Hace un mes, el portal El Foco informó sobre un hecho que se encontraba oculto: “La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, tiene como asesora de imagen a Cecilia Cebreros. La comunicadora es pareja del conocido abogado penalista César Azabache, quien defiende a investigados por el propio Ministerio Público”.

La noticia en mención mostraba un clarísimo y serio conflicto de intereses, sin embargo, el asunto sigue en silencio a pesar de que quedó al descubierto una situación de privilegio para el penalista César Azabache Caracciolo, quien tiene varios clientes investigados en diferentes fiscalías. Azabache ha conseguido el sueño de todo penalista: que su esposa trabaje al lado de la Fiscal de la Nación, la autoridad que tiene el mando sobre todos los fiscales.

Serenata en casa. César Azabache y su esposa Cecilia Cebreros.

Sin duda, tener a la esposa, día a día, al lado de la Fiscal de la Nación y con acceso a información privilegiada, es un buen argumento para que Azabache capte clientes empresariales como los hermanos Wong o la cuestionada firma Brookfield en el caso Rutas de Lima,  investigados por presunto lavado de activos.

La pregunta es ¿por qué el Ministerio Público guarda silencio ante un caso de flagrante conflicto de intereses?

¿Quién es Cecilia Cebreros Apaza?

En su perfil de Linkedin se presenta como una profesional senior de Comunicaciones, con una maestría en Dirección de Comunicaciones y como una “experta en diseño de estrategias de posicionamiento con enfoque reputacional y experta en campañas de comunicación”. Como el defecto de Linkedin es que permite el autobombo, consultamos a diversos profesionales y resulta que, en el ambiente profesional donde dice ser experta, Cecilia Cebreros es una desconocida. Un conocido Head Hunter no la registra y varias agencias de comunicación desconocen su trayectoria y no se conoce de ningún caso importante donde haya demostrado ser una experta.

En los hechos, parece haber intentado, sin éxito, ser una pequeña empresaria al crear en el año 2012 “El Hadita Lima” para la elaboración de “productos alimenticios”. Al parecer su hadita no la protegió y entonces, un año después, Cebreros, la emprendedora, intentó otra ruta creando la “Asociación Antorcha Comunicadores”, en la cual se autonombró como Presidente. Esta asociación dijo dedicarse a un rubro casi hollywoodiense: la producción y distribución de películas y videos. Pero, la antorcha no prendió y la asociación duró apenas un año, pues, se encuentra en condición de baja de oficio ante la Sunat desde el año 2013. Al parecer, Cecilia Cebreros Apaza no se dio cuenta de un pequeño detalle: no es negocio distribuir películas en un país que no va al cine y tampoco funciona la distribución de videos en un país con alta piratería.

La pareja de esposos en pleno crepusculo.

No obstante, la hoy jefa de comunicaciones de la Fiscalía de la Nación, tiene cierta terquedad porque insistió en sus fallidas aventuras empresariales y trató de encender su “Antorcha Comunicaciones” el año 2014 pero en otro rubro complicado: la edición de libros y folletos en un país que no lee. El resultado fue otro fracaso empresarial y desde el año 2016, la Sunat registra la baja de oficio de la citada empresa.

Entonces, Cecilia Cebreros Apaza, la esposa del abogado penalista César Azabache y actual asesora de la Fiscal de la Nación Delia Espinoza, se olvidó del sector privado que exige capacidades y talento, y giró hacia el sector estatal, ámbito en el que ha sobrevivido dando saltos de un lugar a otro cual profesional versátil que parece conocer todos los rubros.

En efecto, entre el 2019-2020 fue Jefa de la División de Comunicaciones de la Sunat. ¿Quién era ministra de Economía y Finanzas? María Antonieta Alva, cliente de ¿quién? del penalista César Azabache. Cabe precisar también que Azabache era consejero legal de Jorge Alva Hurtado, padre de la ex ministra y amigo cercanísimo de Martín Vizcarra, conforme lo informó en su momento, América Televisión.

