Arroz con mango para todos. Los aspirantes a convertirse en gobernadores, congresistas o presidentes, desde hace ya varios años, han visto sumamente lucrativo convertirse en autoridades del Estado, pues mágicamente su patrimonio se incrementa de manera considerable, pasando, además, de usar aretes y pulseras de fantasía a adornar sus muñecas con costosísimos relojes Rolex.

Y como todos pueden postular libremente, según lo estipulado en nuestro Constitución Política, sin que se requieran títulos o logros, hasta el ‘hijo del vecino’ puede convertirse en un futuro ‘Padre de la Patria’ para luego gozar de buffets, bonos, viajes pagados, y demás facilidades que se le brinda a un funcionario del Estado.

Es por eso que en las próximas Elecciones Presidenciales del 2026 se estima que van a participar al menos 50 organizaciones políticas sin una ideología definida ni vocación de servicio. A muchos de ellos solo les interesa ocupar una curul o estar dentro del Ejecutivo.

A propósito de ello, Roberto Burneo, presidente del JNE; Piero Corvetto, jefe de la ONPE; Y Carmen Velarde, jefa del Reniec, se presentaron ayer ante la Comisión de Constitución del Congreso para exponer los avances que sus respectivas instituciones vienen implementando para las Elecciones Generales 2026.

En esa línea, Burneo señaló que 42 organizaciones políticas ya están habilitadas para participar en dichos comicios, pero que la cifra podría incrementarse si logran culminar su proceso de inscripción otros partidos. Además, indicó que las elecciones podrían tener un aproximado de 10 mil candidatos. 

Por su parte, Corvetto calificó a los próximos comicios como «la elección más retadora de la historia de la república», considerando la cantidad de postulantes a cargos de representación nacional y los recursos logísticos que ello implica.

En un momento de su alocución, Corvetto se acercó a Fernando Rospigliosi, presidente de la comisión, para mostrarle las maquetas de lo que serán las cédulas de sufragio. No obstante, indicó que esto podría variar en caso el Congreso aprobara la implementación del voto electrónico.

“En caso ustedes aprueben el uso de voto electrónico no presencial para FF.AA. y PNP podríamos trabajar solo con una cédula [que] responde a nuestra tradición histórica nacional, no subnacional. Nos permitiría reducir tiempos en aproximadamente una hora u hora y media”, indicó. 

«Esta lógica del voto digital es fundamental. Es la elección más compleja de la historia», puntualizó.

Mucho por responder. La Fiscalía de la Nación presentó una denuncia constitucional ante el Congreso de la República contra el exministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho Mamani, por la presunta comisión del delito de aceptación indebida del cargo durante su gestión en el gobierno de la presidenta Dina Boluarte.

La denuncia fue presentada ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales a través del Área de Enriquecimiento y Denuncias Constitucionales.

Según la investigación, Rómulo Mucho habría incurrido en una infracción legal al aceptar el cargo de ministro el 13 de febrero de 2024, pese a estar impedido de hacerlo.

Horas antes de su juramentación, el exfuncionario se desempeñaba como gerente general de la empresa Pevoex Contratistas S. A. C., dedicada al sector minero, y era titular del 63 % de las acciones de dicha compañía.

Esta situación habría violado el artículo 5 de la Ley de Prevención y Mitigación del Conflicto de Intereses en el acceso y salida del personal del servicio público, así como el artículo 11 de su reglamento, aprobado mediante el Decreto Supremo 082-2023-PCM.

La normativa establece que los funcionarios públicos no pueden ejercer cargos en el sector privado que generen conflictos de interés con sus funciones estatales, especialmente en áreas directamente relacionadas con su ámbito de acción.

En este caso, la vinculación de Mucho con una empresa del sector minero habría representado un claro conflicto de intereses durante su gestión al frente del Ministerio de Energía y Minas (Minem).

