Política
Fiscal de la Nación Patricia Benavides, es investigada por ser cabecilla de presunta organización criminal
La guerra entre los sectores de izquierda y derecha ha recrudecido luego de la detención del “hombre de confianza” de la Fiscal de la Nación Patricia Benavides, al evidenciarse una gran red criminal de trafico de influencias, entre el Ministerio Público y el Congreso de la República y que como presunta cabecilla está nada menos que la propia titular del Ministerio Público.

Hoy durante la madrugada la fiscal Marita Barreto ordenó el operativo Valkiria V, y a través del séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional se dictó la detención preliminar por 10 días a Jaime Villanueva Barreto, por ser parte de una presunta organización criminal, y cometer el presunto delito de trafico de influencias, en agravio del Estado. Sin embargo, primero fue internado por supuestos problemas de salud, en la Clínica San Pablo, en Lima.
Paradójicamente, la jefe del equipo especial anticorrupción, Marita Barreto, fue removida del cargo, el sábado 25 de noviembre, por la propia Patricia Benavides; aunque la decisión no se materializó porque no llegó a publicarse en el Diario Oficial El Peruano. No obstante, actualmente Villanueva Barreto se encuentra detenido en la Prefectura.
Se ha vuelto habitual, en nuestro país, tras desentrañar, organizaciones criminales extranjeras, y evidenciar los malos actos de un sinnúmero de funcionarios del Estado en los últimos tiempos, que continúen los destapes, que involucran a importantes autoridades que supuestamente, luchan contra la corrupción.
Esta vez, la involucrada es nada menos que la Fiscal de la Nación, Liz Patricia Benavides Vargas, que sería la cabeza de una organización criminal con estructura vertical, formada desde el 01 de julio del 2022, y cuyo “lugarteniente” es Jaime Javier Villanueva Barreto (designado asesor de la Fiscal de la Nación, desde septiembre de 2022, hasta septiembre de 2023, pero luego pasó a desempeñarse como asesor de la subgerencia de Bibliotecología del Ministerio Público, hasta la actualidad), y los demás integrantes son Abel Hurtado Espinoza (designado como asesor de la Fiscal Benavides, desde septiembre de 2022 hasta septiembre de 2023), Miguel Ángel Girao Isidro (designado asesor de la Fiscal Benavides, desde julio de 2022 hasta febrero de 2023, pero luego, desde el mes de marzo, hasta la actualidad tendría el cargo de Gerente Central del Despacho de la Fiscal de la Nación), y otras personas en proceso de identificación.

Ante este escandalo que involucra gravemente a la Fiscal de la Nación, y para evitar las represalias, la fiscal Barreto y los miembros de su equipo especial, los coroneles Harvey Colchado y Walter Lozano, ya habrían presentado una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Comisión IDH).
¿Qué se pretendía con esta presunta red de influencias?
La reciente elección del defensor del Pueblo Josué Gutiérrez Cóndor, habría sido una “causalidad”, si tomamos en cuenta que él presidiría una eventual Comisión Especial de selección de la Junta Nacional de Justicia (JNJ); por tanto, el Ministerio Público habría ejercido influencias ilícitas, en el nombramiento del funcionario mencionado.
Asimismo, el Ministerio Público, habría ejercido sus influencias ilícitas, a un gran grupo de congresistas de la República, para impulsar la inhabilitación de la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos Rivera, a cambio de otorgarles un archivamiento de sus casos penales, para que queden limpios de polvo y paja en sus investigaciones.
El Ministerio Público liderado por Patricia Benavides, habría ejercido sus influencias ilícitas en el Congreso, para que se remueva a la actual Junta Nacional de Justicia (JNJ), y a cambio de ese “pedido”, nuevamente los iba a favorecer en las investigaciones pendientes que iban a resolverse en la propia Fiscalía de Benavides.

Ahora bien; ¿Cómo se descubre todo este entramado entre el Ministerio Público y un gran número de parlamentarios del Congreso de la República?
Precisamente, con unos chats en los que se lee unas conversaciones muy graves que desentrañan las acciones coordinadas, entre el asesor de confianza de la Fiscal de la Nación y un legislador del Congreso. En este caso, el representante y mano derecha de Patricia Benavides, Jaime Villanueva, sostiene diálogos que datan del mes de mayo de 2023.
“Ojalá lo solucionen pronto. Estamos muy preocupados por que se vaya a caer la elección del defensor. Tener un titular en esa institución es imprescindible, pues lo que está en juego es algo mucho más importante, inclusive, que la misma Defensoría. Como se sabe, la Junta Nacional de Justicia está tomada por el vizcarrismo, y como la fiscal lo mencionó en su discurso, existen muy fuertes y oscuros intereses en que ella deje de ser Fiscal de la Nación y los caviares retornen a controlar el MP. Si la JNJ la suspende por antigüedad, Zoraida Ávalos sería la nueva FN y eso significaría el retorno del vizcarrismo al MP”.


