser abordado, Oscorima Núñez, únicamente respondió:

“No voy a dar ninguna declaración, porque yo estoy en este momento en calidad de investigado (…) Quisiera que respeten eso, no voy a declarar nada.

Los hombres de prensa tampoco replicaron, tal como lo exige su rol de buscar la noticia y se quedaron sin respuesta, ante las interrogantes, sobre cómo tuvo una reunión en el Palacio de Gobierno con el exministro Alex Contreras y la mandataria Dina Boluarte, sin ser registrado; y sobre si los Rolex adquiridos en el extranjero habían pagado impuestos y ¿cómo pidieron 100 millones de soles para el estadio de Ayacucho? si el recinto deportivo le pertenecía al Instituto Peruano del Deporte(IPD), y no al Gobierno Regional.

La Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso de la República aprobó por unanimidad el dictamen recaído en los proyectos de Ley 6832/2023 y 7410/2023, que con texto sustitutorio propone facultar el bloqueo de la línea telefónica utilizada para amenazarla.

Esta iniciativa fue aprobada durante la sesión y audiencia pública descentralizada que llevó a cabo el citado grupo parlamentario, que presidente el congresista Eduardo Salhuana Cavides (APP), en el departamento de la Libertad.

El congresista Diego Bazán (Avanza País), autor de una de las iniciativas, señaló que la víctima podrá solicitar el bloqueo o la baja de las líneas telefónicas utilizadas para el delito, siempre y cuando tengan la constatación de la Policía Nacional del Perú (PNP) y tengan la constatación emitida por esa entidad.

“Corresponde a Osiptel requerir a las empresas operadoras de servicios públicos móviles de telecomunicaciones, a pedido de las víctimas de llamadas o mensajes extorsivos que presenten la constatación policial correspondiente, el bloqueo o la baja del servicio público móvil, dentro del plazo de 72 horas de recibida la solicitud“, dijo.

Más de 5 mil denuncias de extorsión en el primer trimestre de este año

Durante el primer trimestre del 2024, la PNP registró un alarmante incremento en las denuncias por extorsiones, superando las 5.000 incidencias. Si la tendencia persiste, la PNP proyecta cerrar el año con más de 20 mil 000 hechos denunciados.

Este número representa un aumento del 14% en comparación con el mismo periodo del 2023. La escalada en el número de casos involucra a una amplia gama de víctimas, incluyendo instituciones educativas y figuras públicas.

Otros proyectos aprobados

Además de esta medida, la Comisión aprobó por unanimidad un proyecto de ley que declara la necesidad pública y el interés nacional de varios proyectos de infraestructura en diferentes regiones del país, incluyendo el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem).

Estas obras tienen como objetivo impulsar el desarrollo descentralizado del país y no conllevan un gasto adicional, ya que no implican la creación de nuevas obras públicas.

En una agenda cargada, la Comisión también organizó una audiencia pública para discutir la implementación y ejecución de diversos proyectos de inversión en infraestructura vial, puentes, telecomunicaciones y otras áreas de desarrollo local en varias regiones del país.