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Fabricio Valencia: “Tenemos que apuntar a que se demuela lo ilícitamente edificado”
Fabricio Valencia Gibaja es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú y especialista en el tratamiento jurídico del patrimonio cultural. Cuenta con estudios de Maestría en Museología y Gestión Cultural por la Universidad Ricardo Palma y con un Posgrado Internacional en Patrimonio y Turismo Sostenible en la Universidad Nacional Tres de Febrero, Buenos Aires- Argentina, Miembro Experto del Comité Científico Internacional de Asuntos Legales, Administrativos y Financieros de ICOMOS.
Cuenta con una amplia experiencia en la gestión pública, habiéndose desempeñado como Asesor del Ministro de Cultura y del Viceministro de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales, así como Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Unidad Ejecutora 007 del Ministerio de Cultura y especialista legal en la Dirección de Defensa del Patrimonio Histórico del ex Instituto Nacional de Cultura, donde participó como miembro alterno de la Comisión de Alto Nivel de Repatriación de los Objetos Arqueológicos de la Colección Machu Picchu de la Universidad de Yale, miembro de la comisión que elaboró el Reglamento de la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, actualmente labora como Gerente de la División de Patrimonio Cultural en Hereditas Consultores.
Con el especialista conversamos sobre todo lo que viene sucediendo con la construcción del hotel Sheraton en la calle Saphy y sobre las dos resoluciones firmadas por el ministro de Cultura Rogers Valencia. Aquí la entrevista.
Lo que ha determinado la jueza María Cárdenas Villanueva, es que se continúe con la construcción del hotel Sheraton, respetando en lo posible las normas del régimen de los parámetros urbanísticos del centro histórico de Cusco.
Claro. En ese tema hay que considerar lo siguiente: Lo primero es que el proyecto presentado por la empresa RYG S.A.C, no respeta los parámetros urbanísticos del reglamento del centro histórico.
¿Por qué no lo respeta?
Porque el coeficiente edificatorio en esa zona es de 1.4 y el proyecto es de 2.4, tiene un punto más del coeficiente edificatorio, y eso en metros cuadrados son varios pisos con un volumen constructivo bastante grande. Lo que la empresa siempre ha defendido es la licencia ilegalmente emitida que le permite hacer 2.4, digo que es ilegalmente emitida, porque no respetaron la norma. Por un lado, la jueza está diciendo respeten el reglamento del centro histórico del Cusco, es imposible que continúen con una construcción.
Fabricio, tú conoces bien el tema ya que fuiste asesor del Ministerio de Cultura. Lo que queremos saber es ¿Por qué ocurrió todo esto?
Cuando el exministro de Cultura Jorge Nieto Montesinos, asume la cartera, me convoca a mí y le puso mucho interés al tema, por ser un tema álgido. Yo viajé varias veces al Cusco para ver ese tema e iniciamos cuatro procedimientos sancionadores. Primero hay que tener en cuenta la naturaleza de ley, el inmueble materia de análisis, tiene las siguientes condiciones: está dentro de una zona monumental, está dentro de un ambiente urbano monumental, esta dentro del centro histórico del Cusco, es parte integrante de la ciudad del Cusco, la cual es patrimonio de la humanidad y también, la calle Saphy es un tramo del Qhapaq Ñan (antiguo camino inca), que también está declarado como Patrimonio Cultural de la Humanidad.
Es un área bien protegida…
Tiene varios niveles de protección el inmueble en cuestión. Respecto a la construcción, el meollo del asunto, es que el reglamento del Centro Histórico del Cusco te dice que en esta solo puede tener 1.4 de volumen constructivo, el coeficiente edificatorio es una medida física, es decir, la puedes medir, no es algo arbitrario. La empresa obtuvo una licencia municipal, y en esa situación participaron los funcionarios del Ministerio de Cultura aprobando ese coeficiente y se le permitió hacer 2.4 de coeficiente edificatorio, o sea, mucho más de lo que la ley manda. Posteriormente el municipio declara nulo esta licencia y esta es impugnada por la empresa.
¿Qué hizo el Ministerio de Cultura en ese momento?