En el caso específico de Pevoex Contratistas S. A. C., Mucho declaró que había dejado de ser accionista en agosto de 2023, basándose en una resolución judicial que, según la investigación, no afectaba su titularidad como accionista. Sin embargo, se descubrió que aún mantenía el 63% de las acciones de la empresa, lo que contradecía su declaración oficial. Esta compañía, vinculada al sector minero, mantenía contratos con Southern Peru Copper Corporation, lo que agravaba el conflicto de interés mientras Mucho ocupaba un alto cargo en el gobierno y se debatía la reactivación del proyecto minero Tía María.

Cabe recordar que Rómulo Mucho fue censurado por el Congreso en noviembre de 2024, bajo acusaciones de falta de capacidad e interés para resolver los problemas de los pequeños mineros y mineros artesanales. Tras la censura, el gobierno aceptó su renuncia y lo reemplazó por Jorge Montero Cornejo.

El premier del Gobierno de Perú, Gustavo Adrianzén Olaya, volvió a proteger la imagen de la presidenta de la República, Dina Boluarte y salió a declarar ante la prensa para afirmar que ella viene sufriendo un acoso político y mediático por parte de los medios periodísticos y de la Fiscalía de la Nación.

Esta respuesta la dio, luego de que el Ministerio Público ordenara un allanamiento a la vivienda del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, por la investigación que se le sigue por un presunto abuso de autoridad. Lo que fue calificado por la jefa de Estado como un intento de golpe de ‘Estado blanco’.

Durante un evento oficial en la ciudad de Iquitos, Gustavo Adrianzén conversó con los medios de prensa sobre temas de coyuntura; pero al ser consultado por las investigaciones que se le siguen a la mandataria Dina Boluarte, él aseguró que ello se debe a un acoso político y mediático orquestado por la propia Fiscalía de la Nación.

“Nosotros creemos que la señora presidenta Dina Boluarte está siendo víctima de acoso. Un acoso que además hemos calificado como mediático y también hay una persecución que se dirige concretamente de la Fiscalía», concluyó Adrianzén Olaya.

Gustavo Adrianzén, jefe del gabinete, aseguró que la presidenta Dina Boluarte es "víctima de una acoso mediático" y por parte de la Fiscalía: "Existe una intencionalidad de causar desestabilización del Gobierno […] La prensa es libre en el país" ► https://t.co/QTAt5w82G4 pic.twitter.com/iqW36A3914

— Canal N (@canalN_) March 4, 2025

Se gasta mucho dinero en papel. La Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República aprobó, con 18 votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones, el dictamen que regula el voto digital en el país.

La propuesta, impulsada por el legislador Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), incorpora un nuevo capítulo a la Ley Orgánica de Elecciones (Ley 26859) con el objetivo de modernizar el sistema electoral peruano.

El voto digital, definido como un mecanismo alternativo y equivalente al sufragio tradicional, será de uso voluntario y se implementará de manera progresiva.

Según el artículo 223-A del dictamen, este sistema garantiza el carácter personal, libre, igual y secreto del voto, respaldado por mecanismos de seguridad digital que aseguran la integridad, disponibilidad y confidencialidad del proceso.

Para acceder al voto digital, los ciudadanos deberán contar con un Documento Nacional de Identidad (DNI) electrónico y un certificado digital vigente.

El registro ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) será obligatorio y deberá realizarse dentro de plazos específicos: desde los 15 días posteriores a la aprobación del padrón electoral hasta 120 días antes de la elección. No se permitirá el registro extemporáneo.

El dictamen también establece la creación de mesas de sufragio digital, compuestas por 9 miembros titulares y 9 suplentes, designados mediante sorteo entre ciudadanos con grado de instrucción superior. Estas mesas tendrán las mismas responsabilidades que las tradicionales, y sus miembros gozarán de los beneficios previstos en la ley.

Durante el debate, el congresista Juan Carlos Lizarzaburu (APP) destacó la importancia de esta reforma, especialmente para los peruanos residentes en el extranjero, quienes enfrentan dificultades para ejercer su derecho al voto.