Jaime Villanueva Barreto señala en el chat, que él es el único autorizado por la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides. En esa línea, los congresistas que habrían ingresado a los “negociados”, fueros clasificados como: “Niños 1”, Niños 2”, y “Niños 3”; justamente, porque ellos también están investigados por los delitos de Organización Criminal y Tráfico de Influencias, en agravio del Estado.
En el grupo de Los Niños 1, se encuentran Raúl Doroteo Carbajo, Juan Carlos Mori Celis, Jorge Luis Flores Ancachi, Jhaec Darwin Espinoza Vargas, e Ilich López Ureña.
En el grupo de Los Niños 2, se encuentran: Pedro Edwin Martínez Talavera, Luis Ángel Aragón Carreño, Hilda Marleny Portero López, Carlos Zeballos Madariaga, Francis Paredes Castro, Oscar Zea Choquechambi, Katy Ugarte Mamani, Paul Gutiérrez Ticona, Segundo Quiroz Barboza, Edgar Tello Montes y Américo Gonza Castillo.
En el grupo de Los Niños 3: se encuentran: María Grimanesa Acuña Peralta, María Antonieta Agüero Gutiérrez, Guido Bellido Ugarte, Guillermo Bermejo Rojas, Digna Calle Lobatón, Isabel Cortez Aguirre, Víctor Raúl Cutipa Ccama, Alex Randú Flores Ramírez, Luis Roberto Kamiche Morante, Nieves Esmeralda Limachi Quispe, Jorge Alfonso Marticorena Mendoza, Heidy Elizabeth Juárez Calle, Segundo Toribio Montalvo Cubas, Alfredo Pariona Sinche, Luis Raúl Picón Quedo, Kelly Roxana Portalatino Avalos, Wilson Rusbel Quispe Mamani, Abel Augusto Reyes Cam, Janet Milagros Rivas Chacara, Silvana Emperatriz Robles Araujo, Rosio Torres Salinas, Cheryl Trigoso Reategui, Elías Marcial Varas Meléndez, Lucinda Vásquez Vela, Magaly Rosmery Ruiz Rodríguez y Karol Paredes Fonseca.
En otro de los chats de Villanueva Barreto, él responde: “La señora estaba segura que era la otra semana”, en referencia a su jefa Patricia Benavides y a un texto del “legislador”, que dice: “Dijeron que de una vez fiscal dé una señal de archivo de los que corresponde claramente”. Y Villanueva responde: “Por eso digo, eso ya está listo. Lo podemos sacar el viernes. Juntémonos para definir la estrategia. Por el tema de los archivos”.
En esta disposición N° 02- PDF, se refiere al documento que contiene la disposición fiscal que decide no haber merito para promover investigación preliminar, para favorecer hasta ese momento al grupo de “Los Niños 3”.

Consecuentemente, el 15 de junio del 2023, el integrante de la presunta organización criminal, Jaime Villanueva Barreto, desde su celular a través de WhatsApp, envió al número telefónico del “congresista”, un archivo digital PDF denominado “Disposición N° 02 PDF”, documento que contiene la Disposición Fiscal que “Decide no haber merito para promover investigación preliminar contra 37 congresistas, por el presunto delito de cohecho pasivo propio, Liz Patricia Benavides Vargas, Fiscal de la Nación”.
Dando así cumplimiento a su ofrecimiento criminal realizado el 06 de junio del 2023, referente al archivamiento de las investigaciones de congresistas, con el objetivo de influir ilícitamente sobre los favorecidos y sus compañeros de bancada, para que voten a favor de la inhabilitación de la Fiscal Suprema Zoraida Ávalos Rivera y así evitar que pueda reemplazar en el cargo a Patricia Benavides, ante una legítima destitución de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). De esa forma, estos congresistas como contraprestación ilícita, obtuvieron del despacho de Benavides, el beneficio de que no se les promueva investigación preliminar y estos se encontraban agrupados en el denominado bloque “Niños 3”, así como otros seis congresistas más.

Cuadro del detalle de los seis Niños que fueron blindados (pagina 31).
Algunas acciones en el Congreso de la República hoy cobran sentido
Hay que recordar que el 24 de mayo de 2023, la legisladora de Avanza País, Patricia Chirinos presentó una denuncia constitucional contra los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), por los delitos de patrocinio ilegal y aprovechamiento ilegal del cargo; esto en razón, que la JNJ pidió a los parlamentarios “mayor reflexión” sobre la acusación constitucional que emprendieron contra Zoraida Ávalos.
Y no hace mucho, el 07 de noviembre del 2023, el Congreso programó para el día siguiente, 08 de noviembre, a las 14:00 horas, para que la presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos sustentara el informe final en mayoría, por diez minutos y posteriormente los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) ejerzan su derecho a la defensa en compañía de sus abogados, y luego al retirarse, procedan desde el Congreso con el respectivo debate por más de dos horas y luego se finalice con la votación de la aprobación para la remoción de la JNJ.

No cabe duda, que una vez más nuestra escena política e institucional, atraviesa por otra gran crisis de corrupción; sin embargo, en esta coyuntura, generalmente se cumple el refrán “En rio revuelto, ganancia de pescadores”.
En ese sentido, no solo en las redes sociales; sino, en los medios, han salido con fuerza algunos “cojudignos”, “caviares” y otros grupretes de “progresistas” para rasgarse las vestiduras e indignarse, en honor a la lucha anticorrupción. Entre los que hoy han salido a indignarse, con afán de héroes, son el fiscal José Domingo Pérez y la denominada “largarta” Zoraida Ávalos, que ahora se hace la víctima.