El ministerio de Cultura sobre este caso inició cuatro procedimientos administrativos sancionadores. Uno de ellos que es el más importante, es por haber construido por encima del coeficiente edificatorio. El segundo procedimiento se inicia porque la empresa demolió un inmueble de valor contextual, que fue una casa republicana. El tercer procedimiento es porque al momento que se hizo excavaciones, no se registró debidamente el material arqueológico encontrado. El cuarto procedimiento es porque se excavó sin autorización. El único procedimiento que el ministerio inició de forma propia fue el primero, los otros tres han sido iniciados a razón de que Contraloría emitió el informe N° 135. En ese informe Contraloría le dijo al ministerio que tiene que iniciar los otros tres procesos, y es a razón de eso que el ministerio inicia el procedimiento. Se tenía cuatro procedimientos administrativos por causales distintas caminando de forma independiente hasta el 11 de enero del 2019, momento en el cual el ministro de Cultura Rogers Valencia, firma dos resoluciones ministeriales la 8 y 9, la resolución número 8 puntualmente, lo que hace es declarar fundado el recurso de apelación, nula la resolución directoral 998, es decir, el procedimiento administrativo sancionador que le puso mil UIT de multa por haber excavado de forma ilícita, es declarado nulo.
Es decir, todo lo anterior fue anulado por completo…
La nulidad es una figura jurídica que significa que todo en lo que se actuado está mal hecho, y todo se retrotrae. Entonces, el procedimiento administrativo sancionador ha sido eliminado. Aquí el problema es que la misma resolución ministerial que fue firmada por el ministro de Cultura, él está diciendo que las obras culminaron en julio del 2014. Qué significa esto, que tenemos cuatro años de esa fecha hacia adelante para que se pueda iniciar un procedimiento sancionador, es decir, a julio del 2018. Solamente hasta julio del 2018 se pudo realizar procedimiento sancionador, por lo tanto, afirmar o pretender realizar un procedimiento sancionador por esta misma causal el día de hoy, es un imposible jurídico, no se puede, hay que entender que no se puede porque está prescrito.
¿Esto ya prescribió y ya no se puede hacer nada?
Ya prescribió, no se puede, ya han pasado más de cuatro años de cometido la infracción. Lo que algunos están diciendo es “pero un momentito, la ley dice que si se inicia un procedimiento sancionador se suspende el plazo de prescripción”. Totalmente cierto, pero esa resolución de inicio de procedimiento que suspendía el conteo de plazo, ha sido declarada nula. Se la tumbaron.
Entonces, lo que hizo el ministro de Cultura Rogers Valencia, fue limpiar a la empresa RyG
El ministerio podría emitir una nueva resolución de inicio de procedimiento, pero que seguramente lo que hará el abogado de la empresa, es presentar la misma resolución como elemento probatorio, y decir que esto ya está prescrito. Y si el ministerio de Cultura no le da la razón en ese pedido, judicialmente lo hará, porque la prescripción simplemente es un conteo de plazo, ahí no importa el tema de fondo, no importa la conducta o si fue doloso o no, simplemente es un conteo de plazo. La prescripción es una figura jurídica que va en contra del Estado. Le están diciendo: oye Estado, si tú eres ineficiente y no lo puedes resolver en un plazo prudencial, pues ya no lo puedes hacer porque eres ineficiente.
Estás dos resoluciones firmadas por el ministro se realizaron teniendo conocimiento de todo esto o crees que ignoraba sobre el tema…
La verdad no podría decirte si tenía conocimiento o era ignorancia, porque no sé cuáles han sido las razones que han podido motivar esto, pero lo que queda claro es que desconocen el tema terriblemente. Emitir esas resoluciones ha sido dispararse a los pies.
Lo más preocupante de todo esto, es que el centro histórico de Cusco puede perder la categoría de ser Patrimonio Cultural de la Humanidad
Exactamente. Ese es un tema que vengo alertando hace unos días. UNESCO ya manifestó una posición al respecto, está el oficio de Relaciones Exteriores N° 222 del 17 de abril del 2017, en la cual Director General de asuntos culturales Javier León, le dice al ministro de Cultura, citaré de manera breve “ICOMOS Internacional da una serie de recomendaciones, entre ella la más importante, es proceder a la demolición de la construcción a partir del segundo nivel”. Acá viene lo preocupante “Se señala así mismo, que de no proceder al cumplimiento de esas recomendaciones se configura una situación que ameritaría largamente la inscripción del centro histórico de Cusco en la lista de Patrimonio Mundial en peligro de la UNESCO”.
Lamentable que esto pueda suceder…
Que la ciudad del Cusco sea inscrita en la lista del Patrimonio Mundial en peligro de la UNESCO, es el paso previo a que le quiten la condición de Patrimonio Cultural de la Humanidad.
En qué crees que termine todo esto, porque hasta el momento lo que está haciendo el ministerio de Cultura es confundir a la gente, ocultándonos lo grave del asunto.