Por su parte, el legislador Luis Aragón (AP) sugirió precisar el número de la lista para el sorteo de miembros de las mesas digitales, mientras que Wilson Soto propuso incluir a las personas con discapacidad como beneficiarios prioritarios del sistema.

La propuesta también autoriza a la ONPE a implementar un programa piloto de voto digital, priorizando a peruanos residentes en el extranjero, miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, entre otros grupos.

En paralelo, la comisión recibió a los titulares de los organismos electorales, quienes expusieron los avances en la organización de las Elecciones Generales 2026. Entre los presentes estuvieron Roberto Burneo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones; Piero Corvetto, jefe de la ONPE; y Carmen Velarde, jefa del RENIEC.

El titular de Cultura, Fabricio Valencia, desde que ingresó al portafolio, se ha convertido en un férreo escudero de la mandataria Dina Boluarte, y no solo la elogió, asegurando que es la primera mujer que en 14 mil años de presencia de la especie humana dirige el destino de los peruanos; sino, que ha criticado el allanamiento a la vivienda del ministro del Interior, Juan José Santiváñez y asegura que tras esa acción se pretende desestabilizar al Poder Ejecutivo.

A través de un video, en lugar de informar sobre las gestiones que debería atender en su alicaído sector de Cultura, Valencia Gibaja, se dedicó a proteger a su colega Santiváñez y expresó su solidaridad con él; al punto de aseverar que se «intenta desestabilizar al país».

«Quiero expresar mi solidaridad con el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, dado que se quiere desestabilizar al Poder Ejecutivo, pretendiendo dar un golpe de Estado blanco. Tal y como lo ha denunciado la señora presidenta de la República. Intentar desestabilizar al país, solo afectaría gravemente el crecimiento económico que hemos tenido en los últimos dos años», refirió el ministro Valencia Gibaja.

Ministro de Cultura ‘defiende incondicionalmente’ a la presidenta Dina Boluarte.

Ministro de Cultura desde el multiverso

Asimismo, el titular de Cultura, remarcó que los logros del Gobierno de Dina Boluarte son «innegables» y están respaldados por las propias evidencias.

«Los logros de este Gobierno son innegables y la evidencia lo respalda. El Perú logró un crecimiento económico de 3.2% en el 2024, posicionándose como uno de los países con mejor desempeño en América Latina. Para el 2025 se proyecta un crecimiento mayor al 4% (…) Desde el Mincul ratificamos nuestro respeto por el estado de derecho, por las instituciones públicas y por las honras de todas las personas», culminó.

Resulta incomprensible ver a un otrora defensor del patrimonio cultural, que emprendió batallas y cuestionamientos contra las nocivas gestiones en el Ministerio de Cultura; y que ahora, ya convertido en ministro de Cultura, se haya olvidado de su postura proteccionista del patrimonio cultural, para dar a paso a la defensa de su “jefa”, la presidenta Dina Boluarte, y del cuestionado ministro del Interior, Juan José Santiváñez.

¿Por que Fabricio Valencia Gibaja grabó el video?

Fuentes de Palacio de Gobierno señalan que el titular de Cultura intenta mantenerse en el cargo tras conocerse que sería reemplazado. Al parecer la presidenta Dina Boluarte ya tendría en su escritorio el nombre y apellido del que sería el nuevo ministro de Cultura.

Se hizo humo. Si el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, tenía pensado presentarse a las próximas elecciones presidenciales, entonces acaba de dispararse a los pies, pues su ausencia es un insulto para los cientos de damnificados que esperaban al menos una palabra de aliento luego del terrible incendio iniciado el pasado lunes y que hasta el momento no logra ser sofocado por los bomberos.

Luego de más de 36 horas de iniciado el dantesco incendio que viene destruyendo al menos seis edificios y dejando a cientos de personas sin hogar, todos se preguntan en qué momento hace su aparición el alcalde capitalino o al menos escribe algo en sus redes sociales.

Al respecto, Iván Penagos, ex gerente de fiscalización municipal, criticó severamente la poca participación de ‘Porky’, quien ayer canceló su presentación en una conferencia sobre un proyecto ambiental en el Palacio Municipal.