Sin embargo, esta nueva bomba, no es poca cosa y se ha convertido en un gran “insumo” para que la izquierda tenga tema de protesta por mucho tiempo.
Finalmente, la Fiscal de la Nación Benavides, aunque se demoró, ha salido a deslindar en su típico mensaje a la nación, pero esta vez muy nerviosa agregó que nuevamente le están poniendo obstáculos y prácticamente ha pechado a la mandataria Dina Boluarte, asegurando que ya inició investigación a la propia jefe de Estado por homicidio calificado (una especie de mensaje subliminal diciéndole: “no te metas conmigo”); sin embargo, evitó mencionar la denuncia por organización criminal en su contra y la situación de su hombre de confianza tras la sombra, Jaime Villanueva.
Política
Con más de S/ 1,500 millones ejecutados, Educación lidera inversión pública en infraestructura escolar
144 escuelas entregadas y más de 106 mil estudiantes beneficiados marcan un hito en el avance de la infraestructura educativa nacional.

Al 31 de mayo de 2025, el Ministerio de Educación (Minedu) ha alcanzado la tasa más alta de ejecución presupuestal en inversiones de los últimos cinco años, con un total de S/ 1,559 millones ejecutados. Esta cifra posiciona al sector Educación como uno de los principales motores de la inversión pública nacional, reflejando un compromiso concreto por mejorar las condiciones de aprendizaje en todo el país.
“Esta es una muestra clara del compromiso del Gobierno con nuestros estudiantes. Estamos trabajando para cerrar la brecha en infraestructura educativa y llevar escuelas modernas y bien equipadas a cada rincón del país”, destacó el ministro de Educación, Morgan Quero.
Con un 38.1 % de avance en la ejecución presupuestal en el rubro de inversiones, el Minedu se ubica en el quinto lugar entre todos los sectores del Estado. Las proyecciones para el resto del año son positivas, lo que permitiría escalar aún más posiciones en el ranking de ejecución pública.

Un factor clave en este avance ha sido el programa Escuelas Bicentenario, que ya ha entregado 144 instituciones educativas completamente renovadas, beneficiando a más de 106,000 estudiantes de los niveles inicial, primaria y secundaria. Solo en Lima Metropolitana, Callao y Junín, ya están operativas 38 escuelas con infraestructura moderna, segura y equipada para el aprendizaje del siglo XXI.
El Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied) también ha contribuido significativamente, ejecutando más de S/ 88.5 millones en obras de construcción y mejora de colegios públicos en Lima y diversas regiones. Estas inversiones buscan no solo resolver problemas de infraestructura, sino crear espacios dignos, seguros e inclusivos para miles de escolares.

Por su parte, las 54 universidades públicas del país han destinado más de S/ 380 millones en mejoras de infraestructura y equipamiento, fortaleciendo así la calidad de la educación superior. A ello se suma la inversión del Programa para la Mejora de la Calidad y Pertinencia de los Servicios de Educación Superior Universitaria y Tecnológica (PMESUT), que ha ejecutado S/ 33.9 millones para impulsar la educación tecnológica y técnico-productiva.
Estos esfuerzos articulados reflejan una política sostenida para garantizar el derecho a una educación de calidad en todos los niveles. Más allá de las cifras, la prioridad está puesta en el futuro de los niños, niñas y jóvenes del país.
“El trabajo continúa, siempre pensando en brindarles a nuestros estudiantes un lugar digno donde crecer, aprender y construir sus sueños”, concluyó el titular del sector.
Política
JNE rechaza anular inscripción Perú Primero, partido de Martín Vizcarra
Inhabilitado ‘Lagarto’ salta en un pie, luego que se desestimara la denuncia de la exprocuradora Katherine Ampuero.

No podrá ser presidente, pero al menos su partido sigue en carrera. El expresidente Martín Vizcarra, inhabilitado por 10 años por cerrar el Congreso, continuará al frente su partido Perú Primero, luego que el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) rechazara una denuncia de la exprocuradora Katherine Ampuero por presuntas firmas falsas presentada por su partido para su inscripción.

Ampuero denunció al partido del ‘Lagarto’ Vizcarra basándose en reportajes periodísticos que daban cuenta de que se habrían presentado fichas de afiliación con miles de firmas provenientes de un solo puño, de acuerdo a un informe del Reniec. Similar situación ocurría en los partidos Primero La Gente y Perú Moderno, solicitándose la nulidad de sus inscripciones.
En el caso del partido de Martín Vizcarra se dio a conocer que cinco mil fichas de afiliaciones contenían firmas de un mismo puño. Cabe precisar que dichas fichas no fueron consideradas para el conteo de los 25.000 adherentes para lograr la inscripción, aunque ello no evitó que de todos modos se dieran casos de afiliaciones indebidas.
“Presunciones”
De acuerdo a la resolución del ROP, no se ha verificado que los ciudadanos que declararon en medios de comunicación que fueron afiliados indebidamente «efectivamente no hayan manifestado su consentimiento suscribiendo una ficha para su afiliación”.
Y es que, el pleno del JNE estableció en enero de este año, antes de que explote el escándalo de firmas falsas, que no bastaba la palabra del ciudadano presuntamente afiliado indebidamente a un partido para proceder a excluirlo del padrón de un partido. El afectado tiene que probar la afiliación indebida presentando una pericia grafo técnica.
El dato:
La resolución de la dirección nacional del ROP no puede ser apelada, de acuerdo a la jurisprudencia del JNE.
Política
Escándalo en Barranco: Contraloría detecta varias irregularidades en las grúas de la alcaldesa
La Contraloría detectó cinco ‘situaciones adversas’ que comprometen el servicio de depósito vehicular y grúas en Barranco. El jefe del órgano de control informó a la alcaldesa para que actúe. La gran pregunta es: ¿Jessica Vargas tomó medidas, o miró a otro lado?

