Política
El Presidente Vizcarra impulsó Acuerdo de Escazú que atentará contra la soberanía nacional
¿En qué consiste el Acuerdo de Escazú? El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe fue adoptado el 04 de marzo de 2018 en Costa Rica, por 22 países del Caribe y América Latina, y según su comunicado oficial, éste impulsará protocolos que protegerán el medio ambiente. Asimismo, refieren que implementará los derechos de acceso a la información ambiental, la participación pública en la toma de decisiones ambientales, así como el acceso a la justicia en asuntos ambientales.
Posteriormente, se firmó el 27 de septiembre de 2018 en Nueva York y aún se encuentra a la espera de la ratificación de cada uno de los países firmantes. En ese sentido, durante la Asamblea General de las Naciones Unidas, Perú como negociador firmó en la fecha mencionada, pero ahora se requiere su ratificación, porque solo faltan dos meses; según el artículo 21° del tratado, el plazo final para la firma de todos los países de América Latina y el Caribe es hasta el 26 de septiembre de 2020.
El Congreso nacional será el responsable de tomar la decisión, y deberá priorizar los intereses nacionales, antes que los intereses de terceros. Precisamente, el artículo 56° de la Constitución señala que el Parlamento es quien debe aprobar aquel tratado, por tratarse de temas de Derechos Humanos, Soberanía, dominio o integridad del Estado, y Defensa Nacional.
Veamos qué dicen las normas peruanas con respecto a la soberanía nacional:
El 16 de diciembre de 1822 el nuevo Congreso Constituyente decretó las Bases de la Constitución Política de la República Peruana y en su segundo artículo señala claramente: “La soberanía reside esencialmente en la Nación: ésta es independiente de la Monarquía Española, y de toda dominación extranjera, y no puede ser patrimonio de ninguna persona ni familia”. Justamente, esa Nación es definida en su siguiente artículo, como la denominada República Peruana.
Asimismo, en nuestra Carta Magna vigente, claramente se señala:
Artículo 44°.- Son deberes primordiales del Estado: defender la soberanía nacional; garantizar la plena vigencia de los derechos humanos; proteger a la población de las amenazas contra su seguridad; y promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la Nación.
Artículo 54°.- El territorio del Estado es inalienable e inviolable. Comprende el suelo, el subsuelo, el dominio marítimo, y el espacio aéreo que los cubre.
El dominio marítimo del Estado comprende el mar adyacente a sus costas, así como su lecho y subsuelo, hasta la distancia de doscientas millas marinas medidas desde las líneas de base que establece la ley.
En su dominio marítimo, el Estado ejerce soberanía y jurisdicción, sin perjuicio de las libertades de comunicación internacional, de acuerdo con la ley y con los tratados ratificados por el Estado.
El Estado ejerce soberanía y jurisdicción sobre el espacio aéreo que cubre su territorio y el mar adyacente hasta el límite de las doscientas millas, sin perjuicio de las libertades de comunicación internacional, de conformidad con la ley y con los tratados ratificados por el Estado.
Sin embargo, en el artículo 55° nace una relativización en los tratados internacionales, y que eventualmente podría cobrar una peligrosa dualidad. El artículo en mención señala: “Los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho nacional”.
¿Por qué hay tanto interés en defender este acuerdo?
Cuando éste se firmó, las ONGs ambientales aseveraron que había sido algo histórico a favor del ambiente y el ciudadano. Ahora entendemos por qué la ministra del Ambiente Fabiola Muñoz fue la que suscribió el acuerdo, en lugar del titular de Relaciones Exteriores, que es el que nos debió representar como Estado. Sin embargo, el propio presidente Martín Vizcarra, y el canciller Néstor Popolizio fueron los que firmaron la Resolución Suprema 183-2018-RE para que la ministra viajara a Nueva York para cumplir con la misión. Actualmente, el diplomático Néstor Popolizio se desempeña como Representante Permanente del Perú ante la Organización de las Naciones Unidas.
En tanto, la ministra Muñoz ha afirmado más de una vez, que este acuerdo fortalece la transparencia y la participación de la sociedad en los temas ambientales y que los ayudará a trabajar con la sociedad civil y con las industrias. Además, menciona que conforme a su trabajo en equipo con otros sectores como el de Cultura y Relaciones Exteriores, este acuerdo es positivo para el país, porque es un tema de participación ciudadana. Entonces, uno se pregunta ¿Acaso el ciudadano común sabe de estos temas y realmente desea participar? ¿Quiénes serán los grupos de ciudadanos o asociaciones que realmente querrán participar? Sin embargo, Fabiola Muñoz insiste en su tesis dizque altruista y asegura que ellos buscan defender los derechos de los líderes ambientalistas en materia de seguridad, y sobre todo, para que puedan tener espacios de diálogos con el sector privado.