Luego, el año 2022, Cecilia Cebreros reapareció como jefa de la Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional de Proinversión, durante el gobierno de Pedro Castillo. La caída de Castillo no la afectó porque en la gestión de Dina Boluarte, fue designada como Directora Ejecutiva de la Oficina de Información Pública del Ministerio de Salud el 22 de marzo de 2023. Allí trabajó con la cuestionada ex ministra de Salud, Rosa Gutiérrez Palomino, acusada por desaparecer del cargo para hacerse una liposucción en plena epidemia del dengue que originó 200 muertes.

Como puede verse, Cecilia Cebreros de Azabache, ha tenido un buen ángel de la guarda para transitar en poco más de seis años por la SUNAT, PROINVERSION y el MINSA hasta llegar, actualmente, al rubro judicial como asesora de imagen de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza.

El problema es que la esposa de un abogado penalista no puede estar en la Fiscalía de la Nación con acceso a información privilegiada y a diversos contactos. ¿Qué harán las autoridades del Ministerio Público? ¿Qué opinará el penalista Azabache? Por lo pronto, su esposa, según fuentes a las que hemos accedido, ya lo sabe pero dice muy risueña: “No va a pasar nada”. ¿Por qué está tan segura?

Imagínese que quiere construir una casa y contrata a un ingeniero; este le dice que confíe en él y que regrese dentro de diez meses para que reciba la obra finalizada. Celebran un contrato y acuerdan la fecha límite. Pasan los meses y usted pasa a ver la casa que mandó a construir, dándose con la sorpresa que no cuenta con una puerta de ingreso. Confundido, se acerca al ingeniero y le pregunta por no tan minúsculo detalle, a lo que él le explica que aún no está lista y que por mientras puede ingresar por la casa del vecino hasta que se termine de construir la puerta y que eso durará al menos cuatro meses más. Usted, iracundo ya, le increpa al ingeniero por tal negligencia, a lo que él le contesta que solo estaba encargado de construir de la puerta para adentro, pero más allá de eso no era su responsabilidad.

Esta misma situación se viene replicando en el nuevo aeropuerto Jorge Chávez, inaugurado oficialmente el pasado 1 de junio, pero que en tan solo unos cuantos días viene demostrando una serie de falencias imperdonables para miles de viajeros y que de tratarse de una tienda por departamentos ya tendría en su fachada un enorme letrero indicando “Clausura temporal por infringir las normas de seguridad”.

Ante ello, la presidente Ejecutiva del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán), Verónica Zambrano, manifestó que en efecto solo existe el acceso para vehículos, pero no peatonal; eso último, indicó para RPP, recién estaría listo a finales del año 2028 o principios del 2029. Pero, siendo realistas, la construcción del puente peatonal estaría para el 2030 o 2031, debido a la demora recurrente de las construcciones. Para ejemplo solo basta ver lo que ocurre con la Línea 2 del Metro.

La presidenta de Ositrán mencionó que tal deficiencia se debe a la ausencia de obras de infraestructura que debieron ser realizadas desde el año 2018, cuando «ya el Estado sabía que tenía que realizar obras para estas dos obras importantes en el exterior del terminal».

“En 2018, cuando se entregan los terrenos, ya el Estado sabía que tenía que realizar obras para estas dos obras importantes en el exterior del terminal y no se realizaron. Entonces, ¿qué tenemos ahorita? Unos puentes que son modulares y que están por un tiempo y que no tienen un espacio de vereda para que las personas efectivamente puedan caminar», dijo para el citado medio.

En cuanto a las sanciones posibles por cancelaciones y retrasos de vuelos recientes, Zambrano indicó que Ositrán está en proceso de fiscalización para determinar responsabilidades y no descartó posibles sanciones al concesionario LAP si se comprueba negligencia en las operaciones.

Asimismo, Zambrano aclaró que “no es un tema del concesionario, sino que es un tema que tiene que ver de la puerta del aeropuerto hacia afuera”, en consecuencia, el encargado de resolverlo es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) al no estar dentro del área de concesión.

