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Fabricio Valencia: “Tenemos que apuntar a que se demuela lo ilícitamente edificado”

Fabricio Valencia Gibaja es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú y especialista en el tratamiento jurídico del patrimonio cultural. Cuenta con estudios de Maestría en Museología y Gestión Cultural por la Universidad Ricardo Palma y con un Posgrado Internacional en Patrimonio y Turismo Sostenible en la Universidad Nacional Tres de Febrero, Buenos Aires- Argentina, Miembro Experto del Comité Científico Internacional de Asuntos Legales, Administrativos y Financieros de ICOMOS.
Cuenta con una amplia experiencia en la gestión pública, habiéndose desempeñado como Asesor del Ministro de Cultura y del Viceministro de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales, así como Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Unidad Ejecutora 007 del Ministerio de Cultura y especialista legal en la Dirección de Defensa del Patrimonio Histórico del ex Instituto Nacional de Cultura, donde participó como miembro alterno de la Comisión de Alto Nivel de Repatriación de los Objetos Arqueológicos de la Colección Machu Picchu de la Universidad de Yale, miembro de la comisión que elaboró el Reglamento de la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, actualmente labora como Gerente de la División de Patrimonio Cultural en Hereditas Consultores.
Con el especialista conversamos sobre todo lo que viene sucediendo con la construcción del hotel Sheraton en la calle Saphy y sobre las dos resoluciones firmadas por el ministro de Cultura Rogers Valencia. Aquí la entrevista.
Lo que ha determinado la jueza María Cárdenas Villanueva, es que se continúe con la construcción del hotel Sheraton, respetando en lo posible las normas del régimen de los parámetros urbanísticos del centro histórico de Cusco.
Claro. En ese tema hay que considerar lo siguiente: Lo primero es que el proyecto presentado por la empresa RYG S.A.C, no respeta los parámetros urbanísticos del reglamento del centro histórico.
¿Por qué no lo respeta?
Porque el coeficiente edificatorio en esa zona es de 1.4 y el proyecto es de 2.4, tiene un punto más del coeficiente edificatorio, y eso en metros cuadrados son varios pisos con un volumen constructivo bastante grande. Lo que la empresa siempre ha defendido es la licencia ilegalmente emitida que le permite hacer 2.4, digo que es ilegalmente emitida, porque no respetaron la norma. Por un lado, la jueza está diciendo respeten el reglamento del centro histórico del Cusco, es imposible que continúen con una construcción.
Fabricio, tú conoces bien el tema ya que fuiste asesor del Ministerio de Cultura. Lo que queremos saber es ¿Por qué ocurrió todo esto?
Cuando el exministro de Cultura Jorge Nieto Montesinos, asume la cartera, me convoca a mí y le puso mucho interés al tema, por ser un tema álgido. Yo viajé varias veces al Cusco para ver ese tema e iniciamos cuatro procedimientos sancionadores. Primero hay que tener en cuenta la naturaleza de ley, el inmueble materia de análisis, tiene las siguientes condiciones: está dentro de una zona monumental, está dentro de un ambiente urbano monumental, esta dentro del centro histórico del Cusco, es parte integrante de la ciudad del Cusco, la cual es patrimonio de la humanidad y también, la calle Saphy es un tramo del Qhapaq Ñan (antiguo camino inca), que también está declarado como Patrimonio Cultural de la Humanidad.
Es un área bien protegida…
Tiene varios niveles de protección el inmueble en cuestión. Respecto a la construcción, el meollo del asunto, es que el reglamento del Centro Histórico del Cusco te dice que en esta solo puede tener 1.4 de volumen constructivo, el coeficiente edificatorio es una medida física, es decir, la puedes medir, no es algo arbitrario. La empresa obtuvo una licencia municipal, y en esa situación participaron los funcionarios del Ministerio de Cultura aprobando ese coeficiente y se le permitió hacer 2.4 de coeficiente edificatorio, o sea, mucho más de lo que la ley manda. Posteriormente el municipio declara nulo esta licencia y esta es impugnada por la empresa.

