A su casa a comer lo que se ofrece en Qali Warma. Congresistas de diversas bancadas han presentado una moción de censura contra el titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), Julio Demartini, tras las graves denuncias relacionadas por la mala calidad de alimentos distribuidos por el programa de alimentación escolar Qali Warma.

«Los hechos ilícitos han sido recurrentes y eso acredita que el señor ministro de Desarrollo e Inclusión Social debe ser censurado, pues no ha estado cumpliendo sus funciones con celo, diligencia y menos con mínima preocupación para fiscalizar estos programas alimentarios, que son muy importantes para alimentación de los niños más pobres del país; por lo que, en atención a la ética en la función pública ya ha debido renunciar al cargo, asumiendo su responsabilidad política», dice la moción de censura.

La investigación periodística de ‘Cuarto Poder’ reveló que la empresa Frigoinca habría suministrado desde el año 2021 conservas con carne de caballo, etiquetadas fraudulentamente como carne de res, a centro educativos que participan en el programa.

El reportaje también mostró documentos que evidencian la distribución de conservas de la marca Don Simón en mal estado, las mismas que llegaron a parar a colegios de varias regiones del país, como La Libertad, Áncash, Cajamarca, Huánuco, San Martín, Amazonas y Lambayeque.

Noemí Alvarado Llanos, extrabajadora de Frigoinca, señaló que dicha empresa habría utilizado un esquema de sobornos para evitar que funcionarios de Qali Warma y Digesa denunciaran las presuntas irregularidades.

Además, acusó a Víctor Salazar, quien fue funcionario de Qali Warma hasta diciembre de 2022, y a Freddy Hinojosa Angulo, actual vocero de la Presidencia de la República, de ser cómplices en este presunto caso de corrupción, otorgando favores a Frigoinca.

Sumado a esa información, el programa dominical ‘Punto Final’ reportó que Frigoinca donó conservas de carne y cerdo de la marca Don Simón para el consumo de perros en Chepén (región La Libertad), con la advertencia de que no eran aptas para el consumo humano.

En declaraciones a la prensa, el parlamentario Carlos Anderson, impulsor de la censura, mencionó que “lo que ha pasado no quede impune. Alguien tiene que pagar las consecuencias”, en relación al actual titular del Midis que ya lleva 18 meses al mando de esa cartera, uno de los ministros más longevos durante la gestión de Dina Boluarte.

En el marco de mejora del procedimiento legal y operativo de ejecución de la ley de obras por impuestos, se propuso hoy en el pleno reformas a la ley 29230.

En una emocionante sesión del Pleno de hoy el presidente de la Comisión de Economía, el ‘niño’ López, expuso esta mejora a la norma, la cual ayudará a impulsar la inversión pública en los gobiernos regionales y locales con participación del sector privado a fin de ampliar e impulsar el desarrollo del mecanismo de obras por impuestos. Conforme a lo que dijo el congresista López «el objetivo del dictamen es ampliar el mecanismo de Obras por Impuestos (…) busca ampliar las entidades habilitantes que además del gobierno local y regional se habilitará también a las universidades nacionales para que ellos también puedan utilizar el mecanismo de Obras por Impuestos y mejorar su infraestructura mediante la participación privada.

«Si bien es cierto los gobiernos regionales tienen determinados objetivos de cierre de brechas, estos no impactan a través de obras por impuestos a la solución de otros tipos de problemas como la educación» dijo López.

Lo que busca este dictamen es ampliar fuentes de financiamiento para expandir la capacidad de realizar proyectos bajo obras por impuestos.  «En la actual norma no se puede utilizar los recursos directamente recaudados y lo que hace esta norma es también que estos recursos puedan habilitar también que estos recursos puedan utilizarse para estos proyectos y su planificación para que puedan ser desarrollados. Además, se plantea un seguimiento y monitoreo [esto huele a más burocracia y que va ser más lenta la ejecución] a través de ProInversión. Además, el uso de IGV como crédito fiscal que incentive a más empresas a participar».

Debemos recordar que esta herramienta que impulsa la inversión en salud, saneamiento y educación, en favor de comunidades con brechas identificadas, contribuye a cerrar la profunda pero muy profunda brecha en infraestructura que tiene Perú. Solo en Apurímac existe un puente de piedra que data de 1580 que hasta ahora se utiliza porque no se ha construido otro.