Por ello, será el MTC el gran responsable si ocurriese una tragedia o siniestro dentro del nuevo aeropuerto, dificultando la salida de miles de viajeros que buscarán cualquier medio de escape, teniendo que correr por la vía donde pasan los vehículos.  

Lima Gris Radio habló sobre el escandalo realizado por una nueva delimitación que reduce la protección de las líneas de Nasca, en Ica, firmada por la viceministra de Patrimonio Cultural, Moira Novoa.

En el programa, indicaron que al dejar desprotegida esta sagrada zona declarada patrimonio mundial, se dejaría la ‘puerta abierta’ a grupos mineros informales para que puedan invadir dichos terrenos.

Asimismo, se indicó que en este cuestionado caso también apareciera la presencia del partido Alianza para el Progreso (APP), de César Acuña Peralta, personaje que estaría ligado a la minería informal.

Aquí el programa de Lima Gris por radio Planicie 91.5 FM.

Tras las publicaciones del pasado martes 27 de mayo en nuestro portal Lima Gris, titulada “Directora de Bellas Artes firmó resolución para otorgarse a sí misma el grado de bachiller”, y la del viernes 30 de mayo en el diario La República bajo el título “Controversia en la Universidad de Bellas Artes: la Directora Eva Dalila López Miranda se otorga el grado de bachiller a sí misma”, la hoy Universidad Nacional Autónoma de Bellas Artes del Perú (UNABAP) —antes Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú (ENSABAP)—, emitió un comunicado oficial.

Mediante el Comunicado N.º 003-2025-ENSABAP-DG, la Dirección General, liderada por la señora Eva Dalila López Miranda, expresó su firme rechazo al contenido de ambas publicaciones periodísticas, argumentando que las notas son parciales, inexactas y carentes del mínimo rigor periodístico. Según se indica en el documento, dichas publicaciones afectan la imagen institucional de la Dirección General y el prestigio académico de la UNABAP.

El pronunciamiento añade que el otorgamiento del grado de bachiller a la actual directora se basó en una resolución judicial firme emitida con anterioridad a su asunción del cargo de Directora General. Asimismo, recalcan que su designación fue producto de un proceso electoral democrático llevado a cabo por un Comité Electoral autónomo. La universidad también subraya que las resoluciones administrativas que emite no son actos discrecionales, sino simples formalizaciones de decisiones adoptadas por instancias judiciales ya concluidas antes del inicio de la actual gestión.

En el mismo comunicado, la señora López Miranda lamenta que los medios involucrados hayan difundido información —según su versión— sin permitir el adecuado ejercicio del derecho a réplica ni realizar un contraste objetivo de fuentes. A juicio de la funcionaria, se recurrió a insinuaciones malintencionadas que distorsionan la realidad. Reitera también que su administración mantiene un firme compromiso con la legalidad, la transparencia y el respeto institucional.

Sin embargo, lo más preocupante llega al final del comunicado, donde la entidad —a través de su directora general— lanza una advertencia directa: de continuar con publicaciones similares, procederán con acciones legales. Para Lima Gris, esta declaración constituye una amenaza que busca amedrentar el libre ejercicio del periodismo.

La respuesta de Lima Gris

Frente al contenido del comunicado emitido por la UNABAP, desde Lima Gris expresamos nuestro más profundo rechazo a lo que consideramos una grave tergiversación de los hechos. Nos sorprende que la señora López Miranda, en representación de la universidad que preside, acuse a este medio de faltar al rigor periodístico y de no haber brindado el derecho a réplica.

Queremos dejar en claro que, antes de publicar nuestra nota del 27 de mayo, desde nuestra redacción nos comunicamos directamente con la señora López Miranda. Ese mismo día, se le envió un mensaje vía WhatsApp, informándole que estábamos trabajando una nota sobre la Resolución 056-2021, mediante la cual se le otorgó a sí misma el grado de bachiller, y que queríamos contar con su versión para incluir su descargo. No solo se le escribió; también se le llamó por teléfono. En ambas ocasiones no obtuvimos respuesta. Por lo tanto, resulta completamente falso que no se le haya dado la oportunidad de ofrecer su versión de los hechos.