¿Qué hizo el Ministerio de Cultura en ese momento?
El ministerio de Cultura sobre este caso inició cuatro procedimientos administrativos sancionadores. Uno de ellos que es el más importante, es por haber construido por encima del coeficiente edificatorio. El segundo procedimiento se inicia porque la empresa demolió un inmueble de valor contextual, que fue una casa republicana. El tercer procedimiento es porque al momento que se hizo excavaciones, no se registró debidamente el material arqueológico encontrado. El cuarto procedimiento es porque se excavó sin autorización. El único procedimiento que el ministerio inició de forma propia fue el primero, los otros tres han sido iniciados a razón de que Contraloría emitió el informe N° 135. En ese informe Contraloría le dijo al ministerio que tiene que iniciar los otros tres procesos, y es a razón de eso que el ministerio inicia el procedimiento. Se tenía cuatro procedimientos administrativos por causales distintas caminando de forma independiente hasta el 11 de enero del 2019, momento en el cual el ministro de Cultura Rogers Valencia, firma dos resoluciones ministeriales la 8 y 9, la resolución número 8 puntualmente, lo que hace es declarar fundado el recurso de apelación, nula la resolución directoral 998, es decir, el procedimiento administrativo sancionador que le puso mil UIT de multa por haber excavado de forma ilícita, es declarado nulo.
Es decir, todo lo anterior fue anulado por completo…
La nulidad es una figura jurídica que significa que todo en lo que se actuado está mal hecho, y todo se retrotrae. Entonces, el procedimiento administrativo sancionador ha sido eliminado. Aquí el problema es que la misma resolución ministerial que fue firmada por el ministro de Cultura, él está diciendo que las obras culminaron en julio del 2014. Qué significa esto, que tenemos cuatro años de esa fecha hacia adelante para que se pueda iniciar un procedimiento sancionador, es decir, a julio del 2018. Solamente hasta julio del 2018 se pudo realizar procedimiento sancionador, por lo tanto, afirmar o pretender realizar un procedimiento sancionador por esta misma causal el día de hoy, es un imposible jurídico, no se puede, hay que entender que no se puede porque está prescrito.
¿Esto ya prescribió y ya no se puede hacer nada?
Ya prescribió, no se puede, ya han pasado más de cuatro años de cometido la infracción. Lo que algunos están diciendo es “pero un momentito, la ley dice que si se inicia un procedimiento sancionador se suspende el plazo de prescripción”. Totalmente cierto, pero esa resolución de inicio de procedimiento que suspendía el conteo de plazo, ha sido declarada nula. Se la tumbaron.
Entonces, lo que hizo el ministro de Cultura Rogers Valencia, fue limpiar a la empresa RyG
El ministerio podría emitir una nueva resolución de inicio de procedimiento, pero que seguramente lo que hará el abogado de la empresa, es presentar la misma resolución como elemento probatorio, y decir que esto ya está prescrito. Y si el ministerio de Cultura no le da la razón en ese pedido, judicialmente lo hará, porque la prescripción simplemente es un conteo de plazo, ahí no importa el tema de fondo, no importa la conducta o si fue doloso o no, simplemente es un conteo de plazo. La prescripción es una figura jurídica que va en contra del Estado. Le están diciendo: oye Estado, si tú eres ineficiente y no lo puedes resolver en un plazo prudencial, pues ya no lo puedes hacer porque eres ineficiente.
Estás dos resoluciones firmadas por el ministro se realizaron teniendo conocimiento de todo esto o crees que ignoraba sobre el tema…
La verdad no podría decirte si tenía conocimiento o era ignorancia, porque no sé cuáles han sido las razones que han podido motivar esto, pero lo que queda claro es que desconocen el tema terriblemente. Emitir esas resoluciones ha sido dispararse a los pies.

Lo más preocupante de todo esto, es que el centro histórico de Cusco puede perder la categoría de ser Patrimonio Cultural de la Humanidad
Exactamente. Ese es un tema que vengo alertando hace unos días. UNESCO ya manifestó una posición al respecto, está el oficio de Relaciones Exteriores N° 222 del 17 de abril del 2017, en la cual Director General de asuntos culturales Javier León, le dice al ministro de Cultura, citaré de manera breve “ICOMOS Internacional da una serie de recomendaciones, entre ella la más importante, es proceder a la demolición de la construcción a partir del segundo nivel”. Acá viene lo preocupante “Se señala así mismo, que de no proceder al cumplimiento de esas recomendaciones se configura una situación que ameritaría largamente la inscripción del centro histórico de Cusco en la lista de Patrimonio Mundial en peligro de la UNESCO”.
Lamentable que esto pueda suceder…
Que la ciudad del Cusco sea inscrita en la lista del Patrimonio Mundial en peligro de la UNESCO, es el paso previo a que le quiten la condición de Patrimonio Cultural de la Humanidad.
En qué crees que termine todo esto, porque hasta el momento lo que está haciendo el ministerio de Cultura es confundir a la gente, ocultándonos lo grave del asunto.
A mí me parece que evidentemente tiene que haber una investigación al respecto. Lo que todos están diciendo es que caiga quien tenga que caer, y eso me parece importante que se haga. Desde mi punto de vista, esa no debe hacer la acción más importante que debe tomar el Ministerio de Cultura. Porque de por medio tenemos dos procedimientos administrativos sancionadores que están vigentes, y uno de ellos es el más importante, el cual tiene como finalidad demoler la construcción hecha de manera ilícita. Lo que creo es que tiene que exigirse al Ministerio de Cultura, es que resuelva eso de manera inmediata. O sea, paralelamente a que sancione a quien tenga que sancionar.
Entonces, lo que debe realizar inmediatamente el Ministerio de Cultura es ejecutar la demolición…
Por supuesto, esa es la parte importante ahora mismo. Luego que se investigue a los funcionarios, ya que, con eso, no resolvemos nada. A lo que tenemos que apuntar es que se demuela lo ilícitamente edificado.

