Keiko Sofía Fujimori Higuchi, 49 años, ha pasado casi 15 años de su vida intentando, sin mucho éxito, sentarse de una vez por todas en el sillón de Pizarro. La hija mayor de Alberto Fujimori ha visto cómo otros candidatos, ya sean de izquierda o de derecha, con o sin preparación, lograron colocarse la banda presidencial, teniendo que refugiarse en las sombras de sus congresistas que sí consiguieron una curul.

Tal será el nivel de antifujimorismo en el país que muchos de los votantes han preferido votar por aquel ‘mal menor’ que representaba su opositor de turno. Claro ejemplo está en que Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski (PPK) o Pedro Castillo hayan sido declarados presidentes de la República.

En el 2011 se presentó bajo la estela dejada por su padre, aseverando que fue él quien se encargó de acabar con el terrorismo y la inflación económica, sin embargo, no pudo tapar los delitos cometidos por su padre durante su gobierno, calificándolos sencillamente como “errores”.

Perdió en segunda vuelta contra Ollanta Humala Tasso, algo impensado hasta ese entonces, ya que el candidato nacionalista se había presentado como un personaje radical, yendo a sus mítines con su peculiar ‘polo rojo’ para luego cambiarlo por un ‘polo blanco’. fue el voto antifujimorista lo que terminó por inclinar la balanza al ahora preso ex presidente.

Cinco años después le tocó enfrentarse otra vez en segunda vuelta contra PPK, un senil economista de centro derecha que prometía terminar con el “recreo” en clara alusión a los gobernadores anteriores que no hacían nada por mejorar la situación en el país. El denominado por algunos como “candidato de lujo” por sus abundantes pergaminos académicos terminó derrotando a Keiko, quien le tomó tiempo en reconocer su derrota.

Ya en el año 2021, saliendo de una terrible pandemia, por tercera vez Keiko Fujimori se presentó en los comicios, enfrentándose esta vez en segunda vuelta contra el dirigente sindical Pedro Castillo, que por ese entonces no aparecía en el radar del votante, al menos eso era lo que indicaban las encuestas que ya se encontraban muy manoseadas.

A pesar de su gigantesca y millonaria campaña electoral no pudo vencer al candidato de Perú Libre que se presentaba como aquel hombre de pueblo que reivindicaría a las clases menos favorecidas con su lema “No más pobres en un país de ricos”.

Vencida en tres ocasiones consecutivas, la lideresa de Fuerza Popular anunció que no se presentaría una vez más a las elecciones presidenciales; sin embargo, recientemente dejó entreabierta la posibilidad de postular por cuarta vez.

A propósito de ello, una encuesta realizada por Ipsos arroja que Keiko Fujimori perdería contra sus potenciales contrincantes: Rafael López Aliaga, actual alcalde de Lima, o el comediante Carlos Álvarez, un personaje novato en política y débil a nivel de decisiones políticas ya que no cuenta con una bancada en el Congreso.

Las cifras no engañan y seguramente la ‘China’ ya estará evaluando seriamente su candidatura a poco menos de un año de los comicios, pues así hayan pasado más de dos décadas desde el último mandato de su padre aún la gente, sobre todo los ciudadanos que pasan los 40 años, recuerda todo lo negativo que hizo el Fujimorismo en el poder.

Para nadie es un secreto que con un poco de contactos y unos buenos billetes de por medio un reo en nuestro país puede contar con ciertos beneficios en cualquier prisión, así sean de “máxima seguridad”; llegando a encontrárseles televisores de alta gama, celulares, botellas de licor, o hasta permitírsele el ingreso de damas de compañía.

Tampoco se puede tapar el sol con un dedo la inmensa población en esos centros penitenciarios, llegando a reportarse hasta un 350 % de su capacidad operacional; tal es el caso del penal de Lurigancho, prisión que sirve de claro ejemplo para constatar que el Estado no viene haciendo bien su tarea desde hace varios años.

Al respecto, algunos parlamentarios han presentado diferentes proyectos de ley para cambiar esa situación, o así es lo que indica en el papel. El más reciente ha sido el legislador Juan Carlos Lizarzaburu, quien ha vuelto a poner el foco en el antiguo penal San Juan Bautista, mejor conocido como ‘El Frontón’, ubicado en las costas del Callao.

De acuerdo al congresista de la bancada de Alianza para el Progreso, en esa isla serán llevados los procesados o condenados por violación, trata de personas, extorsión, secuestro y otros relacionados con el crimen organizado.