Durante una entrevista para Exitosa, el abogado recordó que los eventos que se suscitan en Cercado de Lima son responsabilidad del alcalde de Lima, reprochándole su nula participación y monitoreo en el trabajo de los bomberos y demás autoridades.

“Todo lo que pasa dentro del Cercado de Lima es responsabilidad del Alcalde, del Área de Fiscalización y del Área de Gestión de Riesgos. Y por lo que tengo entendido el Área de Fiscalización tiene el 50% de personal menor a las de pasadas gestiones. Entonces es responsabilidad del alcalde de abastecer de personal necesario a una gerencia tan importante como la de Fiscalización de Lima Metropolitana», declaró.

“Cero fiscalización”

A propósito de ello, el ex gerente de fiscalización municipal también mencionó que durante los últimos años se ha incrementado de manera considerable el comercio ambulatorio en las principales calles de Cercado de Lima, así como la aparición de almacenes sin tener ni una sola medida de seguridad, sosteniendo que todo se debe a una nula fiscalización por parte de varias gestiones anteriores.

 Ahora, con la gestión de López Aliaga, cualquier que vaya de compras al Mercado Central o Mesa Redonda podrá comprobar que muchas calles están invadidas por carretillas, vendedores ambulantes o tricimotos que convierten en una bomba de tiempo todo ese espacio.

Tras el informe de Lima Gris que reveló que el jefe de Equipo Comunicacional de Sedapal, Miguel Bellido utilizaría vehículo de la empresa para favorecer a trabajador que no pertenece a la planilla de Sedapal, el legislador solicitó una explicación al presidente de la institución.

Luego de la publicación del caso Sedapal que se realizó el 27 de febrero pasado, donde se cuestionó irregularidades detectadas en el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal), por el mal uso de la movilidad, furgón blanco de placa CJR-123, que usualmente traslada al jefe de Equipo de Comunicaciones de la empresa, Miguel Ángel Bellido Almeyda y que beneficiaba en los traslados y/o desplazamientos ida y vuelta a su amigo, el creador de contenidos para redes sociales, Víctor Navarrete Pinto.

El congresista de la República Guido Bellido mediante el oficio N°1691-2024-2025-GBU/CR solicitó información al respecto. La carta del legislador, fue dirigida al Presidente del Directorio de Sedapal, Jorge Fernando Gómez Reategui.

En la misiva se pide remisión de información sobre las acciones realizadas respecto a presuntos actos delictivos, en el cual se evidencian la utilización del vehículo de la empresa para favorecer y trasladar a terceros, trabajadores que no pertenecen a la planilla de Sedapal.

Además, el parlamentario señala que el oficio lo envía en el marco de su función de representación y fiscalización como congresista de la república.

Este martes 04 de marzo, la empresa Real Plaza SRL y sus apoderados han sido denunciados por 3 asociaciones defensoras de consumidores, entre ellas, el Centro de Protección al Ciudadano EQUIDAD, el Centro de Consumidores Inmobiliarios del Perú (ADCIP) y la Asociación Peruana de Protección y Defensa de Consumidores y Usuarios Proconsumo.

Dicha denuncia ha sido interpuesta ante la Comisión de Protección al Consumidor número dos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), para que en su condición de autoridad de consumo, ordene y ejecute acciones preventivas y correctivas de protección al colectivo de consumidores a nivel nacional, tras evidenciar a través de los diversos medios y por opinión de expertos, la responsabilidad y culpa de la empresa Real Plaza y de sus gerentes y/o apoderados Misael Shimizu Mitsumasu, Garlet Noemí Rodríguez Ortiz y Luis Alonso Santa María Torres, en los hechos fatídicos del pasado viernes 21 de febrero y su actuar negligente por acciones de omisión y acción culposa, vulnerando los derechos de los consumidores.   

