Fabricio Valencia Gibaja es
abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú y especialista en el
tratamiento jurídico del patrimonio cultural. Cuenta con estudios de
Maestría en Museología y Gestión Cultural por la Universidad Ricardo Palma y
con un Posgrado Internacional en Patrimonio y Turismo Sostenible en la
Universidad Nacional Tres de Febrero, Buenos Aires- Argentina, Miembro Experto
del Comité Científico Internacional de Asuntos Legales, Administrativos y
Financieros de ICOMOS.
Cuenta con una amplia experiencia en la gestión pública, habiéndose desempeñado como Asesor del Ministro de Cultura y del Viceministro de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales, así como Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Unidad Ejecutora 007 del Ministerio de Cultura y especialista legal en la Dirección de Defensa del Patrimonio Histórico del ex Instituto Nacional de Cultura, donde participó como miembro alterno de la Comisión de Alto Nivel de Repatriación de los Objetos Arqueológicos de la Colección Machu Picchu de la Universidad de Yale, miembro de la comisión que elaboró el Reglamento de la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, actualmente labora como Gerente de la División de Patrimonio Cultural en Hereditas Consultores.
Con el especialista conversamos sobre todo lo que viene sucediendo con la construcción del hotel Sheraton en la calle Saphy y sobre las dos resoluciones firmadas por el ministro de Cultura Rogers Valencia. Aquí la entrevista.
Lo que
ha determinado la jueza María Cárdenas Villanueva, es que se continúe con la
construcción del hotel Sheraton, respetando en lo posible las normas del
régimen de los parámetros urbanísticos del centro histórico de Cusco.
Claro. En ese tema hay que considerar lo siguiente: Lo
primero es que el proyecto presentado por la empresa RYG S.A.C, no respeta los parámetros urbanísticos del reglamento
del centro histórico.
¿Por
qué no lo respeta?
Porque el coeficiente edificatorio en esa zona es de 1.4 y
el proyecto es de 2.4, tiene un punto más del coeficiente edificatorio, y eso
en metros cuadrados son varios pisos con un volumen constructivo bastante
grande. Lo que la empresa siempre ha defendido es la licencia ilegalmente
emitida que le permite hacer 2.4, digo que es ilegalmente emitida, porque no
respetaron la norma. Por un lado, la jueza está diciendo respeten el reglamento
del centro histórico del Cusco, es imposible que continúen con una
construcción.
Fabricio,
tú conoces bien el tema ya que fuiste asesor del Ministerio de Cultura. Lo que
queremos saber es ¿Por qué ocurrió todo esto?
Cuando el exministro de Cultura Jorge Nieto Montesinos, asume la cartera, me convoca a mí y le puso mucho interés al tema, por ser un tema álgido. Yo viajé varias veces al Cusco para ver ese tema e iniciamos cuatro procedimientos sancionadores. Primero hay que tener en cuenta la naturaleza de ley, el inmueble materia de análisis, tiene las siguientes condiciones: está dentro de una zona monumental, está dentro de un ambiente urbano monumental, esta dentro del centro histórico del Cusco, es parte integrante de la ciudad del Cusco, la cual es patrimonio de la humanidad y también, la calle Saphy es un tramo del Qhapaq Ñan (antiguo camino inca), que también está declarado como Patrimonio Cultural de la Humanidad.
Es un área bien protegida…
Tiene varios niveles de protección el inmueble en cuestión. Respecto a la construcción, el meollo del asunto, es que el reglamento del Centro Histórico del Cusco te dice que en esta solo puede tener 1.4 de volumen constructivo, el coeficiente edificatorio es una medida física, es decir, la puedes medir, no es algo arbitrario. La empresa obtuvo una licencia municipal, y en esa situación participaron los funcionarios del Ministerio de Cultura aprobando ese coeficiente y se le permitió hacer 2.4 de coeficiente edificatorio, o sea, mucho más de lo que la ley manda. Posteriormente el municipio declara nulo esta licencia y esta es impugnada por la empresa.
¿Qué hizo el Ministerio de Cultura en ese momento?