Un reciente informe de la Contraloría General de la República ha sacado a la luz una serie de irregularidades en la ejecución contractual del servicio de grúas de remolque y carga lateral, así como del depósito vehicular de la Municipalidad de Barranco. El informe de Hito de Control N° 004-2025-OCI/2166-SCC identificó cinco situaciones adversas que ponen en entredicho el cumplimiento de los términos establecidos en el contrato público N° 001-2023-CS-MDB-1. Los hallazgos no solo evidencian fallas administrativas, sino también negligencias que afectan la calidad del servicio de depósito vehicular y grúas, así como la seguridad de los ciudadanos.

Grúas sin identificación y sin equipamiento completo
El pasado 10 de marzo de 2025, una Comisión de Control Concurrente realizó una inspección en el marco del procedimiento de verificación del cumplimiento contractual. En el lugar, se encontró que los vehículos grúa con placas BNY-933 y BCK-701 no contaban con numeración visible, incumpliendo así lo estipulado en las bases integradas, que exigen que las grúas lleven el logo de la municipalidad y una numeración claramente visible en la carrocería para su fácil identificación.
De acuerdo con el testimonio del Coordinador de Fiscalización, los vehículos eran identificados de manera informal como «vehículo 1» y «vehículo 2», lo que representa una clara trasgresión de lo pactado en el contrato, que señala: “El contratista se encargará de que las grúas lleven el logo de la Municipalidad y un numero en el lugar de la carrocería para que estas puedan ser identificadas”. Este punto no es menor: la ausencia de numeración y logos oficiales no solo dificulta la supervisión ciudadana, sino que debilita los mecanismos de transparencia y control del servicio prestado.

La revisión visual dejó aún más preocupaciones. Mientras la grúa BCK-701 mostraba el logo de la Municipalidad de Barranco en su parte frontal, la unidad BNY-933 carecía completamente de dicha identificación. Además, se detectó que la primera no contaba con su caja de herramientas, disponiendo únicamente de una llave de ruedas, incumpliendo los requerimientos mínimos establecidos en las bases integradas. Estas exigen que cada grúa esté equipada con accesorios esenciales como llanta de repuesto, caja de herramientas y llave de ruedas. Irónicamente, fue la unidad BNY-933 que sí portaba la caja de herramientas la que el contratista había reportado como “completamente equipada”, pese a que las evidencias mostraban lo contrario.

Estos hechos evidenciados, indican que el contratista incumplió con los términos establecidos en las bases integradas de los documentos contractuales. Y como consecuencia de ello se genera el riesgo de que los vehículos grúas no puedan ser identificados rápidamente por cualquier vecino del distrito de Barranco, así como la limitada acción ante la necesidad de usar alguna herramienta ante una situación de urgencia, dándose así un servicio que no corresponde a lo requerido.

Chofer sin protección ni identificación
Otra de las fallas alarmantes detectadas fue la condición laboral del chofer Ulises López Berrú, trabajador de la empresa contratista. Durante la visita, se comprobó que López no portaba equipo de protección personal ni fotocheck físico, en abierta vulneración del numeral 10 y 11 de las bases integradas, que señala que: “El contratista proporcionará a su personal un carné de identificación con su fotografía, el cual deben portar a la presentación y durante la ejecución del servicio”. Estas disposiciones exigen que el personal cuente con un carné de identificación con fotografía y con el equipo de seguridad necesario durante la ejecución del servicio”.
La ausencia de estos elementos pone en riesgo tanto la integridad del trabajador como la adecuada ejecución de un servicio que implica el uso de maquinaria pesada y situaciones operativas de emergencia: “El contratista es responsable de brindar a su personal el equipo de seguridad necesario”.

Depósito vehicular en estado deplorable
La Comisión de Control también inspeccionó las instalaciones del depósito vehicular municipal, encontrando baños completamente sucios, con polvo acumulado y manchas visibles en el piso. Este hallazgo pone en evidencia la falta de limpieza y mantenimiento de un espacio que debe garantizar condiciones mínimas de salubridad, tanto para el personal como para los ciudadanos que acuden a recoger sus vehículos secuestrados.
Según las bases contractuales, los “Servicios higiénicos deben estar en buen estado y limpios, tanto para el personal que labore en el depósito, como para los ciudadanos que vengan a retirar los vehículos”. Pero lo verificado dista mucho de esa exigencia. Este descuido no solo compromete la salud pública, sino que refleja el desinterés del contratista por cumplir los estándares básicos del servicio.