A mí me parece que evidentemente tiene que haber una investigación al respecto. Lo que todos están diciendo es que caiga quien tenga que caer, y eso me parece importante que se haga. Desde mi punto de vista, esa no debe hacer la acción más importante que debe tomar el Ministerio de Cultura. Porque de por medio tenemos dos procedimientos administrativos sancionadores que están vigentes, y uno de ellos es el más importante, el cual tiene como finalidad demoler la construcción hecha de manera ilícita. Lo que creo es que tiene que exigirse al Ministerio de Cultura, es que resuelva eso de manera inmediata. O sea, paralelamente a que sancione a quien tenga que sancionar.
Entonces, lo que debe realizar inmediatamente el Ministerio de Cultura es ejecutar la demolición…
Por supuesto, esa es la parte importante ahora mismo. Luego que se investigue a los funcionarios, ya que, con eso, no resolvemos nada. A lo que tenemos que apuntar es que se demuela lo ilícitamente edificado.
Lograr eso no va ser fácil, porque del otro lado tenemos a todo un staff de abogados de la empresa RyG S.A.C que va defender la construcción
Totalmente de acuerdo, y más aun considerando que tenemos una institución a la cual se le caducan los plazos. Ahí va el temor que yo tengo. El Ministerio de Cultura sacó un comunicado donde puntualmente dicen “Se sancionó a la empresa con 800 UIT y se ordenó el desmontaje del área que excede el coeficiente de edificación permitido, mediante Resolución Directoral N° 1827-2018-DDC-CUS/MC”, supongo que esta resolución ha sido impugnada por la empresa. Muy bien, el Ministerio de Cultura ha tenido 30 días para resolver esto, o sea, una vez que impugnan tu resolución, no puedes demorarte más de 30 días en resolverlo. Ese plazo está en el texto único ordenado de la norma. Lo que creo que habría que exigirle al ministerio, es que terminen esos procedimientos lo antes posible, me parece que esto es lo más importante.
En el tema de la construcción del hotel de la calle Saphy, hay responsabilidad de varios funcionarios del propio ministerio de Cultura, incluso son funcionarios como el señor Ruiz Caro, que están denunciados penalmente. Estas resoluciones firmadas por el ministro Rogers Valencia, no solo han servido para limpiar a la empresa, sino también a los propios funcionarios del ministerio de Cultura. ¿Qué piensas sobre este tema?
Sí escuchado que hay toda una red de corrupción, y que existe una mano negra. A mí lo que me queda claro, es que es lamentable que haya caducado todo este procedimiento, ya que el ministerio sabe perfectamente los plazos de caducidad, no es que no los conozca. Todas las personas involucradas tendrán que ser investigadas, y si se les encuentra responsabilidad se les va tener que sancionar por la vía administrativa, civil o penal, según corresponda.
¿Se le va poder volver a cobrar la multa de más de 4 millones y medio de soles a la empresa RyG?
Ya no. Eso es imposible, porque ya se la han quitado y no se le puede iniciar un nuevo procedimiento sancionador. No hay forma. Supongo que el ministerio va iniciar nuevos procedimientos sancionadores, pero al llegar al Poder Judicial, se caen. Esto de los temas de plazos, un estudiante de Derecho lo aprende en el segundo año en la universidad. No es una elucubración jurídica muy profusa, esto es algo bastante simple, pero algunos no lo interpretan de esa manera.
Para finalizar ¿Qué le dirías al ministro de Cultura Rogers Valencia?
Lo que le diría es que las personas que están en el sector cultural, tienen la responsabilidad de gestionar la memoria de todos los peruanos. Nuestro Patrimonio Cultural es una larga sucesión de ocupaciones y forman parte de nuestro legado cultural, y tienen que ser administrado de una forma completamente responsable. No estas administrando un pozo petrolero, no administras ni siquiera un parque natural, lo que se administra es la memoria de todos nosotros. Por eso, considero que se debe ser muy responsable con esto, y que se investigue a quien se tenga que investigar, pero lo que le pediría es de que se resuelva los dos procedimientos administrativos sancionadores lo antes posible.
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Repugnante: encuentran vellos en comidas enlatadas del programa Wasi Mikuna, ex Qali Warma
Producto enlatado fue abierto en presencia de los padres de familia, causando la sorpresa e indignación.
Primero carne de caballo, luego alimentos en mal estado, y ahora ¡vellos! Un terrible caso se ha dado en la Institución Educativa n.° 016 del Centro Poblado Puentecillos, distrito de Santa Rosa, en Jaén, donde padres de familia han denunciado la presencia de vellos en las conservas de pollo distribuidas por el programa Wasi Mikuna (ex Qali Warma).