El ministerio de Cultura sobre este caso inició cuatro procedimientos administrativos sancionadores. Uno de ellos que es el más importante, es por haber construido por encima del coeficiente edificatorio. El segundo procedimiento se inicia porque la empresa demolió un inmueble de valor contextual, que fue una casa republicana. El tercer procedimiento es porque al momento que se hizo excavaciones, no se registró debidamente el material arqueológico encontrado. El cuarto procedimiento es porque se excavó sin autorización. El único procedimiento que el ministerio inició de forma propia fue el primero, los otros tres han sido iniciados a razón de que Contraloría emitió el informe N° 135. En ese informe Contraloría le dijo al ministerio que tiene que iniciar los otros tres procesos, y es a razón de eso que el ministerio inicia el procedimiento. Se tenía cuatro procedimientos administrativos por causales distintas caminando de forma independiente hasta el 11 de enero del 2019, momento en el cual el ministro de Cultura Rogers Valencia, firma dos resoluciones ministeriales la 8 y 9, la resolución número 8 puntualmente, lo que hace es declarar fundado el recurso de apelación, nula la resolución directoral 998, es decir, el procedimiento administrativo sancionador que le puso mil UIT de multa por haber excavado de forma ilícita, es declarado nulo.
Es decir, todo lo anterior fue anulado por completo…
La nulidad es una figura jurídica que
significa que todo en lo que se actuado está mal hecho, y todo se retrotrae.
Entonces, el procedimiento administrativo sancionador ha sido eliminado. Aquí
el problema es que la misma resolución ministerial que fue firmada por el
ministro de Cultura, él está diciendo que las obras culminaron en julio del
2014. Qué significa esto, que tenemos cuatro años de esa fecha hacia adelante
para que se pueda iniciar un procedimiento sancionador, es decir, a julio del
2018. Solamente hasta julio del 2018 se pudo realizar procedimiento
sancionador, por lo tanto, afirmar o pretender realizar un procedimiento
sancionador por esta misma causal el día de hoy, es un imposible jurídico, no
se puede, hay que entender que no se puede porque está prescrito.
¿Esto ya prescribió y ya no se puede hacer nada?
Ya prescribió, no se puede, ya han pasado más de cuatro años de cometido la infracción. Lo que algunos están diciendo es “pero un momentito, la ley dice que si se inicia un procedimiento sancionador se suspende el plazo de prescripción”. Totalmente cierto, pero esa resolución de inicio de procedimiento que suspendía el conteo de plazo, ha sido declarada nula. Se la tumbaron.
Entonces, lo que hizo el ministro de Cultura Rogers Valencia,
fue limpiar a la empresa RyG
El ministerio podría emitir una nueva resolución de inicio de procedimiento, pero que seguramente lo que hará el abogado de la empresa, es presentar la misma resolución como elemento probatorio, y decir que esto ya está prescrito. Y si el ministerio de Cultura no le da la razón en ese pedido, judicialmente lo hará, porque la prescripción simplemente es un conteo de plazo, ahí no importa el tema de fondo, no importa la conducta o si fue doloso o no, simplemente es un conteo de plazo. La prescripción es una figura jurídica que va en contra del Estado. Le están diciendo: oye Estado, si tú eres ineficiente y no lo puedes resolver en un plazo prudencial, pues ya no lo puedes hacer porque eres ineficiente.
Estás dos resoluciones firmadas por el ministro se realizaron
teniendo conocimiento de todo esto o crees que ignoraba sobre el tema…
La verdad no podría decirte si tenía conocimiento o era ignorancia, porque no sé cuáles han sido las razones que han podido motivar esto, pero lo que queda claro es que desconocen el tema terriblemente. Emitir esas resoluciones ha sido dispararse a los pies.