Respecto a su defensa sobre la legalidad del otorgamiento del grado de bachiller, reconocemos que este cuenta con respaldo judicial. No obstante, aquí no se discute la legalidad en sí, sino el aspecto ético del procedimiento. La pregunta clave es: ¿es correcto que la señora López Miranda haya firmado la resolución que le otorga el grado de bachiller mientras ejercía como Directora General? ¿No se trata de un claro conflicto de interés? No se necesita ser jurista para entender que el derecho administrativo contempla sanciones frente a situaciones en las que un funcionario actúa como juez y parte. ¿Por qué no se inhibió de firmar dicha resolución? ¿No habría sido eso lo más transparente y ético?

Además, en el comunicado institucional se afirma que su designación como autoridad de la UNABAP fue producto de una elección democrática llevada a cabo por un Comité Electoral autónomo. Sin embargo, lo que no se menciona es que el Consejo Ejecutivo que formalizó su elección en enero de 2021 estaba presidido por la propia López Miranda. En otras palabras, ella misma firmó su nombramiento como Directora General. Si bien esta acción se ampara en el estatuto institucional modificado en agosto de 2020 —que permite al Consejo Ejecutivo, presidido por el Director General, dirigir y gestionar la institución—, ello no despeja las dudas razonables sobre la ética de actuar en beneficio propio desde una posición de poder.

Justamente, por estas razones fue que Lima Gris intentó obtener su versión antes de la publicación de nuestra nota. Pero la señora López Miranda nunca mostró disposición a responder. Ahora, pretende hacernos creer que no se le permitió ejercer su derecho a réplica, lo cual desmentimos categóricamente.

Finalmente, queremos decirle a la Directora General Eva Dalila López Miranda, con el respeto que merece, que en lugar de amenazarnos con acciones legales por cumplir nuestro rol informativo, debería respaldar con hechos su discurso sobre transparencia y respeto institucional. Desde Lima Gris seguiremos ejerciendo un periodismo serio, ético y responsable. No buscamos dañar honras ni desprestigiar instituciones, pero sí continuaremos informando a la ciudadanía y, en particular, a la comunidad bellasartina, sobre actos y decisiones que merecen ser escrutados con lupa y también se deberá conocer en qué se destinan los fondos que el MEF brinda a la UNABAP. Es nuestro deber mantener informada a la sociedad y velar por el uso adecuado de los recursos que se le asigna a esta prestigiosa casa de estudios artísticos.

Al ‘caballazo’. Una pareja de esposos solicitó un taxi desde San Juan de Lurigancho hasta el nuevo aeropuerto Jorge Chávez ya que querían llegar a tiempo para su vuelo de las 5:15 de la madrugada; el taxista les indica que son 100 soles por la ‘carrera’, a lo cual ellos se miran y no tienen otra opción más que aceptar a regañadientes ya que era de noche y estaban con todas sus maletas.

Llegan pasada las dos de la madrugada, pero aún tienen que caminar un largo tramo hasta acceder al área de embarque. Junto con ellos caminan otros pasajeros, muchos de ellos apurando el paso, otros avanzando como pueden con sus maletas. Entre la muchedumbre, una anciana es escoltada por su hija que trata de seguirle su paso. Va lento y falta aún mucho por caminar.

Las cosas parecen tomar su rumbo, pero en las pantallas les indican que su vuelo se encuentra retrasado. ¿El motivo? No hay una correcta distribución del combustible para los aviones. Con cara de mal sueño se recuestan en los sillones a la espera de una solución, pero las horas pasan y más pasajeros siguen llegando. Colas por aquí, colas por allá, reclamos y molestias. Los más incómodos por supuesto son los niños que no pueden conciliar el sueño debido al griterío y andar constante de las personas.