Coordinador ausente y asistentes sin formación ni acreditación
Uno de los hallazgos más cuestionables tiene que ver con la ausencia del Coordinador designado por el contratista, Arturo Turriate Solimano. Según el informe, durante la visita del 10 de marzo, el señor Turriate no se encontraba en el depósito municipal y recién se presentó alrededor de la 10:30 a. m., mucho después de iniciada la supervisión. En su lugar, se encontraba Christian Felipe Vera Paniccia, quien se presentó como asistente del Coordinador.
La situación se agrava cuando se verifica que Vera Paniccia no figura en el registro de grados y títulos de Sunedu, ni cuenta con certificados validados por el Ministerio de Educación. La presencia de personal no calificado y no registrado compromete seriamente la legitimidad de la gestión operativa del servicio de la empresa contratista.
Pero los problemas no terminan ahí. El 14 de marzo, durante una segunda visita, la Comisión de Control solo encontró presentes a los choferes y a Javier Alejandro Mendoza Huamán, otro supuesto asistente del Coordinador Turriate. Mendoza admitió no saber el paradero de su superior y, al ser consultado sobre su experiencia, afirmó tener 2 años y medio como asistente de grúas, bajo un contrato suscrito con Green City Miraflores, empresa que prestó el mismo servicio a la Municipalidad Distrital de Miraflores, sin presentar pruebas de estar calificado para el cargo actual.
Ninguno de los asistentes cumplía con los requisitos establecidos: ser profesional titulado en Administración, Contabilidad, Economía o carreras afines y contar con al menos un (1) año de experiencia como supervisor en depósitos vehiculares. Criterios que también forman parte de los “Requisitos de calificación”.
Esta falta de idoneidad no es solo una omisión administrativa: es una vulneración directa a las normas del contrato, que impacta negativamente en la eficiencia y legalidad del servicio ofrecido, porque incumplen con lo establecido en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, que señala que “El contratista es responsable de ejecutar la totalidad de las obligaciones a su cargo, de acuerdo a lo establecido en el contrato”.

Servicio operando con grúas no autorizadas
El quinto hallazgo detectado por la Contraloría es, quizás, el más grave: el servicio se venía ejecutando con una grúa que no fue acreditada para la suscripción del contrato y que tampoco fue validada por el área usuaria de la Municipalidad de Barranco. En concreto, la grúa de placa BCK-701 solo fue aprobada por la Subgerencia de Abastecimiento y Control Patrimonial, mas no por la Subgerencia de Fiscalización y Coactivo Administrativo, encargada directa del servicio.
Este detalle administrativo es crucial, ya que, sin la conformidad del área usuaria, el contrato carece de sustento operativo. Más aún, cuando se consulta al supervisor designado por la municipalidad, Ricardo Gordillo Guadalupe, si conocía las condiciones del contrato, su respuesta fue negativa. Gordillo admitió no haber sido informado, a pesar de que él es el responsable de velar por el correcto funcionamiento del servicio.
Esta confesión evidencia una preocupante cadena de desinformación y descoordinación dentro de la gestión municipal. Gordillo tampoco contaba con documentación que acreditara el cumplimiento de las obligaciones contractuales, como registros de horarios, turnos, cambios de conductores, ni informes sobre denuncias o incidentes ocurridos durante la operación del servicio.

Un contrato lleno de vacíos y omisiones
La sumatoria de estas situaciones adversas no solo representa un incumplimiento contractual, sino también una posible falta de vigilancia por parte de la entidad edil. Según el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225 de Contrataciones del Estado, “el contratista es responsable de ejecutar la totalidad de las obligaciones a su cargo, de acuerdo con lo establecido en el contrato”. En este caso, la Contraloría ha concluido que el contratista viene incumpliendo reiteradamente los términos pactados.
Estas fallas impactan directamente en la calidad del servicio y ponen en riesgo la continuidad de un sistema que, por su naturaleza, debe operar con eficiencia, transparencia y legalidad; sin embargo, durante los últimos meses, el servicio de las grúas viene siendo seriamente cuestionado por los vecinos barranquinos.
Conclusiones y advertencias de la Contraloría
El informe de Control Concurrente al Hito de Control N° 1, desarrollado durante la segunda semana de marzo, identificó cinco situaciones adversas descritas en líneas anteriores, que afectan la continuidad, el resultado y el logro de los objetivos del servicio de grúas y depósito vehicular.
Ante este irregular panorama, el jefe del Órgano de Control Institucional (OCI) de la Municipalidad de Barranco, Ángel Jesús Barrera Castro, remitió el informe a la alcaldesa Jessica Vargas, exhortándola a tomar acciones preventivas y correctivas dentro del ámbito de sus competencias. El objetivo: asegurar la continuidad del servicio y evitar consecuencias mayores en la gestión municipal.

¿Y ahora qué?
El escándalo desatado por este informe pone en entredicho no solo al contratista, sino también a la propia Municipalidad de Barranco. ¿Cómo se firmó un contrato sin verificar todos los requisitos? ¿Por qué se permitió operar con grúas no acreditadas? ¿Qué responsabilidad tienen los funcionarios municipales en esta cadena de errores?
La ciudadanía, y en especial los vecinos barranquinos merecen respuestas. Y, sobre todo, merecen un servicio público transparente y eficiente. El informe siempre estuvo sobre la mesa. Ahora le toca a la alcaldesa actuar.
Política
Ollanta Humala se quedó sin beneficios presidenciales tras hallársele culpable de haber recibido aportes ilícitos
Mesa Directiva del Congreso le suspendió a Humala Tasso el apoyo del Estado por haber sido un expresidente. Su pensión vitalicia queda intacta.