En palabras de esta ministra… todo suena bonito, porque resalta las bondades que traería la ratificación de nuestra nación en el acuerdo de Escazú y lo marketea como la panacea absoluta en temas de transparencia para que la gente común ejerza su derecho a informarse. Pero hay que tomar en cuenta que Perú es un territorio muy recurrente en sus conflictos sociales, precisamente por las enésimas controversias ambientales surgidas entre comunidades originarias y otros poderosos agentes que pertenecen al gran empresariado y al emporio industrial, minero, y extractivista.
Precisamente, en lo que se refiere a ese aspecto, quizá sigamos siendo testigos de futuras y encarnizadas controversias nacionales; que luego podrían convertirse en una guerra, porque justamente si se diera el tratado, todo lo que pudiera surgir en temas ambientales dentro de los territorios peruanos, quizás ya no podrían resolverse de acuerdo al derecho nacional o interno, porque dada su relativización, probablemente se tendría que recurrir a la Corte Internacional de Justicia. Y sin duda, con ese criterio, incluso Ecuador podría aprovechar la oportunidad para demandarnos ante la Corte Internacional, y luego de tantas décadas de conflictos, estaríamos a merced del tribunal exterior, porque en este acuerdo no se admiten reservas. En otras palabras, nuestra soberanía correría el riesgo de verse soterrada, a pesar que nuestra ley magna expresa claramente que ella es absoluta.
Algo que resulta asombroso, es ver cómo todo ese grupo de ONGs caviares ambientalistas que están integradas al CEPAL de la ONU, están adquiriendo poder en los últimos años. Y además están desesperadas para que pronto se firme la ratificación, con el pretexto de que se preocupan de cautelar los derechos de los indígenas y de la conservación del ambiente amazónico; como si ellas trabajaran gratis y vivieran en condiciones espartanas.
Por su parte, en Chile a pesar del gran auspicio de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Michelle Bachelet, y a pesar que fueron uno de los principales promotores del acuerdo, hoy parece que lo tienen claro, porque aún no han firmado su ratificación. Chile está tomando una postura reacia, y alega que el tema requiere un análisis más profundo y que necesariamente están involucrando a otras instituciones sectoriales para evaluar sus implicancias. Mientras tanto, las ONGs ambientalistas han dado el grito en el cielo en el pais Mapocho y han mostrado un agresivo rechazo. Incluso, más de 130 juristas han avalado la tesis del desarrollo sostenible y han exigido al gobierno que firme el acuerdo para que no sigan perdiendo la confianza de los organismos internacionales.
Volviendo a nuestro país ¿qué pasaría si el Congreso ratifica el acuerdo en las próximas semanas? Las respuestas no se han dejado esperar. Por su parte, un importante grupo de generales de la Fuerza Aérea en situación de Retiro han manifestado su preocupación y enviaron una carta al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, General del Ejército, César Astudillo Salcedo.
Aquí un extracto de la misiva:
“Los Oficiales Generales de la Fuerza Aérea en situación militar de Retiro que suscriben el presente, desean hacerle saber su profunda preocupación, ante la posibilidad que el Congreso de la República apruebe en las próximas semanas o días, el Acuerdo de Escazú (Costa Rica), para su posterior ratificación por el Presidente de la República, que se daría a más tardar el 26 de setiembre de 2020, tal como lo establece el artículo 21o del mencionado tratado.
Este Acuerdo Regional impulsado por la CEPAL, tiene la particularidad de permitir la participación del público, de las comunidades y de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG’s) de derechos humanos y asuntos ambientales, entre otros, en los procesos de toma de decisiones sobre inversiones mineras y utilización de recursos naturales, en donde puedan existir controversias, originadas por los intereses propios de alguna de estas ONG’s; utilizando para tal fin a distintas comunidades, así como pueblos indígenas o grupos étnicos. Es claro que en el caso del Perú, se refiere a zonas mineras y principalmente a la Amazonía, cuya superficie abarca aproximadamente el 53% del territorio nacional, en donde las mencionadas ONG’s bloquearían la explotación de los recursos mineros y demás recursos naturales, impidiendo ulteriormente, el ingreso de divisas necesarias para el desarrollo del país.