Lo más preocupante de todo esto, es que el centro histórico
de Cusco puede perder la categoría de ser Patrimonio Cultural de la Humanidad
Exactamente. Ese es un tema que vengo
alertando hace unos días. UNESCO ya manifestó una posición al respecto, está el
oficio de Relaciones Exteriores N° 222 del 17 de abril del 2017, en la cual
Director General de asuntos culturales Javier León, le dice al ministro de
Cultura, citaré de manera breve “ICOMOS Internacional da una serie de recomendaciones,
entre ella la más importante, es proceder a la demolición de la construcción a
partir del segundo nivel”. Acá viene lo preocupante “Se señala así mismo, que
de no proceder al cumplimiento de esas recomendaciones se configura una
situación que ameritaría largamente la inscripción del centro histórico de
Cusco en la lista de Patrimonio Mundial en peligro de la UNESCO”.
Lamentable que esto pueda suceder…
Que la ciudad del Cusco sea inscrita en la
lista del Patrimonio Mundial en peligro de la UNESCO, es el paso previo a que
le quiten la condición de Patrimonio Cultural de la Humanidad.
En qué crees que termine todo esto, porque hasta el momento
lo que está haciendo el ministerio de Cultura es confundir a la gente,
ocultándonos lo grave del asunto.
A mí me parece que evidentemente tiene que
haber una investigación al respecto. Lo que todos están diciendo es que caiga
quien tenga que caer, y eso me parece importante que se haga. Desde mi punto de
vista, esa no debe hacer la acción más importante que debe tomar el Ministerio
de Cultura. Porque de por medio tenemos dos procedimientos administrativos
sancionadores que están vigentes, y uno de ellos es el más importante, el cual
tiene como finalidad demoler la construcción hecha de manera ilícita. Lo que creo
es que tiene que exigirse al Ministerio de Cultura, es que resuelva eso de
manera inmediata. O sea, paralelamente a que sancione a quien tenga que
sancionar.
Entonces, lo que debe realizar inmediatamente el Ministerio
de Cultura es ejecutar la demolición…
Por supuesto, esa es la parte importante ahora mismo. Luego que se investigue a los funcionarios, ya que, con eso, no resolvemos nada. A lo que tenemos que apuntar es que se demuela lo ilícitamente edificado.
Lograr eso no va ser fácil, porque del otro lado tenemos a
todo un staff de abogados de la empresa RyG S.A.C que va defender la
construcción
Totalmente de acuerdo, y más aun
considerando que tenemos una institución a la cual se le caducan los plazos.
Ahí va el temor que yo tengo. El Ministerio de Cultura sacó un comunicado donde
puntualmente dicen “Se sancionó a la empresa con 800 UIT y se ordenó el
desmontaje del área que excede el coeficiente de edificación permitido,
mediante Resolución Directoral N° 1827-2018-DDC-CUS/MC”, supongo que esta
resolución ha sido impugnada por la empresa. Muy bien, el Ministerio de Cultura
ha tenido 30 días para resolver esto, o sea, una vez que impugnan tu
resolución, no puedes demorarte más de 30 días en resolverlo. Ese plazo está en
el texto único ordenado de la norma. Lo que creo que habría que exigirle al
ministerio, es que terminen esos procedimientos lo antes posible, me parece que
esto es lo más importante.
En el tema de la construcción del hotel de la calle Saphy,
hay responsabilidad de varios funcionarios del propio ministerio de Cultura, incluso
son funcionarios como el señor Ruiz Caro, que están denunciados penalmente.
Estas resoluciones firmadas por el ministro Rogers Valencia, no solo han
servido para limpiar a la empresa, sino también a los propios funcionarios del
ministerio de Cultura. ¿Qué piensas sobre este tema?
Sí escuchado que hay toda una red de
corrupción, y que existe una mano negra. A mí lo que me queda claro, es que es
lamentable que haya caducado todo este procedimiento, ya que el ministerio sabe
perfectamente los plazos de caducidad, no es que no los conozca. Todas las
personas involucradas tendrán que ser investigadas, y si se les encuentra
responsabilidad se les va tener que sancionar por la vía administrativa, civil
o penal, según corresponda.
¿Se le va poder volver a cobrar la multa de más de 4 millones
y medio de soles a la empresa RyG?
Ya no. Eso es imposible, porque ya se la han quitado y no se le puede iniciar un nuevo procedimiento sancionador. No hay forma. Supongo que el ministerio va iniciar nuevos procedimientos sancionadores, pero al llegar al Poder Judicial, se caen. Esto de los temas de plazos, un estudiante de Derecho lo aprende en el segundo año en la universidad. No es una elucubración jurídica muy profusa, esto es algo bastante simple, pero algunos no lo interpretan de esa manera.