Por su parte el diputado Víctor Flores se refirió a la situación del mecanismo «el monto máximo del CIPRL (Certificado de Inversión Pública Regional y Local) considera a los dos últimos años y no solo el último como señaló MEF, lo cual ha perjudicado a los gobiernos regionales para hacer obras por impuestos. Consideramos debe actualizarse excepcionalmente los topes máximos de capacidad anual para los gobiernos regionales, locales y universidades. Para que en un plazo de 15 días MEF pueda actualizar los flujos transferidos, los montos reducidos para el repago de los CIPRL y la relación de los convenios suscritos. La modificatoria prevista incidiría en la reducción de 91 proyectos sin adjudicarse por un máximo de 877 millones».

La congresista Diana González, mencionó la importancia de la norma «que fortalece el régimen de OXI, dónde el privado diseña e implementa la obra, cerrando muchos presuntos canales de corrupción, y el Estado tiene que reconocer al sector privado como aliado estratégico para el cierre de brechas, y muchos ministros han reconocido el impacto de OXI para la realización de obras y el incremento de las mismas respecto al año anterior». También mencionó «fortalecer los techos presupuestales de los gobiernos regionales y locales para la emisión del certificado de OXI, pero en la última ley del crédito suplementario se incluyó una modificación a la segunda disposición que redujo el monto máximo que pueden usar los gobiernos regionales y locales, afectándolos».  En resumen, se busca incrementar el techo presupuestal para coadyuvar a los gobiernos regionales.

Por su parte, la parlamentaria Ruth Luque fue crítica con esta propuesta. «Estoy opuesta a la incorporación de la reducción al IGV en el art. 7 de la norma, por tener un impacto, porque significaría una reducción a los propios gobiernos locales. Ya de por sí las empresas tienen de por sí ciertos beneficios».

El congresista Eduardo Castillo Rivas solicitó en el pleno al presidente de la comisión de economía, «incorporar a los locadores como beneficiarios de la especialización y certificación gradual de profesionales señalados en el art. 7 de la norma 29230». Es decir, pretende hacerlo más rápido incorporando a los locadores como parte de los beneficiarios.

Finalmente, por 60 votos a favor fue aprobado en primera votación esta propuesta. El proyecto será materia de segunda votación en 7 días calendario.

Posteriormente, según informó la oficina de comunicaciones del Congreso, el proyecto de ley fue exonerado de segunda votación, con lo cual quedó expedido para ser enviado al Poder Ejecutivo para su eventual promulgación.

Este miércoles 20 de noviembre el Ejecutivo, mediante el reciente Consejo de Ministros, aprobó el proyecto de Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y la Minería Artesanal, más conocida como Ley MAPE, que reemplazará al Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), cuya vigencia termina este 31 de diciembre. Y a pesar de las críticas de los cientos de mineros que se encuentran protestando en la avenida Abancay a inmediaciones del Congreso, hoy el ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho Mamani, envió el proyecto de ley al Parlamento para su debate en la comisión del sector.

Sin embargo, la congresista Diana Gonzáles Delgado (Avanza País) solicitó al presidente de la Comisión de Energía y Minas, Paul Gutiérrez, citar con “carácter de urgencia” al ministro Mucho Mamani, para que informe y explique en detalle sobre los alcances y el contenido del Proyecto de la Ley MAPE, recientemente aprobado en el Ejecutivo.

“Solicito tenga a bien citar con carácter de urgencia al Ministro de Energía y Minas, señor Rómulo Mucho, a la siguiente sesión extraordinaria […] para informar sobre el contenido y alcances del Proyecto de Ley 09555/2024-PE Ley de la pequeña minería y minería artesanal”, se lee en el documento.

Cabe mencionar que el documento entregado al Poder Legislativo, indica en su tercera disposición complementaria que los procedimientos iniciados con el Reinfo continuarán su trámite en esas instancias durante 6 meses, contados desde el día hábil siguiente a la publicación de la nueva ley y al finalizar dicho plazo, indican, que el Minem asume las funciones que se le habían dado a las Direcciones Regionales de Energía y Minas y las Gerencias Regionales de Energía, Minas e Hidrocarburos (DREM/GREM) con el Reinfo para la formalización minera.

Mineros informales bloquearon Panamericana Sur en Ica y Arequipa en desacuerdo con la Ley MAPE

Según informó Máximo Becker, presidente de la Confederación Nacional de la Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú, los mineros informales están en desacuerdo con la reciente aprobada ley MAPE y exigen la extensión del ‘Reinfo’ por dos años más.