El problema central de este acuerdo, se encuentra en el artículo 19o, donde se establece que, en el caso de controversias respecto a los procesos nacionales, sobre la aplicación de lo establecido en este tratado, dicha controversia se someterá a la Corte Internacional de Justicia de La Haya, a fin que sea la “justicia internacional” quien decida por sobre lo resuelto en los tribunales nacionales, con lo cual la Soberanía del Estado Peruano se vería menoscabada, por una supuesta controversia entre nacionales. En pocas palabras, el Perú perdería soberanía sobre gran parte del territorio nacional”.
Asimismo, la Asociación de Oficiales Generales y Almirantes del Perú (ADOGEN) ya manifestaron su rechazo e invocan al Congreso no ratificar el controvertido acuerdo. Y el día de ayer emitieron el Comunicado N° 20-2020 y en uno de sus puntos refieren: “es el proyecto más ambicioso y audaz de la ONU para ejercer presión supra nacional sobre los asuntos internos de los Estados con relación al empleo y uso de sus recursos naturales; la dimensión e implicancias de sus alcances, subordinan de hecho, cualquier consideración sobre la soberanía de los Estados y de la autoridad de gobierno a los principios que se exponen en dicho acuerdo. La incorporación del concepto de Justicia Ambiental dentro del marco de los llamados Derechos Ambientales y Gobernabilidad que define la Cepal, subordina la toma de decisiones sobre el empleo de los recursos naturales de cada país a la dinámica e intereses de los organismos internacionales como las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), Fundaciones Internacionales, movimientos, agrupaciones, personas e individuos que no tienen ningún alcance de responsabilidad, ni compromiso directo con el Estado Peruano, más allá de la imposición de una ideología de alcance supra nacional”.
Aquí las normativas del CEPAL incluidas en el Acuerdo de Escazú
Hay que tomar en cuenta y analizar tres artículos puntuales del Acuerdo de Escazú, para poder avizorar qué efectos acarreará en el futuro cuando se recurra al Depositario, que no es otro que el Secretario General de las Naciones Unidas.
Artículo 2
Definiciones
a) por “derechos de acceso” se entiende el derecho de acceso a la información ambiental, el derecho a la participación pública en los procesos de toma de decisiones en asuntos ambientales y el derecho al acceso a la justicia en asuntos ambientales;
d) por “público” se entiende una o varias personas físicas o jurídicas y las asociaciones, organizaciones o grupos constituidos por esas personas, que son nacionales o que están sujetos a la jurisdicción nacional del Estado Parte;
Artículo 19
Solución de controversias
1. Si surge una controversia entre dos o más Partes respecto de la interpretación o de la aplicación del presente Acuerdo, esas Partes se esforzarán por resolverlo por medio de la negociación o por cualquier otro medio de solución de controversias que consideren aceptable.
2. Cuando una Parte firme, ratifique, acepte o apruebe el presente Acuerdo o se adhiera a él, o en cualquier otro momento posterior, podrá indicar por escrito al Depositario, en lo que respecta a las controversias que no se hayan resuelto conforme al párrafo 1 del presente artículo, que acepta considerar obligatorio uno o los dos medios de solución siguientes en sus relaciones con cualquier Parte que acepte la misma obligación:
a) el sometimiento de la controversia a la Corte Internacional de Justicia;
b) el arbitraje de conformidad con los procedimientos que la Conferencia de las Partes establezca.
3. Si las Partes en la controversia han aceptado los dos medios de solución de controversias mencionados en el párrafo 2 del presente artículo, la controversia no podrá someterse más que a la Corte Internacional de Justicia, a menos que las Partes acuerden otra cosa.
Artículo 23
Reservas
No se podrán formular reservas al presente Acuerdo.
Los puntos enunciados en los tres artículos son contundentes. Porque primero se confirma que la participación pública no necesariamente va a ser a través de una comunidad nativa afectada, sino, por terceros. Es decir, a través de asociaciones y/o organizaciones, como por ejemplo una ONG. Asimismo, el sometimiento de las futuras controversias será ante la Corte Nacional de Justicia. Y por último, en este acuerdo no están permitidas las reservas.