Problemas al momento de ingresar

La situación no cambia para los vuelos internacionales. Una familia que dominicanos que vino al Perú de vacaciones quiere regresar de vuelta a su país y para ello prefieren usar un taxi por aplicativo. Van apurados.

Ya en la Morales Duárez experimentan el caos vehicular de nuestro país, demorándose más de 50 minutos para ingresar al aeropuerto. 50 minutos es lo que dura un vuelo de Lima a Cusco, aproximadamente, pero se han demorado todo ese tiempo para avanzar unos cuantos metros. Están contra el tiempo y apuran el paso. Ya en el registro migratorio la historia se repite. Largas colas y caras largas en todos lados. Finalmente se van del país con una mala experiencia.

En tanto, tres amigas coordinaron irse de vacaciones a Arequipa y para ello salieron temprano de sus casas, acordando encontrarse en uno de los paraderos del ‘Aerodirecto’. Todas llegan a tiempo, pero lo que no llega es el bus. Esperan más de 40 minutos en la intemperie hasta que finalmente hace su aparición el bus que las llevará hasta el nuevo aeropuerto Jorge Chávez. El trayecto tranquilo hasta que avizoran el terminal aéreo. Tráfico infernal en plena hora punta. Nuevamente se demoran cerca de una hora para pasarlo hasta que llegan a su destino.

Con ‘bombos y platillos’

Lo que se supone es el aeropuerto más moderno de Sudamérica fue inaugurado de manera oficial el pasado domingo. Su apertura se extendió más de seis meses debido a ciertas deficiencias operacionales que supuestamente habían sido resueltas. Incluso hubo una “marcha blanca” para conocer a detalle qué cosas aún faltaban por mejorar, pero tal parece que aún persisten.

La mayoría de pasajeros concuerda que los casi dos kilómetros que separan de la puerta de ingreso con el área de embarque son demasiados para una persona mayor de edad o con dificultades para poder caminar, ya que el nuevo aeropuerto ha sido diseñado para que solo se pueda ingresar con automóviles, estando forzados la mayoría de los viajeros a tener que arrastrar sus maletas bastantes metros.

A ello se suma que hasta ahora no se ha podido reducir el tráfico vehicular, ya que solo existe una vía de ingreso desde la avenida Morales Duárez.

A río revuelto, ganancia de taxistas

Todas esas deficiencias han hecho que los taxistas vengan sacando jugosas ganancias por cada ‘carrera’ que realizan hasta el nuevo aeropuerto, sea el punto de partida que sea, aprovechando precisamente que no existe un ingreso peatonal.

Tarifas que bordean casi los 100 soles (lo mismo que un pasaje de Lima a Piura) se convierten en un gasto que tienen que pagar cientos de viajeros ante la ausencia y demora de los buses ‘Aerodirecto’, que empiezan su trayecto a partir de las 5 de la mañana. Similares tarifas se encuentran en los taxis por aplicativo autorizados por el aeropuerto.

Mea culpa

Desde Lima Airport Parners (LAP) vienen reconociendo que existen errores por subsanar, convocando una reunión de urgencia con todos los sectores involucrados, incluyéndose a las aerolíneas.

Por su parte, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ha responsabilizado directamente a LAP por el problema de desabastecimiento de combustible.

En tanto, la Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional (AETAI) ha advertido que el sistema de abastecimiento, de no ser resuelto en la brevedad, traerá más demoras en los vuelos previstos para hoy.

Tal pareciera que la inauguración del nuevo aeropuerto fue forzada y no ajustada a controles de calidad. Cabe recordar que en julio miles de peruanos aprovechan sus vacaciones para irse de viaje tomando un avión. Para esa fecha, que está a la vuelta de la esquina, se espera que no ocurra un pandemonio dentro del aeropuerto ante la cantidad de viajeros.

La semana pasada, Lima Gris publicó la nota titulada “Directora de Bellas Artes formó resolución para otorgarse a sí misma el grado de bachiller”, donde se indica que la actual directora de la Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes (ENSABAP), Eva Dalila López Mirada, estaría inmersa en un presunto conflicto de intereses al haber firmado la Resolución Directoral n.° 056-2021-ENSABAP.