Más de mil mineros informales hoy mantuvieron bloqueada la carretera Panamericana Sur en el kilómetro 440 en la provincia de Nasca, en la región Ica, donde la fila de vehículos alcanza los 10 km, y en el kilómetro 782 a la altura del Puente Ocoña, en Camaná, Arequipa. Los mineros informales que se encuentran bloqueando ambos puntos desde ayer, 20 de noviembre, exigen la extensión de la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera, porque este documento les permite trabajar en concepciones mineras de terceros, sin embargo, vence este 31 de diciembre.

Primero fue el premier Gustavo Adrianzén, que salió a declarar tras la medida de detención preventiva de 36 meses contra Nicanor Boluarte Zegarra, y se atrevió a decir que existe una “judicialización de la política”, mencionando incluso, que hay una soterrada intención de promover una vacancia presidencial.

Seguidamente, hizo lo mismo, el titular de la cartera de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini, al afirmar que el fallo judicial del juez Richard Concepción Carhuancho “no tiene explicaciones técnicas” y que además obedece a un proceso politizado.

Y en menos de unas horas, se sumaron tres ministros “escuderos” para defender, no precisamente, a la presidenta Dina Boluarte; sino a su hermano Nicanor. Quien, en lugar de ponerse a derecho, pasó a la clandestinidad e ingresó a la categoría de prófugo de la justifica.

Escudero 1: Ministro César Vásquez asevera que todo es ‘un show mediático’

El titular del Ministerio de Salud (Minsa), César Vásquez, quizá por una orden de su mentor César Acuña Peralta, ha vinculado esta situación con los esfuerzos que existen para lograr la desestabilización del gobierno y señaló que el juez Richard Concepción Carhuancho tiene “mucho afán mediático”.

El ministro también se pronunció sobre el reciente fallo judicial que dicta 36 meses de prisión preventiva contra el hermano de la presidenta de la República, Nicanor Boluarte y considera que algunos actores políticos buscan desacreditar la gestión de la mandataria, tras el supuesto éxito de la APEC.

Además, cuestionó al juez Richard Concepción Carhuancho por haber tomado la medida y refirió que tiene “mucho afán mediático, y una pasión por las cámaras”. Asimismo, remarcó que el sistema se está politizando porque se afecta la presunción de inocencia, así como la estabilidad política del gobierno, y en especial al propio hermano de la presidenta.

“Estamos vulnerando la presunción de inocencia. Se está desnaturalizando esta medida de prisión preventiva. Uno de los grandes afectados es el señor Boluarte por ser hermano de la presidenta. Hace daño que la justicia se politice”, sostuvo el ministro de Salud.

Escudero 2: Ministro Whittembury pide que ‘justicia no sea politizada’ para Nicanor Boluarte

El ministro de Vivienda, Durich Whittembury, insinúa que el inicio de la lectura de la resolución que dictó prisión preventiva contra el hermano de la presidenta, Nicanor Boluarte, coincidió estratégicamente con el cierre del Foro APEC y consideró que esto podría ser un intento de desviar la atención de los logros que se alcanzaron en dicha cumbre internacional. Y al momento de ser consultado sobre la medida impuesta por el juez Richard Concepción Carhuancho, Whittembury se reafirmó en su posición, de que la justicia no debe estar politizada

Escudero 3: Ministro José Arista critica prisión preventiva contra Nicanor Boluarte

Por último, el titular del Ministerio de Economía y Finanzas José Arista afirmó que, en su condición de ciudadano, le llama la atención que algunas personas sean detenidas durante 36 meses sin una investigación completa. Asimismo, criticó la resolución que dicta prisión preventiva contra Nicanor Boluarte, advirtiendo que debe respetarse el derecho de las personas a ser tratadas como inocentes, hasta que se demuestre lo contrario.

¡Los niños no se tocan! Existen personas que valiéndose del anonimato de las redes sociales buscan acercarse a nuestros hijos, creándose perfiles falsos o acercándose a ellos a través de los mismos juegos. Personas depravadas que solo buscan saciar sus deseos más enfermizos sin importarles que con ello estarían destrozándole le vida a un inocente.

Se ha publicado la Ley N.° 32169, la misma que penaliza el acoso sexual contra menores de 14 años. Como se recuerda, la norma fue aprobada en el Pleno del Congreso el 31 de octubre pasado.

Para la firma de la autógrafa, realizada en el despacho de la Presidencia del Congreso, estuvo presente Diana Gonzales Delgado, de Avanza País, autora de la iniciativa legislativa. En ese momento, mencionó que, para crear el delito de acoso sexual a menores de 14 años, se tuvo que incorporar el artículo 176-D al Código Penal peruano.