El incidente fue reportado durante la preparación de los alimentos escolares, en presencia de los padres de familia, docentes y personal de cocina del centro educativo.
«Se han encontrado vellos supuestamente. Son pequeños. Delante de padres de familia, de la directora y de las profesoras vimos. Yo pensé que eran gusanos. Al momento en que nosotros abrimos el pollo enlatado era prácticamente vellos», aseveró una madre de familia.
Ante la situación, los padres han solicitado la presencia de las autoridades responsables para inspeccionar los productos y garantizar que los alimentos sean aptos para el consumo. Advirtieron que, de no obtener una solución, rechazarán la recepción de estos productos en futuras entregas.
El caso ha reavivado cuestionamientos sobre el control de calidad en la distribución de alimentos escolares y la supervisión de los proveedores encargados del abastecimiento.
La respuesta de Wasi Mikuna
En tanto, el programa Wasi Mikuna, a través del encargado de imagen institucional, mencionó que se vienen realizando las indagaciones en el centro educativo de conformidad a los protocolos, adelantando que se pronunciarán oficialmente cuando haya resultados.
Asimismo, el Ministerio de Inclusión Social y Desarrollo (Midis) pidió que no se consuma el producto hasta que exista un pronunciamiento al respecto.
«Ante esta alerta (…) sobre una presunta materia extraña en la conserva de pollo, el programa Wasi Mikuna informa que (…), al tomar conocimiento de manera inmediata, acudió a la institución educativa donde, en presencia de los integrantes del comité de alimentación escolar y comunidad educativa procedió a verificar el lote del producto. Se procedió a revisar el muestreo de los alimentos; en tanto, se suspendió el uso y consumo del lote involucrado», se puede leer en el documento.
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Odisea en el circuito de playas por ‘cierre total’ de bajada de Armendáriz
Tras varios meses de paralizar una obra turística en Miraflores-Barranco, y luego del robo en la grúa abandonada en la quebrada de Armendáriz, los conductores no solo sufrieron congestión vehicular durante el verano, sino, que la supuesta fecha de entrega del puente peatonal, según informa la comuna miraflorina tras el reinicio de las obras, sería en junio.
En la bajada de Armendáriz una gigantesca grúa generó el rechazo y el malestar de transeúntes y conductores vehiculares no solo miraflorinos y barranquinos, sino de la capital, por encontrarse abandonada y varada hace varios meses en el lugar que ya debía haberse inaugurado un puente peatonal que uniría los distritos de Miraflores y Barranco. Sin embargo, gracias a la improvisación, esta obra quedó paralizada debido a las disputas y desencuentros entre la Municipalidad de Miraflores liderada por el alcalde de Renovación Popular, Carlos Canales y la compañía INCOT SAC Contratistas Generales.
Caos en el circuito de playas hasta el 01 de abril Así las cosas, la bajada de Armendáriz ha sido cerrada totalmente al tránsito vehicular desde altas horas de la noche del jueves 27 de marzo, hasta el martes 01 de abril. ¿Las razones? La municipalidad de Miraflores anunció que reiniciaron las obras del Corredor Turístico, que enlazará Miraflores con Barranco, con el puente tubular en la quebrada mencionada. En tanto, la Municipalidad miraflorina informó que, el cierre será total hasta las 5:00 a. m. del martes 1 de abril.
A partir de esa fecha, las restricciones continuarán según el horario aprobado por la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML): de lunes a domingo, se restringirá el tránsito de 5:00 a. m. a 9:00 p. m., y el cierre será total de 9:00 p. m. a 5:00 a. m. del día siguiente. Según informan, la medida es requerida debido al movimiento de la gigantesca grúa que ocupará parte de los carriles. Se espera que una vez finalizadas las obras—anunciaron que sería dentro de tres meses, a fines del mes de junio—la vía será completamente reabierta.
Alcalde Canales en 2024 canceló contrato y perjudicó a vecinos
Como se recuerda, en diciembre del 2024, la Municipalidad de Miraflores resolvió el contrato con INCOT S.A.C. Contratistas Generales debido al incumplimiento en la culminación de un puente peatonal en los malecones que uniría a los distritos de Miraflores y Barranco, el cual se denomina: proyecto “Mejoramiento y ampliación de los servicios turísticos del Corredor Turístico Malecón de la Reserva”. Sin embargo, INCOT se defendió y le echó la culpa a la subcontratista, la empresa metalmecánica AMENPROD STELL S.A.C. tildándola como la verdadera responsable de la paralización de la obra, por no cumplir con la entrega de la estructura metálica, pese a que estaba pagada en un 95%. E incluso, porque pedían más dinero para cumplir con la entrega.