Lograr eso no va ser fácil, porque del otro lado tenemos a todo un staff de abogados de la empresa RyG S.A.C que va defender la construcción
Totalmente de acuerdo, y más aun considerando que tenemos una institución a la cual se le caducan los plazos. Ahí va el temor que yo tengo. El Ministerio de Cultura sacó un comunicado donde puntualmente dicen “Se sancionó a la empresa con 800 UIT y se ordenó el desmontaje del área que excede el coeficiente de edificación permitido, mediante Resolución Directoral N° 1827-2018-DDC-CUS/MC”, supongo que esta resolución ha sido impugnada por la empresa. Muy bien, el Ministerio de Cultura ha tenido 30 días para resolver esto, o sea, una vez que impugnan tu resolución, no puedes demorarte más de 30 días en resolverlo. Ese plazo está en el texto único ordenado de la norma. Lo que creo que habría que exigirle al ministerio, es que terminen esos procedimientos lo antes posible, me parece que esto es lo más importante.
En el tema de la construcción del hotel de la calle Saphy, hay responsabilidad de varios funcionarios del propio ministerio de Cultura, incluso son funcionarios como el señor Ruiz Caro, que están denunciados penalmente. Estas resoluciones firmadas por el ministro Rogers Valencia, no solo han servido para limpiar a la empresa, sino también a los propios funcionarios del ministerio de Cultura. ¿Qué piensas sobre este tema?
Sí escuchado que hay toda una red de corrupción, y que existe una mano negra. A mí lo que me queda claro, es que es lamentable que haya caducado todo este procedimiento, ya que el ministerio sabe perfectamente los plazos de caducidad, no es que no los conozca. Todas las personas involucradas tendrán que ser investigadas, y si se les encuentra responsabilidad se les va tener que sancionar por la vía administrativa, civil o penal, según corresponda.
¿Se le va poder volver a cobrar la multa de más de 4 millones y medio de soles a la empresa RyG?
Ya no. Eso es imposible, porque ya se la han quitado y no se le puede iniciar un nuevo procedimiento sancionador. No hay forma. Supongo que el ministerio va iniciar nuevos procedimientos sancionadores, pero al llegar al Poder Judicial, se caen. Esto de los temas de plazos, un estudiante de Derecho lo aprende en el segundo año en la universidad. No es una elucubración jurídica muy profusa, esto es algo bastante simple, pero algunos no lo interpretan de esa manera.
Para finalizar ¿Qué le dirías al ministro de Cultura Rogers Valencia?
Lo que le diría es que las personas que están en el sector cultural, tienen la responsabilidad de gestionar la memoria de todos los peruanos. Nuestro Patrimonio Cultural es una larga sucesión de ocupaciones y forman parte de nuestro legado cultural, y tienen que ser administrado de una forma completamente responsable. No estas administrando un pozo petrolero, no administras ni siquiera un parque natural, lo que se administra es la memoria de todos nosotros. Por eso, considero que se debe ser muy responsable con esto, y que se investigue a quien se tenga que investigar, pero lo que le pediría es de que se resuelva los dos procedimientos administrativos sancionadores lo antes posible.
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Respuesta a Carta Notarial de Lizbeth Huamán Montañez
La exdirectora de la Oficina de Monitoreo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), nos ha enviado una carta notarial solicitando la eliminación inmediata o desindexación de una nota periodística publicada en nuestra web el 8 de diciembre de 2021. Aquí la respuesta de Lima Gris.

Llegó a nuestra redacción una carta notarial enviada por la señora Lizbeth Huamán Montañez, exdirectora de la Oficina de Monitoreo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), solicitando la eliminación inmediata o desindexación de una nota periodística publicada en nuestra web el 8 de diciembre de 2021, titulada: “Aparecen chats donde involucrarían al ministro de Transportes con presuntos favores a exfuncionaria Lizbeth Huamán”. Según su comunicación, el contenido de dicha nota sería, en sus palabras, “inexacto, falso y lesivo a su honor”.
Asimismo, la señora Huamán indica que los hechos atribuidos a su persona han sido desvirtuados por lo que denomina “la autoridad competente”, haciendo referencia al Informe N.º 0527-2022-MTC/11.SETEPAD, de fecha 7 de diciembre de 2022, elaborado por el secretario técnico de los órganos instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario del MTC, señor Robertson Rubén Liza Solís. En dicho documento se dispone no iniciar procedimiento administrativo disciplinario por los hechos difundidos en el programa “Sálvese quien pueda”, emitido el 24 de octubre de 2021, y se ordena el archivo del caso.

Carta Notarial enviada por Lizbeth Huamán Montañez.
Es preciso aclarar que la nota publicada por Lima Gris no fue una creación propia, sino la reproducción de una investigación televisiva del programa Beto a Saber, difundida en el año 2021. En ese reportaje se presentan capturas de pantalla de conversaciones y audios donde la señora Huamán Montañez aparecería comunicandose con un interlocutor sobre presuntos actos de tráfico de influencias. Los materiales difundidos fueron considerados de interés público por su relevancia en el contexto político y mediático de ese momento.
Resulta llamativo que la señora Huamán mencione un informe de la Secretaría Técnica de Procedimiento Administrativo Disciplinario del MTC, que se refiere al contenido de un audio difundido en un programa distinto (Sálvese quien pueda) y en una fecha anterior a nuestra publicación. La confusión entre fuentes distintas —un programa periodístico y una red social— no solo debilita su argumento, sino que plantea una pregunta legítima: ¿qué relación puede tener un informe administrativo interno, emitido un año después, con una nota periodística basada en una fuente televisiva ajena y difundida hace más de tres años atrás?
En su misiva, la señora Huamán también intenta equiparar el contenido de dicho informe administrativo con una sentencia judicial firme, lo cual es jurídicamente improcedente. Un informe interno del MTC, por más formalidad que tenga, no constituye una resolución judicial ni tiene efectos vinculantes sobre el ejercicio periodístico, menos aún sobre la libertad de prensa amparada por la Constitución Política del Perú.
Sobre el derecho de rectificación que invoca la remitente, es fundamental recordar que el artículo 2, inciso 7 de la Constitución Peruana reconoce a toda persona el derecho a solicitar rectificación ante información que considere agraviante. No obstante, este derecho, según jurisprudencia reiterada del Tribunal Constitucional, debe ejercerse dentro de un plazo razonable. La doctrina jurídica y la práctica constitucional han establecido que dicho plazo no puede exceder los 60 días desde la publicación del contenido cuestionado.
En ese sentido, la Ley N.º 26847, en su artículo 2, establece que el derecho de rectificación debe solicitarse dentro de los 15 días naturales posteriores a la difusión de la información. En este caso, la publicación data del 8 de diciembre de 2021. La carta notarial de la señora Huamán fue recibida más de 1,200 días después, es decir, tras 3 años y 4 meses. Esta dilación supera ampliamente cualquier criterio de razonabilidad o vigencia del derecho que ahora pretende ejercer.
Por tanto, consideramos que dicho pedido ha caducado por inacción. De acuerdo con el marco normativo vigente y el principio de preclusión de derechos, ya no resulta procedente ninguna rectificación. La demora en su solicitud, además de carecer de sustento legal, debilita cualquier pretensión de afectación actual al honor o reputación personal.
Cabe recordar también que la información publicada sobre la señora Huamán Montañez, en su momento, fue de legítimo interés público y se basó en fuentes periodísticas verificables. La nota no ha sido modificada desde su publicación, ni ha sido objeto de acciones legales previas por parte de la interesada.
Conforme al principio de veracidad y responsabilidad que guía nuestra labor periodística, reafirmamos que Lima Gris actuó dentro del marco legal y ético que regula el ejercicio de la libertad de prensa. Ergo, la nota en cuestión constituye parte del archivo periodístico histórico de nuestro medio.