La finalidad de la misma, indica Lizarzaburu, será apartará a aquellos delincuentes considerados como altamente peligrosos de todo contacto con la sociedad.

¿Privatizar las cárceles?

Por su parte, en agosto del año pasado, el congresista Alejandro Cavero presentó un proyecto de ley para privatizar las prisiones del país. De acuerdo a su iniciativa 8563/ 2024-CR con delegar las cárceles al sector privado se busca “promover la inversión pública y privada en la construcción de establecimientos penitenciarios, a fin de fortalecer el sistema penitenciario nacional”.

El legislador de Avanza País sustenta su propuesta indicando que existe una sobre población del 130 %, en otras palabras, en las instituciones penitenciarias se tiene la capacidad solo de albergar a 41 mil reos, y en la realidad ya se va a alcanzar los 100 mil.

En esa misma línea, en enero de este año, el congresista Wilson Soto Palacios (Acción Popular) también se mostró a favor de privatizar los establecimientos penitenciarios bajo su PL n.° 9908/2024 –CR.

El parlamentario sustenta su iniciativa resaltando que no se viene cumpliendo la resocialización del reo debido a las condiciones dentro de los penales.

«Con este proyecto buscamos no solo aliviar la sobrepoblación, sino también garantizar que los internos tengan acceso a condiciones dignas y programas efectivos de rehabilitación», señaló.

¿La solución al problema?

Que se construyan 50 o 100 cárceles más podría considerarse una solución inmediata, sin embargo, se debe de tomar en cuenta el gasto que le corresponderá al Estado, teniendo que contratar más efectivos que resguarden el tanto el interior como el exterior de los centros penitenciarios, mantenimiento, alimentación, servicios de salud o atención psicológica. Tampoco se combatirá frontalmente el verdadero problema que es la delincuencia que nace desde los barrios más marginales del país, captándose a menores de edad para perpetrar robos o asesinatos.

Respecto a la privatización de las cárceles, el negocio de las empresas privadas consiste en cobrar un porcentaje por cada recluso, interesándoles que haya más delincuentes entre rejas que prevenir o frenar los actos delictivos. Por ejemplo, en los Estados Unidos, el primer país en privatizar las prisiones, su población carcelaria se incrementó entre 1999 y 2010 en un 80 %. Es decir, les interesan más a las empresas no estatales tener más prisioneros que verdaderamente resocializarlos.

Otro dato importante, Chile, un país que afronta un problema muy similar al Perú respecto a la delincuencia, su propuesta de concesionar las prisiones ha incrementado considerablemente el gasto público: hasta el 2004 se gastaba 11 dólares por interno y ahora implementado el sistema privatista eso se incrementó en 35 dólares. Tampoco se mencionan resultados positivos para el ciudadano que recupera su libertad.

En conclusión, el aspecto de fondo debería ser tener un sistema más preventivo, entendiéndose que el trabajo fuerte por parte del Estado es evitar que se comentan más delitos. ¿Y cómo se lograría eso? Haciendo que se respeten y cumplan las leyes ya establecidas, descartando de raíz cualquier intento de corrupción en los funcionarios, así como en los agentes que se encargan de administrar las cárceles.

En medio de la Semana de Representación del Parlamento, hoy desde las 5:00 p.m. el Pleno del Congreso de la República realizará una sesión para decidir sobre el pedido que presentó la mandataria Dina Boluarte Zegarra de dejar el país desde mañana jueves, hasta el próximo lunes, pese a la difícil coyuntura que actualmente afronta el país.

El permiso solicitado por la presidenta Boluarte Zegarra busca que se le autorice asistir a los funerales del papa Francisco, en el Vaticano y pretende ausentarse del país del 24 al 28 de abril.

En el oficio-petitorio que fue remitido al presidente del Parlamento, Eduardo Salhuana, Boluarte Zegarra, indica que, durante su estadía internacional, gobernará de forma «virtual».

“La presencia de la presidenta de la República en las honras fúnebres del Sumo Pontífice constituye un gesto de respeto, gratitud y cercanía del pueblo peruano con la Santa Sede y con el legado pastoral y humanitario del Papa Francisco. Conforme a los lineamientos de nuestra política exterior, el Perú debe mantener una presencia política en los acontecimientos que resulten gravitantes para el escenario internacional, aún más cuando hay una cercanía como con la Santa Sede. La presidenta de la República se mantendrá a cargo del despacho de la Presidencia de la República empleando tecnologías digitales, las cuales adoptan los mecanismos de seguridad digital y la garantía de la seguridad de los medios a emplearse”, se lee en el oficio que Boluarte Zegarra envió al Congreso.