Rutas alternas durante el cierre
Mientras dure el cierre, los conductores deberán tomar rutas alternas para aminorar en algo el congestionamiento que ya viene perjudicándolos. Para el desplazamiento de norte a sur, se debe tomar la Subida San Martín hacia la Av. Del Ejército, girar a la izquierda en la Av. José Pardo, continuar por la Av. Ricardo Palma y luego acceder a la vía auxiliar de la Vía Expresa en dirección sur. Otra alternativa es usar la Bajada Balta desde el Circuito de Playas, girar a la derecha en la Av. Óscar R. Benavides (Diagonal) y seguir hasta la Av. José Pardo.
De sur a norte, quienes vengan de Barranco pueden tomar la salida 2 (Av. 28 de Julio) hacia la vía auxiliar de Paseo de la República, girar a la izquierda en la Av. Ricardo Palma, seguir por la Av. José Pardo hasta la Av. Del Ejército y continuar hasta la Subida San Martín. Otra opción es tomar la Av. Reducto, continuar por la Av. 28 de Julio, girar a la derecha en la Av. José Larco, luego girar nuevamente a la derecha en la Calle Shell, lo que llevará directamente a la Bajada Balta en dirección norte.
Los vecinos miraflorinos y barranquinos y los ciudadanos en general, esperan que la municipalidad de Miraflores, con supervisión de la MML, esta vez cumplan con los plazos de entrega, ya que se han visto dilatados durante meses y es exigible que el famoso puente peatonal realmente sea culminado en el mes de junio, de acuerdo a lo anunciado.
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Minsa emite alerta sanitaria por suero fisiológico defectuoso que hasta el momento ya habría causado la muerte de 3 personas [VIDEO]
En tanto, lote defectuoso de suero del laboratorio Medifarma se encuentra inmovilizado hasta determinar responsabilidades.
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Este 28 de marzo artistas confirman nueva manifestación ¡Marchamos todos! ‘No queremos Morir’
La movilización iniciará en el Parque Bustamante y Rivero, en San Isidro desde las 5 p.m. y se dirigirá hacia el Ministerio del Interior, con el fin de exigir al Gobierno de Dina Boluarte que tome medidas inmediatas contra la criminalidad.
Así como ocurrió el pasado viernes 21 de marzo, ciudadanos a través de diferentes plataformas han difundido una nueva convocatoria para manifestarse este viernes 28 de marzo, a las 5 de la tarde, en el Parque José Luis Bustamante y Rivero, en San Isidro. La protesta lleva como nombre ¡Marchamos todos! y en el cual los asistentes partirán desde el parque sanisidrino y se dirigirán a la sede del Ministerio del Interior, ubicada en la Av. Canaval y Moreyra.
Marcharán los artistas
Distintos artistas de salsa, cumbia, DJs, cantantes solistas y otros representantes del ámbito musical han compartido y difundido publicaciones sobre la convocatoria, e hicieron un llamado a la población a sumarse a la protesta. El objetivo de esta manifestación es exigir al Gobierno de Dina Boluarte, que tome acciones contra la criminalidad que día a día somete a la población a los más viles vejámenes y los asesina a mansalva, tal como ocurrió con la tragedia por el reciente homicidio del cantante Paul Flores.
Hace 11 días asesinaron a Paul Flores
Apenas hace una semana, la reconocida agrupación Armonía 10 compartió un mensaje en redes sociales en memoria de Paul Flores (39 años), conocido como ‘Ruso’, quien perdió la vida la madrugada del domingo 16 de marzo, tras ser víctima de un atentado armado. Se presume que el crimen estuvo vinculado a extorsionadores que habrían amenazado a la banda de cumbia.
Por causa de este execrable suceso, la ola de indignación en la comunidad artística y en la ciudadanía en general creció enormemente, y se organizó una primera marcha (21 de marzo) en la que cientos de personas salieron a las calles para exigir al Gobierno que tomen acciones rápidas y efectivas contra el crimen organizado, para que “no los sigan matando”.
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Nombramiento de sub oficial PNP en colegio Santa Rosa de Lima violaría convenio con Ministerio de Educación
Graves irregularidades frente a los ojos del Ministerio de Educación y del Ministerio del Interior.