La tecnología que nos reemplazará a todos, la IA, da otro enorme paso a través de Google Veo 3. Primero vinieron por los ilustradores con Midjourney, después con los articulistas cuando entró en escena ChatGPT, y ahora toca a los actores y, en general, a todo el ecosistema de producción audiovisual, quienes literalmente podrían tener los días contados. La aparición de Veo 3, más que una promesa, resulta ser el futuro aquí y ahora de la destrucción de empleo a gran escala.
Veo 3, la IA de Google que genera los “videos más realistas” de Internet, es la nueva tecnología que permite transformar texto en clips audiovisuales con movimiento, detalles visuales complejos y sonido sincronizado. La imagen está generada por una inteligencia artificial a partir de una descripción.
Su nivel de detalle podría llegar a confundirse con filmaciones reales. Desde paisajes naturales hasta escenas urbanas complejas, esta nueva IA permite crear videos desde cero con un realismo sin precedentes.
Por otra parte, su capacidad para integrar imagen, movimiento y sonido en un solo proceso de generación automática resulta asombrosa.
Veo 3 es un modelo de inteligencia artificial generativa multimodal desarrollado por Google DeepMind. Su principal innovación radica en su capacidad para crear videos a partir de texto, integrando además sonido sincronizado, efectos ambientales, música y voces.
Lo bueno
A diferencia de modelos anteriores como Imagen Video o Phenaki, Veo 3 alcanza un nivel de fluidez visual y realismo acústico que lo acerca a la calidad de una producción cinematográfica. Los clips generados pueden alcanzar una resolución de hasta 1080p y una duración de hasta un minuto, algo inusual en el campo de las IA generativas. Las posibles aplicaciones de Veo 3 son vastas: cine, publicidad, videojuegos, educación, contenidos para redes sociales. Al poder generar imágenes que parecen tomadas con una cámara real, esta tecnología promete revolucionar los modos de producción audiovisual, especialmente para creadores independientes con presupuestos limitados, o simplemente compañías avaras.
Lo malo
Aplicable para extorsión, chantaje, difamación, propaganda de desinformación, manipulación, estafa, pero sobre todo desempleo.
Veo 3 ya está disponible mediante la introducción de prompts en Flow, aunque exclusivamente para suscriptores del plan Google AI Ultra en Estados Unidos, un servicio premium con un costo de 250 dólares al mes, que ofrece acceso anticipado a las últimas herramientas de inteligencia artificial desarrolladas por la compañía. Bajo ese aliciente de costo de solo 250 dólares frente a una producción real, queda claro quiénes perderán su empleo.
No obstante, Google señaló que trabaja con expertos para establecer controles de uso y trazabilidad, y planea incorporar marcas de agua invisibles para distinguir los videos generados por IA. Sin embargo, el daño ya está hecho y esto solo es el comienzo.