Así las cosas, el Congreso deberá ponerse firme y no debe aprobar aquel Acuerdo que luego pasaría a la condición de Tratado Internacional. Porque el área total del territorio de la Amazonia peruana, así como el resto de territorios que gozan de grandes recursos naturales y donde existen yacimientos mineros, le pertenece a la soberanía nacional y sería inadmisible que luego de las decisiones políticas que están siendo negociadas por este gobierno, la prerrogativa de decidir el uso de los recursos naturales so pretexto de defender a la ecología de los pueblos amazónicos, pase a manos de los grupos radicales y de ONGs ideológicas para defender intereses individuales y de organismos internacionales, más allá de los derechos ancestrales, como siempre ellos lo hacen ver.
En ese sentido, nuestra Amazonía nacional corre el riesgo de pasar a ser patrimonio común de la humanidad como ha sucedido con la Antártida; evidentemente, eso no significa que el Perú perderá el territorio de la Amazonía; sin embargo, desde el punto de vista jurídico perdería el manejo y la autonomía para resolver conflictos que normalmente se deben solucionar por la vía del derecho interno y/o nacional.
Finalmente, la soberanía de un territorio es innegociable, pero con el refrendo ratificatorio del tratado que el gobierno de Martín Vizcarra pretende realizar junto a su ministra del Ambiente y a la Cancillería, la soberanía de la Amazonía se convertiría en una soberanía relativizada, y eso bajo ninguna circunstancia es admisible. ¡Basta de más concesiones y de vender a la patria!
Política
Congreso: Comisión de Fiscalización presentará ‘Informe Preliminar’ para pedir “facultades investigadoras» en el caso ‘Cirugías’
El próximo martes se debatirá petitorio para investigar el presunto abandono del cargo de la presidenta Boluarte.
No quieren dar puntada sin hilo. Este mediodía, la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República debatirá el próximo 15 de abril un Informe Preliminar para solicitar facultades investigadoras en el caso que se le sigue a la jefa de Estado, Dina Boluarte, por el presunto abandono del cargo cuando estuvo sometida a cirugía estética. De aprobarse el petitorio de dicho grupo de trabajo posteriormente se tendrá que ratificar ante el Pleno.
De esta manera, se propone otorgar facultades de comisión investigadora con el fin de desarrollar las labores de fiscalización «de manera más acorde a las prerrogativas» que estas funciones requieren. Esto busca garantizar el acceso a la información y evitar obstrucciones en el proceso.
“Esta medida permitiría superar los obstáculos surgidos durante la indagación y fortalecer las capacidades del Congreso en el ejercicio de su labor de fiscalización. Asimismo, el otorgamiento de dichas facultades contribuiría a garantizar el acceso oportuno a la información relevante y evitar actos de obstrucción que limiten el control parlamentario sobre la gestión pública», señala el documento.
Asimismo, se propone una reforma del Reglamento del Congreso, específicamente del artículo 88, para que la Comisión de Fiscalización y Contraloría pueda operar de manera permanente con facultades especiales de investigación, similar a una comisión investigadora, sin necesidad de solicitar autorización caso por caso.
Cabani se acogió al secreto profesional
Más temprano, el médico cirujano Mario Cabani acudió a la Comisión de Fiscalización, limitándose solo a responder datos técnicos correspondientes a su profesión, mas no a detalles sobre la intervención quirúrgica que le realizó a la mandataria, aduciendo acogerse al secreto médico profesional.
«Lamentablemente, no podemos informar porque esperamos el pronunciamiento del Poder Judicial que levante el secreto profesional médico, y que estimamos autorizará el deslacrado y la declaración de testimonios para el esclarecimiento de los hechos materia de investigación preliminar (…) Estoy imposibilitado de pronunciarme», indicó el galeno.
Política
La Educación Básica Alternativa abandonada: triste celebración de 20 años de su creación
Lee la columna de Leonardo Serrano Zapata
La educación en el Perú no está en crisis. Está muerta. Morgan Quero Gaime, el ministro de Educación que pasará a la historia como el arquitecto de la ignorancia nacional. Con sus frases: ¡Qué viva el autismo!, “Los derechos humanos son para las personas, no para las ratas”, “No necesitamos docentes de inglés en colegios” y la más controversial “Violaciones sexuales en comunidades amazónicas como práctica cultural” al referirse a los abusos sexuales en comunidades indígenas. Lamentablemente del otro lado encontró a una débil y deslegitimada líder Awajún que abandonó el cargo y dejó sin clases a sus estudiantes en el 2023 y que fue excluida por el Ministerio del Interior de la investigación por su rol de sub prefecta en el 2022 por no otorgarme garantías personales.
