De confirmarse esa información que aún la viene estudiando la Policía Nacional del Perú (PNP) estaríamos hablando de un nivel de extorsión jamás antes vista en el país, comprometiendo decenas de viviendas y cientos de familias que desde el lunes no encuentran un espacio donde pasar la noche.

El voraz incendio que al cierre de esta nota aún no viene siendo contenido habría sido originado por una banda criminal denominada ‘Los Panteras del Amanecer’, quienes se dedicarían a cobrarles un cupo a todos los comerciantes ambulantes de Mesa Redonda y alrededores, así como de otros vendedores formales que cuentan con bastantes depósitos en Barrios Altos, muchos de ellos construidos de manera precaria e informal.

El dato surgió cuando efectivos de la Policía detuvieron a 6 presuntos extorsionadores, encontrando en el celular de uno de ellos un mensaje revelador que indicaría que ellos habrían participado en el incendio de Barrios Altos.

“Hace ver que ya habría realizado el trabajo. ¿Y qué trabajo? El incendio de ese depósito en el jirón Junín, cuadra 10. Se avizora que ellos ya habrían realizado y que le estarían cobrando«, reveló el coronel Juan Carlos Montufar, jefe de la División de Investigación de Robos (Dirincri).

Según fuentes policiales, el cabecilla de dicho clan habría ordenado el siniestro en el jirón Cangallo, pues se le encontró un mensaje delator en su teléfono celular en el que otro criminal le informaba que ya había realizado el trabajo del incendio del depósito y exigía su pago. 

Además, dicho sujeto le dijo que ya tenía en su poder un arma de fuego y una motocicleta para asesinar a la dueña de una chatarrería.

Los detenidos fueron identificados como Jeyson Uhemura (28), Jhordhany Rugel (21), Juan Manuel Díaz (33), Carlos Díaz (24), Gilmer Ríos (44) y Cristian Rojas (37).

De corroborarse las sospechas de la Policía uno no puede evitar preguntarse si realmente se viene realizando un trabajo de inteligencia desde el Ministerio del Interior, ya que el incendio provocado se encuentra a tan solo unas cuadras del Congreso de la República o la Maternidad de Lima.

¡Basta de inseguridad! Cuando se lo propone la Policía Nacional del Perú (PNP) puede conseguir detener a toda una organización criminal en cuestión de días o semanas, pero lastimosamente muchas veces se ve que la delincuencia campa a sus anchas en gran parte del país.

Yendo en contra de esa terrible estadística, agentes PNP consiguieron rescatar con vida a la empresaria de abarrotes Lilian Vega Carrasco, de 35 años, quien había sido secuestrada hace 6 días en el distrito de San Martín de Porres (SMP).

Durante el operativo, las autoridades detuvieron a 14 personas vinculadas al caso, quienes formarían parte de una organización criminal autodenominada ‘La Cota 905′.

De acuerdo con las declaraciones del coronel Franco Moreno Panta, jefe de la División de Secuestros de la PNP, la banda criminal está integrada por ciudadanos extranjeros y se caracteriza por el uso de métodos violentos. El oficial detalló que los delincuentes alquilaron una vivienda en una zona apartada y sin cobertura de señal telefónica para mantener a la víctima retenida. Sin embargo, los detectives de la Unidad Antisecuestros lograron localizar el lugar gracias a un minucioso trabajo de investigación.

Cada miembro de la banda cumplía un rol específico dentro del esquema delictivo, desde el negociador hasta quienes transportaban a la víctima. Además, los delincuentes intentaron ocultar el rastro del dinero del rescate, que ascendía a 85.000 soles, mediante un sistema de transferencias múltiples. No obstante, las autoridades lograron identificar a los responsables de las transacciones y rastrear el destino del dinero.

La empresaria Lilian Vega Carrasco fue encontrada en un estado de gran afectación emocional. Según las declaraciones del coronel Moreno Panta, la víctima estaba aterrorizada tras los días que pasó en cautiverio. A pesar de que en un inicio la familia de la empresaria optó por no involucrar a la policía, las autoridades actuaron de oficio, para garantizar la seguridad de la víctima.

En tanto, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez estuvo más temprano en el lugar y detalló que la intervención se produjo luego de que la PNP detectara que los presuntos criminales no liberarían a la empresaria, pese a haber recibido un pago inicial de su familia.

Según explicó, en horas de la mañana del 25 de febrero, la Policía capturó a nueve sospechosos, mientras que en el operativo de rescate se detuvo a cinco más.