Solo es IA, cálmate
En redes, miles de usuarios manifestaron su preocupación frente a lo que el avance de la IA viene significando.
@Karen Crystal: «¿Por qué estás llorando? «Ni siquiera somos reales» suena como algo que diría mi ex narcisista.
@FeRdTwo: Hay partes en que se nota y otras en las que es imposible identificar que es IA, impresionante.
@hectorhuerta: Pasamos de Will comiendo spaghetti raro a esto en 2 años.
@𝕭𝖑𝖆𝖈𝖐 𝕸𝖆𝖓𝖙𝖎𝖘:si fuéramos lo suficientemente inteligentes, detendríamos esto ahora que se puede …
@WARRIOR: Esto me llevó a pensar. Si la IA llega a un punto donde sea imposible de diferenciar de la realidad, esto podría afectar a muchas personas.
¿como?
por el «chantaje»
imaginen
@C M G.g: Cuando salieron los radios y grabaciones de música, alguien pudo haber pensado «se acabaron los conciertos en vivo, podés oír la misma canción mil veces en tu casa”, pero no se acabaron.
@andres: No, solo los actores, productores, directores, diseñadores de vestuario, de música… mejor dicho, en un año todo el mundo estará haciendo sus propias películas y yo sin plata.
@WorldOfTiggi:Ok Escúchame: AI se perfeccionó hace años y la calidad es como este video de hoy, pero las élites lo están haciendo como «oh, está en camino de ser increíblemente bueno». No es que esté avanzando rápido, es porque lentamente nos dejan pensar que está mejorando, preparándonos para esto, para algo mucho más grande. Supuestamente
@Martin Content: Más bien los actores van a vender su imagen para que lo usen en películas usando su rostro.
@🧿: S,i pero eso son los que ya sonfamosos;, ahora los que desean ser actores ya no podránporqueq la IA creara caras nuevas.
@Oscar Martinez: Es el inicio del fin de muchas cosas 💀 editores, actores de doblaje , directores, programas de TV , películas 🍿 etc etc
@Thalissa Lusana: No es IA, solo miren la pared, mantiene su textura igual en cada movimiento eso aún no se logra con la IA.
Mucho más que especulación de internet, el fenómeno IA es una realidad que ahora golpea al gremio de actores. Porque cuando las empresas de marketing decidan entre un actor o instalarse una app de 250 dólares al mes, sabemos muy bien por cuál se decidirán en su afán de rentabilizar las utilidades a través del ahorro en costos.
Es cierto que será fácil el contratar a alguien que sepa dar indicaciones de creación de IA. Desde anuncios, telenovelas, cine, es decir, todo lo audiovisual. Las nuevas versiones de IA descubrieron cómo hacer voz de IA con acentosy dotarlos de emoción. El CGI se puede notar que es falso, pero la IA actual ya no.
También se abrió la ventana a conspiranoicos de la IA que creen ver en estas creaciones otras cosas.
@Jack Barretto: ¿Y si nosotros somos IA negando que somos IA y nos burlamos de Matrix porque creemos que no existe, pero sí existe? 🤯🤯
@adamgr Solo date cuenta de que esto es lo peor que se verá. La mierda es salvaje. En un año ya no sabrás lo que es real.
@loui A esa velocidad, ¿qué es posible en 2028?
@Pampampam: No, todo eso es este año.
@cheesewithpee ☭: Las posibilidades en 2028 son la muerte del arte, la actuación de voz, los actores, los artistas, la creatividad.
@Shorty P: Te refieres a la muerte de los pocos que tienen control sobre los trabajos creativos. La gente normal no se lamenta de poder hacer un dibujo sin pagar cientos, o del empleo de los estudios de vigilancia y estrangulamiento de la creatividad hasta la muerte.
@Dash2much: No sé, los últimos 20 años acaban de ser remakes.
@cheesewithpee ☭⚛️: Remakes que todavía tenían actores reales, artistas reales para la música y efectos especiales, personas reales.
@goose🪿:Hermano,o mira cómo se veía la IA el año pasado. A finales de este año probablemente tendremos inventos locos con IA o incluso solo los prototipos de ellos.
@Ruby Carrots: Ah, sí, el talento y la belleza de escribir un mensaje de alguien cometiendo un delito grave para incriminarlos con…
@G_Money: Es demasiado poderoso y, por desgracia, demasiado útil para que se detenga el desarrollo. Ya es un curso que se puede seguir en la escuela y se convertirá en un conjunto de habilidades muy real para poder identificar el contenido de IA a partir de contenido real. Pero definitivamente es necesario establecer limitaciones legales en su uso.
@Ruby Carrots: Ahora se usa para chantajear a los trabajadores. La IA por sí sola no es mala ni dañina, pero se vuelve peligrosa y explotadora cuando se usa para reemplazar a la humanidad.
@Ruby Carrots: Es una amenaza para la realidad objetiva; las personas podrían ser incriminadas por delitos que no cometieron. Las guerras y la violencia podrían incitarse a partir de fabricaciones. Y los criminales peligrosos podrían escapar con los crímenes a pesar de las pruebas de video.
@Emiliano Moretta: No es IA. son visores a otras realidades. estamos creando realidades paralelas sin quererlo y traerá consecuencias.
@Héctor: Entonces Star Wars, Alien. Transformers, ¿es todo real? son simples película como esos vídeos. cálmate
@Emiliano Moretta: esas son películas filmadas por actores reales. la ia es una creación humana que crea líneas dimensionales nuevas
@Ramiro Berardi: Ahora sabemos que vivimos en una simulación de seres superiores que inventaron su propia IA
@Alabaster: Hemos estado en ella durante años, esta tecnología es mucho más capaz de lo que el público sabe, han estado probando versiones más avanzadas con nosotros durante un tiempo.
¿Una amenaza para el empleo en Perú?
Conversamos con el experto en cultura digital, macrodatos e IA multimodal, Ibrahim G.G., quien aterriza la cuestión respecto a los posibles efectos en el Perú.
«Esto ya existía hace mucho. Simplemente por que lo hace google, el mundo se entera lol». Sobre el futuro del empleo a raíz de la irrupción de la IA su respuesta es tajante en lo referente al futuro, «Despidos». De todos los trabajadores en la cadena envuelta para hacer el video en sí. No hay alternativa. Personalmente, prefiero luchar con un prompt de IA para crear el video que quiero que con las divas y divos de los artistas».
Respecto a su impacto en Perú, fue bastante optimista:
«Sí, pero aún le falta y vivimos en Perú; estoy usando IA para casi todo. Lamentablemente y por suerte, el nuestro es un país retrasado. ¿En el primer mundo? Sí, están jodidos. Ayer vi que había “ACTORES DE VOZ” que han sido despedidos de una empresa china. Los chinos prefieren usar una IA para traducir y hacer la voz que pagarles a los gringos. Los traductores de anime profesionales están siendo reemplazados por subtítulos con IA, porque son malísimos esos traductores, así que es razonable».
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Sindicatos de Cultura anuncian paro regional en Cusco: trabajadores CAS exigen reformas estructurales
Paro regional para este jueves 5 de junio de 2025

El Sindicato de Trabajadores de Contratos Administrativos de Servicios de la Dirección Desconcentrada de Cultura (SITRACAS – DDC Cusco) anunció la convocatoria de un paro regional para el próximo jueves 5 de junio. La medida de lucha, respaldada por más de 850 afiliados en toda la región, busca visibilizar una serie de demandas históricas vinculadas a la mejora de condiciones laborales y la reestructuración de la entidad encargada de velar por el patrimonio cultural en Cusco.
Según el pronunciamiento oficial emitido por el sindicato, los motivos centrales del paro incluyen la homologación salarial, el cumplimiento de pactos colectivos firmados con anterioridad, la reorganización interna de la DDC Cusco, la construcción de un local institucional propio y la designación de un titular para la Dirección, cargo que, según los trabajadores, permanece sin liderazgo efectivo.

“Esta lucha no solo se trata de reivindicar derechos laborales básicos, sino de exigir una gestión cultural eficiente y comprometida con el país”, sostuvo el secretario general del SITRACAS, Daniel Estonbelo Taco, quien acusó al Ministerio de Cultura de desinterés crónico en resolver los problemas estructurales de la Unidad Ejecutora N.° 002 Cusco.
Estonbelo criticó la “ineficiente gestión de los recursos públicos” en la DDC y aseguró que el deterioro de las condiciones laborales impacta directamente en la calidad del servicio que se brinda a la ciudadanía. «Es inconcebible que el personal encargado de proteger y poner en valor nuestro patrimonio cultural trabaje bajo condiciones tan precarias», subrayó.