Mientras que el miserable OFICIO MÚLTIPLE N.º 00039-2025-MINEDU/VMGP-DIGEIBIRA piden a las regiones «celebrar de acuerdo a sus posibilidades» una celebración con pompa vacía los 20 años de la Educación Básica Alternativa (EBA), sin presupuesto. Sin plan. Sin vergüenza.
Según cifras del Ministerio de Educación (Minedu), mencionadas por CARE (2023), hoy dirigida por la Ex ministra de Educación Marilú Martens Cortés, sí la que no pudo manejar la huelga magisterial del año 2017 y que producto de ello nació el dirigente ex presidente Pedro Castillo Terrones. La taza de deserción escolar anual es del 6,3%.
De acuerdo al Censo Educativo 2023 de la Unidad de Estadística Educativa (ESCALE) del Ministerio de Educación, la matrícula total en Educación Básica asciende a 9,412,823 estudiantes, considerando la taza de deserción solo en el 2023, han abandonado sus estudios 593, 612 estudiantes aproximadamente. Lo que significaría es que habría una deserción estimada en los dos últimos años: de 1 millón de estudiantes quienes abandonaron las aulas. ¿Y cuál fue la respuesta oficial? Ninguna.
Cada estudiante que deserta es una tumba más en este camposanto llamado Perú. El abandono escolar no es una estadística. Es una sentencia.
Mientras usted lee estas líneas, tres estudiantes más acaban de abandonar el sistema educativo. Para cuando termine este artículo, serán decenas. Al finalizar el día, cientos. Y el Ministerio de Educación sigue jugando con sus PowerPoints y sus cifras maquilladas, como quien pinta las paredes de un mausoleo.
Lo he visto con mis propios ojos. He recorrido las comunidades Awajún, Wampis entre otras, donde los jóvenes prefieren migrar a las ciudades para malvivir en subempleos antes que desperdiciar su tiempo en escuelas fantasma, sin profesores, sin internet, sin futuro. He conversado con madres adolescentes que jamás volverán a pisar un aula porque el sistema no tiene espacio para ellas.
¿Dónde está la política de reinserción para los millones de peruanos que no han completado su educación básica? ¿Dónde están las campañas de comunicación para dar a conocer los servicios de la EBA? ¿Dónde diablos está el presupuesto? No existe.
Sepa que la Educación Básica Alternativa (EBA) brinda el servicio educativo a través de tres formas de atención: presencial, semipresencial y a distancia. En la modalidad presencial, el estudiante asiste al CEBA según un horario previamente acordado, dirigida a personas, peruanas o extranjeras, desde los 14 años. Las modalidades; semipresencial y a distancia están dirigidas a mayores de 18 años; en la primera, el estudiante combina la asistencia presencial con procesos autónomos de aprendizaje, y en la segunda, desarrolla su aprendizaje de manera autónoma utilizando medios tecnológicos, electrónicos y digitales. Esta última puede ser virtual, si se cuenta con acceso a internet, o itinerante, si se reside en zonas sin conectividad o de difícil acceso geográfico. La modalidad EBA atiende a través de tres ciclos: inicial, intermedio (equivalente al nivel primaria) y avanzado (al nivel secundaria), cuenta con un programa de alfabetización, incluso pueden culminar sus estudios personas privadas de su libertad.
Si usted o un familiar no ha concluido sus estudios de primaria o secundaria, acérquese al CEBA más cercano a su domicilio y descubra una nueva oportunidad de superación.
¿Sabe usted si existe un CEBA cerca de su casa, en su distrito o provincia? Probablemente no. Porque a este gobierno no le interesa que lo sepa. Porque un ciudadano educado es un ciudadano peligroso para quienes viven del atraso y la ignorancia. Este gobierno ha convertido la pandemia educativa en una epidemia crónica. Ya no es el COVID lo que mantiene a los estudiantes fuera de las aulas. Es la pobreza. Es el desinterés oficial. Es la incompetencia ministerial elevada a política de Estado.
La educación alternativa agoniza en la UCI mientras el ministro reparte migajas. Solo 1,112 CEBA públicos para atender a millones de jóvenes y adultos que necesitan completar su educación. Una broma macabra.
Y la mayoría ni siquiera tiene local propio. Son nómadas educativos que mendigan espacios en IE del nivel secundaria, como parientes pobres a los que se tolera por obligación.