“Esta iniciativa surgió durante las reuniones sostenidas en semana de representación entre el Grupo Multipartidario Arequipa y el presidente de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, quien advirtió que la actual tipificación del delito de acoso sexual, como requiere de la negativa de consentimiento por parte de la víctima, no incluye los casos donde la víctima es menor de 14 años”, explicó.

De acuerdo al documento publicado en el diario oficial El Peruano, la persona que “de cualquier forma vigila, persigue, hostiga, asedia o busca establecer contacto o cercanía” con una niña o niño, podría recibir una condena de entre seis y nueve años de prisión. Además, podría ser inhabilitado conforme a los numerales 5,9, 10 y 11 del artículo 36 del Código Penal.

“Igual pena se aplica a quien realiza la misma conducta, valiéndose del uso de cualquier tecnología de la información o de la comunicación o cualquier otro medio tecnológico”, indica el texto.

La Ley, oficializada este jueves, lleva las rúbricas de la presidenta Dina Boluarte y del titular de la PCM, Gustavo Adrianzén.

Se suma otro ministro a la defensa del prófugo de la justicia, Nicanor Boluarte Zegarra. Esta vez, el titular de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) Julio Demartini, criticó la orden de 36 meses de prisión preventiva impuesta contra el hermano de Dina Boluarte, por el caso “Waykis en la sombra”, y también evitó pronunciarse sobre el hecho que se encuentre en la clandestinidad y no ponerse a derecho.

Demartini aprovechó para responder que su opinión la emite como un “ciudadano común y corriente y también como un funcionario público”, pero no como miembro del Gabinete. Dicha aseveración genera cierta confusión y contradicción.

“Pero vemos un proceso que está siendo politizado, y esa es mi opinión personal. ¿Sabe por qué lo digo? Porque el juez Carhuancho en la detención preliminar, el nuevamente dio una sanción con restricción de la libertad y la sala revoca esa decisión por algo fundamental. Porque el señor Carhuancho señala que el señor Boluarte no tenía arraigo laboral y la sala lo corrige”, sostuvo.

“Ayer nuevamente el señor, después que la sala ya lo ha corregido en la detención preliminar, ahora en la preventiva vuelve a utilizar elementos que ya han sido corregidos por su superior”, añadió el ministro Demartini.

Con respecto a su paso a la clandestinidad, el ministro Julio Demartini no quiso opinar y solo se limitó a decir que Nicanor Boluarte “tomará una decisión adecuada”.

“No puedo opinar porque él tomará sus decisiones. Son decisiones personales de las cuales no me voy a pronunciar. Cada uno asume sus decisiones. Imagino que el señor Boluarte está meritando. Si estoy viendo nuevamente que me están perjudicando en mi libertad, él tomará una decisión adecuada. No voy a opinar al respecto”, indicó.

Asimismo, afirmó que la prisión preventiva contra Nicanor Boluarte “no tiene explicaciones técnicas” y será usado para afectar políticamente a la presidenta Dina Boluarte.

“Estas decisiones que no tienen explicaciones técnicas. Pasan a ser un coro en el campo político que dice ‘presidenta, usted está comprometida, todo está mal, dé un paso al costado’ y eso no es así”, culminó el titular del Midis.

El Gobierno se encuentra en su peor crisis, tras la situación penal del hermano presidencial y prófugo de la justicia Nicanor Boluarte Zegarra. Sin embargo, desde el Ejecutivo no ha habido un pronunciamiento formal respecto a esta situación. Y quien nuevamente tomó la posta para fungir como “abogado defensor” de la mandataria, ha sido el presidente del Gabinete Ministerial, Gustavo Adrianzén, quien, tras ser consultado por la prensa sobre el imputado hermano de la jefa de Estado, a quien le dictaron 36 meses de prisión preventiva y ordenaron su inmediata captura, cuestionó y desacreditó un mandato judicial impuesto por el juez Richard Concepción Carhuancho.

Asimismo, Adrianzén, pese a ser abogado y conocer perfectamente, qué implica el no ponerse a derecho ante un mandato judicial, e incurrir en una obstaculización a la justicia, él minimizó la situación de clandestinidad de Nicanor Boluarte y su actual condición de prófugo de la justicia, y apenas mencionó: «seguramente sus abogados podrán presentar los recursos de apelación que crean responsabilidad y se tomará la decisión final».