El sindicato hizo un llamado a la ciudadanía, al sector turístico y a las autoridades del Ministerio de Cultura a tomar las precauciones necesarias ante la paralización programada, asegurando que la medida se desarrollará dentro del marco legal y constitucional, “por la dignidad de nuestros trabajadores”.
Este paro se suma a una creciente ola de descontento en sectores clave de la administración pública en la región, en un contexto donde el abandono institucional parece profundizar la brecha entre los discursos oficiales sobre la cultura y la realidad cotidiana de quienes la resguardan.
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Continúa el maltrato contra los animales, la barbarie viene de los que supuestamente tienen “uso de razón”
En el país aún muchas personas ven como objetos a seres que no tienen una voz para reclamar, atacándolas salvajemente hasta su muerte.

Por: Raúl Villavicencio H.
En las disposiciones complementarias de la Ley n.° 30407, “Ley de Protección y Bienestar Animal”, se lee la incorporación del artículo 206 – A al Código Penal: “El que comete actos de crueldad contra un animal doméstico o un animal silvestre, o los abandona, es reprimido con pena privativa de libertad no mayor de tres años, con cien a ciento ochenta días-multa y con inhabilitación de conformidad con el numeral 13 del artículo 36. Si como consecuencia de estos actos de crueldad o del abandono el animal doméstico o silvestre muere, la pena es privativa de libertad no menor de tres ni mayor de cinco años, con ciento cincuenta a trescientos sesenta días-multa y con inhabilitación de conformidad con el numeral 13 del artículo 36”.

En agosto del 2023, en el distrito de La Victoria, en Lima, Alonso Santa Cruz Túpac Yupanqui, acuchilló salvajemente a ‘Dachi’, una perrita de raza pug, al animalito de su expareja que la acusaba de haberla sido presuntamente infiel. La perrita quedó cuadripléjica debido a los constantes cortes y por ello el confeso agresor fue condenado a un año y seis meses de cárcel, además del pago de 5 mil soles por concepto de reparación civil.
El 9 de mayo, en Trujillo, un sujeto azotó contra el asfalto a una perrita hasta matarla. El pequeño animalito solo se encontraba caminando frente al alterado hombre cuando este lo sujetó con fiereza, tirándolo hasta en tres ocasiones contra el suelo. El sujeto, identificado presuntamente como Luis Esteban Lozano Daza, se encuentra como no habido por la Policía Nacional del Perú (PNP).
Más recientemente, en el Cusco, cámaras de vigilancia captaron a un hombre y una mujer propinándoles patadas y puñetes a un indefenso can que solo venía siguiendo a la pareja. Desde el segundo piso de su vivienda, un joven les increpó por su indebido actuar, pero solo recibió insultos y dos piedrazos que fueron a impactar contra una de sus ventanas.
“Fui testigo de cómo agredían al perro indefenso. Le dio dos patadas, luego un puñete en la cabeza. Y cuando el perrito estaba retirándose, hay una patada más que le proporciona la chica. Se ve claramente en el video cómo el perrito, después de la agresión, sigue estando con ellos”, relató el testigo, quien prefirió mantenerse en el anonimato.

Ante ello, según información de RPP, se supo que el joven procederá a denunciar a la pareja que agredió al perrito.
Animales de compañía y no objetos o juguetes
Todos esos casos, realizados en distintas partes del Perú, se intenta demostrar que aún existen personas que consideran a los animales domésticos o de compañía como seres que no cuentan con derechos protegidos por el Estado, agrediéndolos salvajemente hasta quitarles la vida sin ningún tipo de remordimiento o culpa.
La Ley 30407 no se restringe solo en los animales de compañía, sino que también velar por los animales silvestres o aquellos que se encuentran en cautiverio o los que vienen siendo forzados a reproducirse solo por intereses comerciales. Al respecto, en su artículo 30 se mencionan las sanciones administrativas de corroborarse algún tipo de maltrato, sin descartarse que a la par se inicie una sanción penal (artículo 33).
Falta mucho para concientizar a las personas en no considerar a los animalitos como meros objetos de valor económico. Para muestra, en jirón Ayacucho aún se siguen vendiendo a vista de todos perros, gatos, conejos, etc., a pesar de que en reiteradas ocasiones personal de fiscalización los cierra, pero en cuestión de días o semanas vuelven a estar abiertos.
Y por último, una mascota en condición de abandono también es delito. Cientos de personas los colocan en sus techos a la intemperie, con un poco de agua y lo que sobre de su almuerzo. Perros o gatos desnutridos, cubiertos de pulgas y garrapatas o caracha también es una forma de maltrato animal.

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Directora de ‘Bellas Artes’ firmó resolución para otorgarse a sí misma el grado de bachiller
La actual Directora General de la Universidad Nacional Autónoma de Bellas Artes (antes ENSABAP) oficializó su propio grado de bachiller mediante la Resolución Directoral n.º 056-2021, como egresada de la institución académica que hoy dirige, generando dudas éticas.

La Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú (ENSABAP), actualmente Universidad Nacional de Bellas Artes (UNABAP), vive un momento de controversia. Su actual directora, Eva Dalila López Miranda, aparece en el centro de una situación que ha despertado dudas éticas.
¿Un conflicto de Interés?
La polémica nace cuando se descubre que la directora firmó la Resolución Directoral n.º 056-2021-ENSABAP, con la cual ella misma se otorgó el grado académico de bachiller, junto a un grupo de docentes beneficiados, entre ellos su esposo, Mauro Yrigoyen.