Resultaba lógico que al estar en prisión ya no se le podía brindar ciertos beneficios. El pasado mes de abril, el Poder Judicial (PJ) condenó a 15 años de prisión efectiva al expresidente Ollanta Humala Tasso al hallársele culpable del delito de lavado de activos, en relación a los aportes ilegales provenientes de Venezuela y de las empresas brasileras Odebrecht y O.A.S., las mismas que estaban destinadas a financiar sus campañas presidenciales del 2006 y el 2011.
Ante ese fallo judicial, la Mesa Directiva del Congreso suspendió el apoyo logístico y de personal que se le venía brindando al ex mandatario; tal apoyo constaba de prestarle un vehículo, la dotación de combustible, así como la asignación de una persona en la modalidad C.A.S.
“Dada la situación del expresidente Ollanta Moisés Humala Tasso, quien viene cumpliendo prisión efectiva, la Mesa Directiva tiene la facultad de suspender o cancelar los beneficios otorgados a los expresidentes de la República mediante el citado Acuerdo de Mesa, por cuanto los mismos fueron concedidos a título de liberalidad”, se lee en el acuerdo.

Pensión vitalicia permanece intacta
A pesar de habérsele suspendido esos beneficios presidenciales, la Mesa Directiva indicó que optó por no retirarle su pensión vitalicia, ya que ese beneficio se encuentra enmarcado dentro de la Ley 26519 y por ende no se encuentran facultados para su suspensión.
Cabe recordar que el expresidente Alberto Fujimori estableció tal pensión a partir de 1995, promulgando la citada Ley. En la actualidad tal beneficio asciende a 15,600 soles, de los cuales se le entregará de por vida a un ex mandatario.
Recientemente, se tuvo conocimiento que la presidenta Dina Boluarte quiere subir el sueldo presidencial a más de 35 mil soles y por consecuencia la pensión vitalicia también se incrementaría.

En la mañana de ayer la Comisión de Economía del Congreso encabezada por el congresista Ilich López, recibió al superintendente de Banca y seguros y a la presidenta se la asociación de AFP. Tecnócratas versus legisladores en eso se puede resumir la sesión, o mejor dicho cómo razonar con emociones sin timón y el delirio.
Sobró la demagogia, desde una crítica feroz que más parecía ataque frontal de los parlamentarios a la representante de las AFP, Ana Cecilia Jara. Un López rayante en la exasperación dramática levantaba la voz exigiendo a la representante le diera la ubicación de los fondos de las AFP. Conversamos con Ana Cecilia Jara brevemente a su salida de la sesión y coincidió con la tesis del que escribe que revelar los nombres de las entidades (sean empresas, fondos soberanos o privados, especialmente los invertidos en el Perú) tendría un efecto negativo, porque en el actual contexto llevaría a una devaluación de dichas inversiones lo cual complicaría una venta a mayor rentabilidad.
Conversamos con el superintendente de la SBS que mencionó que dicho retiro significaría un retroceso significativo en el desarrollo interno. No negaba que en un futuro cercano sin pensiones privadas podría el Estado tener que encargarse de asumir dicho costo lo cual se traduciría en mayor endeudamiento. Pero su mayor preocupación ahora es para el superintendente que precisamente este retiro ocurra solo meses antes de que Perú participe en un importante foro internacional, el de la OCDE, al que Perú busca adherirse pero que después de esto podría verse trunco dicho ingreso.
La OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) tiene actualmente 38 países miembros. Estos países incluyen economías avanzadas y emergentes. Es decir es el club de los países con rentas medias, pertenecer a este organismo significaría que Perú es un país destino para inversionistas globales. Entre sus miembros se encuentran Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Chile, Colombia, Corea del Sur, Costa Rica, Dinamarca, Eslovenia, España, Estados Unidos, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Japón, Letonia, Lituania, Luxemburgo, México, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, República Eslovaca, Suecia, Suiza y Turquía.
Perú se encuentra en proceso de adhesión a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). El país fue invitado a iniciar este proceso en enero de 2022 y el Gobierno peruano lo aceptó, dando inicio a la Hoja de Ruta para la adhesión. Perú ha expresado su interés en ser miembro de la OCDE desde 2012 y ha sido una política de Estado sostenida por diversos gobiernos. Se firmó el «Acuerdo de Adhesión» entre la OCDE y Perú, y Perú depositó el instrumento de adhesión para convertirse oficialmente en miembro. Está a la espera de ser incluído. Pero para ellos debe cumplir con requerimientos como:
Fortalecimiento institucional:
La adhesión a la OCDE es una oportunidad para emprender reformas sustantivas de gestión y políticas públicas, orientadas al fortalecimiento institucional del Estado.
Desarrollo inclusivo y sostenible:
Perú busca orientarse hacia un desarrollo inclusivo y sostenible a través de la adopción de los estándares de la OCDE.
Alineación con valores de la OCDE:
Perú se identifica con los valores de la OCDE, como la economía abierta, el Estado de derecho, los derechos humanos, la lucha contra la corrupción y la transparencia fiscal.
Recientemente hoy, la ministra de comercio exterior informó que Perú viene avanzando en las negociaciones de adhesión respecto al marco comercial.
“Formar parte de la OCDE es fundamental para nosotros. Ser una economía OCDE, con los estándares de este bloque, nos permite no solo generar más oportunidades para nuestros exportadores sino también dar seguridades en la aplicación de las reglas de comercio”, aseveró.
La ministra León declaró desde París (Francia), ciudad donde se celebra la Reunión del Consejo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) a nivel ministerial.
El retiro de las AFP significaría faltar a los valores de la OCDE como es el tener una economía abierta y brindar seguridad jurídica, toda vez que las pensiones privadas con este retiro llevarían a un retiro masivo que haría inexistente el futuro para los peruanos (un universo de 8 millones de afectados). Siendo así resulta difícil que Perú sea admitido en dicha organización al no cumplir los requisitos a los que pretende adherirse.
Visto así , el Perú perdería una oportunidad de oro, pero sobre todo renunciaría al futuro de millones de peruanos que estarían expuestos a simplemente no tener pensiones. Porque si bien las AFP abusaron de su posición por años y superintendencia hizo poco, tener que pasar de una pensión de 600 o 300 soles a no tener absolutamente nada, eso sí que es ir de la sartén al fuego.
Política
MINEDU bajó la valla a los perfiles de los viceministerios y secretaría general
Con la Resolución de Secretaría General N.° 115-2025-MINEDU, el Ministerio de Educación “le bajó la valla” a los perfiles de sus altas autoridades —Viceministerios y Secretaría General— para habilitar nuevas designaciones.