En menos de diez días, una serie de denuncias sobre la gestión de la directora del colegio Santa Rosa de Lima, la suboficial PNP Flor Betzabé Cama Trebejo, ha llegado a la redacción de Lima Gris. Hemos publicado aquellas respaldadas con documentos oficiales y testimonios de fuentes involucradas, entre ellas: la asignación irregular de vacantes, la construcción de tres aulas sin un expediente técnico con dinero de los padres de familia y la manipulación del proceso de contratación docente.
Ahora, hemos accedido al documento titulado Convenio Marco N° 002-2019-MINEDU entre el Ministerio de Educación y la Policía Nacional del Perú. Este convenio establece que la designación de directores en colegios administrados por la PNP debe recaer exclusivamente en un oficial PNP. Es decir, el nombramiento de la suboficial Cama Trebejo sería irregular y contrario a la normativa vigente.
En la cláusula quinta del documento, titulada “Compromiso de las Partes”, se especifica que la Dirección de Bienestar de la Policía Nacional del Perú tiene la obligación de designar en el cargo de Director, a un Oficial PNP. El convenio claramente señala: «podrán celebrar Convenios de Cooperación Institucional con la Dirección de Bienestar y Apoyo al Policía siempre, reconociendo como Director de II EE PNP, al Oficial designado por el Mininter (Ministerio del Interior)».
El nombramiento irregular de la suboficial Cama Trebejo no es un asunto menor; sería una violación directa a un convenio que busca garantizar una gestión adecuada en los colegios administrados por la PNP. Permitir que estas irregularidades se normalicen pone en riesgo no solo el cumplimiento de la normativa, sino también la calidad educativa de cientos de estudiantes.
En el mismo convenio, en la cláusula décimo segunda se señala: «En caso de incumplimiento, dentro de los 15 días calendario de producido el mismo, la parte afectada requerirá a la otra el cumplimiento de los compromisos asumidos, otorgándole un plazo de 15 días hábiles, bajo apercibimiento que el convenido quede resuelto de pleno derecho».
Es importante señalar que el convenio fue firmado por los exministro Daniel Alfaro y Carlos Morán. La educación no es un juego ni un espacio para la improvisación o el favoritismo. Es un derecho fundamental que debe ser protegido con responsabilidad y transparencia, y en este caso, es el Ministerio de Educación y el Ministerio del Interior quienes deben responder con acciones concretas.
No es posible que algunos integrantes de la Policía Nacional del Perú manejen espacios educativos como si fuera una chacra. Lo que más sorprende que esto sucede frente a los ojos del Ministerio de Educación y del Ministerio del Interior.
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Urgente: Peruanos en el exterior necesitan ayuda para adolescente accidentado en EE.UU.
Aviso de servicio público.
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Nuevo escándalo: acusan a directora de manipular proceso de contratación de docentes en colegio PNP Santa Rosa de Lima
Directora del colegio arrastra irregularidad de vacantes, construcción de tres aulas sin un expediente técnico y un cuestionado proceso de contratación de docentes.
Cuatro docentes han denunciado a la directora del colegio PNP Santa Rosa de Lima, la suboficial Flor Betzabé Cama Trebejo, por presuntas irregularidades en el proceso de contratación docente para el año 2025, llevado a cabo en febrero. A pesar de haber presentado su reclamo ante el Departamento de Gestión de Servicios Educativos de la PNP, esta entidad les dio la espalda. Ante la falta de respaldo, ayer elevaron su denuncia a la Dirección de Bienestar y Apoyo al Policía. Lima Gris tuvo acceso al documento, el cual evidencia un caso de abuso de autoridad.
El 17 de febrero, cinco días después de la publicación de los resultados, la docente Mirtha Calderón recibió una carta firmada por la directora Flor Betzabé Cama Trebejo. En el documento, se detallaban los supuestos “criterios de evaluación” utilizados en el proceso de contratación. Según la directora, el puntaje se distribuía de la siguiente manera: “Título profesional (37puntos), formación continua 2024 (02 puntos), méritos y/o felicitaciones (02 puntos) y entrevista (45 puntos)”. Aunque no se especificó el puntaje máximo, la suma de estos valores reveló que los postulantes competían por un total de 86 puntos.
Directora Flor Betzabé Cama Trebejo.
La jugada de la entrevista personal
De acuerdo con el Ministerio de Educación, el título profesional es un requisito indispensable para la contratación docente. Quienes cumplían con esta condición debían recibir automáticamente los 37 puntos asignados. Hasta ese momento, el proceso parecía seguir un criterio imparcial. Sin embargo, la verdadera diferencia radicó en la distribución de los 49 puntos restantes.