Para finalizar ¿Qué le dirías al ministro de Cultura Rogers
Valencia?
Lo que le diría es que las personas que
están en el sector cultural, tienen la responsabilidad de gestionar la memoria
de todos los peruanos. Nuestro Patrimonio Cultural es una larga sucesión de
ocupaciones y forman parte de nuestro legado cultural, y tienen que ser
administrado de una forma completamente responsable. No estas administrando un
pozo petrolero, no administras ni siquiera un parque natural, lo que se
administra es la memoria de todos nosotros. Por eso, considero que se debe ser
muy responsable con esto, y que se investigue a quien se tenga que investigar,
pero lo que le pediría es de que se resuelva los dos procedimientos
administrativos sancionadores lo antes posible.
Edwin Cavello Limas. Periodista y cinéfilo. Es CEO y director de la revista, radio y TV Lima Gris. Actualmente es editor de la revista ONCE, columnista del diario La Razón y conductor del programa Lima Gris que se transmite por Fuego TV a nivel nacional.
Ganaron una batalla judicial que duró cerca de 10 años, pero aún no encuentran la tan ansiada paz. Las viudas de los dirigentes asháninkas Edwin Chota, Jorge Ríos, Francisco Pinedo y Leoncio Quintisima —asesinados por denunciar las actividades de tala ilegal en su territorio en septiembre de 2014— vienen denunciando que son víctimas de constantes amenazas por parte de algunos familiares de los sujetos que dieron muerte a los cuatro dirigentes, destacándose a la familia de Segundo Atachi, uno de los madereros condenados por los crímenes.
Los habitantes y sus líderes, como Andrés Arévalo Pérez, joven apu de la comunidad, demandan al Ministerio del Interior la implementación de un puesto policial que brinde la necesaria protección a la comunidad y a las familias afectadas por la violencia y la explotación ilegal de sus recursos naturales.
Si bien el pasado viernes se condenó a los cuatro responsables de los dirigentes asháninkas, aún persiste la tala ilegal en la comunidad de Alto Tamaya-Saweto, y también no cesan las amenazas contra aquellos que alzan la voz para preservar los recursos naturales; ellos aún no ven un acercamiento del Estado, o al menos una señal de buena voluntad que les brinde un poco de seguridad.
Ante ello, Rocío Trujillo, abogada de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) —organización vocera de los pueblos indígenas de la Amazonía peruana—, exige garantías para la comunidad, así como para Ergilia Rengifo, viuda de Jorge Ríos; Julia Isabel Pérez, viuda de Edwin Chota; Lita Rojas, viuda de Leoncio Quintisima y Lina Ruiz, hija de Francisco Pinedo.
“Nos pueden matar, así como mataron a mi padre. No podríamos regresar porque el asesino Segundo Atachi está en Saweto, sigue talando. Ahora están esperando la creciente del río para que bajen la madera. Sus hijos hablan, dijeron que, si a sus padres los condenan, se van a vengar de nosotros, nos quieren matar a todos y así quedará libre nuestro territorio para ellos, eso nos preocupa mucho”, declaró Lina Ruiz Santillán, hija de Francisco Pinedo, uno de los defensores indígenas asesinados, al diario La República.
Una ciudad blanca manchada constantemente de sangre. El Gobierno del Perú ha declarado el estado de emergencia en la provincia de Arequipa debido al ingreso de organizaciones criminales que tienen en vilo a todos los ciudadanos de la también conocida como Ciudad Blanca. Esta medida empezará hoy y se prolongará durante 20 días.
El Decreto Supremo N.º. 043-2024-PCM, publicado en el diario oficial El Peruano, detalla que el gobierno de la presidenta Dina Boluarte establece que la Policía Nacional del Perú (PNP) asumirá el orden interno provincial, pero con el apoyo de las Fuerzas Armadas (FF.AA.).