Si no están en sumergidos en una piscina lo están en un fango muy oscuro. La Policía Nacional del Perú (PNP) enfrenta una de sus investigaciones internas más sensibles en los últimos años. Un total de 44 efectivos, entre comandantes y suboficiales, son investigados por la presunta desaparición de 78 armas de fuego, las cuales debieron ser entregadas a la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (SUCAMEC).

Sin embargo, los registros oficiales indican que estas nunca fueron ingresadas al sistema, y hasta la fecha se desconoce su paradero.

El caso ha generado preocupación, ya que las armas incautadas a delincuentes en operativos policiales podrían haber terminado nuevamente en manos del crimen organizado. La Inspectoría de la PNP inició el proceso disciplinario contra los agentes involucrados, pero la investigación ha avanzado con lentitud.

Según el informe, la desaparición de las armas ocurrió entre 2021 y 2023 en el Departamento de Investigación Criminal (DEPINCRI) de Comas. Las sospechas apuntan a que el protocolo de custodia no se cumplió, y las armas—que incluyen escopetas artesanales, pistolas de fogueo, pistolas de gas e incluso réplicas de armas de fuego—nunca fueron internadas en SUCAMEC, a pesar de que la normativa exige su destrucción.

Los documentos revisados por la Inspectoría revelan que las irregularidades coinciden con el paso de distintos comandantes por la unidad policial. Entre los principales investigados figuran: Jesús Milla Moreno (2021), Jorge Gálvez Bedrillana (2022), David Carranza Veramendi (2020) y César Taira Flor (2023).

Las cifras ponen en evidencia una situación que podría comprometer la seguridad ciudadana, pues el tráfico de armas ilegales es uno de los factores que alimenta la violencia en el país.

A pesar de la gravedad del caso, los 44 agentes investigados continúan en servicio activo. No obstante, la PNP tomó la decisión de reubicarlos en distintas unidades, separándolos del DEPINCRI Comas mientras avanza la investigación.

El informe detalla que, hasta el momento, los agentes no han presentado documentos que acrediten el destino de las armas desaparecidas. La falta de pruebas documentales ha complicado el proceso, que además enfrenta un plazo de prescripción de cinco años, de los cuales dos ya han transcurrido.

Fuentes cercanas al caso indicaron que la Inspectoría de la PNP ha clasificado la investigación como “compleja”. Esto sugiere que la recopilación de pruebas y la determinación de responsabilidades podrían extenderse en el tiempo, lo que genera incertidumbre sobre las posibles sanciones para los implicados.

Aguas turbias dentro la Policía. El titular del Ministerio del Interior (Mininter), Juan José Santiváñez, comunicó que los efectivos policiales fotografiados junto a los presuntos integrantes de la organización criminal ‘Los Pulpos’ recibirán un “procedimiento administrativo disciplinario” para darles de baja.

“Con respecto a la fotografía publicada en RPP, he dispuesto que la Inspectoría General de la Policía, actúe conforme a sus atribuciones y proceda a la reasignación del personal policial mientras se abre el procedimiento administrativo disciplinario para darles de baja”, indicó Santiváñez en un comunicado.

El ministro indicó, además, que se ha dispuesto que el comandante general de la PNP “proceda a remitir los actuados al Consejo Supremo de Justicia Militar Policial, para que el fiscal militar titular formule la denuncia correspondiente en el ámbito penal contra los malos efectivos por los ilícitos penales que hubieran cometido contra la función policial”.

“Debe quedar claro que quienes se involucren con las organizaciones criminales, sea de la forma que sea, no tienen cabida en la Policía Nacional del Perú y deben ser retirados por medida disciplinaria, sin el reconocimiento de ningún derecho. No habrá ninguna tolerancia ni espíritu de cuerpo”, concluyó el ministro.

Policías identificados

Asimismo, el general PNP Guillermo Llerena, jefe de la Macrorregión Policial La Libertad, aseguró que los agentes policiales de la fotografía están plenamente identificados.

“Inmediatamente, hemos tomado las acciones correspondientes. Sabemos que este es un hecho que sucedió el año pasado. Los policías que están ahí están totalmente identificados; incluso, uno de ellos ya está en la ciudad de Lima”, afirmó el jefe regional de la PNP.

Insistió en que los implicados serán sometidos a una investigación rigurosa y sancionados de acuerdo con la ley.

Con las ‘manos en la masa’. Abner José Ávalos Villacorta, consejero regional de La Libertad, fue detenidos por efectivos policiales justo cuando recibía una coima de cinco mil soles a cambio de favorecer a un empresario minero que previamente había marcado los billetes de 100 soles en cooperación con los agentes de la Dirección contra la Corrupción (Dircocor).