Bajo esta fórmula, logros como un grado de maestría, un reconocimiento por buen desempeño, la experiencia profesional y la actualización académica quedaban reducidos a un máximo de 02 puntos, sin aclarar si eran acumulativos. En contraste, la entrevista personal tenía un peso determinante: 45 de los 49 puntos en disputa dependían del cuestionario realizado por un jurado compuesto por la directora, el subdirector y una docente, lo que dejaba un amplio margen de subjetividad en la calificación final.
La profesora Fanny Morán, quien laboró en el colegio Santa Rosa de Lima durante el 2024, declaró a Lima Gris: “El año pasado también hubo reclamos y, en enero de 2024, Inspectoría de la Policía reevaluó el proceso. Salí en segundo puesto y mi ficha de desempeño laboral de ese año es destacada. Sin embargo, este año, con este nuevo método no aprobé. Informé a la directora que tengo una maestría en Educación, 21 años de experiencia en aula, capacitación actualizada, un libro registrado en la Biblioteca Nacional, y he sido asesora pedagógica de la UGEL y la DRE. Pero su respuesta fue que eso no lo había evaluado. Prácticamente me dijo que mi trayectoria no vale”.
Carta al coronel Quiroz Dávila
Al día siguiente de la publicación de los resultados del “proceso de evaluación”, el 13 de febrero, los docentes Karen Barreto, Fanny Morán, Mirtha Díaz y Luis Almeida enviaron una carta manuscrita al coronel Erick Augusto Quiroz Dávila, jefe del Departamento de Gestión de Servicios Educativos de la PNP. En ella denunciaron las presuntas irregularidades en el proceso, señalando que este había favorecido a ciertos docentes de manera arbitraria. El documento evidenciaba una serie de maniobras premeditadas por parte de la directora Cama Trebejo, las cuales detallamos a continuación.
Coronel Erick Augusto Quiroz Dávila.
La carta inicia con una denuncia clara: “No se publicó el cronograma con sus criterios de evaluación”. Dos semanas después, el coronel Quiroz Dávila respondió afirmando que la convocatoria fue publicada el 6 de febrero en la página de Facebook Prensa Escolar La Voz Santarrosina 2018.
“El anuncio fue publicado en Facebook el 06 de febrero a las 10:30 de la mañana. Este describe que el plazo para la recepción de expedientes es el 06 y 07 de febrero”, afirma la docente Mirtha Díaz, quien laboró por 11 años en el colegio Santa Rosa. Esto revela que los profesores tuvieron menos de 24 horas para enterarse del proceso y postular sus expedientes. No hubo un canal formal de comunicación del proceso. Lima Gris comprobó que el anuncio fue borrado de la mencionada página de Facebook.
Otro punto crítico es que no existieron “criterios de evaluación”. Cuando los docentes exigieron claridad sobre estos, la respuesta del jefe del Departamento de Gestión de Servicios Educativos de la PNP resultó desconcertante: “La Directora dio a conocer las pautas de calificación del expediente y entrevista en concordancia con la mencionada directiva”. El coronel respalda la fórmula de puntuación de Cama Trebejo. Pero no responde: ¿Cuáles son y donde están los criterios de evaluación?
“No tuvimos ningún tipo de información durante el proceso. Un requisito para ser contratado en 2024 en el colegio Santa Rosa era haber aprobado el examen de nombramiento docente a la Carrera Pública Magisterial, yo he aprobado este año, sin embargo, ningún mérito ha sido tomado en cuenta por la directora”, afirma Karen Barreto, docente que laboró el año pasado en la mencionada escuela.
La profesora Barreto le tiene mucho cariño a este colegio “pues aquí estudié primaria y secundaria, cuando todo era tierra y no había pabellones, fueron 11 años de mi vida, y como docente el año pasado me he empeñado por mejorar la enseñanza de mis niños, el que no tengan a los mejores docentes no es culpa del Estado, sino de una evaluación injusta, lo padres de familia deben darse cuenta y plegarse a nuestro reclamo, porque son sus hijos los más afectados por la calidad educativa”.
En su denuncia, los docentes también cuestionan al jurado calificador de la etapa de entrevista y señalan que no debió integrarse como sub director de nivel primario a Fernando Quijano Alvarado, pues su título profesional corresponde al nivel secundario. Asimismo, denunciaron la ausencia de un actor clave en el proceso: el representante de los padres de familia en el Consejo Educativo Institucional (CONEI), Luis Alberto Garay Kuga, cuya participación en la evaluación de expedientes y entrevistas era obligatoria.
Respuesta de la directora.