Petitorio

Dichas vulneraciones se habrían materializado por haber incumplido diversos artículos del Código de Protección y Defensa del Consumidor. Entre ellas, por no informar las deficiencias en sus 11 locales o centros comerciales, ocultando información relevante a los consumidores de las deficiencias tanto en la arquitectura, estructuras, mantenimiento y otros, que han determinado su posterior cierre o clausura por la autoridad municipal en once locales en distintos distritos y ciudades del Perú.

Asimismo, por señalar falsamente y de modo inexacto que la empresa en mención y sus locales cumplen con los más altos estándares de construcción y mantenimiento, siendo totalmente lo contrario, ya que por su incumplimiento se determinó el cierre de sus locales.

Por la demora en la activación de los seguros médicos de atención de salud, lo cual generó riesgo a la salud y a la vida para los heridos de la tragedia acontecida en Real Plaza Trujillo.

Por haber expuesto y no haber garantizado la seguridad a sus consumidores y visitantes del Real Plaza Trujillo, cuyo techo se cayó el pasado 21 de febrero, así como del Real Plaza Huancayo, que fue clausurado por la comuna huancaína por defectos estructurales.

Por haber expuesto y no haber garantizado la seguridad a sus consumidores y visitantes del patio de comidas de Real Plaza de Cusco, que fue clausurado 15 días por el municipio de la ciudad imperial.

Además, por haber expuesto y no haber garantizado la seguridad a sus consumidores y visitantes del Real Plaza Villa María del Triunfo, el 25 de febrero de 2025 por presentar estructuras oxidadas y filtración de humedad.

Asimismo, expusieron y no garantizaron la seguridad a sus consumidores y visitantes del Real Plaza Puruchuco, clausurado por la Municipalidad de Ate, el 25 de febrero del presente año.

Por haber expuesto y no garantizar la seguridad a sus consumidores del Real Plaza Santa Clara, también clausurado por la comuna de Ate, el 25 de febrero del mismo año.

También, por haber expuesto y no haber garantizado la seguridad a sus consumidores del Real Plaza Piura, clausurado por la municipalidad de Piura el pasado 24 de febrero, por no reunir las condiciones técnicas establecidas para el funcionamiento de locales públicos.

Asimismo, por haber expuesto a sus consumidores y visitantes del Real Plaza Guardia Civil de Chorrillos, clausurado por la comuna chorrillana el 27 de febrero del 2025 por inminente riesgo para la vida, al detectar 30 faltas graves, incluyendo tener estructuras oxidadas. 

Por haber expuesto y no haber garantizado la seguridad a sus consumidores y visitantes del Real Plaza Centro Cívico, clausurado por la MML, el 27 de febrero por falta de mantenimiento en las conexiones eléctricas.

También, por haber expuesto y no haber garantizado la seguridad de sus consumidores y visitantes del Real Plaza Juliaca, clausurado por la comuna provincial de San Román el pasado 25 de febrero, por encontrar fallas estructurales y otras deficiencias que comprometen la seguridad del recinto comercial.

Asimismo, se pide que se ordene a la denunciada que reembolse todos los gastos efectuados por los consumidores afectados (aproximadamente 78 personas) por la tragedia del pasado 21 de febrero del 2025, en su local del Centro Comercial Real Plaza Trujillo.

Que se reembolse los egresos de costas y costos del presente procedimiento a las entidades accionantes. Que se asigne un porcentaje de la multa a las asociaciones de consumidores denunciantes que cuenten con convenio ante Indecopi, para sus fines de protección a los consumidores.

Que se sancione con el máximo de la multa establecida, de 450 UIT, por cada de una de las infracciones (13) mencionadas en el primer numeral de esta denuncia, a la denunciada Real Plaza y a los Gerentes y/o Apoderados, por tratarse de un caso que aún no se soluciona y que continúa afectando intereses difusos de miles de consumidores y usuarios.

De esta manera los denunciantes solicitan a la Secretaría Técnica que admitan a tramite la presente denuncia y en su oportunidad declararla FUNDADA en todos sus extremos, de acuerdo a los argumentos expuestos.