Mientras Netflix produce películas como «Escuela Nocturna» que retratan con humor y humanidad la importancia de la educación de adultos, en Perú la EBA se marchita en el olvido burocrático. Hasta la ficción norteamericana entiende mejor que nuestros funcionarios la importancia de dar segundas oportunidades educativas.
La deserción escolar no es un accidente. Es el resultado directo de un sistema diseñado para fracasar, operado por burócratas cuyo único talento es justificar el desastre. Un sistema que permite que niñas y adolescentes embarazadas abandonen sus estudios sin mayor escándalo nacional. Un sistema en el que más de 500 estudiantes en Condorcanqui (Amazonas) sufrieron violencia sexual y violencia física en las escuelas que deberían protegerlos, esto durante los últimos 10 años y que ahora los ex ministros de educación se rasgan las vestiduras ocultando que son parte de ese abandono ¿Esta es la educación que queremos?
La educación peruana es hoy un féretro donde Boluarte y Quero arrojan, pala tras pala, los restos de lo que alguna vez fue un proyecto de nación. Cada cifra de deserción es una palada más de tierra sobre nuestras esperanzas colectivas. Y mientras tanto, los CEBA, no tienen ni motivos ni recursos para celebrar. En cambio, sí celebran los traficantes de la ignorancia, los mercaderes del subempleo, los políticos que prefieren ciudadanos desinformados y los empresarios que necesitan trabajadores desesperados, dispuestos a aceptar cualquier salario.
Las escuelas rurales languidecen en el abandono. Solo 184 servicios de EBA en zonas rurales, donde precisamente se concentra la mayor necesidad. Una estadística criminal.
La Educación Básica Alternativa no necesita aniversarios ni discursos. Necesita presupuesto. Necesita infraestructura propia. Necesita una campaña nacional de comunicación para que cada peruano que abandonó sus estudios sepa que existe una oportunidad para retomarlos. Si Boluarte y Quero no son capaces de entenderlo, deben dar un paso al costado. La educación peruana no puede permitirse ni un día más de este abandono institucionalizado. Porque mientras los sepultureros sigan a cargo del cementerio educativo, el Perú seguirá enterrando, uno a uno, los sueños de sus ciudadanos. Y eso, compatriotas, es algo que ninguna nación puede sobrevivir.
¡Viva la Educación Básica Alternativa!
Política
Serenos municipales ahora podrán usar armas de electrochoque para defenderse [VIDEO]
Efectivos del serenazgo se encontrarán exentos de responsabilidad penal en caso de que se produzcan lesiones o muerte del intervenido, siempre y cuando se realice como medio de defensa.
Política
Congreso reafirma su intención de condenar a menores de 16 años por delitos graves como el sicariato
Proyectos de ley tratarán como adultos a adolescentes que cometan delitos graves, castigándolos incluso con cadena perpetua.
Diversos Proyectos de Ley (PL) presentados por los legisladores Alejandro Muñante, José Luna Gálvez, Roberto Chiabra, o Juan Burgos, ha sido aprobados recientemente por el Congreso de la República con la clara intención de endurecer las penas contras los adolescentes de 16 y 17 años que comentan delitos considerados como graves.
Esta decisión incluye la posibilidad de imponer penas de hasta cadena perpetua a menores de edad que cometan crímenes como sicariato, extorsión, narcotráfico, secuestro, feminicidio y violación sexual, entre otros. Cabe mencionar que la reconsideración de la segunda votación del dictamen fue finalmente rechazada.
Uno de los autores de los PL, José Luna Gálvez, indicó que esta reforma busca responder a la creciente crisis de inseguridad ciudadana y al aumento de la violencia delictiva en el país. “No podemos mantenernos impasibles ante esta ola de criminalidad. Es necesario aplicar medidas severas para restablecer el principio de autoridad y proteger a nuestros jóvenes de ser utilizados por organizaciones criminales”, afirmó el legislador.
Condena para menores como adultos, pero tratamiento diferenciado
El congresista explicó que, aunque los adolescentes serán juzgados como adultos, el sistema penitenciario aplicará un tratamiento diferenciado para los internos de entre 16 y 21 años. Este enfoque, conocido como sistema de individualización científica, busca separar a los jóvenes de los reclusos de mayor edad dentro de los penales, con el objetivo de evitar influencias negativas y promover su rehabilitación. “Es fundamental restituir el principio de autoridad y enviar un mensaje claro de que no habrá tolerancia para quienes cometan delitos graves, independientemente de su edad”, opinó.