La intervención se produjo en la intersección de la avenida César Vallejo y la calle Las Turmalinas, en la urbanización La Rinconada, en la provincia de Trujillo. Esto luego de la denuncia formulada por Carlos Duberlí Rojas García, quien aseguró que el también presidente de la Comisión Ordinaria de Energía y Minas del Consejo Regional de La Libertad le había solicitado el dinero para beneficiar a su empresa minera Coptos durante una inspección programada para los próximos meses.

Según el testimonio del denunciante, el consejero lo contactó a finales de diciembre de 2024 y le informó que, en su calidad de presidente de la Comisión de Energía y Minas, debía programar fiscalizaciones a empresas mineras en la región. 

A partir de entonces, afirmó que Ávalos Villacorta lo llamaba con insistencia para presuntamente solicitarle un soborno que facilitara la coordinación favorable de dicha inspección.

El encuentro clave ocurrió el lunes 17 de febrero, cuando el consejero regional llamó desde su número personal para citar al empresario a una reunión en la avenida América Norte. 

Según Rojas García, en la conversación privada sostenida dentro de su vehículo, el consejero explicó que podía garantizar beneficios durante la inspección a cambio del pago de 5,000 soles, suma que sería repartida entre dos personas.

Tras el pedido de dinero, el empresario decidió denunciar el hecho ante la Dircocor. Los agentes policiales, en coordinación con el Ministerio Público, organizaron un operativo para atrapar al presunto implicado en flagrancia.

El consejero regional fue trasladado a la sede policial para continuar con las diligencias correspondientes. El Ministerio Público ha iniciado las investigaciones por el presunto delito de cohecho pasivo propio. 

Policía y el hampa tomados de la mano y nadando en la misma agua. Hay cosas que resultan muy evidentes, pero para muchos son solo rumores o entredichos sin confirmar. Trujillo, una de las ciudades más bellas del país desde hace varios años ha sido tomada por la delincuencia y gran parte de ello es responsabilidad nada menos que de las propias autoridades que convenientemente giran la vista hacia un costado.

Resulta preocupante que cientos de denuncias sobre extorsión se presenten en las distintas comisarías de dicha ciudad, pero pocas o ninguna se tomen en consideración seriamente; y es presuntamente muchas de esas dependencias policiales ya han conversado a escondidas con el capo de alguna organización criminal, eso sí, previo al pago nada despreciable. Todos lo comentan, nadie los delata.

Así como en Trujillo en otras comisarías del país se estaría replicando esa ‘pacto siniestro’ entre malos efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) y los delincuentes, que prácticamente tienen el campo abierto para seguir aterrorizando a miles de ciudadanos.

Pero la gota que ha derramado el vaso ha sido la fotografía donde se ve a tres policías, que serían parte de la Divincri de Trujillo, muy sonrientes junto a cuatro presuntos integrantes de la sanguinaria organización criminal ‘Los Pulpos’ al interior de una piscina.

De acuerdo a información de Peru21, la imagen corresponde al año pasado y aún se desconoce la identidad de los tres agentes PNP así como el lugar exacto y las circunstancias de esa reunión. No obstante, el general PNP Guillermo Llerena, jefe de la Región Policial La Libertad, ya fue informado del tema estaría iniciado un nuevo proceso de cambio de efectivos u a la vez una investigación.

Tras descubrirse el hecho, el recién anunciado vocero del Ministerio del Interior, el coronel PNP Carlos López Aedo, indicó que se investigará. «Será materia de investigación. El señor ministro indicó que se va a incrementar con mayor número de policías. Ya se ha rotado a 200 efectivos (en Trujillo) y ayer el señor ministro estuvo con el gobernador regional y ha firmado un convenio destinando 50 millones de soles para comprar equipos para la Policía de Trujillo y continuar trabajando contra la criminalidad. Si hay un mal efectivo, inmediatamente se les ubica y se les procesa», dijo a RPP.

Un sangriento San Valentín. No hubo rosas ni serenatas sino balas y muerte. Tres muertos, entre ellos un menor, y seis heridos fue el saldo que dejó una balacera en una fiesta con orquesta realizada a pocos metros de la avenida Argentina, en la urbanización 1 de Octubre, en el Cercado de Lima.

El hecho ocurrió la madrugada del domingo en la calle 1 de Mayo. Los asistentes celebraban con normalidad, cuando llegaron dos desconocidos en una motocicleta y dispararon contra todos.