Los funerales del papa Francisco se llevarán a cabo el próximo sábado 26 de abril en la Plaza de San Pedro de la Santa Sede en la Ciudad del Vaticano.

En un hecho histórico para la región Lambayeque, el Congreso de la República, a través de la Comisión de Transportes y Comunicaciones, llevó a cabo su Décima Segunda Sesión Extraordinaria Descentralizada en el distrito de Íllimo, marcando un importante paso hacia el desarrollo regional en materia de infraestructura y conectividad.

La sesión fue presidida por la congresista Marleny Portero, quien regresó a su tierra natal para liderar un encuentro crucial con la presencia del ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes, el gobernador regional Jorge Pérez, el alcalde de Íllimo Juan Pablo Santamaría, representantes de PRONATEL y del concesionario Valle del Zaña.

“Gracias por el recibimiento a la tierra que me vio nacer y crecer. Hoy, con las autoridades invitadas, hemos debatido soluciones claras en temas de transportes y comunicaciones para todo el país”, expresó emocionada la congresista Portero.

Durante la jornada, se aprobó una serie de dictámenes legislativos clave:

• La creación de un Fondo para el Transporte Público Profesionalizado y Sostenible a nivel nacional.
• La modificación de la Ley de Telecomunicaciones para fortalecer el servicio de radiodifusión.
• La inhibición del dictamen del Proyecto de Ley 10215, por no cumplir con los criterios técnicos necesarios.

Además, se hizo una revisión detallada de obras prioritarias para Lambayeque, entre ellas:

• La carretera Chochope–Penachí–Uyurpampa,
• Los cuatro ramales de Olmos,
• La vía de evitamiento Mochumí–Jayanca,
• Y la situación estructural de los puentes Motupe y Río La Leche.

Uno de los puntos más álgidos fue la controvertida ubicación del peaje San Nicolás, cuya permanencia afecta directamente a los pobladores de la Mancomunidad del Río La Leche. Autoridades locales y regionales exigieron al MTC una solución inmediata y consensuada.

Por su parte, PRONATEL alertó sobre la profunda brecha digital en zonas rurales y altoandinas como Cañaris e Incahuasi, anunciando planes para mejorar la cobertura de telecomunicaciones y cerrar esta deuda histórica con las poblaciones más vulnerables.

Con esta sesión descentralizada, el Congreso reafirma su compromiso de acercarse a las regiones y legislar de forma participativa, respondiendo a las demandas reales del país profundo.

Urgente, control de alcoholemia en la entrada del Congreso. No deberían ni siquiera debatirse propuestas como las del congresista Jorge Flores Ancachi (Podemos Perú) al querer otorgarle una segunda oportunidad a aquellos malos conductores en estado de ebriedad que hayan ocasionado un accidente.

Cuando uno acude a una reunión social, un evento, fiesta o cumpleaños tiene la completa discreción de ingerir bebidas alcohólicas o no, total, no habrá un policía de tránsito que esté a su lado las 24 horas del día para recordarle que si va a regresar a su casa manejando es imperativo que no haya alcohol en su sangre. ¿Las razones? Resulta más que evidente que combinar la alta velocidad con el licor podría tener consecuencias sumamente adversas, tanto para el conductor como para los transeúntes o la propiedad privada.

Aunque en teoría a los conductores se les repite más de una vez que se encuentra prohibido ingerir alcohol cuando uno está delante de un volante, miles de ellos optan por encender el motor de su vehículo creyendo que nada les pasará, y puede que la primera vez regresen sanos y salvos a su destino, pero a la siguiente tal vez ocasionen un accidente irreparable.

El tránsito vehicular en el Perú es uno de los peores en el mundo, existiendo combis que cuentan con más de 30, 40 o 50 papeletas, automóviles destartalados, vehículos menores como las mototaxis que circulan sin luces o alguna señalización que los haga visibles en la noche. Si a todo eso se suma el alcohol, entonces no es de extrañar la terrible cifra de 2,571 fallecidos el año pasado.

De acuerdo al proyecto de ley n.° 9490 presentada por el parlamentario, los conductores sancionados podrían volver a las pistas pagando una mínima fracción de la multa impuesta además de llevar un curso de capacitación.

Entre los argumentos del legislador se señalan que las sanciones resultan “desproporcionadas” y que muchos de los infractores han pasado por una “mala experiencia”.

La denominada ‘Ley del borrachito’ abriría nuevamente el camino a aquellos malos conductores que dolosamente manejaron sus vehículos.