Aunque este beneficio tiene respaldo legal, el hecho de que López Miranda firmara su propia resolución ha generado críticas, pues podría haber incurrido en un claro conflicto de interés, al beneficiarse directamente de una decisión que ella misma autorizó.

Otro aspecto llamativo —y cuestionable— es que la elección de Eva Dalila López Miranda y su nombramiento como Directora General de la Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú (hoy UNABAP) fue aprobado mediante la Resolución de Consejo Directivo n.º 001-2021-ENSABAP, firmada por ella misma en su calidad de Presidenta del Consejo Ejecutivo. La norma se ampara en el estatuto modificado en agosto de 2020, que otorga al Consejo Ejecutivo —presidido por el director general— la facultad de dirigir y gestionar la institución. Pero surge una pregunta inevitable: ¿se puede ser juez y parte al mismo tiempo? ¿No constituye esto un claro conflicto de interés?

Anteriormente había título sin equivalencia universitaria
Durante décadas, la ENSABAP entregó el título de “Artista Profesional a nombre de la Nación”, pero este no era reconocido como un grado académico universitario. Por ello, muchos egresados no pudieron acceder a estudios de posgrado ni postular a ciertos puestos docentes. En el año 2008, la Ley n.º 29292 reconoció que esos títulos debían ser considerados equivalentes a los universitarios, y ordenó su inscripción en la Asamblea Nacional de Rectores (ANR). Sin embargo, la ENSABAP no aplicó esta ley correctamente, dejando a cientos de egresados en el limbo académico.
Cuestionamientos éticos
Pero en 2020, tras años de lucha, 18 egresados ganaron un proceso judicial. La Primera Sala Constitucional de la Corte Superior de Lima ordenó que se les otorgue el grado académico de bachiller por regularización, sin requisitos adicionales. Entre los beneficiados por esta sentencia están la directora general de la UNABAP, Eva Dalila López Miranda, su esposo y varios docentes de la institución. El caso ha generado preocupación porque, pese a existir una sentencia favorable, más de 500 egresados entre 1960 y 2010 aún no reciben el mismo trato y continúan sin acceso al grado de bachiller. Según nuestra fuente, ellos también cumplen con las condiciones, pero no han sido incluidos en el proceso de regularización.

La falta de transparencia y el trato desigual alimentan la desconfianza hacia las autoridades de la UNABAP, y generan dudas sobre su compromiso con toda la comunidad académica, quienes desde sus instancias estudiantiles exhortan mayor transparencia Institucional con la publicación de información clara sobre cómo se realiza la regularización de grados académicos, para garantizar que todos los egresados tengan las mismas oportunidades.
Asimismo, que se ejerza una revisión de los procedimientos, con auditorías externas para investigar si hubo favoritismos o conflictos de interés en el otorgamiento de los grados. Y permitir que los egresados que aún no han sido beneficiados pueden presentar acciones legales o quejas ante la SUNEDU, para exigir el reconocimiento de sus derechos. Bajo esa línea, es importante que los exalumnos se organicen, participen activamente y exijan una gestión ética, justa y transparente.
Lima Gris intentó comunicarse con la señora López Miranda, para que brinde su descargo respectivo, incluso se le dejó un mensaje en el chat del WhatsApp; sin embargo, hasta el cierre de esta nota no se obtuvo respuesta.
Actualidad
Fiscalía interviene el Ministerio de Cultura por escándalo de contrataciones a favor de Shirley Hopkins
Ministerio Público llegó hasta la sede central del Mincul tras denuncia por presuntas irregularidades en la contratación de locadora allegada al ministro Fabricio Valencia Gibaja.

La sombra de la presunta corrupción vuelve a proyectarse sobre el Ministerio de Cultura. Este mediodía, la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Centro, en coordinación con la Dirección de la Policía contra la Corrupción, intervino las oficinas administrativas de la sede central del Ministerio con el objetivo de recabar documentación relacionada a las órdenes de servicio otorgadas a Shirley Hopkins Cerna.
La diligencia responde a sospechas sobre presuntas irregularidades en la contratación de Hopkins Cerna, quien no cuenta con título universitario y a pesar de eso recibió múltiples servicios por encargo desde mayo de 2024 hasta la fecha sumando un monto total de 127,500 soles. Según fuentes del Ministerio Público, se busca esclarecer el marco legal y administrativo que permitió estas contrataciones, así como el monto y la naturaleza de los servicios prestados.
Este nuevo escándalo ha revivido el recuerdo del caso Richard Swing, otro episodio bochornoso de favoritismo político y uso indebido de recursos públicos ocurrido durante el gobierno de Martín Vizcarra. En aquella ocasión, el Ministerio de Cultura fue duramente cuestionado por otorgar contratos irregulares a un personaje sin mayor trayectoria técnica en el sector, lo que derivó en investigaciones fiscales y la renuncia de altas autoridades.
El caso Hopkins Cerna podría seguir un derrotero similar. La ciudadanía exige transparencia y sanción ejemplar si se confirma un nuevo patrón de corrupción dentro de una institución llamada a proteger el patrimonio cultural del país, y no a repartir favores bajo la mesa.
Hace unos minutos, el Ministerio de Cultura no ha emitido un pronunciamiento oficial mencionando que han brindado todas las facilidades al personal del Ministerio Público en la diligencias preliminares que se realizan. La fiscalía ha recabado copias de todas las órdenes de servicio de Shirley Hopkins con sus respectivas notas de pago.
Aquí el comunicado del Ministerio de Cultura.

Actualidad
Espada de Honor de la FAP lleva 4 días desaparecida en las aguas del mar de Pisco
Esta mañana, facinerosos quisieron engañar a los familiares de Ashley Vargas asegurando conocer su paradero y para ello les exigían dinero.