Violaron la Ley
Según la norma vigente “que regula el procedimiento, requisitos y condiciones para la contratación y renovación de profesores en el servicio docente en educación básica y técnico-productiva en el marco de la ley 30328”, es competencia de cada UGEL “determinar los puestos y/o cargos que conforman el comité” de contratación. Algo que la directora Flor Betzabé Cama Trebejo, no ha tenido en cuenta en su proceso de evaluación.
Los profesores señalan que la directora justifica su fórmula de evaluación afirmando de las instituciones Educativas de la PNP tienen independencia, sin embargo, la norma mencionada anteriormente precisa en su artículo 3 que el ámbito de su aplicación alcanza a “Instituciones Educativas Públicas gestionadas por el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior de Educación Básica y Técnico-Productiva”.
Norma vigente.
En el proceso de contratación ideado por Cama Trebejo, el comité tampoco realizó el “cuadro de méritos en la etapa de evaluación de expedientes” que la norma establece en su artículo 5.2.
No se encuentran títulos de Docentes
Como resultado de este proceso de contratación, Lima Gris comprobó que, de un total de 8 docentes contratados en Primaria en el Colegio Santa Rosa, solo 4 registran título en Educación en la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) o en el portal de “consulta de grados y títulos” del Ministerio de Educación. Uno alcanza al grado de bachiller y los otros tres no tienen registro en estas plataformas. Otro docente en al área de Arte y Cultura, del nivel secundario, tampoco se encuentra registrado.
Esta omisión viola, una vez más, la norma. Pues en su artículo 5.2 establece que el comité debe “Verificar en la Plataforma de Consulta Pública de Grados y Títulos de Educación Superior del Minedu que el título pedagógico de los postulantes se encuentre registrado, en el siguiente enlace: https://titulosinstitutos.minedu.gob.pe/”.
Este artículo también especifica “Verificar en la plataforma de la SUNEDU, que el título universitario de licenciado en educación u otro de los postulantes al procedimiento de contrato, se encuentre registrado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales”. A la luz de la normativa vigente, son innumerables los vicios que las autoridades encontrarán en este proceso de contratación si toman cartas en el asunto.
A diez días de iniciadas las clases en el colegio Santa Rosa de Lima que es administrado por la Policía Nacional del Perú, son varias las denuncias que han llegado a la redacción de Lima Gris, sobre la directora Cama Trebejo. La asignación irregular de vacantes, la construcción de tres aulas sin un expediente técnico y un cuestionado proceso de contratación docente, son solo la punta de un iceberg.
Ayer, el expediente de denuncia de los profesores, con toda la documentación sustentatoria sobre el proceso de evaluación docente en el colegio Santa Rosa, ha sido enviado vía mesa de partes, al general PNP Antero Rasendo Mejía Escajadillo, director de Bienestar y Apoyo al Policía. Esta entidad, regula al Departamento de Gestión de Servicios Educativos de la PNP, el cual ha sido cómplice de la pésima gestión de Cama Trebejo.
Las entidades responsables, desde la Dirección de Bienestar y Apoyo al Policía hasta el Ministerio de Educación, deben intervenir para garantizar un proceso de contratación docente basado en la meritocracia y la transparencia. No se puede permitir que estas irregularidades sigan afectando la educación de cientos de estudiantes ni que el abuso de autoridad se normalice.
La educación pública no puede ser rehén de intereses personales; es momento de actuar con firmeza y recuperar la confianza en un sistema hoy cuestionado. Mientras no se tomen medidas concretas, los 900 alumnos del IE PNP Santa Rosa de Lima 2001, quedan expuestos a un sistema que prioriza el favoritismo sobre el mérito.
Mientras la directora Cama Trebejo continúa guardando silencio, desde las oficinas del Ministerio de Educación y el Ministerio del Interior nos comunicaron que han solicitado una investigación y en las próximas horas se han comprometido en brindar una respuesta formal de lo que viene ocurriendo en el colegio de la familia policial.
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Declaraciones de exsecretaria complican a Dina Boluarte: tras cirugías, publicaron tres decretos con firma falsa de la presidenta
Carré 35, de Albert Caravaca (2017)
Secretaria de Agricultura de los Estados Unidos visitará el Perú para ampliar la exportación desde su país
Gustavo Gorriti y sus nexos con el tráfico de armas
Cusco – Ollantaytambo: Grave atentado al Patrimonio Arqueológico
Nuevo escándalo: acusan a directora de manipular proceso de contratación de docentes en colegio PNP Santa Rosa de Lima
Festival de contrataciones en la Biblioteca Nacional del Perú
Escándalo en colegio PNP: directora condiciona matrícula al pago y calumnia a estudiante para negarle la vacante
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