Tal parece que el parlamentario acusado de pertenecer a ‘Los Niños’ ya viene perfilándose para postular como senador o diputado, queriendo ganarse la simpatía de aquellos malos conductores inhabilitados.

El ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Mauro Luiz Lecker Vieira, descartó que su país le brinde algún tipo de apoyo económico a la exprimera dama Nadine Heredia Alarcón, mientras dure su asilo diplomático. El funcionario del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, aseguró que ella deberá generar sus propios ingresos para vivir en Sao Paulo.

Asimismo, el canciller Vieira respondió que el asilo diplomático solo incluye el transporte a su país y el trámite de la documentación requerida para el ingreso a Brasil. Por tal motivo, la fugitiva Heredia Alarcón, quien en Perú recientemente fue condenada a 15 años de cárcel por delitos de corrupción, deberá trabajar, o buscar la forma de cómo generar ingresos para asegurar su subsistencia y la de su hijo adolescente.

«Lo que el asilo diplomático ofrece es el transporte al Brasil y la atención para proporcionar la documentación necesaria. De ahí en adelante, ella permanecerá en Brasil por medios propios», concluyó el canciller Vieira.

Siete militantes del partido Acción Popular sin previa experiencia acreditada en asuntos relacionados a la bibliotecología y a la catalogación de libros fueron contratados en el área de Procesos Técnicos Bibliotecarios de la Biblioteca del Congreso de la República, según un reciente informe de El Comercio.

Dichas contrataciones fueron efectuadas desde octubre de 2024, cuando el excongresista de Fuerza Popular, Diethell Columbus, asumió la dirección de la Biblioteca parlamentaria, ganando un salario de 19,722 mil soles. E incluso, dispuso que la Biblioteca Digital sea renombrada ‘Hernando Guerra García’, en honor al fallecido legislador de Fuerza Popular.

Según la investigación periodística, los trabajadores fueron contratados bajo la modalidad de servicios administrativos; sin embargo, ninguno de ellos tiene formación comprobada en manejo técnico bibliotecario, clasificación documental, catalogación o manejo técnico de archivos.

Presidente de Acción Popular negó injerencia en contrataciones

Tras ser consultado, respecto de las contrataciones de militantes de AP en la Biblioteca del Congreso, el presidente del partido Acción Popular, Julio Chávez Chiong reconoció la afiliación de los trabajadores convocados; sin embargo, negó cualquier intervención directa en sus incorporaciones. “No tengo conocimiento del proceso, ni de si han sido recomendados. Son militantes, pero eso no significa que hayan sido colocados por el partido”, aseveró Chávez Chiong, quien también se desempeñó como alcalde de SMP para el periodo 2019-2022.

El Poder Ejecutivo, presidido por la mandataria Dina Boluarte Zegarra declarará tres días de duelo nacional por la muerte del papa Francisco, ocurrida este lunes 21 de abril a los 88 años, según anunció el prelado de nacionalidad italiana y actual Nuncio Apostólico Paolo Rocco Gualtieri, tras la visita de la presidenta Dina Boluarte a la sede de la Nunciatura Apostólica en el distrito de Jesús María en Lima.

“Sí. Si recuerdo bien, me ha dicho que van a declarar tres días. Esperamos la declaración oficial del Gobierno”, afirmó el representante diplomático del Vaticano ante la prensa apostada en los exteriores de la sede católica.

Hoy la jefa de Estado visitó la Nunciatura y firmó el libro de condolencias abierto en homenaje al papa. En su mensaje, Boluarte Zegarra escribió: “Con profundo pesar por la pronta partida de su santidad el papa Francisco. El Gobierno y el pueblo peruano sentimos el vacío y gran tristeza. Que en paz descanse y de Dios goce”.

Por su parte, el nuncio Rocco Gualtieri lamentó la partida del sumo pontífice, destacando su cercanía con el Perú: “Hemos perdido un gran pontífice que estaba renovando a nuestra Iglesia Católica. Siempre atento a nuestro país. Preguntaba siempre cuando yo iba, cuando los obispos lo visitaban: ‘¿Y el Perú?’”.

Asimismo, anunció que el libro de condolencias estará abierto al público en los próximos días, probablemente hasta la fecha del funeral, para que “todos los fieles, el pueblo, la gente que quiera firmar, pueda expresar su afecto hacia el santo padre Francisco”.

De esta manera, en las próximas horas se espera el pronunciamiento oficial del Gobierno sobre el duelo nacional por la muerte del papa Francisco.