Por su parte, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) criticó la postura del Parlamento, advirtiendo que la norma establece que “las y los adolescentes no pueden ser juzgados ni sancionados como adultos”. “Ellos/as están en una etapa de desarrollo y por ende deben ser juzgados y sancionados dentro del Sistema Penal Judicial Juvenil especializado que está orientado a garantizar su reinserción social”, mencionaron en noviembre del año pasado.
Política
GORE Loreto: Juan Pío Flores lidera importante reunión en Lima para impulsar proyectos clave de conectividad
Gerente de Transportes y Comunicaciones del gobierno regional de Loreto enfatizó la importancia de la conectividad en reunión con titular del MTC.
Con el firme objetivo de destrabar proyectos y acelerar mejoras urgentes en la infraestructura de Loreto, el gerente regional de Transportes y Comunicaciones, Dr. Juan Pío Flores Tang, sostuvo una importante reunión en Lima con el ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes. A la cita también asistieron la congresista Ana Zegarra, el alcalde provincial de Alto Amazonas Roy Saldaña, y los alcaldes distritales Lagunas y Teniente César López.
Durante el encuentro, se abordaron temas claves relacionados con el desarrollo vial y aeroportuario de la región. Uno de los puntos centrales fue la situación del aeródromo de Yurimaguas, donde el MTC se comprometió a revisar los procedimientos para convocar nuevamente el proyecto de reparación de la pista de aterrizaje, así como otras mejoras necesarias.
El gerente Juan Pío Flores, quien ha venido trabajando incansablemente por mejorar la conectividad en la región, solicitó al ministro la emisión urgente de las fichas técnicas para el mejoramiento de cuatro vías de penetración fundamentales en la carretera Iquitos–Nauta: Ángel Cárdenas, Ex Petroleros, 10 de Octubre y El Milagro. Estas rutas son vitales para el tránsito diario, el acceso a servicios básicos y el desarrollo económico de las comunidades locales.
Además, Flores Tang puso sobre la mesa la necesidad de reactivar el mejoramiento de la carretera Napo–Putumayo, una obra estratégica que responde al mensaje a la Nación anunciado por la presidenta Dina Boluarte. Para ello, solicitó que el Ministerio de Transporte y Comunicaciones que articule acciones con el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Defensa y el Ejército del Perú.
Esta reunión demuestra el compromiso del gerente Juan Pío Flores con el desarrollo de Loreto, y su liderazgo en la gestión de proyectos que buscan cerrar brechas de infraestructura y mejorar la calidad de vida de miles de loretanos.
Política
Canciller Schialer propondrá a la OEA declarar al Tren de Aragua como organización terrorista [VIDEO]
Ministro de Relaciones Exteriores sustentará en la próxima Asamblea General de la OEA las razones de dicho petitorio.
Política
Gobierno Regional de Loreto impulsa charlas sobre telecomunicaciones en colegios de la carretera Iquitos–Nauta
GORE de Loreto continúa en su labor de reducir la brecha digital realizando charlas de telecomunicaciones y nuevas tecnologías.
Con el objetivo de acercar el mundo de las telecomunicaciones a los más jóvenes, el Gobierno Regional de Loreto, a través de la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones y con el respaldo de la Dirección Ejecutiva de Comunicaciones, llevó a cabo una serie de charlas educativas en colegios ubicados a lo largo de la carretera Iquitos–Nauta.
Más de 200 estudiantes de primaria y secundaria de las instituciones educativas N.º 60110 (Quistococha) y N.º 601586 (Mi Refugio), en la ciudad de Nauta, participaron con entusiasmo en estas sesiones didácticas. Durante las charlas, se abordaron temas clave sobre la importancia de las telecomunicaciones en la vida diaria, su impacto en la educación, el trabajo y la conectividad en nuestra región.
Estas actividades forman parte de un compromiso firme del Gobierno Regional de Loreto liderado por su gobernador René Chávez y su gerente Pio Flores Tang, con la finalidad de construir una ciudadanía digital más preparada e inclusiva. Apostando por la educación desde las aulas, se busca que niños, niñas y adolescentes comprendan el papel fundamental que juega la tecnología en el desarrollo de sus comunidades.
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Congreso: aprueban PL para declarar en emergencia a la PNP [VIDEO]
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