“La intervención de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas se efectúa conforme a lo dispuesto en el Decreto Legislativo N.º 1186, Decreto Legislativo que regula el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú”, se lee en el documento.
“Y en el Decreto Legislativo N.º 1095, Decreto Legislativo que establece reglas de empleo y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional”, continúa el texto.
El estado de emergencia en la provincia de Arequipa fue declarado por veinte días calendario. Se aplicará la restricción y suspensión del ejercicio de los derechos constitucionales. Estos son: inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión, libertad y seguridad personales.
El DS N.º 043-2024-PCM no menciona que habrá toque de queda o que los eventos sociales y espectáculos en la zona quedan suspendidos, como sí ocurrió en los estados de emergencia declarados en los distritos de Lima y las provincias de Trujillo anteriormente.
“Dentro de los cinco días hábiles posteriores al término del Estado de Emergencia declarado, la Policía Nacional del Perú debe presentar al titular del Ministerio del Interior (Walter Ortiz), un informe detallado de las acciones realizadas durante el régimen de excepción y los resultados obtenidos”, indica la norma.
De acuerdo con datos proporcionados por la PNP y el Ministerio Público, Arequipa ha visto un incremento en la incidencia de delitos graves como homicidios, extorsiones, secuestros y robos en los últimos años. Un informe del año 2022 reveló que se registraron 33,930 denuncias en el periodo, incluyendo 336 por robo agravado con armas, 324 casos de extorsión y 121 homicidios.
‘Marcha blanca’ de Línea 2 del Metro de Lima se extiende hasta el 31 de agosto
Hasta la fecha se han movilizado aproximadamente tres millones de personas; sin embargo, los usuarios piden que se acelere la construcción de más estaciones. Por su parte, el Concesionario ha proyectado que para abril de 2026 se inauguren las estaciones 25, 26 y 27.
Por lo visto, el funcionamiento de la marcha blanca de la Línea 2 del Metro de Lima, ha tenido gran demanda y una buena respuesta de los ciudadanos; por lo tanto, se ha extendido su período (de marcha blanca) hasta el 31 de agosto, según informó Jean Paul Calle, vocero del Concesionario Metro de Lima Línea 2, que está integrado por Iridium, Dragados, FCC, Webuild, Cosapi, Hitachi Rail STS y Hitachi Rail Italy SpA.
Inicialmente, este servicio gratuito como periodo de prueba estaba previsto concluir el 8 de abril, pero se tomó la decisión de esta ampliación que beneficiará a los usuarios permitiéndoles seguir disfrutando del primer metro subterráneo gratuito de Perú.
Como resultado favorable. hasta la fecha, se han movilizado aproximadamente tres millones de personas, y se espera que esa cifra se duplique en los próximos cuatro meses.
Por el momento, los usuarios utilizan tarjetas diferentes para la Línea 1 y Línea 2, pero la entidad informó que están trabajando en una integración de tarjetas para finales del año.
En el servicio operan cinco estaciones que cubren cinco kilómetros, desde la estación de Evitamiento hasta el Mercado de Santa Anita.
En 2026 se inaugurarán más estaciones
El Concesionario Metro de Lima 2, ha proyectado que para abril de 2026 se inauguren las estaciones 25, 26 y 27, con una tarifa estándar de S/1.40 para adultos y S/0.70 para estudiantes, la cual se empezará a cobrar desde septiembre. Además, se está construyendo una estación de interconexión entre la Línea 1 y la Línea 2, que se espera esté operativa pronto.
Finalmente, el proyecto total de la Línea 2, que unirá 10 distritos a lo largo de 35 kilómetros, se proyecta que esté concluido entre 2028 y 2029.
Osiptel: A partir del 22 de abril los celulares robados serán bloqueados
¿Esta vez será cierto? Según Osiptel, este sistema detectará a diario todos los celulares cuyo código IMEI haya sido alterado, e inmediatamente, se ordenará su bloqueo en todas las empresas operadoras.
Tras años de no darle solución al uso de celulares robados, en lugar de ser bloqueados para evitar las clonaciones y el reciclamiento de los mismos en el mercado negro, El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) anunció que a partir del 22 abril intensificará la lucha contra la venta ilegal de celulares.