En dicha resolución, la directora López Miranda se habría otorgado, junto a un grupo de docentes, el grado de bachiller.

Ante ello, a través del comunicado n.° 003-2025-ENSABAP-DG, la directora López Mirada rechazó “firmemente” tal denuncia periodística, calificándola de “parcial” e “inexacta”.

“El otorgamiento del grado de bachiller señalado tuvo como antecedente legal una resolución judicial firme, la misma que fuera emitida con anterioridad al actual ejercicio del cargo de Directora General. De igual manera, la designación de mi persona como autoridad en la UNABAP fue producto de un proceso electoral democrático, desarrollado por un Comité autónomo y con la participación activa de la comunidad académica bellasariana, durante la gestión anterior”, se lee en el comunicado publicado este 2 de junio.

Posteriormente, en el mismo comunicado, se indica que no se le otorgó el derecho a réplica, sin embargo, desde este medio sí intentamos comunicarnos con la directora López Mirada tanto vía telefónica como a través de WhatsApp, la cual hasta el cierre de la nota de la semana pasada no habíamos tenido respuesta alguna.

Les quieren bajar el telón.  El gremio de actores del Perú se muestra indignado ante un dictamen que se viene debatiendo en la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural del Congreso de la República. Dicho dictamen, recaído en doce proyectos de ley (2891/2022-CR, 6165/2023-CR, 6199/2023- CR, 6293/2023-CR, 7026/2023-CR, 7027/2023-CR, entre otros) propone una nueva Ley del Artista, pero realizando considerables y perjudiciales modificaciones contra los artistas.

Entre las modificaciones, se encuentra la eliminación de las regalías por retransmisión de obras, algo que impactaría sobremanera en los ingresos de los artistas.

“Eso significa que, como actores y artistas, perderíamos nuestras regalías, y con ello los beneficios que nos permiten acceder a ayudas sociales, salud, apoyo al adulto mayor y sepelios. Hoy les pido que estemos unidos y atentos. Este no es un reclamo individual, es una defensa por el derecho a vivir de nuestro trabajo artístico, porque nuestro arte tiene valor y también nuestros derechos”, manifestó el reconocido actor Ramón García a través de las redes sociales.

El actor calificó esta modificación como un retroceso que va en contra de tratados internacionales ratificados por el propio Congreso del Perú, y lamentó que no se hayan tomado en cuenta las recomendaciones que los gremios artísticos presentaron previamente a la comisión legislativa.

Actores salieron a protestar frente al Congreso

Es así que esta mañana diversos artistas del teatro, cine y televisión se hicieron presente frente al Legislativo exigiendo lo que para ellos es un derecho adquirido.

Actriz Ebelin Ortiz levanta su voz frente al Congreso. @ebelinortiz @congresoperu @MinCulturaPe pic.twitter.com/9kU0Gw21tJ

— Revista Lima Gris (@Limagris) June 2, 2025

Actores como Ebelin Ortiz, Tito Vega, Stephanie Orúe, Pold Gastello, Jorge Guerra, Bruno Odar, Andrea Luna, Diego Seyfarth, Patricia Barreto, Patricia Portocarrero, Tatiana Astengo, Merly Morello, Mónica Sánchez, entre otros se han hecho presente en esta protesta pacífica, todos luciendo un polo con una frase alusiva a su reclamo.

El dato:

La Comisión de Cultura del Congreso viene siendo presidida por el parlamentario del Bloque Magisterial, Edgar Reymundo.

Llegó a nuestra redacción una carta notarial enviada por la señora Lizbeth Huamán Montañez, exdirectora de la Oficina de Monitoreo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), solicitando la eliminación inmediata o desindexación de una nota periodística publicada en nuestra web el 8 de diciembre de 2021, titulada: “Aparecen chats donde involucrarían al ministro de Transportes con presuntos favores a exfuncionaria Lizbeth Huamán”. Según su comunicación, el contenido de dicha nota sería, en sus palabras, “inexacto, falso y lesivo a su honor”.