La reciente publicación de esta norma, que “Aprueba la modificación del Manual de Clasificador de Cargos del Ministerio de Educación” representa un punto de inflexión preocupante en la interpretación del principio de idoneidad previsto en la Ley N.° 31419, norma que regula la gestión de intereses y la designación de funcionarios públicos. Más que una mejora técnica, esta modificación parece ser una confesión de carácter político: permite que operadores políticos —por haber sido asesores o integrantes de círculos de poder— presenten esa experiencia como mérito para ocupar puestos con alto perfil técnico y gerencial.
Las funciones asignadas a los Viceministerios y a la Secretaría General del MINEDU evidencian el peso estructural, técnico y político de estas posiciones:

El/la Viceministro(a) de Gestión Institucional es responsable de formular, coordinar y supervisar políticas relacionadas con infraestructura, equipamiento, becas y créditos educativos, mantenimiento escolar así como de la articulación con instancias de gestión educativa descentralizada. Además, dirige los programas nacionales y representa al Ministro cuando corresponde.

El/la Viceministro(a) de Gestión Pedagógica lidera la implementación del Currículo Nacional, define los planes de formación y evaluación docente, y orienta la política de aseguramiento de la calidad en la educación básica y superior. También dirige acciones para garantizar el acceso, permanencia y culminación de estudios, y supervisa el funcionamiento del sistema de educación técnica y superior.

- El/la Secretario(a) General, por su parte, tiene bajo su mando la conducción administrativa del Ministerio. Supervisa los órganos de apoyo, emite resoluciones y directivas administrativas, coordina la gestión documentaria y vela por el cumplimiento de las recomendaciones de los órganos de control.
Lo cierto es que los partidos aliados al gobierno de Dina Boluarte tienen intereses evidentes en introducir cambios sensibles en el Currículo Nacional, y han reactivado su agenda desde una mirada conservadora que busca redefinir contenidos clave relacionados con ciudadanía y derechos humanos en los textos escolares.

Ministerio de Educación del Perú. (2025). Resolución de Secretaría General N.° 115-2025-MINEDU: Equivalencia de experiencia específica.
A diferencia de lo dispuesto por la anterior Resolución de Secretaría General N.° 197-2022-MINEDU, la nueva disposición incorpora criterios de equivalencia que desdibujan la exigencia legal de experiencia efectiva y verificable en funciones de conducción ejecutiva de alto nivel. La Resolución de Secretaría General N.° 115-2025-MINEDU establece, entre otros, el siguiente supuesto de equivalencia:
f) Experiencia ejerciendo labores de asesoría técnica a los miembros de órganos colegiados integrados en su totalidad por funcionarios públicos del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial, a razón de dos (2) años de asesoría por un (1) año de experiencia específica requerida.
Recordemos que los asesores técnicos no forman parte de la carrera pública ni acceden por concurso de méritos; se les contrata como “personal de confianza”, lo que significa que su nombramiento (y su cese) depende enteramente de la decisión del congresista, del ministro o del presidente del Poder Judicial que los requiera, sin que exista un proceso de selección externo, abierto o competitivo para esas plazas.
En términos prácticos, esto permite que asesores técnicos del Ejecutivo, Congreso o del Poder Judicial —sin experiencia previa en conducción ejecutiva del sector educación— puedan ser designados como viceministros o secretarios generales del MINEDU.
Sí, lo leíste bien: un asesor de despacho que nunca lideró un equipo de trabajo y que no ha ejecutado presupuesto alguno ahora puede dirigir áreas estratégicas del Ministerio de Educación. Esto convierte puestos estratégicos en fichas de reparto político, bajo la apariencia de una “meritocracia ampliada” que en la práctica desdibuja los estándares que deberían regir la alta dirección educativa.
Han rebajado los estándares técnicos para los cargos de línea, convirtiéndolos de facto en puestos de confianza, dependientes de la lógica de cuotas de poder. A esto se suma el literal siguiente:
g) Experiencia como miembro de directorios, o el que haga sus veces, de las empresas del Estado.
Como si estar sentado en un directorio político valiera lo mismo que ser un servidor público de carrera en el sector Educación.
¿Qué partido político habría ejercido presión para modificar el clasificador de cargos del MINEDU y propiciar la posterior publicación de la Resolución de Secretaría General N.° 115-2025-MINEDU?