Luis Pacheco, director de fiscalización e Instrucción de Osiptel, anunció que todas las empresas operadores del servicio móvil bloquearán todo celular que se reporte como robado por un ciudadano víctima de la criminalidad.
Osiptel implementará un sistema con la lista de los equipos a bloquear, así como los equipos autorizados para funcionar en las redes móviles del país.
Aseguran que detectarán código IMEI
Según el funcionario, este sistema también detectará a diario todos los celulares cuyo código IMEI haya sido alterado (es decir, que sea calificado como inválido o clonado), e inmediatamente, se ordenará su bloqueo en todas las empresas operadoras.
La medida forma parte de la tercera fase del Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad (Renteseg), que fue creado por el Gobierno peruano con el Decreto Legislativo n.° 1338 y reglamentado con el Decreto Supremo n.° 007-2019-IN, con el objetivo de desincentivar la comercialización de celulares robados o de dudosa procedencia en el mercado peruano.
Se bloquearán los equipos que no estén registrados en el Renteseg
Con la tercera fase del Renteseg se implementa también la lista de celulares válidos o lista blanca, en la cual figuran todos los equipos que están autorizados para operar en las redes del servicio móvil del país. Todos los celulares con servicio activo y que forman parte del registro de abonados de las empresas operadoras del servicio móvil, al 21 de abril de 2024, pasarán automáticamente a formar parte de la lista de celulares válidos.
A partir del 22 de abril, las empresas importadoras alertarán a los equipos móviles que se activen y no estén registrados para que regularicen su situación, pero no se bloquearán por el momento.
Si un usuario recibe un mensaje de texto o SMS en el que se le indica que su celular no está registrado en la lista de celulares válidos del Renteseg, debe acudir, inmediatamente, a la empresa operadora que le vendió el celular y exigir que regularice la situación del equipo.
Importadoras tendrán que registrar sus equipos
Solo hasta el 21 de abril, las importadoras realizarán el registro en el Sistema de Carga de Información de Equipos Terminales Móviles Importados, Fabricados o Ensamblados en el País (Sicart). A partir del 22 de abril, deberán hacerlo en el nuevo Registro de Equipos Terminales Móviles Importados, Ensamblados y Fabricados (RETMIEF). También, a partir del 22 de abril, todos los equipos celulares traídos desde el extranjero por personas naturales para su uso personal deben ser registrados en la lista de celulares válidos o lista blanca a través de las empresas operadoras de servicio móvil que les prestará el servicio para evitar el bloqueo.
Estado peruano responde a la Corte IDH que indultó a Alberto Fujimori fue conforme a ley
El ministro de Justicia Eduardo Arana argumentó que la decisión del estado peruano no desacata los fueros internacionales, porque se basó en el marco constitucional y en defensa de la soberanía nacional. En esa línea, solicitó que la CIDH respete la soberanía nacional.
El Estado peruano ha presentado un informe a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), asegurando que el indulto concedido al expresidente Alberto Fujimori fue conforme a la ley y que no se ha desacatado los fueros internacionales.
El informe enviado sobre los casos Barrios Altos y La Cantuta, ante la CIDH, recalcó y concluyó que no cometió desacato, al ejecutar la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que, en diciembre del 2023, restituyó el indulto humanitario concedido al expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski en diciembre del 2017.
El ministro de Justicia, Eduardo Arana, mediante una conferencia de prensa comunicó que el Perú ha cumplido con las normativas tanto internas como externas y argumentó que la decisión no fue impulsada por motivaciones políticas o ideológicas; sino basada en el marco constitucional y en defensa de la soberanía jurídica nacional e internacional. En esa línea, Arana solicitó que la CIDH respete la soberanía nacional.
En el encuentro hoy en Miraflores, se enfatizó la adhesión del Perú a la Convención Americana y al sistema interamericano, al tiempo que se destacó la importancia del reconocimiento internacional del respeto a las instituciones judiciales peruanas.