Asimismo, cuestionó la vinculación de Dina Boluarte con la presunta organización criminal que, según tesis fiscal, habría sido dirigida por su hermano mayor Nicanor, y que tendría como objetivo afectar la continuidad de su cargo de presidenta de la República. «Tengo que denunciar una vez más la judicialización de la política. (…) Hay una afiebrada idea de que existe una organización criminal, y a partir de eso, pretender promover una presunta incapacidad moral de la señora presidenta de la República que podría conducir a su vacancia», aseveró disgustado el titular del Consejo de Ministros.

«Veo sorprendido que mentes atormentadas y confundidas están tratando de vincular y de insinuar que aquello existe (una posible relación entre Dina Boluarte con el caso ‘Los Waykis en la Sombra’. Nosotros no podemos permitir esta idea de presionar para que renuncie; o de promover una vacancia. No tiene ningún asidero», añadió Adrianzén.

Además de ratificar que existe una supuesta judicialización de la política, Adrianzén habló de una “soterrada intención” para promover una presunta incapacidad moral que pueda llevar a su renuncia, o a una eventual vacancia presidencial.

“Nosotros no podemos permitirlo y creo en realidad que no solamente eso, sino que esta idea de presionar para que renuncie, o de promover una vacancia, no tiene ningún asidero. La señora presidenta constitucional está firme en el puesto, su liderazgo respecto al Poder Ejecutivo es indubitable”, culminó el premier escudero.

El premier Gustavo Adrianzén confirmó que el Ejecutivo, mediante el reciente Consejo de Ministros, aprobó el proyecto de Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y la Minería Artesanal, más conocida como Ley MAPE, que reemplazará al Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), cuya vigencia termina este 31 de diciembre.

Asimismo, y a pesar de las críticas de los cientos de mineros que se encuentran protestando en la avenida Abancay a inmediaciones del Congreso, el ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, aseguró que este jueves el Gobierno enviará el proyecto de ley al Parlamento para su debate en la comisión del sector.

Ministro Rómulo Mucho le hace ‘propaganda’ al gobierno de Dina Boluarte y a la Ley MAPE

Asimismo, el ministro de Energía y Minas, no pierde la oportunidad para indicar las bondades de la reciente Ley aprobada por el Gobierno. Y además, se dio tiempo para “resaltar” la supuesta disposición de la presidenta Dina Boluarte, para solucionar y poder formalizar a miles de mineros informales. 

«Con este proyecto de ley se evidencia que el Gobierno tiene interés de ordenar esta actividad porque se sabe que estaba pendiente la elaboración de la ley MAPE. La ley busca brindar asistencia técnica con tecnologías limpias, generar incentivo para la formalización, establecer zonas especiales y áreas exclusivas para estas actividades, con potencial minero. Establece procedimientos para la formalización, con las direcciones regionales del Minem», remarcó Rómulo Mucho en conferencia de prensa.

Como se recuerda, desde su implementación en 2017, el Reinfo registró cerca de 90.000 inscritos. Previamente, se advirtió que el registro fue empleado de manera inadecuada, facilitando el avance desmedido de la minería ilegal.

Mineros informales bloquean Panamericana Sur en Ica y Arequipa en desacuerdo con la Ley MAPE

Según informó Máximo Becker, presidente de la Confederación Nacional de la Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú, los mineros informales están en desacuerdo con la reciente aprobada ley MAPE y exigen la extensión del ‘Reinfo’ por dos años más.

Más de mil mineros informales mantienen bloqueada la carretera Panamericana Sur en el kilómetro 440 en la provincia de Nasca, en la región Ica, donde la fila de vehículos alcanza los 10 km, y en el kilómetro 782 a la altura del Puente Ocoña, en Camaná, Arequipa. Los mineros informales que se encuentran bloqueando ambos puntos desde ayer, 20 de noviembre, exigen la extensión de la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera, porque este documento les permite trabajar en concepciones mineras de terceros, sin embargo, vence este 31 de diciembre.

Solo 2% de los registros que ha tenido el ‘Reinfo’ logró ser formalizado

Dicha cifra obedece a un análisis de Videnza realizado al Registro Integral de Formalización Minera, (Reinfo), que trata de difundir la intención de formalizar, pero sin resultados concretos.

La minería no formal, que comprende a la informal e ilegal, se ha convertido en la actividad que más dinero ilícito genera en el Perú; incluso mucho más que el propio narcotráfico, según lo reportan expertos en temas mineros. En tal sentido, según cifras estimadas por el Instituto Peruano de Economía (IPE), la exportación de oro ilegal se multiplicó hasta por siete veces entre el periodo 2005-2023, y solo este año 2024 alcanzará el máximo histórico de US$ 6,840 millones, un crecimiento de 41%, respecto del 2023.