Producto del ataque nueve personas cayeron mal heridas. Todas fueron llevadas al hospital Arzobispo Loayza, donde se confirmó la muerte de Wendy Estupiñán Ormeño, Marcelo Bejarano Ormeño y un niño de 14 años.

La policía llegó hasta esta zona del Cercado de Lima y la acordonó para buscar evidencias que permitan la captura de los responsables del ataque.

Dos de las víctimas mortales eran los hermanos Nicold Estupiñán Ormeño (27) y Marcelo Bejarano Ormeño (18), quienes vivían en el Callao. El tercer fallecido es el menor de edad de iniciales I.A.F de tan solo 14 años.

En tanto, entre los heridos se encuentran las hermanas Evelyn (35) y Lesli Sulca (28) en el tórax y cuello, respectivamente. La última registra antecedentes por proxenetismo el 2018. Asimismo, los enamorados César Pizarro (23), con herida en el abdomen, y Jenifer Cruz (23) en el brazo. El vendedor de pollo broaster y repartidor delivery Luis León (21) fue baleado en la pierna. Lorena León (27) también en la pierna.

En el lugar del ataque se encontraron casi 20 casquillos de bala y algunas viviendas resultaron afectadas por el tiroteo. Horas después el criminal conocido como Tito se adjudicó el tiroteo, mencionando que todos los vecinos que quieran organizar un evento deberán de pedirle permiso y pagarle.

Relacionarse con delincuentes tiene un alto precio. El ex congresista Óscar Medelius habría hecho enfadar a su patrocinado Gerson Gálvez, alias ‘Caracol’, el sanguinario líder de la organización criminal ‘Barrio King’, quien habría perdido la paciencia con el abogado por no cumplir con su inmediata liberación, ordenando su ejecución el pasado lunes 10 de febrero, según una hipótesis policial que viene tomando fuerza.

Cabe recordar que el atentado ocurrió en plena vía pública, en la intersección de las avenidas Universitaria y Camino Real, en el distrito de Carabayllo. Junto a Medelius viajaban otras dos personas: Juan Miguel Huidobro García, quien también falleció debido a la gravedad de sus heridas, y Lourdes Fernández, cuyo estado de salud es reservado.

Fue el propio titular del Ministerio del Interior (Miniter), Juan José Santiváñez, quien refiriera que ese crimen habría sido por orden directa de ‘Caracol’, aseverando que se trataría de un “ajuste de cuentas”.

Es importante mencionar que el ex congresista fujimorista no era un abogado común. Su historia siempre estuvo vinculada con personajes fuera de la ley. Fue recordado por aparecer comiendo una empanada en uno de los ‘Vladivideos’ y, tras su salida de prisión, se enfocó en la defensa de peligrosos criminales, como ‘Caracol’.

Al respecto, fuentes policiales mencionaron para el programa Ocurre Ahora que ‘Caracol’ no habría estado contento con el trabajo del siniestro ex parlamentario.

El criminal, sentenciado a 35 años de prisión, acusado de ser cabecilla de la banda criminal ‘Barrio King’, dedicada al sicariato, extorsión y narcotráfico, habría pagado por adelantado a Medelius una fuerte suma de dinero por su libertad.

Sin embargo, el letrado no pudo conseguir que ‘Caracol’ salga de Challapalca en el plazo acordado y pagó ese error con su vida.

La fuente policial reveló al citado medio que esta hipótesis se sustenta en las escuchas realizadas a Gerson Gálvez por el Equipo Constelación de la PNP. En la conversación, se entiende que ‘Caracol’ ya le había puesto una fecha a su libertad y ante el incumplimiento del acuerdo estaría muy descontento con el trabajo de Medelius.

Dos abogados de ‘Caracol’ acribillados

En 2017, uno de sus abogados también murió a manos de sicarios. La víctima era Jaime Coasaca Torres, quien fue asesinado luego de renunciar a la defensa.

El exfiscal fue acribillado por sicarios en la puerta de su domicilio, ubicado en la avenida Agustín Rosa Lozano, en la urbanización La Inmaculada, en Santiago de Surco. Cámaras de seguridad registraron el ataque.

Según el testimonio de su esposa, Juliana Galván, el abogado salió de casa tras recibir una llamada de una mujer que le solicitaba una defensa en el Ministerio Público de Villa María del Triunfo.

Mientras esperaba en la zona conocida como “Pista Nueva”, dos sicarios a bordo de una motocicleta le dispararon a sangre fría ante la mirada atónita de decenas de transeúntes.