Ministra de Vivienda Hania Pérez de Cuellar designó a funcionario denunciado por agresión física a su esposa
A pesar que Hania Pérez de Cuellar está al tanto de la denuncia por actos de violencia e intentos de ahorcamiento, realizados por Juan Pablo Araníbar Osorio contra su esposa; la titular de Vivienda responde que, tras los resultados de las investigaciones, recién tomarían las medidas respectivas.
La Ministra de Vivienda, Hania Pérez de Cuéllar, nuevamente nombró en un cargo importante de su cartera a una persona cuestionada. La primera vez fue Jonatan Ríos, que fue colocado, como director ejecutivo del Programa de Saneamiento Urbano (PNSU), a pesar que no cumplía con los requisitos exigidos por el ROF; (incluso, por eso Pérez de Cuellar está siendo investigada por la Fiscalía); y luego por designar a una persona que tiene denuncias por agresiones físicas y psicológicas hacia su pareja.
El contratado por la ministra es Juan Pablo Araníbar Osorio, quien asumió el cargo de Director de la Oficina de Cooperación y Asuntos Internacionales de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto de la institución, el 10 de enero de 2023, y que actualmente continúa despachando en el puesto.
Ante ello, la ministra Pérez de Cuéllar fue informada del asunto y en respuesta a esta denuncia, ella asevera que ya se ha iniciado una investigación al respecto.
Resolución Ministerial N° 013-2023-Vivienda que designa a Juan Pablo Araníbar Osorio
Ministra Hania de Pérez de Cuellar no separará al funcionario hasta que sepa el resultado de indagaciones
«Sí tengo esa información. Ya se están haciendo las investigaciones del caso. También se le ha pedido los descargos al señor. Así que, si en función de las investigaciones a las cuales llegaremos, tomaremos las medidas respectivas», refirió.
«[Evaluar su salida] Por supuesto que sí. Lo que es importante es que haya el derecho a la persona a ofrecer su descargo y derecho a la investigación, en función a lo que resulte se le retirará la confianza. Eso ténganlo por seguro. No vamos a mantener a ninguna persona que tenga una inconducta ya sea como trabajador o funcionario, obviamente en el seno personal», añadió, la titular de Vivienda.
Según el registro de denuncias policiales de Araníbar Osorio, a las que accedió Latina, fue acusado de ejercer violencia psicológica y física y de hasta abandonar su hogar, según consta en los documentos. La primera denuncia se registró el 19 de enero del 2018 en la comisaría de Chacarilla del Estanque, en Surco y según lo narrado por la esposa (denunciante) de Araníbar Osorio, la violencia psicológica se daba a través de insultos, menosprecios, hostigamiento y difamaciones y con respecto a la violencia física, la víctima afirmó que registró moretones por intento de ahorcamiento y agresiones muy violentas en todo el cuerpo:
«Respecto a la violencia física se ha dado mediante arrastres, jalones del cabello, arañones, moretones, intento de ahorcamiento, intento de romperle los brazos, golpes de patadas en todo el cuerpo luego de derribarle al piso y cada vez las agresiones son más violentas llegando incluso a intentar electrocutarle con una máquina pasa corriente, así como también ha intentado botarle del carro en movimiento», se esgrime.
Araníbar Osorio continuó con sus agresiones y fue detenido Los actos de violencia de Juan Pablo Araníbar continuaron aún más y el 7 de julio del 2019 fue nuevamente denunciado por su esposa, quien declaró ante la Policía haber recibido golpes en la cara y constantes insultos, así como hostigamiento y amenazas, semejantes a los hechos ocurridos en el 2018 y producto de la nueva golpiza, trasladaron a la denunciante al Instituto de Medicina Legal y se le practicó las pericias correspondientes; entonces, al lugar llegó el funcionario del Ministerio de Vivienda, e inmediatamente fue detenido por los efectivos de la Policía por haber cometido el presunto delito contra la vida, cuerpo y la salud; sin embargo, Araníbar Osorio se negó a firmar el acta de detención y la constancia de buen trato, como se dejó constancia en la comisaría de San Borja.
El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas este lunes 15 de abril mediante un comunicado informaron que un militar murió durante enfrentamientos contra los remanentes terroristas de Sendero Luminoso, ocurrido en el VRAEM.