Asimismo, la señora Huamán indica que los hechos atribuidos a su persona han sido desvirtuados por lo que denomina “la autoridad competente”, haciendo referencia al Informe N.º 0527-2022-MTC/11.SETEPAD, de fecha 7 de diciembre de 2022, elaborado por el secretario técnico de los órganos instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario del MTC, señor Robertson Rubén Liza Solís. En dicho documento se dispone no iniciar procedimiento administrativo disciplinario por los hechos difundidos en el programa “Sálvese quien pueda”, emitido el 24 de octubre de 2021, y se ordena el archivo del caso.

Carta Notarial enviada por Lizbeth Huamán Montañez.

Es preciso aclarar que la nota publicada por Lima Gris no fue una creación propia, sino la reproducción de una investigación televisiva del programa Beto a Saber, difundida en el año 2021. En ese reportaje se presentan capturas de pantalla de conversaciones y audios donde la señora Huamán Montañez aparecería comunicandose con un interlocutor sobre presuntos actos de tráfico de influencias. Los materiales difundidos fueron considerados de interés público por su relevancia en el contexto político y mediático de ese momento.

Resulta llamativo que la señora Huamán mencione un informe de la Secretaría Técnica de Procedimiento Administrativo Disciplinario del MTC, que se refiere al contenido de un audio difundido en un programa distinto (Sálvese quien pueda) y en una fecha anterior a nuestra publicación. La confusión entre fuentes distintas —un programa periodístico y una red social— no solo debilita su argumento, sino que plantea una pregunta legítima: ¿qué relación puede tener un informe administrativo interno, emitido un año después, con una nota periodística basada en una fuente televisiva ajena y difundida hace más de tres años atrás?

En su misiva, la señora Huamán también intenta equiparar el contenido de dicho informe administrativo con una sentencia judicial firme, lo cual es jurídicamente improcedente. Un informe interno del MTC, por más formalidad que tenga, no constituye una resolución judicial ni tiene efectos vinculantes sobre el ejercicio periodístico, menos aún sobre la libertad de prensa amparada por la Constitución Política del Perú.

Sobre el derecho de rectificación que invoca la remitente, es fundamental recordar que el artículo 2, inciso 7 de la Constitución Peruana reconoce a toda persona el derecho a solicitar rectificación ante información que considere agraviante. No obstante, este derecho, según jurisprudencia reiterada del Tribunal Constitucional, debe ejercerse dentro de un plazo razonable. La doctrina jurídica y la práctica constitucional han establecido que dicho plazo no puede exceder los 60 días desde la publicación del contenido cuestionado.

En ese sentido, la Ley N.º 26847, en su artículo 2, establece que el derecho de rectificación debe solicitarse dentro de los 15 días naturales posteriores a la difusión de la información. En este caso, la publicación data del 8 de diciembre de 2021. La carta notarial de la señora Huamán fue recibida más de 1,200 días después, es decir, tras 3 años y 4 meses. Esta dilación supera ampliamente cualquier criterio de razonabilidad o vigencia del derecho que ahora pretende ejercer.

Por tanto, consideramos que dicho pedido ha caducado por inacción. De acuerdo con el marco normativo vigente y el principio de preclusión de derechos, ya no resulta procedente ninguna rectificación. La demora en su solicitud, además de carecer de sustento legal, debilita cualquier pretensión de afectación actual al honor o reputación personal.

Cabe recordar también que la información publicada sobre la señora Huamán Montañez, en su momento, fue de legítimo interés público y se basó en fuentes periodísticas verificables. La nota no ha sido modificada desde su publicación, ni ha sido objeto de acciones legales previas por parte de la interesada.

Conforme al principio de veracidad y responsabilidad que guía nuestra labor periodística, reafirmamos que Lima Gris actuó dentro del marco legal y ético que regula el ejercicio de la libertad de prensa. Ergo, la nota en cuestión constituye parte del archivo periodístico histórico de nuestro medio.