La joven y destacada piloto de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), Ashley Vargas Mendoza, desapareció el pasado martes 20 de mayo cuando realizaba una misión de instrucción en su aeronave KT-1P cerca de la isla Zárate, en Pisco.
A sus 24 años de edad, la joven natural de Amazonas, es el orgullo de toda su familia y amigos, pues todos los años obtenía el primer lugar de su promoción, convirtiéndose en la tercera mujer en la historia de la FAP en alcanzar el cargo de Brigadier General. Ashley es, en todo el sentido de la palabra, una mujer hecha para volar muy alto.
Como producto de su ejemplar disciplina y excelente rendimiento académico recibió de manos de la presidenta Dina Boluarte la Espada de Honor, un reconocimiento que poquísimas personas pueden presumir.

Desde el día de su desaparición tanto la FAP como la Marina de Guerra vienen ejecutando operativos de rescate, empleando para ello personal especializado. Paralelo a ello, su padre, Edgar Vargas, también viene realizando por su cuenta la búsqueda de su hija cerca de la zona donde se habría producido el accidente.
Quisieron estafar a los familiares de Ashley, asegurando que la habían encontrado
Lamentablemente, existen personas desalmadas que juegan con las esperanzas de sus familiares. Esta mañana, su padre manifestó que había sostenido comunicación con un supuesto coronel quien le pedía iniciar las coordinaciones de rescate.
“Ya coordiné con el coronel y ya conversó con la persona que está a cargo de esa lancha. […] Nos han informado en altamar que está a 180 millas. Ya conversé con la persona que está a cargo de esa lancha y mi hija está con vida. No puede hablar, pero estamos esperando que mejore el tiempo para poder ir con helicóptero para rescatarla”, manifestó el progenitor.
Sin embargo, todas las ilusiones se hicieron trizas cuando el tío de Ashley, Elvis Vargas, en comunicación con Exitosa, informó que la llamada que recibiera el papá de la joven piloto era falsa.
“Estamos retomando la búsqueda de mi sobrina. Fue una llamada spam, pidieron gasolina, yapes… Ahora estamos volviendo a la búsqueda. Ya la policía está en ello, nosotros volvemos a la búsqueda por tierra con amigos, drones, lamentablemente hay este tipo de personas inhumanas que se han aprovechado de la situación de mi sobrina”, dijo el familiar de la jovencita.
En tanto, la FAP, a través del Comunicado Oficial n.° 009-2025, pidió tener prudencia con respecto a las informaciones que sean difundidas sobre el tema.

De esta manera, continúan los esfuerzos por encontrar aún con vida a la mujer piloto que llegó a obtener la Espada de Honor.
Actualidad
Indecopi admite apelación contra ‘Real Plaza’ por evidente riesgo en sus locales
En marzo, la Comisión de Protección al Consumidor declaró improcedente una denuncia contra Real Plaza, señalando que correspondía a la autoridad municipal investigarla. Sin embargo, inesperadamente cambió de posición y resolvió conceder la apelación presentada por tres asociaciones civiles denunciantes, reabriendo el caso contra el emporio del Grupo Intercorp.

A fines de marzo, la Comisión de Protección al Consumidor del Indecopi declaró improcedente una denuncia presentada contra la empresa Real Plaza y sus apoderados. El argumento fue que existía otra entidad del Estado, en este caso una autoridad municipal, con competencia para investigar los hechos denunciados. No obstante, semanas después, el organismo decidió conceder la apelación interpuesta por asociaciones de defensa del consumidor.

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) ha aceptado la apelación presentada por tres organizaciones civiles que denunciaron el mal estado de 11 centros comerciales de la cadena Real Plaza. Las denuncias también alcanzaban a sus representantes: Misael Shimizu Mitsumasu, Luis Alonso Santa María Torres y Garlet Noemí Rodríguez Ortiz, a quienes se les acusó de actuar de manera negligente y de ocultar información sobre deficiencias en dichos locales, lo cual habría vulnerado los derechos de los consumidores.

Las asociaciones civiles que presentaron la denuncia el pasado 4 de marzo de 2025 fueron el Centro de Protección al Ciudadano EQUIDAD, la Asociación Peruana de Protección y Defensa de Consumidores y Usuarios (PROCONSUM), y la Asociación de Consumidores Inmobiliarios del Perú (ADCIP). Sin embargo, el 27 de marzo, mediante la Resolución Final N° 0747-2025/CC2, la Comisión de Protección al Consumidor de Indecopi declaró IMPROCEDENTE el caso.

Cabe recordar que el 10 de marzo, el Secretario Técnico de la Comisión N° 2, Christian Tarazona Cerrón ((en el Expediente de Requerimiento 420-2025/CC2), solicitó a las tres organizaciones civiles denunciantes una serie de requerimientos y que en el plazo de dos (2) días hábiles detallaran los supuestos defectos estructurales en los 11 centros comerciales y que presentaran medios probatorios que sustentaran sus denuncias. En vez de iniciar una investigación propia, la comisión de INDECOPI sorprendentemente trasladó esa responsabilidad a las asociaciones denunciantes.

A pesar de esta exigencia, las organizaciones cumplieron con presentar información técnica, detallada y contundente y pruebas documentales. Sin embargo, la comisión desestimó la denuncia y la declaró IMPROCEDENTE, alegando que ya existía una investigación en curso en otra instancia y que el caso era competencia de la Municipalidad de Trujillo, en la región La Libertad.

Las asociaciones advirtieron que las once sedes de Real Plaza en distintas regiones del país se encontraban en mal estado y presentaban riesgos para la seguridad de los consumidores; y pese a ello los expusieron al peligro. Según fuentes consultadas, bajo la actual gestión de Alberto Villanueva Eslava —apoderado de tres empresas del grupo Intercorp—, Indecopi habría actuado con indulgencia hacia el conglomerado, limitando la investigación únicamente a la tragedia ocurrida en Real Plaza Trujillo y dejando de lado el resto de las denuncias estructurales.
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