El técnico tercero Edgar Tiburcio Espinoza, es el valeroso militar caído en acción.
El VRAEM: Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro, es una zona ubicada en la selva de las provincias de Huanta (Ayacucho), Satipo (Junín) y La Convención (Cusco), donde se ocultan las actividades del narcotráfico vinculado a los remanentes de Sendero Luminoso.
Comunicado del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas
15 de abril 2024- 3:35 pm.
“El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas comunica a la ciudadanía:
Desde las 3.30 horas del día de hoy, se han intensificado las operaciones militares conjuntas, con el objetivo de neutralizar los campamentos de la fuerza principal de la organización terrorista Sendero Luminoso en el VRAEM.
Durante estas operaciones, lamentamos informar el sensible fallecimiento nuestro compañero de armas, el Técnico Tercero MGP, Edgar Tiburcio Espinoza, quien ofrendó su vida en la lucha contra los remanentes terroristas, en defensa de la democracia y la paz de nuestra Nación. Expresamos a sus familiares, con profundo pesar, nuestras condolencias.
A la emisión del presente comunicado nuestro personal de las fuerzas especiales conjuntas, continúan operando en la zona, con apoyo del Comando Operacional Aéreo y el Comando Especial VRAEM, además de la participación del representante del Ministerio Púbico”.
¡Unidos, firmes y dignos al servicio de la patria!
Esas hermosas cumbres cubiertas de nieve, las preferidas por los turistas para tomarse una foto, poco a poco serán solo un recuerdo irreparable. Un llamado de alerta lanzó el Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña (Inaigem) al advertir que la cordillera Huaytapallan en la región Junín ha perdido el 72 % de su masa glaciar debido al cambio climático ante la acumulación de contaminantes atmosféricos como el hollín que afectan los ecosistemas de la zona.
La situación es de alta preocupación debido a que el Huaytapallana colinda con el drenaje de ácido de roca, así como la formación de nuevas lagunas que avivan el temor de desembalses además del impacto del recurso hídrico del que depende la ciudad de Huancayo, capital de la región Junín.
Al respecto, Vladimir Yáñez Rodríguez, titular de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, de la región Junín, declaró que se busca enfrentar dicho problema con proyectos de inversión.
Indicó que la pérdida de glaciares es un tema de alta preocupación y que se ha propuesto la creación de una Dirección Especializada en Recurso Hídricos para generar proyectos sostenibles con miras al año 2050.
De acuerdo al informe del Inaigemdesde el año 1962 al 2020, los andes peruanos han perdido el 56.2% de su masa glaciar y en el caso de la cordillera Huaytapallana la pérdida de su masa es del 71.6%, lo cual es una situación bastante crítica.
El Inaigem, organismo adscrito al Ministerios del Ambiente (Minam), mediante el “Proyecto Carbono Negro” realiza monitoreo de la cordillera Huaytapallana, a fin de determinar el estado situacional del glaciar debido a la acumulación de los contaminantes atmosféricos como el hollín y el cambio climático, que afectan sus ecosistemas.
Gigante blanco en proceso de desaparición. Investigadores pronostican que nevados como el Huaytapallana podrían desaparecer en el año 2050.
Al respecto cabe señalar que la dinámica glaciar se estudia con equipos especializados que permiten realizar mediciones en el aire y en la superficie glaciar.
Para el primer caso (aire), se observa las fases de la precipitación, la temperatura del aire, la humedad, y las concentraciones de contaminantes atmosféricos.
En el caso de la superficie glaciar, se realiza mediciones mensuales para observar la densidad de la nieve y su profundidad, la acumulación de materiales como el hollín producto de la actividad humana (quema de pastizales y de desechos agrícolas, contaminación del parque automotor), lo cual tienen un impacto negativo al provocar un derretimiento acelerado del glaciar.
La nieve es una de las principales variables influyentes durante el proceso de acumulación de un glaciar pues actúa como un reservorio temporal de agua en forma sólida, desempeñando un rol importante en el volumen de agua en las cuencas altas. La nieve al ser un manto blanco, actúa como un aislante térmico para el campo de hielo.