El 25 de mayo, un estudio del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) reveló un dato clave: muestra que Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, concentra el 37 % de las menciones como la figura con mayor influencia en la gestión de la presidenta Dina Boluarte, muy por encima de Vladimir Cerrón (16 %), César Acuña (15 %), Rafael López Aliaga (6 %) y José Luna Gálvez (2%).
La pregunta es ¿a qué partido le tocará uno de los tres cargos más importantes en el Ministerio de Educación en los próximos meses?, todo indica que Fuerza Popular, Perú Libre y Alianza Para El Progreso tendrían la mayor probabilidad de colocar a sus allegados en el Ministerio de Educación.
Y uno se pregunta ¿Hasta cuándo la partidocracia seguirá solicitando su cuota de poder en el Minedu?
Política
Vicente Alanoca, ¿el reemplazo de Pedro Castillo?
Algunos dicen que es el enemigo número uno del expresidente Pedro Castillo; otros lo señalan como el rostro indígena de los caviares. Y hay quienes lo tildan de una copia mal hecha del profesor cajamarquino. Lo cierto es que el candidato presidencial aymara busca llegar a Palacio de Gobierno.

El candidato aymara nació en Ilave, Puno (57 años), su perfil presenta contradicciones que lo alejan de las bases populares que dice representar. A pesar de su origen rural y su formación en derechos humanos, Alanoca ha sido percibido como una figura «caviar», término que en el contexto peruano se refiere a aquellos que, desde una posición de privilegio, promueven políticas progresistas sin un compromiso real con las clases populares. Su discurso, aunque cargado de simbolismo indígena, carece de propuestas concretas y se percibe como una repetición de lugares comunes de la izquierda tradicional, sin una conexión auténtica con las necesidades del pueblo.
Además, su vinculación con Verónika Mendoza, líder de Nuevo Perú, refuerza esta imagen de político de élite desconectado de la realidad social. Mendoza, aunque ha sido reconocida por su trabajo en favor de los derechos humanos y la inclusión, también ha sido criticada por su estilo político tecnocrático y por representar una izquierda que, en ocasiones, se percibe más preocupada por su imagen internacional que por los problemas cotidianos de los ciudadanos. La alianza entre Alanoca y Mendoza parece más una estrategia de posicionamiento político que un compromiso genuino con los sectores más desfavorecidos del país.
Algunos lo señalan como el enemigo número uno del expresidente Pedro Castillo, debido a sus constantes críticas hacia el gobierno del exmandatario y su intento de desmarcarse del populismo rural que este representó. Otros lo ven como el alfil de los sectores caviares, alineado con una élite intelectual limeña que busca apropiarse del discurso indígena desde una visión paternalista. Incluso hay quienes lo califican como una copia mal lograda del profesor cajamarquino, intentando replicar su narrativa desde los Andes sin la conexión genuina que Castillo supo construir con los sectores más empobrecidos. Lo cierto es que Vicente Alanoca, con todas sus contradicciones, se presenta como un nuevo aspirante al poder, decidido a llegar a Palacio de Gobierno con una propuesta que todavía genera más dudas que adhesiones.

En resumen, Vicente Alanoca encarna una figura que, a pesar de su discurso inclusivo, se ve atrapada en las contradicciones de una izquierda que, desde sus espacios de confort, busca liderar sin una conexión real con las luchas del pueblo.
PERFIL POLÍTICO
Candidato presidencial de Nuevo Perú Por el Buen Vivir, de Verónika Mendoza.
Militante de Nuevo Perú desde octubre de 2023, luego de ser parte del Partido Descentralista Fuerza Social entre 2010 y 2012.

PERFIL ACADÉMICO
Realizó sus estudios primarios en el colegio José Carlos Mariátegui, Puno.
Antropólogo por la Universidad del Altiplano.
Profesor, licenciado en Educación Secundaria, especialidad Historia, Geografía y Ciencias Sociales desde el año 2012.
Magister en Lingüística Andina por la Universidad del Altiplano.
Fundador de la Asociación Centro de Investigación y Escuela de Pensamiento Crítico Aymara y de la Revista de Pensamiento Crítico Aymara.


IDEOLOGÍA
Busca una nueva Constitución. No detalló qué cambios se realizarían.
Contrario a Dina Boluarte, calificándola de “farsante”.
«En Lima me ven como el ‘profesor aimara’, pero nuestro país necesita más que tecnócratas».
Reforma a partir de la agricultura, del arte, de la sabiduría; reforma tributaria, atacando a las multinacionales que le deben al Estado.
“Multinacionales saquean los recursos del país”.
Crítico de los estados de emergencia.
Sobre la seguridad ciudadana: reforma de la Policía, Ejército y el sistema judicial.
Política
Shirley Hopkins, la mejor pagada en el Mincul [VIDEO]
Durante el programa Lima Gris Radio se señaló al Ministro de Cultura, Fabricio Valencia, por haber otorgado jugosas órdenes de servicios a la persona con quien mantendría una relación sentimental.

En uno de los segmentos de Lima Gris Radio se habló de uno de los últimos escándalos acontecidos en el Ministerio de Cultura, por la presunta relación sentimental que mantuviera el ministro Fabricio Valencia con la señora Shirley Hopkins, quien, a pesar de no tener estudios universitarios, a través de ordenes de servicios sería la mejor pagada en el portafolio ubicado en la avenida Javier Prado.
Asimismo, se menciona que tras estos cuestionamientos la permanencia de Valencia Gibaja en el sector Cultura estaba en duda, pero de pronto apareció una nueva Resolución Viceministerial que favorecería a un partido político, el cual, sería Alianza para el Progreso (APP).
Desde Palacio señalan que el ministro tiene el apoyo de la presidenta Dina Boluarte a pesar de los nuevos escándalos que han surgido.
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